Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.
Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana del lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán."Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado."Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.Irán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníesMedios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron.“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio. Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EE.UU. se han estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.El militar agregó que las autoridades competentes están investigando las causas del accidente, e instó al público y a los medios de comunicación a obtener información de fuentes oficiales. Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que, junto con Estados Unidos, lanzó una guerra contra el país persa el sábado.Durante la guerra de los 12 días en junio pasado, en la que Israel y Estados Unidos bombardearon el país persa, la televisión estatal iraní también informó del derribo de cazas israelíes, afirmación de la que se retractó más tarde. EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad. El único balance oficial de muertos en Irán, emitido al final del primer día de la guerra, cifra en 200 las víctimas mortales, número que no se ha actualizado hasta ahora.Según la agencia Mehr, al menos 20 personas murieron esta madrugada en bombardeos contra un barrio en el este de la capital.
El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio."En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión. "Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro".Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era "un objetivo designado a abatir".Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá. Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.
Un incidente aéreo de alto impacto geopolítico sacudió este lunes la región del Golfo Pérsico, luego de que medios iraníes informaran del presunto derribo de un caza estadounidense que, según esas versiones, cayó en territorio kuwaití. Las autoridades de Kuwait confirmaron la caída de varias aeronaves de Estados Unidos, aunque aseguraron que sus tripulantes sobrevivieron.La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que un caza F-15 de Estados Unidos fue alcanzado por los sistemas de defensa aérea iraníes cuando, supuestamente, intentaba vulnerar el espacio aéreo del país persa. Según el reporte, los restos de la aeronave habrían caído en Kuwait debido a la cercanía territorial.Versiones enfrentadasDe acuerdo con la versión difundida por medios iraníes, el avión derribado era un F-15 de combate que formaba parte de una operación ofensiva. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Washington sobre un ataque directo de las fuerzas iraníes.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud Al-Atwan, confirmó que varias aeronaves estadounidenses se estrellaron este lunes, aunque precisó que los pilotos lograron eyectarse con éxito y fueron trasladados a centros hospitalarios. Las autoridades locales indicaron que se abrió una investigación para determinar las causas del incidente y pidieron a la ciudadanía remitirse únicamente a fuentes oficiales.El suceso ocurre en medio de una nueva fase de confrontación regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció recientemente una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en Israel, en el marco del conflicto que involucra también a Estados Unidos.Durante la denominada “guerra de los 12 días” en junio pasado, en la que Israel y EE.UU. bombardearon territorio iraní, la televisión estatal de Irán informó en su momento del derribo de cazas israelíes, versión de la que posteriormente se retractó.En esta nueva escalada, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado bombardeos contra distintos puntos estratégicos de Irán, especialmente en Teherán. Según reportes oficiales iraníes emitidos al término del primer día de ofensiva, el balance preliminar de víctimas mortales ascendía a 200 personas, cifra que no ha sido actualizada.
La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó "un pequeño fuego" en las instalaciones y el cierre de algunas "unidades" como medida de precaución.Así lo confirmó este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa saudí Turki al Maliki en un comunicado publicado por la agencia oficial saudí SPA, en la que señaló que no hay personal civil herido por este incidente, pese a que los restos de la intercepción cayeron cerca de infraestructura civil.En otro comunicado, el Ministerio de Energía saudí confirmó que algunas "unidades operativas" de la planta fueron clausuradas "como medida de precaución", ya que la caída de los drones causaron "daños menores".El comunicado del ministerio añade que "el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no han sido afectados por este incidente".Imágenes difundidas por redes sociales muestran humo brotando de la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma.Ubicada en la costa del golfo Pérsico frente a territorio iraní, Ras Tanura es una de las mayores refinerías de crudo del mundo y una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta.El petróleo brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8 %, hasta los 78,22 dólares por barril, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.Los analistas explican que ante las tensiones en Oriente Medio, el foco se sitúa sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un 20 % el tráfico de crudo mundial, ante el miedo a que el conflicto pueda provocar una interrupción del suministro.El Departamento de Transporte de EE.UU. emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube a esta hora, antes de la apertura oficial del mercado, más del 8,42 %, hasta los 71,62 dólares.
En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y responsabilidad fiscal. El ente de control expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas, sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento.Recientemente, en una comunicación pública, el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que "esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana; estamos jugando un poco a reproducir el gran error de Urrá".Frente a este escenario, la Contraloría alertó que, de materializarse una intervención sin soporte técnico suficiente, "se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público".El organismo de control informó que continúa realizando seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos y municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Este control incluye tanto la destinación como el uso de los recursos declarados en el marco de la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.Tras una visita técnica a los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría advirtió que en varias zonas las aguas permanecen estancadas y que probablemente se requerirá bombeo mecánico para conducirlas hacia ríos y caños cercanos, con el fin de evitar mayores afectaciones físicas y riesgos a la salud de los damnificados, ante el inicio de procesos de descomposición.La magnitud de la emergencia dimensiona la urgencia de decisiones técnicamente sustentadas. A la fecha, se reportan 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba.
El Banco Agrario, sexto banco con más utilidades del país y la entidad pública con mayor volumen de activos, ha estado recientemente en el foco mediático por presuntas presiones internas relacionadas con la aprobación de créditos a empresas vinculadas con la familia Alcocer. La entidad es presidida por Hernando Chica Zuccardi, cercano al presidente Gustavo Petro y con una antigua amistad con Verónica Alcocer, quien promovió su llegada al banco en 2022. La primera dama y Chica, ambos nacidos en Sincelejo, comparten lazos familiares y políticos en Sucre.El origen de la controversia radica en la solicitud de créditos y un contrato de arrendamiento a favor de empresas de María Teresa Alcocer y su hermano Juan Carlos Alcocer. Aunque uno de los préstamos fue desembolsado, otros permanecen detenidos por el alto riesgo reputacional documentado por funcionarios del banco. En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre posibles vínculos del oficial de cumplimiento del SARLAFT con la familia Alcocer, tema que motivó su intervención pública.“No tengo relación con esa familia”: Gutiérrez respondeEn entrevista con Mañanas Blu, Alfredo Gutiérrez Cayón, oficial de cumplimiento del SARLAFT del Banco Agrario, negó cualquier parentesco o vínculo con la familia Alcocer o con empresarios del altiplano cundiboyacense. “Creo que los han atacado en su buena fe… mi familia es originaria del Guamo, Tolima, no tengo nada que ver con esa familia Gutiérrez”, afirmó. Añadió que está dispuesto a enviar sus registros civiles para despejar cualquier duda.Gutiérrez explicó que ingresó al banco tras un concurso de méritos en 2021. Aseguró que existe un homónimo —Alfredo Gutiérrez Méndez— que podría haber generado la confusión. “Todos los Gutiérrez no somos de la misma familia, es casi imposible”, dijo.Respecto al trámite de alertas sobre María Teresa Alcocer como PEP, el oficial enfatizó que se aplicó el protocolo usual: “A los PEP se les da un tratamiento estándar… es un proceso de conocimiento ampliado y autorización de alta gerencia”. También aseguró que, según las verificaciones del banco, la empresaria “no tiene imputación de ningún cargo ni investigaciones en firme”.Reserva legal y distancia con los clientesGutiérrez reiteró que los oficiales de cumplimiento nunca interactúan directamente con los clientes. “Nunca hablo con clientes… todo se hace a través del área comercial”, señaló, recordando que los detalles de las alertas están protegidos por reserva legal.El funcionario pidió finalmente que se rectifique la información sobre su origen familiar: “Mi papá está sorprendido… tengo unos primos que no conocía”, comentó.Con la aclaración, el Banco Agrario intenta disipar dudas en medio de una investigación que ha expuesto tensiones internas y alertas por riesgo reputacional.Escuche la entrevista completa acá:
Un nuevo choque institucional quedó expuesto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación por las versiones encontradas sobre el operativo, la captura y posterior liberación de integrantes de la disidencia de las Farc pertenecientes a la estructura de alias 'Calarcá', detenidos en Antioquia en julio de 2024.El ministro Pedro Sánchez aseguró que, durante el retén de 2024, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizaron la aprehensión por flagrancia y trasladaron a los detenidos al batallón del Ejército en Bello, Antioquia, donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según dijo, la Fuerza Pública está obligada a capturar a cualquier persona sorprendida en flagrancia, incluso si cuenta con orden de captura suspendida. “Si la Fuerza Pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo. Esa es la orden constitucional, no es simplemente una decisión del ministro de Defensa. Nosotros debemos actuar contra la ilegalidad y hacerlo con total contundencia y acorde a la Constitución y la ley”, aseguró el ministro.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que “las decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”.El ministro también se refirió a las investigaciones sobre la presunta infiltración del general Huertas en estructuras de las disidencias. Aseguró que espera resultados rápidos para tomar “decisiones contundentes”, aunque advirtió que deben ser responsables y soportadas en pruebas. “No tendremos ninguna duda en aplicar la Constitución y la ley para combatir la ilegalidad. No la toleramos”, afirmó.La fiscal general, sin embargo, sostuvo una postura contraria y aclaró que la captura en estos escenarios solo procede cuando se configura flagrancia respecto de delitos de lesa humanidad, violaciones al Derecho Internacional Humanitario o graves infracciones a los derechos humanos. De lo contrario, la suspensión de órdenes de captura amparada en el proceso de paz continúa plenamente vigente.“Efectivamente, cuando este señor con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar vía flagrancia esa suspensión”, explicó. Según la fiscal, esta fue la razón por la cual alias 'Calarcá' no fue aprehendido y ha seguido participando en las conversaciones con el Gobierno. Recordó además que su directiva es posterior a los hechos del retén y que la interpretación aplicada responde a los criterios fijados por la Corte Constitucional.
El Congreso de la República reconoció este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus 80 años de trabajo, en medio de un panorama que evidencia que 14,4 millones de colombianos, es decir, el 27,6 % de la población, viven en inseguridad alimentaria moderada o grave.La corporación otorgó a la FAO la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, distinción recibida por el subdirector general y representante regional, René Orellana Halkyer, y por el representante del organismo en Colombia, Agustín Zimmermann. El reconocimiento destaca el acompañamiento técnico que la organización ha brindado al Congreso durante más de una década a través del Frente Parlamentario contra el Hambre y programas como América Latina y el Caribe Sin Hambre.Durante la ceremonia se recordó que, aunque América Latina y el Caribe es la única región donde el hambre disminuye por segundo año consecutivo, todavía 41 millones de personas la padecen. En Colombia, por ejemplo, cada año se pierden o desperdician cerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos, una cifra que sigue en ascenso pese a los esfuerzos legislativos para reducirla.Entre los avances recientes se mencionaron la incorporación del derecho humano a la alimentación en la Constitución, el fortalecimiento de las compras públicas a productores campesinos y leyes dirigidas a reducir la pérdida de alimentos y promover la igualdad de las mujeres rurales.La representante Ana Paola García Soto, coordinadora subregional del Frente Parlamentario de Sudamérica, afirmó que el homenaje a la FAO no es un acto protocolario, sino una decisión política para poner la alimentación de las personas en el centro de la agenda pública.“La FAO ha sido un aliado estratégico durante los años en nuestro país, en articulación con el Frente Parlamentario contra el Hambre de Colombia, se han construido leyes que mitigan el hambre y buscan el restablecimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (0:32) número 2, Hambre Cero”, indicó la representante García.También advirtió que la brecha sigue siendo inaceptable, pues en Colombia se desperdician casi 10 millones de toneladas de comida al año, provocando que miles de niños se acuesten con hambre.
El más reciente Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions (GCS), reveló que varios países de América Latina han logrado avances significativos en la clasificación mundial, entre ellos Colombia, que actualmente se ubica en el puesto 75.La medición analiza 200 países y sus documentos de viaje a partir de tres criterios: movilidad, calidad de vida e inversión. Aunque Suecia encabeza el ranking global y Europa domina nueve de los diez primeros lugares, la región latinoamericana muestra un desempeño en ascenso.¿En qué posición queda Colombia?Según el índice, el pasaporte colombiano se ubica en el puesto 75, con acceso sin visa a 84 países, incluyendo Alemania, Francia, Hong Kong, Andorra, Kosovo, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Antigua y Barbuda. En estos destinos, los colombianos pueden ingresar sin necesidad de adelantar trámites previos o con visa a la llegada.Sin embargo, todavía requieren visa para entrar a cerca de 37 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Australia, Afganistán y Brunéi.GCS destacó que la región continúa mostrando resiliencia y una mejora sostenida en los últimos años. Chile se mantiene como el país latinoamericano mejor ubicado, en el puesto 47, seguido por Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54).“La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021”, señaló Laura Madrid, investigadora principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS.Europa lidera y Estados Unidos caeEl listado también evidencia cambios importantes a nivel global. Suecia ocupa el primer lugar en 2025, y Estados Unidos registra una caída histórica: ha descendido del primer al puesto 14 en apenas cuatro años, una baja que GCS atribuye a la polarización política y a políticas migratorias cada vez más restrictivas.
En las últimas horas se conoció que, hasta este momento, el Ministerio de Defensa no ha remitido a la Contraloría, la información solicitada por el ente de control sobre el polémico contrato por más de 16 billones de pesos para la compra de 17 aviones de combate Gripen, con la multinacional sueca Saab.El argumento del Ministerio para no haber enviado la documentación dentro de los plazos establecidos por la Contraloría, es que se trata de información amparada por reserva legal, “secreta y ultrasecreta por motivos de seguridad y defensa nacional”.Adicionalmente, el ministerio de Defensa le solicitó a la Contraloría el nombre propio de las personas que van a tener acceso a dicha información, para “garantizar su reserva y asegurar el traslado de la misma” a la sede del ente de control, además de pedir una “mesa de trabajo” para responder a las inquietudes frente al contrato con Saab.Finalmente, la reunión con el fin de adelantar la mesa de trabajo se realizará el próximo 4 de diciembre en la Sede de la Contraloría y será liderada por el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien estará con el equipo de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Contratación Estatal que adelantaron la compra de los aviones Gripen.La Contraloría le ha respondido al Ministerio de Defensa que tiene toda la capacidad para asegurar la reserva de la información relacionada con el contrato y se declaró lista para llegar a acuerdos adicionales en la reunión del jueves de la próxima semana.Llama la atención el contraste de lo que dice el ministerio de Defensa sobre el carácter reservado y de información secreta y ultrasecreta que cobija el contrato para la compra de los aviones Gripen, con las peticiones públicas que ha hecho el presidente Gustavo Petro para que se revele todo su contenido: en una alocución llevada a cabo el pasado 19 de noviembre, Petro dijo: “he pedido que se publiquen todos los datos de los contratos, porque ha habido una avalancha de esa información”, mientras que en su cuenta en la red social X, dijo el 23 de noviembre: “no hay problema en que se conozcan todos los datos del contrato con Gripen”.Escuche aquí la noticia:
Crece la preocupación entre las autoridades y la comunidad de Algeciras, Huila, ante el aumento de homicidios registrados en lo corrido del año. En apenas dos meses, el municipio ya suma 10 muertes violentas.Esta cifra resulta alarmante para un territorio que no supera los 25.000 habitantes y que históricamente ha sido afectado por la violencia y por la presencia de grupos armados al margen de la ley."Lamentablemente, en los dos primeros meses del año se registran 10 homicidios, una cifra bastante alta para el poco tiempo que llevamos. Recordemos que el año anterior se cerró con 30 homicidios, siendo la época más violenta registrada, según las estadísticas, en el municipio de Algeciras", señaló Alexander Martínez Ballesteros, alcalde de Algeciras.Aunque las autoridades judiciales y de investigación trabajan para esclarecer los móviles y responsables de estos homicidios, estas muertes podrían estar vinculadas a la disputa de grupos disidentes por el control territorial."Hasta ahora, las investigaciones no han arrojado un diagnóstico oficial sobre estas muertes violentas. Sin embargo, según información de la comunidad, estarían relacionadas con grupos disidentes que operan en el territorio, en disputa por un estratégico corredor vial que comunica con el departamento del Caquetá", señaló el alcalde.Ante este panorama, el mandatario local no solo expresó su preocupación, sino que indicó que se están coordinando acciones de manera articulada con el Gobierno departamental, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz y la ONU, con el objetivo de evitar que siga derramándose más sangre en el municipio.Pero, además, según la MOE, este municipio del nororiente del Huila presenta riesgo electoral por problemas de seguridad que podrían afectar las votaciones del próximo domingo, 8 de marzo.
Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República el próximo 8 de marzo, en la primera jornada electoral de este 2026. De acuerdo con la Registraduría del Estado Civil, las urnas se abrirán desde las 8:00 de la mañana y todos los registrados por el censo electoral deberán acudir a su puesto de votación para hacer efectivo su derecho al voto.¿Cómo saber el puesto de votación 2026?Hacer este trámite no es complicado y solo demora unos minutos, además que se podrá hacer a través del celular. Por eso, deberá seguir los siguientes pasos para conocer dónde deberá votar para el próximo 8 de marzo:Ingrese a www.registraduria.gov.coDe click en el botón de ‘Elecciones 2026’.Vaya a la sección de ‘Puesto de Votación’.Se abrirá una parte donde tendrá que poner su número de cédula.Ahí aparecerá su departamento, municipio, localidad y dirección exacta, además del puesto y mesa en que deberá hacerlo.Este proceso se puede hacer desde el celular y debe consultarlo antes de ir a ejercer su derecho al voto de este 8 de marzo.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí, pero no para la jornada electoral de este 8 de marzo, pues esto fue habilitado hasta hace algunas semanas. De cara a la primera vuelta presidencial, la Registraduría habilitará puestos en donde podrá hacer el cambio de su puesto para ese día y así tener su lugar mucho más cerca.¿Habrá ley seca por las elecciones del 8 marzo?Sí. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida comenzará a aplicar desde el sábado, 7 de marzo, e irá hasta la 6:00 de la mañana del lunes 9. Durante ese tiempo se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.Link para consultar jurado de votaciónIngrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que no permite excusas. En los últimos 12 años, 29 puentes han colapsado o sufrido daños graves en el país. Lo más preocupante es que 18 de esos casos ocurrieron entre 2023 y lo que va de este año 2026. Y solo en los dos primeros meses de este año ya se han caído cinco estructuras: dos en Córdoba, dos en Antioquia y una en Magdalena. Para los gremios transportadores, estas cifras no son coincidencia: reflejan una falla estructural en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial.“Se interrumpe absolutamente todo el tránsito de vehículos grandes, pequeños, buses, volquetas de todo tipo. Entonces, genera daño en la logística de entregar la mercancía en los sitios donde se necesita, perjuicios a la economía nacional, a la economía del que necesita la mercancía que nosotros transportamos y a nosotros los transportadores, porque no podemos terminar nuestro viaje. Es negligencia absoluta de la señora Ministra de Transporte”, señaló Alfonso Medrano Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.Al revisar las responsabilidades, el panorama es aún más delicado. De los 29 puentes afectados, 13 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INV), 9 corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura, seis son responsabilidad de administraciones departamentales y uno del Ejército Nacional. En 2026, cuatro de los cinco colapsos registrados recaen nuevamente sobre Invías, lo que intensifica los cuestionamientos sobre prevención, supervisión y mantenimiento.Las consecuencias no son solo cifras en un informe técnico. Cada puente que cae paraliza corredores estratégicos, encarece el transporte de carga, retrasa el traslado de pasajeros y afecta el abastecimiento de alimentos e insumos. Empresas transportadoras, conductores, auxiliares y cientos de familias ven comprometido su sustento diario. Además, el cierre de vías impacta el comercio regional y profundiza la crisis económica en las zonas afectadas.“El transporte no puede operar sobre una infraestructura incierta. La movilidad es un derecho, pero también es una variable crítica de estabilidad económica. Esto no es solo una emergencia vial, es una emergencia logística nacional en la que el gobierno tiene que intervenir lo más pronto posible”, denunció Elkin de Jesús Villegas Gil, Director Ejecutivo AGREM.Los gremios exigen al Gobierno nacional, a través de Invías y la ANI, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas: declarar la emergencia como prioridad institucional con intervención técnica inmediata y cronogramas claros; implementar medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas sin fomentar la informalidad; y definir presupuestos y tiempos reales para soluciones definitivas. Advierten que no puede repetirse el escenario de 2023 y 2024, cuando puentes militares instalados como solución temporal terminaron operando por años, como ocurre en la vía Cúcuta–Pamplona.El sector transportador insiste en que la prolongación de esta crisis no solo deteriora la economía regional, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte.
Colombia perdió a una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC: Ingrid Paola Hernández Sierra, de quien se confirmó su fallecimiento en la mañana de este lunes 2 de marzo.Ingrid Hernández se desempeñaba como asesora de Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022, donde impulsó la agenda de modernización tecnológica del Estado colombiano. Abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA, se posicionó como una de las voces técnicas más influyentes en materia de política digital y seguridad en el ciberespacio.Con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, fue pieza clave en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, el marco que redefinió la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. En su paso por el Ministerio de las TIC acompañó investigaciones a operadores, la puesta en marcha del Registro TIC y la implementación de sistemas de gestión del espectro radioeléctrico, aportando una visión integral que combinó regulación, supervisión y operación.¿Quién era Ingrid Hernández?Ingrid fue una asidua analista invitada del programa Blu 4.0. Su influencia trascendió en debates públicos sobre transformación digital que el espacio ha abordado ampliamente. Varias voces del sector TIC expresaron sus condolencias tras conocerse esta pérdida.“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Ingrid Hernández, coordinadora de Transformación Digital de @infopresidencia. Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas. Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, escribió la ministra de las TIC, Carina Murcia, en su cuenta de X.“Un día triste en el ecosistema digital. Se nos fue @Ingrid_HdezS. La conocí aprox. en sept. de 2022, cuando iniciaba su trabajo en @infopresidencia. Respetando el rol de cada uno, nos volvimos amigos y colegas para impulsar agenda en Transformación Digital”, agregó Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.“La Junta Directiva de ASOTIC y su presidenta @GaleMallol lamentan profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández y se unen en solidaridad con su familia y seres queridos”, expresaron desde la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
En una operación conjunta en zona rural de Buenaventura, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Armada, capturó en flagrancia a cuatro integrantes del ELN y decomisó material de guerra que, según inteligencia, iba a ser entregado al grupo criminal Los Shottas.El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda San Cipriano, donde fueron detenidos alias 'Pelusa', 'Flaco', 'El Viejo' y 'El Mono'. De acuerdo con las investigaciones, el armamento iba a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shottas”, estructura que disputa el control de economías ilegales en el puerto.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores de fusil, una granada de fragmentación, 88 cartuchos de diferentes calibres y elementos de intendencia militar, como uniformes y chalecos.Según la investigación, el arsenal sería utilizado para reforzar acciones como homicidios selectivos, extorsiones y control violento del territorio, en medio de la disputa criminal que Los Shottas mantienen con Los Spartanos por rutas de narcotráfico y zonas estratégicas de acopio.Las autoridades destacaron que el golpe debilita la presunta alianza entre el ELN y estructuras delincuenciales urbanas en el Pacífico, evidenciando una articulación logística para sostener rentas ilícitas.Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, un fiscal les imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
A menos de seis meses de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional ha proferido un fallo trascendental al declarar inexequibles los artículos 100 y 101 de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Estos artículos eran la base legal de las llamadas Asociaciones Público Populares, un modelo de contratación directa con organizaciones comunitarias que el mandatario ha promovido como pilar de su "economía popular".La demanda que originó esta decisión fue liderada por la abogada y académica Carolina Deik, quien junto a un equipo de juristas argumentó que estos artículos violaban principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia. El eje central del fallo radica en la reserva de ley, señalando que el Congreso no puede delegar al Ejecutivo la creación de modalidades de contratación de forma ambigua.Deik explicó en entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la Constitución de 1991 asigna exclusivamente al Congreso la facultad de expedir el estatuto general de contratación: “Había otros [argumentos], por ejemplo, el de legalidad, que en contratación estatal existe una reserva de ley para que fuera el propio Congreso el que expidiera ese estatuto general de la contratación”, explicó Deik.Uno de los puntos más críticos señalados es que el artículo 100 permitía convertir procesos que hoy son abiertos y competitivos en asignaciones a dedo. "La norma pasa de una modalidad de mínima cuantía que está regulada, que está abierta a competencia y la convierte en una modalidad de contratación directa con el agravante de que lo hace sin determinar claramente quiénes son los que pueden optar o acudir a este mecanismo”, advirtió Deik.Para los demandantes y ahora para la Corte, este modelo ponía en riesgo la selección objetiva de los contratistas. Según la abogada, el régimen de contratación debe “evitar la excesiva discrecionalidad en la asignación de los contratos"."Lo que se busca con el régimen existente es que haya selección objetiva. Eso es lo primordial”, aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa:
El 23 de febrero, a las 2:20 de la tarde, ingresó a la Casa de Nariño Wilmar Mejía, quien fue hasta hace pocos meses director de Inteligencia de la DNI. A su lado estaba, vestido de civil, el general Juan Miguel Huertas.Blu Radio conoció que la razón de esa visita era una reunión con el presidente Gustavo Petro y que fueron convocados porque el mandatario quería conocer el estado de los procesos legales de ambos. Sin embargo, esa reunión, según fuentes cercanas, no se habría materializado por temas de agenda del mandatario, que ese día tuvo una rueda de prensa sobre pasaportes y más tarde un consejo de ministros.Siete días después, la Procuraduría tomó la decisión de levantar la suspensión de Mejía y del general Huertas, lo que en la práctica significa que deberían ser reintegrados a sus cargos. Aunque cabe aclarar que esto no significa que se cierre la investigación disciplinaria ni que se haya tomado una decisión de fondo sobre su presunta responsabilidad y vínculos con cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’.Los argumentos de la Procuraduría son: que la suspensión es una medida cautelar y no una sanción; que los investigados han colaborado con el proceso de investigación; y que hay falta de pruebas en este momento. A eso se suma que los hechos investigados habrían ocurrido cuando ellos no eran servidores públicos: Huertas estaba retirado y Wilmar aún no estaba en su cargo como director de Inteligencia de la DNI.Cabe mencionar que ambos están señalados en el marco de un escándalo revelado por Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias de alias ‘Calarcá’ al Gobierno a través de estos dos funcionarios. A Mejía lo acusaban de acercar a organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública y a Huertas de buscar la creación de una empresa de seguridad para movilizar guerrilleros legalmente.