El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
En entrevista con Mañanas Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras reafirmó que participará en la consulta de marzo, a pesar de la decisión del Pacto Histórico de no concurrir a este mecanismo. Con tono desafiante, el exsenador aseguró que no abandonará el escenario político ni permitirá que la derecha defina sola el rumbo de las elecciones.“Claro que existe el derecho democrático de los colombianos, entre otros quien le habla, de poder ir a las urnas a ofrecerle al país una opción estable, un cambio seguro, sin miedo, sin odio, sin fracturas”, manifestó Barreras. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la realización de una consulta conjunta con Iván Cepeda, inicialmente prevista entre sectores de izquierda y centro-izquierda, alteró los planes del Frente Amplio. Sin embargo, Barreras sostuvo que aún hay “un resultado electoral pendiente” y que su consulta “debe continuar” como expresión del liberalismo socialdemócrata y el progresismo moderado.Fracturas dentro del Pacto HistóricoEl distanciamiento entre Barreras y algunos sectores del Pacto Histórico, encabezado por el senador Iván Cepeda y figuras cercanas al petrismo, se hizo evidente tras los anuncios de no participación en las consultas. “Lamento que las notificaciones que se nos han hecho desde los compañeros del Pacto hayan sido por los medios de comunicación. A nosotros se nos comunica que tenemos que declinar, que renunciemos a una vida política”, reprochó.El exsenador defendió su trayectoria dentro de la coalición, recordando su papel en la construcción de los acuerdos de paz y en la aprobación de leyes clave para las víctimas del conflicto. “Hace 15 años presenté el Marco para la Paz, hace 17 la Ley de Víctimas, y más de una década después hicimos realidad el acuerdo de paz. Aquí hay un acumulado en defensa de la vida y de la democracia desde el liberalismo socialdemócrata”, enfatizó.Pese a los desencuentros, negó una ruptura definitiva con el petrismo: “Los puentes no están rotos, lo que ha hecho falta es una conversación. Yo tengo afecto profundo por cada uno de los compañeros. Soy fundador del Pacto, las reuniones se han hecho en mi casa”.Un llamado a no dejar “la cancha libre”Barreras insistió en que su propósito sigue siendo fortalecer una alternativa progresista que compita en igualdad de condiciones frente a las fuerzas conservadoras. “No voy a dejarle la cancha vacía al tarjetón de la consulta uribista. Yo no voy a perder por W ni a dejar que nos derrote la derecha por salir en desbandada”, afirmó con contundencia.El líder del Frente Amplio confirmó que inscribirá su consulta ante la Registraduría, incluso si otros precandidatos se abstienen. Aunque evitó revelar los nombres de quienes podrían acompañarlo, dejó entrever la posibilidad de sumar figuras reconocidas de tendencia liberal o de centroizquierda. “Después de conversar con quienes han mostrado su interés, podremos informarlo”, indicó, sin descartar eventuales acuerdos con el canciller Luis Gilberto Murillo.Barreras concluyó reiterando que su meta será competir con argumentos y mantener vivas las banderas de la paz, la inclusión y la democracia. De lograrlo, aseguró, buscará construir una coalición amplia para la elección presidencial: “El 9 de marzo, después de ganarle a la consulta de la derecha, nos sentaremos a hacer un acuerdo político para llegar juntos a la primera vuelta. No tenga ninguna duda”.
Mientras Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicaba con detalle cómo 170 municipios del país están en riesgo por factores de fraude y violencia, la conversación se detuvo brevemente por un curioso momento que generó cientos de comentarios.En plena entrevista, el gato blanco y negro de la directora empezó a treparse sobre ella buscando su atención en el minuto 6:36, interrumpiendo por unos segundos el análisis que hacía sobre el mapa de riesgo electoral. Fue entonces cuando Barrios, entre risas, explicó la situación al aire: “Disculpen, pero por la mañana el gato se pone un poco amoroso, quiere desayuno”, mientras lo bajaba de su regazo para poder continuar con la conversación.El momento no pasó desapercibido para los televidentes, quienes rápidamente comentaron en redes sociales el episodio, que contrastó con la seriedad del tema que se estaba abordando. Según el informe presentado por la MOE, 170 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral, de los cuales 81 están en riesgo extremo, especialmente en departamentos como Cauca, Arauca, Putumayo, Guaviare, Bolívar y Meta.Durante la entrevista, Barrios explicó que el país se encuentra en un punto límite, pues superar esa cifra implicaría retroceder a escenarios anteriores al acuerdo de paz. También advirtió que estas semanas previas a las elecciones son claves para reforzar las garantías de seguridad para candidatos, votantes y autoridades locales, especialmente en territorios con presencia de actores armados ilegales.Además, hizo un llamado a fortalecer la articulación entre alcaldes, gobernadores y el Gobierno Nacional, así como a mantener activas las comisiones de seguimiento electoral, especialmente en zonas de frontera y en regiones como el Cauca y el suroriente del país, donde el riesgo se mantiene alto.Pero más allá de las cifras y alertas, el momento que quedó marcado en la entrevista fue esa escena inesperada en la que un gato interrumpió una conversación sobre democracia y elecciones, obligando a una pausa breve antes de retomar un tema clave para el futuro político del país.
Fuertes lluvias tienen incomunicado al Urabá antioqueño. Autoridades confirmaron que no es uno, sino dos los puentes que se necesitan para conectar a las miles y miles de familias afectadas. En el departamento son 10 municipios con calamidad pública y más de 3.000 ayudas humanitarias que han sido entregadas a la fecha.Aunque el agua ha arreciado un poco en Antioquia, aún hay más de 7.500 familias damnificadas por los aguaceros que dejaron al Urabá antioqueño bajo el agua y totalmente incomunicado desde Necoclí hacia municipios como San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, además de la conexión a Montería.Y es precisamente en Necoclí donde se han dado las buenas noticias en medio de tantas emergencias que ha sacudido al departamento, los tres campesinos que estaban desaparecidos fueron reportados con vida en los albergues y un niño de 14 años se aferró a un palo de mangos durante 17 horas y así salvó su vida.Las labores se centrarán en las vías que están destruidas en varias partes de la subregión. Tan grave es la situación, que el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, indicó que no se necesita un puente, sino dos para poder conectar nuevamente al Urabá antioqueño.“Hablando con unos expertos de la Secretaría de Infraestructura Física, se puede encauzar un poco las aguas hacia el centro y buscar cómo hacer unos terraplenes mientras se construyen los puentes o las dos módulos que se que se cayeron”, afirmó Gallón.Hay que mencionar que una de las infraestructuras será puesta por la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo, quien evaluará el terreno para poder instalar un puente militar, que será una solución temporal, mientras que ya se envió otro oficio a la misma entidad para poder tener pronto una segunda infraestructura.Para dimensionar lo que ocurre en materia de infraestructura vial hay que mencionar que las pérdidas en cultivos son millonarias, más que todo en la vía Necoclí - San de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba. Nicolás Ramos, insistió que no tiene cómo sacar sus cosechas antes de que se pierdan por completo.Tan graves son los daños que, incluso, hay personas como Juan Ramírez que no saben cómo están sus cosas, debido a que no ha podido ingresar a su terrenos debido a las fuertes lluvias que dejan afectaciones de grandes proporciones en el Urabá antioqueño.Esta semana de emergencia dejan, hasta el momento, la declaración de calamidad pública en Urrao, El Bagre, Murindó, San Juan de Urabá, Arboletes, Chigorodó, Apartadó, San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí. Además, autoridades ya han entregado 3.224 ayudas humanitarias y otras 1.200 están en proceso de entrega en las próximas horas.
Se entregó la mujer señalada de quemar vivo a su pareja sentimental en una vivienda de Medellín. Aunque la mujer huyó y se intentó esconder fuera del departamento de Antioquia, autoridades pudieron dar con su paradero rápidamente.Sobre el crimenLa muerte de Alexis Ospina, de 28 años, no solo causó conmoción pues el hombre fue quemado vivo por su pareja sentimental en una vivienda del barrio La Milagrosa de Medellín, sino que también generó una respuesta inmediata de las autoridades que en las últimas horas lograron la captura de la supuesta responsable, Laura Rave.Los hechos ocurrieron cuando el hombre sostuvo una discusión con su pareja sentimental, que estaba en estado de embriaguez, y minutos después presuntamente la mujer roció gasolina a la vivienda donde estaban y la incendió con él adentro, causándole graves heridas que le costaron la vida.Tras conocido este trágico hecho, cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que la mujer huye del sitio con una recipiente plástico en la mano, donde llevaría el combustible, mientras que la vivienda ardía en llamas y la comunidad del sector ayudaba a la víctima como relató María Eugenia Tobón, amiga cercana de Alexis Ospina.“Y él salió literal quemado con el celular en la mano porque, inclusive, llamé a la mamá y estaba acostada, tenía el celular en silencio. Tenía el resorte del bóxer pegado como derretido contra el cuerpo y ella me decía que él soltaba como escamas, como si tuviera la piel quemada. Y él solo decía, "Yo me voy a morir, no me deje morir", relató.Luego de varios días de búsqueda incesante por parte de las autoridades, Rave se entregó en una Estación de Policía en Pereira, donde contó lo que sucedió en la capital de Antioquia y fue trasladada a un centro asistencial por unas lesiones que corresponderían al dicho del incendio.Mientras se define la situación de la mujer, hay que recordar que la pareja tiene una hija de tan solo cinco años, que, por fortuna, estaba a cargo de su abuela al momento de los hechos, y que ya había antecedentes de violencia, pues hace un par de meses Rave quebró una botella y le propinó una grave herida en el estómago a Ospina.
Un video captado por cámaras de seguridad del sector se convirtió en una pieza clave para esclarecer el grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 4 de febrero en el barrio Chapinero de Bogotá, que dejó como saldo una mujer fallecida, dos menores heridos y un motociclista gravemente lesionado.De acuerdo con información entregada por las autoridades, la víctima mortal era una mujer de 58 años que caminaba por la avenida Mutis con carrera 17 acompañada de sus dos nietos, de 6 y 11 años, cuando fue arrollada por un vehículo particular que se desplazaba a alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que la mujer murió en el lugar de los hechos.Los dos menores resultaron con lesiones leves y fueron trasladados de inmediato a la Clínica Country, donde permanecen bajo observación médica. Así lo confirmó el coronel Jhon Silva, jefe seccional de Tránsito de Bogotá, quien señaló que “afortunadamente, las heridas de los niños no son de gravedad”.En el mismo accidente también se vio involucrado un motociclista, quien fue embestido por el mismo automotor segundos antes de que este arrollara a la peatona. El hombre sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva, donde recibe atención especializada.Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, mientras varios vehículos esperaban el cambio del semáforo, una camioneta aparece circulando a gran velocidad, embiste primero al motociclista y luego impacta a la mujer y a los dos menores que cruzaban la vía. Posteriormente, el vehículo terminó chocando contra un establecimiento comercial, causando daños materiales considerables.Este es el video del momento exactoSegún las primeras hipótesis, el conductor habría excedido el límite de velocidad permitido en la zona. El carro era manejado por un joven de 20 años, quien iba acompañado por otro de 19. Ambos fueron requeridos por las autoridades en el lugar de los hechos.“El conductor fue trasladado a la URI para practicarle la prueba de embriaguez y adelantar todo el proceso de judicialización, con el fin de poner la documentación en manos de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Silva.
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que se filtró una carta privada relacionada con la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, un hecho que —según afirmó— terminó acelerando y tensionando una crisis interna que venía gestándose desde hace varios meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni Cabal han anunciado formalmente una renuncia, pero reconoció que el ambiente interno dejó de ofrecer garantías políticas.“No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, explicó.El dirigente sostuvo que la inconformidad fue manifestada de manera reiterada al Centro Democrático mediante derechos de petición presentados entre diciembre y enero, los cuales —según él— no recibieron respuestas claras. "Lo mínimo que merecemos es que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí, porque no nos los han contado. Y si definitivamente no cabemos en el partido, preferimos irnos”, agregó.La polémica tomó mayor fuerza luego de que se conociera públicamente una carta que, de acuerdo con Lafaurie, era privada y estaba dirigida únicamente a Gabriel Vallejo.“Se filtró una carta que no sé quién la filtra. Nosotros no la filtramos ni teníamos ningún interés en hacerlo. Estábamos esperando sentarnos con el partido para aclarar un tema que evidentemente no está claro”, afirmó.Lafaurie indicó que el documento recoge una serie de hechos y conversaciones sostenidas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la dirigencia del partido, en las que —según dijo— se advertía la presencia de terceros interesados en decisiones que no se ajustaban a criterios de transparencia.El distanciamiento, según relató, se profundizó tras la definición de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. “Desde que anunciaron a Paloma no hemos tenido más contacto con el presidente Uribe. He hablado casi que permanentemente con Gabriel Vallejo, siempre en términos cordiales, pero seguimos sin respuestas claras”, señaló.Uno de los puntos centrales de la inconformidad gira en torno al mecanismo de elección de la candidatura presidencial. Lafaurie cuestionó los resultados de las encuestas presentadas por el partido y sostuvo que, al contrastarlos con el comportamiento del denominado “colegio electoral”, se evidencian inconsistencias.
A pocos días de que entre en vigencia la ley de garantías, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) han sido declarados insubsistentes más de 20 funcionarios.Se trata de funcionarios en condición de prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas, quienes anunciaron que emprenderán acciones legales. Todos fueron notificados de su insubsistencia por la subdirectora del Dapre, Letty Leal. Entre los casos se encuentra el de Luz Dary Cruz, quien durante 25 años fue la jefe de Recursos Humanos de la Presidencia y estaba encargada, entre otras funciones, de la gestión de hojas de vida. También estaba próxima a pensionarse.Algunas de las personas desvinculadas pertenecían al equipo de la exdirectora Angie Rodríguez, mientras que otras, como el caso de Cruz, eran funcionarios de larga trayectoria en la entidad.Estas decisiones se producen pese a que el pasado 9 de enero se emitió una circular externa dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que se ordenaba abstenerse de realizar despidos en este periodo.“Por instrucción del señor Presidente se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”, señala el documento.Desde la Presidencia de la República se explicó que estas decisiones obedecen a que los funcionarios declarados insubsistentes ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, y que, por tanto, con la llegada de una nueva administración quedan a disposición del director o directora en turno, en este caso la recientemente designada Nhora Mondragón.
Alias ‘Calarcá’, cabecilla de una facción de las disidencias, se refirió al enfrentamiento armado ocurrido en zona rural de El Retorno, Guaviare, y negó que los hechos correspondan a una masacre o a ejecuciones.En una entrevista con el medio Noticaguán, alias ‘Calarcá’ aseguró que lo sucedido el pasado 16 de enero, en El Retorno, Guaviare, fue “un combate normal”.Según su versión, el enfrentamiento se dio dentro de un contexto de tensiones previas y operaciones militares desarrolladas en la región, que, afirmó, se venían intensificando desde finales de 2025, luego de bombardeos del Ejército en el sur del país.“Lo que sucedió allá es un combate, un combate normal, un combate que se iba a dar en noviembre cuando el ejército bombardeó”, señaló el jefe disidente, al tiempo que cuestionó las versiones que, según él, buscan “desvirtuar la realidad” de lo ocurrido en terreno.En su relato, aseguró que las tropas bajo su mando avanzaban por la zona cuando fueron ubicadas por las disidencias de ‘Mordisco’, lo que derivó en un intercambio armado que no habría durado más de 20 minutos.‘Calarcá’ afirmó que durante el enfrentamiento se utilizó un dron de reconocimiento, el cual cayó cerca del lugar donde se encontraban las tropas rivales, y sostuvo que sus hombres contaban con registros que demostrarían que se trató de una confrontación armada y no de ejecuciones.“Ellos nos ubicaron a nosotros, los muchachos de nosotros enviaron un dron. El dron cayó, se cayó al pie de un corral donde estaban ellos aquí́”, aseguró.Además, al referirse a la posibilidad de nuevos combates, ‘Calarcá’ subrayó que su estructura mantendrá presencia en la región. “Pero en la región sí vamos a estar, en el área sí vamos a estar y se lo dijimos, llegamos para no irnos”, afirmó.
Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa y demás autoridades ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos quienes se movilizaban en un vehículo Volkswagen Amarok y de quienes no se tiene información tras el atentado en Arauca.“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo Petro tras conversar con el congresista.En conversación con Blu Radio, el director de la UNP aseguró que, según información, preliminar dos personas habrían resultado muertas, pero de ellos, solo uno sería miembro de la entidad. Las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso y el senador no se encontraba al interior del vehículo al momento del ataque.Por ahora, la UNP espera información oficial, pero el vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total. Su esquema será reemplazado y de ser necesario tendrá un reforzamiento tras una evaluación del riesgo.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya estableció contacto con Castellanos y que se encuentra bien, pero conmovido por el asesinato de varios integrantes de su esquema de seguridad. "Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él (...) Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto", dijo.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el contexto regional, especialmente tras los recientes cambios políticos en Venezuela, abre un escenario más favorable para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan entre ambos países, sin que ello implique —según explicó— un giro radical en la estrategia de paz total del Gobierno nacional.Patiño respondió a las críticas que surgieron luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual se anunciaron capturas contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Pablito’, del ELN, e ‘Iván Mordisco’, del Estado Mayor Central. Para algunos sectores, estas acciones marcarían un viraje hacia una política de seguridad más dura. Sin embargo, el comisionado fue enfático en que “no hay un cambio de rumbo”, sino una reafirmación de la lucha contra el narcotráfico compatible con los procesos de paz en curso.“Ha habido desinformación al señalar que el Gobierno frenó la ofensiva contra el narcotráfico por los diálogos. Por el contrario, la reunión con Estados Unidos fue una oportunidad para ratificar que esta política sigue siendo prioritaria y que se puede fortalecer con cooperación internacional”, explicó Patiño.Uno de los puntos de mayor tensión recientes fue la suspensión del diálogo con el Clan del Golfo, tras el anuncio de una orden de captura contra su máximo jefe. El comisionado atribuyó el episodio a un malentendido sobre las zonas de ubicación temporal y aseguró que ya se trabaja en superar el impasse. “Los comandantes están dando instrucciones para una concentración gradual de sus estructuras. Eso muestra que el proceso sigue avanzando”, afirmó.Sobre las extradiciones, Patiño recordó que durante el actual gobierno se han autorizado más que en administraciones anteriores y que solo se suspenden cuando hay negociaciones avanzadas que así lo ameritan. “No hay contradicción entre la política de paz y la lucha contra el narcotráfico. Son complementarias”, sostuvo.El funcionario también se refirió al escenario venezolano como un factor clave. Según dijo, la salida de Nicolás Maduro del poder y los acercamientos del nuevo gobierno con Estados Unidos cambian sustancialmente el panorama para Colombia. “Antes, muchos grupos armados se movían con facilidad en territorio venezolano y encontraban protección política. Hoy el contexto es distinto. Es un panorama más favorable para combatirlos y para avanzar en negociaciones desde una posición más sólida”, afirmó.Patiño subrayó que la paz total no es un proyecto de corto plazo ni condicionado al calendario electoral, sino una apuesta de largo aliento que combina presión institucional, diálogo y transformación territorial. “Con quienes se levantan de la mesa, debe haber ofensiva. Con quienes avanzan en procesos serios, debemos consolidar rutas hacia la dejación de armas y la vida civil”, concluyó.En medio del debate por la seguridad y el rumbo del Gobierno, el comisionado insistió en que el país no está ante un giro improvisado, sino frente a una estrategia que busca equilibrar autoridad del Estado y salidas negociadas al conflicto, ahora con un entorno regional que, según dijo, juega a favor.
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió el primer pronunciamiento tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca. El funcionario confirmó el asesinato de varios escoltas y anunció el inicio de investigaciones urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en el municipio de Fortul.El ataque armado se registró este jueves cuando una caravana de vehículos oficiales se desplazaba desde Norte de Santander con destino a Yopal, Casanare. Según el reporte oficial, el grupo tenía como objetivo encontrarse con el congresista Castellanos en la capital casanareña. Durante el trayecto por el departamento de Arauca, los vehículos fueron interceptados y atacados, dejando un saldo trágico.El ministro Benedetti confirmó que logró comunicarse directamente con el legislador tras los hechos. "Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas", relató el titular de la cartera política. Además, el ministro reveló que la situación de orden público es compleja, pues todavía "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.Medidas de seguridad y estado actual del senador CastellanosA pesar del impacto contra su equipo de protección, el senador Jairo Castellanos se encuentra a salvo en Yopal. Fuentes cercanas a su despacho indicaron que el congresista esperaba la llegada de los vehículos atacados para continuar con su agenda regional. La preocupación del Ejecutivo se centra ahora en el paradero de los funcionarios que aún no han sido reportados y en el refuerzo de la seguridad del parlamentario."La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", enfatizó Benedetti. El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública mantienen el monitoreo en la zona para determinar la autoría del atentado y recuperar el vehículo desaparecido.
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido. Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente fue blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La inteligencia militar sostiene que el rapto de los profesionales de la salud tiene como fin exclusivo brindar asistencia médica a los combatientes afectados por las detonaciones. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó la situación y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.Estado de salud de los guerrilleros del ELN tras el bombardeoEl operativo militar contra la estructura del ELN dejó un saldo inicial de siete muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal. No obstante, el reporte oficial estima que entre 20 y 25 integrantes de la organización resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.Información recopilada por inteligencia militar sugiere que dentro del grupo de lesionados se encuentra un cabecilla de la estructura. Las autoridades indican que este jefe guerrillero habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.Por ahora, el Ejército mantiene la vigilancia en la zona para intentar dar con el paradero del personal civil y garantizar su liberación, mientras se evalúan los daños definitivos en la capacidad logística del grupo ilegal en el norte del departamento.
Un violento ataque armado se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, donde fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido ASI.El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de Fortul, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo oficial que fue interceptado y atacado con armas de fuego.Blu Radio supo, a través de uno de los asesores que acompaña al congresista, que este se encuentra a salvo en Yopal y que, al momento del ataque, esperaba la llegada del esquema de seguridad que posteriormente fue atacado.Así quedó el carro tras el atentado en AraucaImágenes que circularon tras el atentado evidencian la gravedad del ataque, con el automotor impactado por múltiples disparos, lo que da cuenta de la intensidad de la acción criminal.El vehículo en el que se movilizaban era una Toyota Land Cruiser Prado, la cual terminó con múltiples impactos de bala, las llantas pinchadas y varias ventanas rotas.En imágenes y videos publicados en redes sociales se observan múltiples impactos de bala en la carrocería, especialmente en las puertas laterales y la parte trasera, así como los vidrios completamente destruidos, con fragmentos esparcidos en el interior y el exterior del vehículo. El puerta trasera aparece abierta y deformada, lo que evidencia la violencia del ataque.El automotor quedó detenido a un costado de la vía, con rastros visibles de la acción armada en el asfalto y la estructura del vehículo. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal cuya identidad aún no ha sido establecida y que las autoridades avanzan en la recolección de datos para determinar con claridad lo sucedido.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que logró comunicarse con el senador, quien le expresó encontrarse profundamente afectado por lo ocurrido y, según relató, rompió en llanto durante la conversación.Asimismo, Benedetti confirmó que el vehículo atacado hacía parte de una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal para reunirse con el congresista. De igual manera, el ministro informó que otro automotor que integraba esa caravana permanece desaparecido: "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.
Este jueves fue atacado un vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos en Fortul, en el departamento de Arauca. Al parecer, según se ha podido conocer, dos de sus escoltas fueron asesinados.Blu Radio conoció, de la voz de uno los asesores que acompaña al congresista esta tarde, que este se encuentra a salvo en Yopal y precisamente estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.El ministro del Interior, Armando Benedetti, pudo hablar con el senador, quien le manifestó estar muy afectado, incluso, estaba llorando al momento de la llamada.A su vez, Benedetti confirmó que el carro atacado venía en una caravana desde Norte de Santander hacia Yopal para encontrarse con el senador.También reveló el ministro que otro vehículo que hacía parte de la caravana se encuentra perdido."He hablado con el senador Jairo Castellanos tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", escribió en su cuenta de X el ministro Benedetti.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.