El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.
La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de pasaportes en el país. El ente de control advirtió presuntas irregularidades en un nuevo contrato interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor asciende a más de 185.000 millones de pesos.Se trata de un contrato publicado en la plataforma SECOP el pasado 29 de enero, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque el convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, la Procuraduría cuestionó que no se haya establecido una fecha clara de inicio.La preocupación de la Procuraduría se centra en el elevado monto comprometido que supera los 185.000 millones de pesos y por el hecho de que este es ya el cuarto contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico.Según el Ministerio Público, las sumas comprometidas en estos cuatro negocios jurídicos superan el billón de pesos y alcanzan un total de $1,49 billones, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia del proceso contractual.El pronunciamiento se da tres meses después de que la Procuraduría presentara una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades.Por esta razón la Procuraduría advirtió que abordará la suscripción del contrato desde las acciones preventivas que ya adelanta sobre el suministro de pasaportes, y que además revisará el tema dentro de las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
En conversación con Blu Radio la ministra de relaciones exteriores, Rosa Villavicencio, aseguró que ya hay negociaciones en curso con Ecuador para evitar los aranceles de 30% anunciados por parte y parte. La canciller explicó que Colombia hizo una propuesta a ese país relacionada con seguridad y otras medidas anunciadas y están a la espera de una nueva reunión este fin de semana.“Estamos en un proceso de negociación. Hicimos una propuesta y ellos hicieron una contrapropuesta. Debemos reunirnos este fin de semana o a más tardar el siguiente, los ministerios, para llegar a un acuerdo sobre la tarifa que le han puesto al gas. Estamos buscando alternativas desde Minminas. Por otra parte, frente a la venta de energía a determinado precio, es difícil porque eso es variable. Sin embargo, sí hay que buscar alternativas. Los otros aspectos son en materia de seguridad y no son complejos porque nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”.La canciller también aseguró que Colombia está dispuesta a retirar la medida anunciada para un grupo de productos provenientes de Ecuador si ese país hace lo mismo. Cabe mencionar que esta guerra arancelaria, como la calificó ayer el presidente Gustavo Petro, comenzó luego de que su homólogo Daniel Noboa tomara la decisión de gravar importaciones de Colombia, argumentando que había poca cooperación en las fronteras para combatir el crimen organizado.Desde ese momento el Gobierno ha intentado tener comunicación entre jefes de Estado; sin embargo, por parte del vecino país no ha habido respuesta y por eso una de las peticiones durante la reunión con Trump fue que haya mediación del Gobierno de EE. UU. para superar este problema diplomático.
La alerta temprana 003 de 2026, se emitió para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en Bolívar, donde se ha intensificado la presencia y confrontación de grupos armados ilegales por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca, utilizado para la movilidad de economías ilícitas.Según la Defensoría, esta zona del sur de Bolívar es clave para actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, lo que ha generado una presión creciente sobre las comunidades, reflejada en restricciones a la movilidad, miedo y regulación armada.El escenario se ha agravado tras la suspensión del cese al fuego bilateral con el ELN, lo que derivó en su repliegue hacia la serranía de San Lucas, mientras que el Clan del Golfo ha expandido su presencia hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras. A esto se suma la actuación de disidencias de las extintas Farc, aumentando el riesgo de enfrentamientos y represalias contra la población civil.“Entre los hechos que sustentan la inminencia, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado la contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, con afectaciones directas a bienes y personas civiles”, aseguran en un comunicado.En Montecristo se registraron dos accidentes con minas antipersonal en 2025 que dejaron víctimas mortales y personas heridas, además de ataques con drones que impactaron espacios comunitarios y viviendas rurales.La entidad también alertó sobre confinamientos masivos que afectan a más de 3.200 familias en comunidades rurales de Montecristo, así como secuestros y prácticas de trabajo forzado, incluyendo presión a civiles para evacuar heridos o trasladar cuerpos tras los combates. A ello se suman homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados, con víctimas civiles, incluso menores de edad.Otro de los riesgos es el fortalecimiento del control social impuesto por los actores armados, que incluye amenazas a líderes comunitarios y servidores públicos, estigmatización, instrumentalización de juntas de acción comunal e imposición de normas de comportamiento bajo coerción.El riesgo es especialmente crítico para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento, a violencias basadas en género y a la interrupción del servicio educativo por desplazamientos y amenazas contra docentes.Ante este panorama, la Defensoría solicitó la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de coordinar acciones de protección, prevenir ataques con drones y fortalecer las medidas de atención humanitaria, especialmente para población infantil y comunidades confinadas.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves durante una rueda de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, que durante la jornada han sido liberados 157 prisioneros de guerra ucranianos que estaban en cautiverio en Rusia."Hoy hay un intercambio. Saludo a todas las familias que se reunirán con sus allegados y seres queridos en el futuro más próximo. Es algo muy positivo. 157 combatientes ucranianos han vuelto hoy a casa", dijo Zelenski.El presidente ucraniano confirmó en su rueda de prensa con Tusk que en los contactos de Abu Dabi se habló también de llevar a cabo más canjes de prisioneros.Zelenski hizo este anuncio después de que el emisario de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana Steve Witkoff anunciara desde Abu Dabi que en las negociaciones trilatelares entre ucranianos, rusos y estadounidenses que tienen lugar en la capital de los Emiratos Árabes se acordó la liberación de 314 prisioneros.Witkoff dijo que es el primer canje que se produce en los últimos cinco meses.El negociador ucraniano Rustem Umérov ha confirmado en su canal de Telegram el canje de prisioneros acordado en Abu Dabi y anunciado por Zelesnki. Umérov ha publicado un breve vídeo del retorno de los prisioneros ucranianos a casa.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una serie de requerimientos de información a varias empresas para conocer cómo estructuran sus precios, descuentos y promociones en el mercado colombiano. Así lo confirmó la superintendente, Cielo Rusinque, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, en la que explicó que estas actuaciones hacen parte de labores ordinarias de inspección, vigilancia y control.De acuerdo con lo expuesto en el programa, las primeras empresas que recibieron estos requerimientos son: Nalsani SAS (Totto)Whirlpool ColombiaContinente SASPanamericana Librería y PapeleríaSupertiendas y Droguerías OlímpicaLa medida ha generado inquietud en sectores empresariales, que han manifestado preocupación por una eventual intervención en la fijación de precios.Sin embargo, la superintendente aseguró que no se trata de un control de precios ni de una fijación por parte del Estado.Por qué la SIC está pidiendo información sobre preciosCielo Rusinque explicó que los requerimientos se originan en un monitoreo periódico que la entidad viene realizando desde febrero de 2025, a través de la Delegatura de Protección al Consumidor, con el apoyo del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia.Según indicó, el objetivo es conocer los elementos que componen la estructura de precios, así como la manera en la que se fijan ofertas, descuentos y promociones, especialmente en fechas comerciales.“No implica en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura”, afirmó Rusinque durante la entrevista.La funcionaria señaló que estos requerimientos buscan establecer si existen eventuales infracciones al Estatuto del Consumidor, como la promoción de descuentos que no serían reales o que se mantienen sin cambios durante largos periodos de tiempo.¿Seguirán los requerimientos a más empresas?La superintendente confirmó que las cinco empresas mencionadas no serán las únicas. Según explicó, ya se han expedido más requerimientos y se espera que el número supere las 50 empresas en el corto plazo.“Si les parece polémico que estamos requiriendo a cinco empresas, van a tener que despertar más polémica porque vienen muchísimos más requerimientos en camino”, señaló.Aclaró además que esta información corresponde únicamente a indagaciones preliminares y que no se trata aún de investigaciones formales, razón por la cual los requerimientos suelen manejarse de manera anonimizada.Diferencia entre protección al consumidor y libre competenciaDurante la entrevista, Rusinque enfatizó que existen dos delegaturas distintas involucradas en estos procesos. Por un lado, la Delegatura de Protección al Consumidor, que analiza posibles engaños en promociones y descuentos. Por otro, la Delegatura de Protección de la Libre Competencia, que evalúa si podrían existir prácticas como la fijación de precios inequitativos.La superintendente explicó que el concepto de precio inequitativo no es una creación reciente, sino que hace parte de una doctrina existente desde hace décadas y que ha sido aplicada en administraciones anteriores de la SIC.“No es algo que se pueda determinar de manera subjetiva. Hay parámetros, estándares y análisis técnicos en los que participan economistas, abogados y contadores”, afirmó.¿La SIC fijando precios?Ante las críticas del sector empresarial, Rusinque reiteró que la Superintendencia no establece cuánto deben costar los productos, ni define márgenes de ganancia, sino que verifica si las prácticas comerciales se ajustan al régimen legal vigente.“No regulamos ni fijamos precios. Velamos porque en el mercado no se consoliden prácticas violatorias, sea del régimen de libre competencia o del estatuto del consumidor”, concluyó.La funcionaria insistió en que los agentes del mercado no deberían alarmarse por estos requerimientos, ya que hacen parte de las herramientas ordinarias con las que cuenta la entidad para cumplir su función constitucional de protección a los consumidores y a la libre competencia.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Bucaramanga anunció la apertura de una convocatoria para otorgar 100 becas de pregrado, maestría y doctorado en modalidad virtual, en alianza con la Fundación EDUCA EDTECH, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación del talento local.La postulación se realiza exclusivamente en línea, a través del portal oficial www.alcaldiascol.com, lo que permite a los aspirantes adelantar el trámite sin desplazamientos y desde cualquier dispositivo. La convocatoria está disponible desde el 1 de febrero y los cupos se adjudicarán conforme los postulantes completen satisfactoriamente cada etapa del proceso.Según la administración municipal, esta iniciativa se convierte en una de las apuestas más amplias de los últimos años para mejorar las oportunidades educativas en Bucaramanga y Santander, especialmente para personas que, por razones laborales, económicas o familiares, han visto limitado su acceso a la educación superior.El anuncio se da en un contexto de recuperación del mercado laboral. De acuerdo con cifras del DANE, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,0 % en diciembre de 2025, mientras que Bucaramanga y su área metropolitana cerraron el año con una desocupación cercana al 7,3 %, una de las más bajas del país. No obstante, persiste la necesidad de avanzar en cualificación y desarrollo de competencias.“La convocatoria está diseñada para facilitar el ingreso a programas formativos sin que las personas tengan que interrumpir su vida cotidiana”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH, entidad encargada de la orientación académica del proceso.¿Cómo postularse?Los interesados deben registrarse únicamente en el enlace oficial, diligenciar el formulario, consultar el listado completo de programas disponibles y seleccionar el que mejor se ajuste a su perfil. Además, deberán verificar que los datos de contacto sean correctos, enviar los soportes requeridos según el nivel académico y estar atentos al contacto de un asesor académico. La respuesta se entregará en un plazo aproximado de uno a dos días hábiles, siempre que la documentación esté completa.La Alcaldía recomendó realizar la inscripción con anticipación, ya que la asignación de becas será por orden de llegada.Programas alineados con la empleabilidadLa oferta académica incluye áreas como Inteligencia Artificial, Administración, Ciudades Inteligentes, Innovación, Gestión pública y privada, entre otras, orientadas a sectores con alta demanda laboral.“Estos programas responden a la transición del mercado hacia actividades intensivas en conocimiento, análisis de datos y transformación digital. La formación virtual permite actualizar competencias sin restricciones geográficas”, señaló Fuentes.Modalidad y convalidaciónLos estudios se cursarán de manera virtual a través de dos instituciones aliadas: UDAVINCI (México) y Universidad eCampus (Europa), ambas con modelos flexibles de educación en línea. Los títulos obtenidos podrán ser susceptibles de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, siempre que los egresados adelanten el trámite correspondiente.Una vez cierre el periodo de inscripción y se complete la verificación de documentos, el inicio de clases está proyectado para marzo o abril de 2026, de acuerdo con los tiempos habituales de matrícula y apertura de cohortes.
Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
El acceso a la formación de alto nivel en Colombia tendrá un nuevo esquema luego de la salida de Colfuturo. El Gobierno nacional anunció la aprobación del Conpes 4182, documento que fija la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados y que reemplaza a este modelo que durante años operó.Con esta decisión, el Estado asume directamente la financiación y administración de las becas, las cuales dejarán de estar asociadas a créditos educativos. El Conpes contempla una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, recursos con los que se financiarán dos cohortes y se beneficiará a cerca de 900 personas.El documento establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de dirigir y ejecutar los recursos, eliminando esquemas de intermediación y centralizando la política de formación avanzada dentro del Estado.Las becas estarán dirigidas principalmente a profesionales de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Conpes fija criterios de distribución que incluyen que al menos el 60 % de los cupos sea asignado a mujeres y contempla la participación de comunidades indígenas y de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.En materia institucional, la política dispone que el 72 % de los cupos se desarrollará en instituciones de educación superior del país y que el 60 % de los recursos será destinado a universidades públicas.El Conpes también define una asignación territorial obligatoria. Al menos el 30 % de los recursos, equivalentes a más de 110.000 millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.Finalmente, los recursos se orientarán a programas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, en línea con las prioridades definidas en las Misiones de País.
Entre los temas coyunturales y de más alto interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro está la emergencia económica que ha ocupado los titulares en las últimas semanas, pero también está la reforma pensional que desde que fue demandada ante la Corte Constitucional en julio del 2024 ha atravesado un sinfín de traspiés.El último incoveniente lo conoció Blu Radio en primicia. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional. Lo anterior, al considerar que Ibáñez prejuzgó públicamente sobre la reforma que está bajo estudio del alto tribunal durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. La Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.El escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, señala que el magistrado Ibáñez afirmó que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”, cuando el proceso aún se encuentra en estudio por parte del alto tribunal esto en medio de una entrevista que el togado concedió a un medio de comunicación.A juicio del Gobierno, el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial.La Presidencia también advierte que el caso se da en un contexto institucional sensible, pues la Corte debe adoptar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre la reforma, luego de que el trámite quedara empatado y se acudiera a un conjuez.Está por definirse allí en el alto tribunal el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Petro, que, sin duda, ha marcado el pulso entre esa Corte y el Ejecutivo.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa y demás autoridades ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos quienes se movilizaban en un vehículo Volkswagen Amarok y de quienes no se tiene información tras el atentado en Arauca.“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo Petro tras conversar con el congresista.En conversación con Blu Radio, el director de la UNP aseguró que, según información, preliminar dos personas habrían resultado muertas, pero de ellos, solo uno sería miembro de la entidad. Las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso y el senador no se encontraba al interior del vehículo al momento del ataque.Por ahora, la UNP espera información oficial, pero el vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total. Su esquema será reemplazado y de ser necesario tendrá un reforzamiento tras una evaluación del riesgo.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya estableció contacto con Castellanos y que se encuentra bien, pero conmovido por el asesinato de varios integrantes de su esquema de seguridad. "Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él (...) Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto", dijo.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el contexto regional, especialmente tras los recientes cambios políticos en Venezuela, abre un escenario más favorable para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan entre ambos países, sin que ello implique —según explicó— un giro radical en la estrategia de paz total del Gobierno nacional.Patiño respondió a las críticas que surgieron luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual se anunciaron capturas contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Pablito’, del ELN, e ‘Iván Mordisco’, del Estado Mayor Central. Para algunos sectores, estas acciones marcarían un viraje hacia una política de seguridad más dura. Sin embargo, el comisionado fue enfático en que “no hay un cambio de rumbo”, sino una reafirmación de la lucha contra el narcotráfico compatible con los procesos de paz en curso.“Ha habido desinformación al señalar que el Gobierno frenó la ofensiva contra el narcotráfico por los diálogos. Por el contrario, la reunión con Estados Unidos fue una oportunidad para ratificar que esta política sigue siendo prioritaria y que se puede fortalecer con cooperación internacional”, explicó Patiño.Uno de los puntos de mayor tensión recientes fue la suspensión del diálogo con el Clan del Golfo, tras el anuncio de una orden de captura contra su máximo jefe. El comisionado atribuyó el episodio a un malentendido sobre las zonas de ubicación temporal y aseguró que ya se trabaja en superar el impasse. “Los comandantes están dando instrucciones para una concentración gradual de sus estructuras. Eso muestra que el proceso sigue avanzando”, afirmó.Sobre las extradiciones, Patiño recordó que durante el actual gobierno se han autorizado más que en administraciones anteriores y que solo se suspenden cuando hay negociaciones avanzadas que así lo ameritan. “No hay contradicción entre la política de paz y la lucha contra el narcotráfico. Son complementarias”, sostuvo.El funcionario también se refirió al escenario venezolano como un factor clave. Según dijo, la salida de Nicolás Maduro del poder y los acercamientos del nuevo gobierno con Estados Unidos cambian sustancialmente el panorama para Colombia. “Antes, muchos grupos armados se movían con facilidad en territorio venezolano y encontraban protección política. Hoy el contexto es distinto. Es un panorama más favorable para combatirlos y para avanzar en negociaciones desde una posición más sólida”, afirmó.Patiño subrayó que la paz total no es un proyecto de corto plazo ni condicionado al calendario electoral, sino una apuesta de largo aliento que combina presión institucional, diálogo y transformación territorial. “Con quienes se levantan de la mesa, debe haber ofensiva. Con quienes avanzan en procesos serios, debemos consolidar rutas hacia la dejación de armas y la vida civil”, concluyó.En medio del debate por la seguridad y el rumbo del Gobierno, el comisionado insistió en que el país no está ante un giro improvisado, sino frente a una estrategia que busca equilibrar autoridad del Estado y salidas negociadas al conflicto, ahora con un entorno regional que, según dijo, juega a favor.
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió el primer pronunciamiento tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca. El funcionario confirmó el asesinato de varios escoltas y anunció el inicio de investigaciones urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en el municipio de Fortul.El ataque armado se registró este jueves cuando una caravana de vehículos oficiales se desplazaba desde Norte de Santander con destino a Yopal, Casanare. Según el reporte oficial, el grupo tenía como objetivo encontrarse con el congresista Castellanos en la capital casanareña. Durante el trayecto por el departamento de Arauca, los vehículos fueron interceptados y atacados, dejando un saldo trágico.El ministro Benedetti confirmó que logró comunicarse directamente con el legislador tras los hechos. "Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas", relató el titular de la cartera política. Además, el ministro reveló que la situación de orden público es compleja, pues todavía "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.Medidas de seguridad y estado actual del senador CastellanosA pesar del impacto contra su equipo de protección, el senador Jairo Castellanos se encuentra a salvo en Yopal. Fuentes cercanas a su despacho indicaron que el congresista esperaba la llegada de los vehículos atacados para continuar con su agenda regional. La preocupación del Ejecutivo se centra ahora en el paradero de los funcionarios que aún no han sido reportados y en el refuerzo de la seguridad del parlamentario."La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", enfatizó Benedetti. El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública mantienen el monitoreo en la zona para determinar la autoría del atentado y recuperar el vehículo desaparecido.
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido. Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente fue blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La inteligencia militar sostiene que el rapto de los profesionales de la salud tiene como fin exclusivo brindar asistencia médica a los combatientes afectados por las detonaciones. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó la situación y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.Estado de salud de los guerrilleros del ELN tras el bombardeoEl operativo militar contra la estructura del ELN dejó un saldo inicial de siete muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal. No obstante, el reporte oficial estima que entre 20 y 25 integrantes de la organización resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.Información recopilada por inteligencia militar sugiere que dentro del grupo de lesionados se encuentra un cabecilla de la estructura. Las autoridades indican que este jefe guerrillero habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.Por ahora, el Ejército mantiene la vigilancia en la zona para intentar dar con el paradero del personal civil y garantizar su liberación, mientras se evalúan los daños definitivos en la capacidad logística del grupo ilegal en el norte del departamento.
Un violento ataque armado se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, donde fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido ASI.El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de Fortul, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo oficial que fue interceptado y atacado con armas de fuego.Blu Radio supo, a través de uno de los asesores que acompaña al congresista, que este se encuentra a salvo en Yopal y que, al momento del ataque, esperaba la llegada del esquema de seguridad que posteriormente fue atacado.Así quedó el carro tras el atentado en AraucaImágenes que circularon tras el atentado evidencian la gravedad del ataque, con el automotor impactado por múltiples disparos, lo que da cuenta de la intensidad de la acción criminal.El vehículo en el que se movilizaban era una Toyota Land Cruiser Prado, la cual terminó con múltiples impactos de bala, las llantas pinchadas y varias ventanas rotas.En imágenes y videos publicados en redes sociales se observan múltiples impactos de bala en la carrocería, especialmente en las puertas laterales y la parte trasera, así como los vidrios completamente destruidos, con fragmentos esparcidos en el interior y el exterior del vehículo. El puerta trasera aparece abierta y deformada, lo que evidencia la violencia del ataque.El automotor quedó detenido a un costado de la vía, con rastros visibles de la acción armada en el asfalto y la estructura del vehículo. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal cuya identidad aún no ha sido establecida y que las autoridades avanzan en la recolección de datos para determinar con claridad lo sucedido.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que logró comunicarse con el senador, quien le expresó encontrarse profundamente afectado por lo ocurrido y, según relató, rompió en llanto durante la conversación.Asimismo, Benedetti confirmó que el vehículo atacado hacía parte de una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal para reunirse con el congresista. De igual manera, el ministro informó que otro automotor que integraba esa caravana permanece desaparecido: "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.