Desde Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que ningún país, sin importar su poder, está a salvo de la desinformación. Y puso como ejemplo a Estados Unidos, al señalar que incluso allí se han difundido versiones erróneas sobre el papel de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.“Cada país del mundo, sin importar cuán poderoso se considere, es vulnerable a este flagelo global conocido como desinformación y mala información”, afirmó el ministro durante un espacio en el que compartió escenario con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz; y el canciller saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.Sánchez citó el informe “Riesgos Globales” del Foro Económico Mundial, que ubica la desinformación como el segundo mayor riesgo global después de los conflictos entre Estados, con la advertencia de que podría convertirse en el principal en los próximos años, impulsado por herramientas como la inteligencia artificial.En ese contexto, sostuvo que la desinformación también alcanzó al presidente estadounidense Donald Trump, a quien, según dijo, “hicieron creer que Colombia no estaba haciendo nada para combatir el narcotráfico”. No obstante, tras una reunión sostenida a comienzos de mes entre Trump y el presidente Gustavo Petro, se habría logrado un entendimiento más amplio sobre la dimensión del problema.El ministro recordó que, según cifras expuestas en ese encuentro, alrededor de 316 millones de personas consumen drogas en el mundo, un dato que, afirmó, demuestra la dificultad de erradicar el narcotráfico mientras persista la demanda global. “Esto hace que sea muy difícil erradicar el narcotráfico mientras siga existiendo la demanda”, recalcó.Sánchez defendió el papel de Colombia como principal aliado en el hemisferio occidental en la lucha contra el crimen organizado transnacional y aseguró que el país ha sufrido más de 2.000 bajas, entre heridos y muertos, en sus fuerzas militares y de policía durante los últimos años en esta confrontación.
La candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, respondió en Mañanas Blu 10:30 AM a las críticas lanzadas por Sofía Gaviria, quien anunció su salida de la colectividad en medio de fuertes cuestionamientos sobre el manejo interno del movimiento. Frente al impacto electoral de esta ruptura, Betancourt fue enfática: “Aquí se va alguien y no se lleva votos”.La controversia se desató luego de que Gaviria asegurara que esperaba una colectividad democrática, con respeto por los disensos y autonomía de sus militantes, y no un partido “manejado por una sola persona”. En respuesta, Betancourt rechazó que el conflicto sea un asunto personal y sostuvo que se trata de “un problema de Sofía Gaviria con el partido”, no con ella."Nosotros no somos maquinaria, nosotros no somos clientelismo. Aquí se va alguien y no se lleva votos porque no tienen votos. Aquí lo que hay es valores y principios. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a Colombia es la posibilidad de meter al Congreso gente extraordinaria para sacar a los bandidos", añadió Betancourt.Varios conflictos con GaviriaSegún explicó la líder del partido Oxígeno, los desencuentros se originaron por varios episodios que generaron incomodidad dentro de la colectividad. La excandidata presidencial relató un incidente ocurrido en el Congreso, en el que —según dijo— Gaviria tuvo un altercado con un policía por un control de seguridad. También mencionó diferencias reiteradas en discusiones internas sobre decisiones de campaña, que, a su juicio, derivaban en acusaciones de autoritarismo cuando la mayoría no respaldaba la postura de la entonces cabeza de lista.Betancourt defendió la estructura y las reglas del partido, asegurando que a Gaviria se le dio espacio para integrar personas de su confianza dentro de la lista. No obstante, afirmó que el problema surgió cuando, en su criterio, no se respetaron los procedimientos internos ni las decisiones colectivas. "Se tiene que regir por códigos de ética, porque los partidos no pueden ser los garajes que muchos partidos son. Esto es prueba de la crisis de los partidos en Colombia. Hay problemas en todos los partidos, no solo en este", subrayó.Más allá del choque interno, Betancourt insistió en que la salida de Gaviria no compromete el futuro electoral de Oxígeno ni su personería jurídica, en un escenario donde los partidos deben alcanzar un umbral mínimo de votación para conservarla.Finalmente, la dirigente sostuvo que el partido cuenta con una lista “extraordinaria” y que la disputa interna no debe desviar la atención de lo que considera el verdadero debate electoral.
La Presidencia de la República señaló que, por el momento, no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez a Colombia.La Casa de Nariño indicó que se sigue trabajando con la cancillería para concretar está visita.El Gobierno colombiano informó que lo que sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo este viernes a EFE que "es posible" que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viaje a Colombia la semana próxima y que esperan tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid ante las informaciones aparecidas en varios medios colombianos sobre que la presidenta encargada de Venezuela estará en Colombia la semana próxima."Ella fue invitada a Bogotá (...). Yo creo que el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano", añadió Villavicencio.La canciller sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a Rodríguez a visitar su país.Este posible viaje a Colombia sería el primero al extranjero de Rodríguez desde que juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro."El presidente Petro habló con ella telefónicamente y claro, tenemos mucho interés en hablar con ella, hablar con todas las fuerzas sociales", afirmó Villavicencio."Hemos hablado con la oposición democrática y pues todos reconocen a Delcy como la presidenta interina (de Venezuela)", agregó a la canciller.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
En medio de una agenda de alto nivel en París, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, formalizó la intención de Colombia de vincularse a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave y Organizado, una alianza integrada por siete naciones del continente.Durante dos días de reuniones con autoridades francesas, el funcionario, acompañado por el embajador Alfonso Prada, sostuvo encuentros con la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; la ministra de Acción y Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin; el ministro del Interior, Laurent Nuñez; y directivos de la agencia VIGINUM, entre otros altos funcionarios.El objetivo central es compartir información de inteligencia estratégica para desmantelar redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y la infiltración criminal en economías legales. La coalición está conformada por Bélgica, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia.Según explicó el ministro, la apuesta es avanzar en un esfuerzo multinacional que permita identificar y neutralizar la infiltración de estructuras ilegales en sectores formales de la economía y golpear directamente sus finanzas.Uno de los resultados concretos fue la firma de un acuerdo técnico con el Gobierno francés para designar a un oficial de la Policía Nacional como enlace permanente ante autoridades aduaneras en Francia, con el fin de optimizar operaciones contra la delincuencia organizada transnacional.Además, Colombia puso a disposición de la Unión Europea, a través de Francia, sus capacidades militares y policiales en la lucha contra el terrorismo, incluyendo experiencia en inteligencia, investigación criminal y operaciones especiales.
En un operativo las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una fábrica de falsificación de moneda que operaba en una vivienda del departamento de Boyacá. La acción dejó como resultado la incautación de más de un millón de dólares en billetes falsos y la captura en flagrancia de un hombre señalado de operar el centro de producción.La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió ubicar el inmueble donde se imprimían billetes de 50 y 20 dólares destinados al mercado ilegal. El allanamiento fue ejecutado por el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, la Policía y el Gaula Militar del Ejército.Durante el procedimiento fueron hallados exactamente 1.123.600 dólares falsificados, cuyo valor en el mercado negro superaría los 4.272 millones de pesos colombianos. Según las autoridades, el dinero estaba listo para ser distribuido.En el lugar también se incautó maquinaria especializada utilizada para la fabricación del papel moneda, entre ella impresoras de alta tecnología, tintas especiales, planchas de impresión y papel diseñado para imitar las características de seguridad del dólar estadounidense.Una fuente vinculada a la investigación señaló “esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y será procesado por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera. Las autoridades avanzan ahora en el rastreo de la red de distribución y no descartan que esta estructura tenga vínculos con organizaciones de crimen organizado transnacional.
La Registraduría anunció la activación de un plan de contingencia electoral para Córdoba de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Desde la entidad explicaron que, pese a la emergencia por el invierno, se va a garantizar la instalación de 595 puestos y 4.320 mesas de votación en el departamento.“Primero, debemos solidarizarnos con todas las personas de Córdoba y Sucre, quienes atraviesan una situación muy difícil por la situación climática. En segundo lugar, para el caso de Córdoba, nosotros ya contamos con un plan de contingencia. Ya tenemos ubicados cada uno de los puestos de votación que hay en la ribera del río Sinú y los demás lugares que están anegados. Estamos encontrando los lugares donde pudieran trasladarse eventualmente esos puestos de votación, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el registrador Hernán Penagos.En el mismo sentido, la entidad adelanta un plan gratuito para entregar documentos de identidad a los damnificados y que de esta manera no sean vulnerados sus derechos políticos, ya que el documento es indispensable para poder ejercer el derecho al voto.“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, agregó Penagos.
Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean.La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas.El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EE.UU. que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).Boasberg, que ha sido criticado por Trump, destacó en su orden que "esta situación nunca se habría presentado" si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente.Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.La orden aclara que los venezolanos elegibles para regresar a EE.UU. serán puestos bajo custodia a su llegada al país, luego de que en julio fueran enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos.En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia. El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU.Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para enviar a El Salvador a los inmigrantes a los que acusó, sin presentar pruebas, de que pertenecían al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que ha sido designada por EE.UU. como una organización terrorista.La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward que argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago.Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a EE.UU. por orden de un juez.
Un cargamento de 60.100 detonadores comunes número 8 fue incautado por la Policía en el departamento de Caldas, en medio de operativos contra estructuras dedicadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.El procedimiento se llevó a cabo en la vía Tres Puertas – Puente La Libertad, en jurisdicción de Manizales, donde uniformados que realizaban labores de control y verificación detectaron el transporte irregular del material explosivo. Según las autoridades, los detonadores pretendían ser utilizados y comercializados para actividades ilegales en distintos municipios de la región.De acuerdo con la información oficial, el cargamento está avaluado en aproximadamente 3.000 millones de pesos y representaba un insumo clave para operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que además de ilegal genera graves afectaciones ambientales y riesgos para la seguridad de las comunidades.El coronel Jair Alonso Parra Archila señaló que “estos 60.100 detonadores incautados representan una afectación contundente a las finanzas y a la capacidad operativa de las estructuras criminales. Seguimos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Las autoridades indicaron que este tipo de elementos constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana, debido a su posible uso en acciones criminales. Con esta incautación, aseguran, se golpea de manera significativa la logística y las finanzas de las bandas que se lucran de la minería ilegal en el país.La Policía anunció que mantendrá controles estrictos en las principales vías para evitar el transporte y comercialización de material explosivo sin los permisos requeridos, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final del cargamento.
Según el más reciente reporte del conflicto con el ELN, las acciones violentas atribuidas al grupo armado ilegal alcanzaron 471 eventos, un aumento del 86% frente a 2024 y el mayor nivel desde 2001. El incremento no solo se refleja en el número de hechos, sino en su intensidad y en el impacto: al menos 221 personas murieron en eventos con participación directa del ELN, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior.EL informe asegura que la violencia del ELN ha venido creciendo de manera constante desde 2022, interrumpida por el cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese periodo se registró una reducción temporal tanto de acciones violentas como de combates. Sin embargo, tras la terminación del cese, la actividad armada se disparó.Del total de acciones violentas registradas en 2025, 348 correspondieron a hechos sin intercambio de fuego, como atentados, instalación de explosivos o amenazas, lo que representa un aumento del 94% frente a 2024. En paralelo, los combates con participación del ELN crecieron 89%, al pasar de 74 enfrentamientos en 2024 a 139 en 2025, la cifra más alta desde 2007.El analisis señala que, aunque una gran parte de las acciones del grupo armado ilegal se dirigen contra la fuerza pública, mantiene enfrentamientos simultáneos con múltiples grupos armados ilegales en las zonas donde opera.La violencia se concentró principalmente en Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el norte y centro del Cauca.“En todas las zonas donde hace presencia violenta, el ELN mantiene disputas violentas con otros grupos armados: con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó; y con los grupos armados organizados frente 33, frente 18, frente 36, frente décimo, frente 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño”.Sin embargo, el informe también advierte una expansión hacia municipios del sur de Antioquia, oriente de Santander, sur de Cesar y La Guajira, suroeste de Nariño y norte de Boyacá, territorios donde no se había registrado actividad violenta del grupo en 2024.De las 221 muertes registradas en 2025, 91 más que en 2024, cuando se reportaron 130, 61 corresponden a civiles, 60 a integrantes de la fuerza pública, 51 a miembros de otros grupos armados y 49 a integrantes del propio ELN.“Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las registradas en 2024; las muertes de integrantes de la fuerza pública aumentaron en más de dos veces y las muertes de integrantes del ELN casi se duplicaron frente al año anterior”.Diciembre: uno de los meses más críticosBuena parte de la actividad violenta se concentró en los primeros meses del año, especialmente por la disputa del ELN con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Sin embargo, diciembre se convirtió en uno de los meses más duros del año.Solo en ese mes se registraron 46 acciones violentas atribuidas al grupo, que dejaron 11 integrantes de la fuerza pública y dos civiles muertos, además de decenas de heridos y dos secuestros.Entre el 14 y el 17 de diciembre, tras un comunicado en el que el ELN anunció un “paro armado” de 72 horas, el grupo ejecutó al menos 40 acciones violentas en distintos departamentos del país. En 22 de esos eventos instaló artefactos explosivos, ocho de los cuales detonaron.Durante esos tres días murió un civil, dos policías y siete soldados del Ejército. Además, se reportaron múltiples heridos y un secuestro. También se instalaron banderas y grafitis alusivos al grupo en al menos 13 municipios.En paralelo, durante diciembre se registraron cinco operaciones de la fuerza pública contra el ELN sin uso de la fuerza, que dejaron ocho integrantes del ELN capturados.Ese mismo mes se reportaron además 14 acciones violentas no atribuidas a ningún grupo armado, pero ocurridas en municipios con reciente presencia violenta del ELN. En 10 de esos eventos hubo víctimas: cuatro personas murieron, tres en un homicidio colectivo,, 18 resultaron heridas y nueve fueron secuestradas. Aunque estos hechos se redujeron frente a noviembre, reflejan la persistencia de la violencia en los territorios donde opera esa guerrilla.
El Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, durante una reunión extraordinaria realizada el 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño).De acuerdo con el acta suscrita el 12 de febrero, las partes acogieron el llamado del presidente de la República para avanzar en la meta de sustituir 15.000 hectáreas en Nariño y 15.000 en Putumayo. En el documento señalan que la iniciativa busca contribuir a la “dignificación de la vida” mediante el fortalecimiento de movimientos sociales, étnicos y campesinos vinculados a la economía cocalera.Las delegaciones también afirmaron que respaldarán y apoyarán rel inicio de las Asambleas del Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, previstas desde el 14 de febrero, en las que se definirán las condiciones para avanzar en la sustitución voluntaria en coordinación con las autoridades propias del territorio.La CNEB manifestó que respetará las decisiones comunitarias relacionadas con la protección ambiental, la no deforestación y la no resiembra de cultivos ilícitos. Asimismo, se comprometió a no interferir en el programa Renhacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), y a contribuir al cumplimiento de la meta acordada.Según lo pactado, la verificación de los avances se realizará el 31 de marzo de 2026 por parte de la DSCI, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos.Finalmente, las delegaciones informaron que el séptimo ciclo de diálogos se realizará los días 11, 12 y 13 de marzo en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, mientras que las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá el 26 y 27 de febrero.
La delegada departamental de la Registraduría Nacional, Yanira Córdoba Rivera, en diálogo con Blu Radio advirtió que durante las mesas de trabajo que se han adelantado con las demás autoridades, han identificado que tres municipios del Huila aparecen en el mapa con posible riesgo electoral principalmente por temas de orden público.Señaló la delegada para el Huila que los municipios con riesgos para el desarrollo de los comicios del próximo ocho de marzo, aparecen La Plata, Tesalia y Algeciras, donde la fuerza pública tendrá una atención y vigilancia especial para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.“Bueno… existe un mapa de riesgo hay unas variables que ha detectado la Defensoría del Pueblo junto con la MOE y dentro de ese mapa de mayor riesgo están los municipios de La Plata, sobre todo en la zona rural, igual el municipio de Tesalia por el lado de Pacarní donde hay estadísticas que podrían afectar el proceso electoral y de igual manera se encuentra el municipio de Algeciras”, indicó la delegada para el Huila Yanira Córdoba.Agregó la funcionaria Córdoba Rivera que de manera permanente han venido realizando mesas de trabajo con la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la MOE, entre otras entidades competentes, para garantizar una jornada democrática en las mejores condiciones de seguridad para los votantes.“Hemos venido analizando con las autoridades cada uno de los puntos donde se van a instalar los puestos y las mesas de votación, 125 puestos van a estar a cargo del Ejército en la parte rural, a cargo de Policía Huila estarán 83 puestos y la Policía Metropolitana de Neiva vigilará 60 puestos de votación, eso quiere decir que todos los puestos tendrán cobertura de la fuerza pública”, anotó la delegada.De acuerdo con la Registraduría, en el Huila, habrá 268 puestos de votación de los cuales 121 son urbanos y 147 rurales, donde se instalarán 2.849 mesas en los cascos urbanos y centros poblados para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.Finalmente, la delegada de la Registraduría Yanira Córdoba explicó que el Huila tiene un censo de 937.740 huilenses habilitados para sufragar y fueron designados 19.300 jurados de votación que estarán cubriendo todos los puestos que se instalarán en todo el departamento para los comicios legislativos.
La Organización de las Naciones Unidas anunció el acompañamiento a Colombia en la implementación de soluciones para la población en situación de desplazamiento interno, tras la visita de una delegación de representantes del sistema internacional que sostuvo reuniones con autoridades y comunidades en varias ciudades del país.Según la información presentada durante la visita, en Colombia hay más de siete millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos. La delegación señaló que la respuesta requiere medidas que superen la atención de emergencia e incluyan acciones orientadas al acceso a vivienda, empleo y servicios básicos.Las soluciones planteadas buscan que las personas desplazadas puedan estabilizar sus condiciones de vida mediante el retorno a sus lugares de origen, la reubicación en otras zonas del país o la integración en los territorios donde residen. Estas acciones incluyen programas de vivienda, educación, atención en salud y acceso a medios de subsistencia.Durante la agenda de trabajo se revisó la aplicación de la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internamente (CONPES 4180), que incorpora el desplazamiento como un asunto de desarrollo y de política pública. La delegación sostuvo encuentros con entidades del Gobierno, organismos de control y representantes de la sociedad civil.Las visitas incluyeron recorridos por Bogotá, Medellín y Quibdó, donde se presentaron programas relacionados con integración urbana, vivienda y regularización de asentamientos. En estos espacios se recopilaron testimonios de comunidades afectadas por el desplazamiento.La delegación indicó que las acciones también se articulan con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y con estrategias para atender desplazamientos asociados a fenómenos climáticos y desastres. La organización informó que continuará el trabajo conjunto con instituciones nacionales y autoridades territoriales para la ejecución de estas medidas.
La inusual ola invernal continúa generando afectaciones en todo el país, incluidas las vías. En este momento se registran 31 cierres en diferentes corredores del país, de los cuales 25 son parciales y 6 totales, según confirmó el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.Las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Nariño, Córdoba y Magdalena, así como en la región del Urabá antioqueño. Los daños obedecen principalmente a pérdida de banca, fracturas estructurales y colapso de puentes.¿Cuáles son los cierres totales de vías por lluvias?NariñoEn el municipio de Tangua permanece el cierre total de la vía Rumichaca–Pasto, en el kilómetro 51+100, por pérdida total de banca. La ruta alterna habilitada es Pasto–Piales.Urabá (Antioquia)Se registran dos cierres totales:Vía Necoclí–Arboletes (Km 17+450), por afectación del Puente Mulatos. No hay vía alterna.Vía Arboletes–San Juan (Km 63+850), por afectación en la cabecera de puente. Tampoco cuenta con paso alterno.CórdobaLos Córdobas, vía Puerto Rey–Montería (Km 19+350), por fractura del Puente Jalisco. La vía alterna es Medellín–Caucasia–Planeta Rica–Montería.Lorica (sector Sabana Acosta), vía Tuchín–Momil (Km 23+100), por caída de puente sobre el arroyo Ejem. No hay vía alterna.MagdalenaVía Santa Marta–Palomino (Km 37+700), por colapso del Puente Mendihuaca. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.Las afectaciones viales se dan en medio de un panorama más amplio de emergencia por lluvias. Al menos 13 personas murieron esta semana en distintas zonas del país como consecuencia de las intensas precipitaciones, de acuerdo con balances oficiales conocidos este domingo.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano incrementó en enero las lluvias en más de un 64 % frente al promedio histórico nacional.La entidad señaló que este comportamiento se presenta “en el marco de una crisis climática”, lo que ha derivado en crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en infraestructura vial en diferentes regiones.La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía mantiene monitoreo permanente sobre los puntos críticos y recomienda a los conductores consultar el estado de las vías.
En la mañana de este viernes, 13 de febrero de 2026, los habitantes de diversas regiones del occidente y centro de Colombia fueron sorprendidos por un evento sísmico de magnitud considerable. Según el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:40 hora local, ubicando su epicentro a tan solo 17 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.El reporte técnico indica que el sismo tuvo una magnitud de 4.7. Un dato crucial para entender el impacto de este fenómeno es su profundidad de 105 kilómetros. Generalmente, los sismos con una profundidad mayor a 70 km se clasifican como de profundidad intermedia, lo que permite que la energía se disipe de una manera que suele ampliar el área donde se percibe, aunque reduciendo la intensidad destructiva en el epicentro inmediato en comparación con los sismos superficiales.Regiones donde se percibió el movimientoPese a que el epicentro se situó en la geografía chocoana, la energía liberada se sintió con claridad en varios departamentos vecinos, especialmente debido a la consolidación de las ondas sísmicas a través de la cordillera. Las autoridades locales y reportes ciudadanos confirmaron que el sismo fue perceptible en:Chocó: Principalmente en la zona del epicentro y Quibdó.Eje Cafetero: Con reportes significativos en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío).Valle del Cauca: Se registraron reportes en Cali y municipios del norte del departamento.Antioquia: El movimiento se sintió en la ciudad de Medellín y el suroeste antioqueño.Otras zonas: También se recibieron reportes desde Ibagué (Tolima) y algunas localidades del Huila.Contexto geológico y antecedentesColombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de varias placas tectónicas, como la de Nazca, Sudamericana y la del Caribe. La región del Chocó, en particular, se encuentra en una zona de alta complejidad tectónica donde el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera eventos recurrentes.A diferencia de los sismos superficiales (menores a 30 km de profundidad), que suelen causar daños estructurales severos pero en áreas muy localizadas, los sismos de profundidad intermedia como el de hoy tienden a ser sentidos en un radio geográfico mucho más amplio, lo que explica por qué departamentos tan distantes como Huila y Antioquia reportaron el evento simultáneamente.
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizar que la emergencia económica decretada tras la ola invernal se concentre exclusivamente en la atención de las comunidades afectadas y la reconstrucción del territorio.Según la dirigente, la gravedad de la situación exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado, pero también técnicamente sustentada y focalizada en mitigar los efectos del frente frío que golpea a estas regiones.El decreto expedido el pasado miércoles por el Ejecutivo, le da una serie de facultades al mandatario para crear impuestos que permitan recaudar el dinero pendiente. Según ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la atención de la emergencia en el corto y largo plazo requiere de al menos $8 billones y una de las medidas sería un impuesto al patrimonio.Sin embargo, para Gutiérrez, “la emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis”, sino que debe servir para ejecutar mejor los mecanismos existentes.Ante eso, presentó una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta: una de ellas es que, antes de expedir decretos legislativos extraordinarios, se active plenamente el esquema de gestión del riesgo contemplado en la Ley 1523 de 2012, con medidas como la declaratoria de calamidad pública o desastre que habilita el uso ágil de recursos y acudir a la contratación directa.“También pueden usarse herramientas del presupuesto ordinario: traslados, reprogramaciones, aplazamientos y priorización del gasto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003 permiten hacer estos movimientos para responder a urgencias, cuidando la sostenibilidad fiscal”, agregó Gutiérrez.Gutiérrez insistió en esa línea en la importancia de un análisis transparente y detallado de los recursos requeridos así como no descartar apoyos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.“En vez de crear nuevas cargas fiscales que afecten la competitividad, debe revisarse el uso de partidas presupuestales sin comprometer, que podrían ser jurídicamente compatibles y reorientar parte de esos recursos a la atención inmediata y conjurar los efectos de la emergencia”, dijo Gutiérrez.Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en la urgencia de atender la emergencia en todos los departamentos afectados tanto por parte del Gobierno como por el apoyo de diferentes sectores que hoy están gestionando donaciones y otro tipo de ayudas.“Para eso estamos en este momento con varias campañas de donaciones en recursos y en especie que estamos canalizando a través de los bancos de alimentos para que le puedan llegar a las personas en el territorio lo antes posible”, dijo el líder gremial.Sobre la medida de emergencia económica que podría incluir un impuesto al patrimonio, Bruce Mac Master dijo que era antitécnica.“Esto en última significa que vamos a generar impuestos también a la generación de empleo. Son impuestos que terminan afectando a los trabajadores y a las familias colombianas. Pues bien, el Estado tiene otras herramientas que debería utilizar”, dijo Bruce Mac Master coincidiendo con Natalia Gutiérrez.Por ahora, el presidente Gustavo Petro descartó la petición de los gobernadores de usar los recursos de regalías hoy sin ejecutar y su Gobierno prepara los nuevos decretos que aclararan cuáles serían los nuevos impuestos.
Un informe de inteligencia militar y policial encendió las alarmas en el norte del departamento del Caquetá. Según información recopilada por agencias desplegadas en el sur del país, un integrante de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ estaría planeando ejecutar una acción terrorista contra la población civil y la fuerza pública en área general del municipio de Puerto Rico.De acuerdo con los reportes conocidos en las últimas horas, el señalado es alias 'Esneider', identificado como Esneider Suárez, quien presuntamente tendría la intención de perpetrar un atentado en una zona frecuentada cotidianamente por habitantes del municipio, con el objetivo de generar afectación indiscriminada y enviar un mensaje de intimidación en medio de la ofensiva militar que se desarrolla en la región.Las líneas de acción criminal que estarían bajo análisis incluyen el uso de explosivos acondicionados en drones, vehículos cargados con artefactos explosivos y el lanzamiento de “tatucos” mediante rampas artesanales. Este tipo de métodos ya han sido utilizados por estructuras armadas ilegales en otras zonas del país y representan un alto riesgo tanto para uniformados como para la comunidad civil.Las autoridades consideran que estos posibles hechos serían una retaliación por la sostenida ofensiva operacional desplegada en los últimos días por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras de las disidencias en el departamento.Alias ‘Esneider’ pertenece a la estructura ‘Rodrigo Cadete’ y se desempeñaría como cabecilla de la comisión de finanzas en los municipios de Rionegro y Cartagena del Chairá, especialmente en el sector conocido como La Bolsa de Guayas. En esa zona, según la inteligencia, estaría encargado de coordinar actividades relacionadas con el sostenimiento económico de la organización.Información suministrada por fuente humana indica que actualmente se encontraría en zona rural de San Vicente del Caguán, en el sector El Pato, área limítrofe entre Caquetá y Huila. Al parecer, habría llegado a ese punto para apoyar confrontaciones armadas entre la estructura Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes y la estructura Teófilo Forero de la llamada Segunda Marquetalia.En el plano judicial, las autoridades adelantan labores para lograr la plena identificación y judicialización de este actor armado. Además, se tiene conocimiento de que estaría ejerciendo presiones y coacción sobre la comunidad del poblado de Rionegro para forzar la salida del Ejército y la Policía de esa jurisdicción, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.Alias ‘Esneider Suárez’ actuaría bajo órdenes de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’, señalado como cabecilla principal de la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de ‘Calarcá’. Por este último, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.Desde los diferentes niveles del mando policial y militar se ordenó alertar a las unidades en la región para fortalecer los dispositivos de seguridad, activar planes de reacción y contraataque, y reforzar la red de fuentes humanas con el fin de anticipar y neutralizar cualquier intento de acción terrorista en el departamento del Caquetá.
Mientras el país habla de mundiales y sueña con goles en otro continente, en el corregimiento El Obligado, zona rural de San Pelayo, se juega otro partido. Aquí no hay camisetas numeradas ni árbitros. Hay lluvia persistente, botas hundidas en el lodo y un río crecido que amenaza con meterse en las viviendas y arrasar con cultivos, enseres y años de trabajo.Once ingenieros militares, entre ellos una mujer que comanda el pelotón, trabajando hombro a hombro con más de 200 habitantes de San Pelayo y Cereté. La tarea: levantar un muro de contención superior a los dos metros de altura para intentar frenar el avance del agua y ganar tiempo frente a una emergencia que no da tregua.No es una metáfora exagerada llamarlos “selección”. Flórez, Lugo, Vargas, Ortiz, Palmera, Hernández, Martínez, Cogollo, Cardona, Jiménez y la subteniente Isabel Rodríguez coordinan movimientos como si se tratara de una estrategia ensayada. Mientras unos llenan bultos de arena sin pausa, otros los organizan de forma escalonada, construyendo una barrera flexible que resiste la presión del río. Cada saco pesa, cada viaje agota, pero el ritmo no se detiene.La técnica es simple y efectiva: arena compactada, apilada con precisión para reducir filtraciones y absorber el impacto de la corriente. No es concreto ni acero, pero es una solución inmediata que protege viviendas y evita que el cauce se desborde hacia el caserío. Es ingeniería de emergencia ejecutada bajo presión, en tiempo real y con el agua avanzando a pocos metros.El muro todavía no termina. Deberá extenderse por más de dos kilómetros. La amenaza sigue ahí, latente, y la emergencia no es un titular pasajero: es la angustia de familias que han visto el nivel del río acercarse a sus puertas.El alcalde de San Pelayo, William Cavadia Hernández, destacó el trabajo articulado con la comunidad y calificó al grupo como una “selección de rescatistas” preparada para este tipo de situaciones. En el terreno, el soldado profesional Jesús Flórez lo resume desde la experiencia: están apoyando con bultos de arena y madera para evitar que el río pierda su cauce, en un esfuerzo que, dice, asume con gratitud y vocación de servicio.A su lado, la subteniente Rodríguez insiste en el valor del trabajo en equipo. Observa a sus soldados empapados, exhaustos, pero firmes. Habla de disciplina, de unión con la comunidad y de la importancia de mantenerse coordinados para responder a la emergencia.La escena se repite en otros puntos del departamento y en municipios como Montería, mientras las lluvias mantienen en alerta a varias regiones del país. Pero en El Obligado, por ahora, eran once los que disputaban el partido más difícil: contener el agua, proteger los hogares y sostener la dignidad de comunidades golpeadas por la fuerza de la naturaleza. Un partido que no se juega con balón, sino con cada bulto de arena levantado bajo la lluvia.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) alertó que la estrategia comercial de Estados Unidos, basada en acuerdos arancelarios selectivos con algunos países de la región, podría generar una desventaja competitiva directa para Colombia. Esta advertencia surge especialmente por los segmentos de exportación que aún enfrentan un arancel del 10 %.Según la asociación, este arancel impacta al 28 % de la canasta exportadora colombiana, por lo que el país debería acelerar una agenda comercial que permita reducir este porcentaje para evitar quedar rezagado frente a economías que ya avanzan o podrían avanzar en esquemas preferenciales. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que, en cuanto a los riesgos regionales, Guatemala y El Salvador, se presentan como fuertes competidores para Colombia.Lacouture advirtió que Guatemala podría desplazar a Colombia en sectores como la agroindustria y las manufacturas ligeras, especialmente en azúcares y confitería, bebidas y licores, calzado, cuero y marroquinería, fibras sintéticas e insumos industriales. En el caso de El Salvador, señaló una consolidación de ventajas en sectores intensivos en mano de obra, como confecciones y la cadena textil, así como en preparaciones alimenticias, bebidas, azúcares y confitería.Incluso presentan desventajas productos exentos de arancel, como el café, ese país gana certidumbre regulatoria y comercial para posicionarse como proveedor regional. Sin embargo, más allá de Guatemala y El Salvador, AmCham señaló que los acuerdos preferenciales que Estados Unidos estaría avanzando con otros países, como Argentina y Ecuador, pueden deteriorar el trato preferencial relativo de Colombia, al pasar de un entorno neutral a uno asimétrico.A este escenario se suma el ajuste de costos de las empresas estadounidenses previsto para 2026. Lacouture explicó que, aunque en 2025 el impacto del arancel fue absorbido en un 88 % por empresas y consumidores en Estados Unidos, esa capacidad se está agotando y la presión se está trasladando a los proveedores, mediante renegociaciones de precios, solicitudes de descuentos, rediseños de producto, cambios de origen y, en algunos casos, sustitución de proveedores. Para la asociación, mientras 2025 fue un año de resiliencia, 2026 estará marcado por procesos de renegociación.Otro componente que eleva la advertencia de la asociación, es el uso de la política de la seguridad nacional como marco operativo de la política comercial estadounidense. En este contexto, Estados Unidos prioriza sectores como infraestructura estratégica, energía, datos y redes, minerales críticos y esquemas de nearshoring y friendshoring, factores que inciden tanto en inversión como en decisiones de compra y que pueden generar fricciones si no existen estándares, control de riesgos y trazabilidad.Finalmente, AmCham identificó oportunidades para Colombia en sectores como cacao, café y sus derivados, preparaciones alimenticias, frutas y preparaciones de hortalizas, material eléctrico y plásticos, así como en autopartes, textiles y confecciones, componentes para energías renovables y servicios TI, BPO y KPO, siempre que el país fortalezca el cumplimiento de estándares, la calidad, la continuidad de la oferta y las entregas a tiempo.
Entre 2023 y 2024 el reclutamiento aumentó un 64 %. De acuerdo con el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico durante 2025 se han verificado 292 eventos de conflicto armado que implicaron afectaciones directas a más de 379.000 niñas, niños y adolescentes en el país.Además, entre 2019 y 2024 más de 1.200 menores fueron sacados de sus hogares y colegios para ser utilizados en la guerra.El reclutamiento ya no ocurre únicamente en zonas rurales. La práctica se ha transformado y hoy también se traslada a redes sociales como TikTok y Facebook, que se han convertido en canales de captación.“En general vemos un aumento de más del 300% entre 2024 y 2025 y específicamente por las nuevas modalidades que hoy utilizan todos los grupos. Se han detectado más de 675 cuentas que tienen incluso alcances en algunos casos de 4,5 visualizaciones en donde los niños son manipulados con falsas expectativas a través de cirugías, oportunidades económicas y que luego terminan encontrándose con una trampa”, asegura Felipe Cortés, director de incidencia de Save the Children.La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, hizo un llamado directo a los grupos armados para devuelvan a los más de 700 niños, que según señala, aún permanecen en sus filas.“A los frentes de Alberto Ramos, a Jaime Martínez, a los que todavía continúan en el conflicto armado con base en unos criterios de comercio ilegal también, que entreguen los niños, o sea, hacemos el llamado no solo para que nos recluten, que es el llamado de toda la manada, como lo hemos llamado, cuando la manada se une, la guerra se detiene, sino para que nos devuelvan los que tienen”.Luz Amanda Guzmán, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá asegura que el riesgo no es solo en las zonas rurales. Está problemática no es ajena a la capital del país.“Bogotá tiene en su sistema alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, tiene alertadas las localidades de Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, pero también zonas céntricas como Los Mártires y Santa Fe. Entonces, toda nuestra actividad distrital se concentra en priorizar estos puntos y brindar toda la oferta, reflexión, pero también las rutas de atención a niños y niñas para que conozcan que esto es un delito”, aseguró.Distintas organizaciones advierten que, aunque hay acciones del Gobierno, no han sido suficientes.“El gobierno, ha hecho sus esfuerzos para contribuir, pero vemos que es un flagelo que sigue afectando a los niños y a las niñas. Entonces, debemos seguir uniendo fuerzas, seguir trabajando, llegar a esos sitios más distantes en la ruralidad, que es donde más se ven afectados”, subraya Fedra Rubio, gerente de advocacy de World Vision Colombia.Desde el Gobierno nacional, Lourdes Castro, consejera presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconoce que permitir que los niños sigan en la guerra es perpetuar el conflicto.“Una sociedad que no logre y un Estado trabajando en conjunto que no logremos arrebatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de las dinámicas de violencia y de conflicto armado, seguiremos perpetuando el conflicto y no lograremos ese tránsito a la paz que anhelamos todos y todas las colombianas. Por eso hoy tenemos que decir duro, a voz en cuello, desde todos los rincones del país, alto hay nunca más niños y niñas reclutados en Colombia.Las manos pintadas de rojo que hoy se levantaron en el centro de Bogotá representan la urgencia de frenar una realidad que sigue arrebatándole la infancia a cientos de menores en distintas regiones del país.