El nuevo arancel del 50% impuesto por el gobierno ecuatoriano a las importaciones colombianas amenaza con golpear de lleno el intercambio comercial entre ambos países.Según advirtió Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio, la medida no discrimina sectores: "...los eh eh productos más afectados de Colombia, que son todos, la verdad, no hay uno que no sea, son todos los productos que de Colombia se exportan a Ecuador..."Colombia exporta a Ecuador cerca de 18.800 millones de dólares al año en bienes como energía, hidrocarburos, medicamentos, vehículos, textiles, plásticos, papel, químicos y alimentos para la industria avícola. Incluso, buena parte de los buses que circulan en ese país son de fabricación colombiana.Con las restricciones, explicó la dirigente gremial, el comercio legal ya venía cayendo cerca de 70% y, con el nuevo arancel, podría paralizarse por completo. Las pérdidas acumuladas superarían los 250 millones de dólares desde que comenzaron las medidas.Pero más allá del impacto económico, Díaz Granados advirtió un efecto colateral: el fortalecimiento del contrabando. "...se acaba totalmente el comercio entre Colombia y Ecuador... el comercio legal, porque el contrabando sigue", señaló.En departamentos como Nariño, Putumayo y Cauca donde históricamente existe intercambio agrícola con Ecuador las restricciones podrían alterar el abastecimiento y empujar a comerciantes y consumidores a rutas ilegales.Para la Cámara binacional, la decisión termina castigando la economía formal y debilitando el control estatal en la zona limítrofe.El gremio pidió revisar las medidas y buscar soluciones diplomáticas que eviten un freno total al comercio, en una relación que durante años ha sido clave para empresarios y consumidores de ambos lados de la frontera.Escuche la entrevista completa aquí:
El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo anticipa lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones más secas.De acuerdo con el Comunicado Especial n.° 025 del Ideam, emitido el 27 de febrero de 2026, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el Pacífico y en sectores del norte y occidente de la región Andina. Además, se prevén incrementos de temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe.¿Dónde lloverá más este fin de semana?Para el sábado 28 de febrero se esperan lluvias en amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y el occidente y norte de la región Andina. Las precipitaciones más importantes, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca.También podrían presentarse lloviznas intermitentes en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco.Para el domingo 1 de marzo se anticipa un incremento de la nubosidad y de las lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina y la Amazonía. Las mayores precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarían en zonas de Chocó y Valle del Cauca.¿Cómo estará el clima en Bogotá y otras regiones?En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima podría superar los 20 °C.En contraste, en la región Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas durante el domingo, aunque con aumento de temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos al estado de las vías en zonas con alerta por deslizamientos y tomar medidas preventivas ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
Media tonelada de marihuana que iba a ser comercializada en entornos escolares fue incautada en Medellín. Denuncian que criminales están usando drogas saborizadas para que los niños se vuelvan adictos a los estupefacientes.En medio de varios operativos realizados por autoridades en Medellín se logró dar un golpe al tráfico de estupefacientes en entornos escolares con la incautación de 540 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en los barrios Manrique y Aranjuez.Una de las estructuras vinculadas a estos hechos son 'Altos de la Virgen', que perdió cerca de 500 millones de pesos con este procedimiento y que, además, ha sido constantemente afectada con la captura de 28 de sus integrantes en un par de meses.Sin embargo, lo que más llamó la atención y que hoy tiene consternada a la mayoría de la población de Medellín es que, durante estos operativos, se logró hallar e incautar droga saborizada que iba a ser vendida a los estudiantes de decenas de colegios de la capital de Antioquia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó a la comunidad de este modus operandi con el que diferentes grupos delincuenciales buscan que los menores de edad se vuelven compradores frecuentes de droga camuflada detrás de sabores atractivos para niños y niñas.“En cada uno de estos recipientes ustedes encuentran cocaína saborizada. Tienen sus juguitos, entonces está, por ejemplo, es de fresa, hay otras que son de maracuyá. En barrios, por ejemplo, como Aranjuez, porque tenemos consumos inclusive de niños desde los 10, 11, 12 años y cada bolsita de estas que tiene 1 g, la venden por 6000 pesos”; aseguró.El brigadier general, Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que hubo personas capturadas en este procedimiento, mismas que tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes y que, al parecer, generaban rentas ilícitas por más de 80 millones de pesos a la semana.Además, sobre la droga incautada mencionar que podría distribuirse en 550.000 dosis avaluadas en más de 2.200 millones de pesos.Todo el material incautado y otros elementos probatorios que fueron recolectados en Medellín fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otras personas vinculadas con la venta de drogas a menores de edad.
Con ojos azules, cabello claro y, según su madre, una mirada que “enamoraba a cualquiera que la conociera” Sara Sofía Galván nació el 30 de marzo de 2019. Hoy tendría siete años. Pero su nombre permanece en expedientes judiciales, en archivos de noticias y en la memoria de un país que todavía se pregunta dónde está su cuerpo.Cinco años después de su desaparición, Carolina Galván, su madre, habló desde la cárcel en el pódcast 'Más allá del silencio'. Su voz, entrecortada por momentos, reconstruye fragmentos de una historia atravesada por el miedo, la pobreza y el silencio.“Nunca tuve una madre. Así me tocó crecer”, dice al explicar su propia infancia en Puerto Berrío, Antioquia. Llegó a Bogotá siendo adolescente, huyendo de la violencia y buscando sobrevivir. A los 18 años quedó embarazada de Sara Sofía. A pesar de las dificultades y de las recomendaciones de darla en adopción, asegura que decidió criarla. “Ese era mi sueño, sacarla adelante”.Pero el contexto que rodeaba a Carolina era frágil. Dependía de otras personas para sobrevivir, atravesó episodios de indigencia y terminó viviendo con Nilson Díaz, un hombre que, según su relato, pronto comenzó a controlarla. Habla de amenazas, de un arma, de la obligación de entregarle dinero y de un miedo constante que —asegura— terminó paralizándola.El 27 de enero de 2021, ese miedo se convertiría en el centro de todo. Ese día, Carolina salió de la vivienda donde vivía con Díaz. Antes de irse, dice, bañó a Sara Sofía, la dejó alimentada y acostada. Cuando regresó, la niña estaba en la cama.“No despertaba”, recuerda. Al principio pensó que dormía. La llamó. La movió. Nada. “Yo no entendía qué estaba pasando”, dice. Nilson, según su versión, le dijo que la niña había muerto de “pena moral”, una expresión que ella asegura no comprendió en ese momento.Quiso salir, pedir ayuda, buscar a alguien. Pero dice que no la dejaron. “El miedo me manipuló completamente. No podía hablar, no podía reaccionar”, afirma.Las horas siguientes son un vacío lleno de contradicciones, silencios y decisiones que hoy pesan más que cualquier condena. Carolina dice que incluso fue a la iglesia, obligada, mientras su hija permanecía en la casa, inmóvil. “Yo quería pedir ayuda, pero no me salían las palabras. Solo lloraba”.Cuando regresó, la niña ya no estaba. Fue entonces cuando, según su relato, comenzó a insistir. A preguntar. A exigir respuestas. Nilson primero evitó hablar. Después, le dio una frase que hasta hoy sigue siendo una herida abierta.“Me dijo que la había tirado en un caño”. Pero Carolina asegura que nunca vio el cuerpo. Nunca supo dónde la dejó. Nunca pudo confirmar qué ocurrió realmente.“El cuerpo no aparece porque él se la llevó. Él sabe qué hizo”, sostiene. La versión de Nilson Díaz es distinta. Ante las autoridades, la señaló a ella como responsable de la muerte. Dijo que la niña sufrió un golpe después de un castigo. Que todo ocurrió dentro de la vivienda.Carolina lo niega. “Eso es mentira. Él utilizó a sus hijos para declarar en mi contra”, afirma. Reconoce, sin embargo, que cometió errores. Que no denunció. Que se quedó en silencio. Que tuvo miedo.Durante meses, las autoridades buscaron el cuerpo en canales de agua, caños y zonas cercanas al lugar donde vivía la menor. Nunca lo encontraron.Hoy, desde una celda, Carolina reconstruye su historia como si intentara ordenar los fragmentos de una pesadilla que todavía no termina. “No sé qué pasó realmente”, dice.El cuerpo de Sara Sofía sigue sin aparecer. Y en esa ausencia, permanece la pregunta que nadie ha podido responder.
Tras el asesinato con drones de una madre y sus dos hijos en Segovia, Antioquia, más de 100 soldados llegaron a la zona para reforzar la seguridad. La Gobernación de Antioquia denunciará este hecho como una violación al derecho internacional humanitarioUna verdadera tragediaLos familiares de María Silva, Yalusan Cano y Alonso Silva, madre e hijos que fueron vilmente asesinados en zona rural del municipio de Segovia, luego de que un dron con explosivos cayera de manera repentina en la vivienda donde estaban estos tres adultos y una persona más que resultó herida, viven una verdadera tragedia.Aunque las autoridades no han podido determinar con exactitud quién está detrás de este hecho, el general José Perdomo, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se amplió inmediatamente el pie de fuerza para adelantar operaciones que permitan dar con los responsables de esta lamentable situación.“En respuesta inmediata a esta acción terrorista y criminal, las tropas del Batallón de Selva número 55 han intensificado el despliegue operacional con la inserción de más de 100 soldados para ejecutar operaciones ofensivas y neutralizar las capacidades de estos grupos armados organizados”, afirmó.A la espera de que se logren resultados en esta zona del Nordeste antioqueño, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, rechazó con vehemencia este acto terrorista y aseguró que el aberrante crimen será denunciado ante las instancias que sean necesarias como una violación a los derechos humanos.“Que debe ser rechazado de manera contundente y tajante y que debe inmediatamente informar a los organismos internacionales de derechos humanos porque es una familia que nada tiene que ver con el conflicto. Que sencillamente con un dron suelta un artefacto explosivo sobre una vivienda, muere la mamá, dos hijos”, indicó el secretario Martínez.Sobre la cuarta persona involucrada, se conoció recientemente que se llama Carlos Arcaes Silva de 50 años y que está siendo atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín en donde especialistas tratan varias heridas de consideración en piernas y abdomen.Por ahora se espera que las Fuerzas Militares continúen operando en el municipio de Segovia con el fin de establecer responsabilidades aunque desde una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia.
En una operación en zona rural del municipio de Samaniego, tropas del Ejército capturaron a alias ‘Mono’, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la articulación de actividades de narcotráfico internacional y quien tenía orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.La acción se ejecutó en medio de un allanamiento y registro adelantado por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 y la Vigésima Tercera Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.De acuerdo con las autoridades, la captura fue el resultado de varios meses de labores de seguimiento e inteligencia. El detenido era requerido por autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mono’ estaría vinculado a un acuerdo criminal orientado a la financiación, coordinación y facilitación de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Presuntamente, tendría la responsabilidad de supervisar el ingreso a laboratorios de procesamiento de droga, verificar su funcionamiento y garantizar la producción.Además, habría liderado la planificación estratégica de rutas terrestres y fluviales para el envío de cargamentos ilícitos hacia Ecuador y otros países de Centroamérica, consolidando corredores para el tráfico transnacional.El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de extradición, mientras las Fuerzas Militares anunciaron que continuarán las operaciones ofensivas para afectar las estructuras logísticas y financieras dedicadas al narcotráfico en el departamento de Nariño.
Tres extranjeros fueron inadmitidos por tener alertas de explotación sexual en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Este año Antioquia ha registrado 11 de los 21 ciudadanos de otros países a los que Migración les ha impedido el ingreso a ColombiaEn Medellín sigue la alerta por el turismo con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes que se viene evidenciando por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, quienes, incluso, recientemente han implementado una nueva modalidad en la que buscan ingresar al país por otras ciudades con destino final en la capital antioqueña.Un insólito caso se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuando a un estadounidense se le negó el ingreso al país, tras arribar en un vuelo proveniente de Miami, luego de que durante la entrevista en los filtros de inmigración manifestara descaradamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”, tras ser consultado por el propósito de su visita.Según reportaron las autoridades, el hombre además se comportó de manera irrespetuosa y grosera hacia los oficiales de Migración Colombia y el personal del aeropuerto, por lo que horas más tarde fue devuelto al país de origen en un vuelo de la misma aerolínea que lo trajo.El extranjero pretendió justificar su visita afirmando que “es lo único que lo trae a Colombia”, refiriéndose directamente a turismo con fines de explotación sexual, y no dudó en mostrar su equipaje cargado con preservativos, potencializadores y juguetes sexuales, entre otros."Con estos casos, ya son once personas inadmitidas en el año dos mil veintiséis, cinco de los cuales fueron inadmitidos, como resultado de la cooperación con los Estados Unidos, a través de la plataforma Angel Watch, y seis de ellos por entrevista migratoria de nuestros oficiales de migración, a través de actividades de revisión de equipaje y verificación de información, a través de mecanismos de cooperación internacional", indicó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.Pero no fue el único caso, a otros dos ciudadanos provenientes de ese país, también desde la ciudad de Miami, les impidieron su entrada por la misma terminal aérea, luego de que confesaran sus intenciones en la capital antioqueña.Cifras de la entidad revelan que durante el 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país (45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch).
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales frente al deterioro de la seguridad en el país.A través de un video, el congresista argumentó que, durante 2025, Colombia ha registrado un agravamiento sostenido del orden público, con más de 140 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos de servicio, más de 400 ataques armados y un aumento significativo de delitos como el secuestro, la extorsión y el terrorismo.“Cuando no hay respuestas eficaces frente a la amenaza armada, las omisiones deben investigarse. La realidad es alarmante. El paro armado del ELN, en solo 48 horas, dejó 51 acciones violentas en 13 departamentos. No son percepciones, son hechos: carreteras bloqueadas, comunidades confinadas y ciudadanos abandonados. Esta queja no es política, es defensa institucional y respeto por la Constitución”, indicó el representante.La queja también señala la ocurrencia de paros armados decretados por grupos ilegales en diciembre, que generaron restricciones a la movilidad, cierres de actividades económicas y afectaciones directas a derechos fundamentales de la población civil.Según Cortés, estas situaciones evidencian la falta de una estrategia integral y efectiva liderada desde el Ministerio de Defensa para contener la expansión de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad ciudadana.Por estos hechos, el representante solicitó a la Procuraduría admitir la queja, iniciar una investigación disciplinaria y determinar si el ministro incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus deberes, conforme al marco constitucional y legal vigente.
La Corte Constitucional decidió mantener abierto el incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, al advertir que persiste el incumplimiento de órdenes estructurales orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia.Mediante el Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento dio continuidad al trámite iniciado con el Auto 2049 del mismo año, relacionado con la falta de cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, especialmente en lo referente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Aunque el Ministerio de Salud presentó un informe dentro del plazo otorgado y solicitó el archivo del incidente, la Corte concluyó que las acciones reportadas no acreditan un cumplimiento material, real ni inmediato de las órdenes impartidas. En particular, señaló que continúan las deficiencias en el sistema de información, no se ha garantizado la suficiencia real de la UPC y no se ha equiparado el valor del régimen subsidiado al 95 % del contributivo, como fue ordenado.Ante este escenario, el alto tribunal abrió formalmente la etapa probatoria del incidente, incorporó la documentación allegada por el Ministerio y decretó la realización de una mesa técnica, prevista para febrero de 2026, aclarando que esta no suspende el cumplimiento de las órdenes vigentes.Finalmente, la Corte reiteró que, aunque el incidente de desacato no tiene un fin sancionatorio en sí mismo, el incumplimiento persistente de sus decisiones puede dar lugar, en cualquier momento, a la imposición de sanciones legales contra el funcionario responsable.
Muchas personas buscan independizarse o tener vivienda propia, pero no es un camino sencillo para todos. Por esa razón, miles de ciudadanos optan por arrendar. Sin embargo, la búsqueda digital de vivienda también ha traído riesgos que pueden salir caros si no se identifican a tiempo.Más del 70 % de la demanda de arriendo se concentra en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Ante este panorama, expertos del sector advierten sobre señales de alerta que suelen pasar desapercibidas, pero que terminan convirtiéndose en malos negocios o en conflictos posteriores entre arrendadores y arrendatarios.Red flags al arrendar vivienda en ColombiaUno de los primeros focos de alerta suele aparecer desde el aviso publicado en redes sociales o portales web. Según entidades inmobiliarias como Fincaraíz, hay errores recurrentes que afectan la transparencia del proceso y la confianza del arrendatario. Entre las señales más comunes están:Metros cuadrados poco claros: cuando no se especifica el área total del inmueble, resulta difícil evaluar si se ajusta a las necesidades reales.Descripciones vagas o incompletas: no detallar si el apartamento tiene ascensor, es interior o exterior, o cuenta con zonas comunes, genera desconfianza inmediata.Falta de fotos clave: la ausencia de imágenes de la cocina, los baños o las habitaciones reduce la credibilidad del aviso.No indicar piso y torre: en propiedad horizontal, este dato es determinante y su omisión suele llevar al descarte inmediato.Estas señales no solo dificultan la comparación entre opciones, sino que también pueden ocultar problemas estructurales o condiciones poco favorables para quien va a arrendar.Contratos de arriendo en Colombia: detalles que pueden salir muy carosOtra alerta importante aparece cuando no es claro qué incluye el valor del canon de arrendamiento. En estratos 3 y 4, donde los arriendos suelen oscilar entre 2,5 y 3,5 millones de pesos mensuales, no especificar si la administración, el parqueadero o el depósito están incluidos puede desajustar el presupuesto desde el primer mes.Otros factores que generan preocupación son:No aclarar políticas sobre mascotas, hoy consideradas parte del núcleo familiar.Omitir los requisitos para arrendar, como fiador, pólizas o tiempos de aprobación.No mencionar restricciones del conjunto residencial, como horarios, niveles de ruido o uso de zonas comunes.Estos vacíos de información suelen derivar en conflictos entre arrendador y arrendatario una vez firmado el contrato.Avisos desactualizados y promesas falsas al buscar arriendoAl buscar arriendo, es clave tener en cuenta que un aviso sin actualización reciente es una de las red flags más frecuentes. Publicaciones antiguas o con información que ya no corresponde a la realidad pueden hacer perder tiempo y oportunidades valiosas. A esto se suma que las descripciones exageradas o con atributos inflados terminan afectando la credibilidad del inmueble.Desde el sector inmobiliario recomiendan priorizar avisos completos, claros y actualizados. De acuerdo con Fincaraíz, mejorar la calidad de la información no solo protege al arrendatario, sino que también agiliza los cierres y fortalece la confianza en un mercado que hoy es altamente competitivo.
Una fuerte explosión sacudió el sur de Neiva en las últimas horas luego que hombres motorizados lanzaran un artefacto explosivo al parecer tipo granada artesanal de bajp destructivo contra un concesionario de vehículos en la zona industrial de la ciudad, hecho que dejó solo daños materiales.El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Héctor Jairo Betancourt, confirmó que, tras la reacción de una patrulla policial se implementó un plan candado y fueron capturados dos sujetos quienes serían los posibles responsables de esta acción terrorista en la ciudad.“En horas de la madrugada de este sábado lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento de comercio por fortuna no dejó afectación en ninguna persona, no obstante, la onda explosiva ocasionó daños en la fachada del local. Gracias a la reacción de una patrulla de la policía del CAI de la comuna seis fueron capturadas, dos personas quienes presuntamente habrían sido los autores materiales del hecho” dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt.Entre tanto, investigadores de Policía Judicial adelantan las averiguaciones a través de recolección de evidencias y testimonios con el fin de esclarecer los móviles de este atentado con explosivos, aunque no se descarta un posible caso de extorsión contra el sector comercio de Neiva.Los dos hombres capturados de 29 y 33 años de edad respectivamente quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Neiva para que respondan por el delito de terrorismo.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.Acudir con todos los documentos solicitados.Reclamar el documento según los tiempos estipulados:-Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.-Red CADE: 48 horas hábiles.Requisitos para obtener el pasaporte gratisNo obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:Si requiere tratamiento médico especializado, que no pueda ser adelantado en el país, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona con discapacidad, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona adulta mayor de 62 años, presentar cédula de ciudadanía vigente.Si es una persona menor de 25 años que vaya a adelantar estudios en el exterior, presentar certificado o documento expedido por el ente educativo en el que conste que fue admitido para cursar estudios en el exterior.Si se trata de niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido y están a cargo del ICBF, presentar la solicitud de expedición de pasaporte exento proferida por el ICBF.Si se trata de personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares, cuando el solicitante deba viajar al exterior por enfermedad grave de algún familiar.Si se trata de personas que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior, presentar copia del contrato de trabajo traducido.Si se trata de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico, presentar oficio expedido por el Ministerio del Deporte, solicitando la expedición del pasaporte exento.