Una comisión especial de la Gobernación del Huila, conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la Alcaldía de Aipe, realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior.La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo a Blu Radio, que, desde mayo del 2025, se le notificó a la oficina de gestión de riesgo sobre esta emergencia, que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima.“En mayo del 2025, la administración municipal recibe de las comunidades de la zona información sobre la situación que se viene presentando del desprendimiento de material de tierra sobre la vía principal en el centro poblado de Santa Rita. Este es un corredor vial estratégico porque une al Huila con el Tolima y los perjudicados son los habitantes porque por esa vía se transporta el café que se produce en el municipio de Aipe. Entonces por tratarse de una vía de segundo orden, procedimos desde mayo del año 2025 a notificarle a la secretaría de Vías del Huila y a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta situación de emergencia en el centro poblado de Santa Rita”, expresó la funcionaria municipal.Conclusiones de la visita técnica por parte de la Gobernación del HuilaPor su parte, el director departamental de Gestión del Riesgo, Jhon Jairo Yepes, señaló que durante la visita a la zona de la emergencia realizaron la inspección del talud, el estado de la vía y las condiciones del terreno, en el que observaron posibles riesgos para la movilidad y la de sus habitantes.Señaló el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, que la visita de inspección, se desarrolló una reunión de trabajo con la Alcaldía de Aipe y un encuentro directo con la comunidad de Santa Rita y veredas aledañas, en él que se escucharon las inquietudes de los habitantes y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas para la atención de esta emergencia.“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de manera articulada con la Alcaldía de Aipe, estamos coordinando acciones técnicas y preventivas como la construcción de un muro de contención como obra de mitigación que nos permitan reducir el riesgo existente y, ante todo, salvaguardar la vida de las personas que transitan y habitan este sector”, afirmó el jefe de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes.Por último, el director de Gestión de Riesgo del Huila, indicó que se continuará con el seguimiento permanente a la situación, evaluando la necesidad de implementar medidas adicionales que permitan estabilizar el terreno y minimizar la probabilidad de nuevos eventos asociados a las lluvias.
A través del decreto 019 del 2026 expido por la Alcaldía de Neiva, las autoridades regularán y le harán control a todo tipo de material publicitario, incluso, hasta la pauta radial de los candidatos que por estos días adelantan sus campañas políticas para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.La directora de Justicia de Neiva, Diana Margarita Morales Cortés, explicó que, para la instalación de cualquier de estos elementos publicitarios, las organizaciones políticas y campañas deberán solicitar previamente un permiso ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.“Este acto administrativo busca establecer límites claros para cada uno de los candidatos, campañas y grupos políticos en relación con el material electoral que será expuesto en los espacios públicos. Con este decreto, la Administración Municipal busca generar equidad, confianza y transparencia en la contienda electoral, además de proteger el espacio público y reducir la contaminación visual en nuestra ciudad”, expresó la directora de Justicia, Diana Morales.¿Cómo regularán la propaganda política en Neiva?La directora de Justicia, Morales Cortés, señaló que, en cuanto a la publicidad en medios de comunicación, el decreto autoriza la emisión de hasta 70 cuñas radiales y 70 cuñas televisivas, cada una con una duración máxima de 30 segundos.Asimismo, se permite la publicación de cinco avisos diarios por campaña en prensa escrita, los cuales podrán ocupar una página por edición. También se autoriza la publicidad móvil, siempre en cuando hallan solicitado la autorización previa de la Secretaría de Movilidad de Neiva.Por otra parte, el decreto establece zonas y espacios donde está estrictamente prohibida la instalación de publicidad electoral. Entre estos se encuentran el tramo de la calle Cuarta, Avenida La Toma, la carrera Octava y la Avenida Circunvalar, con excepción de las sedes oficiales de los candidatos.De igual manera, se prohíbe la instalación de material publicitario político o electoral en separadores viales, zonas verdes, postes, puentes, parques, rondas hídricas, murales, instituciones educativas y puestos de votación.Por último, la funcionaria les advirtió a los movimientos políticos y candidatos que una vez termine la jornada electoral de Congreso, se establecerá un plazo máximo de 48 horas para el desmonte o retiro de toda la publicidad instalada, de lo contrario se tomarán sanciones para quienes incumplan la norma.
Juan Fernando Cristo ha confirmado su retiro definitivo de la consulta interpartidista del 8 de marzo, asegurando que el bloque político que se había intentado construir originalmente ha dejado de existir. Según el líder de En Marcha, la exclusión o las dificultades legales de ciertos sectores han alterado la naturaleza del acuerdo programático inicial."La coalición que se había conformado desapareció. Es totalmente absurdo e inconveniente ir a una consulta o conformar una coalición de centro izquierda sin la participación del candidato de la izquierda y la participación del Pacto Histórico", indicó Cristo.A su vez, dijo que el acuerdo programático que se había radicado en la legisladuría, ya no existe."Ya lo que tenemos hoy es una coalición y una consulta distinta. Quedó desaparecida la figura de la consulta en donde podíamos competir todos. Yo creo que eso desnaturaliza mucho esa posibilidad para el 8 de marzo", indicó.Sobre las diferencias con Iván Cepeda y el Pacto HistóricoEl precandidato señala que el propósito de la consulta era debatir visiones de país opuestas, algo que ahora deberá hacerse directamente en las elecciones de mayo."Coincidimos en la necesidad de profundizar las reformas sociales, pero tenemos profundas diferencias en materia de seguridad, en materia institucional frente al tema de la constituyente. Me parece que era el escenario y la oportunidad para plantear muchas diferencias que tenemos desde En Marcha con el candidato Iván Cepeda y con el Pacto Histórico", expresó Juan Fernando Cristo en Mañanas Blu.Sobre la decisión de ir a la primera vueltaAnte el nuevo panorama, Cristo ha decidido medir sus fuerzas directamente en la contienda presidencial de mayo y fortalecer su presencia en el Congreso."Consultamos con los candidatos al Congreso de En Marcha y creemos que el camino es ir a la primera vuelta. Esa decisión ya es definitiva", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno recibió a 101 colombianos deportados desde Estados Unidos, quienes llegaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), informó la Cancillería.Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en X, entre los retornados hay 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes "recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno".Según las imágenes difundidas por la Cancillería, la mayoría de los retornados descendieron del avión con chándales grises de los centros de detención en los que estaban recluidos en Estados Unidos y portando grandes sacos plásticos con sus pertenencias.A pie de pista los esperaban tres autobuses dispuestos para su traslado, en medio del operativo coordinado por la FAC y las autoridades migratorias.La canciller Rosa Villavicencio, anunció la semana pasada la firma de un acuerdo entre Bogotá y Washington con el que pactaron realizar cerca de veinte vuelos, a razón de uno semanal, para trasladar a ciudadanos que ya cuentan con resolución de expulsión."Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas (...) y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal", explicó entonces la ministra.El anuncio se produjo tras la reactivación de los vuelos de repatriación, un año después de una crisis diplomática que se desató cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir un avión con deportados al considerar que no estaban siendo tratados con dignidad.En ese momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con la imposición de aranceles del 25% a productos colombianos y la suspensión temporal de la expedición de visados en Bogotá, medidas que fueron revertidas tras gestiones diplomáticas.Villavicencio ha reiterado que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con una situación migratoria irregular y no de delincuentes.Asimismo, recordó que, de acuerdo con la ley política integral migratoria, los deportados son considerados "retornados", lo que les permite acceder a programas de acompañamiento para su inclusión social, educativa y laboral.
Arabia Saudita vuelve a colocar la arquitectura en el centro de su ambiciosa estrategia de transformación urbana. En Riad, la capital del reino, avanza la propuesta de la Rise Tower, un rascacielos futurista que, de concretarse, se convertiría en el edificio más alto del mundo con 2.000 metros de altura, más del doble del actual récord que ostenta el Burj Khalifa de Dubái.El proyecto, difundido por medios internacionales como TimeOut, forma parte de un plan maestro de gran escala para desarrollar una “ciudad del futuro” de 306 kilómetros cuadrados, conocida provisionalmente como el Distrito del Polo Norte. La torre no solo será un hito visual, sino también el corazón funcional de este nuevo polo urbano.Diseñada por la firma estadounidense HKS, la Rise Tower contempla 678 pisos que albergarán hoteles de lujo, restaurantes de alta gama, oficinas corporativas, residencias y múltiples plataformas de observación. Desde sus niveles más altos, la vista abarcaría kilómetros del desierto saudí, ofreciendo una experiencia sin precedentes en la historia de los rascacielos.Para dimensionar la magnitud del proyecto, basta comparar sus cifras con las de otros gigantes del skyline mundial. El Burj Khalifa, inaugurado en 2010, mide 828 metros y ha sido durante más de una década el edificio más alto del planeta. Le siguen la Merdeka 118 de Kuala Lumpur, con 678,9 metros; la Shanghai Tower, con 632 metros; y la Abraj Al-Bait Clock Tower de La Meca, que alcanza los 601 metros. Ninguna de estas estructuras se acerca siquiera a la barrera del kilómetro.El único antecedente comparable en ambición es la Jeddah Tower, también en Arabia Saudita, concebida para superar los 1.000 metros. Sin embargo, ese proyecto permanece paralizado desde hace años, lo que subraya los enormes desafíos técnicos, financieros y logísticos que implica construir a estas alturas extremas.La Rise Tower cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí, uno de los mayores fondos soberanos del mundo, y se alinea con la estrategia Visión 2030, que busca diversificar la economía del país más allá del petróleo. Aun así, el rascacielos se encuentra actualmente en fase de diseño, por lo que su construcción y eventual finalización aún podrían tardar varios años.Si llega a materializarse, la Rise Tower no solo romperá récords, sino que marcará un nuevo capítulo en la carrera global por tocar el cielo.
Sin duda las fuertes lluvias que se vienen presentando durante el 2026 en Colombia tiene prendidas las alarmas desde diferentes puntos críticos. No solo son las inundaciones, los desbordamientos de las quebradas o los daños de infraestructura, a esto se suma una problemática en materia de salud.Si usted vive, o viene de paso a la ciudad de Medellín, podrá notar que en su entorno cercano mínimo hay una persona que está usando un tapabocas. Esto se debe a que el pico de enfermedades respiratorias viene en crecimiento, especialmente en los últimos días, donde en un mismo día llueve muy fuerte y después sale un intenso sol o viceversa.Estos cambios súbitos de clima generan síntomas respiratorios a los que hay que prestar atención para que no se convierta en una enfermedad respiratoria grave. De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el mes de enero hasta la fecha se han registrado cerca de 42.000 consultas médicas por infecciones respiratorias. “Si tiene dificultad para respirar o una sensación de postramiento que no mejora, también es indicación para consultar al médico, recordemos que ese virus que a mí me genera un poquito de malestar, que yo logro tolerar el dolor de garganta, el moquito, lo puedo llevar a una persona en la que puede tener un desenlace fatal. Nosotros en la ciudad registramos un poco más de 10.000 consultas por semana”, dijo Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de sSlud de Medellín.Además, esta dependencia tiene un reporte que no es para nada alentador, no solamente son las consultas en los centros de salud los que aumentan, también las hospitalizaciones por estas enfermedades en la ciudad han aumentado, y hasta la fecha se han registrado 1200 muertes por enfermedades respiratorias.Dentro de las enfermedades respiratorias más comunes se encuentran las afecciones como la gripe, neumonía y bronquitis e infecciones de vías respiratorias como la rinitis, sinusitis y faringitis. Mal tratadas estas patologías pueden desencadenar enfermedades crónicas como el Asma y la EPOC.
El sector bananero emitió una alerta al Gobierno nacional porque las inundaciones en Urabá están poniendo en riesgo la estabilidad del sector. A la fecha hay 1.200 hectáreas afectadas.La preocupación es porque el 90 % de Urabá se encuentra afectada por las fuertes precipitaciones, donde hay daños críticos en la infraestructura productiva de las fincas bananeras, debido a que muchas plantaciones llevan más 96 horas de inundadas generando pérdida total de los cultivos.Emerson Aguirre, director ejecutivo de Augura, explicó que la gravedad de la situación se intensificó por una marea alta de unos 95 centímetros que, sumado a los fuertes vientos, actúa como un tapón hidráulico. Este fenómeno impide que los ríos desemboquen de manera rápida y eficiente en el mar, neutralizando el drenaje intrapredial y paralizando actividades esenciales como la aspersión aérea, vital para el mantenimiento fitosanitario del banano.“La Asociación de Bananeros de Colombia augura emite una alerta nacional ante la crítica situación por el fenómeno de la lluvia que se está presentando en la zona de Urabá. Hoy tenemos un censo de más de 1200 hectáreas afectadas. Estamos hablando del riesgo de pérdida de más de 1200 empleos de manera directa”, dijo.Agregó que ante la magnitud de la tragedia, que ya supera la capacidad operativa de la región, Augura también solicitó al Gobierno Nacional que intervenga de manera inmediata. Además que se de apertura de líneas de crédito de fomento y emergencia que permitan la recuperación de los cultivos.A pesar de que los pronósticos sugieren ventanas de buen clima a corto plazo, la amenaza de un nuevo frente frío obliga a una acción contundente por parte del Gobierno para evitar daños irreparables en la economía y el empleo del Urabá antioqueño.
La angustia le está dando la fuerza a los brazos de cientos de cordobeses que tomaron pala y carretilla para cargar con la responsabilidad de defender la poca tierra seca que el río Sinú aún no se traga. Con sacos de fique llenos de arena está construyendo muros de contención de hasta 50 centímetros de altura para lograr un respiro de esas aguas marrones que amenazan con hacer suyo lo que por años lucharon tener miles de familias.Lo preocupante es que el rio Sinú no deja de presentar alzas en sus niveles, a pesar de que, desde las 3:00 de la tarde del miércoles 4 de febrero, la hidroeléctrica Urrá suspendió la producción de energía, en un apagado de turbinas que se mantiene hasta hoy para disminuir la entrega de agua al río, aunque los efectos positivos aún no se perciben.De acuerdo con el reporte que presenta la empresa, el rebosamiento ha reducido levemente y el caudal entregado por el rebosadero pasó de 1.860 a 1.690 metros cúbicos por segundo. Esto es una tendencia a la baja que, de igual manera, no deja de representar altos montos, siendo que estos no deberían superar los 700 metros cúbicos por descarga. De acuerdo con el presidente (e) de la central hidroeléctrica de Urrá, Juan Acevedo, esta disminución permite garantizar el control de la presa en medio de las condiciones atípicas de lluvias que se están presentando. "Encontramos con un panorama que coincide con las preocupación que teníamos. Es una cantidad atípica d las precipitaciones que tenemos aquí. Pero no es cierto lo que se ha dicho en algunos medios de que no hay control de la represa o que está en peligro", explicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien estuvo visitando la hidroeléctrica durante la mañana de este jueves.
Hasta 16 puntos porcentuales podría aumentar el déficit de gas en Colombia durante los próximos meses, según un estudio que está adelantando la asociación de empresas de servicios públicos, Andesco, y cuyos detalles serán presentados más adelante.Camilo Sánchez, presidente de este gremio, anticipó desde Barranquilla que el déficit podría alcanzar hasta un 39%, a pesar de los recursos en materia de petróleo y gas con los que cuenta Colombia para no tener que depender de otro país. Sostuvo que si hoy el país se encuentra en esta situación es por "una concepción ideológica del presidente", con la que se está "matando a la gallina de los huevos de oro"."Nosotros estamos muy preocupados, porque estamos mostrando que hay un déficit de más del 23%, pero que va a llegar entre el 36% y 39% la necesidad de gas importado, y Colombia jamás debió perder la soberanía energética", expresó Sánchez.Afirmó que con el déficit de energía que también enfrenta Colombia, debido al crecimiento de la demanda por encima de la oferta, el Gobierno no debería crear expectativas con la idea de exportar energía a Venezuela, pues por más maravilloso que suene la iniciativa, primero se debe atender la necesidad interna del territorio colombiano.Necesidad en agua y saneamiento básicoEn el 6º Seminario de Acueducto y Alcantarillado que se lleva a cabo en Barranquilla, Andesco hizo un llamado al Gobierno a priorizar una nueva agenda nacional del agua, pues "Colombia requiere $126 billones para cerrar la brecha en agua y saneamiento".Precisó que "solo en materia de tratamiento de aguas residuales, 58 municipios priorizados por su impacto sobre los recursos hídricos demandan inversiones cercanas a $28 billones al 2050, en un contexto donde los recursos disponibles no crecen al ritmo de las necesidades"."Sin embargo, la ejecución de inversiones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en proyectos de agua, ha sido en promedio de tan solo el 7.2 % de los recursos asignados en los últimos tres años", criticó el gremio.
La reciente aprobación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, denominado "Ruta de la Vida", ha desatado una intensa controversia política y social en la capital. Mientras que su autora, la concejal Clara Sandoval, defiende la iniciativa como una medida de acompañamiento integral, organizaciones de derechos de las mujeres advierten que podría convertirse en una barrera para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Acompañamiento y salud mental: la defensa de SandovalLa concejal Clara Sandoval ha manifestado su sorpresa ante las críticas, calificándolas de "desinformación". Según la cabildante, el proyecto busca establecer mecanismos de acompañamiento psicosocial y comunitario con énfasis en salud mental para mujeres gestantes y lactantes. Sandoval enfatiza que el acuerdo no impone la obligación de realizarse exámenes mentales o psicológicos para acceder al aborto, asegurando que el texto respeta la voluntad de la madre.La concejal justifica el énfasis en salud mental citando un aumento del 47% en conductas suicidas entre mujeres en la ciudad, argumentando que la atención actual para gestantes y lactantes es deficiente. Además, sostiene que el proyecto desarrolla lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022, la cual menciona el diseño de medidas de protección para la vida en gestación y la oferta de alternativas a la interrupción del embarazo.Voces de alerta: ¿Nuevas barreras al aborto?Desde la otra orilla, Laura Castro, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el movimiento Causa Justa, sostiene que el proyecto constituye una barrera de acceso. Castro argumenta que el Concejo de Bogotá no tiene competencia para regular el aborto, una función que corresponde al Ministerio de Salud a través de rutas ya establecidas.La principal preocupación de estas organizaciones es que las "consultas psicológicas" mencionadas puedan ser utilizadas por funcionarios con posturas personales contrarias al aborto para "reorientar" la decisión de las mujeres o dilatarlas innecesariamente. Según Castro, la salud mental y la autodeterminación reproductiva están siendo estigmatizadas, sugiriendo que el deseo de abortar se enmarca erróneamente en problemas de depresión o ansiedad.El derecho a la información clara y completaUno de los puntos de mayor fricción es el requisito de brindar "información completa, clara y oportuna". Para Sandoval, esto fortalece la libertad de elección, comparándolo con cualquier otro procedimiento médico donde se explican consecuencias y alternativas. Sin embargo, para los sectores críticos, esto abre la puerta a la difusión de información sesgada o falsa sobre los supuestos riesgos de la práctica.El alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado que estudiará el acuerdo aprobado para determinar su viabilidad y coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escuche aquí la entrevista:
El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.
La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de pasaportes en el país. El ente de control advirtió presuntas irregularidades en un nuevo contrato interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor asciende a más de 185.000 millones de pesos.Se trata de un contrato publicado en la plataforma SECOP el pasado 29 de enero, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque el convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, la Procuraduría cuestionó que no se haya establecido una fecha clara de inicio.La preocupación de la Procuraduría se centra en el elevado monto comprometido que supera los 185.000 millones de pesos y por el hecho de que este es ya el cuarto contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico.Según el Ministerio Público, las sumas comprometidas en estos cuatro negocios jurídicos superan el billón de pesos y alcanzan un total de $1,49 billones, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia del proceso contractual.El pronunciamiento se da tres meses después de que la Procuraduría presentara una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades.Por esta razón la Procuraduría advirtió que abordará la suscripción del contrato desde las acciones preventivas que ya adelanta sobre el suministro de pasaportes, y que además revisará el tema dentro de las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa y demás autoridades ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos quienes se movilizaban en un vehículo Volkswagen Amarok y de quienes no se tiene información tras el atentado en Arauca.“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo Petro tras conversar con el congresista.En conversación con Blu Radio, el director de la UNP aseguró que, según información, preliminar dos personas habrían resultado muertas, pero de ellos, solo uno sería miembro de la entidad. Las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso y el senador no se encontraba al interior del vehículo al momento del ataque.Por ahora, la UNP espera información oficial, pero el vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total. Su esquema será reemplazado y de ser necesario tendrá un reforzamiento tras una evaluación del riesgo.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya estableció contacto con Castellanos y que se encuentra bien, pero conmovido por el asesinato de varios integrantes de su esquema de seguridad. "Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él (...) Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto", dijo.