La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reconoció que actualmente funciona con limitaciones financieras, esto luego de que el Gobierno Nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.De acuerdo con Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y las decisiones judiciales ya proferidas asciende a 120.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha garantizado únicamente 50.000 millones.“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino; se calcula que son 120.000 millones de pesos, ya el Gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”.Ramelli explicó que los recursos ya entregados permiten avanzar en procesos de alistamiento y ejecución, pero recalcó que es fundamental recibir la financiación para cumplir plenamente con todas las obligaciones derivadas de las sentencias y de las decisiones judiciales que se encuentran en curso y las que están por venir.En ese sentido, el presidente de la Jurisdicción fue enfático en señalar que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de recursos que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.Frente al respaldo internacional, Ramelli indicó que actualmente la Jurisdicción no recibe recursos de Estados Unidos, debido a recortes realizados en años anteriores. No obstante, aseguró que la JEP mantiene una disposición permanente al diálogo con la comunidad internacional y a retomar la cooperación, en caso de que ese apoyo sea restablecido.Pese a esa apertura, reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria, y que el cumplimiento total de las sentencias depende, de manera directa, del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
Una comisión especial de la Gobernación del Huila, conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la Alcaldía de Aipe, realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior.La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo a Blu Radio, que, desde mayo del 2025, se le notificó a la oficina de gestión de riesgo sobre esta emergencia, que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima.“En mayo del 2025, la administración municipal recibe de las comunidades de la zona información sobre la situación que se viene presentando del desprendimiento de material de tierra sobre la vía principal en el centro poblado de Santa Rita. Este es un corredor vial estratégico porque une al Huila con el Tolima y los perjudicados son los habitantes porque por esa vía se transporta el café que se produce en el municipio de Aipe. Entonces por tratarse de una vía de segundo orden, procedimos desde mayo del año 2025 a notificarle a la secretaría de Vías del Huila y a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta situación de emergencia en el centro poblado de Santa Rita”, expresó la funcionaria municipal.Conclusiones de la visita técnica por parte de la Gobernación del HuilaPor su parte, el director departamental de Gestión del Riesgo, Jhon Jairo Yepes, señaló que durante la visita a la zona de la emergencia realizaron la inspección del talud, el estado de la vía y las condiciones del terreno, en el que observaron posibles riesgos para la movilidad y la de sus habitantes.Señaló el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, que la visita de inspección, se desarrolló una reunión de trabajo con la Alcaldía de Aipe y un encuentro directo con la comunidad de Santa Rita y veredas aledañas, en él que se escucharon las inquietudes de los habitantes y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas para la atención de esta emergencia.“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de manera articulada con la Alcaldía de Aipe, estamos coordinando acciones técnicas y preventivas como la construcción de un muro de contención como obra de mitigación que nos permitan reducir el riesgo existente y, ante todo, salvaguardar la vida de las personas que transitan y habitan este sector”, afirmó el jefe de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes.Por último, el director de Gestión de Riesgo del Huila, indicó que se continuará con el seguimiento permanente a la situación, evaluando la necesidad de implementar medidas adicionales que permitan estabilizar el terreno y minimizar la probabilidad de nuevos eventos asociados a las lluvias.
A través del decreto 019 del 2026 expido por la Alcaldía de Neiva, las autoridades regularán y le harán control a todo tipo de material publicitario, incluso, hasta la pauta radial de los candidatos que por estos días adelantan sus campañas políticas para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.La directora de Justicia de Neiva, Diana Margarita Morales Cortés, explicó que, para la instalación de cualquier de estos elementos publicitarios, las organizaciones políticas y campañas deberán solicitar previamente un permiso ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.“Este acto administrativo busca establecer límites claros para cada uno de los candidatos, campañas y grupos políticos en relación con el material electoral que será expuesto en los espacios públicos. Con este decreto, la Administración Municipal busca generar equidad, confianza y transparencia en la contienda electoral, además de proteger el espacio público y reducir la contaminación visual en nuestra ciudad”, expresó la directora de Justicia, Diana Morales.¿Cómo regularán la propaganda política en Neiva?La directora de Justicia, Morales Cortés, señaló que, en cuanto a la publicidad en medios de comunicación, el decreto autoriza la emisión de hasta 70 cuñas radiales y 70 cuñas televisivas, cada una con una duración máxima de 30 segundos.Asimismo, se permite la publicación de cinco avisos diarios por campaña en prensa escrita, los cuales podrán ocupar una página por edición. También se autoriza la publicidad móvil, siempre en cuando hallan solicitado la autorización previa de la Secretaría de Movilidad de Neiva.Por otra parte, el decreto establece zonas y espacios donde está estrictamente prohibida la instalación de publicidad electoral. Entre estos se encuentran el tramo de la calle Cuarta, Avenida La Toma, la carrera Octava y la Avenida Circunvalar, con excepción de las sedes oficiales de los candidatos.De igual manera, se prohíbe la instalación de material publicitario político o electoral en separadores viales, zonas verdes, postes, puentes, parques, rondas hídricas, murales, instituciones educativas y puestos de votación.Por último, la funcionaria les advirtió a los movimientos políticos y candidatos que una vez termine la jornada electoral de Congreso, se establecerá un plazo máximo de 48 horas para el desmonte o retiro de toda la publicidad instalada, de lo contrario se tomarán sanciones para quienes incumplan la norma.
Juan Fernando Cristo ha confirmado su retiro definitivo de la consulta interpartidista del 8 de marzo, asegurando que el bloque político que se había intentado construir originalmente ha dejado de existir. Según el líder de En Marcha, la exclusión o las dificultades legales de ciertos sectores han alterado la naturaleza del acuerdo programático inicial."La coalición que se había conformado desapareció. Es totalmente absurdo e inconveniente ir a una consulta o conformar una coalición de centro izquierda sin la participación del candidato de la izquierda y la participación del Pacto Histórico", indicó Cristo.A su vez, dijo que el acuerdo programático que se había radicado en la legisladuría, ya no existe."Ya lo que tenemos hoy es una coalición y una consulta distinta. Quedó desaparecida la figura de la consulta en donde podíamos competir todos. Yo creo que eso desnaturaliza mucho esa posibilidad para el 8 de marzo", indicó.Sobre las diferencias con Iván Cepeda y el Pacto HistóricoEl precandidato señala que el propósito de la consulta era debatir visiones de país opuestas, algo que ahora deberá hacerse directamente en las elecciones de mayo."Coincidimos en la necesidad de profundizar las reformas sociales, pero tenemos profundas diferencias en materia de seguridad, en materia institucional frente al tema de la constituyente. Me parece que era el escenario y la oportunidad para plantear muchas diferencias que tenemos desde En Marcha con el candidato Iván Cepeda y con el Pacto Histórico", expresó Juan Fernando Cristo en Mañanas Blu.Sobre la decisión de ir a la primera vueltaAnte el nuevo panorama, Cristo ha decidido medir sus fuerzas directamente en la contienda presidencial de mayo y fortalecer su presencia en el Congreso."Consultamos con los candidatos al Congreso de En Marcha y creemos que el camino es ir a la primera vuelta. Esa decisión ya es definitiva", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Durante su intervención en el Congreso de Tesorería de Asobancaria, en Cartagena, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que la política monetaria del país atraviesa uno de sus momentos más complejos y defendió las decisiones adoptadas por la Junta Directiva frente a las tasas de interés.Villar reconoció que bajar las tasas habría sido una opción deseable, pero advirtió que hacerlo en el contexto actual pondría en riesgo el mandato constitucional del Banco.“A todos nos habría encantado poder bajar las tasas de interés de política, pero en las condiciones actuales eso no habría sido consistente con nuestro compromiso de mantener el poder adquisitivo de la moneda”, afirmó.El gerente explicó que en 2025 el proceso de reducción de la inflación se estancó y que, además, las expectativas de precios comenzaron a subir, lo que generó un riesgo de pérdida de credibilidad frente a la meta del 3%.“Eso hace que debamos tomar decisiones que no nos gustan, que son dolorosas e impopulares en el corto plazo, pero necesarias para la sostenibilidad del crecimiento económico”, señaló.Según Villar, tres factores explican este escenario: el fuerte impulso fiscal tras la suspensión de la regla fiscal, el crecimiento acelerado de la demanda interna y el aumento del salario mínimo, que superó ampliamente la inflación y la meta del Banco. Sobre este último punto, advirtió que el incremento del 23% decretado para 2026 elevó de forma significativa las expectativas de inflación.El gerente también alertó sobre las consecuencias de una pérdida de credibilidad en la política monetaria. “Si se pierde la confianza en la meta de inflación, se pone en riesgo una estrategia que por más de 25 años ha permitido mantener precios relativamente estables y apoyar el crecimiento de la economía”, indicó.Al cierre de su intervención, Villar reiteró que las decisiones del Banco no responden a criterios políticos ni de popularidad, pues la entidad tiene un compromiso constitucional y todas las decisiones buscan beneficiar a la sociedad colombiana en su conjunto y proteger a los sectores más vulnerables.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el contexto regional, especialmente tras los recientes cambios políticos en Venezuela, abre un escenario más favorable para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan entre ambos países, sin que ello implique —según explicó— un giro radical en la estrategia de paz total del Gobierno nacional.Patiño respondió a las críticas que surgieron luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual se anunciaron capturas contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Pablito’, del ELN, e ‘Iván Mordisco’, del Estado Mayor Central. Para algunos sectores, estas acciones marcarían un viraje hacia una política de seguridad más dura. Sin embargo, el comisionado fue enfático en que “no hay un cambio de rumbo”, sino una reafirmación de la lucha contra el narcotráfico compatible con los procesos de paz en curso.“Ha habido desinformación al señalar que el Gobierno frenó la ofensiva contra el narcotráfico por los diálogos. Por el contrario, la reunión con Estados Unidos fue una oportunidad para ratificar que esta política sigue siendo prioritaria y que se puede fortalecer con cooperación internacional”, explicó Patiño.Uno de los puntos de mayor tensión recientes fue la suspensión del diálogo con el Clan del Golfo, tras el anuncio de una orden de captura contra su máximo jefe. El comisionado atribuyó el episodio a un malentendido sobre las zonas de ubicación temporal y aseguró que ya se trabaja en superar el impasse. “Los comandantes están dando instrucciones para una concentración gradual de sus estructuras. Eso muestra que el proceso sigue avanzando”, afirmó.Sobre las extradiciones, Patiño recordó que durante el actual gobierno se han autorizado más que en administraciones anteriores y que solo se suspenden cuando hay negociaciones avanzadas que así lo ameritan. “No hay contradicción entre la política de paz y la lucha contra el narcotráfico. Son complementarias”, sostuvo.El funcionario también se refirió al escenario venezolano como un factor clave. Según dijo, la salida de Nicolás Maduro del poder y los acercamientos del nuevo gobierno con Estados Unidos cambian sustancialmente el panorama para Colombia. “Antes, muchos grupos armados se movían con facilidad en territorio venezolano y encontraban protección política. Hoy el contexto es distinto. Es un panorama más favorable para combatirlos y para avanzar en negociaciones desde una posición más sólida”, afirmó.Patiño subrayó que la paz total no es un proyecto de corto plazo ni condicionado al calendario electoral, sino una apuesta de largo aliento que combina presión institucional, diálogo y transformación territorial. “Con quienes se levantan de la mesa, debe haber ofensiva. Con quienes avanzan en procesos serios, debemos consolidar rutas hacia la dejación de armas y la vida civil”, concluyó.En medio del debate por la seguridad y el rumbo del Gobierno, el comisionado insistió en que el país no está ante un giro improvisado, sino frente a una estrategia que busca equilibrar autoridad del Estado y salidas negociadas al conflicto, ahora con un entorno regional que, según dijo, juega a favor.
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido. Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente fue blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La inteligencia militar sostiene que el rapto de los profesionales de la salud tiene como fin exclusivo brindar asistencia médica a los combatientes afectados por las detonaciones. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó la situación y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.Estado de salud de los guerrilleros del ELN tras el bombardeoEl operativo militar contra la estructura del ELN dejó un saldo inicial de siete muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal. No obstante, el reporte oficial estima que entre 20 y 25 integrantes de la organización resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.Información recopilada por inteligencia militar sugiere que dentro del grupo de lesionados se encuentra un cabecilla de la estructura. Las autoridades indican que este jefe guerrillero habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.Por ahora, el Ejército mantiene la vigilancia en la zona para intentar dar con el paradero del personal civil y garantizar su liberación, mientras se evalúan los daños definitivos en la capacidad logística del grupo ilegal en el norte del departamento.
Este jueves el fútbol colombiano vive una de sus noches más simbólicas con la gala organizada por Acolfutpro, un evento que pone en el centro a los protagonistas: los futbolistas. En esta edición, la ceremonia no solo reconoce a los mejores del año, sino que lo hace bajo un principio que la distingue de otros premios: los ganadores son elegidos exclusivamente por votación de los propios jugadores profesionales del país.Así lo explicó Carlos González Puche, director de Acolfutpro, quien detalló en Blog Deportivo que el modelo de votación replica el esquema histórico de la FIFPRO a nivel mundial. Tras finalizar la temporada, en diciembre se envían los formularios a los futbolistas para que elijan a los mejores de cada posición, al mejor jugador, la mejor futbolista, el mejor técnico, el árbitro más destacado y el once ideal tanto del fútbol masculino como femenino. La depuración de votos se completa en enero, una vez iniciadas las pretemporadas.Uno de los aspectos más valorados de estos premios es que no intervienen hinchas, periodistas ni dirigentes. “Aquí solo votan los futbolistas”, subrayó González Puche, resaltando que incluso el mejor entrenador del año es elegido por quienes lo enfrentan o trabajan bajo su mando. Una dinámica que, según el dirigente, fortalece la legitimidad del reconocimiento y refleja el respeto entre colegas dentro del campo de juego.Homenaje a Reinaldo RuedaLa gala también incluye homenajes especiales, entre ellos a Reinaldo Rueda, además de reconocimientos a futbolistas activos, glorias del balompié nacional y figuras del ascenso. Para Acolfutpro, el evento no solo celebra el rendimiento deportivo, sino que dignifica la profesión del futbolista, destacando su rol como base de toda la industria del fútbol.Más allá de los trofeos, la asociación aprovechó el espacio para visibilizar su trabajo fuera de las canchas. González Puche reveló que actualmente 128 futbolistas, hombres y mujeres, estudian carreras profesionales gracias al apoyo de Acolfutpro, en alianza con la UNAD. Desde administración deportiva hasta derecho y contaduría, el objetivo es preparar a los jugadores para el día después del retiro.Al finalizar este jueves, 5 de febrero, se conocerán los ganadores de estos premios del fútbol colombiano.
Sin un acto protocolario como todos esperaban, Puerto Antioquia informó que entró en operaciones en un hito histórico para la subregión del Urabá y el comercio exterior colombiano. El proyecto cuenta con un muelle marítimo de 1.349 metros de longitud y tiene cinco posiciones de atraque para los buques.Según confirmaron desde Puerto Antioquia, tiene un calado operativo de 16,5 metros para embarcaciones tipo New Panamax y una plataforma cercana a 40 hectáreas. La infraestructura alberga patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas para los graneles.El nuevo puerto en el departamento de Antioquia tiene una capacidad inicial cercana a los siete millones de toneladas anuales y tendrá la posibilidad de expandirse de acuerdo a la demanda, ya que, por ejemplo, hay una reducción del 47 % en la distancia a Medellín respecto a otros puertos de la región.Además, Puerto Antioquia tendrá integrando un sistemas de control de accesos, monitoreo permanente, trazabilidad digital y escáneres de inspección para contenedores y carga, modelo se apoya en un trabajo articulado con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, la DIAN, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la DIMAR y el INVIMA.Se espera que con el inicio de operaciones, el proyecto impulse una economía regional diversa, promoviendo oportunidades en sectores como el turismo, el comercio, la cultura y los servicios del Urabá antioqueño.Finalmente, con el inicio de operaciones comerciales, esta zona del departamento se posiciona como un punto estratégico para el comercio exterior colombiano, pues abre nuevas rutas para el desarrollo económico.
El Gobierno recibió a 101 colombianos deportados desde Estados Unidos, quienes llegaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), informó la Cancillería.Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en X, entre los retornados hay 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes "recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno".Según las imágenes difundidas por la Cancillería, la mayoría de los retornados descendieron del avión con chándales grises de los centros de detención en los que estaban recluidos en Estados Unidos y portando grandes sacos plásticos con sus pertenencias.A pie de pista los esperaban tres autobuses dispuestos para su traslado, en medio del operativo coordinado por la FAC y las autoridades migratorias.La canciller Rosa Villavicencio, anunció la semana pasada la firma de un acuerdo entre Bogotá y Washington con el que pactaron realizar cerca de veinte vuelos, a razón de uno semanal, para trasladar a ciudadanos que ya cuentan con resolución de expulsión."Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas (...) y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal", explicó entonces la ministra.El anuncio se produjo tras la reactivación de los vuelos de repatriación, un año después de una crisis diplomática que se desató cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir un avión con deportados al considerar que no estaban siendo tratados con dignidad.En ese momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con la imposición de aranceles del 25% a productos colombianos y la suspensión temporal de la expedición de visados en Bogotá, medidas que fueron revertidas tras gestiones diplomáticas.Villavicencio ha reiterado que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con una situación migratoria irregular y no de delincuentes.Asimismo, recordó que, de acuerdo con la ley política integral migratoria, los deportados son considerados "retornados", lo que les permite acceder a programas de acompañamiento para su inclusión social, educativa y laboral.
La reciente aprobación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, denominado "Ruta de la Vida", ha desatado una intensa controversia política y social en la capital. Mientras que su autora, la concejal Clara Sandoval, defiende la iniciativa como una medida de acompañamiento integral, organizaciones de derechos de las mujeres advierten que podría convertirse en una barrera para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Acompañamiento y salud mental: la defensa de SandovalLa concejal Clara Sandoval ha manifestado su sorpresa ante las críticas, calificándolas de "desinformación". Según la cabildante, el proyecto busca establecer mecanismos de acompañamiento psicosocial y comunitario con énfasis en salud mental para mujeres gestantes y lactantes. Sandoval enfatiza que el acuerdo no impone la obligación de realizarse exámenes mentales o psicológicos para acceder al aborto, asegurando que el texto respeta la voluntad de la madre.La concejal justifica el énfasis en salud mental citando un aumento del 47% en conductas suicidas entre mujeres en la ciudad, argumentando que la atención actual para gestantes y lactantes es deficiente. Además, sostiene que el proyecto desarrolla lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022, la cual menciona el diseño de medidas de protección para la vida en gestación y la oferta de alternativas a la interrupción del embarazo.Voces de alerta: ¿Nuevas barreras al aborto?Desde la otra orilla, Laura Castro, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el movimiento Causa Justa, sostiene que el proyecto constituye una barrera de acceso. Castro argumenta que el Concejo de Bogotá no tiene competencia para regular el aborto, una función que corresponde al Ministerio de Salud a través de rutas ya establecidas.La principal preocupación de estas organizaciones es que las "consultas psicológicas" mencionadas puedan ser utilizadas por funcionarios con posturas personales contrarias al aborto para "reorientar" la decisión de las mujeres o dilatarlas innecesariamente. Según Castro, la salud mental y la autodeterminación reproductiva están siendo estigmatizadas, sugiriendo que el deseo de abortar se enmarca erróneamente en problemas de depresión o ansiedad.El derecho a la información clara y completaUno de los puntos de mayor fricción es el requisito de brindar "información completa, clara y oportuna". Para Sandoval, esto fortalece la libertad de elección, comparándolo con cualquier otro procedimiento médico donde se explican consecuencias y alternativas. Sin embargo, para los sectores críticos, esto abre la puerta a la difusión de información sesgada o falsa sobre los supuestos riesgos de la práctica.El alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado que estudiará el acuerdo aprobado para determinar su viabilidad y coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escuche aquí la entrevista:
El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.
La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de pasaportes en el país. El ente de control advirtió presuntas irregularidades en un nuevo contrato interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor asciende a más de 185.000 millones de pesos.Se trata de un contrato publicado en la plataforma SECOP el pasado 29 de enero, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque el convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, la Procuraduría cuestionó que no se haya establecido una fecha clara de inicio.La preocupación de la Procuraduría se centra en el elevado monto comprometido que supera los 185.000 millones de pesos y por el hecho de que este es ya el cuarto contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico.Según el Ministerio Público, las sumas comprometidas en estos cuatro negocios jurídicos superan el billón de pesos y alcanzan un total de $1,49 billones, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia del proceso contractual.El pronunciamiento se da tres meses después de que la Procuraduría presentara una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades.Por esta razón la Procuraduría advirtió que abordará la suscripción del contrato desde las acciones preventivas que ya adelanta sobre el suministro de pasaportes, y que además revisará el tema dentro de las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.