El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró en entrevista con Recap Blu que, pese a las diferencias del pasado con Abelardo De La Espriella, espera que a toda la oposición de vaya bien, incluyendo al abogado, pues recalcó que al único candidato al que considera una amenaza para el país en las próximas elecciones es Iván Cepeda."Que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato, a la candidata que gane la gran consulta, ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda, esa es la mayor amenaza", afirmó la también periodista.En esa misma línea, expresó que espera que los colombianos voten por el candidato que más les gusta, pero reiteró que Cepeda afectaría al país por seguir el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro."Que elijan lo que quieran, para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda ni por Roy, porque Roy ahí va con nadadito de perro, ahí va. Y le digo sinceramente que Roy también representa cosas muy feas de la política. Hoy la gran amenaza es Iván Cepeda. Ni un voto por Cepeda", agregó.Polémica Ecopetrol, Constituyente y saludEn materia económica y energética, fue contundente frente al manejo de Ecopetrol y cuestionó la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Propuso reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo fracking “técnico y responsable”, y recuperar el gobierno corporativo de la empresa. "El señor Roa tendría que renunciar y salir ya de la presidencia de Ecopetrol. Es una vagabundería lo que ha hecho la junta, es una vagabundería y un irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera lo que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol", afirmó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, la precandidata manifestó que no prosperará y sostuvo que el actual gobierno “tiene fecha de vencimiento”. En ese contexto, señaló que la oposición debe mantenerse unida frente a lo que considera una amenaza política representada por Iván Cepeda, a quien calificó como el principal riesgo electoral.Finalmente, sobre la crisis del sistema de salud, Dávila planteó pagar de inmediato las deudas del sistema de salud para normalizar la entrega de medicamentos, mantener las mejores EPS y sacar del sistema a las que no cumplan estándares. "Las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora, de Petro. No son de ahora, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida. Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó", concluyó.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
Tras la destitución José Jerí, el Congresó de Perú eligió con 59 votos al congresista José María Balcázar como el nuevo presidente interno venciendo a María del Carmen Alva en una votación en la que participaron 117 representantes; de esta manera, se convirtió en el octavo mandatario en este país en tan solo una década. Es importante recordar que, desde 2021, el nuevo parlamento ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y Jerí, quien solo estuvo cuatro meses en el cargo. Por lo tanto, Balcázar estará en el poder tan solo cinco meses, pues deberá entregar el cargo el 28 de julio al presidente o presidenta que elijan los peruanos el 12 de abril, día en que se llevarán a cabo las eleciones.¿Quién es José María Balcázar, el presidente interino de Perú?Nació el 17 de enero de 1943 y a sus 83 años ha construido una importante carrera política en Perú. Oriundo de Nanchoc, de la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca y es cercano a Reber Joaquín Ramírez, excongreso y alcalde de la región.Arrancó su camino en la política con el cargo de vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y luego en 2019 fue decano de un colegio reconocido de abogados en donde estuvo dos años, esto hasta que entró en las elcciones parlamentarias de 2021 con Perú Libre y entró al Congreso con 6.641 votos para este actual parlamento.En el parlamento se desempeñó como presidente de la Comisión Especial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, renunció a la bancada en 2022 y entró a formar Perú Bicentenario, poco a poco comenzó a escalar hasta que este 18 de febrero fue elegido por el Congreso como interino.No obstante, en su perfil se han dado diferentes escándalos que lo han salpicado en casos de corrupción, manejo de fondos, manipulación, incluso, de agresión contra mujeres.
El Congreso de Perú eligió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente le convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política.Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.El izquierdista, abogado de profesión, dio la sorpresa en una votación que tenía cuatro candidatos y donde la favorita era la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido derechista Acción Popular, a la que se impuso gracias al apoyo de la izquierda y de varios grupos de partido de derecha que rechazaban que Alva fuese presidenta.En la primera vuelta, Balcázar logró 46 votos frente a los 43 de Alva, los 13 del derechista Héctor Acuña y los siete del izquierdista Édgar Reymundo.La sorpresa fue mayor cuando en la segunda vuelta el izquierdista obtuvo 64 votos contra los 46 de Alva, lo que le hizo quedarse con el sillón presidencial vacante.En los días previos a esta votación, Balcázar ha llegado a anticipar que estaría dispuesto a indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado protagonizado en 2022 para evitar una destitución por parte del Congreso.Al igual que su predecesor, el nuevo gobernante de Perú acumula una serie de polémicas y cuestionamientos, pues si bien llegó a integrar la Corte Suprema de Justicia de Perú, fue expulsado de la magistratura por cambiar una sentencia ya firme, entre otras irregularidades.Asimismo, protagonizó una gran polémica al defender los matrimonios infantiles y oponerse a un proyecto de ley que buscaba prohibir este tipo de enlaces.En la sesión no participó Jerí que, pese a haber sido censurado el martes, no pierde su condición de congresista por el partido Somos Perú, por lo que podía haber participado en esta sesión, si bien declinó hacerlo y no se presentó a ella para elegir a su sucesora.El ya expresidente fue censurado por los cuestionamientos derivados de una serie de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que tienen contratos con el Gobierno, así como por presuntas irregularidades en la contratación de un conjunto de funcionarias a quienes previamente recibió en el Palacio de Gobierno.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
El izquierdista José María Balcázar es un polémico congresista y exmagistrado que este miércoles de convirtió, a los 83 años, en el octavo presidente de Perú en los últimos diez años, tras ser elegido por el Parlamento para reemplazar al también legislador José Jerí, quien fue destituido el martes.Balcázar, quien también es la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en toda la historia de Perú, dio la sorpresa política al derrotar en una segunda vuelta a la derechista María del Carmen Alva, quien partía como favorita.La candidatura de Balcázar, quien fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú, fue presentada por el partido marxista Perú Libre, que ganó la Presidencia de Perú en 2021 con Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras el fallido intento de golpe de Estado de 2022, por el que cumple una condena de 15 años de cárcel.Investigado por presunta corrupciónLa trayectoria profesional y política del flamante presidente de transición de Perú, que nació el 17 de enero de 1943 en el norteño departamento andino de Cajamarca, ha estado marcada por controversias y denuncias que, según señalaron medios locales, han comprendido la presunta comisión de delitos como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho.Entre los casos más conocidos, registra investigaciones por presunto tráfico de influencias y fue expulsado de manera definitiva por el Colegio de Abogados de la región norteña de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos cuando fue su decano.Precisamente, ese colegio de abogados rechazó este miércoles en un comunicado la candidatura de Balcázar y recordó que fue expulsado de la orden luego de un proceso disciplinario en el que se le imputaron faltas éticas, civiles y penales.Como juez de la Corte Suprema fue sacado por irregularidades como anular sentencias que ya estaban en firme.Además de este caso, en abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó, como presunto responsable de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en una denuncia constitucional presentada contra la ex fiscal general Patricia Benavides por un supuesto caso de corrupción.Según esa denuncia, Benavides presuntamente ofreció a Balcázar "un intercambio de favores de naturaleza ilícita" para el sobreseimiento de un proceso penal que afrontaba a cambio de que el parlamentario votara a favor de archivar las denuncias constitucionales presentadas en contra de la exfiscal.Polémicas en su labor parlamentariaEn junio de 2023, Balcázar causó gran polémica en su país al declarar que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer", durante una reunión del Congreso que debatía un dictamen para impedir el matrimonio con menores de edad.El congresista fue el único que se abstuvo a votar ese dictamen y luego, a pesar del rechazo que generó en parte de la sociedad e incluso instituciones como el Ministerio de la Mujer, reafirmó sus palabras y dijo que no se disculpaba por ellas.En abril de 2024, también presentó un dictamen modificado de una propuesta de la pastora evangélica y congresista María Jáuregui, del partido ultraconservador Renovación Popular, que llevó a que se retire la obligación del uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones del Estado.A pesar de las investigaciones y críticas lanzadas en su contra, Balcázar fue designado por el Congreso para ocupar la jefatura de Estado y se ha convertido en el octavo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.
En la noche de este miércoles, 18 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.620 de Baloto y Revancha. Tras la verificación de las balotas, la entidad reportó un balance de más de 30.000 ganadores en las distintas categorías de premios, aunque los acumulados principales de ambas modalidades permanecieron vacantes, lo que genera un nuevo incremento para la próxima jornada.Números ganadores del sorteo 2.619 de BalotoPara el sorteo tradicional de Baloto, que jugaba por un acumulado de $22.800 millones de pesos, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 40 - 27 - 11 - 38 - 42 y la Súper Balota 02.Por su parte, el sorteo de Revancha, que ofrecía una bolsa de $15.900 millones de pesos, arrojó los siguientes números: 42 - 24 - 12 - 02 - 04 y la Súper Balota 06.Sobre el funcionamiento y el impacto socialOperado actualmente por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) y regulado por Coljuegos, Baloto destina una parte significativa de sus ingresos por derechos de explotación al sistema de salud de los colombianos. Históricamente, este juego ha entregado billones de pesos en premios y ha transferido recursos vitales para el sector público.Los jugadores que resulten ganadores de premios menores a 182 UVT pueden reclamar sus incentivos en los puntos de venta autorizados de las redes Su Red y SuperGIROS. Para premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante la entidad fiduciaria con el tiquete original y documento de identidad.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las principales amenazas que enfrentan hoy en día los puestos de votaciones, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.Según el funcionario, la violencia que enfrenta el país podría estar siendo promovida por grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales se encuentran en las principales zonas del riesgo, por lo que desde el Gobierno nacional tomaron medidas para garantizar la seguridad y la transparencia durante las votaciones en estos lugares.“Frente a ello, las acciones ofensivas nos han permitido configurar las zonas priorizadas y darles la seguridad. Pero hay otros tipos de delitos que nos preocupan enormemente y es producto de la desinformación de la venta y compra de votos, ¿quién compra y vende los votos?, ¿quién genera una desinformación para que gane un candidato y pierda el otro?”, cuestionó el ministro de Defensa.Es por esto que el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a personas responsables por la compra y venta de votos durante esta temporada electoral.Asimismo, hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto libre y responsable, tanto para las elecciones de Congreso de la República y la consulta popular, como para las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar con detalle los recursos disponibles para atender la emergencia invernal en Córdoba y otras regiones del país, insistiendo en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) debe cumplir una función preventiva, no sólo reactiva.En ese contexto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dio un ultimátum a la entidad para que este viernes 20 de febrero presenten información detallada sobre los 2,6 billones de pesos del presupuesto para la emergencia, con el fin de determinar qué recursos están comprometidos y cuáles pueden usarse de inmediato.“La Contraloría General de la República tuvo una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con funcionarios de carácter técnico y estamos pendientes de que mañana nos entreguen la información porque en esa reunión que tuvimos no tuvieron claridad para brindarnos toda la información de ello. La entidad ya ha venido llamando la atención sobre la conveniencia frente a lo que debe ser la ejecución del gasto. Ha llamado la atención sobre dónde se debe recortar. que tiene que ver de manera directa con gastos de funcionamiento”, aseguró.El contralor recordó que las inundaciones son fenómenos recurrentes que requieren planificación y gestión anticipada, por lo que viajó a Córdoba para revisar la situación fiscal y la disponibilidad de recursos, enfatizando en la necesidad de analizar cuáles fondos están comprometidos y cuáles pueden usarse de manera inmediata para atender la emergencia.“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se efectúe un barrido juicioso frente a los recursos comprometidos, que es lo único que le permite saber qué porcentaje de recursos tienen disponibles y pueden responder de manera inmediata. Porque los recursos para Córdoba no pueden depender de que se vaya a generar un tributo más adelante que eventualmente se pueda recaudar”, advirtió Rodríguez.Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en CórdobaPor su parte, la Procuraduría General, Gregorio Eljach, informó que la entidad activó un plan humanitario interno con aportes voluntarios de sus funcionarios y el envío de ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció un acompañamiento integral para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica y la infraestructura, así como la garantía de condiciones para las próximas elecciones en las zonas afectadas.“Queremos garantizar que allí las elecciones se hagan de la mejor manera con toda la garantía para los electores, para los aspirantes y que no vaya a haber ningún tipo de falla que ponga en duda la transparencia del proceso allá en esa región”, indicó Eljach.El procurador también alertó sobre los riesgos sanitarios tras las inundaciones, debido a la acumulación de material orgánico y bacterias, e insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.“Otro aspecto importante es la prevención sobre las afectaciones de la salud de las personas y de los seres vivos en general. Después de esta inundación tan grave, queda mucho material orgánico en descomposición, muchos vapores, muchas bacterias, muchos elementos que afectan la salud humana y de los animales. Eso hay que preverlo, porque en algún momento tiene que secarse y van a empezar a salir problemas serios que hoy no los vemos, pero que seguramente van a llegar y ahí se puede prevenir antes de que suceda”, resaltó.Ambas entidades coincidieron en que la emergencia requiere respuestas inmediatas, pero también soluciones estructurales a mediano y largo plazo para evitar que las inundaciones sigan generando impactos humanitarios, económicos y productivos en las regiones más afectadas por la ola invernal.
En medio de la temporada invernal que golpea a varias regiones del país, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron inicio a una de las obras más esperadas en la subregión de La Mojana: el proyecto vial El Cauchal – Sucre, una intervención clave para mejorar la conectividad en esta zona históricamente afectada por las lluvias y el aislamiento.La obra cuenta con una inversión total de 154.236 millones de pesos, que incluye tanto el contrato de construcción como la interventoría, y tiene como fecha estimada de entrega el año 2028. Con este proyecto, el Gobierno busca saldar parte de la deuda histórica en materia de infraestructura con esta región, donde las precipitaciones han agravado el deterioro de una vía destapada que, en épocas de invierno, se convierte en un tramo intransitable lleno de barro.La situación ha generado graves afectaciones para las comunidades, que en múltiples ocasiones han quedado incomunicadas. La movilidad se ha visto restringida, impactando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, así como la conexión entre municipios.Los estudios y diseños del proyecto concluyeron en noviembre de 2025. Posteriormente, tras un proceso de diálogo con las comunidades y las veedurías ciudadanas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron ajustes técnicos y modificaciones que permitieron optimizar el alcance de la obra en donde su ejecución comienza oficialmente desde hoy.Como resultado de estos análisis, la intervención pasó de 10 kilómetros inicialmente previstos a 13,5 kilómetros. El proyecto se desarrollará en tres tramos: del kilómetro 0 al 6 en el municipio de San Benito Abad; del kilómetro 6 al 10 en Sucre; y del kilómetro 10 al 13 en Majagual.Para ampliar el alcance sin comprometer la calidad ni la vida útil de la vía, se acordó un ajuste técnico que redujo el ancho del pavimento de 8 a 7 metros, sin incluir la berma. Esta decisión permitió disminuir cantidades de obra y reducir la necesidad de adquisición de predios, garantizando eficiencia en el uso de los recursos.Con el inicio de las obras, la comunidad de La Mojana espera que se facilite la conectividad y el desarrollo de la región, especialmente en medio de una temporada de lluvias.
Blu radio conoció la denuncia de varios contratistas del Ministerio del Interior que aseguran no han recibido el pago de su sueldo de diciembre del año pasado.“Hoy es 19 de febrero del 2026 y aún no nos pagan y no nos dan razón de cuando se realizará el pago. Tengo hijos, mi espos@ recibe un salario menor al mío y aunque hemos tratado de resolver con créditos, ya los bancos no nos esperan más. Tengo compañeros que no ha recibido pagos desde noviembre y sobre los pagos de enero, no tenemos explicación”, narró una persona afectada.Vía correo electrónico, el Ministerio del Interior explicó a sus funcionarios que las cuentas de cobro correspondientes a diciembre de 2025 fueron constituidas como reserva presupuestal, es decir, que el pago quedó aplazado para este año y debe surtir un trámite administrativo antes de desembolsarse.Explicaron que el 4 de febrero comenzaron a generar las cuentas por pagar y que ese proceso debía quedar listo máximo el 9 de febrero; luego, el 10 y 11 de febrero se solicita el PAC Reserva al Ministerio de Hacienda, trámite clave para que autoricen los recursos. Advierten que, si alguna cuenta es devuelta para ajustes y no queda obligada antes del 10 de febrero, el pago se corre al mes siguiente, porque Hacienda solo habilita dos días para pedir ese PAC. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda puede tardar entre tres y cinco días hábiles, y solo después de eso tesorería inicia los desembolsos, que, según el cronograma, comenzarían aproximadamente a partir del 23 de febrero de 2026.Cabe mencionar que el PAC es el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio de Hacienda que define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la nación.Esta situación ha afectado a cerca de 1.400 contratistas del ministerio. Por otro lado, Blu radio conoció otro testimonio de un contratista que trabaja en el despacho del ministro Armando Benedetti; el último pago se lo hicieron el 10 de diciembre, fue correspondiente a noviembre, y desde esa fecha no recibe sueldo.Este medio también contactó al Ministerio de Hacienda para preguntar por su presunta responsabilidad en la falta de pagos; sin embargo, por ahora no hubo respuesta.
En el marco de un evento sobre regalías realizado en el auditorio Jockey Club, en el centro de Bogotá, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y elcontralor General, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunciaron sobre el caso del menor Kevin Acosta y la situación del sistema de salud en el país.El procurador Gregorio Eljach aseguró que la forma en que el presidente de la República y el ministro de Salud se refirieron al caso que generó indignación entre los colombianos y pidió a los funcionarios del Gobierno moderar su lenguaje.“Hago un llamado vehemente a todo servidor público especialmente a quienes se ocupan los cargos de dirección en el Estado. Para no decir nombres, presidente de la república y ministro de salud a que actúen con sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que han ofendido e indignado a los colombianos”, aseguró.Eljach afirmó que su mensaje surgía desde lo más profundo de su sentir, al tratarse de un niño y pidió respeto por la memoria del menor y por sus padres. También recordó que Colombia atraviesa un momento convulsionado y que los altos funcionarios deben promover la unidad y el respeto.Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió a la crisis del sistema de salud, asegurando que la Contraloría había advertido sobre la situación y que esta trajo consecuencias graves, como la muerte del menor.“Llamo al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo. Esta es una oportunidad para que se replantee si se ha venido prestando el servicio como debe ser” indicó.Rodríguez señaló que las decisiones tomadas han generado responsabilidades fiscales por varios billones de pesos y que el Gobierno debe revisar en qué está fallando. Además, reiteró que la Nueva EPS no ha entregado los estados financieros necesarios para su auditoría y recordó que la Superintendencia de Salud debe dedicarse a labores de inspección, vigilancia y control, sin coadministrar entidades.
ONU Mujeres estima que 840 millones de mujeres en el mundo han sido afectadas por violencia de género. En este marco, la iniciativa Únete de Naciones Unidas adelanta cada año, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, actividades para visibilizar esta problemática y promover la prevención. Para 2025, el enfoque estará en la violencia digital, una modalidad que suele estar asociada a agresiones físicas, coacción y femicidios.En Colombia, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido) anunció su participación en las discusiones sobre prevención y atención de la violencia de género. La organización señaló que desde el sector salud y la industria es necesario impulsar acciones que permitan prevenir agresiones, proteger a las víctimas y transformar los entornos que facilitan su reproducción.Datos recientes indican que la violencia sexual afecta principalmente a adolescentes entre 12 y 17 años (37,3 %). Otras formas de violencia psicológica, física, negligencia y abandono alcanzan al 75,7 % de las mujeres, con mayor incidencia en el grupo de 29 a 59 años (24,86 %). Se estima además que el 20 % de las mujeres sufre algún tipo de violencia y que un 30 % de aquellas de 15 años o más la ha vivido en algún momento de su vida.Mariana Sanz de Santamaría, fundadora de la ONG Poderosas, indicó que cada diez minutos una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro familiar. Señaló también que, a nivel global, las muertes por violencia de género son nueve veces mayores que las registradas en conflictos armados. En este contexto, la organización propone promover “microrevoluciones” para cuestionar expresiones y conductas que normalizan las agresiones.Desde el sector salud, distintas voces coinciden en la necesidad de fortalecer la identificación temprana de casos. Lupita León, gerente general de BMS Colombia y Perú, destacó iniciativas de la industria para establecer espacios seguros y políticas de cero tolerancia, aunque reconoció que persisten desafíos en la eliminación de microviolencias dentro de las organizaciones.Diana Cárdenas, consultora y exdirectora de la Adres, señaló que las empresas pueden apoyar la implementación de rutas de prevención y contribuir a la construcción de culturas laborales más seguras. También advirtió que las desigualdades de género continúan presentes incluso en entornos profesionales con una creciente participación femenina.Especialistas coinciden en que los servicios de salud desempeñan un papel central como primer punto de contacto para sobrevivientes, por lo que consideran prioritario reforzar el tamizaje, la derivación y la atención integral. Además, subrayan la necesidad de abordar todas las formas de violencia, incluidas la económica y la digital, y reconocer sus impactos en la salud mental.El presidente de Afrido, Ignacio Gaitán, afirmó que “todos tenemos un papel activo en la construcción de entornos seguros, saludables y libres de violencia”, e hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre instituciones, comunidades y sector privado para avanzar en acciones de prevención y protección.
Casanare superó las expectativas y alcanzó un puntaje de 70.90 en el Índice de Desempeño Fiscal 2024, un número que lo coloca en la cima del ranking nacional y lo diferencia por una ventaja de 17.3 puntos sobre el promedio del país. Este reconocimiento, logrado bajo la administración del gobernador César Ortiz Zorro, se da, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras una administración rigurosa y eficiente de los recursos públicos.El Índice de Desempeño Fiscal, creado en virtud de la Ley 617 de 2000, es una herramienta que mide la capacidad de los departamentos para manejar sus finanzas. Evalúa diversos indicadores clave, como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución del presupuesto y el control del gasto.Este desempeño no es casualidad. Se da como resultado de un enfoque estratégico y de una estructura administrativa robusta y organizada que le han permitido a Casanare no solo equilibrar sus cuentas, sino también consolidarse como un modelo nacional de eficiencia fiscal.A diferencia de otros departamentos que enfrentan serias dificultades para mantener sus finanzas en orden, Casanare ha logrado establecer un camino claro hacia la estabilidad económica tan necesaria para atraer inversión, proyectos, generación de empleo y bienestar.Para ponerlo en perspectiva, mientras muchos departamentos luchan año a año por mantener sus cuentas a flote, Casanare logró consolidarse en un nivel de solvencia que ningún otro territorio alcanzó en este ciclo fiscal. El resultado deja claro que su modelo de administración pública está funcionando.Su gobernador César Ortiz Zorro ha sido clave en este proceso. De acuerdo a lo conocido, el mandatario ha venido implementando una serie de acciones, estrategias y políticas que fomentan la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Bajo su mandato ha demostrado que es posible transformar la administración pública en un motor de desarrollo, inspirando confianza tanto en los ciudadanos como en los inversores.
La Fiscal General de la Nación confirmó que, tras las recientes inspecciones judiciales del CTI y el análisis del material incautado a alias “Calarcá”, líder del frente 36 de las disidencias de las FARC, la Fiscalía evalúa solicitar una orden de captura en su contra. La decisión se estudia a partir de nuevos elementos probatorios que indicarían que el jefe disidente siguió delinquiendo en medio de los acercamientos con el Gobierno.Durante su declaración, la Fiscal Luz Adriana Camargo anunció la apertura de una nueva línea de investigación por desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, con base en información hallada en los dispositivos electrónicos incautados. Según explicó, en los computadores se encontraron “hojas de vida de menores de edad que aparentemente serían objeto de reclutamiento ilícito”, además de otros documentos que evidenciarían la continuidad de conductas criminales. La fiscal calificó el proceso como una investigación compleja, pero aseguró que esperan presentar resultados en el corto plazo, tras reconocer que hubo una pérdida de tiempo “sensible” en el caso.Camargo también reveló que, en paralelo al análisis realizado por la Dijín, la Fiscalía adelanta una segunda extracción de información, con el objetivo de validar los hallazgos iniciales y recuperar archivos que podrían haber sido eliminados. La jefa del ente acusador explicó que se están utilizando herramientas de software forense avanzadas para ampliar el panorama probatorio y fortalecer la investigación.En este contexto, la Fiscalía informó que aún no ha recibido respuesta del Alto Comisionado para la Paz sobre la posible suspensión de medidas de aseguramiento contra líderes de las disidencias que participaron en las conversaciones con el Gobierno y que están involucrados en el operativo de incautación del 2024. La evaluación de estas medidas dependerá del avance de las investigaciones y de la determinación sobre si alias Calarcá incurrió en delitos de lesa humanidad mientras hacía parte de los espacios de diálogo.Y es que recientemente el CTI adelantó nuevas inspecciones judiciales en Bogotá, específicamente en las sedes del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Estas diligencias, ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, están directamente relacionadas con la información encontrada en los dispositivos del frente 36.Las inspecciones de esta semana se suman a las realizadas en Indumil y en el Comando de Personal del Ejército (Coper), donde se recopiló documentación sobre el general Juan Miguel Huertas, mencionado en audios extraídos de los dispositivos.Las autoridades trabajan ahora en múltiples líneas de investigación que incluyen presuntos actos de cooptación de agentes de inteligencia, infiltración en instituciones del Estado, amenazas a la seguridad nacional, posibles vínculos con financiación de campañas políticas, alianzas criminales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras ilegales. Todo este conjunto de hallazgos surge del análisis técnico y forense del material incautado, que se ha convertido en pieza clave para determinar el verdadero alcance de la infiltración y las responsabilidades penales e institucionales.
Un sismo de 5,8, a las 3:27 de la mañana de este miércoles, registrado por el Servicio Geológico Colombiano, se sintió en buena parte de Bogotá. El epicentro fue en Los Santos, Santander, a 150 kilómetros de profundidad, una zona conocida por su actividad sísmica constante.Bogotá es una ciudad con riesgo sísmico y la preparación ciudadana sigue siendo clave.¿Cuáles son las recomendaciones?Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y entrego varias recomendaciones ante un sismo.Mantener la calma y buscar refugio inmediatoLa principal recomendación del experto se centra en la acción inmediata al sentir el movimiento. Ante un sismo, el primer paso crucial es la protección dentro de la vivienda, no la evacuación apresurada."Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Buscar una zona dentro de la vivienda que nos permita estar un poco más seguros y esperar que el evento sísmico, o que las ondas pasen," explicó Tobar.Una zona segura es cualquier espacio donde se pueda evitar la caída de objetos y cubrirse la cabeza. Se recomienda ubicarse, por ejemplo, "debajo de una mesa, debajo de una silla".El sismólogo enfatizó que la evacuación mientras el edificio se mueve aumenta el riesgo de accidentes. "Muchos de estos problemas o de estos accidentes que ocurren es por no evacuar en el momento adecuado". Esto se debe a que la gente, en la desesperación, puede caerse por las escaleras o tropezarse mientras el sismo está ocurriendo.Evacuación post-sismo y mitos de seguridadUna vez que el evento sísmico ha cesado, sí es recomendable evacuar. Para quienes residen en edificaciones altas, se debe realizar una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia, evitando el uso de elevadores o ascensores. Después de salir, las personas deben esperar la información oficial de las entidades competentes y realizar un chequeo preventivo para verificar que las edificaciones no hayan sufrido ningún daño estructural. Respecto a la creencia popular de buscar refugio bajo el marco de una puerta, Tobar desmintió esta práctica, calificándola de mito."No, digamos que esto es más un mito, o sea, lo único que nos asegura estar debajo de un marco es que la puerta no se va a cerrar, pero aquí puede pasar cualquier cosa, nos pueden caer objetos, se puede caer alguna estructura," advirtió.Planificación familiar y kit de emergenciaTobar subrayó la importancia de la planificación, no solo a nivel comunitario (protocolos de evacuación y puntos de encuentro), sino también a nivel familiar, estableciendo un punto de encuentro desde el núcleo familiar en caso de que un sismo sorprenda a los miembros en lugares distintos.Asimismo, es indispensable tener un kit de emergencia listo. Los elementos esenciales que este debe contener incluyen: agua y enlatados, un pito, útil para emitir alertas sonoras si alguien queda atrapado.Una linterna, un radio y pilas. Medicamentos especiales, si alguna persona en la casa los necesita. Escuche la entrevista:
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió con firmeza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, en un mensaje publicado en la red social X, afirmó haber “perdido apoyo de la fiscal general”, señalando una supuesta preocupación por no ser incluida en la denominada lista Clinton. La jefe del ente acusador aseguró que tales afirmaciones no corresponden a la realidad y que no comparte la interpretación del presidente sobre el rol de la Fiscalía frente al Ejecutivo.Camargo fue enfática en recalcar que la entidad que dirige “no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno nacional”, sino para cumplir su misión constitucional con independencia. Aseguró que mantiene una relación “armónica y colaborativa” con todas las ramas del poder público, incluida la rama ejecutiva, cada vez que se requiere su intervención, pero reiteró que ello no implica subordinación. Agregó que la única preocupación que mantiene en el ámbito internacional es “presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales”, labor que, según dijo, se adelanta de manera ordenada y rigurosa.El presidente Petro había publicado horas antes un mensaje en el que afirmaba: “Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión en la lista Clinton”. En su mensaje insistió en que “la paz siempre es el objetivo” y que “hablar humaniza cualquier conflicto”.La fiscal general reaccionó directamente a ese mensaje, asegurando que el trino “no es comedido” y que no entiende en qué sustenta el presidente tales afirmaciones. “A mí no me gusta el trino”, afirmó Camargo, y añadió que no tiene ninguna preocupación relacionada con la lista Clinton, por lo que desconoce el origen de la información mencionada por el mandatario.Adicionalmente, la jefa del ente acusador se refirió a la reunión sostenida con la Corte Suprema de Justicia, a la que calificó como un encuentro rutinario dentro de las labores de coordinación institucional. Según explicó, tanto la Corte como la Fiscalía adelantan trabajos conjuntos desde su llegada al cargo y mantienen conversaciones permanentes sobre temas de actualidad. En la reunión de este miércoles, dijo, se abordaron las preocupaciones relacionadas con las disidencias de Calarcá y los hallazgos provenientes de computadores incautados en medio de recientes operaciones. Camargo destacó que este tipo de diálogos resultan “constructivos” para ambas instituciones, pues permiten definir agendas comunes y avanzar en la cooperación interinstitucional.Con estas declaraciones, la fiscal general buscó reafirmar la independencia del ente acusador y desmarcarse de las afirmaciones del presidente.
Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el cofundador y codirector de Insight Crime, Jeremy McDermott, explicó por qué, según un reciente informe de esa organización, la negociación de paz con el ELN nunca tuvo una posibilidad real de éxito mientras la guerrilla mantenga su estructura y respaldo en Venezuela.McDermott señaló que actualmente el ELN debe entenderse como un grupo colombo-venezolano, con presencia en ocho de los 24 estados de Venezuela, donde no solo se ha expandido territorialmente, sino que ha consolidado centros de entrenamiento, logística, liderazgo e ingresos.“Hoy en día el ELN es un grupo colombo-venezolano, entonces es imposible hacer la paz solo de un lado. Eso tiene que ser algo acordado entre Venezuela y Colombia”, afirmó.Relación con el régimen venezolanoSegún el investigador, la presencia del ELN en territorio venezolano ha sido posible por acuerdos locales con sectores de las Fuerzas Armadas, los cuales se han fortalecido por la crisis económica que atraviesa el país vecino. McDermott explicó que, ante la imposibilidad del Gobierno de Nicolás Maduro de sostener económicamente a sus generales, se les ha permitido el acceso a rentas criminales, muchas de ellas controladas por la guerrilla colombiana.En ese contexto, se refirió al denominado Cartel de los Soles, al que describió como una estructura de narcotráfico manejada desde el Estado venezolano, principalmente por sectores militares, cuya operación se remonta incluso a antes del gobierno de Hugo Chávez.“Para mantener la lealtad de los generales, se les ha otorgado acceso a rentas criminales. Y quien maneja muchas de esas rentas es la guerrilla, particularmente el ELN”, indicó. No obstante, aclaró que no se trata de una estructura unificada a nivel nacional, sino de relaciones negociadas de forma local entre militares y frentes guerrilleros.Un aliado del régimen en VenezuelaMcDermott fue enfático al señalar que el ELN no actúa como una fuerza insurgente contra el Gobierno venezolano, sino como un grupo aliado al régimen de Nicolás Maduro.“En Colombia el ELN es una fuerza insurgente. En Venezuela es un grupo paramilitar pro régimen”, afirmó. En caso de un cambio violento de poder en Venezuela, el experto advirtió que el estatus del ELN podría cambiar radicalmente, pasando a convertirse en una fuerza insurgente dentro de ese país, lo que generaría riesgos de conflicto civil con posibles repercusiones para Colombia.El ELN pierde terreno en Colombia y se fortalece en VenezuelaEl directivo de Insight Crime explicó que mientras en Colombia el ELN ha venido perdiendo fuerza, especialmente frente a estructuras como el Clan del Golfo en regiones como Chocó y el sur de Bolívar, en Venezuela su crecimiento ha sido sostenido.“Donde está más creciendo el ELN no es en Colombia, es en Venezuela, y eso tiene implicaciones para cualquier proceso de paz”, señaló. Por esta razón, concluyó que ningún proceso de negociación será viable si no se aborda de manera conjunta la dimensión binacional del grupo armado, ya que una parte significativa de su poder hoy se encuentra fuera del territorio colombiano.