La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y chavistas, que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
El Grupo Nutresa aumentó su utilidad neta en un 64,5 % en 2025 en comparación con el año anterior, llegando hasta 1,2 billones de pesos (unos 325 millones de dólares), informó este jueves la compañía en su informe anual de resultados."Los resultados financieros de Grupo Nutresa en el 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores", dijo el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, citado en el informe.El Grupo reportó unas ventas por 20,6 billones de pesos (unos 5.573 millones de dólares), un aumento del 10,7 % en comparación al 2024.Por segmentos, la compañía destacó el crecimiento de las ventas de varios productos en sus mercados internacionales, como el café, que aumentó un 56,6 %, seguido de los chocolates que incrementaron un 50,1 % y las galletas, con un 25,2 % de crecimiento.En Colombia, el mayor crecimiento también se registró en el negocio de café, cuyas ventas aumentaron un 29 %, seguido de helados (12 %), galletas (9,3 %) y chocolates (9,2 %), según el comunicado de la empresa.Del total, las ventas en Colombia fueron de 12,3 billones de pesos (unos 3.328 millones de dólares), con un incremento del 9,9 %, y los ingresos internacionales sumaron 8,3 billones de pesos (unos 2.246 millones de dólares), un aumento del 11,9 %, equivalentes al 40,4 % del total.El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ajustado se situó en 3,45 billones de pesos (unos 933 millones de dólares), con un margen del 16,8 %, según el comunicado.Nutresa, con sede en Medellín (noroeste), es una industria de alimentos presente en 72 países con un portafolio de 168 marcas de carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y comidas rápidas.El holding incluye empresas en Colombia como las compañías de galletas Noel y Tosh, las marcas cafeteras de Colcafé y Sello Rojo, y los restaurantes El Corral, Papa John's Colombia, Leños y Carbón, y Beer Station, entre otros.La compañía señaló que en 2026 mantendrá su enfoque en el crecimiento rentable, la expansión de mercados y la optimización de costos para fortalecer su competitividad.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
El distrito de Medellín avanza en la ejecución de la Cárcel Metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal, un proyecto de infraestructura carcelaria que ya alcanza el 10% de avance. Con una inversión total de 675.000 millones de pesos, esta obra se consolida como el segundo proyecto más importante de la ciudad, después del Metro de la 80.La obra es liderada por la Agencia APP de Medellín bajo un esquema de alianza público-privada. La licitación, adjudicada en 2023, fue ganada por el concesionario Carmet Medellín SAS, cuyos socios mayoritarios son la empresa mexicana Prodemex, firma con amplia experiencia en la gestión de penales en México.Javier Rodas, subdirector Agencia APP, habló sobre la financiación de este proyecto entre otros detalles, cómo, por ejemplo, la operación de la cárcel."Lo que hace el concesionario en estos tres primeros años es la financiación y, posteriormente, cuando entra en operación, es ahí donde el distrito de Medellín empieza a hacer la retribución", indicó Rodas.A su vez, ratificó que la función del Estado no delegará."La función estatal no se va a delegar. La función estatal de seguridad, vigilancia y custodia continuará a través del Distrito de Medellín", afirmó Rodas en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. ¿Qué dicen desde el concesionario? Johnny Romero, gerente de Carmet Medellín, habló sobre los pornmenores de la construcción del centro carcelario y de su experiencia."Somos eficientes en los estudios y diseños, en la construcción y en la operación y mantenimiento. Tenemos la experiencia para hacer esas eficiencias y transmitirlas aquí", afirmó Romero. Sobre el control de tecnología, Romero dijo que habrá tecnología en cada uno de los edificios del centro carcelario."Donde van a estar concentrados las personas privadas de la libertad hay unos inhibidores de señal. Además, vamos a tener tecnología en cada uno de estos edificios, arcos de detección", explicó Romero. Sobre el impacto social y el objetivo de la obra Javier Rodas dijo que con esta nueva cárcel se estaría solucionando el asinamiento en estaciones de Policía."Se está solucionando el asinamiento que hay en este momento en las estaciones de policía de Medellín, en la estación Candelaria, por ejemplo, en la Sijin, en Laureles", puntualizó.Escuche la entrevista aquí:
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a través de su representante en Colombia, Paula Bernal, manifestó en Mañanas Blu, su profunda preocupación ante la intención de la Aeronáutica Civil de modificar los criterios de asignación de slots (turnos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según Bernal, el gobierno prepara una regulación que se apartaría de los estándares internacionales que rigen en más de 300 aeropuertos con altos niveles de congestión en el mundo.El peligro de abandonar los estándares internacionalesLos slots son herramientas de coordinación esenciales para aeropuertos de "Nivel 3", donde la infraestructura actual no es suficiente para satisfacer la demanda. Estos criterios no son impuestos unilateralmente por la IATA, sino que son fruto del consenso con la Asociación Internacional de Aeropuertos y la Asociación Internacional de Controladores Aéreos.Bernal advierte que modificar estas reglas de juego de manera local podría entorpecer la operación, generando un perjuicio directo a los usuarios en forma de congestión, demoras, retrasos y cambios inesperados en las rutas. Además, El Dorado perdería competitividad, pues las aerolíneas internacionales prefieren operar en terminales que sigan el lenguaje común del sector.Amenaza a la seguridad jurídica y tratados bilateralesUno de los puntos más críticos señalados por la directora de la IATA es el impacto en la seguridad jurídica. Colombia cuenta con más de 77 tratados bilaterales de aviación firmados con diversos países, los cuales suelen fundamentarse en el cumplimiento de estos estándares internacionales. Un cambio unilateral en la normativa de slots podría poner en entredicho el cumplimiento de estos compromisos internacionales y afectar las relaciones aéreas del país.Falta de monitoreo y necesidad de expansiónDesde la IATA se enfatiza que el problema en El Dorado no radica en los criterios actuales, sino en la falta de gestión de la autoridad aeronáutica. Bernal reveló que en Colombia no se ha aplicado el monitoreo de los slots en más de 10 años, lo cual impide retirar los turnos mal utilizados por las aerolíneas para entregarlos a otros operadores.La asociación propone que, en lugar de cambiar la norma, se aplique el monitoreo estricto y se trabaje en la ampliación de la capacidad del aeropuerto, siguiendo estudios técnicos que ya han sido entregados al gobierno. Según Bernal, el estándar internacional ya contempla mecanismos para favorecer la aviación regional y a nuevos competidores sin necesidad de romper las reglas globales.Escuche aquí la entrevista:
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.