El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
La Lotería de Bogotá volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de su sorteo número 2834, llevado a cabo en la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones del país.Premio Mayor de $10.000 millonesEl gran protagonista del sorteo fue el número 8570 de la serie 147, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal de la noche, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y reafirmando el atractivo de este tradicional juego de azar.Premios secos del sorteo 2833 Lotería de BogotáSeco de 1.000 millones5851 – Serie 332Secos de 500 millones6160 – Serie 4060273 – Serie 466Secos de 200 millones0192 – Serie 0573424 – Serie 4672171 – Serie 448Secos de 50 millones2660 – Serie 2971975 – Serie 4240676 – Serie 1177307 – Serie 4024551 – Serie 3806251 – Serie 058Secos de 20 millones0900 – Serie 2235256 – Serie 4189749 – Serie 1454313 – Serie 0598978 – Serie 2902889 – Serie 1564281 – Serie 0711839 – Serie 1008409 – Serie 1995371 – Serie 022Secos de 10 millones3885 – Serie 0223825 – Serie 4519975 – Serie 1061474 – Serie 2184439 – Serie 3483904 – Serie 4221493 – Serie 1930524 – Serie 4366294 – Serie 1318677 – Serie 1470452 – Serie 3595706 – Serie 4333503 – Serie 4229586 – Serie 0526149 – Serie 2961490 – Serie 1957555 – Serie 0923257 – Serie 3650646 – Serie 0926606 – Serie 0360825 – Serie 0553763 – Serie 1134927 – Serie 3641485 – Serie 1117216 – Serie 2677387 – Serie 2475404 – Serie 1910291 – Serie 2121733 – Serie 3608726 – Serie 439Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las oportunidades de ganar para miles de jugadores.Tradición y respaldo socialCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la presencia constante de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 19 de febrero:La comediante Nana Sanabria habló sobre el show 'Estado de GravEdad' que será en marzo. Además, contó una curiosa anécdota con una mujer en silla de ruedas.El libretista y asesor de contenidos Sergio Borja realizó un #TBT sobre las visitas insoportables.
En un movimiento estratégico para garantizar la eficiencia en la dispersión de recursos, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció modificaciones importantes en el calendario de transferencias monetarias para el primer trimestre de 2026. Los ajustes responden principalmente al proceso de adjudicación del nuevo operador bancario que se encargará de llevar los subsidios a los rincones más apartados del país.Colombia Mayor: Ciclo doble para mitigar retrasosLa población de la tercera edad será la primera en recibir atención. Según la entidad, el próximo 27 de febrero iniciará el trámite para las transferencias de Colombia Mayor, las cuales llegarán con una novedad: un ciclo doble de pago.Esta medida busca compensar los tiempos de espera derivados de la transición contractual. Al respecto, Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, explicó la importancia de esta decisión: “Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”.Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿Qué pasará en marzo?Para los millones de hogares que dependen de la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, el primer desembolso del año ha sufrido una reprogramación. Según las proyecciones oficiales, la entrega de recursos está prevista para la segunda y tercera semana de marzo.Un punto clave para los beneficiarios es la focalización. Prosperidad Social aclaró que, en aras de la eficiencia administrativa, no habrá ingresos de nuevos hogares durante el primer ciclo de 2026. En su lugar, se utilizará la base de datos del último ciclo de 2025. Los interesados en ingresar al sistema deberán esperar a los ciclos 2 y 5, periodos establecidos para la actualización y entrada de nuevas familias.Situación de Renta Joven y adjudicación de operadoresEl programa Renta Joven presenta un escenario mixto. Los estudiantes y jóvenes que ya se encuentran bancarizados recibirán su incentivo de forma habitual el próximo martes 24 de febrero. No obstante, quienes dependen de la modalidad de giro deberán esperar a que el nuevo operador bancario inicie su ejecución formal.El cronograma de adjudicación se encuentra en una fase crítica. Este jueves 19 de febrero venció el plazo para la presentación de propuestas por parte de las entidades financieras interesadas. Se estima que el proceso de evaluación, selección y puesta en marcha de la nueva operación tome un máximo de cuatro semanas.Prosperidad Social hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en cadenas de desinformación o falsas convocatorias en redes sociales. Las fechas exactas de pago por municipio y los puntos de retiro autorizados se comunicarán exclusivamente a través de los canales oficiales:Sitio Web: prosperidadsocial.gov.coWhatsApp: 318 806 7329Línea Nacional: 01 8000 95 1100Atención en Bogotá: 601 379 1088
Tres personas con discapacidad visual del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron haber sido designadas como jurados de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que generó reacciones en redes sociales.Uno de los casos más visibles fue el de Juan David Pérez Quintero, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono jocoso, pero cuestionando la asignación, expresó:“Oiga imagínense que a Walter lo llamaron de jurado de votación, ¿cómo la ven? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?; pues imagínense que nos llegó la notificación de que debemos ser jurados de votación (…)”.La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo y cuestionamientos sobre los filtros utilizados para la designación de los jurados.Tras conocerse el caso, la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que explicó que, al momento del sorteo y designación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación.“Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”, señala el documento firmado por Ricardo Yezid Montoya Infante y Daniel David Barrios Mogollón, delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander.Las otras dos personas ciegas que también denunciaron la designación como jurados de votación para la jornada electoral del 8 de marzo también fueron desvinculados por la Registraduría.
La Policía británica continúa este viernes con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.La Policía del Valle del Támesis, que ordenó el arresto ayer del exduque de York, informó hoy de que los registros en una propiedad de Norfolk, al este de Inglaterra, han concluido, pero continúan en la mansión de Royal Lodge, en Berkshire, donde Andrés vivió hasta hace unas semanas antes de que fuera desalojado por el rey.Andrés, cuyo hermano le ha despojado de todos los títulos nobiliarios y honores, fue detenido ayer durante varias horas mientras las fuerzas del orden investigan una denuncia contenida en los archivos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein de que le facilitó a éste documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio en la primera década del 2000.Esta pesquisa está a cargo de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, donde está Royal Lodge, la gran residencia por la que Andrés apenas pagaba renta.El hermano del rey se convirtió ayer en el primer miembro de la realeza en la historia moderna en ser arrestado.Estuvo retenido en una comisaría de Norfolk durante un periodo de once horas antes de ser liberado mientras continúa la investigación.A la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, en un vehículo todo terreno, fue fotografiado reclinado, con aspecto de gran cansancio, en la parte trasera del coche.El expríncipe, arrestado el día que cumplió 66 años, fue llevado después a la casa de campo de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive actualmente.La Policía de Thames Valley había indicado esta semana que estaba revisando las acusaciones contenidas en unos correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que al parecer mostrarían que Andrés compartió informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur con el financiero pederasta.Andrés ha negado cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein.Según los medios británicos, el rey no fue informado antes del arresto ayer por la mañana, pero al parecer el Ministro del Interior fue alertado antes de que Andrés fuera detenido en Norfolk.El rey continuó con sus funciones tras el arresto de Andrés y asistió a un evento en el centro de Londres sobre la Semana de la Moda.Varias fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.En concreto, investigan aterrizajes y despegues del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del país, a fin de establecer si utilizó vuelos para trasladar chicas menores de edad con fines de explotación sexual.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tendrá nueva presidente a partir de febrero de 2026. Se trata de María Consuelo Araujo, oriunda de Valledupar y graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Araujo ha ocupado diversos cargos públicos, como el Ministerio de Cultura entre 2002 y 2006 y la jefatura de la cartera de Relaciones Exteriores entre 2006 - 2007.Cabe resaltar que el próximo año inicia una nueva era en la CCI, pues hasta el momento, el único presidente que ha tenido ha sido Juan Martín Caicedo, quien presentó su renuncia en octubre de este año, después de 21 años en el cargo, el mismo tiempo que tiene de creada la Cámara Colombiana de Infraestructura.El nombramiento de Araujo se da en un contexto en el que el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta muchos retos. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, aunque este sector llegó a representar más del 2% del PIB en 2019, su participación cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo.La producción total de obras civiles hoy está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia y la construcción de carreteras y calles registra un rezago del 43,8%. A esto se suma una transición incompleta entre las concesiones 4G, que ya están finalizando, y las 5G, que avanzan lentamente: a octubre de 2025, las metas del Plan Nacional de Desarrollo muestran solo un 47% de ejecución y ningún proyecto multimodal 5G (aeropuertos, trenes o canales) ha iniciado obra.Este rezago ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza del sector, marcado por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias poco claras que incrementan la percepción de riesgo contractual. Todos estos son los retos que tendrá que asumir María Consuelo Araujo, a partir de febrero de 2026.
El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves una fuerte respuesta a la advertencia emitida desde el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que cuestionó la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Escuela Militar José María Córdova, el mandatario defendió la labor de las instituciones colombianas y reivindicó la autonomía nacional frente a presiones internacionales.“La soberanía se defiende con la vida… y a Colombia no se le amenaza… Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un cartel de los soles”, dijo el presidente.Petro insistió en que las redes del narcotráfico han intentado históricamente corromper instituciones y comunidades, pero subrayó que la resistencia del país frente a ese fenómeno no puede ser desconocida. “Todos sabemos que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso y por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida”.El pronunciamiento del presidente se produce en medio de tensiones diplomáticas que han resurgido con la administración estadounidense, la cual ha endurecido su discurso frente a los gobiernos latinoamericanos y ha advertido sobre posibles repercusiones si Colombia no “mejora” sus indicadores en la lucha antidrogas.
El miércoles 26 de noviembre, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de la subteniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho estremeció al país y encendió alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres, incluso dentro de las instituciones armadas.Sobre lo ocurrido, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, fue enfático al señalar que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja. Habían sostenido una relación sentimental, pero esta había terminado más de tres meses atrás.Según su relato, Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga oficial cuando el capitán la interceptó. La oficial testigo indicó que él la obligó a regresar a su vehículo y, minutos después, la joven alcanzó a llamar a su amiga pidiendo auxilio. “La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, describió el representante.Cuando la testigo abrió la puerta del carro, vio el humo del arma de fuego y a ambos militares sin vida. De acuerdo con la versión entregada por la familia, el capitán habría disparado contra Mora y posteriormente se habría quitado la vida.Desde entonces, su familia ha intentado convertir esta tragedia en un símbolo contra la violencia hacia las mujeres. La joven Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional, motivo por el cual la muerte de la joven militar no solo golpea a sus allegados, sino que refleja el drama que viven miles de mujeres en el país.Los hechos de violencia han sido un ciclo lamentable en esta familia, pues su abogado detalló que la subteniente y su hermano quedaron huérfanos desde pequeños tras el asesinato de sus padres. “La familia de la teniente María Camila Mora es una familia reducida por la misma violencia. Hace muchos años también sus padres fueron asesinados vilmente y realmente es el tío quien se hizo cargo de esos dos pequeños, esos dos jóvenes que quedaron huérfanos, tanto la teniente como su hermano”.La familia, aunque reconoce el acompañamiento del Ejército durante estos días, anunció que adelantará acciones para buscar reparación integral. Según Leyva, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte y por la omisión institucional que permitió que el hecho ocurriera. La indemnización, explicó, será destinada en parte a la creación del Premio Nacional María Camila Mora, un reconocimiento anual a mujeres militares destacadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En el ámbito penal, el abogado recordó que, al haber fallecido el presunto agresor, la acción penal se extingue, pero aclaró que esto no implica el cierre total del caso. Señaló que se puede perseguir el patrimonio del responsable fallecido con fines resarcitorios y reiteró que esta posibilidad debe servir para enviar un mensaje de prevención y sanción contundente. “Se debe entender que la persecución del patrimonio del homicida seguirá. No estamos diciendo que los herederos tengan la culpa, pero sí deberá responderse con la herencia. Se pueden perseguir los bienes de quien causó el homicidio y así, entonces, que lo piensen más. No es solamente que la mato, me mato y ya acabó todo. No. Se pueden perseguir los bienes de quien causó la muerte de una persona, como en el caso de la teniente”.Mientras avanzan las gestiones jurídicas, el hermano de la subteniente ha asumido la representación de la familia. La intención, insistió el abogado, no es emprender una retaliación contra la institución militar, sino garantizar que los errores sean reconocidos y reparados. “La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, concluyó el abogado Leyva.
Dos personas aún sin identificar, que se movilizaban en una motocicleta AX100, perdieron la vida tras colisionar de manera violenta contra un vehículo de carga tipo turbo, color blanco, en el sector conocido como el cruce de Algeciras, sobre la vía principal que comunica a Neiva con Garzón.Según el reporte oficial de las autoridades, las dos víctimas quedaron calcinadas tras el fuerte impacto, mientras que el conductor del automotor resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y recibe atención médica en un centro asistencial de la zona.“En el kilómetro 79, sobre la Ruta 45, cruce de Algeciras, se presentó un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos vehículos: un camión tipo turbo marca Mitsubishi y una motocicleta AX100. Ambos vehículos quedaron consumidos por las llamas. Desafortunadamente, en el hecho las dos personas de la motocicleta pierden la vida y el conductor del camión resultó herido con quemaduras en su cuerpo”, confirmó la capitán Martha Liliana Losada, jefe de Tránsito y Transporte de la Policía en el Huila.Por su parte, peritos de criminalística de la Policía de Tránsito avanzan en las investigaciones para identificar a las víctimas fatales y esclarecer las causas del siniestro vial que terminó con la incineración de los vehículos involucrados.Por último, las autoridades hacen un llamado a conductores y motociclistas a acatar las señales de tránsito y conducir con responsabilidad, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que aumenta en esta temporada de fin de año en las vías del departamento.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, explicó que durante este año se registraron avances importantes en los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, así como en los ajustes regulatorios necesarios para habilitar nuevas subastas y contratos de energías renovables.Sin embargo, Hernández advirtió que el país podría enfrentar una crisis energética en los próximos años.“Es importante tener en cuenta que el consumo de energía eléctrica de los colombianos está creciendo dos veces más rápido de lo que está dándose el desarrollo de la oferta, y si no integramos nueva energía, Colombia va a entrar en un déficit de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno hacia el 2028, por eso necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento en renovables y consolidar las regulaciones o los cambios normativos que siguen pendientes, y eso implica que va a ser necesario para poder acelerar la entrada de los proyectos”.En cuanto a resultados, Hernández destacó que las energías renovables ya representan el 13% de la capacidad total de generación eléctrica, frente al 2,5% registrado hace dos años. También señaló que el país duplicó su capacidad en autogeneración y proyectos pequeños, con la expectativa de cerrar 2025 con más de 1.200 megavatios en operación, además de avanzar en medidas regulatorias prioritarias para fortalecer el sector.A esto se suma la entrada en operación, comercial o en pruebas, de 27 proyectos solares y eólicos durante este año, que totalizan 925 megavatios de nueva capacidad, con mayor presencia en Cundinamarca, Tolima y Atlántico.La expansión del sector también ha generado un impacto económico equivalente a 2.900 millones de dólares en inversión privada en los últimos dos años y más de 27.000 empleos directos durante la construcción de proyectos en 19 departamentos.
Según un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las cifras contradicen el discurso oficial: de enero a octubre de 2025, los homicidios intencionales pasaron de 10.952 en 2024 a 11.327 en 2025, lo que representa un incremento del 3,4 %. Además, la tasa nacional subió de 20,8 a 21,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.Este repunte revierte la leve reducción registrada el año anterior y, de mantenerse la tendencia, el cierre de 2025 podría superar los niveles de violencia de 2023.La FIP advierte que el aumento de homicidios no es un hecho aislado: también se observa un incremento en los secuestros (117,8 % más que en 2024), las masacres, los ataques a la fuerza pública y los desplazamientos forzados, lo que evidencia un deterioro general de la seguridad en el país.El informe señala que interpretar las cifras de manera selectiva, por ejemplo, centrarse en un indicador puntual para afirmar una reducción, puede generar conclusiones equivocadas y dificultar la formulación de políticas efectivas de seguridad.En conclusión, según la FIP, los datos de 2025 reflejan que la violencia letal en Colombia persiste o incluso se incrementa, pese al discurso gubernamental que insiste en una disminución. El análisis llama a reconocer la magnitud del problema y a fortalecer las estrategias integrales de seguridad y prevención.