El nuevo arancel del 50% impuesto por el gobierno ecuatoriano a las importaciones colombianas amenaza con golpear de lleno el intercambio comercial entre ambos países.Según advirtió Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio, la medida no discrimina sectores: "...los eh eh productos más afectados de Colombia, que son todos, la verdad, no hay uno que no sea, son todos los productos que de Colombia se exportan a Ecuador..."Colombia exporta a Ecuador cerca de 18.800 millones de dólares al año en bienes como energía, hidrocarburos, medicamentos, vehículos, textiles, plásticos, papel, químicos y alimentos para la industria avícola. Incluso, buena parte de los buses que circulan en ese país son de fabricación colombiana.Con las restricciones, explicó la dirigente gremial, el comercio legal ya venía cayendo cerca de 70% y, con el nuevo arancel, podría paralizarse por completo. Las pérdidas acumuladas superarían los 250 millones de dólares desde que comenzaron las medidas.Pero más allá del impacto económico, Díaz Granados advirtió un efecto colateral: el fortalecimiento del contrabando. "...se acaba totalmente el comercio entre Colombia y Ecuador... el comercio legal, porque el contrabando sigue", señaló.En departamentos como Nariño, Putumayo y Cauca donde históricamente existe intercambio agrícola con Ecuador las restricciones podrían alterar el abastecimiento y empujar a comerciantes y consumidores a rutas ilegales.Para la Cámara binacional, la decisión termina castigando la economía formal y debilitando el control estatal en la zona limítrofe.El gremio pidió revisar las medidas y buscar soluciones diplomáticas que eviten un freno total al comercio, en una relación que durante años ha sido clave para empresarios y consumidores de ambos lados de la frontera.Escuche la entrevista completa aquí:
El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo anticipa lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones más secas.De acuerdo con el Comunicado Especial n.° 025 del Ideam, emitido el 27 de febrero de 2026, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el Pacífico y en sectores del norte y occidente de la región Andina. Además, se prevén incrementos de temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe.¿Dónde lloverá más este fin de semana?Para el sábado 28 de febrero se esperan lluvias en amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y el occidente y norte de la región Andina. Las precipitaciones más importantes, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca.También podrían presentarse lloviznas intermitentes en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco.Para el domingo 1 de marzo se anticipa un incremento de la nubosidad y de las lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina y la Amazonía. Las mayores precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarían en zonas de Chocó y Valle del Cauca.¿Cómo estará el clima en Bogotá y otras regiones?En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima podría superar los 20 °C.En contraste, en la región Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas durante el domingo, aunque con aumento de temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos al estado de las vías en zonas con alerta por deslizamientos y tomar medidas preventivas ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
Media tonelada de marihuana que iba a ser comercializada en entornos escolares fue incautada en Medellín. Denuncian que criminales están usando drogas saborizadas para que los niños se vuelvan adictos a los estupefacientes.En medio de varios operativos realizados por autoridades en Medellín se logró dar un golpe al tráfico de estupefacientes en entornos escolares con la incautación de 540 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en los barrios Manrique y Aranjuez.Una de las estructuras vinculadas a estos hechos son 'Altos de la Virgen', que perdió cerca de 500 millones de pesos con este procedimiento y que, además, ha sido constantemente afectada con la captura de 28 de sus integrantes en un par de meses.Sin embargo, lo que más llamó la atención y que hoy tiene consternada a la mayoría de la población de Medellín es que, durante estos operativos, se logró hallar e incautar droga saborizada que iba a ser vendida a los estudiantes de decenas de colegios de la capital de Antioquia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó a la comunidad de este modus operandi con el que diferentes grupos delincuenciales buscan que los menores de edad se vuelven compradores frecuentes de droga camuflada detrás de sabores atractivos para niños y niñas.“En cada uno de estos recipientes ustedes encuentran cocaína saborizada. Tienen sus juguitos, entonces está, por ejemplo, es de fresa, hay otras que son de maracuyá. En barrios, por ejemplo, como Aranjuez, porque tenemos consumos inclusive de niños desde los 10, 11, 12 años y cada bolsita de estas que tiene 1 g, la venden por 6000 pesos”; aseguró.El brigadier general, Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que hubo personas capturadas en este procedimiento, mismas que tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes y que, al parecer, generaban rentas ilícitas por más de 80 millones de pesos a la semana.Además, sobre la droga incautada mencionar que podría distribuirse en 550.000 dosis avaluadas en más de 2.200 millones de pesos.Todo el material incautado y otros elementos probatorios que fueron recolectados en Medellín fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otras personas vinculadas con la venta de drogas a menores de edad.
Con ojos azules, cabello claro y, según su madre, una mirada que “enamoraba a cualquiera que la conociera” Sara Sofía Galván nació el 30 de marzo de 2019. Hoy tendría siete años. Pero su nombre permanece en expedientes judiciales, en archivos de noticias y en la memoria de un país que todavía se pregunta dónde está su cuerpo.Cinco años después de su desaparición, Carolina Galván, su madre, habló desde la cárcel en el pódcast 'Más allá del silencio'. Su voz, entrecortada por momentos, reconstruye fragmentos de una historia atravesada por el miedo, la pobreza y el silencio.“Nunca tuve una madre. Así me tocó crecer”, dice al explicar su propia infancia en Puerto Berrío, Antioquia. Llegó a Bogotá siendo adolescente, huyendo de la violencia y buscando sobrevivir. A los 18 años quedó embarazada de Sara Sofía. A pesar de las dificultades y de las recomendaciones de darla en adopción, asegura que decidió criarla. “Ese era mi sueño, sacarla adelante”.Pero el contexto que rodeaba a Carolina era frágil. Dependía de otras personas para sobrevivir, atravesó episodios de indigencia y terminó viviendo con Nilson Díaz, un hombre que, según su relato, pronto comenzó a controlarla. Habla de amenazas, de un arma, de la obligación de entregarle dinero y de un miedo constante que —asegura— terminó paralizándola.El 27 de enero de 2021, ese miedo se convertiría en el centro de todo. Ese día, Carolina salió de la vivienda donde vivía con Díaz. Antes de irse, dice, bañó a Sara Sofía, la dejó alimentada y acostada. Cuando regresó, la niña estaba en la cama.“No despertaba”, recuerda. Al principio pensó que dormía. La llamó. La movió. Nada. “Yo no entendía qué estaba pasando”, dice. Nilson, según su versión, le dijo que la niña había muerto de “pena moral”, una expresión que ella asegura no comprendió en ese momento.Quiso salir, pedir ayuda, buscar a alguien. Pero dice que no la dejaron. “El miedo me manipuló completamente. No podía hablar, no podía reaccionar”, afirma.Las horas siguientes son un vacío lleno de contradicciones, silencios y decisiones que hoy pesan más que cualquier condena. Carolina dice que incluso fue a la iglesia, obligada, mientras su hija permanecía en la casa, inmóvil. “Yo quería pedir ayuda, pero no me salían las palabras. Solo lloraba”.Cuando regresó, la niña ya no estaba. Fue entonces cuando, según su relato, comenzó a insistir. A preguntar. A exigir respuestas. Nilson primero evitó hablar. Después, le dio una frase que hasta hoy sigue siendo una herida abierta.“Me dijo que la había tirado en un caño”. Pero Carolina asegura que nunca vio el cuerpo. Nunca supo dónde la dejó. Nunca pudo confirmar qué ocurrió realmente.“El cuerpo no aparece porque él se la llevó. Él sabe qué hizo”, sostiene. La versión de Nilson Díaz es distinta. Ante las autoridades, la señaló a ella como responsable de la muerte. Dijo que la niña sufrió un golpe después de un castigo. Que todo ocurrió dentro de la vivienda.Carolina lo niega. “Eso es mentira. Él utilizó a sus hijos para declarar en mi contra”, afirma. Reconoce, sin embargo, que cometió errores. Que no denunció. Que se quedó en silencio. Que tuvo miedo.Durante meses, las autoridades buscaron el cuerpo en canales de agua, caños y zonas cercanas al lugar donde vivía la menor. Nunca lo encontraron.Hoy, desde una celda, Carolina reconstruye su historia como si intentara ordenar los fragmentos de una pesadilla que todavía no termina. “No sé qué pasó realmente”, dice.El cuerpo de Sara Sofía sigue sin aparecer. Y en esa ausencia, permanece la pregunta que nadie ha podido responder.
Tras el asesinato con drones de una madre y sus dos hijos en Segovia, Antioquia, más de 100 soldados llegaron a la zona para reforzar la seguridad. La Gobernación de Antioquia denunciará este hecho como una violación al derecho internacional humanitarioUna verdadera tragediaLos familiares de María Silva, Yalusan Cano y Alonso Silva, madre e hijos que fueron vilmente asesinados en zona rural del municipio de Segovia, luego de que un dron con explosivos cayera de manera repentina en la vivienda donde estaban estos tres adultos y una persona más que resultó herida, viven una verdadera tragedia.Aunque las autoridades no han podido determinar con exactitud quién está detrás de este hecho, el general José Perdomo, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se amplió inmediatamente el pie de fuerza para adelantar operaciones que permitan dar con los responsables de esta lamentable situación.“En respuesta inmediata a esta acción terrorista y criminal, las tropas del Batallón de Selva número 55 han intensificado el despliegue operacional con la inserción de más de 100 soldados para ejecutar operaciones ofensivas y neutralizar las capacidades de estos grupos armados organizados”, afirmó.A la espera de que se logren resultados en esta zona del Nordeste antioqueño, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, rechazó con vehemencia este acto terrorista y aseguró que el aberrante crimen será denunciado ante las instancias que sean necesarias como una violación a los derechos humanos.“Que debe ser rechazado de manera contundente y tajante y que debe inmediatamente informar a los organismos internacionales de derechos humanos porque es una familia que nada tiene que ver con el conflicto. Que sencillamente con un dron suelta un artefacto explosivo sobre una vivienda, muere la mamá, dos hijos”, indicó el secretario Martínez.Sobre la cuarta persona involucrada, se conoció recientemente que se llama Carlos Arcaes Silva de 50 años y que está siendo atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín en donde especialistas tratan varias heridas de consideración en piernas y abdomen.Por ahora se espera que las Fuerzas Militares continúen operando en el municipio de Segovia con el fin de establecer responsabilidades aunque desde una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia.
En una operación en zona rural del municipio de Samaniego, tropas del Ejército capturaron a alias ‘Mono’, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la articulación de actividades de narcotráfico internacional y quien tenía orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.La acción se ejecutó en medio de un allanamiento y registro adelantado por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 y la Vigésima Tercera Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.De acuerdo con las autoridades, la captura fue el resultado de varios meses de labores de seguimiento e inteligencia. El detenido era requerido por autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mono’ estaría vinculado a un acuerdo criminal orientado a la financiación, coordinación y facilitación de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Presuntamente, tendría la responsabilidad de supervisar el ingreso a laboratorios de procesamiento de droga, verificar su funcionamiento y garantizar la producción.Además, habría liderado la planificación estratégica de rutas terrestres y fluviales para el envío de cargamentos ilícitos hacia Ecuador y otros países de Centroamérica, consolidando corredores para el tráfico transnacional.El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de extradición, mientras las Fuerzas Militares anunciaron que continuarán las operaciones ofensivas para afectar las estructuras logísticas y financieras dedicadas al narcotráfico en el departamento de Nariño.
Tres extranjeros fueron inadmitidos por tener alertas de explotación sexual en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Este año Antioquia ha registrado 11 de los 21 ciudadanos de otros países a los que Migración les ha impedido el ingreso a ColombiaEn Medellín sigue la alerta por el turismo con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes que se viene evidenciando por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, quienes, incluso, recientemente han implementado una nueva modalidad en la que buscan ingresar al país por otras ciudades con destino final en la capital antioqueña.Un insólito caso se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuando a un estadounidense se le negó el ingreso al país, tras arribar en un vuelo proveniente de Miami, luego de que durante la entrevista en los filtros de inmigración manifestara descaradamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”, tras ser consultado por el propósito de su visita.Según reportaron las autoridades, el hombre además se comportó de manera irrespetuosa y grosera hacia los oficiales de Migración Colombia y el personal del aeropuerto, por lo que horas más tarde fue devuelto al país de origen en un vuelo de la misma aerolínea que lo trajo.El extranjero pretendió justificar su visita afirmando que “es lo único que lo trae a Colombia”, refiriéndose directamente a turismo con fines de explotación sexual, y no dudó en mostrar su equipaje cargado con preservativos, potencializadores y juguetes sexuales, entre otros."Con estos casos, ya son once personas inadmitidas en el año dos mil veintiséis, cinco de los cuales fueron inadmitidos, como resultado de la cooperación con los Estados Unidos, a través de la plataforma Angel Watch, y seis de ellos por entrevista migratoria de nuestros oficiales de migración, a través de actividades de revisión de equipaje y verificación de información, a través de mecanismos de cooperación internacional", indicó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.Pero no fue el único caso, a otros dos ciudadanos provenientes de ese país, también desde la ciudad de Miami, les impidieron su entrada por la misma terminal aérea, luego de que confesaran sus intenciones en la capital antioqueña.Cifras de la entidad revelan que durante el 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país (45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch).
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
El Consejo de Estado seguirá estudiando una demanda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay contra el Ministerio de Hacienda por la famosa reforma tributaria por decreto que aumentó las retenciones en la fuente a las empresas.Una de las peleas del senador Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida, era la pelea contra el Gobierno nacional por tratar en recaudar vía decreto los impuestos que no pudo conseguir a través de la reforma tributaria que se le cayó en el Congreso el año pasado.Concretamente, estamos hablando de su demanda contra el decreto 572 que le permitió al Gobierno subir las retenciones en la fuente para la mayoría de las empresas, atrapando caja del sector privado y trasladándola al gobierno nacional.El Consejo de Estado determinó que esa demanda no va a ser acumulada con ninguna otra de las que existen en contra del mismo decreto.¿Quiénes han demandado este decreto hasta el momento? El Consejo Gremial Nacional, Fedetranscarga, la Fundación para el Estado de Derecho, la Andi entre otros.Ese decreto representa un recaudo este año de 6 billones de pesos, que se suma al recaudo de 2.8 billones de pesos al que aspira el gobierno por los decretos que expidió al amparo de la crisis de orden público en el Catatumbo.
Cuatro décadas después de la tragedia del Nevado del Ruiz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lleva a cabo una entrega pública de un documento crucial conocido como el 'libro rojo'. Este evento, que se realiza 40 años después de la catástrofe que enlutó al país, busca ofrecer respuestas a las familias que han buscado a sus seres queridos, particularmente a los menores de edad que fueron sobrevivientes.La subdirectora de Bienestar Familiar, Adriana Velásquez, quien se encuentra en Armero Guayabal para el acto, enfatizó en Mañanas Blu que este proceso representa una apertura y una superación de un “silencio histórico” por parte del Instituto.El 'libro rojo': recuento de la orfandad masivaEs descrito como una pieza que ostenta incluso un carácter patrimonial para los armeritas. Se trata de un compendio de documentos que incluyen hojas sueltas, algunas escritas a mano y otras a máquina. Su contenido esencial gira en torno a la información de los niños y menores que salieron de Armero tras la tragedia, conteniendo sus nombres y apellidos, así como los datos de quienes los acogieron bajo protección después de haber quedado supuestamente huérfanos.Según la revisión cuidadosa del ICBF, el libro contiene 179 registros, junto con 44 fotografías y más de 240 folios. Dada su antigüedad y las condiciones de humedad, el documento ha sufrido un deterioro natural con el tiempo, por lo cual se requirió la asesoría de un restaurador para recuperarlo químicamente y aplicarle líquidos, en un esfuerzo de reconstrucción de memoria viva.Apertura públicaAclaró que el término apropiado para este proceso no es "desclasificación"—ya que este se refiere a archivos reservados o secretos como los del DAS. Lo que está haciendo el ICBF es una apertura y una entrega pública a las familias buscadoras.El libro consigna los registros administrativos manuales de los niños que llegaron al ICBF debido a la “orfandad masiva”. En aquel momento, la Ley Quinta regía las adopciones en Colombia, y eran los juzgados de menores quienes las otorgaban, no directamente el ICBF. Por ello, el Instituto hoy debe acudir a archivos históricos de otras entidades como notarías o la Registraduría para triangular la información y dar respuestas.Una de las hipótesis históricas, reconocida por organizaciones sociales como Fundación Armando Armero, ha sido la posibilidad de adopciones irregulares, particularmente a parejas extranjeras. Si bien el ICBF no puede confirmar o negar con certeza que funcionarios hayan cometido delitos, sí reconoce la necesidad de superar la desidia histórica, abriendo un escenario de diálogo con las familias.Acciones del ICBF: La entrega del 'libro rojo' como pieza patrimonial viene acompañada de otras acciones importantes:1. La instalación de una galería itinerante que narrará la historia y socializará la pedagogía de lo ocurrido.2. El lanzamiento de la campaña "Restableciendo Lazos Capítulo Armero". El interés primordial del Instituto es contribuir al reencuentro y la reunificación familiar.3. La apertura de un formulario digital y una línea de contacto (info.@icf.gov.com) para que las familias sobrevivientes y cualquier persona con información de valor se una al proyecto de reconstrucción de la memoria histórica.Este esfuerzo de abrir las puertas de la información y reconstruir la memoria es el gran anhelo y esperanza de las familias armeritas tras 40 años.Escuche aquí la entrevista:
En la reciente sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), celebrada el 28 de octubre de 2025, una denuncia anónima alertó que continuarían las dudas sobre la transparencia de las decisiones adoptadas en torno al futuro del concurso notarial.Esta alerta, luego de que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado decidieron suspender el concurso de notarios por las alertas de la Procuraduría General de la Nación y del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades del derecho fundamental al debido proceso.Según el denunciante, en esa última reunión, la notaria de Envigado, Paulina Gómez González, al parecer participó y votó en contra de la prórroga del concurso, pese a enfrentar quejas disciplinarias por presunta extralimitación de funciones, conflicto de intereses y actuaciones contrarias al principio de legalidad.En una queja disciplinaria presentada por el abogado Jaime Galvis asegura que presuntamente “Gómez González , actuando en calidad de representante de los notarios de carrera, suscribió y envió comunicaciones al Ministerio de Justicia cuestionando la falta de aplicación del derecho de preferencia por parte del Ministerio y su obstaculización al trámite de varios decretos de nombramiento, entre ellos el suyo propio y el de otros notarios de carrera, lo cual genera dudas sobre la imparcialidad, transparencia y ética en su actuación”.Según la denuncia, al parecer su postura en la sesión en favor de aplicar el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, el cual explica que pertenecer a la carrera notarial implica el derecho a permanecer en la misma Notaría, derecho a participar en concursos de ascenso,preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante, entre otros elementos, fue presuntamente interpretada por varios de los asistentes como un intento de mantener vigentes los mecanismos operativos suspendidos judicialmente.Dicen en la denuncia que Gómez habría promovido acuerdos amistosos entre notarios aspirantes a plazas vacantes “con el fin de evitar la competencia y facilitar nombramientos por consenso, una práctica que, de confirmarse, vulneraría los principios de mérito y transparencia que rigen la carrera notarial”.Agregaron que, en la reciente sesión, Gómez se opuso a la suspensión del concurso notarial, sin embargo, las autoridades recordaron que la suspensión respondió a las alertas de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia, que advirtieron posibles irregularidades en la gestión del proceso, desde presuntas ventas de cupos hasta violaciones al debido proceso.Por este motivo, los juristas reclaman una revisión urgente de la legalidad de su voto y de las decisiones adoptadas en la sesión, para garantizar la transparencia y la legitimidad del concurso.¿Qué responde la notaria Paulina Gómez ante las denuncias?La notaría Paulina Gómez aseguró que, tras dicha queja disciplinaria, presentó una respuesta a la Superintendencia de Notariado y Registro, documento en el cual sustentó que sus actuaciones en la defensa del mérito son transparentes y reconocidas por buena parte del gremio de carrera.Agregó que, al parecer, estas denuncias hacen parte de una atmósfera de retaliación tejida en su contra por sus posturas en defensa del Principio del mérito. En dicho documento argumentó que “La defensa del procedimiento se sustenta en lo que he sostenido en todas mis posturas y es que la carrera no puede ser vaciada de contenido, en perjuicio del notariado escalafonado y en beneficio de intereses de notarios que aún no ingresan a la carrera, entonces, no he asumido posturas que me benefician, tengo la suficiente formación y capacidad de independencia para trabajar y luchar por las causas que benefician a un grupo importante de notarios pertenecientes a la carrera que han sido despojados de sus derechos”.Según la respuesta, dicha postura no la beneficiaría “porque mi situación para ese momento ya era de las que el propio Consejo Superior consideró y clasificó como derechos adquiridos o situaciones consolidadas; tercero: acompañé el escrito como quien no deja en soledad, a quienes la eligieron para ese momento en calidad de suplente para hacerse escuchar sobre todo ante tanto desconcierto y falta de claridad”.Por estos motivos, Gómez asegura que la queja disciplinaria “no precisa hechos de tiempo, modo y lugar en los que basa afirmaciones de amplio calibre. Con mi equipo jurídico evalúo y me reservo la decisión de iniciar las acciones penales a que haya lugar por el desprestigio que se pretende infundir, además por las presiones indebidas a que estoy siendo sometida teniendo que soportar en mi condición de representante de los notarios de carrera ante su cuerpo rector, por el ataque sistemático y de género que me ha tocado padecer por medio de anónimos y señalamientos de este tipo que buscan seguramente minar con mi ausencia o participación”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó a un mala interpretación de funcionarios del gobierno y de algunos medios de comunicación el anunció del presidente Gustavo Petro de cortar los vínculos con las agencia de seguridad estadounidenses por las operaciones del gobierno de Donald Trump y los bombardeos contra lanchas en el Pacífico.En mensaje en X, el jefe de la cartera política aseguró: “ El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia Dipol, Dijín, CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.Sin embargo, el mensaje del ministro Benedetti, contradice lo que expresó el presidente Gustavo Petro en cuenta en X, cuando anunció que “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe".Posteriormente en un nuevo mensaje el mandatario cambió de posición, al señalar que "Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”.El pronunciamiento inicial del presidente Gustavo Petro generó críticas desde diferentes sectores que aseguraron que suspender el intercambio de información de inteligencia con Estado Unidos solo generaría el fortalecimiento de las estructuras narcotraficantes y criminales del país.
El periodista Germán Santamaría, desde las páginas de El Tiempo, narró al mundo la historia de Omaira Sánchez, la niña que permaneció atrapada durante tres días bajo los escombros tras la tragedia de Armero en noviembre de 1985. Cuatro décadas después, Santamaría recordó en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu aquel cubrimiento que transformó su vida y se convirtió en una de las crónicas más estremecedoras del país.“Yo no quise verla morir”, confesó Santamaría, conmovido, al recordar los últimos instantes de Omaira.Un cronista en medio del desastreEl 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y arrasó con el municipio tolimense de Armero: dejó más de 23.000 víctimas. Para entonces, Germán Santamaría ya era un reportero experimentado. Había cubierto guerras y terremotos internacionales, pero ninguna tragedia lo marcaría tanto como esta.“Yo salí del periódico El Tiempo esa noche, y a las cinco y media de la mañana un helicóptero me recogió en Niza. Desde el aire vi que Armero había desaparecido del mapa”, relató. El periodista, oriundo del Líbano (Tolima), conocía bien la región. Su infancia transcurrió en esos pueblos cafeteros y areneros, llenos de vida, que desaparecerían bajo toneladas de lodo y piedra. “Era el pueblo más vital del Tolima”, recordó. Al llegar a la zona, lo primero que encontró fue un paisaje desolador: “Vi cuerpos desnudos que emergían del barro, gente que pedía auxilio. Fue como una escena de película de horror”.El encuentro con Omaira SánchezFue el viernes 15 de noviembre, dos días después de la avalancha, cuando Germán Santamaría halló a Omaira Sánchez. “Un hombre me dijo: ‘Aquí cerca hay una niña atrapada’. Caminamos entre el lodo hasta que la vimos”, narró. La niña, de 13 años, permanecía aprisionada por los restos de su casa, con el agua al pecho.“Solo le pregunté cómo se llamaba. Me dijo: ‘Omaira Sánchez’. No quise hacerle más preguntas, porque cualquier pregunta sería una canallada”, recordó Santamaría. Durante horas, observó cómo los socorristas intentaban sin éxito liberarla. “Pedían una motobomba para sacar el agua, pero era como intentar vaciar el mar”, dijo. Aun así, el periodista regresó a Bogotá decidido a conseguir una. Incluso le pidió al entonces subdirector de El Tiempo, Juan Manuel Santos, que lo ayudara: “Le dije, ‘vaya a conseguir una motobomba’. Y la consiguió”, relató entre risas y nostalgia.La crónica que conmovió al mundoEl sábado por la mañana, Santamaría volvió a Armero con la motobomba. Pero al llegar, comprendió que ya era demasiado tarde. Omaira estaba exhausta, apenas podía hablar. “Cuando vi que se estaba deteriorando, el médico me dijo: ‘Se va a morir’. Yo le respondí: ‘No quiero verla morir’, y me alejé unos metros”, relató con voz entrecortada.“Yo no soy Dios, ni soy médico. No podía decidir si amputarle las piernas. Solo dije: ‘Suéltenla’”, contó el periodista. Omaira murió pocos minutos después, frente a los socorristas y periodistas que intentaban salvarla. Santamaría, junto al fotógrafo Carlos Caicedo, la cubrió con piedras y escombros. “Lloramos los dos. Fue el periodismo más duro que he hecho en mi vida”, confesó.La crónica publicada en El Tiempo dio la vuelta al mundo. Las fotografías de Jorge Parga y las palabras de Santamaría se convirtieron en símbolo de la tragedia y en un llamado global a la solidaridad. Los diarios de Europa, Asia y América reprodujeron el relato. Armero, 40 años despuésCuarenta años después, la imagen de Omaira Sánchez continúa viva en la memoria colectiva. Su serenidad, su fe y su valentía en medio del dolor transformaron a la niña en un emblema de resistencia humana. Para Germán Santamaría, aquel cubrimiento fue más que un ejercicio periodístico: fue una experiencia que lo marcó para siempre.“Pensé en mi hija, que tenía casi la misma edad. Lloré mucho después, no allá, sino en mi casa. Me quité la ropa cubierta de barro y sangre, y lloré al verla dormir”, recordó. Hoy, Santamaría es considerado uno de los grandes cronistas del periodismo colombiano, autor de obras memorables y testigo de los momentos más duros del país. Pero ninguna historia, dice, ha tenido el peso emocional de aquella niña de Armero.Reviva en el siguiente video la entrevista completa con Germán Santamaría
Cuarenta años después de la tragedia de Armero, Colombia sigue sin conocer con precisión el número de víctimas que dejó la erupción del volcán Nevado del Ruiz y que arrasó la ciudad colombiana, reconoció este miércoles la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz."Hoy en día desconocemos las cifras precisas del desastre", admitió Marín durante la presentación del estudio 'Armero ¿40 años de vulneración de derechos?', un informe sobre las persistentes vulneraciones de derechos humanos derivadas de aquel desastre.La rueda de prensa se llevó a cabo en el municipio de Honda, a pocos kilómetros de las ruinas del antiguo Armero, la ciudad del departamento del Tolima que desapareció bajo una avalancha de lodo y escombros tras la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.En diálogo con Mañanas Blu, Mauricio Cuéllar, alcalde de Armero, contó detalles de la tregedia de ese, cuando él apenas tenía unos seis años; perdió a su hermano mayor y junto a su madre tuvieron que luchar contra ese lodo que les había cubierto el cuerpo. "Cada uno buscaba salvarse como fuera. Yo estuve enterrado casi que día y medio", contó. "Eran muchos cuerpos. Siempre se habla de cerca de 25 mil, pero el censo total de la población no era un eje claro, hoy tomamos estadísticas. La cifra se queda corta, yo creo que va por encima de los 30 mil", dijo con nostalgia el alcalde del municipio que ahora se llama Armero - Guayabal. El municipio de Armero - Guayabal, donde hoy es la cabecera municipal por ordenanza de 1986, se prepara para los actos de conmemoración, que incluyen humilías cada dos horas y la tradicional lluvia de pétalos de rosas. Cuellar, quien coordina la logística desde Guayabal, enfatizó el dolor persistente que sienten los sobrevivientes, quienes fueron disgregados por todo el país tras la reconstrucción.El censo de personas muertasLa dificultad para establecer un censo exacto se debe a que, después de la avalancha, no existía un plan claro ni preparación para manejar la catástrofe. Debido a la emergencia sanitaria y el riesgo de infecciones, fue necesario disponer de los cuerpos rápidamente. Cuellar relató que muchos cadáveres fueron depositados en fosas comunes en el cementerio de Guayabal, en un proceso donde un cargador "llenaba su balde de cadáveres" para luego descargarlos y taparlos.Para llegar a las cifras de población de la extinta Armero, se recurrió a estadísticas como el directorio telefónico o los recibos de energía de Enertolima, buscando un promedio de cuántas casas y personas habitaban el municipio, que en su momento era el más grande en población del norte del Tolima. A pesar de los esfuerzos, el alcalde sostiene que la magnitud de la tragedia se subestima con la cifra de 25.000.Experiencia personalMauricio Cuellar, de 47 años, tenía solo seis años cuando ocurrió la tragedia. Vivía con su madre y su hermano en el barrio Santander de Armero. Su madre, tras escuchar ruidos y sentir arena en lugar de lluvia, los sacó de la casa justo antes de que el lodo los alcanzara.Cuellar relató la odisea que vivió al quedar "enterrado cerca de día y medio" hasta el pecho, mientras que el lodo los arrastró cerca de dos cuadras. Su madre quedó inmersa junto a él, y ella siempre ha tenido la sensación de que su hermano perdido se movía bajo sus pies. Fue rescatado por su tío y su padre. Además de estar atrapado por paredes y escombros, Cuellar sufrió una luxofractura en su rótula derecha, por lo que tuvo que ser cargado hasta Guayabal. Cuarenta años después, el alcalde describe este recuerdo como una fuente de frustración y un día "doloroso", intentando superarlo y asegurar que la historia no muera.La pérdida de niñosEl dolor personal del alcalde es profundo, pues la avalancha le arrebató a su hermano, quien tenía cerca de ocho años. Su madre, hoy de 85 años, sigue buscando a su hijo, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Este caso resuena con otros niños sobrevivientes de la tragedia.El alcalde confirmó que la tragedia fue un escenario de rapiña donde se utilizó la situación para vender o intentar vender niños huérfanos a ciudadanos extranjeros. Relató el caso de una prima que fue rescatada y que su tía encontró en un hospital de Bogotá, a punto de ser entregada a dos extranjeros. Incluso la hermana de la esposa de Cuellar fue casi raptada bajo la excusa de un tema de adopción.Además de la venta de niños, se observó rapiña sobre los muertos, donde supuestos socorristas buscaban las cadenas, anillos o calzas de oro de las personas enterradas. Este tipo de insensibilidad no solo provino del Estado, sino de otras personas que se aprovecharon del dolor.Escuche aquí la entrevista: