Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.
Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana del lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán."Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado."Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.Irán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníesMedios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron.“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio. Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EE.UU. se han estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.El militar agregó que las autoridades competentes están investigando las causas del accidente, e instó al público y a los medios de comunicación a obtener información de fuentes oficiales. Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que, junto con Estados Unidos, lanzó una guerra contra el país persa el sábado.Durante la guerra de los 12 días en junio pasado, en la que Israel y Estados Unidos bombardearon el país persa, la televisión estatal iraní también informó del derribo de cazas israelíes, afirmación de la que se retractó más tarde. EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad. El único balance oficial de muertos en Irán, emitido al final del primer día de la guerra, cifra en 200 las víctimas mortales, número que no se ha actualizado hasta ahora.Según la agencia Mehr, al menos 20 personas murieron esta madrugada en bombardeos contra un barrio en el este de la capital.
Un incidente aéreo de alto impacto geopolítico sacudió este lunes la región del Golfo Pérsico, luego de que medios iraníes informaran del presunto derribo de un caza estadounidense que, según esas versiones, cayó en territorio kuwaití. Las autoridades de Kuwait confirmaron la caída de varias aeronaves de Estados Unidos, aunque aseguraron que sus tripulantes sobrevivieron.La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que un caza F-15 de Estados Unidos fue alcanzado por los sistemas de defensa aérea iraníes cuando, supuestamente, intentaba vulnerar el espacio aéreo del país persa. Según el reporte, los restos de la aeronave habrían caído en Kuwait debido a la cercanía territorial.Versiones enfrentadasDe acuerdo con la versión difundida por medios iraníes, el avión derribado era un F-15 de combate que formaba parte de una operación ofensiva. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Washington sobre un ataque directo de las fuerzas iraníes.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud Al-Atwan, confirmó que varias aeronaves estadounidenses se estrellaron este lunes, aunque precisó que los pilotos lograron eyectarse con éxito y fueron trasladados a centros hospitalarios. Las autoridades locales indicaron que se abrió una investigación para determinar las causas del incidente y pidieron a la ciudadanía remitirse únicamente a fuentes oficiales.El suceso ocurre en medio de una nueva fase de confrontación regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció recientemente una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en Israel, en el marco del conflicto que involucra también a Estados Unidos.Durante la denominada “guerra de los 12 días” en junio pasado, en la que Israel y EE.UU. bombardearon territorio iraní, la televisión estatal de Irán informó en su momento del derribo de cazas israelíes, versión de la que posteriormente se retractó.En esta nueva escalada, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado bombardeos contra distintos puntos estratégicos de Irán, especialmente en Teherán. Según reportes oficiales iraníes emitidos al término del primer día de ofensiva, el balance preliminar de víctimas mortales ascendía a 200 personas, cifra que no ha sido actualizada.
El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio."En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión. "Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro".Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era "un objetivo designado a abatir".Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá. Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
La reforma del programa de asilo del Reino Unido entró en vigor el lunes, anunció el Ministerio del Interior, con nuevas normas que reducen drásticamente las protecciones para los refugiados y sus hijos.En virtud de las reformas, la condición de refugiado pasará a ser temporal y estará sujeta a revisión cada 30 meses. Quienes procedan de países de origen considerados seguros se verán obligados a regresar.También tendrán que esperar 20 años, en lugar de los cinco actuales, antes de poder solicitar la residencia permanente.La ministra del Interior, Shabana Mahmood, argumentó que el sistema anterior era demasiado generoso en comparación con otros países europeos y que había actuado como un "factor de atracción" que incentivaba las solicitudes de asilo."Debemos garantizar que nuestro sistema de asilo no esté creando factores de atracción que lleven a las personas a emprender peligrosos viajes a través del mundo, alimentando y financiando a los traficantes de personas".Las nuevas directrices entran en efecto para los nuevos solicitantes, indicó el gobierno laborista, que busca endurecer su política migratoria.La protección podrá renovarse para los refugiados que sigan considerándose en situación de riesgo en su país de origen, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.Con el sistema actual, en el que a los refugiados se les concede protección durante cinco años, las personas tienen derecho a traer a su familia y luego pueden solicitar un permiso de residencia permanente "prácticamente automático", mientras reciben apoyo, subrayó el gobierno, algo que calificó como "una de las ofertas más generosas a los refugiados de cualquier país de Europa occidental".Los menores no acompañados seguirán pudiendo recibir el estatuto de refugiado por un periodo de cinco años.Un total de 110.051 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en el año que terminó en septiembre de 2025, un 13 % más que el año anterior y un 7 % más que el máximo anterior de 103.081 en 2002, según un informe del Ministerio del Interior publicado en noviembre.De esa cifra, las cinco nacionalidades con mayor número de solicitantes de asilo son Pakistán, Eritrea, Irán, Afganistán y Bangladés.En conjunto, esos países representan casi dos de cada cinco solicitantes, es decir, el 39 %, en el año que terminó en septiembre de 2025.
Crece la preocupación entre las autoridades y la comunidad de Algeciras, Huila, ante el aumento de homicidios registrados en lo corrido del año. En apenas dos meses, el municipio ya suma 10 muertes violentas.Esta cifra resulta alarmante para un territorio que no supera los 25.000 habitantes y que históricamente ha sido afectado por la violencia y por la presencia de grupos armados al margen de la ley."Lamentablemente, en los dos primeros meses del año se registran 10 homicidios, una cifra bastante alta para el poco tiempo que llevamos. Recordemos que el año anterior se cerró con 30 homicidios, siendo la época más violenta registrada, según las estadísticas, en el municipio de Algeciras", señaló Alexander Martínez Ballesteros, alcalde de Algeciras.Aunque las autoridades judiciales y de investigación trabajan para esclarecer los móviles y responsables de estos homicidios, estas muertes podrían estar vinculadas a la disputa de grupos disidentes por el control territorial."Hasta ahora, las investigaciones no han arrojado un diagnóstico oficial sobre estas muertes violentas. Sin embargo, según información de la comunidad, estarían relacionadas con grupos disidentes que operan en el territorio, en disputa por un estratégico corredor vial que comunica con el departamento del Caquetá", señaló el alcalde.Ante este panorama, el mandatario local no solo expresó su preocupación, sino que indicó que se están coordinando acciones de manera articulada con el Gobierno departamental, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz y la ONU, con el objetivo de evitar que siga derramándose más sangre en el municipio.Pero, además, según la MOE, este municipio del nororiente del Huila presenta riesgo electoral por problemas de seguridad que podrían afectar las votaciones del próximo domingo, 8 de marzo.
Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República el próximo 8 de marzo, en la primera jornada electoral de este 2026. De acuerdo con la Registraduría del Estado Civil, las urnas se abrirán desde las 8:00 de la mañana y todos los registrados por el censo electoral deberán acudir a su puesto de votación para hacer efectivo su derecho al voto.¿Cómo saber el puesto de votación 2026?Hacer este trámite no es complicado y solo demora unos minutos, además que se podrá hacer a través del celular. Por eso, deberá seguir los siguientes pasos para conocer dónde deberá votar para el próximo 8 de marzo:Ingrese a www.registraduria.gov.coDe click en el botón de ‘Elecciones 2026’.Vaya a la sección de ‘Puesto de Votación’.Se abrirá una parte donde tendrá que poner su número de cédula.Ahí aparecerá su departamento, municipio, localidad y dirección exacta, además del puesto y mesa en que deberá hacerlo.Este proceso se puede hacer desde el celular y debe consultarlo antes de ir a ejercer su derecho al voto de este 8 de marzo.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí, pero no para la jornada electoral de este 8 de marzo, pues esto fue habilitado hasta hace algunas semanas. De cara a la primera vuelta presidencial, la Registraduría habilitará puestos en donde podrá hacer el cambio de su puesto para ese día y así tener su lugar mucho más cerca.¿Habrá ley seca por las elecciones del 8 marzo?Sí. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida comenzará a aplicar desde el sábado, 7 de marzo, e irá hasta la 6:00 de la mañana del lunes 9. Durante ese tiempo se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.Link para consultar jurado de votaciónIngrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que no permite excusas. En los últimos 12 años, 29 puentes han colapsado o sufrido daños graves en el país. Lo más preocupante es que 18 de esos casos ocurrieron entre 2023 y lo que va de este año 2026. Y solo en los dos primeros meses de este año ya se han caído cinco estructuras: dos en Córdoba, dos en Antioquia y una en Magdalena. Para los gremios transportadores, estas cifras no son coincidencia: reflejan una falla estructural en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial.“Se interrumpe absolutamente todo el tránsito de vehículos grandes, pequeños, buses, volquetas de todo tipo. Entonces, genera daño en la logística de entregar la mercancía en los sitios donde se necesita, perjuicios a la economía nacional, a la economía del que necesita la mercancía que nosotros transportamos y a nosotros los transportadores, porque no podemos terminar nuestro viaje. Es negligencia absoluta de la señora Ministra de Transporte”, señaló Alfonso Medrano Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.Al revisar las responsabilidades, el panorama es aún más delicado. De los 29 puentes afectados, 13 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INV), 9 corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura, seis son responsabilidad de administraciones departamentales y uno del Ejército Nacional. En 2026, cuatro de los cinco colapsos registrados recaen nuevamente sobre Invías, lo que intensifica los cuestionamientos sobre prevención, supervisión y mantenimiento.Las consecuencias no son solo cifras en un informe técnico. Cada puente que cae paraliza corredores estratégicos, encarece el transporte de carga, retrasa el traslado de pasajeros y afecta el abastecimiento de alimentos e insumos. Empresas transportadoras, conductores, auxiliares y cientos de familias ven comprometido su sustento diario. Además, el cierre de vías impacta el comercio regional y profundiza la crisis económica en las zonas afectadas.“El transporte no puede operar sobre una infraestructura incierta. La movilidad es un derecho, pero también es una variable crítica de estabilidad económica. Esto no es solo una emergencia vial, es una emergencia logística nacional en la que el gobierno tiene que intervenir lo más pronto posible”, denunció Elkin de Jesús Villegas Gil, Director Ejecutivo AGREM.Los gremios exigen al Gobierno nacional, a través de Invías y la ANI, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas: declarar la emergencia como prioridad institucional con intervención técnica inmediata y cronogramas claros; implementar medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas sin fomentar la informalidad; y definir presupuestos y tiempos reales para soluciones definitivas. Advierten que no puede repetirse el escenario de 2023 y 2024, cuando puentes militares instalados como solución temporal terminaron operando por años, como ocurre en la vía Cúcuta–Pamplona.El sector transportador insiste en que la prolongación de esta crisis no solo deteriora la economía regional, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte.
Colombia perdió a una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC: Ingrid Paola Hernández Sierra, de quien se confirmó su fallecimiento en la mañana de este lunes 2 de marzo.Ingrid Hernández se desempeñaba como asesora de Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022, donde impulsó la agenda de modernización tecnológica del Estado colombiano. Abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA, se posicionó como una de las voces técnicas más influyentes en materia de política digital y seguridad en el ciberespacio.Con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, fue pieza clave en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, el marco que redefinió la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. En su paso por el Ministerio de las TIC acompañó investigaciones a operadores, la puesta en marcha del Registro TIC y la implementación de sistemas de gestión del espectro radioeléctrico, aportando una visión integral que combinó regulación, supervisión y operación.¿Quién era Ingrid Hernández?Ingrid fue una asidua analista invitada del programa Blu 4.0. Su influencia trascendió en debates públicos sobre transformación digital que el espacio ha abordado ampliamente. Varias voces del sector TIC expresaron sus condolencias tras conocerse esta pérdida.“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Ingrid Hernández, coordinadora de Transformación Digital de @infopresidencia. Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas. Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, escribió la ministra de las TIC, Carina Murcia, en su cuenta de X.“Un día triste en el ecosistema digital. Se nos fue @Ingrid_HdezS. La conocí aprox. en sept. de 2022, cuando iniciaba su trabajo en @infopresidencia. Respetando el rol de cada uno, nos volvimos amigos y colegas para impulsar agenda en Transformación Digital”, agregó Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.“La Junta Directiva de ASOTIC y su presidenta @GaleMallol lamentan profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández y se unen en solidaridad con su familia y seres queridos”, expresaron desde la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
En una operación conjunta en zona rural de Buenaventura, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Armada, capturó en flagrancia a cuatro integrantes del ELN y decomisó material de guerra que, según inteligencia, iba a ser entregado al grupo criminal Los Shottas.El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda San Cipriano, donde fueron detenidos alias 'Pelusa', 'Flaco', 'El Viejo' y 'El Mono'. De acuerdo con las investigaciones, el armamento iba a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shottas”, estructura que disputa el control de economías ilegales en el puerto.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores de fusil, una granada de fragmentación, 88 cartuchos de diferentes calibres y elementos de intendencia militar, como uniformes y chalecos.Según la investigación, el arsenal sería utilizado para reforzar acciones como homicidios selectivos, extorsiones y control violento del territorio, en medio de la disputa criminal que Los Shottas mantienen con Los Spartanos por rutas de narcotráfico y zonas estratégicas de acopio.Las autoridades destacaron que el golpe debilita la presunta alianza entre el ELN y estructuras delincuenciales urbanas en el Pacífico, evidenciando una articulación logística para sostener rentas ilícitas.Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, un fiscal les imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
A menos de seis meses de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional ha proferido un fallo trascendental al declarar inexequibles los artículos 100 y 101 de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Estos artículos eran la base legal de las llamadas Asociaciones Público Populares, un modelo de contratación directa con organizaciones comunitarias que el mandatario ha promovido como pilar de su "economía popular".La demanda que originó esta decisión fue liderada por la abogada y académica Carolina Deik, quien junto a un equipo de juristas argumentó que estos artículos violaban principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia. El eje central del fallo radica en la reserva de ley, señalando que el Congreso no puede delegar al Ejecutivo la creación de modalidades de contratación de forma ambigua.Deik explicó en entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la Constitución de 1991 asigna exclusivamente al Congreso la facultad de expedir el estatuto general de contratación: “Había otros [argumentos], por ejemplo, el de legalidad, que en contratación estatal existe una reserva de ley para que fuera el propio Congreso el que expidiera ese estatuto general de la contratación”, explicó Deik.Uno de los puntos más críticos señalados es que el artículo 100 permitía convertir procesos que hoy son abiertos y competitivos en asignaciones a dedo. "La norma pasa de una modalidad de mínima cuantía que está regulada, que está abierta a competencia y la convierte en una modalidad de contratación directa con el agravante de que lo hace sin determinar claramente quiénes son los que pueden optar o acudir a este mecanismo”, advirtió Deik.Para los demandantes y ahora para la Corte, este modelo ponía en riesgo la selección objetiva de los contratistas. Según la abogada, el régimen de contratación debe “evitar la excesiva discrecionalidad en la asignación de los contratos"."Lo que se busca con el régimen existente es que haya selección objetiva. Eso es lo primordial”, aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa:
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, anunció que se están explorando nuevas vías de cooperación con el sistema de Naciones Unidas para continuar acompañando la implementación de las sentencias y decisiones de esta justicia transicional, luego de la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.“A través de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estamos explorando otras vías contempladas en el Acuerdo de Paz”, explicó Ramelli, quien reiteró la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación, verdad y no repetición.Por su parte, Scott Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que este organismo mantendrá su disposición de acompañar los procesos de justicia transicional, especialmente los liderados por la JEP, como parte del compromiso de la comunidad internacional con la consolidación de la paz en Colombia.A su turno, la coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villar Forner, destacó que las Naciones Unidas seguirán acompañando los siete años que restan del mandato inicial de la JEP, tal como lo han hecho desde su creación en 2017.“Hemos dejado abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las acciones, algo que aún hay que construir y definir”, añadió Villar, al referirse a las alternativas de cooperación que se diseñarán entre la ONU y la jurisdicción.Con estos anuncios, tanto la JEP como las agencias de Naciones Unidas ratificaron su compromiso de seguir trabajando juntas para garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento del sistema de justicia transicional en Colombia.
El 6 de noviembre de 1985 empezó la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, un hecho que dejó más de 100 personas fallecidas y otras desaparecidas, incluso hasta la fecha.Desde el Congreso, algunos sectores políticos recordaron este suceso, asegurando que es un hecho que rompió la historia del país.“Resquebrajó nuestra institucionalidad, nunca olvidaremos ese genocidio que existió contra nuestra justicia, fue injusto, nunca olvidaremos lo que le hicieron a la justicia colombiana”, dijo el senador Liberal Alejandro Carlos Chacón.Este jueves, 6 de noviembre, en el Congreso habrá una eucaristía en memoria de las víctimas del Palacio de Justicia."Lo primero es un abrazo a todas las víctimas del Palacio de Justicia; a los magistrados, a los trabajadores del Palacio de Justicia, a la rama judicial, a los trabajadores de la cafetería que fueron desaparecidos. Este país lo que requiere es verdad, pero no verdades sesgadas. Aquí se ha dicho que faltan muchas respuestas, yo creo que aquí todo el mundo tiene que decir cuál fue su responsabilidad pero también por qué no hicieron nada para evitar lo que allí sucedió”, agregó la senadora María José Pizarro.Algunos congresistas incluso le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro.“Aquí no se le ha pedido suficiente perdón a las víctimas, ni se puede lavar las manos ningún miembro del M-19 por más presidente de la República que sea, es una fecha en la que los colombianos debemos honrar y abrazar a la justicia colombiana”, dijo el senador Conservador Efraín Cepeda.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 015 de 2025 ante el aumento de la violencia en Vichada, provocado por los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos grupos rompieron su alianza en agosto de este año, tras dos años de cooperación, y hoy se disputan el control de rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de oro y coltán.La alerta se focaliza en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, donde la Defensoría advierte riesgos graves de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El documento señala que la confrontación ha derivado en asesinatos, confinamientos, desplazamientos masivos e incluso uso de drones con explosivos en operaciones armadas.La entidad también alertó sobre la instrumentalización de la población civil en labores logísticas y de apoyo forzado, así como el riesgo de que otros grupos ilegales, entre ellos el Nuevo Estado Mayor Central (EMC), el ERPAC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se involucren en la disputa, lo que podría agravar la situación.La Defensoría formuló 18 recomendaciones urgentes dirigidas al Ministerio del Interior, los ministerios de Defensa y Minas, la Gobernación del Vichada, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y la UNP, entre otras instituciones. Pidió una respuesta rápida y coordinada para proteger a las comunidades rurales e indígenas más afectadas por la violencia.Finalmente, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional a priorizar la seguridad humana, fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de líderes sociales, comunidades étnicas y mujeres, principales víctimas del recrudecimiento del conflicto.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) emitió un pronunciamiento este 6 de noviembre con motivo de los 40 años del ataque al Palacio de Justicia, calificando la tragedia como un “Holocausto a la Democracia”. El mensaje recuerda el asalto perpetrado por el grupo armado M-19 en 1985, que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos magistrados, empleados judiciales, civiles y miembros de la fuerza pública.“En un incomprensible y muy lamentable giro del acontecer nacional, miembros de la organización criminal que perpetró el bárbaro atentado recibieron indultos sin que sus actuaciones y responsabilidades fuesen siquiera determinadas”, señaló Acore, refiriéndose a los beneficios jurídicos concedidos a exintegrantes del M-19 tras su desmovilización.El comunicado también lamenta que, mientras los responsables materiales fueron amnistiados, “algunos miembros de la fuerza pública fueron posteriormente investigados y condenados, por omisiones o por excesos en la respuesta a la agresión”, y destacó que estos uniformados “han cumplido duras penas con respeto a las decisiones judiciales”.Al cumplirse cuatro décadas del ataque que destruyó la sede de la Corte Suprema de Justicia, ACORE reafirmó su respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y rindió tributo a quienes enfrentaron la toma del Palacio. “Hoy, cuando se cumplen cuatro décadas del demencial ataque a nuestra Democracia, honramos a los héroes por siempre”, concluyó Acore.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a la reflexión durante la conmemoración de los 40 años de la toma y el holocausto del Palacio de Justicia. En entrevista con Blu Radio, el alto funcionario subrayó la importancia de recordar a las víctimas y de preservar la memoria colectiva como ejercicio de reparación moral.“Estamos preparando una conmemoración especial porque son 40 años y es un número significativo. Queremos rendir homenaje a las víctimas, traer la memoria y evitar el olvido”, expresó Tejeiro. El magistrado recalcó que la evocación de ese trágico episodio no solo es un acto simbólico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro institucional del país.En medio de una agenda marcada por tensiones entre los poderes públicos, Tejeiro insistió en la necesidad de rescatar el respeto por la justicia y sus instituciones. “Este fue un ataque frontal a la justicia y a la democracia de Colombia. No solo fue doloroso para las víctimas, sino para toda la Nación”, recordó.“Que cese el fuego de la desinformación y del odio”El magistrado retomó las célebres palabras del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien durante el asedio clamó “¡Que cese el fuego!”. Tejeiro reinterpretó ese mensaje en el contexto actual: “Ese es hoy el fuego de la desinformación, de la descalificación, de la agresión verbal que está ocurriendo en todo el país. Que cese ese fuego”, afirmó.Su llamado fue enfático: detener la polarización que, a su juicio, está minando los fundamentos de la convivencia democrática. “La acusación insensata, la desinformación y la agresión verbal se han vuelto cotidianas. Es hora de comprender al que no nos puede comprender y entender al que no nos puede entender”, señaló.El magistrado propuso que la conmemoración sirva como punto de partida para reconstruir los lazos sociales fracturados. “Rememoremos estos hechos no solo para que no se repitan, sino para pensar qué país queremos y qué legado dejaremos a las nuevas generaciones”, enfatizó.Respeto a las instituciones judiciales y a la independencia de poderesConsultado sobre las recientes críticas del presidente Gustavo Petro hacia las altas cortes, Tejeiro fue prudente, pero firme en su defensa del equilibrio institucional. “Nuestro ordenamiento jurídico exige el respeto a las cortes, al poder judicial y, en general, a todas las instituciones. Esa necesidad de respeto es para todo el mundo, sin exclusiones”, subrayó.Si bien reconoció el derecho a la libre expresión y al disenso, insistió en la importancia de mantener el debate público dentro de los límites del respeto: “Todos podemos disentir, pero debemos hacerlo respetuosamente y con argumentos”.El magistrado explicó que la conmemoración de este año sería un acto íntimo y solemne de la Rama Judicial, razón por la cual no se extendieron invitaciones a los otros poderes del Estado. “Son actos propios de una rama judicial que está dolorida. El Ejecutivo y el Legislativo no están llamados a revivir ese dolor”, aclaró.Los símbolos y el mensaje de la justiciaSobre la controversia en torno al uso de símbolos del M-19 en actos públicos del presidente Petro, Tejeiro sostuvo que la justicia también se comunica a través de símbolos, pero con un propósito distinto: “Nosotros hacemos nuestra comunicación para decirle al país que debe reflexionar, que debe memorizar, para volver a construir un país diferente, más conviviente y más amable”.El magistrado destacó que todos los juzgados del país izarán la bandera de Colombia a media asta como expresión de duelo nacional. Este gesto, explicó, busca recordar a quienes murieron defendiendo la justicia y reafirmar la vigencia de sus ideales en el presente.Un mensaje final: memoria, respeto y futuroA pocos días de culminar su periodo como magistrado —el próximo 15 de noviembre—, Octavio Tejeiro aprovechó la entrevista para enviar un último mensaje al país: “Utilicemos estos hechos para reflexionar sobre el país que queremos, sobre lo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Disminuyamos la agresión, la descalificación y avancemos hacia un país más pacífico y más próspero”.
Colombia recuerda esta semana los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, un hecho que aún deja profundas heridas y mantiene vivo el debate sobre las responsabilidades del M-19 y de la fuerza pública en aquella tragedia que dejó 94 personas muertas —entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado— y un número todavía indeterminado de desaparecidos.El 6 de noviembre de 1985, poco antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia con el propósito de exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y realizar un juicio simbólico al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). La acción desencadenó una violenta confrontación en el corazón de Bogotá que se extendió durante 28 horas y culminó con el edificio reducido a cenizas tras un incendio que se prolongó durante la noche.“El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y permitió que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”, señaló la Comisión de la Verdad en su informe de 2010, creado para investigar los hechos de aquella tragedia que marcó la historia del país.Ese día, la Sala Constitucional de la Corte Suprema tenía previsto debatir el tratado de extradición con Estados Unidos. El magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes, y diversos testimonios apuntan a que la operación del M-19 habría sido financiada por Pablo Escobar.40 años después En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín, quien fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia, entregó detalles de cómo él y su familia vivió el holocausto del cual fue víctima su papá. Contó que los hechos se dieron cuando él estaba junto a su hermano en París, estudiando una especialización; fueron horas angustiosas; y pese a que en un principio llamaron a las familias a la calma, con el pasar de las horas la situación se tornó más difícil. La limitación en la comunicación tampoco los dejaba estar enterados minuto a minuto de lo que se estaba desarrollando en la Bogotá de 1985.Finalmente, junto a su hermano, decidieron viajar a Bogotá; a su regreso, familia e integrantes de la Universidad Externado de Colombia, los recibieron con la noticia que todos los funcionarios del Palacio habían muerto, habían sido asesinados. Medellín que se ha encargado de estar cerca del caso, aseguró que los directamente responsables de la toma del Palacio de Justicia, sin embargo, la reacción desproporcionada de las fuerzas militares y policiales causaron el holocausto.La retoma militarMedellín relata el horror que las familias sintieron al escuchar a Reyes, uno de los magistrados, pedir un cese al fuego por los medios de comunicación, afirmando que estaban en fuego cruzado, amarrados y secuestrados por el M-19. La retoma militar fue rápida y urgente, con tanquetas y helicópteros, liderada por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. La orden impartida era retomar el Palacio y "dar de baja a los guerrilleros" con toda la fuerza posible, sin el temor de que la toma se alargara.Una prueba clave en las demandas que condujeron a la condena del Estado por el exceso en el operativo militar y la ausencia de vigilancia fue la evidencia de que días antes se había El Palacio de Justicia era una obra inconclusa que solo tenía dos entradas (la principal en la Plaza de Bolívar y la de la Carrera Octava). Una vez que los guerrilleros cerraron la puerta principal, todos quedaron encerrados. Esta configuración facilitó la retoma, descrita por el Consejo de Estado y la opinión pública como un operativo con "un exceso de fuerza y de una manera absurda, sin ninguna consideración por la vida de los civiles inocentes". Medellín enfáticamente rechaza la tesis de que se salvó la democracia a costa de la vida de los magistrados.El asesinato del magistrado GaonaMedellín confirma que, el magistrado Manuel Gaona, quien se encontraba en el cuarto piso, fue asesinado por el M-19. En un momento trágico, Almarales disparó contra Gaona y otros magistrados en el baño del tercer piso, donde se habían refugiado junto a otros rehenes. El Gaona se había negado a salir, temiendo ser asesinado si lo hacía.Medellín desmiente categóricamente las versiones que sugieren que Gaona fue sacado con vida y asesinado por el Ejército, calificándolas de "absolutamente falso". Testigos presenciales y el informe de la Comisión de la Verdad coinciden en que "A Gaona lo mata Almarales".ImpunidadSegún el análisis de Medellín, la toma fue resultado de la confluencia de varias causas, aunque el supuesto "juicio" al presidente era una distracción. La relación con el narcotráfico es "evidente". La toma ocurrió justo cuando la Sala Constitucional comenzaba a discutir la ponencia de Gaona sobre el tratado de extradición, el cual buscaba salvar dicho tratado. Pablo Escobar era uno de los principales beneficiarios del desastre.El juez 30 de instrucción criminal determinó que los autores intelectuales fueron miembros de la cúpula del M-19, incluyendo a Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Vera Grave, Otty Patiño y Rosenber Pavón, y que fueron impulsados y posiblemente financiados por el narcotráfico y Pablo Escobar. La planificación de la toma fue extensa, desmintiendo que fuera una idea espontánea de los comandantes operativos Otero o Almarales.Escuche aquí la entrevista: