El momento de las definiciones ha llegado. La carrera hacia la Presidencia de 2026 comienza a tomar forma con el primer gran encuentro de los candidatos que integran la Gran Consulta Popular por Colombia, un espacio decisivo para escoger al aspirante único que representará a esta coalición en la primera vuelta presidencial.Bajo la conducción de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, ocho precandidatos se enfrentan en un debate clave que pone sobre la mesa las principales preocupaciones del país: seguridad, economía y salud. Cada intervención busca convencer no solo a los votantes de la coalición, sino a millones de colombianos que observan con atención quién tiene la capacidad de liderar un nuevo rumbo nacional.En el escenario estarán Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. (Juan Carlos Pinzón canceló a última hora) Cada uno llega con propuestas propias y visiones distintas sobre cómo enfrentar la compleja coyuntura que atraviesa Colombia.La transmisión inicia con un análisis del tablero político hacia 2026, seguido de la explicación de las reglas del debate. Luego, en el bloque de Visión de País, los aspirantes responden por qué consideran ser la mejor opción para liderar la Gran Consulta. Posteriormente, el eje de seguridad aborda los planes concretos frente al deterioro del orden público y el accionar de estructuras criminales.El debate avanza hacia la economía, uno de los puntos más sensibles para los ciudadanos, con propuestas sobre el costo de vida, la generación de empleo y la crisis de combustibles. En el segmento de salud, los candidatos exponen sus fórmulas para salvar el sistema y garantizar la atención oportuna y eficiente a los colombianos.Los momentos más tensos llegan en el cara a cara, cuando los aspirantes se interpelan directamente, y en la ronda de preguntas rápidas, donde deben responder “sí” o “no” frente a temas que dividen al país. Finalmente, el “Minuto de Oro” cierra la jornada con un mensaje directo al electorado.Este debate no solo define un candidato, sino que marca el tono de la contienda presidencial de 2026. Aquí comienza, en firme, la disputa por el liderazgo del país.
En medio de una operación militar en zona rural del departamento del Guaviare, las Fuerzas Militares hallaron varias ramplas o “cañones” hechizos diseñados para lanzar artefactos explosivos improvisados tipo balón, una modalidad que está siendo utilizada por las disidencias de las Farc para atacar a la Fuerza Pública a distancia.En la imagen, conocida tras el operativo, se observa una estructura metálica artesanal, anclada a un cilindro rojo con soportes cruzados y asegurada con correas tipo militar. El artefacto, camuflado con pintura verde y roja, estaba dispuesto en medio de la vegetación, lo que sugiere su instalación en un campamento clandestino. Según información de inteligencia, dentro de estas ramplas eran introducidos los llamados balones bomba, artefactos explosivos que, tras ser impulsados, tendrían un alcance aproximado de entre 300 y 350 metros.De acuerdo con fuentes militares, cuando estos balones caen al suelo es cuando detonan, generando una onda explosiva que pone en grave riesgo tanto a uniformados como a la población civil. Se trata de una modalidad que recuerda los explosivos hallados recientemente en una vivienda en Usme, en el sur de Bogotá, donde también fueron encontrados balones acondicionados con carga explosiva.El hallazgo se produjo durante una operación conjunta y coordinada de las Fuerzas Militares contra la estructura Martín Villa del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. La ofensiva se desarrolló en la vereda Puerto Valencia, municipio de El Retorno, Guaviare, mediante una acción de interdicción aérea y asalto aéreo, en la que participaron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.Como resultado del operativo, fueron capturados dos integrantes de la subestructura, otros dos se sometieron a la justicia y se logró la recuperación de dos menores de edad, a quienes se les activó la ruta de restablecimiento de derechos.Además, se incautaron 30 armas largas, incluidas cinco ametralladoras calibre 7.62; 10 armas cortas; un lanzagranadas M-203; cinco ramplas para el lanzamiento de explosivos; 100 proveedores; más de 30.000 cartuchos; 40 granadas de mortero; 13 granadas para dron y 300 detonadores eléctricos, entre otros elementos de guerra.Durante el desarrollo de la operación, tres militares resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo improvisado y permanecen estables bajo atención médica en el Hospital Militar Central.Las autoridades señalaron que estas ramplas habrían sido preparadas para ejecutar acciones terroristas contra unidades militares y policiales en la región, evidenciando la evolución en las tácticas de ataque de estas estructuras ilegales, que buscan aumentar su capacidad de daño mediante sistemas artesanales de lanzamiento a distancia.
La Registraduría decidió trasladar a la Procuraduría, Fiscalía y Cancillería las denuncias del partido Mira, según las cuales se podrían estar presentando presuntas irregularidades en puestos de votación de España y Estados Unidos."De manera atenta, con fundamento en lo estipulado en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se corre traslado por competencia a la Procuraduría General de la Nación de la denuncia presentada por el Partido Político Mira, en la cual se exponen asuntos que pueden tener connotación disciplinaria de su competencia frente a una serie de hechos ocurridos en los consulados de Colombia en el exterior", dice el documento enviado por la Registraduría a la Procuraduría.Según el partido, en algunos puestos de votación de España, algunas mesas de votación no tendrían el espacio suficiente entre unas y otras, lo que podría estar afectando el secreto del voto. Además, dice el Mira, que algunos jurados estarían preguntándoles a las personas si estarían seguros de su voto."En varios consulados de España y Estados Unidos se designaron como jurados de votación a funcionarios consulares, pese a que existen connacionales postulados para esta función que no fueron convocados. Este tipo de prácticas constituyen una vulneración directa a la libertad del sufragio, atentan contra el derecho fundamental al voto libre y secreto y afectan seriamente la transparencia del proceso electoral", dice el comunicado del Mira.
Luego de que la Procuraduría solicitara a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto que estableció la primera emergencia económica de su gobierno, el presidente Gustavo Petro respondió con duras críticas y defendió la necesidad de la medida para evitar una crisis fiscal.“La visión de la Procuraduría es miope respecto a la situación económica. No analiza que la emergencia económica inicial es para restablecer el camino de la sostenibilidad de la deuda y reducir la vulnerabilidad a la crisis climática”, afirmó.A través de su cuenta de X dijo también que Colombia enfrenta una senda de posible insostenibilidad de la deuda pública. Explicó que esta situación se presenta cuando hay déficit primario y el crecimiento económico es menor que la tasa de interés real. Según los datos que presentó, el país registra un crecimiento real del 2,6 %, una tasa real de interés del 5 % y un déficit primario de 65,7 billones de pesos.Para Petro, el camino correcto es disminuir progresivamente el déficit fiscal primario, “lo que permitiría bajar la tasa real de interés y fortalecer el crecimiento económico”. En ese sentido, aseguró que su gobierno ha intentado reducir el déficit, pero ha encontrado bloqueos institucionales. “Ni el Congreso ni la Corte Constitucional han permitido hacer disminuir el déficit primario con más impuestos a los más ricos, ni el Banco de la República ha querido disminuir la tasa real de interés y, al contrario, la aumenta”, concluyó.Y continuó su mensaje cuestionando duramente a la Procuraduría: “Procuraduría, mayoría de la junta del Banco de la República, algunos magistrados y la mayoría de congresistas (…) parece no importarles la senda de insostenibilidad de la deuda por la que va el país”.Al término de su mensaje, el mandatario volvió a pedirle a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de emergencia económica y permitir su aplicación.
Las Fuerzas Militares y la Policía avanzan en uno de los mayores despliegues operacionales en la frontera sur del país, la Operación Espejo, una estrategia diseñada para debilitar las redes logísticas y criminales que se financian de economías ilícitas en los departamentos de Nariño y Putumayo. El dispositivo contempla el despliegue de más de 20.000 uniformados por tierra, aire, mar y río, con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen transnacional que afecta tanto a Colombia como a Ecuador.En las últimas horas fue incorporado un componente de Fuerzas Especiales con capacidades terrestres, fluviales y de asalto aéreo, orientado hacia objetivos de alto valor estratégico previamente priorizados por inteligencia militar y policial. Las operaciones, según informaron las autoridades, se desarrollan bajo el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.El foco principal de la ofensiva son los grupos armados organizados y carteles del narcotráfico que operan en la zona fronteriza y que se nutren de rentas ilícitas derivadas del tráfico de drogas y otras actividades criminales.Dentro de la estrategia, la cooperación internacional juega un papel determinante. En articulación con Estados Unidos, Colombia busca fortalecer el intercambio de información, inteligencia y capacidades técnicas para enfrentar un enemigo común que impacta la seguridad regional.Las autoridades subrayan que cada país actúa de manera autónoma y soberana dentro de su territorio, pero con una coordinación que permita cerrar el cerco a las estructuras criminales que se mueven en la zona limítrofe.
El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia recibió atención médica por una "dolencia en la cadera", informó este lunes su equipo de prensa. González Urrutia guardará reposo durante los próximos días y, por lo tanto, "no atenderá compromisos públicos ni concederá entrevistas mientras cumple este proceso de recuperación", añadió el equipo en una publicación en X."Se mantiene en contacto permanente con su equipo y atento a los asuntos del país. Agradece las muestras de preocupación y afecto recibidas. Reanudará plenamente su agenda en cuanto cuente con autorización médica", concluye el comunicado, que no agregó más detalles sobre el estado de salud del líder opositor.González Urrutia, quien se encuentra fuera de Venezuela desde 2024, reclama desde el exilio la Presidencia del país al asegurar que derrotó a Nicolás Maduro en las presidenciales de ese año, contrario al resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral, que declaró la victoria del chavismo, aunque sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.Tras informarse sobre la atención médica del líder opositor, la principal valedora de González Urrutia, María Corina Machado, aseguró en X que los venezolanos estarán "muy pendientes" de su salud y rezan para su pronta recuperación para que siga adelante con su "extraordinario trabajo".Ambos opositores formaron una dupla de cara a las presidenciales de julio de 2024 y aseguran que Maduro fue derrotado, por lo que reclaman que el chavismo entregue el poder para que se inicie una transición democrática en Venezuela.El domingo, Machado afirmó desde Estados Unidos que regresará a Venezuela "en pocas semanas" con el objetivo de "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".La también exdiputada salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.En enero, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que depusieron y capturaron Maduro, la líder opositora se trasladó a Washington y, desde entonces, ha repetido su deseo de poder volver a su país cuanto antes.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, informó que, a raíz del caso de Juliana Guerrero, el Ministerio inició una revisión que se remonta a 2019 para establecer cuántos estudiantes obtuvieron su título sin cumplir con este requisito.Según el balance entregado por la cartera, de 1.533.807 personas registradas en el periodo analizado, 40.940 no presentaron la prueba Saber Pro, mientras que 822 la realizaron después de haberse graduado. En el nivel técnico, más de 800.000 personas se graduaron, pero más de 37.000 no presentaron el examen. En el último periodo, el 3,27 % de los graduados no cumplió con esta obligación académica.En total, 279 instituciones de educación superior graduaron al menos a un estudiante sin haber presentado la prueba, situación que ahora es objeto de verificación por parte del Ministerio.En paralelo, la Fundación San José es investigada por presuntos convenios irregulares para la oferta de programas académicos, y la revisión se extenderá a otras instituciones que tengan relación con esa entidad.“El ministerio de educación no vacilará en continuar estas medidas y sancionar si así lo ve viable”, indicó el ministro.
En diálogo con Mañanas Blu, Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, ofreció un análisis profundo y crítico sobre la escalada militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Frente a las proyecciones de la administración de Donald Trump, que sugieren un conflicto de corta duración, Amirah advirtió que, aunque es fácil iniciar una guerra, lo verdaderamente complejo es determinar cómo termina y cuáles serán sus consecuencias inesperadas.La asimetría militar y la duración del conflictoA pesar de la evidente asimetría de fuerzas entre el bloque de Estados Unidos e Israel frente a Irán, el experto señaló que la historia persa demuestra una notable capacidad de resistencia ante invasiones externas. Mientras el gobierno estadounidense ha planteado escenarios de apenas unas semanas, la experiencia en la región indica que los objetivos bélicos rara vez se cumplen en los términos y tiempos anunciados por las potencias. Actualmente, el conflicto ya muestra signos de expansión, afectando al menos a diez países vecinos e incluso alcanzando puntos tan lejanos como Chipre.El peligro del colapso estatal y el terrorismoUno de los puntos más alarmantes discutidos fue la posibilidad de que el conflicto genere un "caldo de cultivo" para el terrorismo internacional. Amirah explicó que, si bien el régimen iraní ha enfocado sus amenazas en intereses militares estadounidenses y de sus socios en la región (como bases en el Golfo o en Creta), el verdadero peligro reside en el colapso de las estructuras estatales. Al igual que ocurrió en Irak en 2003, el vacío de poder y el caos resultante podrían facilitar el surgimiento de grupos extremistas similares al ISIS, motivados por la venganza y la inestabilidad política.Intereses geopolíticos y el papel de IsraelSobre las motivaciones de la intervención, el experto puso en duda los argumentos oficiales sobre la no proliferación nuclear o la defensa de los derechos humanos. Recordó que Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear en 2018 y que existen precedentes, como en Afganistán, donde la defensa de las libertades de las mujeres fue abandonada cuando dejaron de ser una prioridad estratégica. Según Amirah, el objetivo real parece ser la preservación de la hegemonía israelí en el Medio Oriente, eliminando cualquier competencia regional. En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha buscado durante décadas una acción militar estadounidense contra Irán, buscando no solo un cambio de régimen, sino el debilitamiento interno absoluto del país.La complejidad de la sociedad iraníFinalmente, Amirah destacó que Irán es una sociedad compleja y profundamente nacionalista. A pesar del descontento interno con el régimen de los ayatolás y la represión sufrida por los jóvenes, muchos iraníes no desean ver a su país convertido en un "vasallo" de potencias extranjeras. El modelo de "cambio de régimen" a través de ataques aéreos es, según el experto, poco probable que resulte en un sistema estable; por el contrario, es más factible que desemboque en un enfrentamiento interno y un caos absoluto que afectaría a todo el sistema internacional, desde el comercio hasta la seguridad energética.Escuche aquí la entrevista:
Este lunes algunos candidatos a la presidencia se refirieron a la violencia política durante la época electoral. Uno de ellos fue Iván Cepeda, quien aseguró que desde siempre ha rechazado el uso de las armas y la violencia en la política. En el mismo sentido, aseguró que rechaza la descalificación, estigmatización e insultos contra cualquier candidato. Es por eso que pidió protección para todas las personas que participan en la contienda electoral."Hago un llamado a las autoridades para que protejan la vida de todos quienes participamos en esta campaña, y de manera especial de quienes ejercen la oposición y mantienen diferencias políticas e ideológicas conmigo y con el Gobierno. La democracia no se sostiene en el miedo, sino en la protección de la vida, en el respeto a las ideas y en la libre deliberación de posiciones distintas”, dijo Cepeda.Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella se refirió a una propuesta que hizo la Defensoría del Pueblo y es que los candidatos se comprometan por la vida y el respeto y no por la confrontación. Además, propuso "una agenda de restauración democrática, pluralismo y equilibrio institucional", señalando que está dispuesto a lograr un acuerdo nacional, pero pidiendo algunas garantías por parte del Gobierno."Se tiene la firme convicción de que hay un objetivo compartido: tener elecciones libres. Para ello, exigimos que el Gobierno Petro incorpore estas garantías, suscritas ante la Defensoría del Pueblo: Neutralidad del Gobierno Petro, garantías reales para la oposición, protección efectiva frente a la violencia, medios públicos despolitizados, territorios libres de armas ilegales, transparencia total en el proceso electoral, justicia independiente y no instrumentalizada", dijo De la Espriella.Desde el centro, el candidato Leonardo Huerta también se refirió al tema y aseguró que la democracia se sostiene sobre la confianza en las instituciones y en la autoridad electoral."Podemos tener diferencias políticas, pero no podemos debilitar el sistema que permite resolverlas pacíficamente; creer en los mecanismos democráticos es creer en la voluntad ciudadana. La Registraduría y las autoridades electorales cumplen una función esencial para proteger el voto, así como los ciudadanos que son jurados de votación y testigos electorales", dijo Huerta.
A dos meses de la intervención de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Migración Colombia reveló un informe sobre el comportamiento del flujo migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela, indicando que la movilidad se ha mantenido estable y dentro de los parámetros normales.En estos dos meses se registraron 6.786.712 movimientos migratorios, de los cuales la mayoría se concentró en la Regional Oriente, con 5 854 992 cruces (86.3 %). Le siguieron la Regional Orinoquía con 791 986 movimientos (11.7 %) y la Regional Guajira con 139 734 registros (2.1 %).Según explicó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, el flujo migratorio está mayoritariamente asociado a actividades laborales, comerciales, educativas y familiares. “El análisis técnico confirma que la frontera mantiene una movilidad alta pero estable. No se registran variaciones extraordinarias ni incrementos inusuales en los flujos. Colombia continúa gestionando una migración ordenada, con presencia institucional activa y seguimiento permanente que nos permite actuar con base en evidencia y no en especulaciones”, dijo.El informe también señala que la migración regular de ciudadanos venezolanos aumentó en 2025, con 1.302.157 movimientos registrados, lo que representa un incremento del 16.6 % frente a los 1.116.104 movimientos de 2024.Entre los principales destinos y países de procedencia de los viajes realizados por venezolanos desde y hacia Colombia está: Estados Unidos (21.6 % del total); Chile con 16.6 %, Panamá y España.
La Procuraduría General de la Nación emitió concepto sobre la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, actualmente bajo estudio de la Corte Constitucional, que previamente había suspendido sus efectos mediante una medida cautelar.El documento, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, solicita que se declare la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en varios de sus apartes, al considerar que no se cumplen los presupuestos constitucionales para la declaratoria del estado de emergencia económica y social.En el concepto se lee: “Asimismo, que declare la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a (i) la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, (ii) la atención de emergencia causada por el desastre natural, (iii) el pago de sentencias judiciales y el pago de obligaciones atrasadas”.Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público se refiere al sector defensa. Allí advierte: “Ante este panorama, el Ministerio Público considera que no procede la declaratoria del Estado de Emergencia Social y Económica respecto de estos hechos, pues, sin desconocer la relevancia de los mismos y su necesidad de atención, la situación actual es producto de fallas en los procesos de planeación del Gobierno nacional y las entidades públicas involucradas que, al momento de solicitar, asignar y priorizar los gastos, desconocieron el panorama y las realidades del país en materia de seguridad”.En relación con el cambio climático y los desastres naturales, la Procuraduría sostiene que “el Estado ya actuó para la atención de esos eventos, de modo que acudir a los mismos hechos para una declaratoria de emergencia económica y social podría desdibujar la naturaleza de aquellas herramientas de planeación y gestión del riesgo”. Añade además que “no se superó el requisito de sobreviniencia propio del presupuesto fáctico, en tanto el Gobierno nacional no acreditó que el cambio climático y la incidencia estructural que conlleva haya agravado la situación de desastre natural ya advertida en el territorio nacional y en el departamento de Cundinamarca, de donde se deduciría la necesidad de giro de recursos adicionales por el carácter extraordinario de las circunstancias”.Sin embargo, el concepto introduce una excepción en materia de salud. En este punto, la Procuraduría solicita que se declare la exequibilidad del decreto únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud, producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación.Textualmente señala: “Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, ‘por el cual se decreta el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional’, únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación”.Sobre este punto precisa que “el juicio de sobreviniencia se cumple. Además de tratarse de una cuestión relacionada con la problemática estructural en materia de salud, es cierto que la crisis fiscal y de iliquidez acaecida agravó esa situación. Lo anterior, porque para equiparar la prima pura en ambos regímenes se requiere un considerable aumento en los recursos exigidos y así cumplir con la obligación en la vigencia 2026, de manera que la posible falta de pago de estos recursos agudizaría e impactaría negativamente en la problemática estructural”.El concepto del Ministerio Público se convierte en un insumo clave para la decisión de fondo que deberá adoptar la Corte Constitucional sobre la validez del decreto. El mes de abril es la fecha límite para que el alto tribunal comparta su decisión definitiva sobre la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.
Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército, en medio de operaciones militares, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de cinco integrantes del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que, al parecer, había sido vinculada de manera forzada. La operación se logró tras un bombardeo en la zona por parte de las Fuerzas Militares como parte de la ofensiva contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.El primer procedimiento se registró en la vereda La Leona, zona rural de San José del Guaviare, donde unidades del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 28 recibieron la presentación voluntaria de tres hombres señalados de pertenecer al Bloque Amazonas, Estructura Primera. Durante el hecho fueron entregados dos fusiles calibre 5,56 milímetros, 16 proveedores metálicos, 886 cartuchos del mismo calibre y dos chalecos multipropósito, material que quedó a disposición de la autoridad competente.Luego, en la vereda Agua Bonita, también en jurisdicción de San José del Guaviare, tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 30 reportaron el sometimiento de otros dos presuntos integrantes de las estructuras 1 y 44 del mismo grupo armado criminal. Según la información oficial, estos se presentaron sin material de guerra, provenientes del sector de Puerto Flórez, en medio de la presión operacional sostenida en la zona.En el mismo procedimiento fue recuperada una adolescente que, de acuerdo con las autoridades, habría permanecido cerca de tres años vinculada de manera forzada a la Estructura 44. La menor fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.Las autoridades señalaron que estos resultados afectan de manera directa las capacidades logísticas, operacionales y financieras de las estructuras criminales que delinquen en la región, y reiteraron que continuarán las operaciones para fortalecer la seguridad y el control territorial en el Guaviare.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con una empresa de externalización de procesos de negocio. La actuación fue iniciada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, tras una denuncia recibida en 2025 que advierte sobre presuntas anomalías en la ejecución del acuerdo.De acuerdo con la información conocida, la denuncia alerta sobre un supuesto manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales en el marco del contrato. Estos señalamientos llevaron al ente de control a activar una indagación preliminar con el fin de identificar a eventuales responsables dentro de la entidad.Entre los aspectos bajo revisión se encuentra una presunta toma de decisiones administrativas y contractuales calificadas como de extrema gravedad. Según lo advertido en la denuncia, se habría producido la sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico vinculado al contrato, sin que existiera evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito debidamente documentados que justificaran dichos cambios.Asimismo, se indaga una posible desmejora deliberada de las condiciones salariales contempladas en el contrato, lo que podría implicar afectaciones a derechos laborales del personal involucrado. Este punto forma parte de las pruebas que el Ministerio Público ordenó practicar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos objeto de análisis.Por ahora inició de manera formal una etapa de verificación orientada a recopilar elementos que permitan establecer si hubo o no irregularidades en la contratación y ejecución del convenio suscrito por la Unidad de Víctimas.
El Día de la Familia es un beneficio que durante años permitió a los trabajadores formales en Colombia solicitar un día libre remunerado, pero con la implementación total de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el derecho dejaría de existir desde julio de 2026.La medida surge del cruce de dos normas: la Ley 1857 de 2017, que creó el Día de la Familia, y la Ley 2101 de 2021, que ordenó reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual. En esta última se dejó claro que el beneficio solo se mantendría mientras se hacía efectiva la reducción total de la jornada.Reducción de la jornada: ¿hasta cuándo puede pedir el Día de la Familia?En este caso, el cambio de la jornada se hará efectivo entre el 15 y el 16 de julio de 2026, cuando quede plenamente implementado el esquema de 42 horas semanales. A partir de ese momento, si la empresa cumple el nuevo límite semanal, ya no estará obligada por ley a otorgar el Día de la Familia.Durante el primer semestre de 2026, los trabajadores aún podrán solicitar el beneficio, con plazo máximo hasta el 30 de junio. Después de esa fecha, dejará de existir para quienes estén cobijados por la reducción de la jornada laboral.Por lo tanto, cada trabajador deberá verificar si su empresa ya aplicó el cambio de horario. Si no lo ha hecho, el derecho seguirá vigente hasta que la reducción laboral se formalice.Cuántos días se pueden pedir antes de la eliminaciónMientras esté activo, el esquema permite dos días libres remunerados al año, es decir, uno por semestre. Hay tres aspectos clave a tener en cuenta antes de que desaparezca el beneficio:Se puede solicitar solo si la empresa no ha completado la jornada de 42 horas.El plazo máximo para pedirlo en 2026 será el 30 de junio.Los festivos nacionales no dependen de este beneficio y se mantienen intactos.Adicionalmente, la norma contempla un nuevo día de descanso que podría reemplazar el Día de la Familia una vez se reduzca la jornada laboral: se trata del día libre por movilidad sostenible, dirigido a quienes usan la bicicleta como transporte habitual al trabajo. Para acceder, se debe presentar certificación y radicar una solicitud formal.
Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.
Para la Contraloría, el Gobierno ha dejado pasar todo un año sin hacer nada frente a los graves riesgos de seguridad energética que afronta el país. No solo se habla del riesgo de un apagón financiero, sino también de la caída en la producción de petróleo, la falta de gas y la falta de claridad sobre cuáles son los planes de la transición energética.Hace un año, el ente de control había lanzado una primera advertencia, pero no pasó nada del lado del Gobierno, según sus propias palabras.“Por haber transcurrido prácticamente un año después de la emisión de la mencionada advertencia de control concomitante y preventivo, sin que se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos, pese a que cada vez se agudizan más las condiciones de criticidad, me permito exhortar al Ministerio de Minas y Energía, y por vía suya al Gobierno Nacional, para que se obre en consecuencia con los más altos intereses de la Nación”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez en una carta dirigida al ministro de Minas, Edwin Palma.Y es que, según la Contraloría, desde comienzos de este año están esperando conocer el Plan de Transición Energética y los proyectos asociados a él, pero hasta el momento no hay claridad respecto a la diversificación de fuentes de energía, ni sobre la existencia de una infraestructura robusta (plantas, redes de transmisión, almacenamiento).Las deudas con las empresas de servicios públicos por concepto de subsidios a la energía y el gas aumentaron hasta los 2,88 billones de pesos; las exportaciones de petróleo siguen cayendo y “el país lleva tres años sin gestión para la promoción y hallazgo de nuevas reservas” de petróleo. Eso sin contar las reducciones en el recaudo de regalías.La Contraloría también alertó sobre las preocupaciones por el déficit de gas natural para el próximo año, que podría llevar a un nuevo aumento de las importaciones.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a las personas que lo siguen enviar una carta al presidente Trump exigiendo el respeto a su libertad de expresión y también su retiro de la lista Ofac. El mandatario calificó esto como toda una campaña para llenar las oficinas de la Casa Blanca y también la del senador Marco Rubio de misivas en las que se solicite la exclusión de dicho listado, por el cual bloquean sus cuentas y le impiden hacer cualquier tipo de negocio con EE. UU.“Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y, les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”, dijoEl mandatario insistió en que su gobierno ha incautado grandes cantidades de cocaína. “Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los EE. UU. y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones: Saquen a Petro de la Ofac".El mandatario también se refirió a Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del mandatario argumentando que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender servicios que lo cobijen.“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, y, por tanto, no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DD. HH.”, concluyó.
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La incertidumbre regresó a San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, liberados hace pocas horas, fueran nuevamente secuestrados.Fuentes oficiales confirmaron que los militares habían sido entregados inicialmente a un sacerdote y se encontraban bajo custodia de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), encargada de su traslado a un punto seguro. Sin embargo, antes de que la operación humanitaria se completara, un grupo los interceptó y los retuvo otra vez, trasladándolos 22 kilómetros hacia una nueva ubicación dentro de la zona rural.La comunidad que tiene retenidos a los dos soldados está exigiendo que la mesa de diálogo se traslade al sitio donde están secuestrados para que los entreguen nuevamente.Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre; sin embargo, fueron secuestrados nuevamente.
En una semana marcada por la sombría conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985), las imágenes de la tragedia reviven con una intensidad dolorosa, recordándonos la violencia que se desató en la mismísima Plaza de Bolívar de Bogotá. La radio y la prensa de la época jugaron un rol crucial, llevando a los hogares el horror con un despliegue informativo inédito. Varios medios titularon la tragedia de manera impactante: hubo reportes que hablaban de un palacio "A sangre y fuego, arrasado", otros sentenciaban que "Fue una muerte anunciada", y algunos más afirmaban que "La muerte pasó por aquí".Cuatro décadas después, el debate no ha cesado. La controversia se mantiene viva no solo por las incógnitas judiciales, sino por la profunda cicatriz emocional y política que el Holocausto dejó en el país. En medio de este ambiente de reflexión, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas mortales de la tragedia, puso el dedo en la llaga al confesar que, tras tanto tiempo, "lo más fuerte es la sensación de abandono".El trauma colectivo y la inmadurez democráticaLa sensación de abandono a la que se refiere Urán no es solo personal o familiar, sino institucional y social. La directora de la Fundación Carlos Urán y autora de varios libros, enfatizó que el país no ha logrado superar la confrontación que inició el conflicto armado, manteniéndose en una peligrosa inmadurez democrática y emocional."No hemos podido madurar y salir de ese lugar, sacar lecciones en cómo preservar y cómo exigir valores democráticos", aseveró, señalando que el trauma colectivo es tan grande que impide una conversación honesta. Según su análisis, es "mucho más fácil echarle la culpa al otro" que tener el coraje de mirar de frente lo sucedido. De hecho, lamentó que, incluso en un contexto de contienda electoral, los hechos del Palacio de Justicia "se utilicen como causa política de lado y lado", calificando la instrumentalización política de la tragedia como "absolutamente inaceptable" y ofensiva contra las víctimas.Cuando la política desdibuja la verdadUn punto de profunda indignación para Elena Urán fue la intervención del Presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente pareció equiparar a su padre con víctimas que sí empuñaron las armas. "Él también hace uso de estos para defender una postura política," reclamó, agregando que, en el caso del mandatario, la gravedad es mayor porque "pretende equiparar a sus víctimas (...) con las víctimas que no empuñaron las armas y de una otra manera también sacarse la responsabilidad que tiene el M19 frente a los hechos".Su reclamo es que esta confrontación y la manipulación del relato solo favorecen a los "actores armados", y no permiten a la sociedad civil construir "unos diálogos con más altura". Además, criticó la actitud de algunos magistrados de las altas cortes que utilizan estos hechos para posicionar su postura política, olvidando su labor como administradores de justicia y pasando a ser "un político más".En el caso particular de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya historia es especialmente trágica (salió vivo y luego apareció muerto con un disparo en la cabeza), la lucha por la verdad continúa. A pesar de una sentencia internacional, Elena Urán lamenta que las decisiones de la Fiscalía han sido "revisionistas", llegando a "desconocer pruebas". Confirmó que el proceso sigue abierto, pues aunque la situación es "lamentable", todavía hay un camino por recorrer para desentrañar lo que realmente sucedió con su padre.