En el marco del debate de Blu Radio con los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, los aspirantes mostraron una postura unánime frente a uno de los temas más sensibles del país: el orden público. Ante la pregunta directa sobre si abrirían la puerta para entablar procesos de paz con grupos al margen de la ley, la respuesta de todos los aspirantes fue un rotundo "no", marcando una distancia definitiva frente a las políticas actuales de diálogo.Sometimiento a la justicia y fin de la "Paz Total"Para Juan Manuel Galán, el cambio de mando el próximo 7 de agosto significaría el desmantelamiento inmediato del actual modelo de negociación. Su enfoque se centra en atacar las finanzas criminales y reactivar la persecución judicial. Según Galán: "Se acaba la paz total. Se reactivan todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales... no más negociaciones ni diálogos colectivos de tipo político con estructuras criminales. En mi gobierno habrá una política de sometimiento individual a la justicia".Seguridad total y Plan Colombia 2.0Paloma Valencia propuso una transición hacia lo que denominó "seguridad total", enfatizando el control del microtráfico y la extorsión mediante el fortalecimiento de la fuerza pública con apoyo internacional. Valencia afirmó: "Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. Vamos a reducirle los ingresos a los ilegales... tenemos que robustecer nuestra fuerza pública con un plan Colombia 2.0 que incluya gobiernos europeos porque necesitamos inteligencia, capacidades, drones".De la insurgencia al "traqueteo": El fin de la voluntad políticaPor su parte, David Luna justificó su negativa argumentando que la naturaleza de los grupos armados ha mutado de fines políticos a intereses puramente mafiosos, lo que imposibilita un diálogo de paz tradicional. Luna sostuvo: "El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias dejaron de ser grupos que se quieren tomar el poder con las armas para convertirse en grupos de traquetos, de mafiosos... si alguien se quiere someter, lo debe hacer ante la justicia ordinaria".El respaldo político a la fuerza públicaAníbal Gaviria centró su argumento en la pérdida de validez de la lucha armada, señalando que el acceso al poder en Colombia hoy se da a través de las urnas y no de los fusiles. Gaviria explicó: "No diálogos de paz, tiene un sustento y lo que tiene que haber es una política y una estrategia de sometimiento de los grupos criminales al Estado y los que no se sometan, toda la fuerza del Estado". Además, enfatizó la necesidad de un "apoyo político, el respaldo y el liderazgo del presidente" hacia los uniformados.Combate frontal y extradiciónEl exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que su administración no brindaría espacios de diálogo a organizaciones que considera narcoterroristas y que amenazan la democracia local. Cárdenas declaró: "Se levantan las mesas de negociación. Lo segundo, se revoca toda esta cantidad de medidas que han suspendido órdenes de captura. Se van a extraditar cuando venga la Interpol por ellos. No los vamos a frenar, que se los lleven".Autoridad sin complejos y recompensas en dólaresVicky Dávila justificó su postura basándose en lo que considera un cansancio generalizado de la ciudadanía hacia la impunidad y la falta de resultados de los diálogos previos. Dávila propuso: "Se acaba la paz total... vamos a tener recompensas jugosas en dólares en un fondo con Estados Unidos que no se lo puedan robar... vamos a recuperar el territorio recuperando la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos".Conocimiento del enemigo y desarticulación financieraPara Juan Daniel Oviedo, la situación de orden público requiere una respuesta técnica basada en la inteligencia para frenar la captura de rentas locales y autoridades civiles por parte de criminales. Oviedo argumentó: "Ya no podemos ir por el camino de la negociación porque Colombia hoy tiene un problema de orden público muy distinto al que teníamos en el pasado... queremos, como lo mencionaban ya, proceso de sometimiento a partir del conocimiento de quiénes son los enemigos del orden".Infraestructura, tecnología y megacárcelesFinalmente, Enrique Peñalosa basó su negativa en la pérdida de legitimidad política de los grupos armados y propuso una combinación de presencia estatal física y medidas punitivas severas. Peñalosa concluyó: "De ninguna manera lo haría porque ya perdieron cualquier legitimidad política que pudieran haber tenido... vamos a fortalecer con armamento, con tecnología, con inteligencia... y vamos a construir seis megacárceles con 25,000 cupos para que castiguemos de verdad".Escuche aquí lo dicho por lo precandidatos:
A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, los principales jefes de los entes de control y de la organización electoral hicieron un llamado público a respetar la institucionalidad y evitar descalificaciones anticipadas contra el órgano electoral.El procurador general, Gregorio Eljach, fue enfático al advertir que cuestionar sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático. “Respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba y después, cuando se le reclama, se dice: no es que esas son meras opiniones; pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar”, afirmó.El registrador nacional, Hernán Penagos, también defendió la independencia de la entidad que dirige y aseguró que su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución.“Lo que sí hay que cuidar es la independencia y la autonomía de todos los órganos, de las ramas del poder público y de los órganos de control; y pueden asediar la entidad cuantas veces quieran, pero vamos a defender esa autonomía y esa independencia porque es nuestro deber, porque hay que actuar con determinación y porque la Constitución se cumple. No sé por qué eso es un delito o es una falta, porque cumplir el deber y exigir independencia de la entidad se convierte en una falta. Cada uno cumple sus deberes y los estamos cumpliendo a cabalidad”, sostuvo.Por su parte, el contralor general, Hernán Rodríguez, también se refirió al contexto electoral y reveló que existen investigaciones en curso relacionadas con presunta participación indebida en política. “El procurador ayer adelantó algo y manifestó algo que hemos conversado en privado y que sabemos para dónde van las cosas: que hay cerca de 40 investigaciones a servidores públicos por presunta participación indebida en política, que lógicamente va a ir de la mano con utilización de recursos públicos”, señaló.
La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a 2 billones de pesos en sectores que no tendrían excepción dentro de la Ley de Garantías, tras su entrada en vigor.El análisis fue realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que revisó la contratación directa efectuada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, periodo en el que ya aplicaba la restricción legal que limita este tipo de contratación por parte de las entidades estatales hasta el final del proceso electoral.En total, la entidad examinó 25.685 contratos por 2,8 billones. Luego de depurar las excepciones contempladas en la norma, que permiten contratación en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en casos de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito, el organismo de control identificó que 2 billones corresponden a contratos en sectores no exceptuados.Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos directos reportados durante la vigencia de la Ley de Garantías sin que, en principio, estuvieran cobijados por las excepciones.Seguimiento a posible uso proselitista de recursosLa Contraloría también adelanta un monitoreo al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas en época electoral.Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones destinados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.Posteriormente, ya con la Ley de Garantías en vigor, se detectaron 368 contratos directos adicionales por 31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, asociados a este mismo tipo de actividades.El Contralor General señaló que la entidad actúa como garante técnico del correcto uso de los recursos públicos. “En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó.La presión presupuestalRodríguez señaló que hay más presiones presupuestales, en parte por el incremento en el pago de la reposición de votos, aunque aclaró y recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó el aumento en un ajuste técnico que estaba pendiente. Para 2025, el valor de la reposición por cada voto válido es de 8.433 pesos.
El momento de las definiciones ha llegado. La carrera hacia la Presidencia de 2026 comienza a tomar forma con el primer gran encuentro de los candidatos que integran la Gran Consulta Popular por Colombia, un espacio decisivo para escoger al aspirante único que representará a esta coalición en la primera vuelta presidencial.Bajo la conducción de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, ocho precandidatos se enfrentan en un debate clave que pone sobre la mesa las principales preocupaciones del país: seguridad, economía y salud. Cada intervención busca convencer no solo a los votantes de la coalición, sino a millones de colombianos que observan con atención quién tiene la capacidad de liderar un nuevo rumbo nacional.En el escenario estarán Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. (Juan Carlos Pinzón canceló a última hora) Cada uno llega con propuestas propias y visiones distintas sobre cómo enfrentar la compleja coyuntura que atraviesa Colombia.La transmisión inicia con un análisis del tablero político hacia 2026, seguido de la explicación de las reglas del debate. Luego, en el bloque de Visión de País, los aspirantes responden por qué consideran ser la mejor opción para liderar la Gran Consulta. Posteriormente, el eje de seguridad aborda los planes concretos frente al deterioro del orden público y el accionar de estructuras criminales.El debate avanza hacia la economía, uno de los puntos más sensibles para los ciudadanos, con propuestas sobre el costo de vida, la generación de empleo y la crisis de combustibles. En el segmento de salud, los candidatos exponen sus fórmulas para salvar el sistema y garantizar la atención oportuna y eficiente a los colombianos.Los momentos más tensos llegan en el cara a cara, cuando los aspirantes se interpelan directamente, y en la ronda de preguntas rápidas, donde deben responder “sí” o “no” frente a temas que dividen al país. Finalmente, el “Minuto de Oro” cierra la jornada con un mensaje directo al electorado.Este debate no solo define un candidato, sino que marca el tono de la contienda presidencial de 2026. Aquí comienza, en firme, la disputa por el liderazgo del país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que el ataque contra Irán está cumpliendo sus objetivos antes de lo previsto, pero también advirtió de que la guerra podría extenderse "mucho más" de lo que estimó inicialmente, en torno a un mes."Ya vamos muy por delante de nuestras proyecciones temporales", dijo Trump en la Casa Blanca, y añadió: "Desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos".En su primera comparecencia en vivo desde el inicio el sábado de la Operación 'Furia Épica' contra objetivos iraníes que acabó con la vida del líder supremo, Alí Jameneí, Trump insistió en que la República Islámica "ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestra hermoso EE.UU.""El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero", advirtió Trump, que ha usado una inminente acción militar iraní para justificar los ataques conjuntos con Israel.Según el presidente estadounidense, Irán buscaba proteger "su desarrollo de armas nucleares"."Esta era nuestra última y mejor oportunidad para lanzar el ataque que estamos llevando a cabo ahora y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", insistió en un acto en la Casa Blanca.Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, planteó la posibilidad de que la operación contra Irán se alargue más de cinco semanas. "Proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", agregó.Detalló que los objetivos de la operación son "claros" e incluyen la destrucción de las capacidades de misiles de Irán y su habilidad de continuar la producción de armas, la aniquilación de la Armada con la inutilización de unos diez navíos iraníes y asegurarse de que Teherán "no pueda obtener un arma nuclear".También afirmó que EE.UU. quiere asegurarse de que "el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras".Durante el acto en la Casa Blanca, Trump concedió Medallas de Honor a tres militares estadounidenses, dos de ellos de manera póstuma, y envió condolencias a las familias de los cuatro efectivos norteamericanos fallecidos en los ataques iniciales de la Operación 'Furia Épica'."Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense", dijo.
Una cifra encendió las alertas en el Magdalena a pocos días de las elecciones: la presencia del Clan del Golfo en el departamento habría aumentado en un 653 % desde 2021.La advertencia fue hecha por la gobernadora Margarita Guerra durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, realizada en Santa Marta, donde presentó la cartografía del riesgo electoral en el territorio.Según lo expuesto por la mandataria, el incremento en el número de hombres vinculados a esa estructura armada ilegal obliga a reforzar la presencia institucional en varios municipios priorizados antes de la jornada del próximo domingo 8 de marzo.Los territorios señalados con mayor nivel de atención son Ciénaga, Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Santa Ana, San Zenón, Remolino, Pivijay, Salamina, El Piñón y Zapayán, donde se reporta presencia del Clan del Golfo.“En las elecciones pasadas se presentaron alertas en 12 municipios, donde hubo constreñimiento al elector, prohibiciones y temor. Con base en este mapa, desde la institucionalidad hemos trabajado en las Comisiones de Seguimiento Electoral con el fin de que estos hechos no se repitan y les brindemos a los magdalenenses una elección tranquila”, aseguró Guerra ante representantes del orden nacional y departamental.La Gobernación insistió en que el objetivo es prevenir cualquier forma de presión o alteración del orden público que pueda afectar la participación ciudadana y pidió acciones coordinadas para garantizar unas elecciones con plenas garantías en el Magdalena.
En medio de un complejo panorama de orden público en el departamento de Antioquia, la Alcaldía de Medellín reportó una cifra histórica para la seguridad, ya que febrero de 2026 tiene el registro más bajo de homicidios en los últimos 50 años.El reporte que entregaron las autoridades es que febrero cerró con 11 asesinatos y 19 días consecutivos sin muertes violentas, por lo que la capital de Antioquia se consolida con una reducción que se refleja en un 13 % en homicidios en comparación con el 2025.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que estos resultados se dan por una ofensiva contra las estructuras criminales, quienes se buscan disputar el control territorial general en muchas ocasiones asesinatos entre bandas delincuenciales."En febrero se registraron 11 homicidios, y tuvimos 19 días sin muerte violenta. Ya no solo el 2024 y el 2025, que fueron los dos años consecutivos con las tasas de homicidio más bajas de las últimas décadas, sino que seguimos consolidando esa tendencia a la reducción", indicó el funcionario.Hay que mencionar que durante 2024 y 2025, en Medellín ya había registrado las tasas de homicidio más bajas de las últimas décadas y que en lo corrido de 2026 se contabilizan 39 homicidios frente a 45 del año anterior.Las autoridades en la capital de Antioquia, la tasa proyectada ronda los 10 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional cercano a 24, por lo que se espera que la cifra de homicidios siga bajando, de acuerdo con los operativos que se hacen en la ciudad.
A pocos días de la contienda electoral, la Alcaldía de Cali avanza en los preparativos para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto. En total, la capital del Valle dispondrá de 216 puestos de votación, de los cuales 22 estarán ubicados en zona rural y 194 en el área urbana, donde funcionarán 5.443 mesas para atender a un potencial electoral de 1.841.675 ciudadanos habilitados para sufragar.El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad está preparada para ofrecer todas las garantías de seguridad durante la jornada electoral, con un amplio despliegue institucional y coordinación interinstitucional.“Nosotros estamos trabajando para dar garantías en todas las mesas de votación en Cali, tanto urbanas como rurales. También estamos fortaleciendo los corredores de seguridad. Aquí en Cali estamos listos para dar esas garantías. Estamos coordinados con la Policía, tendremos más de 6.000 efectivos, el Ejército también estará patrullando, así como la Fiscalía, para garantizar el derecho de los votantes a participar en esta contienda electoral”, señaló el mandatario local.Juan Carlos Dorado, registrador especial de Cali, confirmó que toda la logística electoral ya se encuentra lista para recibir a los ciudadanos. Para este próximo 8 de marzo, Cali contará con cerca de 37 mil jurados de votación, quienes han sido capacitados desde el pasado 16 de febrero y hasta el viernes 6 de marzo, con el fin de garantizar transparencia y normalidad en el proceso.“Los puestos de votación están completamente listos para recibir a cada uno de los electores, con personal capacitado y todas las condiciones necesarias para el desarrollo de una jornada electoral ordenada y transparente”, indicó el registrador distrital de Cali.Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que consulten con anticipación su lugar de votación, acudan con su documento de identidad y participen de manera tranquila y responsable en esta jornada electoral, que contará con acompañamiento permanente de los organismos de control y seguridad.
La Policía Nacional confirmó la captura de tres hombres señalados de participar en el asesinato de la líder social Nancy Valderrama Pinzón y su hijo, en hechos que conmocionaron a Barrancabermeja el pasado 5 de febrero de 2026.De acuerdo con las autoridades, los detenidos, conocidos con los alias de “Porrón”, de 19 años; “Pirú”, de 22; y “Mocho”, de 24 años, serían los presuntos responsables del doble homicidio ocurrido en la comuna 7 del puerto petrolero, bajo la modalidad de sicariato.La víctima, Nancy Valderrama Pinzón, de 57 años, era presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano Centenario. En el mismo ataque fue asesinado su hijo, Kevin Andrés Strauss Valderrama, de 29 años.Según la investigación adelantada por unidades de inteligencia e investigación criminal, alias “Porrón” fue ubicado y capturado en Cúcuta, Norte de Santander, mientras que alias “Pirú” y “Mocho” fueron detenidos en Barrancabermeja.Los tres capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.Además, las autoridades señalaron que alias “Mocho” registra antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, tres anotaciones por tráfico de estupefacientes y lesiones personales.
En medio de una operación militar en zona rural del departamento del Guaviare, las Fuerzas Militares hallaron varias ramplas o “cañones” hechizos diseñados para lanzar artefactos explosivos improvisados tipo balón, una modalidad que está siendo utilizada por las disidencias de las Farc para atacar a la Fuerza Pública a distancia.En la imagen, conocida tras el operativo, se observa una estructura metálica artesanal, anclada a un cilindro rojo con soportes cruzados y asegurada con correas tipo militar. El artefacto, camuflado con pintura verde y roja, estaba dispuesto en medio de la vegetación, lo que sugiere su instalación en un campamento clandestino. Según información de inteligencia, dentro de estas ramplas eran introducidos los llamados balones bomba, artefactos explosivos que, tras ser impulsados, tendrían un alcance aproximado de entre 300 y 350 metros.De acuerdo con fuentes militares, cuando estos balones caen al suelo es cuando detonan, generando una onda explosiva que pone en grave riesgo tanto a uniformados como a la población civil. Se trata de una modalidad que recuerda los explosivos hallados recientemente en una vivienda en Usme, en el sur de Bogotá, donde también fueron encontrados balones acondicionados con carga explosiva.El hallazgo se produjo durante una operación conjunta y coordinada de las Fuerzas Militares contra la estructura Martín Villa del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. La ofensiva se desarrolló en la vereda Puerto Valencia, municipio de El Retorno, Guaviare, mediante una acción de interdicción aérea y asalto aéreo, en la que participaron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.Como resultado del operativo, fueron capturados dos integrantes de la subestructura, otros dos se sometieron a la justicia y se logró la recuperación de dos menores de edad, a quienes se les activó la ruta de restablecimiento de derechos.Además, se incautaron 30 armas largas, incluidas cinco ametralladoras calibre 7.62; 10 armas cortas; un lanzagranadas M-203; cinco ramplas para el lanzamiento de explosivos; 100 proveedores; más de 30.000 cartuchos; 40 granadas de mortero; 13 granadas para dron y 300 detonadores eléctricos, entre otros elementos de guerra.Durante el desarrollo de la operación, tres militares resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo improvisado y permanecen estables bajo atención médica en el Hospital Militar Central.Las autoridades señalaron que estas ramplas habrían sido preparadas para ejecutar acciones terroristas contra unidades militares y policiales en la región, evidenciando la evolución en las tácticas de ataque de estas estructuras ilegales, que buscan aumentar su capacidad de daño mediante sistemas artesanales de lanzamiento a distancia.
La Registraduría decidió trasladar a la Procuraduría, Fiscalía y Cancillería las denuncias del partido Mira, según las cuales se podrían estar presentando presuntas irregularidades en puestos de votación de España y Estados Unidos."De manera atenta, con fundamento en lo estipulado en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se corre traslado por competencia a la Procuraduría General de la Nación de la denuncia presentada por el Partido Político Mira, en la cual se exponen asuntos que pueden tener connotación disciplinaria de su competencia frente a una serie de hechos ocurridos en los consulados de Colombia en el exterior", dice el documento enviado por la Registraduría a la Procuraduría.Según el partido, en algunos puestos de votación de España, algunas mesas de votación no tendrían el espacio suficiente entre unas y otras, lo que podría estar afectando el secreto del voto. Además, dice el Mira, que algunos jurados estarían preguntándoles a las personas si estarían seguros de su voto."En varios consulados de España y Estados Unidos se designaron como jurados de votación a funcionarios consulares, pese a que existen connacionales postulados para esta función que no fueron convocados. Este tipo de prácticas constituyen una vulneración directa a la libertad del sufragio, atentan contra el derecho fundamental al voto libre y secreto y afectan seriamente la transparencia del proceso electoral", dice el comunicado del Mira.
Luego de que la Procuraduría solicitara a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto que estableció la primera emergencia económica de su gobierno, el presidente Gustavo Petro respondió con duras críticas y defendió la necesidad de la medida para evitar una crisis fiscal.“La visión de la Procuraduría es miope respecto a la situación económica. No analiza que la emergencia económica inicial es para restablecer el camino de la sostenibilidad de la deuda y reducir la vulnerabilidad a la crisis climática”, afirmó.A través de su cuenta de X dijo también que Colombia enfrenta una senda de posible insostenibilidad de la deuda pública. Explicó que esta situación se presenta cuando hay déficit primario y el crecimiento económico es menor que la tasa de interés real. Según los datos que presentó, el país registra un crecimiento real del 2,6 %, una tasa real de interés del 5 % y un déficit primario de 65,7 billones de pesos.Para Petro, el camino correcto es disminuir progresivamente el déficit fiscal primario, “lo que permitiría bajar la tasa real de interés y fortalecer el crecimiento económico”. En ese sentido, aseguró que su gobierno ha intentado reducir el déficit, pero ha encontrado bloqueos institucionales. “Ni el Congreso ni la Corte Constitucional han permitido hacer disminuir el déficit primario con más impuestos a los más ricos, ni el Banco de la República ha querido disminuir la tasa real de interés y, al contrario, la aumenta”, concluyó.Y continuó su mensaje cuestionando duramente a la Procuraduría: “Procuraduría, mayoría de la junta del Banco de la República, algunos magistrados y la mayoría de congresistas (…) parece no importarles la senda de insostenibilidad de la deuda por la que va el país”.Al término de su mensaje, el mandatario volvió a pedirle a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de emergencia económica y permitir su aplicación.
A dos meses de la intervención de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Migración Colombia reveló un informe sobre el comportamiento del flujo migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela, indicando que la movilidad se ha mantenido estable y dentro de los parámetros normales.En estos dos meses se registraron 6.786.712 movimientos migratorios, de los cuales la mayoría se concentró en la Regional Oriente, con 5 854 992 cruces (86.3 %). Le siguieron la Regional Orinoquía con 791 986 movimientos (11.7 %) y la Regional Guajira con 139 734 registros (2.1 %).Según explicó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, el flujo migratorio está mayoritariamente asociado a actividades laborales, comerciales, educativas y familiares. “El análisis técnico confirma que la frontera mantiene una movilidad alta pero estable. No se registran variaciones extraordinarias ni incrementos inusuales en los flujos. Colombia continúa gestionando una migración ordenada, con presencia institucional activa y seguimiento permanente que nos permite actuar con base en evidencia y no en especulaciones”, dijo.El informe también señala que la migración regular de ciudadanos venezolanos aumentó en 2025, con 1.302.157 movimientos registrados, lo que representa un incremento del 16.6 % frente a los 1.116.104 movimientos de 2024.Entre los principales destinos y países de procedencia de los viajes realizados por venezolanos desde y hacia Colombia está: Estados Unidos (21.6 % del total); Chile con 16.6 %, Panamá y España.
La Procuraduría General de la Nación emitió concepto sobre la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, actualmente bajo estudio de la Corte Constitucional, que previamente había suspendido sus efectos mediante una medida cautelar.El documento, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, solicita que se declare la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en varios de sus apartes, al considerar que no se cumplen los presupuestos constitucionales para la declaratoria del estado de emergencia económica y social.En el concepto se lee: “Asimismo, que declare la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a (i) la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, (ii) la atención de emergencia causada por el desastre natural, (iii) el pago de sentencias judiciales y el pago de obligaciones atrasadas”.Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público se refiere al sector defensa. Allí advierte: “Ante este panorama, el Ministerio Público considera que no procede la declaratoria del Estado de Emergencia Social y Económica respecto de estos hechos, pues, sin desconocer la relevancia de los mismos y su necesidad de atención, la situación actual es producto de fallas en los procesos de planeación del Gobierno nacional y las entidades públicas involucradas que, al momento de solicitar, asignar y priorizar los gastos, desconocieron el panorama y las realidades del país en materia de seguridad”.En relación con el cambio climático y los desastres naturales, la Procuraduría sostiene que “el Estado ya actuó para la atención de esos eventos, de modo que acudir a los mismos hechos para una declaratoria de emergencia económica y social podría desdibujar la naturaleza de aquellas herramientas de planeación y gestión del riesgo”. Añade además que “no se superó el requisito de sobreviniencia propio del presupuesto fáctico, en tanto el Gobierno nacional no acreditó que el cambio climático y la incidencia estructural que conlleva haya agravado la situación de desastre natural ya advertida en el territorio nacional y en el departamento de Cundinamarca, de donde se deduciría la necesidad de giro de recursos adicionales por el carácter extraordinario de las circunstancias”.Sin embargo, el concepto introduce una excepción en materia de salud. En este punto, la Procuraduría solicita que se declare la exequibilidad del decreto únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud, producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación.Textualmente señala: “Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, ‘por el cual se decreta el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional’, únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación”.Sobre este punto precisa que “el juicio de sobreviniencia se cumple. Además de tratarse de una cuestión relacionada con la problemática estructural en materia de salud, es cierto que la crisis fiscal y de iliquidez acaecida agravó esa situación. Lo anterior, porque para equiparar la prima pura en ambos regímenes se requiere un considerable aumento en los recursos exigidos y así cumplir con la obligación en la vigencia 2026, de manera que la posible falta de pago de estos recursos agudizaría e impactaría negativamente en la problemática estructural”.El concepto del Ministerio Público se convierte en un insumo clave para la decisión de fondo que deberá adoptar la Corte Constitucional sobre la validez del decreto. El mes de abril es la fecha límite para que el alto tribunal comparta su decisión definitiva sobre la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.
Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército, en medio de operaciones militares, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de cinco integrantes del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que, al parecer, había sido vinculada de manera forzada. La operación se logró tras un bombardeo en la zona por parte de las Fuerzas Militares como parte de la ofensiva contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.El primer procedimiento se registró en la vereda La Leona, zona rural de San José del Guaviare, donde unidades del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 28 recibieron la presentación voluntaria de tres hombres señalados de pertenecer al Bloque Amazonas, Estructura Primera. Durante el hecho fueron entregados dos fusiles calibre 5,56 milímetros, 16 proveedores metálicos, 886 cartuchos del mismo calibre y dos chalecos multipropósito, material que quedó a disposición de la autoridad competente.Luego, en la vereda Agua Bonita, también en jurisdicción de San José del Guaviare, tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 30 reportaron el sometimiento de otros dos presuntos integrantes de las estructuras 1 y 44 del mismo grupo armado criminal. Según la información oficial, estos se presentaron sin material de guerra, provenientes del sector de Puerto Flórez, en medio de la presión operacional sostenida en la zona.En el mismo procedimiento fue recuperada una adolescente que, de acuerdo con las autoridades, habría permanecido cerca de tres años vinculada de manera forzada a la Estructura 44. La menor fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.Las autoridades señalaron que estos resultados afectan de manera directa las capacidades logísticas, operacionales y financieras de las estructuras criminales que delinquen en la región, y reiteraron que continuarán las operaciones para fortalecer la seguridad y el control territorial en el Guaviare.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con una empresa de externalización de procesos de negocio. La actuación fue iniciada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, tras una denuncia recibida en 2025 que advierte sobre presuntas anomalías en la ejecución del acuerdo.De acuerdo con la información conocida, la denuncia alerta sobre un supuesto manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales en el marco del contrato. Estos señalamientos llevaron al ente de control a activar una indagación preliminar con el fin de identificar a eventuales responsables dentro de la entidad.Entre los aspectos bajo revisión se encuentra una presunta toma de decisiones administrativas y contractuales calificadas como de extrema gravedad. Según lo advertido en la denuncia, se habría producido la sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico vinculado al contrato, sin que existiera evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito debidamente documentados que justificaran dichos cambios.Asimismo, se indaga una posible desmejora deliberada de las condiciones salariales contempladas en el contrato, lo que podría implicar afectaciones a derechos laborales del personal involucrado. Este punto forma parte de las pruebas que el Ministerio Público ordenó practicar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos objeto de análisis.Por ahora inició de manera formal una etapa de verificación orientada a recopilar elementos que permitan establecer si hubo o no irregularidades en la contratación y ejecución del convenio suscrito por la Unidad de Víctimas.
El Día de la Familia es un beneficio que durante años permitió a los trabajadores formales en Colombia solicitar un día libre remunerado, pero con la implementación total de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el derecho dejaría de existir desde julio de 2026.La medida surge del cruce de dos normas: la Ley 1857 de 2017, que creó el Día de la Familia, y la Ley 2101 de 2021, que ordenó reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual. En esta última se dejó claro que el beneficio solo se mantendría mientras se hacía efectiva la reducción total de la jornada.Reducción de la jornada: ¿hasta cuándo puede pedir el Día de la Familia?En este caso, el cambio de la jornada se hará efectivo entre el 15 y el 16 de julio de 2026, cuando quede plenamente implementado el esquema de 42 horas semanales. A partir de ese momento, si la empresa cumple el nuevo límite semanal, ya no estará obligada por ley a otorgar el Día de la Familia.Durante el primer semestre de 2026, los trabajadores aún podrán solicitar el beneficio, con plazo máximo hasta el 30 de junio. Después de esa fecha, dejará de existir para quienes estén cobijados por la reducción de la jornada laboral.Por lo tanto, cada trabajador deberá verificar si su empresa ya aplicó el cambio de horario. Si no lo ha hecho, el derecho seguirá vigente hasta que la reducción laboral se formalice.Cuántos días se pueden pedir antes de la eliminaciónMientras esté activo, el esquema permite dos días libres remunerados al año, es decir, uno por semestre. Hay tres aspectos clave a tener en cuenta antes de que desaparezca el beneficio:Se puede solicitar solo si la empresa no ha completado la jornada de 42 horas.El plazo máximo para pedirlo en 2026 será el 30 de junio.Los festivos nacionales no dependen de este beneficio y se mantienen intactos.Adicionalmente, la norma contempla un nuevo día de descanso que podría reemplazar el Día de la Familia una vez se reduzca la jornada laboral: se trata del día libre por movilidad sostenible, dirigido a quienes usan la bicicleta como transporte habitual al trabajo. Para acceder, se debe presentar certificación y radicar una solicitud formal.
Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Para la Contraloría, el Gobierno ha dejado pasar todo un año sin hacer nada frente a los graves riesgos de seguridad energética que afronta el país. No solo se habla del riesgo de un apagón financiero, sino también de la caída en la producción de petróleo, la falta de gas y la falta de claridad sobre cuáles son los planes de la transición energética.Hace un año, el ente de control había lanzado una primera advertencia, pero no pasó nada del lado del Gobierno, según sus propias palabras.“Por haber transcurrido prácticamente un año después de la emisión de la mencionada advertencia de control concomitante y preventivo, sin que se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos, pese a que cada vez se agudizan más las condiciones de criticidad, me permito exhortar al Ministerio de Minas y Energía, y por vía suya al Gobierno Nacional, para que se obre en consecuencia con los más altos intereses de la Nación”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez en una carta dirigida al ministro de Minas, Edwin Palma.Y es que, según la Contraloría, desde comienzos de este año están esperando conocer el Plan de Transición Energética y los proyectos asociados a él, pero hasta el momento no hay claridad respecto a la diversificación de fuentes de energía, ni sobre la existencia de una infraestructura robusta (plantas, redes de transmisión, almacenamiento).Las deudas con las empresas de servicios públicos por concepto de subsidios a la energía y el gas aumentaron hasta los 2,88 billones de pesos; las exportaciones de petróleo siguen cayendo y “el país lleva tres años sin gestión para la promoción y hallazgo de nuevas reservas” de petróleo. Eso sin contar las reducciones en el recaudo de regalías.La Contraloría también alertó sobre las preocupaciones por el déficit de gas natural para el próximo año, que podría llevar a un nuevo aumento de las importaciones.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a las personas que lo siguen enviar una carta al presidente Trump exigiendo el respeto a su libertad de expresión y también su retiro de la lista Ofac. El mandatario calificó esto como toda una campaña para llenar las oficinas de la Casa Blanca y también la del senador Marco Rubio de misivas en las que se solicite la exclusión de dicho listado, por el cual bloquean sus cuentas y le impiden hacer cualquier tipo de negocio con EE. UU.“Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y, les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”, dijoEl mandatario insistió en que su gobierno ha incautado grandes cantidades de cocaína. “Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los EE. UU. y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones: Saquen a Petro de la Ofac".El mandatario también se refirió a Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del mandatario argumentando que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender servicios que lo cobijen.“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, y, por tanto, no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DD. HH.”, concluyó.
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La incertidumbre regresó a San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, liberados hace pocas horas, fueran nuevamente secuestrados.Fuentes oficiales confirmaron que los militares habían sido entregados inicialmente a un sacerdote y se encontraban bajo custodia de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), encargada de su traslado a un punto seguro. Sin embargo, antes de que la operación humanitaria se completara, un grupo los interceptó y los retuvo otra vez, trasladándolos 22 kilómetros hacia una nueva ubicación dentro de la zona rural.La comunidad que tiene retenidos a los dos soldados está exigiendo que la mesa de diálogo se traslade al sitio donde están secuestrados para que los entreguen nuevamente.Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre; sin embargo, fueron secuestrados nuevamente.
En una semana marcada por la sombría conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985), las imágenes de la tragedia reviven con una intensidad dolorosa, recordándonos la violencia que se desató en la mismísima Plaza de Bolívar de Bogotá. La radio y la prensa de la época jugaron un rol crucial, llevando a los hogares el horror con un despliegue informativo inédito. Varios medios titularon la tragedia de manera impactante: hubo reportes que hablaban de un palacio "A sangre y fuego, arrasado", otros sentenciaban que "Fue una muerte anunciada", y algunos más afirmaban que "La muerte pasó por aquí".Cuatro décadas después, el debate no ha cesado. La controversia se mantiene viva no solo por las incógnitas judiciales, sino por la profunda cicatriz emocional y política que el Holocausto dejó en el país. En medio de este ambiente de reflexión, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas mortales de la tragedia, puso el dedo en la llaga al confesar que, tras tanto tiempo, "lo más fuerte es la sensación de abandono".El trauma colectivo y la inmadurez democráticaLa sensación de abandono a la que se refiere Urán no es solo personal o familiar, sino institucional y social. La directora de la Fundación Carlos Urán y autora de varios libros, enfatizó que el país no ha logrado superar la confrontación que inició el conflicto armado, manteniéndose en una peligrosa inmadurez democrática y emocional."No hemos podido madurar y salir de ese lugar, sacar lecciones en cómo preservar y cómo exigir valores democráticos", aseveró, señalando que el trauma colectivo es tan grande que impide una conversación honesta. Según su análisis, es "mucho más fácil echarle la culpa al otro" que tener el coraje de mirar de frente lo sucedido. De hecho, lamentó que, incluso en un contexto de contienda electoral, los hechos del Palacio de Justicia "se utilicen como causa política de lado y lado", calificando la instrumentalización política de la tragedia como "absolutamente inaceptable" y ofensiva contra las víctimas.Cuando la política desdibuja la verdadUn punto de profunda indignación para Elena Urán fue la intervención del Presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente pareció equiparar a su padre con víctimas que sí empuñaron las armas. "Él también hace uso de estos para defender una postura política," reclamó, agregando que, en el caso del mandatario, la gravedad es mayor porque "pretende equiparar a sus víctimas (...) con las víctimas que no empuñaron las armas y de una otra manera también sacarse la responsabilidad que tiene el M19 frente a los hechos".Su reclamo es que esta confrontación y la manipulación del relato solo favorecen a los "actores armados", y no permiten a la sociedad civil construir "unos diálogos con más altura". Además, criticó la actitud de algunos magistrados de las altas cortes que utilizan estos hechos para posicionar su postura política, olvidando su labor como administradores de justicia y pasando a ser "un político más".En el caso particular de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya historia es especialmente trágica (salió vivo y luego apareció muerto con un disparo en la cabeza), la lucha por la verdad continúa. A pesar de una sentencia internacional, Elena Urán lamenta que las decisiones de la Fiscalía han sido "revisionistas", llegando a "desconocer pruebas". Confirmó que el proceso sigue abierto, pues aunque la situación es "lamentable", todavía hay un camino por recorrer para desentrañar lo que realmente sucedió con su padre.