El partido político Mira solicitó la intervención de la Cancillería, la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral ante presuntas irregularidades en la jornada electoral en el exterior. Una de las denuncias señala que, en Madrid, España, las mesas de votación estaban ubicadas sin la debida distancia, lo que habría afectado la privacidad del elector.En conversación con Blu Radio, el cónsul de Colombia en esa ciudad, Javier Higuera, explicó que se adoptaron correctivos para garantizar mejores condiciones durante la jornada.“Estábamos con una distribución que se podía mejorar y para el día de hoy, como medida de mejora, establecimos una nueva distribución que nos dio un espacio más amplio y hoy la jornada fluyó de manera incluso más eficiente que la de ayer”.En Madrid hay 103.000 personas habilitadas para votar y 139 mesas de votación dispuestas para esta jornada. La votación en el exterior también avanza en otros 66 países, entre ellos Estados Unidos. Desde allí, el embajador de Colombia, Daniel García Peña, entregó un balance del primer día.“En el día de ayer ejercieron su derecho al voto 2.052 personas a lo largo de Estados Unidos. Es así como aprovecho para invitar a los connacionales que hayan inscrito su cédula antes del pasado 8 de enero a votar a lo largo de esta semana, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, hasta el próximo domingo”, señaló.En Estados Unidos hay más de 500 puestos de votación abiertos por los 12 consulados y más de 360.000 colombianos están habilitados para participar en estas elecciones.
En el bloque de preguntas cruzadas durante el debate organizado por Blu Radio para la Gran Consulta por Colombia, el tono subió varios puntos cuando Vicky Dávila lanzó una pregunta que incomodó a Juan Daniel Oviedo: “¿Por qué te gusta ese Petro? ¿Te gusta un poquito?”.Vicky Dávila enmarcó su intervención en una crítica directa al gobierno de Gustavo Petro, en la que señaló que Colombia enfrenta una corrupción “disparada”, problemas de seguridad, crisis en salud y falta de oportunidades. Además, afirmó que ha sido “un pésimo presidente” y sugirió una actitud benévola de Oviedo frente al gobierno actual.Oviedo respondió con vehemencia: “Reconocer la realidad no me hace petrista”Oviedo rechazó las acusaciones y pidió bajar el tono de los prejuicios. Afirmó que reconocer que “el 48 % del país siente que las cosas van bien” no lo convierte en simpatizante del presidente. “¿O es que acaso querían hacer campaña con un país destruido?”, replicó.El exdirector del DANE también insistió en que el debate no puede quedarse en etiquetas. Además, propuso poner fin a los “populismos de izquierda o de derecha” y asumir la realidad con seriedad. Recordó que Petro ganó en democracia, aunque a muchos no les guste, y desconocerlo no ayuda a construir soluciones.Oviedo cuestionó a Vicky Dávila por su postura sobre GazaLuego llegó el turno de Juan Daniel Oviedo para preguntar y contraatacó a Vicky Dávila con un tema sensible: la guerra en Gaza. Planteó si no valía la pena abrir la puerta a una postura diferente frente al reconocimiento de un genocidio, tras mencionar la muerte de casi 16.000 civiles y niños desde 2023.Dávila respondió que no está de acuerdo con que mueran inocentes, pero defendió el derecho de Israel a protegerse y criticó que Petro no condenara con contundencia los ataques contra ese país. También llevó el debate al terreno local: mencionó la violencia en Colombia, el accionar del Clan del Golfo y el reclutamiento de 18.600 menores por parte de las FARC.
Esta es información que le entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la senadora Angélica Lozano, luego de una solicitud formal que ella elevó. Y la respuesta es directa: el Clan del Golfo no ha puesto a disposición ni un solo niño, niña o adolescente reclutado.El grupo había anunciado en septiembre de 2025 que devolvería a los menores como un gesto inicial dentro del proceso de diálogo. Incluso habló de realizar un censo interno para identificarlos y entregarlos al Estado.Sin embargo, varios meses después, el ICBF certifica que no ha recibido a ningún menor por parte de esa organización. Ni uno.Mientras tanto, el proceso sí ha avanzado en otros frentes. Cinco de los principales jefes tienen suspendidas sus órdenes de captura y extradición. Además, el Estado ha destinado más de 9.600 millones de pesos en esquemas de protección financiados con recursos públicos. También se habilitaron zonas especiales en Córdoba y Chocó donde pueden concentrarse bajo condiciones acordadas.El contraste es lo que genera la polémica: hay beneficios vigentes y recursos invertidos, pero el compromiso humanitario de devolver a los niños sigue sin cumplirse.Para la senadora Lozano, no puede hablarse de avances reales si el gesto más importante, que era devolver a los menores, sigue pendiente. “Si el primer gesto de paz eran los niños, ese gesto todavía no llega”, concluyó.
Durante las preguntas cruzadas del debate de los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas confrontó directamente a la senadora Paloma Valencia sobre la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez integre su fórmula vicepresidencial. El debate, que permitió a los precandidatos fijar posturas claras mediante una dinámica de preguntas cruzadas, puso de manifiesto las profundas divisiones sobre el papel del uribismo en las próximas elecciones y la viabilidad jurídica de tal propuesta. El argumento de la ilegalidad y el relevo generacionalCárdenas fue tajante al expresar su desacuerdo con la idea de Valencia. Según el exministro, buscar a Uribe como vicepresidente no solo es un error político, sino una movida legalmente inviable. "Es ilegal. Él no podría asumir la función presidencial", afirmó Cárdenas, sugiriendo que las restricciones constitucionales impedirían que el expresidente ocupara dicho cargo ante una eventual falta del mandatario.Además de los obstáculos legales, Cárdenas cuestionó la necesidad de mirar hacia atrás en lugar de apostar por figuras emergentes. "¿Es necesario volver al pasado?", preguntó, enfatizando que el país cuenta con un "liderazgo nuevo" y personas que desean "tomar las riendas de este país" con una visión renovada, lejos de la sombra de figuras que ya han cumplido su ciclo en el poder ejecutivo.La respuesta de Paloma ValenciaPor su parte, Paloma Valencia defendió su postura asegurando que no considera que la propuesta sea ilegal. Sin embargo, aclaró que la decisión sobre quién la acompañará en la vicepresidencia no es algo que tenga definido actualmente. Valencia señaló que, de resultar ganadora en la consulta, buscará el consenso con sus aliados políticos para definir ese cargo. "Mi decisión será, ojalá, concertada con todos y con mi partido", señaló la senadora, extendiendo una invitación a Cárdenas y a su equipo para discutir el tema en el futuro.Valencia subrayó que una candidatura surgida de esta coalición debe ser un esfuerzo conjunto y no una decisión ajena a los demás integrantes del equipo.Uribe: ¿Candidato o consejero permanente?A pesar de las críticas de Cárdenas, Valencia reafirmó su profunda admiración y lealtad hacia Álvaro Uribe, describiéndolo como una figura muy querida por los colombianos que, al recorrer el país, tiene el poder de convertir a cualquier candidato en presidente. La senadora fue enfática en que, independientemente del cargo formal que ocupe, la influencia de Uribe será constante en su carrera. "Si no es mi fórmula, sí va a ser mi consejero siempre", puntualizó.Escuche aquí el momento:
El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, afirmó este lunes que su equipo ya tiene planes de juego pensados para cada uno de su rivales en el Mundial de 2026, en el que hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una repesca."Lo que uno puede organizar ahora es la logística, estudiar a los rivales, imaginar con qué sistema y con qué jugadores ejecutar ese plan de juego para cada partido. Eso lo tenemos más o menos claro, pero hay muchas cosas que pueden cambiar, de acá a cuatro meses que faltan", expresó Lorenzo.El estratega, que habló en la presentación de la campaña 'El club de La Sele', afirmó que en el debut en el Mundial ante Uzbekistán, el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, "la selección tiene que mostrar lo suyo, tratar de dominar el partido, ser protagonista y ganar"."Ganar es muy importante, esperemos jugar bien también. Pero te recuerdo que a mí me tocó perder el primer partido (como jugador con la selección argentina) en Italia 90 y llegamos a la final", recordó Lorenzo.Durante la presentación de la campaña -que busca que restaurantes y bares de Colombia y el mundo podrán acreditarse como lugares oficiales para ver los partidos de la selección cafetera- también habló el exportero René Higuita y el cantante Carlos Vives, cuyo restaurante Cumbia House se convirtió en el primer establecimiento vinculado a 'El club de La Sele'."Ahora debemos tener muchas más aspiraciones (en el Mundial), cada día se tienen más aspiraciones y decía Luis Alfonso Marroquín: 'Hay que volar bajito, no le digamos a nadie, con humildad'. Tenemos, maestro (Lorenzo), una gran selección", afirmó Higuita.Colombia jugará en Bogotá antes de viajar hacia el Mundial 2026Colombia se despedirá de su público antes de viajar al Mundial de 2026 con un partido amistoso en Bogotá el próximo 29 de mayo ante un rival que aún está por definir, confirmó este lunes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún."Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá, con los empresarios del estadio El Campín y creo que no va a sufrir ninguna modificación", afirmó Jesurún en una rueda de prensa.El directivo, que habló tras participar en la presentación de la campaña 'El club de La Sele', que Colombia disputará su último partido de preparación para el Mundial el próximo 7 de junio en Estados Unidos.Según medios locales, el juego se disputará en San Diego contra Jordania.Antes de esos partidos, Colombia ya confirmó que jugará el 26 de marzo contra Croacia y tres días después ante Francia, dos amistosos que se realizarán en Estados Unidos."Son dos rivales inmejorables. Tenemos todo establecido para llegar la semana del 21 a Orlando, donde jugaremos el primer partido frente a Croacia. Luego de culminado ese partido viajaremos en un vuelo chárter a Washington para jugar el domingo 29 frente a la selección francesa", expresó Jesurún.
El 1 de marzo quedó marcado como una noche especial para José Enamorado. El extremo colombiano se convirtió en figura en la final de ida del Campeonato Gaúcho, donde Grêmio goleó 3-0 a Internacional en el clásico de Porto Alegre. Su gol, un bombazo de media distancia, no solo abrió el marcador, sino que terminó de conquistar a una hinchada que ya empieza a corear su nombre.El tanto llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando el partido aún estaba 0-0, pero tras un rebote en el área después de un tiro de esquina, Enamorado controló un balón que venía con potencia, lo impactó y sacó un remate imparable para el arquero Sergio Rochet. Así, el barranquillero puso a celebrar a miles de hinchas.En entrevista con Blog Deportivo, el jugador no ocultó su felicidad. Para él, fue la recompensa al trabajo silencioso que ha venido haciendo desde su llegada al fútbol brasileño.“Muy contento, feliz, porque se me dio la oportunidad de marcar en un clásico, en otra final (...) El balón venía un poco fuerte y gracias a Dios alcancé a controlarla bien hacia adelante. Cuando vi que todos venían saliendo para bloquear, rematé antes”, relató en los micrófonos de Blu Radio.El clásico vs. InternacionalMás allá del gol, Enamorado destacó lo que significa disputar el clásico en Porto Alegre, calificándolo como un partido que "se gana sí o sí”. La intensidad con la que se vive en la previa y durante el encuentro fue algo que lo impactó desde el primer momento. Con la ventaja 3-0 en la serie, el plantel sabe que aún falta el duelo de vuelta en casa del rival, pero el colombiano fue claro: la mentalidad es mantener la concentración y cerrar el título.Vale recordar que la final de vuelta será el domingo 8 de marzo a las 4:00 de la tarde y esta vez el Gremio oficiará como visitante.En Brasil, su técnico lo llenó de elogios por su despliegue físico y capacidad para recorrer la banda durante todo el partido."La idea es seguir trabajando, seguir mejorando día a día, porque sabemos que esto no termina aquí y que todavía falta mucho camino por recorrer", concluyó el exjugador de Junior.
El Gobierno de Estados Unidos tomó una decisión que sacude el sector tecnológico y marca un precedente en la industria de la inteligencia artificial: rescindió todos los contratos federales con Anthropic, la empresa creadora del sistema Claude, tras desacuerdos sobre el uso de sus modelos en escenarios sensibles de seguridad nacional.La ruptura se produce luego de que la compañía se negara a permitir un uso sin restricciones de su tecnología, especialmente en aplicaciones que, según sus directivos, entrarían en conflicto con sus principios éticos.El pentágono da seis meses para la transiciónSegún explicó en entrevista con Maañanas Blu 10:30 AM Pablo Aya, director de Business and Language Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, el Departamento de Defensa calificó la tecnología de la firma como un “riesgo en su cadena de suministro”.De acuerdo con el experto, el Pentágono otorgó un plazo de seis meses para que las agencias de defensa realicen la transición hacia otros proveedores tecnológicos.La decisión implica el fin de una relación que, hasta hace pocos meses, era cercana. Desde mayo de 2024, ambas partes mantenían contratos por cerca de 200 millones de dólares destinados al análisis de grandes bases de datos.El choque: principios éticos vs. seguridad nacionalLa tensión escaló cuando la administración estadounidense planteó posibles usos de la inteligencia artificial en tareas de vigilancia y defensa. Anthropic, liderada por su CEO Dario Amodei, expresó reservas frente a escenarios como la vigilancia masiva de ciudadanos o el desarrollo de armas autónomas sin supervisión humana.“Las reticencias que tenía Anthropic eran en el caso de hacer una vigilancia masiva de la ciudadanía y en el uso de la inteligencia artificial para armas autónomas”, señaló Aya.Ante esa postura, el Gobierno optó por cortar la relación contractual, priorizando la libertad operativa en materia de defensa sobre las restricciones éticas planteadas por la empresa.El debate sobre armas autónomasUno de los puntos más sensibles del desacuerdo gira en torno a la automatización de decisiones letales en el campo de batalla. Anthropic ha sido clara en su oposición a que sus modelos tomen decisiones de ataque sin intervención humana directa.“Eso es una de las cuestiones que ha puesto Darío Amodei sobre la mesa, el hecho de que se utilicen inteligencias artificiales para tomar decisiones en conflictos de guerra de manera automatizada, sin intervención humana”, explicó Aya.La postura de la compañía contrasta con la estrategia militar estadounidense, que estaría integrando capacidades de automatización avanzada en su planificación, incluido el uso de drones con altos niveles de autonomía.La brecha regulatoria con EuropaEl caso también reabre el debate sobre la regulación internacional de la inteligencia artificial. Mientras en Europa existe un marco más restrictivo frente al uso de sistemas autónomos en defensa y vigilancia, en Estados Unidos el enfoque ha sido distinto.Aya recordó que la regulación es posible cuando existe voluntad política y citó como ejemplo el Reglamento de Inteligencia Artificial europeo, que contempla restricciones a sistemas biométricos y de vigilancia masiva.No obstante, advirtió que la capacidad real de limitar estas tecnologías dependerá de las “barreras éticas que quieran imponer, que al final son decisiones soberanas de cada país”.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 2 de marzo de 2026:Haizam Amirah, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, habló de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.Pablo Haya, director de Business Instituto de Ingeniería del Conocimiento, se refirió sobre las garantías de sus sistemas Claude para que no se utilicen para fines como la vigilancia doméstica en Estados Unidos.Felipe Harman, director de la ANT, se refirió acerca de los decretos que se firmaron por parte del Ministerio de Agricultura para solventar la situación de tierras de los damnificados en Córdoba.Carolina Deik, abogada demandante artículos PND, habló de qué se trata la demanda que presentó ante la Corte.Escuche el programa completo aquí:
En una operación conjunta en zona rural de Buenaventura, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Armada, capturó en flagrancia a cuatro integrantes del ELN y decomisó material de guerra que, según inteligencia, iba a ser entregado al grupo criminal Los Shottas.El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda San Cipriano, donde fueron detenidos alias 'Pelusa', 'Flaco', 'El Viejo' y 'El Mono'. De acuerdo con las investigaciones, el armamento iba a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shottas”, estructura que disputa el control de economías ilegales en el puerto.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores de fusil, una granada de fragmentación, 88 cartuchos de diferentes calibres y elementos de intendencia militar, como uniformes y chalecos.Según la investigación, el arsenal sería utilizado para reforzar acciones como homicidios selectivos, extorsiones y control violento del territorio, en medio de la disputa criminal que Los Shottas mantienen con Los Spartanos por rutas de narcotráfico y zonas estratégicas de acopio.Las autoridades destacaron que el golpe debilita la presunta alianza entre el ELN y estructuras delincuenciales urbanas en el Pacífico, evidenciando una articulación logística para sostener rentas ilícitas.Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, un fiscal les imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
A través de su cuenta de X, el precandidato de la Consulta Frente por la Vida se refirió a las opciones que está considerando para la Vicepresidencia. Por un lado, mencionó a la senadora Gloria Flórez, quien en su momento también aspiraba a ser precandidata presidencial, pero se bajó de la contienda y se sumó a su compañero de bancada, el senador Iván Cepeda, cuando se votó la consulta de octubre del año pasado.La periodista María Jimena Duzán, de Cambio, es otra de sus opcionadas. A la lista se suma también su colega, escritora y columnista colombiana Patricia Lara.El último nombre es el de la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ya había expresado públicamente su apoyo a su campaña. Esto, desde algunos sectores, fue interpretado como un respaldo del jefe de la cartera política, aunque él lo negó e insistió en que, como lo pidió el presidente, no votaría la consulta.Barreras aseguró que estas opciones las considera si el presidente Gustavo Petro no acepta ser su fórmula vicepresidencial, pues insiste en que está habilitado para hacerlo, al igual que el expresidente Álvaro Uribe, como también lo planteó la precandidata de la Gran Consulta, Paloma Valencia.“Todo el mundo me pregunta quién va a ser mi vicepresidente. Yo contesto: uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Hoy me levanté pensando que, después de todo el recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Qué piensan?”, aseguró.
El futuro del sistema pensional colombiano y la posibilidad de aumentar la edad de jubilación se tomaron el debate de la Gran Consulta por Colombia. En un escenario de incertidumbre por las reformas del Gobierno Petro, los precandidatos fijaron posiciones divididas entre la sostenibilidad financiera y la protección del ahorro actual.Mientras figuras como Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa sostuvieron que el incremento es una necesidad técnica debido al aumento en la esperanza de vida, otros sectores liderados por Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas rechazaron tajantemente la medida, priorizando la seguridad jurídica de los ahorradores.Candidatos que proponen incrementar la edad de jubilaciónLa sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento poblacional fue el argumento central de quienes dijeron "sí" a una reforma en la edad. Aníbal Gaviria fue enfático al señalar que "a los colombianos hay que hablarles con franqueza"; según el precandidato, Colombia tiene una de las edades más bajas de la OCDE y el ajuste es la vía para "estabilizar el tema pensional".Por su parte, Juan Daniel Oviedo propuso un acuerdo nacional para que, a partir de 2035, se incremente la edad de pensión de las mujeres, vinculándolo a la realidad demográfica del Censo 2018. En esa misma línea, Enrique Peñalosa aclaró que este cambio no afectaría a quienes están cerca de jubilarse, sino a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, dado que hoy los ciudadanos "viven 20 años más que en 1960".Candidatos que rechazan el aumento de la edad pensionalEn la otra orilla blindaron la edad actual (57 años mujeres y 62 hombres). Vicky Dávila calificó como injusto un posible aumento y centró su crítica en el manejo de los recursos por parte del actual Gobierno: "Tenemos que proteger la plata de los trabajadores y de los ahorradores".David Luna coincidió en que no se pueden "cambiar las reglas de juego" a quienes han ahorrado durante años, mientras que Mauricio Cárdenas propuso financiar el sistema mediante el recorte del gasto público y la reactivación de la producción de hidrocarburos, sin tocar la edad. Juan Manuel Galán afirmó que, aunque el sistema es injusto, la edad "no es la prioridad en este momento". Finalmente, Paloma Valencia planteó un modelo alternativo de ahorro desde el nacimiento, evitando una respuesta binaria sobre el incremento.
En medio del debate sobre la crisis de las finanzas públicas que enfrenta el país, los candidatos presidenciales coincidieron en que la prioridad no sería una nueva reforma tributaria, sino un fuerte recorte del gasto público.La discusión partió de un diagnóstico común: “El 7 de agosto del 26 se va a levantar el tapete y vamos a encontrar algo que ya estamos previendo, es una situación con un déficit fiscal gigantesco”. Ante ese panorama, la pregunta fue directa: ¿es más importante reducir el gasto público que aumentar el recaudo con una nueva tributaria?Luna: “No le voy a dar ese papayazo”El primero en responder fue David Luna, quien aseguró que el país puede ajustar 50 billones de pesos en los próximos cuatro años.“50 billones de pesos se puede ajustar el gasto en nuestro país en los próximos cuatro años, obviamente reduciendo dobles competencias, reduciendo subsidios y, lo más importante, reduciendo las corbatas politiqueras”, afirmó.Agregó que es clave “recuperar la regla fiscal” y sostuvo que una nueva reforma sería inviable políticamente: “Hacer una nueva reforma tributaria, más allá de que sería la número 14 en los últimos años, es un imposible desde el punto de vista político (…) Yo no les voy a dar ese papayazo”.Gaviria: menos burocracia central y más regionesPor su parte, Aníbal Gaviria planteó una reducción de la burocracia central como eje de su estrategia.“Una disminución de la burocracia tiene que ser una de las primeras tareas del próximo gobierno”, señaló, y propuso trasladar competencias y recursos a departamentos y municipios “sin crecer la burocracia en ellos”.Para Gaviria, la descentralización y la autonomía serían “la verdadera reforma fiscal” que permitiría aliviar el peso del Estado central.Cárdenas: “La única opción es recortar el gasto”El exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que el hueco fiscal no se puede cubrir con impuestos.“No hay cómo conseguir 50 billones de pesos con reformas tributarias. Esa opción simplemente no existe (…) La única opción es recortar el gasto”, afirmó.Propuso eliminar contratos de prestación de servicios —“Son 191.000 contratistas. Eso no se necesita. Ahí hay 8 billones de pesos”— y reducir tasas de interés de la deuda: “Petro está pagando tasas del 14 %, nosotros las podemos poner en el 7 %. Ahí hay otros 10 billones”.Advirtió que, de no hacerse ajustes, “viene una crisis económica brutal si no paramos esto a tiempo”.Vicky Dávila: corrupción y préstamo empresarialLa candidata Vicky Dávila centró su propuesta en combatir la corrupción. “El primer chorro que vamos a tapar es el de la corrupción. 60 billones de pesos, dice la Contraloría, que cada año se van a los bolsillos de los corruptos”, afirmó.Además, propuso un préstamo voluntario del 1 % de los ingresos de grandes empresas para fortalecer la seguridad: “Nos van a prestar, y la vamos a invertir en drones, en cámaras, en que los policías tengan sus uniformes y su armamento”.Frente a las críticas, aclaró: “No es para tapar el hueco fiscal (…) Eso se tapa reduciendo el despilfarro y acabando con la corrupción”.Oviedo: eficiencia antes que recorteEl exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo matizó la discusión y habló de eficiencia.“La reforma tributaria no es el mecanismo de cada cuatro años para tapar el hueco fiscal”, dijo, pero advirtió que más que reducir el tamaño del Estado, hay que hacerlo más eficiente.Señaló que el gasto público representa cerca del 38 % del PIB, frente al 45 % de la OCDE, y cuestionó la viabilidad del 1 % empresarial: “No va a dar para verdaderamente tapar el hueco fiscal que tenemos en 2027”.Peñalosa y Galán: fin al despilfarro y modernizaciónEl exalcalde Enrique Peñalosa habló de “un despilfarro gigantesco” y cuestionó la ejecución de grandes obras. “Aquí lo que ha habido es un despilfarro politiquero e irresponsable”, afirmó.En tanto, Juan Manuel Galán pidió romper con el modelo de reformas tributarias constantes: “Tenemos que acabar con ese modelo de cada 18 meses hacer una reforma tributaria”. Propuso modernizar la Dian, lo que —según dijo— podría aumentar el recaudo entre 12 % y 14 %.Paloma Valencia: bajar impuestos y reducir ministeriosFinalmente, la senadora Paloma Valencia sostuvo que Colombia tiene “los impuestos más altos de toda la OCDE” y que eso ahuyenta la inversión.“Vamos a bajar los impuestos y vamos a reducir el Estado. De 19 ministerios vamos a pasar a 12”, aseguró, al anunciar fusiones de entidades para lograr un “Estado pequeño y eficiente”.
El debate de la Gran Consulta por Colombia en Blu Radio dejó una línea divisoria clara entre quienes mantendrían aspectos del proyecto de salud del presidente Gustavo Petro y quienes proponen desmontarlo por completo. La pregunta fue directa: ¿conservarían algo de la iniciativa oficial?Entre los que respondieron afirmativamente estuvieron Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. Ambos coincidieron en la necesidad de una reforma, aunque con matices y ajustes frente al modelo impulsado por el Gobierno.Gaviria aseguró que “se necesita una reforma a la salud, y muchas otras”, pero advirtió que los cambios no pueden hacerse “a las patadas, porque no salen o salen frustradas”. Indicó que mantendría el énfasis en la atención primaria, fortalecería el sistema mixto, aumentaría la UPC y obligaría a las EPS a atender en máximo una hora.Oviedo, por su parte, sostuvo que la ciudadanía quiere sentir que el derecho a la salud se materializa. En su intervención señaló que es clave que el Estado entienda que el sistema también debe cuidar a los trabajadores informales en situación de vulnerabilidad, una meta que calificó como loable.En la orilla contraria se ubicaron Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, David Luna, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, quienes rechazaron de plano la propuesta oficial y cuestionaron su ejecución.Dávila afirmó que el actual modelo “no sirve para nada” y urgió el pago de la deuda de medicamentos. Además, pidió mayor vigilancia para evitar que los recursos de la salud terminen financiando campañas, y planteó liquidar las malas EPS para dignificar la labor médica.Cárdenas calificó la reforma como “una ley corrupta” y habló de una “Petrosalud” construida, según él, por la puerta de atrás mediante intervenciones a EPS. Señaló que se requieren nuevos interventores y más gerencia para evitar que los recursos se desvíen con fines políticos.Valencia sostuvo que el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza” y advirtió sobre el riesgo de entregar la salud a la politiquería. Defendió un sistema mixto y solidario, con entrega inmediata de medicamentos y servicios a domicilio, alejando el debate de posiciones ideológicas y enfocándolo en resultados concretos.Luna enfatizó que “la salud no es un experimento” y subrayó que el problema no es normativo sino de administración. Aseguró que lo que necesita el país es gerencia para garantizar que los medicamentos y tratamientos lleguen oportunamente a los pacientes.Peñalosa cuestionó la idea de estatizar el sistema y advirtió que una salud completamente pública podría derivar en ineficiencia y corrupción. En su concepto, la participación privada es un factor clave para garantizar eficiencia.Galán, finalmente, fue uno de los más críticos al afirmar que lo ocurrido con el sistema de salud constituye “un crimen de lesa humanidad”, al señalar que miles de personas han muerto en medio de lo que describió como un intento sistemático de desfinanciar el modelo vigente.
El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz está en duda y fue el segundo bloque del debate en Blu Radio: ¿prorrogarían su mandato más allá del periodo actual? Las respuestas marcaron una línea divisoria en la Gran Consulta por Colombia, pues algunos candidatos rechazan la continuidad de la JEP, mientras otros la defienden. El detonante del tema fue el reconocimiento de las FARC sobre el reclutamiento de 18.000 menores. A partir de allí, los precandidatos fijaron su postura frente al cumplimiento de los compromisos del Estado.¿Quiénes no prorrogarían la JEP?En el bloque del “no” estuvieron Vicky Dávila, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán. Sus razones fueron:Paloma Valencia calificó la JEP como “un tribunal de impunidad creado para la impunidad” y cuestionó que el reconocimiento de los 18.000 niños reclutados llegue “a destiempo” y se tramite con sanciones restaurativas. “Aquí tenemos que poner las cosas en orden y defender nuestra fuerza pública”, afirmó.Vicky Dávila fue más allá: “No la vamos a acabar, simplemente no la vamos a prorrogar”. Recordó que, según dijo, se han invertido casi cuatro billones de pesos y preguntó: “¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la reparación?”. Propuso destinar esos recursos a educación y salud.Juan Manuel Galán sostuvo que la JEP no era necesaria y que una comisión de la verdad habría sido suficiente. Señaló que ha generado “desmoralización” en integrantes de la fuerza pública y aseguró que no ampliaría su mandato más allá de lo establecido.¿Quiénes continuarían con la JEP?En la otra orilla quedaron David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Enrique Peñalosa.David Luna defendió la división de poderes: “Soy liberal y demócrata. En la JEP hay jueces de la República”. A su juicio, corresponde exigir resultados rápidos en verdad, justicia y reparación, no desmontar el tribunal en medio del debate político.Aníbal Gaviria admitió desacuerdos con algunos fallos, incluso los calificó como “aberrantes”, pero insistió en que el Estado debe cumplir sus compromisos. Propuso ajustar y exigir, no acabar.Mauricio Cárdenas fue claro: “Hay que cumplirlo. Fue el último acuerdo de negociación política”. Enrique Peñalosa defendió que la JEP concluya su tarea y destacó que haya logrado confesiones sobre reclutamiento y otras atrocidades. Juan Daniel Oviedo habló de esclarecer la verdad tras más de 70 años de conflicto.
En el marco del debate de Blu Radio con los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, los aspirantes mostraron una postura unánime frente a uno de los temas más sensibles del país: el orden público. Ante la pregunta directa sobre si abrirían la puerta para entablar procesos de paz con grupos al margen de la ley, la respuesta de todos los aspirantes fue un rotundo "no", marcando una distancia definitiva frente a las políticas actuales de diálogo.Sometimiento a la justicia y fin de la "Paz Total"Para Juan Manuel Galán, el cambio de mando el próximo 7 de agosto significaría el desmantelamiento inmediato del actual modelo de negociación. Su enfoque se centra en atacar las finanzas criminales y reactivar la persecución judicial. Según Galán: "Se acaba la paz total. Se reactivan todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales... no más negociaciones ni diálogos colectivos de tipo político con estructuras criminales. En mi gobierno habrá una política de sometimiento individual a la justicia".Seguridad total y Plan Colombia 2.0Paloma Valencia propuso una transición hacia lo que denominó "seguridad total", enfatizando el control del microtráfico y la extorsión mediante el fortalecimiento de la fuerza pública con apoyo internacional. Valencia afirmó: "Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. Vamos a reducirle los ingresos a los ilegales... tenemos que robustecer nuestra fuerza pública con un plan Colombia 2.0 que incluya gobiernos europeos porque necesitamos inteligencia, capacidades, drones".De la insurgencia al "traqueteo": El fin de la voluntad políticaPor su parte, David Luna justificó su negativa argumentando que la naturaleza de los grupos armados ha mutado de fines políticos a intereses puramente mafiosos, lo que imposibilita un diálogo de paz tradicional. Luna sostuvo: "El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias dejaron de ser grupos que se quieren tomar el poder con las armas para convertirse en grupos de traquetos, de mafiosos... si alguien se quiere someter, lo debe hacer ante la justicia ordinaria".El respaldo político a la fuerza públicaAníbal Gaviria centró su argumento en la pérdida de validez de la lucha armada, señalando que el acceso al poder en Colombia hoy se da a través de las urnas y no de los fusiles. Gaviria explicó: "No diálogos de paz, tiene un sustento y lo que tiene que haber es una política y una estrategia de sometimiento de los grupos criminales al Estado y los que no se sometan, toda la fuerza del Estado". Además, enfatizó la necesidad de un "apoyo político, el respaldo y el liderazgo del presidente" hacia los uniformados.Combate frontal y extradiciónEl exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que su administración no brindaría espacios de diálogo a organizaciones que considera narcoterroristas y que amenazan la democracia local. Cárdenas declaró: "Se levantan las mesas de negociación. Lo segundo, se revoca toda esta cantidad de medidas que han suspendido órdenes de captura. Se van a extraditar cuando venga la Interpol por ellos. No los vamos a frenar, que se los lleven".Autoridad sin complejos y recompensas en dólaresVicky Dávila justificó su postura basándose en lo que considera un cansancio generalizado de la ciudadanía hacia la impunidad y la falta de resultados de los diálogos previos. Dávila propuso: "Se acaba la paz total... vamos a tener recompensas jugosas en dólares en un fondo con Estados Unidos que no se lo puedan robar... vamos a recuperar el territorio recuperando la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos".Conocimiento del enemigo y desarticulación financieraPara Juan Daniel Oviedo, la situación de orden público requiere una respuesta técnica basada en la inteligencia para frenar la captura de rentas locales y autoridades civiles por parte de criminales. Oviedo argumentó: "Ya no podemos ir por el camino de la negociación porque Colombia hoy tiene un problema de orden público muy distinto al que teníamos en el pasado... queremos, como lo mencionaban ya, proceso de sometimiento a partir del conocimiento de quiénes son los enemigos del orden".Infraestructura, tecnología y megacárcelesFinalmente, Enrique Peñalosa basó su negativa en la pérdida de legitimidad política de los grupos armados y propuso una combinación de presencia estatal física y medidas punitivas severas. Peñalosa concluyó: "De ninguna manera lo haría porque ya perdieron cualquier legitimidad política que pudieran haber tenido... vamos a fortalecer con armamento, con tecnología, con inteligencia... y vamos a construir seis megacárceles con 25,000 cupos para que castiguemos de verdad".Escuche aquí lo dicho por lo precandidatos:
A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, los principales jefes de los entes de control y de la organización electoral hicieron un llamado público a respetar la institucionalidad y evitar descalificaciones anticipadas contra el órgano electoral.El procurador general, Gregorio Eljach, fue enfático al advertir que cuestionar sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático. “Respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba y después, cuando se le reclama, se dice: no es que esas son meras opiniones; pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar”, afirmó.El registrador nacional, Hernán Penagos, también defendió la independencia de la entidad que dirige y aseguró que su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución.“Lo que sí hay que cuidar es la independencia y la autonomía de todos los órganos, de las ramas del poder público y de los órganos de control; y pueden asediar la entidad cuantas veces quieran, pero vamos a defender esa autonomía y esa independencia porque es nuestro deber, porque hay que actuar con determinación y porque la Constitución se cumple. No sé por qué eso es un delito o es una falta, porque cumplir el deber y exigir independencia de la entidad se convierte en una falta. Cada uno cumple sus deberes y los estamos cumpliendo a cabalidad”, sostuvo.Por su parte, el contralor general, Hernán Rodríguez, también se refirió al contexto electoral y reveló que existen investigaciones en curso relacionadas con presunta participación indebida en política. “El procurador ayer adelantó algo y manifestó algo que hemos conversado en privado y que sabemos para dónde van las cosas: que hay cerca de 40 investigaciones a servidores públicos por presunta participación indebida en política, que lógicamente va a ir de la mano con utilización de recursos públicos”, señaló.
La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a 2 billones de pesos en sectores que no tendrían excepción dentro de la Ley de Garantías, tras su entrada en vigor.El análisis fue realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que revisó la contratación directa efectuada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, periodo en el que ya aplicaba la restricción legal que limita este tipo de contratación por parte de las entidades estatales hasta el final del proceso electoral.En total, la entidad examinó 25.685 contratos por 2,8 billones. Luego de depurar las excepciones contempladas en la norma, que permiten contratación en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en casos de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito, el organismo de control identificó que 2 billones corresponden a contratos en sectores no exceptuados.Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos directos reportados durante la vigencia de la Ley de Garantías sin que, en principio, estuvieran cobijados por las excepciones.Seguimiento a posible uso proselitista de recursosLa Contraloría también adelanta un monitoreo al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas en época electoral.Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones destinados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.Posteriormente, ya con la Ley de Garantías en vigor, se detectaron 368 contratos directos adicionales por 31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, asociados a este mismo tipo de actividades.El Contralor General señaló que la entidad actúa como garante técnico del correcto uso de los recursos públicos. “En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó.La presión presupuestalRodríguez señaló que hay más presiones presupuestales, en parte por el incremento en el pago de la reposición de votos, aunque aclaró y recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó el aumento en un ajuste técnico que estaba pendiente. Para 2025, el valor de la reposición por cada voto válido es de 8.433 pesos.
El momento de las definiciones ha llegado. La carrera hacia la Presidencia de 2026 comienza a tomar forma con el primer gran encuentro de los candidatos que integran la Gran Consulta Popular por Colombia, un espacio decisivo para escoger al aspirante único que representará a esta coalición en la primera vuelta presidencial.Bajo la conducción de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, ocho precandidatos se enfrentan en un debate clave que pone sobre la mesa las principales preocupaciones del país: seguridad, economía y salud. Cada intervención busca convencer no solo a los votantes de la coalición, sino a millones de colombianos que observan con atención quién tiene la capacidad de liderar un nuevo rumbo nacional.En el escenario estarán Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. (Juan Carlos Pinzón canceló a última hora) Cada uno llega con propuestas propias y visiones distintas sobre cómo enfrentar la compleja coyuntura que atraviesa Colombia.La transmisión inicia con un análisis del tablero político hacia 2026, seguido de la explicación de las reglas del debate. Luego, en el bloque de Visión de País, los aspirantes responden por qué consideran ser la mejor opción para liderar la Gran Consulta. Posteriormente, el eje de seguridad aborda los planes concretos frente al deterioro del orden público y el accionar de estructuras criminales.El debate avanza hacia la economía, uno de los puntos más sensibles para los ciudadanos, con propuestas sobre el costo de vida, la generación de empleo y la crisis de combustibles. En el segmento de salud, los candidatos exponen sus fórmulas para salvar el sistema y garantizar la atención oportuna y eficiente a los colombianos.Los momentos más tensos llegan en el cara a cara, cuando los aspirantes se interpelan directamente, y en la ronda de preguntas rápidas, donde deben responder “sí” o “no” frente a temas que dividen al país. Finalmente, el “Minuto de Oro” cierra la jornada con un mensaje directo al electorado.Este debate no solo define un candidato, sino que marca el tono de la contienda presidencial de 2026. Aquí comienza, en firme, la disputa por el liderazgo del país.
En un juzgado de Manizales se llevó a cabo la audiencia de acusación contra Silvana Torres, una joven de 19 años señalada de asesinar a su hija de apenas dos años y diez meses, dentro de su apartamento en el barrio San Sebastián, a finales de julio de este año.Durante la diligencia, la Fiscalía la acusó formalmente por el delito de homicidio agravado, cargo que podría significarle una condena de hasta 50 años de prisión. Debido a que la víctima era su propia hija, no tendrá derecho a ningún tipo de rebaja de pena.La defensa de Torres insistió en que la joven debe ser declarada inimputable, argumentando que al momento de los hechos no estaba consciente de sus actos. Según su abogado, se adelantan valoraciones psiquiátricas y psicológicas que podrían demostrar que actuó bajo un episodio de alteración mental, presuntamente derivado de la ruptura sentimental con el padre de la niña.El defensor también pidió protección especial para su cliente, alegando que ha recibido amenazas. Silvana se encuentra privada de la libertad desde el día de los hechos, cuando fue hallada herida por autolesiones junto al cuerpo de su hija, que minutos después falleció en un centro asistencial.La audiencia de preparación del juicio oral quedó programada para marzo de 2026, momento en el cual se conocerán los resultados de los dictámenes médicos que definirán si la joven puede ser declarada inimputable.De acuerdo con la legislación colombiana, una persona declarada inimputable no recibe pena de prisión ordinaria, sino una medida de internamiento en un centro de salud mental por un periodo máximo de 20 años. Sin embargo, si los especialistas determinan su recuperación antes de ese tiempo, podría obtener la libertad inmediata.Cabe recordar que, días después del suceso, un reporte médico reveló que Silvana confesó haber asesinado a su hija en un momento de “enceguecida ira”, según el testimonio entregado a los especialistas que la atendieron.Actualmente, Silvana Torres permanece recluida en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué.
Fuentes al interior de la Fiscalía confirmaron que no existe ninguna investigación contra Jhonatan Obando Pérez, de nacionalidad colombiana y uno de los sobrevivientes del ataque de Estados Unidos contra un submarino en el Caribe, quien fue repatriado el pasado 18 de octubre.Incluso, el presidente Gustavo Petro confirmó el arribo de Obando Pérez al país y aseguró que sería procesado conforme a las leyes nacionales.Esas mismas fuentes tras ser consultadas por este medio señalan el objetivo de la indagación es establecer qué estructuras criminales estarían detrás de estas operaciones, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjeron los hechos.Obando Pérez no llegó como capturado ni enfrenta cargos en su contra, ya que hasta el momento no existe un informe de policía judicial que lo vincule formalmente con el caso. Por esa razón, la Fiscalía no adelanta proceso alguno en su contra.El caso se encuentra en etapa preliminar, mientras se recopila información para definir si hay mérito para abrir una investigación formal.
Para la Contraloría, el Gobierno ha dejado pasar todo un año sin hacer nada frente a los graves riesgos de seguridad energética que afronta el país. No solo se habla del riesgo de un apagón financiero, sino también de la caída en la producción de petróleo, la falta de gas y la falta de claridad sobre cuáles son los planes de la transición energética.Hace un año, el ente de control había lanzado una primera advertencia, pero no pasó nada del lado del Gobierno, según sus propias palabras.“Por haber transcurrido prácticamente un año después de la emisión de la mencionada advertencia de control concomitante y preventivo, sin que se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos, pese a que cada vez se agudizan más las condiciones de criticidad, me permito exhortar al Ministerio de Minas y Energía, y por vía suya al Gobierno Nacional, para que se obre en consecuencia con los más altos intereses de la Nación”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez en una carta dirigida al ministro de Minas, Edwin Palma.Y es que, según la Contraloría, desde comienzos de este año están esperando conocer el Plan de Transición Energética y los proyectos asociados a él, pero hasta el momento no hay claridad respecto a la diversificación de fuentes de energía, ni sobre la existencia de una infraestructura robusta (plantas, redes de transmisión, almacenamiento).Las deudas con las empresas de servicios públicos por concepto de subsidios a la energía y el gas aumentaron hasta los 2,88 billones de pesos; las exportaciones de petróleo siguen cayendo y “el país lleva tres años sin gestión para la promoción y hallazgo de nuevas reservas” de petróleo. Eso sin contar las reducciones en el recaudo de regalías.La Contraloría también alertó sobre las preocupaciones por el déficit de gas natural para el próximo año, que podría llevar a un nuevo aumento de las importaciones.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a las personas que lo siguen enviar una carta al presidente Trump exigiendo el respeto a su libertad de expresión y también su retiro de la lista Ofac. El mandatario calificó esto como toda una campaña para llenar las oficinas de la Casa Blanca y también la del senador Marco Rubio de misivas en las que se solicite la exclusión de dicho listado, por el cual bloquean sus cuentas y le impiden hacer cualquier tipo de negocio con EE. UU.“Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y, les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”, dijoEl mandatario insistió en que su gobierno ha incautado grandes cantidades de cocaína. “Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los EE. UU. y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones: Saquen a Petro de la Ofac".El mandatario también se refirió a Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del mandatario argumentando que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender servicios que lo cobijen.“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, y, por tanto, no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DD. HH.”, concluyó.
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).