El fiscal Francisco Barbosa hizo el balance de las elecciones regionales que se cursaron este domingo, 29 de octubre. El jefe del ente acusador anunció que dos personas en Gamarra, Cesar, ya se acercaron a las autoridades a entregar información sobre los hechos criminales ocurridos en la sede de la Registraduría y que le quitaron la vida a una funcionaria.Por otro lado, el fiscal general aseguró que están investigando sobre una posible “bacrimpolítica”, es decir, si personas aparecen elegidos de manera unánime en ciertos territorios y si tendrían algún tipo de enlace con grupos criminales.“Ya tenemos caracterizadas estructuras criminales en ciertos municipios y que controlaron ciertos municipios del país y, por ende, aquellos que fueron elegidos. Tenemos que verificar si hay denuncias y si las personas elegidas hacen parte de estructuras criminales”, dijo el fiscal Barbosa.A la fecha, la Fiscalía tiene reportadas cinco asonadas en Argelia, Balboa, Almaguer, Fonseca y Puerto Boyacá, que se están investigando para próximamente anunciar capturas, eso sumado a las cifras sobre el balance en los comicios.“Tuvimos 71 alteraciones de orden público en el territorio nacional, ya ustedes saben; dos homicidios, 14 amenazas y atentados, 88 denuncias y alteraciones sociales; y tuvimos 299 capturas por orden de mesa, es decir, personas que llegaban, que tenían antecedentes judiciales, que tenían sentencias y que fueron capturadas en mesa, y 52 capturas por flagrancia, lo que da 351 capturas como resultado de la operación de la Fiscalía General de la Nación ayer en el territorio nacional”, añadió el fiscal.Puede ver:
En medio de la crisis por la paz total el Gobierno nacional instalará este viernes la mesa de diálogos con 16 cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá, que será liderada por el alto comisionado, Danilo Rueda, quien tuvo retrasos para ingresar a una universidad en Medellín por protesta de unos encapuchados que lo impidieron durante media hora. El funcionario aseguró que en los próximos días habrá “humo blanco” con el cese al fuego con la guerrilla del ELN.Los delegados, tanto del Gobierno nacional como de los jefes criminales, se reunirán por primera vez en una mesa de conversación que se instalará durante esta mañana dentro de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, pero también habrá diálogos con líderes delincuenciales en las comunas de Medellín y su áreas metropolitanas.El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, llegó a Medellín para esta instalación, pero de inmediato se encontró con su primer obstáculo porque, cuando iba a ingresar al Politécnico Jaime Isaza Cadavid para clausurar un encuentro de víctimas y organizaciones comunitarias en la paz urbana, un grupo de encapuchados detonó papas bombas y durante 30 minutos se impidió el ingreso del funcionario por seguridad.Superado el impase, Rueda sostuvo que todavía faltan cumplimientos de los compromisos que las bandas hicieron hace un mes con el cese de hostilidades."Las verificaciones que hemos hecho han mostrado que hay un compromiso. Hay asuntos que todavía sigue en tensión y que hay que resolver pero eso es parte del proceso" expresó Danilo Rueda.Estos 16 jefes criminales, sobre todo de La Oficina, representan más del 90% de las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, por lo que también habrá testigos internacionales que serán garantes de los compromisos."Aquí estamos hablando de una estructura grande que tiene incidencia sobre subregiones de Antioquia. Hay sectores de este multi crimen que hacen minería ilegal", indicó Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.Se espera que unos 14.000 integrantes se desarmen, pero aún falta el marco jurídico, según Rueda. "Cuando me refiero al marco jurídico es la dejación colectiva de armas. Eso estará en discusión del Congreso de la República, pasará por examen de la Corte Constitucional y ahí se conocerán las reglas del juego para esa transición al Estado de Derecho", agregó el Alto comisionado para la paz.A pesar de la crisis de la paz total, que ya ha roto los ceses con dos grupos vinculados, el alto comisionado señaló que al final de este ciclo de diálogos con el ELN, el 8 de junio, se lograría un cese al fuego."Ustedes saben que hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de México y hay dos compromisos que quedaron en México, el asunto del cese del fuego y el asunto de la participación. Estoy seguro que vamos a lograr un humo blanco en ambas materias" agregó Rueda.Precisamente, el gobernador Aníbal Gaviria fue crítico de cómo se ha adelantando el proceso de paz total que requiere de ajustes."Sería fundamental que se diseñe bien lo que hasta ahora no ha funcionado para que funcione con los grupos que estaban y con los que lleguen. Que no sea que no funcione con los que están y mucho menos con los que lleguen", afirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.Se espera que en máximo un mes, el Alto Comisionado también inicie diálogos de paz urbana con organizaciones delincuenciales en el municipio de Quibdó.Le puede interesar:
Luego de informaciones obtenidas por labores de inteligencia en medio de la investigación por el desmembramiento de un hombre, cuya cabeza y extremidades fueron encontradas en dos sectores del barrio La Luz el pasado 27 de abril, la Policía allanó tres inmuebles en este mismo sector en busca del sitio donde se produjo el macabro crimen.Los investigadores, con la finalidad de encontrar elementos materiales probatorios, realizaron pruebas con reactivos químicos encontrando en paredes y pisos de una de las casas rastros de sangre que ahora reposan en poder de Medicina Legal para determinar si corresponden al hombre desmembrado.Pero, en medio de este allanamiento, la Policía capturó en flagrancia un hombre y una mujer que, presuntamente, trabajan para alias ‘El Menor’, señalado miembro de la banda Los Costeños.De acuerdo con el coronel Oscar Daza, subcomandante Policía Metropolitana de Barranquilla, la mujer de 18 años y el hombre de 47 serían reconocidos expendedores de droga al mando de los Costeños.“Estas personas logran la captura a través de diligencia de allanamiento y se les encuentra en su poder un arma de fuego que, muy seguramente, sería utilizada para sus actos delincuenciales, como también 200 gramos de marihuana. Estas personas estarían vinculadas al grupo delincuencial Los Costeños”, informó el coronel Daza.Uno de los capturados responde al nombre de José de Jesús Escorcia Alvarado, alias ‘José Pequeño’. Este hombre tiene cuatro anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.Le puede interesar:
Las agencias de inteligencia de las fuerzas militares y de la Policía en Colombia verifican una serie de informaciones que han recibido en las últimas horas sobre la presunta muerte de Wilmar Giraldo, alias 'Siopas', uno de los cabecillas del Clan del Golfo.Los agentes infiltrados qué hacen presencia en las zonas donde se mueve alias 'Siopas', no han recibido información precisa de sus movimientos o ubicación en los últimos tres días.A esto se le suma que, entre la misma comunidad, se ha informado qué este delincuente habría sido asesinado por sus lugartenientes.Esto, según las informaciones qué han establecido los investigadores que siguen a los familiares de Giraldo, se habría dado en Chocó, qué era su zona de circulación y donde estaba citado a una reunión.Willmar Giraldo es el segundo al mando del Clan del Golfo desde la captura y extradición de alias 'Otoniel', un liderazgo qué en parte compartía con alias 'Chiquito Malo' y alias 'Gonzalito', pero que también había generado disputas internas en el interés por tener un control total de la organización narcotraficante.Por él se ofrece una recompensa de hasta $5.000 millones, aunque recientemente había sido incluido en la resolución del Gobierno que lo nombraba como vocero de ese grupo ilegal para las negociaciones de paz y sometimiento a la justicia; sin embargo, su orden de captura no fue suspendida por la Fiscalía.Le puede interesar:
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe explicó en Mañanas Blu el proyecto de ley de sometimiento, con el que el Gobierno busca que las bandas criminales y narcotraficantes se sometan a la justicia.“El proyecto es muy parecido a los modelos de justicia que se han tenido ya. Lo primero es que claramente se establece que no se les da estatus políticos y lo segundo, no hay justicia restaurativa, actuarán los jueces y fiscales ordinarios”, puntualizó.Uribe dijo que los fallos en ley de sometimiento serán colectivos, pero las responsabilidades serán individuales y lo explicó así: “Tiene que haber un fallo colectivo, pero una responsabilidad individual, en donde va a decir: ‘Pepito Pérez’ tiene una pena de 40 años, por haber dicho la verdad, desmantelado el grupo criminal, haber entregado niños reclutados y secuestrados, se le conmuta la pena por esa pena sustitutiva”.El 6% de los bienesEn este caso, dijo el representante, se aplicará la ley de extinción de dominio que establece que los bienes que se entreguen antes de la imputación colectiva de cargos se les aplicará este 6%.“Es el 6% de lo que se monetice, a partir de lo entregado. Eso es lo que hace ante los Estados Unidos los narcotraficantes que son extraditados”, añadió.La ley de sometimientoEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó este miércoles el borrador del proyecto de ley de sometimiento a la justicia con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca negociar con grupos criminales en el marco de su política de paz total.Esta ley de 54 artículos busca "crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas (...) e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes", detalló Osuna en una rueda de prensa en Bogotá.En este sentido, el ministro insistió en que el proyecto de "ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto" no contempla "ningún sistema de justicia transicional" como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, ni "juez especial", sino que se encargará la justicia ordinaria.Para que a los miembros de organizaciones criminales se les sustituya la pena ordinaria por una reducida deberán "entregar verdad, aceptar responsabilidad penal, desmantelar las bandas y reparar las víctimas", explicó el ministro.Este primer borrador, necesario para poder avanzar en los diálogos con grupos criminales del país, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan a la ley que serán entre 10 y 12 años divididas en dos partes: la primera de cárcel efectiva entre 6 y 8 años y cuatro años de pena restaurativa.Osuna, acompañado del senador Ariel Ávila y el representante a la Cámara Alirio Uribe en la rueda de prensa, informó que el jueves presentarán el proyecto de ley al Consejo Nacional de Política Criminal para que "emita su concepto lo más pronto posible" y pueda ser radicada en el Congreso.Ávila, por su parte, recalcó que con este proyecto de ley "no habrá impunidad" para los que se acojan a él, ya que pagarán cárcel, y que no se reconocerá estatus político ni "de beligerancia" a aquellos miembros de bandas criminales que se acojan, sino que es "una conversación socio jurídica".De las 53 organizaciones armadas que hay en Colombia, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación, según el senador.El Gobierno de Petro busca dialogar y negociar con el máximo número de organizaciones criminales que operan actualmente en el país en búsqueda de la paz total, pero sin esta ley de sometimiento a la justicia no podrá oficializar los acercamientos con grupos delincuenciales, tal como lo contempla la ley.
La Unión Patriótica denunció en un comunicado que el concejal de Sabana de Torres, José Vicente Sandoval Camacho, recibió amenazas a través de mensajes intimidantes en sus redes sociales.“No se gane un problema (…) Robe plata calladito, en boca cerrada no entran moscas”, dicen los mensajes.“Expresamos nuestro más profundo rechazo a este tipo de acciones intimidatorias que afectan gravemente la democracia y reviven el miedo y los estigmas de los cuales hemos tenido que sobrellevar quienes somos militantes o simpatizantes del partido”, dice el comunicado.Ante este mensaje, el partido político pidió garantías de seguridad para el cabildante: “Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen los hechos y se busque la manera de dar con las personas responsables de las amenazas. Al Ministerio del Interior, Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección que se brinden las garantías para la seguridad y protección de la integridad física y la vida del concejal y de las personas que lideran la Unión Patriótica en Sabana de Torres”, agrega.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Defensoría del Pueblo está alertando que en los municipios de norte del Tolima, el Clan del Golfo está contratando a algunos grupos dedicados a la delincuencia organizada para recobrar el control territorial en el corredor que conecta el centro del país con el oriente caldense y antioqueño, también hacia el Magdalena Medio. Estos grupos contratados por el Clan del Golfo se dedican, entre otras acciones delictivas, a la venta de estupefacientes y los préstamos ‘gota a gota’."Como hacen los narcotraficantes en otros países, las AGC están contratando a pequeños grupos delincuenciales para cometer acciones violentas o delictivas, en este caso, en zonas rurales y urbanas de Armero Guayabal, Ambalema, Honda, Mariquita y Lérida. Los principales hechos denunciados han sido atentados contra la vida e integridad personal; amenazas y otros métodos para generar terror en la población y el uso y utilización de adolescentes y jóvenes", señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo.Principalmente se están presentando atentados contra las comunidades y amenazas, pero también vinculación y utilización de jóvenes para actividades delictivas, las personas que están enfrentando estos riesgos principalmente son los niños, los comerciantes y los líderes sociales, así como los defensores de derechos humanos."El escenario de riesgo está ligado a los antecedentes de violencia y conflicto armado, así como también a las dinámicas de criminalidad urbanas dada la posición geográfica. Esta situación se puede tratar de un proceso de fortalecimiento, el cual ha venido tomando fuerza en diferentes zonas del país por parte de estructuras posdesmovilizadas del paramilitarismo", explicó Camargo.Le puede interesar:
El Clan del Golfo declaró "objetivo militar" a varios partidos políticos y defensores de derechos humanos, así como amenazó de forma directa a nueve congresistas, periodistas y abogados, según denunció el senador Iván Cepeda.En un comunicado de este grupo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), aseguran que empezarán "acciones militares" en contra de varias personas si "el miércoles 15 de febrero a las 12 de la noche aún no han renunciado".Entre esas personas está los congresistas María José Pizarro, Inti Asprilla, Wilson Arias, Aida Avella, José Alberto Tejada y Alirio Uribe, el exsenador Antonio Sanguino y los abogados Alí Bantú y Miguel Ángel del Río, según se ve en el comunicado hecho público por Cepeda, del partido gobernante, en el que condena los hechos."Tendrán un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de las 12 de la noche del 15 de febrero para salir del país o afiliarse a una funeraria", dice en el panfleto donde también ataca "a todos sus grupos cercanos de colaboradores" que "se la han pasado atacando a todas las fuerzas militares desde las marchas convocadas por los guerrilleros que están en el poder".Todo ello, según el papel, con el fin de "erradicar de Colombia cualquier vestigio de izquierda comunista, mamerta o todo lo que vaya en contra da las políticas que caracteriza nuestra ideología (sic)".Más tarde, el grupo delincuencial, salió a desmentir a través de un comunicado que el panfleto es falso. Además señalan que "no corresponde con sus principios y democracia de Colombia". Las AGC actualmente tienen activo un supuesto cese al fuego, debido a que han expresado su intención de empezar conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, que quiere ofrecerles una salida del conflicto a través de un sometimiento voluntario a la justicia.También le puede interesar:
La audiencia pública ambiental que se debía realizar en el municipio de Puerto Wilches, Santander, este viernes 3 de febrero, fue suspendida ante las recientes amenazas que el Clan del Golfo ha realizado contra decenas de ambientalistas del Magdalena Medio,Los ambientalistas amenazados han protestado en contra de la explotación de carbón en el Carmen de Chucurí y contra los proyectos de fracking que se pretendían hacer en la zona de Puerto Wilches. “Se trata de una medida prudente porque estamos en una coyuntura donde están en riesgo justamente la integridad de los compañeros ambientalistas y se considera que es una medida en línea con la protección de ellos, porque hay que mirar bien cómo está el tema de seguridad, de orden público, cómo está de manera particular la situación de los miembros del colectivo”, explicó Amarilys Llanos, ambientalista integrante de la organización Colombia Libre de Fracking.La audiencia pública ambiental estaba siendo convocada por el representante a la Cámara de Representantes, Juan Carlos Losada, en una serie de actividades que viene desarrollando en diferentes regiones del país para escuchar y analizar las diferentes problemáticas ambientales que hay en las regiones, pero fue él mismo quien explicó que la jornada no se realizaría en Puerto Wilches para no estigmatizar más a los ambientalistas de la zona.“Nos causa mucha preocupación porque a pesar de que ya se ha firmado el acuerdo de Escazú, pese a que estamos en medio de un gobierno que ha construido acciones para defender a los defensores, vemos que sigue siendo riesgoso. Seguimos viviendo en un escenario nacional bastante peligroso para ejercer la defensa del territorio a través de la protección ambiental y ejercer la libertad de pensamiento, la libertad de expresión sobre todo para defender el medio ambiente sigue implicando un gran riesgo para los defensores, es una amenaza segura, es una estigmatización segura, entonces el nivel de riesgo es muy alto para los ambientalistas”, agregó Losada Llanos.Le puede interesar:
Un nuevo panfleto firmado por miembros del Clan del Golfo y en el que amenazan a ocho organizaciones defensoras de derechos humanos ha puesto en alerta a las autoridades de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.Según las autoridades locales, se realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que se analizaron las amenazas y se evaluó el nivel de riesgo para los miembros de las organizaciones defensoras de derechos humanos.“Rechazamos estas amenazas y acudimos a los organismos de protección, en especial al programa de protección del Gobierno Nacional, que inmediatamente se ha hecho traslado. El fin de semana se hizo consejo de seguridad para poner estas alertas y que exista una reacción inmediata frente a eso”, indicó Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja.Una de las organizaciones amenazadas es la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, que en un comunicado pidió protección para sus miembros.“Llamamos la atención sobre el escalamiento de la confrontación armada, el incremento de las graves violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y el aumento del riesgo para la vida, integridad, y permanencia en el territorio para las personas que ejercen la labor de la defensa de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio”, señaló Credhos en el comunicado.
Estos fueron los temas tratados en En Blu Jeans del 5 de mayo del 2024:El programa comenzó con la pregunta: ¿Qué determina para usted que alguien sea inteligente?En #TecnologíaDeBolsillo se entregaron datos tecnológicos que todos deben saber.Como tema central, Carlos Maldonado, entrenador maestro en programación neurolingüistica habló sobre si es un mito ser bruto o inteligente.En #LaMaquinaDeLaVerdad hablaron sobre mitos y realidades sobre la impresión 3DEscuche el programa completo en el siguiente enlace:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha anunciado una medida esperada por muchos ciudadanos: la derogación del impuesto del 4x1.000 para una población específica en el país. Esta noticia fue confirmada por Luis Carlos Reyes, director de la Dian, durante una entrevista con la comunicadora Laura Camila Vargas a través de sus redes sociales.El impuesto del 4x1.000 ha sido objeto de atención por parte del Gobierno colombiano debido a su impacto en los ciudadanos que realizan diversos movimientos financieros. Reyes explicó durante la entrevista que esta medida beneficiará a las personas que, entre todas sus cuentas, muevan menos de 16,4 millones de pesos. "Para las personas que entre todas sus cuentas mueven menos de 16,4 millones de pesos se acaba el 4x1.000", afirmó el director de la Dian.Sin embargo, Reyes no precisó la fecha exacta en que esta medida comenzará a regir, pero según lo establecido en la reforma aprobada en 2022, el cambio entrará en aplicación cuando se desarrolle el sistema de información correspondiente por parte de las entidades vigiladas por las Superintendencias Financieras o de Economía Solidaria. Este proceso debe completarse a más tardar dos años después de la entrada en vigencia de la ley, lo que significa que la medida debería estar vigente a partir del 13 de diciembre de 2024.Es importante aclarar que esta derogación no implica la eliminación del impuesto del 4x1.000 en su totalidad, sino que exime a ciertos usuarios de Nequi y Daviplata que cumplan con el requisito mencionado anteriormente. De acuerdo con Reyes, esta medida permitirá que los ciudadanos tengan una cuenta de ahorros exenta de este impuesto hasta el límite mencionado, mientras que los depósitos por debajo de ese monto también estarán exentos.Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que si la suma de las transacciones de todas sus cuentas supera este tope, se aplicará el impuesto del 4x1.000 a las transacciones adicionales que excedan ese límite. Por lo tanto, es importante gestionar las finanzas de manera adecuada para evitar este gravamen.
Este domingo, 5 de mayo, se enfrenta Independiente Santa Fe vs. Tolima, partido que marca el inicio del Grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-I. La cita es en el emblemático Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 5:15 PM, hora local.Santa Fe, actuando como anfitrión, lleva una ligera ventaja en el papel, aprovechando el apoyo de su afición y la familiaridad con el terreno de juego. Sin embargo, Tolima, bajo la dirección técnica de David González, ha mostrado ser un equipo combativo capaz de enfrentarse a los grandes desafíos. Llegan a este crucial encuentro tras acumular 11 victorias en la fase de todos contra todos, demostrando que tienen la capacidad y el ánimo para sorprender en esta fase del torneo. El duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho esta etapa decisiva del campeonato, buscando un lugar en la final de la Liga. Con un Tolima dispuesto a desafiar las expectativas y un Santa Fe que promete dar la pelea en casa, el partido es uno de los más esperados de la jornada.Vea EN VIVO el partido entre Santa Fe vs. Tolima
En Medellín condenaron a 20 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra.Según la información de la Fiscalía, este hombre se aprovechó de su relación con la mamá de la menor, para abusar sexualmente de ella durante cuatro años.Los hechos ocurrieron desde 2017 cuando la niña vivía con su abuela en el Cesar y solo tenía 8 años de edad, hasta 2021 cuando este hombre ya convivía con la madre y la menor en viviendas de los barrios Zamora y Robledo de Medellín. Fue allí cuando ya con 12 años de edad la niña quedó en estado de embarazo producto de las violaciones. Además, las investigaciones de las autoridades también dieron cuenta de que antes de convivir con ella, el procesado la contactó por redes sociales y le enviaba fotos de sus partes íntimas.El hombre fue condenado a 20 años de cárcel por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.
Luego de 15 diligencias de registro y allanamiento en un trabajo articulado de la Fiscalía y la Policía Nacional, en La Pintada, Antioquia fueron capturadas y judicializadas 11 personas de un grupo delincuencial.Se trata de la banda “La Raya”, que estaría dedicada al microtráfico de estupefacientes en este municipio del suroeste antioqueño. Entre los capturados se encuentra alias “David” quien sería el presunto cabecilla de la banda.En medio de los procedimientos fueron incautadas más de 550 dosis de marihuana y cocaína, además de una subametralladora artesanal calibre nueve milímetros con nueve cartuchos y un silenciador.A los miembros de la banda se les imputaron cargos por concierto para delinquir, porte, fabricación y tráfico de armas y estupefacientes, pero ninguno aceptó los cargos y fueron enviados a la cárcel.