Para este lunes 18 de marzo, a las 10:00 de la mañana, está citada la audiencia pública convocada por el Tribunal Administrativo de Santander contra ocho diputados y exdiputados de la Asamblea del departamento, quienes se encuentran inmersos en un proceso de pérdida de investidura.La citación realizada por la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce se centra en los corporados que, el pasado 19 de diciembre de 2023, votaron para elegir como contralor de Santander a Reynaldo Mateus Beltrán. Cabe recordar que esta elección fue suspendida provisionalmente por el Tribunal.De acuerdo con el demandante, los diputados estaban impedidos para participar en la decisión, debido a un presunto conflicto de interés por un proceso fiscal que les adelanta la Contraloría General de Santander.Los diputados citados son Hugo Andrés Cardozo Rueda, Jonathan Alejandro Duarte, Leonidas Gómez Gómez, Noe Alexander Medina Sosa, Alfonso Pinto Frattali, Claudia Lucía Ramírez, Margy Carolina Rangel y Anabel Tarazona Iguavita. Pese a que René Rodrigo Garzón y Arley Octavio Valero Sáenz también participaron en la elección, no están vinculados al proceso fiscal y, por lo tanto, no están sujetos a este expediente de pérdida de investidura.Por otro lado, el exdiputado Mauricio Mejía Abello anunció que solicitará al Tribunal Administrativo de Santander que declare en desacato al actual presidente de la Asamblea, Jesús Ariza Obregón, por no haber cumplido con la suspensión provisional del contralor Reynaldo Mateus Beltrán, ordenada por la corporación desde febrero pasado.Esta solicitud se deriva de una demanda de nulidad electoral presentada por Mejía Abello, quien considera que la elección del contralor se llevó a cabo en sesiones extraordinarias que no fueron convocadas con ese propósito por el entonces gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Además, señala el impedimento en el que estarían la mayoría de los diputados debido a la investigación fiscal en su contra.En febrero pasado el Tribunal Administrativo de Santander suspendió provisionalmente la elección del actual contralor departamental, Reynaldo Mateus Beltrán, argumentando que el proceso no se ajustó a las normas y se cometieron varias irregularidades. Hace unos días el Tribunal ratificó su decisión.“Le advertimos en varias oportunidades a la Asamblea Departamental, específicamente a su mesa directiva y a su presidente que hacer una elección en una sesión extraordinaria sin tener la convocatoria por parte del Gobierno departamental era, ni más, ni menos, que violar la ley. Sin embargo, así lo quiso hacer la mesa directiva atropellando el procedimiento, bloqueando correos institucionales, sacando el personal para que no recibieran correspondencia respectiva y por eso estimamos que aquí lo que hubo fue una violación flagrante a la ley”, dijo en su momento el exdiputado de Santander, Mauricio Mejía.Vea también:
La Contraloría de Bogotá emitió una alerta preocupante sobre la pérdida inminente de $6.643 millones en un contrato destinado a la adquisición de siete máquinas extintoras de incendios para los bomberos de las capital del país. El contrato, firmado en diciembre de 2022 con la Unión Temporal Extintor 4 X 4, corre el riesgo de incumplimiento y, por ende, de un grave detrimento patrimonial para la ciudad.Según el contralor Julián Mauricio Ruiz, "los $6.643 millones están en riesgo inminente de pérdida debido a una serie de incumplimientos y situaciones irregulares detectadas en el desarrollo del contrato". La Contraloría ha identificado varios puntos críticos que ponen en entredicho la viabilidad y transparencia de este acuerdo.Entre las irregularidades señaladas se encuentran los incumplimientos en los compromisos de pago a los fabricantes de los chasises de las máquinas extintoras, lo cual ha generado retrasos significativos en la entrega del producto final. Asimismo, la presencia de una empresa inhabilitada dentro de la Unión Temporal Extintor 4 X 4, así como la falta de claridad en la gestión de los recursos, han contribuido a agravar la situación.El contrato, que inicialmente tenía como fecha de finalización el 22 de marzo de 2024, ha experimentado múltiples suspensiones y ahora se prevé su conclusión para el 14 de agosto de 2024. Sin embargo, con un avance del 0% en la construcción de los chasises, según el fabricante Navistar Defense, esta fecha parece cada vez más improbable.La preocupación de la Contraloría se intensifica al constatar que la directora de Bomberos de Bogotá no ha brindado información concreta sobre el estado del contrato, e incluso ha proporcionado declaraciones engañosas a los medios. Esto plantea serias dudas sobre la gestión y supervisión de los recursos públicos involucrados.Ante este panorama, el contralor Julián Mauricio Ruiz ha instado a la Administración Distrital a tomar medidas urgentes para abordar esta situación y garantizar la adecuada ejecución del contrato.La pérdida potencial de estos recursos no solo afectaría las finanzas de la entidad involucrada, sino que también comprometería la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad. Este domingo, 17 de marzo, se realiza un debate de Control Político en el Concejo de Bogotá.
El Plan Decenal del Sistema de Justicia, concebido en 2017 con el propósito de articular las políticas públicas del sistema de justicia durante 10 años, fue calificado por la Contraloría como un fracaso.Una evaluación adelantada por el órgano de control reveló un panorama marcado por serias debilidades estructurales que han conducido al fracaso en su diseño, ejecución y seguimiento.El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado a la fiscal electa Luz Adriana Camargo para que se apropie de este tema.“Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a la señora fiscal. Esta es una oportunidad para que la justicia pueda liderar de manera más enérgica este Plan Decenal de Justicia, entendiendo que los colombianos están agotados de percibir que las denuncias no trascienden. Lo dice este informe: el 80 % de las noticias criminales se archivan o quedan inactivas. Es una oportunidad esta evaluación que hace la Contraloría, a partir de la publicación de este informe, para que la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la fiscal, Luz Adriana Camargo, lidere de manera categórica, en conjunto con el Ministerio de Justicia, la implementación de las metas previstas en el Plan Decenal”, comentó ZuluagaLa Contraloría evidenció una alarmante falta de sincronización y liderazgo institucional por parte del comité directivo del Plan. A pesar de los seis años transcurridos desde su inicio, las acciones formuladas no han generado los resultados esperados, lo que evidencia una desarticulación persistente en la implementación de las políticas de justicia.Asimismo, la persistencia del fenómeno de la impunidad sigue siendo un desafío crucial. Más del 80 % de las noticias criminales terminan archivadas, principalmente debido a la falta de identificación de los responsables. En lo que respecta a la congestión judicial, a excepción de la Jurisdicción Constitucional, se ha observado un aumento en el índice de congestión efectivo en todas las especialidades, lo que deja en evidencia la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para agilizar los procesos judiciales.Ante este escenario, las instituciones responsables han tomado medidas correctivas, eliminando inicialmente 200 de las 735 acciones propuestas en el Plan. Sin embargo, la propuesta de suprimir otras 145 acciones adicionales representa un riesgo significativo para el cumplimiento de los objetivos planteados, según advierte la Contraloría General de la República.Una de las principales barreras identificadas radica en la insuficiencia de recursos presupuestales, lo que ha impactado negativamente en el desarrollo de las acciones contempladas en el Plan. En promedio, las entidades encargadas de la implementación han experimentado un rezago presupuestal del 49 %, lo que refleja una grave deficiencia en la planificación financiera del sistema de justicia.A pesar de los considerables esfuerzos fiscales y administrativos realizados, incluyendo una inversión significativa de $ 61,8 billones y la implementación de mecanismos virtuales para mejorar el acceso y la gestión judicial, los indicadores de gestión no han experimentado mejoras. La resolución de conflictos en el Sistema Judicial sigue siendo lenta y los ciudadanos continúan enfrentando barreras para acceder a una justicia oportuna y efectiva.En vista de estos líos, la Contraloría hizo un llamado urgente para realizar cambios estructurales en el Plan Decenal del Sistema de Justicia. Estos cambios incluyen la definición clara de metas, la asignación adecuada de recursos, el establecimiento de indicadores de seguimiento y medición de impacto, y una colaboración más armónica entre las entidades públicas involucradas.Además, se destaca la importancia de un liderazgo más firme por parte del Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Poder Judicial y el Sistema de Justicia en su conjunto.
La Contraloría expresó su desacuerdo con el proyecto de decreto "por el cual se adiciona el decreto 1073 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para la eficiencia tarifaria en el sector energético", propuesto por el Ministerio de Minas y Energía.Este proyecto busca bajar las altas tarifas de la energía en el país. Sin embargo, la Contraloría considera que muchas de las medidas propuestas ya están reguladas y gestionadas por entidades como la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM, lo que hace innecesario e inoportuno el proyecto en su forma actual.Entre los puntos cuestionados por la Contraloría se encuentran la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias, la publicación y divulgación de información relevante a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de cargo por confiabilidad y la priorización de conexiones a proyectos de generación. Según la Contraloría, estos aspectos ya están regulados y en proceso de implementación por parte de las entidades competentes, lo que hace redundante la propuesta del Ministerio de Minas y Energía.Además, la Contraloría criticó los plazos establecidos para la ejecución de las decisiones del proyecto, sugiriendo que son demasiado laxos y que el Gobierno nacional debería haber actuado con mayor celeridad en estos asuntos.Otro punto de preocupación para la Contraloría es la falta de activación institucional en la designación de miembros para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). De los seis comisionados requeridos, solo uno ha sido nombrado hasta el momento, mientras que otro posible candidato no ha podido asumir el cargo debido a restricciones de edad impuestas por la función pública. Esta situación, según la Contraloría, obstaculiza el adecuado funcionamiento de esta importante entidad reguladora.Por último, la Contraloría recuerda que, desde octubre del 2023, tras una mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía sobre la problemática energética, están a la espera de proyectos, planes y programas que aseguren una transición energética sin comprometer las finanzas públicas y la seguridad energética del país. Hasta la fecha, no han recibido ninguna respuesta satisfactoria.
La Contraloría General de la República anunció una investigación tras las denuncias de la entrega de millonarios contratos de transición energética por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro que favorecen a Euclides Torres, uno de los principales financiadores de la campaña presidencial. El anuncio lo hizo desde Vaupés el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Por otra parte, la introducción del proyecto de ley 233 de 2023 ha generado duros cuestionamientos en la Cámara de Representantes, entre los que están los de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). La propuesta legislativa, que también corresponde al proyecto de ley 142 de 2022 en el Senado y busca introducir modificaciones en el funcionamiento del Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (Sicov), se trata de un sistema clave para la regulación de procesos trascendentales como la revisión tecno-mecánica y los exámenes de conducción en el país, según reveló La Silla Vacía.La crítica principal de la Andi se centra en el artículo 15 del proyecto de ley, que, según argumentan, podría excluir de manera efectiva a cualquier competidor del Clan Torres en futuras licitaciones para la operación del Sicov.Pero este no es el único escíndalo al que se refirió el contralor Zuluaga, la Contraloría General hizo un llamado al Ministerio de Defensa para poner en marcha un plan para que se pongan en funcionamiento los helicópteros MI-17 que están sin funcionamiento.Además, autorizó una revisión fiscal para revisar porque no están en operación.Mientras el contralor hacia este el ministro de la Defensa, Iván Velásquez aclaró: “Que el hecho de que una empresa en cualquier parte del mundo esté en la lista impide establecer relaciones financieras con estas empresas rusas que hacían el mantenimiento, no tenemos posibilidad de desarrollar las relaciones para el mantenimiento, se produjo desde el primer semestre del 2022, estamos buscando alternativas, si con empresas rusas que no estén sometidas a sanción o las que estén en otros países”.Esto luego que la embajada de Rusia en Colombia revelara que, a comienzos del año pasado, entre el Ministerio de Defensa y la empresa Nasc fueron firmados documentos que permitían seguir con la ejecución de los contratos, “pero en febrero de 2023, el Ministerio otra vez detuvo el cumplimiento de sus obligaciones bajo los contratos vigentes y unilateralmente suspendió su ejecución”.Entre tanto, el Contralor en funciones reveló que se reunió con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para coordinar acciones entre ambas entidades que permitan esclarecer las irregularidades que se presentaron en la compra y operación de 40 carrotanques para La Guajira.Además, Zuluaga también reveló que se ha reunido con el canciller (e) Luis Gilberto Murillo y delegados de Thomas Greg & Sons para que se siga con la expedición de pasaportes. Esto para evitar un detrimento patrimonial en una demanda de Greg & Sons. La próxima semana habrá una nueva reunión.
La Contraloría General de la República ya terminó un informe que detalla las irregularidades que se habrían presentado en la polémica compra de 40 carrotanques que llevan agua al departamento de La Guajira.Estos vehículos han sido el centro de varios cuestionamientos por las irregularidades que se habrían cometido a la hora de su compra y adecuación para ponerlos en funcionamiento.El informe del ente de control detalla que conclusiones preliminares relacionadas con una celebración irregular de contratos con algunos sobrecostos y elementos como la elaboración de mallas de contratación de relacionamiento de empresas que participaron en estas y en otras contrataciones que adelantó la UNGRD en las últimas semanas.La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari) está terminando este informe que será presentado el próximo lunes 11 de marzo.“Ya concluyó la etapa investigativa de la primera revisión y lo que aspiramos es que podamos tomar decisiones mucho más amplias de lo que el país espera”, dijo el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga.Sin embargo, el informe de la Contraloría no solo tendrá información exclusivamente del escándalo de carrotanques en el departamento de La Guajira, sino que contará detalles de los contratos de la Unidad y el manejo de los recursos que superan el billón de pesos.Le puede interesar:
La Contraloría anunció la conformación de una mesa de trabajo entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons para el próximo martes 12 de marzo a las 2:00 p.m.Allí se revisará cómo solucionar el problema de pasaportes y avanzar en un acuerdo para garantizar la continuidad de este servicio.Lo último que se conoció de este caso es que la Procuraduría decidió que el canciller Álvaro Leyva continuaría suspendido del cargo porque el proceso de licitación continúa y si se levanta su suspensión tendría injerencia directa en el proceso.En la diligencia el procurador Ernesto Espinosa concluyó que las causas por las que se impuso la sanción de tres meses siguen existiendo y que nada garantiza que al reasumir funciones el canciller no recaiga en estas “faltas graves” por las que es señalado al haber declarado la licitación de pasaportes desierta sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos y decretar la urgencia manifiesta sin que existieran las causas para tomar esa decisión.El procurador señaló que la decisión no procede ningún recurso, y la defensa del canciller, en cabeza del abogado Yefferson Dueñas, dijo que acatará, aunque no está de acuerdo y evalúa los caminos procesales.Espinosa también cuestionó la ausencia de Álvaro Leyva, pero manifestó la disposición de la sala de escucharlo en su versión libre. “Ante la ausencia del disciplinado no podemos preguntar si confiesa o no, sin embargo, le anticipó que en el tránsito del proceso es deseo del disciplinado rendir versión libre, el despacho está listo para escucharlo", explicó.Además, la Contraloría revelará el próximo lunes 11 de marzo, un informe detallando de las posibles irregularidades que pudo haber en la compra de 40 carrotanques para La Guajira por parte de la UNGRD.Otro de los anuncios es que después de las alertas enviadas por la Contraloría al Ministerio de Hacienda de los errores que persistían en el Presupuesto General de la Nación y que podrían en riesgo la ejecución, la Contraloría reveló que ayer recibió por parte del Ministerio un nuevo decreto en el que se corrigen estos errores.La Contraloría habilitará una mesa de trabajo con Acemi y algunas EPS para seguir revisando las cifras del sistema de salud y el desfinanciamiento.
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha ordenado la suspensión del proceso de elección del próximo contralor General, que actualmente está en desarrollo en el Congreso de la República. Esta decisión se ha tomado con el propósito de esperar a que el alto tribunal resuelva una tutela presentada por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, quien busca regresar a su antiguo cargo y alega irregularidades en el proceso judicial que lo apartó de la Contraloría.Carlos Hernán Rodríguez presentó la tutela ante la Corte Constitucional, señalando que existen irregularidades en el proceso que lo llevó a ser destituido como Contralor General. Cabe recordar que el Consejo de Estado anuló la elección de Rodríguez en mayo del año pasado, argumentando que los hechos que llevaron a su destitución no fueron atribuidos directamente a él, sino al procedimiento de elección liderado por el Congreso de la República.La medida cautelar de suspensión de la elección tiene como objetivo evitar cualquier determinación que pueda tomar la Corte frente a la tutela presentada por Rodríguez, ya que esta podría influir tanto en el proceso de elección del nuevo Contralor como en la posible reincorporación del excontralor.Además, la Corte Constitucional ha considerado que la suspensión es necesaria debido a que el Congreso también está en proceso de seleccionar la universidad encargada de llevar a cabo el concurso público y las evaluaciones necesarias para determinar quién será el nuevo contralor General. La intención es evitar la firma de contratos que puedan ser frenados posteriormente o generar posibles choques institucionales.
Discos duros, carpetas y correos se encuentran en poder de la Procuraduría y la Contraloría General de la República que este miércoles 6 de marzo continuarán con la inspección técnica a la Secretaría de Comunicaciones de Medellín para recolectar evidencias sobre presuntas irregularidades en dos contratos, que superan los 27.000 millones con la Universidad Nacional y el canal Telemedellín.Luego de acceder a los correos de la exsecretaria de Comunicaciones de Medellín, Mónica Orrego, y de otros profesionales de carrera, Blu Radio conoció que los investigadores de la Procuraduría solicitaron el disco duro del computador en el que trabajó y también el de Catalina Fleischner, la contratista encargada de realizar las órdenes del contrato con la Universidad Nacional, por valor de 9.000 millones de pesos, con el que se habría favorecido presuntamente las campañas de Juan Carlos Upegui y de otros candidatos de Independientes.Esta emisora también conoció que accedieron a los correos del supervisor de los contratos de la secretaría de la anterior administración, con el fin de buscar presuntas irregularidades.Mientras tanto, la Contraloría, quien investiga el contrato con el canal público Telemedellín, por 18.000 millones de pesos, para la realización de pautas publicitarias y el desarrollo de una estrategia de divulgación de resultados de la administración del entonces alcalde Daniel Quintero, pidieron los links con todas las evidencias del trabajo ejecutado por el canal público para determinar si también beneficiaron a campañas políticas del partido Independientes.Pero la búsqueda no termina, pues se espera que hoy los investigadores de ambos entes de control regresen a la alcaldía a seguir buscando evidencias.
La Contraloría General de la Nación emitió una alerta al Ministerio de Hacienda, en la que señala que el decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, implementado por el Gobierno Nacional para corregir las fallas en el decreto del presupuesto, no ha logrado solucionar completamente la crisis.De acuerdo con la Contraloría, el decreto no deroga el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, sino que solo lo modifica. Esto significa que no se ha desagregado una parte importante de la inversión en proyectos viales por $13 billones, y se mantiene el nivel agregado en las bolsas de buena parte de la ejecución de la inversión del resto de las entidades del presupuesto de la Nación.Falta de desagregación y discrecionalidadEl organismo de control también encontró que se mantuvo en el artículo 1 (que no es anexo) la totalidad del gasto de ministerios (excepto Hacienda), agencias (excepto ANI), institutos (excepto Invías) y unidades (excepto unidad de infraestructura). En estos casos, además, se dejó sin desagregar la inversión.“En estos casos, además, se dejó sin desagregar la inversión. Así, la ejecución de estos presupuestos quedó sujeta a la discrecionalidad de la Presidencia (En el caso de las agencias, es una situación delicada, porque se trata de entidades ejecutoras, donde la autonomía es un factor decisivo para su operación). Mas aún, en el caso de las entidades donde se realizó la desagregación, el gasto de funcionamiento desagregado sigue figurando en el artículo 1, que no es anexo. En otras palabras, Presidencia mantiene el manejo discrecional sobre su gasto de funcionamiento”, dice la Contraloría en un comunicado.Riesgos para la ejecución del presupuestoLa Contraloría considera que la falta de desagregación y la discrecionalidad en la ejecución del presupuesto pueden generar riesgos para la correcta y fluida ejecución de los recursos. Por esta razón, el organismo de control emitió la función de advertencia al Ministerio de Hacienda, con el fin de prevenir la ocurrencia de un daño.“Considera el organismo de control que las justificaciones esgrimidas por el Ministerio de Hacienda en relación con la expedición del Decreto de Liquidación de la vigencia 2024, en cuanto a la necesidad de revisar el grado de avance en la ejecución de los proyectos antes de distribuirles nuevos recursos para la presente vigencia, es necesaria y prudente, sin embargo, estima que se podrían haber usado otras herramientas sin necesidad de generar incertidumbre ni desviaciones en la aplicación de las normas presupuestales vigentes”, concluye la Contraloría.Comunicado completo de la Contraloría sobre el presupuestoEl Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, realizó un pronunciamiento de advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito respecto al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024, donde asegura que se pone en riesgo la ejecución del presupuesto, ya que este decreto está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación. Esta eventualidad podría resultar en la paralización de las actividades estatales, lo cual constituirla un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria.A partir del acto legislativo 04 de 2019 y del posterior decreto 403 de 2020, que crearon la nueva modalidad del control concomitante y preventivo, la CGR ya no tiene que esperar a que se termine el ciclo de ejecución para adelantar un ejercicio de control fiscal cuando todo está consumado y posiblemente se haya presentado una anomalía en la ejecución.Ahora puede emitir advertencias cuando a su juicio y bajo unas condiciones estrictas pueda existir algún nivel de riesgo con el fin de prevenirlo o evitar que se expanda. Esto fue lo que sucedió el día de hoy cuando la CGR emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda en relación con la expedición del decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 mediante el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación 2024.Recordó el ente de control que una vez el Congreso de la República expide la ley del PGN 2024, el presidente de la República la sanciona y es deber del Ministerio de Hacienda, en concordancia con el Estatuto presupuestal vigente (Decreto 111 de 1996), hacer la desagregación necesaria en los diferentes rubros de gasto (funcionamiento, deuda e inversión) para poder en la práctica ejecutar los recursos.El decreto de liquidación toma los valores de presupuesto, para cada entidad que hace parte del Gobierno Central, que fueron aprobados por el Congreso de la República y los desagrega, en un anexo del decreto, para ser incorporados al Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF y de esta manera hacer los compromisos y la ejecución de los presupuestos aprobados. Para el caso del rubro de inversión el decreto 1068 de 2015 establece taxativamente que se debe desagregar, partiendo de los programas y subprogramas establecidos en la ley de presupuesto, en proyectos de inversión claramente identificables.Dos parámetros que no se tuvieron en cuentaCon la expedición del Decreto 2295 de 2023, a juicio del ente de control, no se cumplieron dos parámetros que justifican la decisión de llamarle la atención al Ministerio de Hacienda mediante la función de advertencia: por un lado, el artículo 1 de la ley 2295 de 2023, detalla el monto del presupuesto de gastos y a su vez relaciona las partidas del PGN para el 2024, omitiendo el hecho de que el detalle del decreto debe ir en un anexo, no en el articulado; por otro lado, se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto.Para la CGR estos dos elementos generaron inconvenientes al momento de la ejecución del presupuesto: varias entidades importantes del Estado, como Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el mismo Ministerio de Hacienda al no desagregar los proyectos de inversión impedían que estos se incorporaran al SIIF y comenzase la ejecución de los recursos. Más aún, algunos de estos proyectos venían cobijados con vigencias futuras que garantizaban los recursos necesarios para ejecutarse en este año.Se estimaba en $18 billones los recursos aprobados en la ley de presupuesto, pero no desagregados en proyectos que son estratégicos para el desarrollo del país y el impulso al crecimiento dada esta coyuntura actual de desaceleración económica, tales como carreteras en concesión, sistemas de transportes masivos, carreteras secundarias y terciarias, entre otras.Por otro lado, la inclusión del anexo en el articulado hace que cualquier modificación, que en el transcurso de la vigencia son bastantes usuales por la dinámica de la ejecución presupuestal, tenga que pasar por la aprobación directa de un decreto y no de una resolución de las propias entidades, lo que podría ralentizar el proceso de ejecución presupuestal.La problemática del Decreto de liquidación se resolvió parcialmenteEl Gobierno Nacional expidió del decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, en el cual se pretendió corregir las fallas presentadas por el decreto de liquidación inicial. No obstante, al analizar el detalle y la forma en que se realizó este ajuste, la CGR considera que se resolvió parcialmente la problemática por dos hechos:*No se deroga el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, simplemente se modifica, con lo cual se deja sin desagregar no solamente una parte importante de la Inversión de los proyectos viales por $13 billones, sino que se mantiene el nivel agregado en las bolsas de buena parte de la ejecución de la inversión del resto de las entidades del presupuesto de la Nación.*Y se mantuvo en el artículo 1, que no es anexo, la totalidad del gasto de ministerios (excepto Hacienda), agencias (excepto ANI), institutos (excepto Invías) y unidades (excepto unidad de infraestructura).En estos casos, además, se dejó sin desagregar la inversión. Así, la ejecución de estos presupuestos quedó sujeta a la discrecionalidad de la Presidencia (En el caso de las agencias, es una situación delicada, porque se trata de entidades ejecutoras, donde la autonomía es un factor decisivo para su operación). Mas aún, en el caso de las entidades donde se realizó la desagregación, el gasto de funcionamiento desagregado sigue figurando en el artículo 1, que no es anexo. En otras palabras, Presidencia mantiene el manejo discrecional sobre su gasto de funcionamiento.Para la CGR al persistir esta situaciones, y con el fin de corregir los elementos que podrían configurar un riesgo en la ejecución de los recursos, consideró necesario emitir esta la función de advertencia al Ministerio de Hacienda, que aun cuando no es vinculante ni constituye control previo de la administración, es una importante herramienta cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia del daño, que en este caso la CGR considera ligado a la correcta y fluida ejecución presupuestal, a fin de que el gestor fiscal adopte autónomamente las medidas que considere procedentes para evitar que se materialicen los riesgos.Considera el organismo de control que las justificaciones esgrimidas por el Ministerio de Hacienda en relación con la expedición del Decreto de Liquidación de la vigencia 2024, en cuanto a la necesidad de revisar el grado de avance en la ejecución de los proyectos antes de distribuirles nuevos recursos para la presente vigencia, es necesaria y prudente, sin embargo, estima que se podrían haber usado otras herramientas sin necesidad de generar incertidumbre ni desviaciones en la aplicación de las normas presupuestales vigentes.
Recientemente, se dieron a conocer unos audios de conversaciones entre la excongresista Aida Merlano y Armando Benedetti, actual embajador ante la FAO. Estos audios datan del período en que Benedetti fue embajador en Venezuela, entre agosto de 2022 y julio de 2023. Durante ese tiempo, Merlano se encontraba prófuga en Venezuela desde el año 2019 hasta su deportación a Colombia en marzo de 2023.En uno de los audios, aparentemente grabado antes de que Merlano fuera deportada, se le oye pedir a Benedetti que transmita una advertencia al presidente Gustavo Petro. En otra grabación, posterior a la deportación, Benedetti menciona una conversación sorpresiva sobre el regreso de Merlano y sugiere que habló con el presidente para posiblemente ayudar a la excongresista, aunque luego negó estas afirmaciones.En redes sociales, la atención se centró en cómo Benedetti se refirió a Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro, utilizando el término "Coya", lo que en jerga costeña se interpreta como la amante de alguien.Lea también: Dura carta de exministros y expertos a minminas por declaraciones sobre la CregComo era de esperarse, Laura Sarabia rechazó ese adjetivo en su contra, lo calificó de misógino aunque no mencionó nada más del resto de los audios que reveló la revista Semana.Benedetti, por su parte, respondió a través de su cuenta en la red social X, describiendo los audios como "retazos editados, manipulados y atemporales", y afirmó que no existió ningún pacto con Merlano y que simplemente le siguió la corriente para evitar conflictos.Miguel Ángel del Río, abogado de Merlano, también comentó sobre los audios, describiéndolos como un “refrito” de eventos pasados y aseguró que todo el proceso de deportación de su clienta se realizó conforme a la ley, negando cualquier acuerdo con el presidente sobre su situación.“Esto es un refrito de hace más de dos años cuando Aida estaba en Venezuela y recién llegada. Todos los trámites de su deportación se hicieron conforme a la ley. Nunca ha existido un acuerdo entre el Presidente y nosotros sobre Merlano. Y claro que queríamos el triunfo de Petro!” (sic), manifestó el abogado Del Rio.
La inseguridad y los robos no dan tregua el Bogotá. Esta vez, un hombre entró a la iglesia Corpus Cristi ubicada en el barrio Nicolás de Federman de la localidad de Teusaquillo y con total tranquilidad, se echó la bendición y entró como si nada al templo a robar.Una vez allí, según se ve en varios videos de cámaras de seguridad de la misma iglesia, el delincuente se llevó una caja, un cofre con las donaciones que la comunidad dio a la iglesia en el momento de la eucaristía. La iglesia queda ubicada a apenas una cuadra u media de un CAI de la Policía.Vea también: Ocho delincuentes asesinaron a vigilante en Bogotá que los vio robando autopartesEl hombre, que tomó los elementos y salió como si nada de la iglesia, no llamó la atención de ninguna persona cuando entró al sitio y luego escapó del sitio con el botín. Al parecer, de acuerdo con las primeras versiones del hecho, el delincuente se robó al rededor de 500.000 peso en efectivo, dinero que estaba en el cofre de donaciones.Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad de la iglesia, a pesar de que el templo queda ubicado a apenas unos metros del CAI de la Policía del barrio Nicolás de Federman.
En un operativo conjunto entre la Policía en Santander, la Fiscalía y Comisaría de Familia del municipio de Aratoca, se logró la captura mediante orden judicial del señor Orlando Meza Quiñones, de 55 años de edad y natural de Aratoca. Este hombre era requerido por los delitos de tráfico de niños, así como acceso carnal abusivo con menor de 14 Años agravado en concurso homogéneo.Según la información proporcionada por las autoridades, Meza Quiñones habría pagado la suma de siete millones de pesos en efectivo a los familiares de una niña residente en el departamento de La Guajira, con el objetivo de trasladarla al departamento de Santander para posteriormente abusar de ella.El inicio de esta investigación se remonta a las denuncias presentadas por una ciudadana ante la Comisaría de Familia del municipio de Aratoca. A partir de este reporte, la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, inició la recolección de pruebas en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, logrando recopilar elementos materiales de prueba y evidencia física que condujeron a la expedición de la orden de captura."Este ciudadano presuntamente pagó, en el año 2023, la suma de $7 millones en efectivo a la familia de la menor residente en La Guajira. Posteriormente, la trasladó a su lugar de residencia en el departamento de Santander donde abusó de ella", indicó el coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía de Santander.El operativo culminó con la captura de Meza Quiñones en vía pública del municipio de San Gil, restableciendo así los derechos de la menor víctima de estos aberrantes actos. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinó su medida de aseguramiento en un centro carcelario.Vea también:
Este fin de semana cuatro personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos en Bucaramanga en siniestros viales diferentes que se habrían generado por exceso de velocidad y por conducir en estado de embriaguez.El primer accidente se presentó metros adelante del puente de Provenza, sobre la autopista que conduce de Bucaramanga hacía de Floridablanca donde un hombre identificado como Julián Rodríguez (Integrante de la Policía Nacional) murió al parecer, al perder el control de su motocicleta y caer violentamente en la carretera.El segundo accidente se registró en la Calle 35 con Carrera 19 en pleno centro de Bucaramanga donde el conductor de una motocicleta de 26 años murió en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.“Un nuevo hecho lamentable que nos recuerda la fragilidad de la vida. En la madrugada de este domingo, un joven de 26 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en la Calle 35 con Carrera 19 en el centro de Bucaramanga. A pesar de nuestros esfuerzos por aumentar los controles, los motociclistas siguen siendo los más vulnerables en la noche. Lo más preocupante es que en más del 70% de los accidentes con fallecidos han estado involucrados motociclistas”, dijo Carlos Bueno, director de tránsito de la ciudad.El tercero accidente que dejó una persona muerta en la capital de Santander sucedió en la carrera 22 con séptima donde un hombre de 42 años de origen venezolano murió al conducir en contravía y al parecer en estado de embriaguez.“La trágica pérdida de vida de un motociclista en un accidente nocturno en la carrera 22 con séptima nos recuerda los peligros de la conducción temeraria. La combinación de conducir en contravía, posiblemente bajo la influencia del alcohol y sin contar con los documentos requeridos, es una receta para el desastre”, manifestó el director de tránsito de la capital de Santander.La cuarta víctima perdió la vida en la carretera que une a Bucaramanga con Pamplona. Se trata de un motociclista que se estrelló contra una tractomula.De igual forma dos hombres murieron al chocar de frente cuando iban en sus motocicletas en la vía entre Barbosa y Vélez. Las personas que perdieron la vía fueron identificadas como Bryan Fandiño y Jarol Rodríguez en un hecho que conmocionó a los habitantes de ambos municipios.Hace apenas una semana se reportaron también 4 personas muertas en accidentes de tránsito en Bucaramanga, razón por la que el director de tránsito hizo un llamado a manejar con precaución ante la racha de accidentes que se han registrado en las últimos días.
Un hombre fue capturado por agentes del CTI de Cundinamarca y la Policía Nacional en la zona industrial de Cazuca, en Soacha, Cundinamarca, tras ser sorprendido robando agua de un hidrante perteneciente al Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para beneficiar a una empresa.La investigación llevada a cabo por las autoridades reveló que el hombre aprovechaba la soledad del lugar en horas de la noche para instalar dos llaves hechizas y una manguera, extrayendo agua de manera clandestina. Según pudieron establecer, el señalado robó aproximadamente 117.396 metros cúbicos de agua, lo que provocó pérdidas de 663.000 millones de pesos para la empresa y afectó a cerca de 6.178 familias en Bogotá y Soacha.Durante la diligencia de captura, los agentes incautaron una llave de tubo, una manguera plana de bomberos de 30.20 metros y una llave hechiza de hidrante. El hombre fue capturado en flagrancia y quedó vinculado a un proceso por defraudación de fluidos. Aunque no fue detenido preventivamente, se le imputaron cargos por su conducta ilícita y quedó vinculado a un proceso si reincide.Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo de agua, ya que este tipo de acciones afectan el suministro a miles de familias, sobre todo, en medio del racionamiento que se lleva en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños.