Más de 400 familias están en la incertidumbre por la suspensión del proyecto de vivienda Sueños Campestres, en Fusagasugá, Cundinamarca, una medida de la Corporación Autónoma Regional de Sumapaz (CAR). Los propietarios llevan ocho meses con las obras detenidas y piden una respuesta de fondo.Alejandro García, uno de los propietarios afectados, asegura que, pese a tener licencia y haber invertido en su predio, no ha podido avanzar. Según García, la autoridad ambiental no ha resuelto la situación en todo este tiempo. "La CAR no nos ha definido en ocho meses. Han venido varias veces, pero no han podido definir nada", afirmó. Agregó que sus derechos de petición y tutelas han recibido respuestas "evasivas" y que han acudido a la Alcaldía, la Procuraduría y otras entidades de control para que hagan seguimiento al caso y determinen responsabilidades.“Como la CAR no nos ha definido en 8 meses, han venido varias veces, pero no han podido definir nada, estamos solicitando a la Alcaldía, a la Procuraduría y a diferentes entidades de control para que le hagan seguimiento a este caso, y puedan determinar quién es el responsable de lo que está sucediendo con nosotros, de nuestras inversiones, del deterioro del proyecto y de todos los problemas que se han suscitado por esta suspensión de la medida”, afirmó García.Por su parte, la constructora sostiene que conceptos técnicos del Ministerio de Minas y de la Alcaldía de Fusagasugá respaldan su posición de que no hay afectaciones a las fuentes hídricas ni actividades de minería, una de las razones que, según la empresa, habría motivado la suspensión. Por eso, pide a la CAR reevaluar la medida y dar una respuesta de fondo.La parálisis también tiene un costo económico. La empresa calcula en $9.000 millones las pérdidas por la suspensión comercial y en otros $3.500 millones las afectaciones en el terreno, para un total de $12.500 millones. Para García, el problema va más allá de las cifras de los constructores: "No hicimos una compra aquí para hacer una vivienda y venderla, y no hemos podido".
Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles, 21 de octubre, provocaron nuevas emergencias en Fusagasugá, Cundinamarca, por inundaciones y el desbordamiento de la quebrada Pekín. Organismos de socorro se desplazaron a diferentes sectores afectados para atender los llamados de la comunidad, evaluar los daños y adelantar las primeras labores de evacuación.De acuerdo con el reporte oficial del capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, las intensas precipitaciones en la zona urbana y rural del municipio ocasionaron un aumento súbito del caudal de la quebrada, que posteriormente se desbordó. La situación generó inundaciones y arrastre de material en varios puntos cercanos a la cuenca.En diferentes videos quedaron registrados las inundaciones que se han presentado en este municipio, afectando la movilidad de los ciudadanos y el pasó de vehículos por la gran cantidad de agua que hay en algunas vías de Fusagasugá.Las unidades de Gestión del Riesgo y los cuerpos de bomberos locales permanecen desplegados en las zonas afectadas para atender la emergencia. Entre las labores que se adelantan están la inspección técnica de los sectores comprometidos, la evaluación de las afectaciones y la consolidación de un censo para establecer cuántas viviendas y vías de acceso resultaron perjudicadas.Ante el riesgo que representa el incremento del nivel del agua, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de las zonas aledañas a la quebrada Pekín para que evacúen hacia lugares seguros y permanezcan atentos a las condiciones del cauce. Asimismo, recomendaron no intentar cruzar calles o tramos inundados, debido al peligro que representan las corrientes de agua y el material arrastrado por las lluvias.Mientras continúan las labores de atención, se espera que los organismos de socorro establezcan un balance de las afectaciones ocasionadas por las inundaciones. Las autoridades también pidieron a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales de la Alcaldía de Fusagasugá y de la Delegación Departamental de Bomberos para conocer las actualizaciones de la emergencia y seguir las recomendaciones de seguridad.
La Alcaldía de Fusagasugá respondió a los hallazgos advertidos por la Procuraduría General de la Nación sobre el PAE y reconoció que sí se presentaron inconsistencias en la prestación del servicio con el operador anterior. Sin embargo, aclaró que la administración estuvo al tanto de estas situaciones desde el primer momento, realizó controles y tomó medidas frente a los incumplimientos detectados.El secretario de Educación, Juan Camilo Celemín, explicó que el equipo encargado de la supervisión identificó cambios en las minutas sin autorización previa, demoras en el suministro hacia algunas instituciones y retrasos en los pagos a personas contratadas por el operador. Según indicó, estos hechos fueron documentados y dieron lugar a dos informes remitidos a la Oficina Jurídica de la alcaldía para establecer las posibles consecuencias.Uno de los puntos sobre los que hizo énfasis el funcionario fue el relacionado con la calidad de los alimentos. El secretario aclaró que los hallazgos mencionados por la Procuraduría no significaban que se estuvieran entregando productos en estado de descomposición a los estudiantes.“Lo que encontramos no es que se les esté entregando de mala calidad alimentos a los estudiantes, sino que, al hacer una revisión de las bodegas, al hacer una revisión de las cocinas y de los diferentes espacios donde se almacenan los alimentos, antes precisamente de prepararlos, pues, había algunos alimentos que, por ejemplo, estaban en una etapa de maduración que no concuerda con unos mínimos”, añadió el secretario de Educación de Fusagasugá.A partir de estas verificaciones, la administración ordenó retirar los productos que no cumplían con los parámetros establecidos antes de que fueran preparados. El secretario insistió en que esta actuación buscaba evitar que esos alimentos llegaran a los estudiantes y explicó que en algunos casos la situación terminó generando cambios en la minuta o llamados de atención al operador.En cuanto a las raciones incompletas, el secretario de Educación señaló que hubo casos en los que el retiro preventivo de un alimento terminó afectando la composición de una minuta porque el operador no contaba con suficiente reserva para reemplazarlo.Finalmente, señaló que el anterior operador dejó de prestar el servicio el 24 de agosto y que desde el 25 de ese mes comenzó la operación de un nuevo contratista. La alcaldía aseguró que mantendrá las visitas aleatorias y los mecanismos de seguimiento, incluida una estrategia en la que los estudiantes reportan las condiciones del servicio.
La Procuraduría General de la Nación intensificó la vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Fusagasugá y Soacha, Cundinamarca, para verificar que 81.632 estudiantes reciban de manera continua alimentos de calidad y en las condiciones establecidas.Uno de los municipios que más llama la atención es Fusagasugá. La Procuraduría puso la lupa sobre un programa que actualmente beneficia a 13.256 estudiantes, equivalentes al 88 % de la matrícula del municipio. Durante visitas realizadas, por el ente de control, a la bodega y a los comedores escolares fueron identificadas situaciones relacionadas con la calidad de algunos alimentos, cambios no autorizados en los menús y entrega incompleta de determinadas raciones. Frente a estos hallazgos, se implementaron acciones de mejora en las instituciones educativas y la Procuraduría formuló los requerimientos correspondientes a las autoridades y al operador. Además, se adelanta un proceso sancionatorio contra el actual contratista por presuntos incumplimientos relacionados con las condiciones técnicas de los alimentos y con los tiempos establecidos para su entrega.A la par, avanza el proceso de selección de un nuevo operador para Fusagasugá. La administración busca que el cambio se realice sin afectar la alimentación de los estudiantes y, de acuerdo con la información entregada, se tenía prevista la adjudicación del nuevo operador para garantizar la continuidad del servicio a partir del 25 de agosto.Avanzan también las labores de la Procuraduría en Soacha. El seguimiento tiene un alcance todavía mayor, teniendo en cuenta que el PAE atiende a 68.376 estudiantes. El Ministerio Público mantiene una vigilancia preventiva en coordinación con las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, con visitas a los comedores escolares y requerimientos dirigidos tanto a las entidades territoriales como a los operadores responsables del programa. Uno de los puntos que está siendo revisado en Soacha es la implementación de la ración caliente transportada, es decir, la entrega de alimentos preparados que son trasladados hasta las instituciones educativas para ser suministrados a los estudiantes. La Procuraduría también verifica la apertura de nuevos comedores escolares y las condiciones en las que estos espacios están funcionando.Por el momento, la vigilancia en Fusagasugá y Soacha continuará para establecer que las autoridades y los operadores cumplan las obligaciones adquiridas y que ningún estudiante resulte afectado por fallas en la prestación del servicio.
El abogado Iván Cancino, defensor del exciclista Luis Herrera, se pronunció frente al proceso de indagatoria que enfrenta su cliente por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos, asegurando que la defensa responderá destacando la existencia de testimonios contradictorios y documentos que, según afirma, demostrarían que Herrera y su familia también fueron víctimas del paramilitarismo.De acuerdo con lo señalado por el abogado, el equipo jurídico ha revisado el material probatorio existente y ha identificado inconsistencias en los testimonios recopilados dentro del proceso.“Hemos analizado todos los testimonios llenos de contradicciones que, a pesar del tiempo, afortunadamente, hemos podido encontrar en los dichos. Tenemos muchos documentos de la época donde se demostraba que Luis Alberto Herrera y su familia también eran víctimas del paramilitarismo y que nunca contestaron. Fueron víctimas de la violencia, no solo de la guerrilla donde estuvo secuestrado, sino también extorsionado por los paramilitares, y eso es una constante que se ha repetido acá”, aseguró Cancino.El abogado también sostuvo que la vinculación de Herrera a la investigación estaría relacionada con su negativa a ceder ante presiones de grupos armados ilegales.“Y la vinculación que se le hace a Luis Herrera es eso, no ceder a una extorsión que, obviamente, genera mucha zozobra también en su familia, y, obviamente, lo que quieren hacer es desviar la investigación para que las víctimas de los desaparecidos y de las personas que fueron sacrificadas, sus vidas tampoco tengan como la paz y la calma de saber quiénes son los verdaderos responsables”, agregó.La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que actualmente son materia de investigación judicial.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre los años 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Al finalizar la audiencia la Fiscalía explicó que entrará a definir la situación jurídica de los procesados. Estas diligencias las adelanta una fiscal especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos."De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, los hermanos Herrera Herrera fueron vinculados formalmente por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación", explicó la Fiscalía.
La Policía Nacional confirmó la captura de un joven de 18 años que pretendía transportar estupefacientes fajados en su cuerpo desde Puerto Asís hasta Bogotá.Según información preliminar, esta persona que fue sorprendido en la vía Fusagasugá-Bogotá, sector Valsalice, llevaba escondido en su cuerpo tres paquetes sellados de base de coca y otros tres con clorhidrato de cocaína."En un puesto de control ubicado en la vía que conduce al municipio de Fusagasugá, nuestros uniformados interceptaron a un ciudadano de 18 años. Tras un registro personal, se hallaron en su poder más de 3.000 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 dosis de base de coca, bajo la modalidad de adherido", afirmó el coronel Mauricio Herrera, comandante Departamento de Policía CundinamarcaLa Fiscalía General de la Nación presentó a esta persona ante un juez de control de garantías quien legalizó la captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Video de la captura:Asimismo, las autoridades destacaron que con esta captura se evito la circulación de cerca de 7.000 dosis de alucinógeno.Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien ante la línea 123 cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el país.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a indagatoria a Luis Alberto Herrera Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera por la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá , Cundinamarca, fue recibida como un paso “esperanzador” por los familiares de las víctimas, que llevan más de dos décadas esperando avances judiciales.Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez ,dos de las víctimas de desaparición forzada ocurridas el 23 de octubre de 2002, calificó la actuación del ente acusador como una señal de que, pese al paso del tiempo, aún es posible conocer la verdad de lo ocurrido. En entrevista con Blu Radio aseguró que la diligencia representa un giro significativo en un proceso marcado por la demora.“Para nosotros desde luego es una sorpresa, dado que los procesos han ido siendo demorados. Llevamos 23 años esperando a que algo suceda y sin duda esta decisión nos muestra claramente que la Fiscalía está buscando hacer justicia. Para nosotros es esperanzador, en la medida en que nos permite una luz hacia conocer la verdad sobre lo que sucedió y el porqué actuaron de esa manera”, afirmó.Las víctimas eran propietarios de fincas aledañas a las de la familia Herrera Herrera, en una zona rural del municipio, y desaparecieron en medio del contexto de violencia que se vivía en la región del Sumapaz a comienzos de los años 2000. De acuerdo con el expediente, los hermanos Rodríguez fueron señalados y posteriormente llevados en contra de su voluntad por integrantes de estructuras paramilitares que operaban en la zona.Sobre las motivaciones del crimen, el familiar señaló que persisten grandes vacíos. “Nosotros no tenemos idea de qué motivó a la persona o a las personas que contrataron a los paramilitares a tomar ese tipo de decisión. Lo que ellos dicen es que les manifestaron que eran guerrilleros. Ellos manifiestan también que luego se dieron cuenta de que era una equivocación, pero más allá de lo que ellos digan, nosotros no sabemos por qué lo hicieron”, sostuvo.Pastor Rodríguez subrayó que, aunque el proceso ha sido largo, la decisión de la Fiscalía envía un mensaje relevante para otras víctimas del conflicto armado. “Entendemos que los procesos toman su tiempo y para nosotros, y para muchas víctimas en Colombia, esto es una señal de que aunque pasen los años, aún es posible conocer la verdad y tener un poco de justicia”, agregó.La Fiscalía confirmó que los elementos materiales probatorios recaudados permiten inferir que Luis Alberto Herrera y Rafael Herrera habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran por la fuerza a un grupo de habitantes de predios cercanos a sus propiedades.Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera fue vinculado en esta misma investigación por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual de una menor de edad.Aunque la diligencia judicial se realizará en 2026, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, dado que los hechos ocurrieron en 2002. En este sistema penal no existe la imputación como en el modelo acusatorio actual; la indagatoria constituye la vinculación formal de los investigados, y las decisiones centrales son adoptadas por la Fiscalía mediante actos escritos especialmente. Tras esta diligencia, el ente acusador podría solicitar la imposición de una medida de aseguramiento y avanzar hacia una eventual etapa de juicio contra los hermanos Herrera Herrera.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Luis Alberto Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedades de la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.Entre tanto, la Fiscalía confirmó que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas, cuyos restos aún no han sido localizados, más de dos décadas después de ocurridos los hechos.Por estos acontecimientos, Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada.Adicionalmente, la Fiscalía informó que Rafael Herrera Herrera fue vinculado dentro de la misma actuación judicial por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad, hecho que habría salido a la luz en el desarrollo de esta investigación por violaciones a los derechos humanos.El proceso penal se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 del año 2000, en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que implica un trámite propio del sistema penal anterior.
Un nuevo hecho de violencia contra una mujer enluta a Fusagasugá, Cundinamarca. María Ligia Garzón Ayala, de 44 años, perdió la vida luego de ser atacada con arma blanca por su expareja sentimental mientras ambos se encontraban en un establecimiento comercial del municipio.El crimen ocurrió el sábado 13 de diciembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, en un bar ubicado en la Galería Municipal, en la comuna Centro. De acuerdo con las autoridades, la mujer había aceptado reunirse con el hombre y, en medio del encuentro, ambos estaban bailando cuando, de manera repentina y sin que mediara palabra, el agresor sacó un arma blanca que llevaba oculta y la atacó en repetidas ocasiones.Personas que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a las autoridades y a los organismos de socorro. María Ligia Garzón fue trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la severidad de las lesiones.Según información oficial de la Policía, la relación sentimental entre la víctima y el presunto agresor había terminado aproximadamente tres semanas antes del ataque. Testimonios recopilados por investigadores y familiares indican que el encuentro habría derivado en una discusión relacionada con conflictos personales y sentimentales, situación que escaló de forma violenta hasta el desenlace fatal.Tras conocerse el caso, el Departamento de Policía Cundinamarca activó un operativo especial para dar con el paradero del sospechoso. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) desplegaron un “Plan Candado” y realizaron labores de vecindario e inteligencia que permitieron ubicarlo en menos de 48 horas.El hombre fue capturado en el municipio de Pasca, Cundinamarca, donde presuntamente intentaba esconderse. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el arma blanca que habría sido utilizada para cometer el crimen.
Un juez penal de conocimiento condenó a 30 años y 7 meses de prisión a Deiver Jair Rodríguez Burgos, responsable del asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón durante un fleteo ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca). El sentenciado aceptó voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió avanzar rápidamente en su judicialización.La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, estableció que Rodríguez Burgos interceptó al funcionario en el parqueadero de un centro comercial, momentos después de que retirara dinero de una entidad bancaria. Allí lo intimidó con una pistola y le disparó inicialmente en una pierna. Con la víctima en el suelo, el agresor lo golpeó y le propinó un segundo disparo en el abdomen, para luego apoderarse de un maletín que contenía 128 millones de pesos.Tras cometer el crimen, Rodríguez huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar. Su captura se produjo el pasado 10 de septiembre, cuando servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijín de Cundinamarca lo ubicaron en el peaje Gambote, en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena (Bolívar).El juez lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Rodríguez Burgos deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.El fallo fue emitido en primera instancia, por lo que la defensa aún puede interponer los recursos de ley.
El papa León XIV denunció este sábado la muerte violenta de niños al visitar Casavalle, un barrio humilde de Montevideo y el más inseguro de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas.León XIV llegó en coche al barrio, caminó por sus peligrosas calles y saludó a fieles en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el segundo día de una intensa gira de 12 días por Sudamérica apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón."No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", dijo el jefe de 1.400 millones de católicos desde un escenario instalado al aire libre.Un barrio "bravísimo""No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos", sostuvo.Cuatro de cada 10 niños uruguayos viven hoy en la pobreza, según UNICEF."Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida", sentenció León XIV, que bendijo una docena de nuevas viviendas populares en Casavalle financiadas por la Iglesia católica.La tasa de homicidios en Casavalle y sus barrios aledaños es de 41,7 cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, cuatro veces más que la nacional, sobre todo debido a batallas entre bandas armadas del narcotráfico.La violencia se ha disparado en los últimos años en Uruguay, que adquirió un nuevo rol en el tránsito de cocaína hacia el norte y fue considerado tradicionalmente una de las naciones más seguras y prósperas de la región.El barrio "pasa de tranquilo a bravísimo en minutos", cuenta a la AFP Claudia, una enfermera de 33 años que no quiere dar su apellido por temor."Ver homicidios ahí en tu puerta es tremendo. Enfrente de mi casa vino una moto y acribillaron a alguien, no sabes qué hacer cuando tus hijos ven un cuerpo tirado", relató.Los vecinos esperan que la visita del papa, de una hora, cambie las cosas para mejor."En 62 años de vida nunca había visto estas veredas limpias y la cantidad de seguridad que hay. El barrio se tranquilizó", dijo Mario Tabárez, dueño de un taller de pintura ubicado a dos cuadras de la parroquia.Casarse "para siempre"El papa también advirtió el sábado sobre la "deshumanización" provocada por la inteligencia artificial y en la Universidad Católica del Uruguay urgió a las instituciones educativas a hacer un "uso sabio" de la IA, "colocando a la persona antes que el algoritmo".En la noche, ante 60.000 personas en el estadio Centenario de Montevideo, el papa alentó a los jóvenes a casarse "para siempre" y tener hijos."Jóvenes, ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al 'para siempre'!", dijo en una vigilia de oración. "Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".La tasa de fecundidad en América Latina está cayendo de manera acelerada y pasó de 5,8 hijos por mujer en 1950 a 1,8 hijos en 2024, según un reciente estudio del Fondo de Población de la ONU."Tener al papa entre nosotros es un golazo", dijo en el estadio el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.José Aguilar, un venezolano de 56 años que hace cuatro que vive en Uruguay, dijo sentir en Uruguay "un renacer la fe". Destacó que el papa haya hablado el viernes de los suicidios, de la familia y también de la energía limpia, "temas que a la gente le importan"."Este es un papa que conecta mucho con las personas", aseguró por su lado Eliana Mrak, que ya vio al papa este año en Madrid y Barcelona."¡Papa León, te queremos un montón!", coreaba la multitud en el estadio tras su discurso, entre aplausos y silbidos.Más temprano, en Paysandú, durante la primera misa de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa derrochó elogios para el mate, la infusión adorada por los uruguayos, "que nos enseña a compartir y a estar juntos".Llamó asimismo a "construir puentes" y "transmitir la alegría de la fe" frente a miles de fieles que lo escuchaban mate y termo en mano en esta ciudad a 350 km al noroeste de Montevideo.Uruguay es el país más laico de América Latina. Solo 35% de la población se declara católica, según un sondeo de 2026 de Latinobarómetro, que ubica al país al final del ránking regional.El domingo el papa oficiará una misa en la ciudad de Florida y luego viajará a Argentina, la patria de su predecesor, Francisco.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas de protección para las instalaciones de RCN, Caracol Televisión y SEMANA, luego de recibir alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra los dos canales de televisión.A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que ordenó desplegar la capacidad del Estado para proteger a los medios de comunicación, sus periodistas, trabajadores y familiares. También dispuso reforzar los esquemas de seguridad de la revista SEMANA.De La Espriella rechazó las amenazas contra la prensa y afirmó que su Gobierno no permitirá que grupos armados intimiden a los medios de comunicación mediante actos de violencia. “La libertad de prensa es sagrada y se respeta”, escribió.El presidente expresó su solidaridad con los periodistas del país y aseguró que no están solos frente a este tipo de amenazas. Su pronunciamiento se conoce tras las alertas sobre posibles acciones del ELN contra instalaciones de medios de comunicación en Colombia.Noticia en desarrollo...
Con la conformación de mesas técnicas proseguirá la discusión entre el Congreso y el Gobierno alrededor de la Ley de financiamiento y rescate económico. La conclusión fue tomada luego de la reunión que sostuvieron los congresistas que integran las comisiones económicas y el ejecutivo en la sede alterna de la Presidencia, en Barranquilla.Así, con ánimo conciliador, pero aún con profundas diferencias, se desarrolló este sábado el encuentro programado entre el Gobierno y los congresistas que hacen parte de las comisiones económicas del legislativo en la sede Presidencial del Batallón Paraíso, en el norte de la capital del Atlántico.El representante a la Cámara por el Partido Verde, Yamit Noé Hurtado, dio a conocer que ahora el trabajo para conseguir la mejor ley de rescate fiscal posible continuará en mesas técnicas desde este mismo lunes.“Los congresistas de Cámara y Senado, de las comisiones económicas, vemos un ambiente de conciliación, de contexto, de acuerdos. Hay cosas en que estamos de acuerdo, hay cosas en que no estamos de acuerdo, pero ya se comienza a trabajar en las mesas técnicas para seguir discutiendo esta ley de rescate”, dijo Hurtado.En la misma línea, el senador Carlos Meisel, destacó que el alza en el IVA, los parafiscales y otros impuestos que generan más cargas al bolsillo de los ciudadanos, así como una reducción más drástica en el gasto del Estado, son algunas de las propuestas presentadas por la bancada de su partido, el Centro Democrático.“Entendemos las dificultades fiscales que tiene el país, las compartimos con el Gobierno. Sabemos que estamos en unos tiempos muy difíciles, pero estamos de manera creativa buscando soluciones disruptivas que reduzcan el gasto de manera más contundente, que favorezcan la inversión privada con más agresividad y, sobre todo, cuidando el bolsillo a los ciudadanos, sobre todo en los temas de impuestos”, expresó Meisel.Más temprano el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien lideró la reunión junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, señaló que con los aportes de los parlamentarios, expertos, gremios y sectores sociales, pusieron a consideración del Gobierno nacional un primer borrador de propuesta del Centro Democrático para la ley de rescate fiscal, con el propósito de aportar soluciones a los desafíos de las finanzas del país.En sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe, presentó más temprano el borrador del proyecto.Dijo el exmandatario que el borrador pone a discusión las propuestas de “buscar un estado sustancialmente pequeño, una legislación tributaria disruptiva, simple, que ponga a crecer aceleradamente la economía, que permita financiar lo social sin corrupción".“Hay alternativas, pedimos más disminución del tamaño del Estado, además de austeridad, y normas que estimulen sustancialmente el crecimiento de la economía para contar con los recursos que permitan la política social”, agregó Uribe.Durante la reunión con los congresistas de las comisiones económicas este sábado, también estuvieron presentes los ministros del Interior Alejandro Ordóñez; de Justicia, Iván Cancino; de Hacienda, Miguel Gómez; de Comercio, Mauricio Gómez; de Transporte, Elsa Noguera, además de la gerente para las regiones, Valeria Lafaurie; y el jefe de Despacho, Nicolás Gómez, entre otros altos funcionarios del Gobierno.
El piloto de ingreso reversible por la avenida La Esperanza, que busca mejorar la movilidad de quienes llegan a Bogotá desde la sabana de occidente, se extenderá hasta la primera semana de diciembre de 2026. La decisión se tomó después de que las mediciones de las primeras cuatro semanas reportaran una reducción promedio del 53,7 % en los tiempos de desplazamiento hacia el oriente, entre el río Bogotá y la calle 26.La medida comenzó el 5 de octubre y continuará de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. La Secretaría Distrital de Movilidad, la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera mantendrán el seguimiento al comportamiento del tráfico para establecer posibles ajustes.La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que durante el primer mes se redujo el tiempo promedio de ingreso por este corredor. Las entidades también reportaron que el recorrido de salida por la calle 13, entre la carrera 106 y el río Bogotá, pasó de 17 a 12 minutos.¿Qué resultados dejó el reversible de la avenida La Esperanza?Las mediciones muestran cambios en las velocidades promedio. En la calle 13, entre el río Bogotá y la carrera 123, pasaron de 7,58 a 16,09 kilómetros por hora. En el tramo habilitado entre la carrera 128, la avenida La Esperanza y la carrera 103, aumentaron de 14,34 a 21,76, de acuerdo con el reporte oficial.La ARM también informó que los tiempos de ingreso a Bogotá desde Mosquera, durante la hora de mayor congestión, pasaron de 32 a 17 minutos.En promedio, cerca de 11.400 usuarios utilizan diariamente el tramo habilitado. A ellos se suman unos 12.300 viajeros que ingresan a la capital y continúan por la calle 13.¿Cómo funcionará el reversible y qué cambios deben tener en cuenta los conductores?Quienes salen de Mosquera por la transversal 1 hacia la calle 13 deberán utilizar el retorno ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de ese municipio, en lugar del retorno de Italcol.En Bogotá, se eliminará el retorno de la carrera 137A y se habilitará uno en la carrera 137C, de uso exclusivo para rutas intermunicipales.Para ingresar a la capital por la calle 13, a la altura de la carrera 128, los conductores deberán tomar esta vía hasta la avenida La Esperanza y continuar hasta la carrera 103, donde podrán conectar con la avenida El Dorado.Durante la extensión del piloto se mantendrán la señalización y el personal en vía para orientar a los usuarios.
La agrupación vallenata de Kbeto Zuleta atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras confirmarse el fallecimiento de Radamell Uribe, quien se desempeñaba como corista del grupo y permanecía hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes 26 de octubre de 2026.La noticia fue confirmada por Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, quien informó sobre la muerte del músico, que se encontraba recluido en una clínica de alta complejidad en Valledupar. Su fallecimiento se suma al de Geovanni Lobo y Harold Santana, otros dos integrantes de la agrupación que perdieron la vida en el siniestro.El accidente ocurrió cuando el bus en el que se movilizaban los músicos cayó al río Ariguaní, en un tramo vial entre los municipios de Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar. La agrupación regresaba a Valledupar después de cumplir con una presentación privada en Sincelejo, Sucre, en la que también participó el cantante Elder Dayán Díaz.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el siniestro dejó varios integrantes fallecidos y 17 personas heridas. El hecho generó preocupación en el mundo del vallenato, especialmente por el estado de salud del cantante Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado a Barranquilla para recibir atención especializada.¿Cómo ocurrió el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta?El siniestro se registró aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el vehículo de la empresa Súper Star perdió el control, chocó contra una barrera de contención y terminó cayendo al río Ariguaní.El bus transportaba a los integrantes de la agrupación, quienes regresaban de su compromiso musical en Sincelejo. Una de las hipótesis preliminares apunta a que el conductor se habría quedado dormido, aunque las circunstancias del accidente quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.Entre las primeras víctimas mortales identificadas estuvieron el guitarrista Harold David Santana Martínez y el corista Geovanni Lobo. A ellos se suma ahora Radamell Uribe, cuyo fallecimiento representa una nueva pérdida para el grupo.¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?Mientras se conoce esta nueva noticia, el cantante Kbeto Zuleta continúa con su proceso de recuperación en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, adonde fue trasladado el martes 27 de octubre desde un centro asistencial de Bosconia.El artista sufrió politraumatismos, un trauma cerrado de tórax y la amputación de su pierna izquierda. Debido a la complejidad de las lesiones, inicialmente tuvo que permanecer sedado e intubado, bajo supervisión médica.Sin embargo, el proceso de recuperación ha mostrado algunos avances. El sábado 31 de octubre, el cantante despertó y pudo ser extubado, por lo que comenzó a respirar sin asistencia mecánica. Desde entonces, ha permanecido consciente y ha podido comunicarse con sus familiares y reconocer a las personas que lo acompañan.La actualización más reciente sobre su condición médica fue entregada el sábado 7 de noviembre por su hermano Héctor Zuleta, quien explicó que el artista permanece estable y consciente. También señaló que el miércoles 4 de noviembre fue sometido a otros dos procedimientos quirúrgicos y que todavía tiene pendientes varias intervenciones.Por su parte, Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en sus presentaciones musicales y actividades públicas para acompañar a su hijo durante este proceso. Los compromisos que tenía programados serán reprogramados mientras la familia concentra sus esfuerzos en la recuperación del cantante.Con la muerte de Radamell Uribe, el accidente del 26 de octubre deja una nueva víctima mortal y mantiene la preocupación entre los seguidores del vallenato y los familiares de los integrantes de la agrupación.