El abogado Iván Cancino, defensor del exciclista Luis Herrera, se pronunció frente al proceso de indagatoria que enfrenta su cliente por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos, asegurando que la defensa responderá destacando la existencia de testimonios contradictorios y documentos que, según afirma, demostrarían que Herrera y su familia también fueron víctimas del paramilitarismo.De acuerdo con lo señalado por el abogado, el equipo jurídico ha revisado el material probatorio existente y ha identificado inconsistencias en los testimonios recopilados dentro del proceso.“Hemos analizado todos los testimonios llenos de contradicciones que, a pesar del tiempo, afortunadamente, hemos podido encontrar en los dichos. Tenemos muchos documentos de la época donde se demostraba que Luis Alberto Herrera y su familia también eran víctimas del paramilitarismo y que nunca contestaron. Fueron víctimas de la violencia, no solo de la guerrilla donde estuvo secuestrado, sino también extorsionado por los paramilitares, y eso es una constante que se ha repetido acá”, aseguró Cancino.El abogado también sostuvo que la vinculación de Herrera a la investigación estaría relacionada con su negativa a ceder ante presiones de grupos armados ilegales.“Y la vinculación que se le hace a Luis Herrera es eso, no ceder a una extorsión que, obviamente, genera mucha zozobra también en su familia, y, obviamente, lo que quieren hacer es desviar la investigación para que las víctimas de los desaparecidos y de las personas que fueron sacrificadas, sus vidas tampoco tengan como la paz y la calma de saber quiénes son los verdaderos responsables”, agregó.La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que actualmente son materia de investigación judicial.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre los años 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Al finalizar la audiencia la Fiscalía explicó que entrará a definir la situación jurídica de los procesados. Estas diligencias las adelanta una fiscal especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos."De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, los hermanos Herrera Herrera fueron vinculados formalmente por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación", explicó la Fiscalía.
La Policía Nacional confirmó la captura de un joven de 18 años que pretendía transportar estupefacientes fajados en su cuerpo desde Puerto Asís hasta Bogotá.Según información preliminar, esta persona que fue sorprendido en la vía Fusagasugá-Bogotá, sector Valsalice, llevaba escondido en su cuerpo tres paquetes sellados de base de coca y otros tres con clorhidrato de cocaína."En un puesto de control ubicado en la vía que conduce al municipio de Fusagasugá, nuestros uniformados interceptaron a un ciudadano de 18 años. Tras un registro personal, se hallaron en su poder más de 3.000 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 dosis de base de coca, bajo la modalidad de adherido", afirmó el coronel Mauricio Herrera, comandante Departamento de Policía CundinamarcaLa Fiscalía General de la Nación presentó a esta persona ante un juez de control de garantías quien legalizó la captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Video de la captura:Asimismo, las autoridades destacaron que con esta captura se evito la circulación de cerca de 7.000 dosis de alucinógeno.Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien ante la línea 123 cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el país.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a indagatoria a Luis Alberto Herrera Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera por la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá , Cundinamarca, fue recibida como un paso “esperanzador” por los familiares de las víctimas, que llevan más de dos décadas esperando avances judiciales.Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez ,dos de las víctimas de desaparición forzada ocurridas el 23 de octubre de 2002, calificó la actuación del ente acusador como una señal de que, pese al paso del tiempo, aún es posible conocer la verdad de lo ocurrido. En entrevista con Blu Radio aseguró que la diligencia representa un giro significativo en un proceso marcado por la demora.“Para nosotros desde luego es una sorpresa, dado que los procesos han ido siendo demorados. Llevamos 23 años esperando a que algo suceda y sin duda esta decisión nos muestra claramente que la Fiscalía está buscando hacer justicia. Para nosotros es esperanzador, en la medida en que nos permite una luz hacia conocer la verdad sobre lo que sucedió y el porqué actuaron de esa manera”, afirmó.Las víctimas eran propietarios de fincas aledañas a las de la familia Herrera Herrera, en una zona rural del municipio, y desaparecieron en medio del contexto de violencia que se vivía en la región del Sumapaz a comienzos de los años 2000. De acuerdo con el expediente, los hermanos Rodríguez fueron señalados y posteriormente llevados en contra de su voluntad por integrantes de estructuras paramilitares que operaban en la zona.Sobre las motivaciones del crimen, el familiar señaló que persisten grandes vacíos. “Nosotros no tenemos idea de qué motivó a la persona o a las personas que contrataron a los paramilitares a tomar ese tipo de decisión. Lo que ellos dicen es que les manifestaron que eran guerrilleros. Ellos manifiestan también que luego se dieron cuenta de que era una equivocación, pero más allá de lo que ellos digan, nosotros no sabemos por qué lo hicieron”, sostuvo.Pastor Rodríguez subrayó que, aunque el proceso ha sido largo, la decisión de la Fiscalía envía un mensaje relevante para otras víctimas del conflicto armado. “Entendemos que los procesos toman su tiempo y para nosotros, y para muchas víctimas en Colombia, esto es una señal de que aunque pasen los años, aún es posible conocer la verdad y tener un poco de justicia”, agregó.La Fiscalía confirmó que los elementos materiales probatorios recaudados permiten inferir que Luis Alberto Herrera y Rafael Herrera habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran por la fuerza a un grupo de habitantes de predios cercanos a sus propiedades.Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera fue vinculado en esta misma investigación por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual de una menor de edad.Aunque la diligencia judicial se realizará en 2026, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, dado que los hechos ocurrieron en 2002. En este sistema penal no existe la imputación como en el modelo acusatorio actual; la indagatoria constituye la vinculación formal de los investigados, y las decisiones centrales son adoptadas por la Fiscalía mediante actos escritos especialmente. Tras esta diligencia, el ente acusador podría solicitar la imposición de una medida de aseguramiento y avanzar hacia una eventual etapa de juicio contra los hermanos Herrera Herrera.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Luis Alberto Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedades de la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.Entre tanto, la Fiscalía confirmó que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas, cuyos restos aún no han sido localizados, más de dos décadas después de ocurridos los hechos.Por estos acontecimientos, Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada.Adicionalmente, la Fiscalía informó que Rafael Herrera Herrera fue vinculado dentro de la misma actuación judicial por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad, hecho que habría salido a la luz en el desarrollo de esta investigación por violaciones a los derechos humanos.El proceso penal se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 del año 2000, en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que implica un trámite propio del sistema penal anterior.
Un nuevo hecho de violencia contra una mujer enluta a Fusagasugá, Cundinamarca. María Ligia Garzón Ayala, de 44 años, perdió la vida luego de ser atacada con arma blanca por su expareja sentimental mientras ambos se encontraban en un establecimiento comercial del municipio.El crimen ocurrió el sábado 13 de diciembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, en un bar ubicado en la Galería Municipal, en la comuna Centro. De acuerdo con las autoridades, la mujer había aceptado reunirse con el hombre y, en medio del encuentro, ambos estaban bailando cuando, de manera repentina y sin que mediara palabra, el agresor sacó un arma blanca que llevaba oculta y la atacó en repetidas ocasiones.Personas que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a las autoridades y a los organismos de socorro. María Ligia Garzón fue trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la severidad de las lesiones.Según información oficial de la Policía, la relación sentimental entre la víctima y el presunto agresor había terminado aproximadamente tres semanas antes del ataque. Testimonios recopilados por investigadores y familiares indican que el encuentro habría derivado en una discusión relacionada con conflictos personales y sentimentales, situación que escaló de forma violenta hasta el desenlace fatal.Tras conocerse el caso, el Departamento de Policía Cundinamarca activó un operativo especial para dar con el paradero del sospechoso. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) desplegaron un “Plan Candado” y realizaron labores de vecindario e inteligencia que permitieron ubicarlo en menos de 48 horas.El hombre fue capturado en el municipio de Pasca, Cundinamarca, donde presuntamente intentaba esconderse. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el arma blanca que habría sido utilizada para cometer el crimen.
Un juez penal de conocimiento condenó a 30 años y 7 meses de prisión a Deiver Jair Rodríguez Burgos, responsable del asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón durante un fleteo ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca). El sentenciado aceptó voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió avanzar rápidamente en su judicialización.La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, estableció que Rodríguez Burgos interceptó al funcionario en el parqueadero de un centro comercial, momentos después de que retirara dinero de una entidad bancaria. Allí lo intimidó con una pistola y le disparó inicialmente en una pierna. Con la víctima en el suelo, el agresor lo golpeó y le propinó un segundo disparo en el abdomen, para luego apoderarse de un maletín que contenía 128 millones de pesos.Tras cometer el crimen, Rodríguez huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar. Su captura se produjo el pasado 10 de septiembre, cuando servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijín de Cundinamarca lo ubicaron en el peaje Gambote, en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena (Bolívar).El juez lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Rodríguez Burgos deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.El fallo fue emitido en primera instancia, por lo que la defensa aún puede interponer los recursos de ley.
El pasado 27 de octubre de 2025, María Paula Rey, de 28 años, y su hermana fueron arrolladas por un furgón en el kilómetro 70 de la vía Bogotá–Girardot, sector Chinauta, Fusagasugá, Cundinamarca. Según reportes de la familia, el conductor del vehículo huyó del lugar tras el accidente, dejando a las víctimas sin atención inmediata, situación que generó indignación entre los residentes de la zona y la comunidad afectada.Tras el accidente, María Paula fue trasladada a un centro médico, donde permaneció conectada a equipos de soporte vital y requirió múltiples cirugías por lesiones graves en la cabeza.Los especialistas emitieron un pronóstico reservado, advirtiendo que la joven podría perder la capacidad de hablar durante meses, mientras su familia enfrentaba semanas críticas.En entrevista con Noticias Caracol, la familia de la joven reveló detalles del proceso, que calificaron como "la peor batalla que han enfrentado". "El neurocirujano nos dijo 'Ella no va a volver a hablar y si dice una primera palabra va a ser dentro de 6 meses'", afirmaron.Las autoridades de Fusagasugá mantienen la búsqueda del conductor responsable, quien enfrenta cargos por omisión de socorro, tipificada en el artículo 131 del Código Penal Colombiano, que establece penas de 32 a 72 meses de prisión, con agravantes si la víctima resulta con lesiones graves. “Ahorita verla realmente ha sido Dios. Nosotros somos una familia muy unida, gracias a Dios, y creemos en los milagros. Mi hermana es un milagro”, afirmó una de las hermanas de la joven. Mientras tanto, María Paula continúa su rehabilitación en casa, recuperando funciones que inicialmente los médicos consideraban improbables, hecho que su familia considera un milagro.“Imagínate que hubiera sido en una carretera sola, se nos mueren las dos. No paró, hizo omisión, y eso es lo que nos queda en el corazón, realmente, de tristeza”, recordó la familia.
La EPS Famisanar anunció, a través de un comunicado, la terminación del contrato con su operadora farmacéutica Marcazsalud. A partir del 15 de noviembre de 2025, la nueva encargada de la dispensación de medicamentos será Medic.La decisión se tomó tras múltiples quejas de afiliados por la falta de entrega de medicamentos en varios municipios del país. El caso más destacado ocurrió en Girardot, donde el alcalde Salomón Said Airas, junto con la Secretaría de Salud local, visitó la farmacia tras conocer situaciones críticas de pacientes que esperaban sus tratamientos desde febrero y mayo. Durante la visita, el mandatario exigió la entrega inmediata de los medicamentos y el registro de cada entrega en las planillas correspondientes.Con este cambio, los afiliados de Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima) podrán reclamar sus medicamentos a través de Medic, operador que asumirá el servicio con el objetivo de mejorar la atención, ampliar la cobertura y fortalecer la experiencia de los usuarios.De manera paralela, Famisanar implementó acciones inmediatas para garantizar la entrega de tratamientos, entre ellas jornadas especiales de entrega en Fusagasugá, La Mesa, Girardot e Ibagué, con el apoyo de operadores alternos y aliados estratégicos, mientras se estabiliza la nueva operación. Asimismo, la EPS mantiene acompañamiento permanente de los entes de control y autoridades locales para resolver contingencias y asegurar la entrega oportuna de los medicamentos.Cabe recordar que la entidad sanitaria permanece bajo medida de intervención forzosa, prorrogada por el Gobierno nacional hasta el 15 de septiembre de 2026, debido a deficiencias financieras, técnicas y jurídicas que continúan afectando su operación y estabilidad.Según el balance de la Superintendencia Nacional de Salud, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, y pese a los esfuerzos de reorganización adelantados en la primera fase de la intervención, Famisanar no logró superar los problemas estructurales que comprometen su gestión operativa y sostenibilidad.
“Volví a nacer”, así resume el concejal de Rionegro por el Partido Verde Cristian Norbey Ospina, el secuestro exprés del que fue víctima en Fusagasugá, Cundinamarca. Lo que parecía una cita de negocios en el sector de la construcción terminó convertido en un montaje criminal cuidadosamente planeado bajo la modalidad de “falso servicio”, con dólares falsos como señuelo y un ambiente de confianza que en segundos se transformó en terror.Ospina viajó junto a un socio ingeniero a la cita, convencido de que allí encontraría una oportunidad comercial para sus negocios en el Oriente antioqueño, teniendo en cuenta que tiene una ferretería. Primero revisaron 150 dólares en un banco, donde confirmaron que eran auténticos, lo que les dio seguridad para firmar un contrato con los supuestos negociantes, con los que incluso compartieron bebidas.Sin embargo, al regresar a la finca donde se desarrollaba la supuesta negociación, donde llegaron por un falso comandante de la Policía Nacional, todo cambió."En ese momento, salen tres hombres armados de una habitación con cuchillo y pistola. A mí me tiran al suelo y al amigo mío lo tiran como a ahorcar, porque él tenía una cadena de oro. Y me quitan todo, celular, billeteras, plata, todo. Me tira un golpe con la cacha de la pistola en la cabeza. Nos dicen que la orden era secuestrarnos o matarnos", destacó.Los delincuentes los amarraron y les quitaron celulares, computadores, billeteras y documentos. Desde sus cuentas bancarias transfirieron millonarias sumas de dinero y, como parte de la intimidación, los obligaron a posar en fotografías junto a sustancias que parecían drogas, advirtiéndoles que, si denunciaban, difundirían esas imágenes para destruir su nombre y reputación.Tras intensas llamadas y presiones, los criminales decidieron liberarlos. Les dieron apenas doscientos mil pesos para regresar a Bogotá y la orden de no volver a aparecer por la zona: “a ustedes los vendieron desde Rionegro”, les dijeron los delincuentes."Cuando yo vi las armas, dije, Dios mío, aquí ya, hasta que llegamos nosotros, o nos van a picar, nos van a tirar por un río o nos van a llevar para el monte. La verdad, nadie sabía que íbamos para allá, pues porque ese era un tema del negocio. No veía nada malo, o sea, yo te digo que volvieran a hacer", relató.El hurto ascendió a cerca de 50 millones de pesos entre dinero, cuentas vaciadas, equipos y documentos de ambos, aunque la mayor pérdida fue para él. Pese a las amenazas, el concejal destaca que lo más valioso fue sobrevivir, aunque aún se recupera de los golpes y de una fractura en la nariz, pero agradece poder contar lo ocurrido."Damos gracias a dios por la vida, la verdad, porque, pues, lo material va bien, ¿no es cierto? Yo creo que hoy podemos contar el cuento, y ayer veía la noticia al veterinario y yo decía, Dios mío, eso nos puede pasar a nosotros, y somos de buenas que que estamos vivos y estamos con vida y después me me me hospitalizan porque el golpe de la cadera sí se me está yendo en la toma", expresó.Ospina y su socio salieron a pie por un monte hasta reencontrarse con el taxi que habían contratado previamente para llegar al sitio y, ya en la capital, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía y el CTI. Allí les confirmaron que esta modalidad es “el pan de cada día” en Bogotá y municipios cercanos, donde empresarios y comerciantes son citados con la promesa de inversiones para luego ser despojados de sus bienes. Por lo pronto, el concejal deberá presentarse este martes a Medicina Legal para que se evalúe la gravedad de sus heridas, según dijo en diálogo con Blu Radio.
Un caso ha generado gran controversia en Fusagasugá, debido a la difusión de videos donde un sujeto es brutalmente golpeado, señalado de robar. Sin embargo, según la familia del joven, todo se trató de un mal entendio que terminó dejándolo con terribles fracturas. Blu Radio se comunicó con la familia del sujeto, quienes aseguraron que ya hay un proceso en la Fiscalía por este caso contra cinco personas (cuatro hombres y una mujer), quienes aparecen en el video golpeando y torturando al joven. Según contó la familia, los hechos se registraron el pasado jueves 31 de julio de 2025 en las horas de la noche, sobre las 10:30. En los videos que han sido difundidos se puede observar cómo personas golpean brutalmente a un sujeto, lo desnudaron y lo insultaron en plena vía pública, acusándolo de querer robar. Sin embargo, la familia contó a este medio que en realidad el hombre no iba a robar, sino que vivía frente al lugar del los hechos. Había salido a la tienda a comprar algo y cuando se agachó, los sujetos, que se encontrarían consumiendo bebidas alcohólicas y, según la familia, hasta sustancias psicoactivas, lo acusaron injustificadamente y lo torturaron.Incluso afirman que lo despojaron de su ropa y pertenencias, llevándose hasta su celular. La madre afirma que el sujeto se encuentra recibiendo atención médica por la gravedad de las heridas y las múltiples fracturas, mientras avanzan las investigaciones. Según su testimonio, los hombres son conductores de plataformas de transporte informal y suelen tomar bebidas alcohólicas frecuentemente en el municipio. La familia afirma que este hecho ha generado graves afectaciones tanto físicas como emocionales para el joven y para su familia, que irá hasta últimas instancias judiciales para que se haga justicia.
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó radicalmente el destino judicial del exrepresentante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca Chaux. En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal determinó que la Fiscalía General de la Nación no logró recopilar las pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del político. Bajo este argumento constitucional, la corporación ordenó su absolución definitiva y archivó el expediente que lo vinculaba con el delito de corrupción de sufragante, conocido comúnmente como compra de votos.Con esta nueva resolución se cae por completo el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte. En esa primera etapa del proceso, el excongresista, quien consolidó su fortín político en el sur del país desde el año 2010, había recibido una dura condena de 92 meses y un día de prisión (equivalente a más de siete años de cárcel).Además, la justicia le había impuesto en su momento una millonaria multa superior a los 588 salarios mínimos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena.La investigación penal se centraba en las presuntas irregularidades cometidas durante su campaña en el municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía. La hipótesis acusatoria señalaba a Cuenca Chaux como el supuesto determinador de un esquema de corrupción electoral enfocado en la comunidad indígena de la "Y", de la etnia Piapoco.Según los cargos originales, la campaña habría distribuido dádivas materiales que incluían dinero en efectivo, bultos de cemento y láminas de zinc, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes a cambio de su respaldo en las urnas.Sin embargo, al revisar la apelación interpuesta por la defensa, la Sala de Casación Penal halló profundas grietas en los testimonios que sostenían el caso. El detonante clave de la absolución fue el desplome del denunciante principal, Miller Garrido Pacheco, quien terminó confesando bajo juramento que la acusación original fue un montaje inducido, presionado y financiado por la oposición local, puntualmente por el exgobernador de Guainía, Iván Vargas Silva.En el documento citado en la sentencia, Garrido manifestó de forma explícita: "me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado, he recibido prevenda alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre".Los investigadores del caso también descubrieron que Garrido armó el grupo de testigos con sus propios familiares directos e intentó pagar a otros pobladores para que mintieran sobre reuniones políticas a las que jamás asistieron.A la par con la desacreditación de los testigos, el tribunal encontró que los supuestos comprobantes de la entrega de tejas y cemento eran completamente inválidos. Los dueños de las ferreterías locales negaron cualquier pacto comercial con el político y explicaron que el documento usado como "prueba reina" era solo una cotización sin valor legal, la cual pertenecía a unos talonarios que habían sido robados previamente de sus locales.Finalmente, la corporación judicial desestimó el material audiovisual aportado por los denunciantes, coincidiendo con análisis técnicos previos que ya había realizado el Consejo de Estado. Las grabaciones contenían cortes de edición sospechosos y un libreto de preguntas altamente sugestivas que aunaban la falta de espontaneidad en las declaraciones.Al contrastar estas anomalías con los testimonios de asistentes a esas reuniones, que confirmaron que solo se debatieron propuestas de electrificación y presupuestos a las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que mantener la condena era insostenible, devolviéndole la libertad jurídica plena al exparlamentario.
La Cancillería realizó en Cali el encuentro “Diplomacia cultural: Encuentro de Café y Cacao colombiano”, un espacio en el que presentó los avances de la estrategia “La Ruta del Café y Cacao”, que busca promover estos productos en mercados internacionales y fortalecer las oportunidades comerciales para asociaciones de productores.Según la entidad, entre 2025 y 2026 la iniciativa ha desarrollado ocho eventos en Asia, América y Europa con la participación de 76 asociaciones y cooperativas. La Cancillería aseguró que estas actividades han permitido representar a más de 5.000 productores, generar más de 1.300 contactos comerciales y concretar exportaciones superiores a 100 toneladas. También informó sobre la apertura de mercados en China y un preacuerdo comercial con Rumanía, además de acciones de promoción en países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, Chile, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Durante el evento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la estrategia busca reducir la intermediación, fortalecer la asociatividad y facilitar el acceso de los productores a mercados de mayor valor agregado. Además, reiteró que el café puede convertirse en una alternativa económica para comunidades vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.La instalación contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como representantes del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional. En dos paneles se discutió el papel del café y el cacao en la internacionalización de la economía rural y su aporte a procesos de desarrollo en distintas regiones del país.
Ante la proyección de ingreso de más de 310.000 vehículos por el corredor de la Autopista Sur durante el puente festivo, la Alcaldía de Soacha activó un plan especial de movilidad. La estrategia busca mitigar la congestión vial en este acceso clave a Bogotá, considerando que desde la capital se estima la salida de más de un millón de automotores.El contraflujo y los controles operativos especiales se concentrarán en las jornadas de éxodo y retorno para garantizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento de los viajeros.Las autoridades locales advirtieron que la movilidad en el municipio se encuentra impactada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio, las cuales generan reducciones de carril en la Autopista Sur. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación.Horarios del pico y placa regional en Soacha (lunes festivo)La medida de restricción vehicular se aplicará durante la operación retorno del lunes festivo 29 de junio de 2026 en los siguientes horarios:Placas PARES (0, 2, 4, 6, 8): Ingreso autorizado de 12:00 m. a 4:00 p.m.Placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9): Ingreso autorizado de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.Fuera de horario: antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m. no aplica la restricción de placas.Reversible en vía Indumil y medidas operativasPara aumentar la capacidad vial del corredor, la Secretaría de Movilidad de Soacha confirmó que se habilitará un reversible por la vía Indumil entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. del lunes festivo. Esta alternativa agilizará el desvío y tránsito de los vehículos que buscan conectar con el sur de Bogotá.El dispositivo en vía contará con un contingente de más de 200 personas, integrado por:Agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad de Soacha.Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.Agentes de tránsito de la Gobernación de Cundinamarca.Uso del carril de TransMilenio y contingenciasLa Alcaldía de Soacha, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, acordó la adopción de contingencias operativas. Entre ellas, se contempla el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio si se presentan escenarios de alta congestión o represamiento crítico sobre la Autopista Sur.Asimismo, durante el Plan Éxodo se instalará un Punto Seguro en el corredor vial para realizar campañas pedagógicas y de sensibilización técnica con conductores y motociclistas.
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.La indagación llega luego de la revelación de Noticias Caracol sobre los ofrecimientos que habría hecho el Gobierno, a través de Danilo Rueda, a delegados del grupo ilegal a cambio de que estos siguieran en el proyecto de la Paz Total.El informe incluyó documentos, grabaciones y testimonios que darían cuenta de reuniones sostenidas entre representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.Danilo Rueda, según la investigación, es el principal encargado de los acercamientos con el Clan del Golfo. Según los audios revelados, habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la Fuerza Pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.En diálogo con BLU Radio, Danilo Rueda rechazó que hubiera pactado concesiones ilegales con el Clan del Golfo y sostuvo que las conversaciones reveladas correspondían únicamente a una fase exploratoria, previa al inicio de una negociación formal. Aseguró además que nunca hubo una orden del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones militares contra esa organización.Sobre la frase "juguemos a los congelados", que aparece en los audios, Rueda lo calificó como una metáfora con la que buscaba explicar que para poder dialogar era necesario generar un espacio de confianza y reducir temporalmente las tensiones, pero no significaba que el Estado fuera a detener su acción contra el Clan del Golfo ni que existiera un acuerdo para paralizar a las Fuerzas Militares.En cuanto al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, este fue mencionado por Rueda como la persona con la que se coordinarían decisiones relacionadas con operaciones militares. Aunque Velásquez no aparece participando directamente en las reuniones reveladas y ha negado haber autorizado compromisos con el grupo armado, la Procuraduría decidió incluirlo en la indagación para establecer si tuvo algún conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos descritos.Por su parte, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el exsubdirector Ricardo Rey Rosanía fueron vinculados porque habrían participado en una reunión con un intermediario relacionado con el Clan del Golfo para discutir asuntos vinculados a un eventual proceso de sometimiento.En este caso, la Procuraduría busca determinar si estas reuniones se desarrollaron dentro del marco legal de sus funciones o si pudieron constituir actuaciones disciplinariamente relevantes.Pruebas ordenadas por la ProcuraduríaPara avanzar con la investigación, el Ministerio Público ordenó una serie de pruebas que permitan recopilar nuevas pruebas y testimonios.Por ello, solicitó documentación al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las reuniones, acercamientos y actuaciones relacionadas con el Clan del Golfo durante el periodo mencionado.A estas entidades, también les requirió informes oficiales que permitan establecer si existieron instrucciones, autorizaciones o decisiones relacionadas con la suspensión de operaciones militares, bombardeos, movimientos de oficiales o cualquier otro compromiso mencionado en el reportaje.Así mismo, la Procuraduría abrió el espacio para que el general (r ) Henry Sanabria, director de la Policía entre 2022 y 2023, rinda bajo declaración juramentada su testimonio sobre todo lo denunciado.