La Alcaldía de Fusagasugá respondió a los hallazgos advertidos por la Procuraduría General de la Nación sobre el PAE y reconoció que sí se presentaron inconsistencias en la prestación del servicio con el operador anterior. Sin embargo, aclaró que la administración estuvo al tanto de estas situaciones desde el primer momento, realizó controles y tomó medidas frente a los incumplimientos detectados.El secretario de Educación, Juan Camilo Celemín, explicó que el equipo encargado de la supervisión identificó cambios en las minutas sin autorización previa, demoras en el suministro hacia algunas instituciones y retrasos en los pagos a personas contratadas por el operador. Según indicó, estos hechos fueron documentados y dieron lugar a dos informes remitidos a la Oficina Jurídica de la alcaldía para establecer las posibles consecuencias.Uno de los puntos sobre los que hizo énfasis el funcionario fue el relacionado con la calidad de los alimentos. El secretario aclaró que los hallazgos mencionados por la Procuraduría no significaban que se estuvieran entregando productos en estado de descomposición a los estudiantes.“Lo que encontramos no es que se les esté entregando de mala calidad alimentos a los estudiantes, sino que, al hacer una revisión de las bodegas, al hacer una revisión de las cocinas y de los diferentes espacios donde se almacenan los alimentos, antes precisamente de prepararlos, pues, había algunos alimentos que, por ejemplo, estaban en una etapa de maduración que no concuerda con unos mínimos”, añadió el secretario de Educación de Fusagasugá.A partir de estas verificaciones, la administración ordenó retirar los productos que no cumplían con los parámetros establecidos antes de que fueran preparados. El secretario insistió en que esta actuación buscaba evitar que esos alimentos llegaran a los estudiantes y explicó que en algunos casos la situación terminó generando cambios en la minuta o llamados de atención al operador.En cuanto a las raciones incompletas, el secretario de Educación señaló que hubo casos en los que el retiro preventivo de un alimento terminó afectando la composición de una minuta porque el operador no contaba con suficiente reserva para reemplazarlo.Finalmente, señaló que el anterior operador dejó de prestar el servicio el 24 de agosto y que desde el 25 de ese mes comenzó la operación de un nuevo contratista. La alcaldía aseguró que mantendrá las visitas aleatorias y los mecanismos de seguimiento, incluida una estrategia en la que los estudiantes reportan las condiciones del servicio.
La Procuraduría General de la Nación intensificó la vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Fusagasugá y Soacha, Cundinamarca, para verificar que 81.632 estudiantes reciban de manera continua alimentos de calidad y en las condiciones establecidas.Uno de los municipios que más llama la atención es Fusagasugá. La Procuraduría puso la lupa sobre un programa que actualmente beneficia a 13.256 estudiantes, equivalentes al 88 % de la matrícula del municipio. Durante visitas realizadas, por el ente de control, a la bodega y a los comedores escolares fueron identificadas situaciones relacionadas con la calidad de algunos alimentos, cambios no autorizados en los menús y entrega incompleta de determinadas raciones. Frente a estos hallazgos, se implementaron acciones de mejora en las instituciones educativas y la Procuraduría formuló los requerimientos correspondientes a las autoridades y al operador. Además, se adelanta un proceso sancionatorio contra el actual contratista por presuntos incumplimientos relacionados con las condiciones técnicas de los alimentos y con los tiempos establecidos para su entrega.A la par, avanza el proceso de selección de un nuevo operador para Fusagasugá. La administración busca que el cambio se realice sin afectar la alimentación de los estudiantes y, de acuerdo con la información entregada, se tenía prevista la adjudicación del nuevo operador para garantizar la continuidad del servicio a partir del 25 de agosto.Avanzan también las labores de la Procuraduría en Soacha. El seguimiento tiene un alcance todavía mayor, teniendo en cuenta que el PAE atiende a 68.376 estudiantes. El Ministerio Público mantiene una vigilancia preventiva en coordinación con las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, con visitas a los comedores escolares y requerimientos dirigidos tanto a las entidades territoriales como a los operadores responsables del programa. Uno de los puntos que está siendo revisado en Soacha es la implementación de la ración caliente transportada, es decir, la entrega de alimentos preparados que son trasladados hasta las instituciones educativas para ser suministrados a los estudiantes. La Procuraduría también verifica la apertura de nuevos comedores escolares y las condiciones en las que estos espacios están funcionando.Por el momento, la vigilancia en Fusagasugá y Soacha continuará para establecer que las autoridades y los operadores cumplan las obligaciones adquiridas y que ningún estudiante resulte afectado por fallas en la prestación del servicio.
El abogado Iván Cancino, defensor del exciclista Luis Herrera, se pronunció frente al proceso de indagatoria que enfrenta su cliente por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos, asegurando que la defensa responderá destacando la existencia de testimonios contradictorios y documentos que, según afirma, demostrarían que Herrera y su familia también fueron víctimas del paramilitarismo.De acuerdo con lo señalado por el abogado, el equipo jurídico ha revisado el material probatorio existente y ha identificado inconsistencias en los testimonios recopilados dentro del proceso.“Hemos analizado todos los testimonios llenos de contradicciones que, a pesar del tiempo, afortunadamente, hemos podido encontrar en los dichos. Tenemos muchos documentos de la época donde se demostraba que Luis Alberto Herrera y su familia también eran víctimas del paramilitarismo y que nunca contestaron. Fueron víctimas de la violencia, no solo de la guerrilla donde estuvo secuestrado, sino también extorsionado por los paramilitares, y eso es una constante que se ha repetido acá”, aseguró Cancino.El abogado también sostuvo que la vinculación de Herrera a la investigación estaría relacionada con su negativa a ceder ante presiones de grupos armados ilegales.“Y la vinculación que se le hace a Luis Herrera es eso, no ceder a una extorsión que, obviamente, genera mucha zozobra también en su familia, y, obviamente, lo que quieren hacer es desviar la investigación para que las víctimas de los desaparecidos y de las personas que fueron sacrificadas, sus vidas tampoco tengan como la paz y la calma de saber quiénes son los verdaderos responsables”, agregó.La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que actualmente son materia de investigación judicial.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre los años 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Al finalizar la audiencia la Fiscalía explicó que entrará a definir la situación jurídica de los procesados. Estas diligencias las adelanta una fiscal especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos."De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, los hermanos Herrera Herrera fueron vinculados formalmente por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación", explicó la Fiscalía.
La Policía Nacional confirmó la captura de un joven de 18 años que pretendía transportar estupefacientes fajados en su cuerpo desde Puerto Asís hasta Bogotá.Según información preliminar, esta persona que fue sorprendido en la vía Fusagasugá-Bogotá, sector Valsalice, llevaba escondido en su cuerpo tres paquetes sellados de base de coca y otros tres con clorhidrato de cocaína."En un puesto de control ubicado en la vía que conduce al municipio de Fusagasugá, nuestros uniformados interceptaron a un ciudadano de 18 años. Tras un registro personal, se hallaron en su poder más de 3.000 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 dosis de base de coca, bajo la modalidad de adherido", afirmó el coronel Mauricio Herrera, comandante Departamento de Policía CundinamarcaLa Fiscalía General de la Nación presentó a esta persona ante un juez de control de garantías quien legalizó la captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Video de la captura:Asimismo, las autoridades destacaron que con esta captura se evito la circulación de cerca de 7.000 dosis de alucinógeno.Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien ante la línea 123 cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el país.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a indagatoria a Luis Alberto Herrera Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera por la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá , Cundinamarca, fue recibida como un paso “esperanzador” por los familiares de las víctimas, que llevan más de dos décadas esperando avances judiciales.Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez ,dos de las víctimas de desaparición forzada ocurridas el 23 de octubre de 2002, calificó la actuación del ente acusador como una señal de que, pese al paso del tiempo, aún es posible conocer la verdad de lo ocurrido. En entrevista con Blu Radio aseguró que la diligencia representa un giro significativo en un proceso marcado por la demora.“Para nosotros desde luego es una sorpresa, dado que los procesos han ido siendo demorados. Llevamos 23 años esperando a que algo suceda y sin duda esta decisión nos muestra claramente que la Fiscalía está buscando hacer justicia. Para nosotros es esperanzador, en la medida en que nos permite una luz hacia conocer la verdad sobre lo que sucedió y el porqué actuaron de esa manera”, afirmó.Las víctimas eran propietarios de fincas aledañas a las de la familia Herrera Herrera, en una zona rural del municipio, y desaparecieron en medio del contexto de violencia que se vivía en la región del Sumapaz a comienzos de los años 2000. De acuerdo con el expediente, los hermanos Rodríguez fueron señalados y posteriormente llevados en contra de su voluntad por integrantes de estructuras paramilitares que operaban en la zona.Sobre las motivaciones del crimen, el familiar señaló que persisten grandes vacíos. “Nosotros no tenemos idea de qué motivó a la persona o a las personas que contrataron a los paramilitares a tomar ese tipo de decisión. Lo que ellos dicen es que les manifestaron que eran guerrilleros. Ellos manifiestan también que luego se dieron cuenta de que era una equivocación, pero más allá de lo que ellos digan, nosotros no sabemos por qué lo hicieron”, sostuvo.Pastor Rodríguez subrayó que, aunque el proceso ha sido largo, la decisión de la Fiscalía envía un mensaje relevante para otras víctimas del conflicto armado. “Entendemos que los procesos toman su tiempo y para nosotros, y para muchas víctimas en Colombia, esto es una señal de que aunque pasen los años, aún es posible conocer la verdad y tener un poco de justicia”, agregó.La Fiscalía confirmó que los elementos materiales probatorios recaudados permiten inferir que Luis Alberto Herrera y Rafael Herrera habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran por la fuerza a un grupo de habitantes de predios cercanos a sus propiedades.Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera fue vinculado en esta misma investigación por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual de una menor de edad.Aunque la diligencia judicial se realizará en 2026, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, dado que los hechos ocurrieron en 2002. En este sistema penal no existe la imputación como en el modelo acusatorio actual; la indagatoria constituye la vinculación formal de los investigados, y las decisiones centrales son adoptadas por la Fiscalía mediante actos escritos especialmente. Tras esta diligencia, el ente acusador podría solicitar la imposición de una medida de aseguramiento y avanzar hacia una eventual etapa de juicio contra los hermanos Herrera Herrera.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Luis Alberto Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedades de la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.Entre tanto, la Fiscalía confirmó que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas, cuyos restos aún no han sido localizados, más de dos décadas después de ocurridos los hechos.Por estos acontecimientos, Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada.Adicionalmente, la Fiscalía informó que Rafael Herrera Herrera fue vinculado dentro de la misma actuación judicial por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad, hecho que habría salido a la luz en el desarrollo de esta investigación por violaciones a los derechos humanos.El proceso penal se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 del año 2000, en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que implica un trámite propio del sistema penal anterior.
Un nuevo hecho de violencia contra una mujer enluta a Fusagasugá, Cundinamarca. María Ligia Garzón Ayala, de 44 años, perdió la vida luego de ser atacada con arma blanca por su expareja sentimental mientras ambos se encontraban en un establecimiento comercial del municipio.El crimen ocurrió el sábado 13 de diciembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, en un bar ubicado en la Galería Municipal, en la comuna Centro. De acuerdo con las autoridades, la mujer había aceptado reunirse con el hombre y, en medio del encuentro, ambos estaban bailando cuando, de manera repentina y sin que mediara palabra, el agresor sacó un arma blanca que llevaba oculta y la atacó en repetidas ocasiones.Personas que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a las autoridades y a los organismos de socorro. María Ligia Garzón fue trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la severidad de las lesiones.Según información oficial de la Policía, la relación sentimental entre la víctima y el presunto agresor había terminado aproximadamente tres semanas antes del ataque. Testimonios recopilados por investigadores y familiares indican que el encuentro habría derivado en una discusión relacionada con conflictos personales y sentimentales, situación que escaló de forma violenta hasta el desenlace fatal.Tras conocerse el caso, el Departamento de Policía Cundinamarca activó un operativo especial para dar con el paradero del sospechoso. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) desplegaron un “Plan Candado” y realizaron labores de vecindario e inteligencia que permitieron ubicarlo en menos de 48 horas.El hombre fue capturado en el municipio de Pasca, Cundinamarca, donde presuntamente intentaba esconderse. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el arma blanca que habría sido utilizada para cometer el crimen.
Un juez penal de conocimiento condenó a 30 años y 7 meses de prisión a Deiver Jair Rodríguez Burgos, responsable del asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón durante un fleteo ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca). El sentenciado aceptó voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió avanzar rápidamente en su judicialización.La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, estableció que Rodríguez Burgos interceptó al funcionario en el parqueadero de un centro comercial, momentos después de que retirara dinero de una entidad bancaria. Allí lo intimidó con una pistola y le disparó inicialmente en una pierna. Con la víctima en el suelo, el agresor lo golpeó y le propinó un segundo disparo en el abdomen, para luego apoderarse de un maletín que contenía 128 millones de pesos.Tras cometer el crimen, Rodríguez huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar. Su captura se produjo el pasado 10 de septiembre, cuando servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijín de Cundinamarca lo ubicaron en el peaje Gambote, en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena (Bolívar).El juez lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Rodríguez Burgos deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.El fallo fue emitido en primera instancia, por lo que la defensa aún puede interponer los recursos de ley.
El pasado 27 de octubre de 2025, María Paula Rey, de 28 años, y su hermana fueron arrolladas por un furgón en el kilómetro 70 de la vía Bogotá–Girardot, sector Chinauta, Fusagasugá, Cundinamarca. Según reportes de la familia, el conductor del vehículo huyó del lugar tras el accidente, dejando a las víctimas sin atención inmediata, situación que generó indignación entre los residentes de la zona y la comunidad afectada.Tras el accidente, María Paula fue trasladada a un centro médico, donde permaneció conectada a equipos de soporte vital y requirió múltiples cirugías por lesiones graves en la cabeza.Los especialistas emitieron un pronóstico reservado, advirtiendo que la joven podría perder la capacidad de hablar durante meses, mientras su familia enfrentaba semanas críticas.En entrevista con Noticias Caracol, la familia de la joven reveló detalles del proceso, que calificaron como "la peor batalla que han enfrentado". "El neurocirujano nos dijo 'Ella no va a volver a hablar y si dice una primera palabra va a ser dentro de 6 meses'", afirmaron.Las autoridades de Fusagasugá mantienen la búsqueda del conductor responsable, quien enfrenta cargos por omisión de socorro, tipificada en el artículo 131 del Código Penal Colombiano, que establece penas de 32 a 72 meses de prisión, con agravantes si la víctima resulta con lesiones graves. “Ahorita verla realmente ha sido Dios. Nosotros somos una familia muy unida, gracias a Dios, y creemos en los milagros. Mi hermana es un milagro”, afirmó una de las hermanas de la joven. Mientras tanto, María Paula continúa su rehabilitación en casa, recuperando funciones que inicialmente los médicos consideraban improbables, hecho que su familia considera un milagro.“Imagínate que hubiera sido en una carretera sola, se nos mueren las dos. No paró, hizo omisión, y eso es lo que nos queda en el corazón, realmente, de tristeza”, recordó la familia.
La EPS Famisanar anunció, a través de un comunicado, la terminación del contrato con su operadora farmacéutica Marcazsalud. A partir del 15 de noviembre de 2025, la nueva encargada de la dispensación de medicamentos será Medic.La decisión se tomó tras múltiples quejas de afiliados por la falta de entrega de medicamentos en varios municipios del país. El caso más destacado ocurrió en Girardot, donde el alcalde Salomón Said Airas, junto con la Secretaría de Salud local, visitó la farmacia tras conocer situaciones críticas de pacientes que esperaban sus tratamientos desde febrero y mayo. Durante la visita, el mandatario exigió la entrega inmediata de los medicamentos y el registro de cada entrega en las planillas correspondientes.Con este cambio, los afiliados de Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima) podrán reclamar sus medicamentos a través de Medic, operador que asumirá el servicio con el objetivo de mejorar la atención, ampliar la cobertura y fortalecer la experiencia de los usuarios.De manera paralela, Famisanar implementó acciones inmediatas para garantizar la entrega de tratamientos, entre ellas jornadas especiales de entrega en Fusagasugá, La Mesa, Girardot e Ibagué, con el apoyo de operadores alternos y aliados estratégicos, mientras se estabiliza la nueva operación. Asimismo, la EPS mantiene acompañamiento permanente de los entes de control y autoridades locales para resolver contingencias y asegurar la entrega oportuna de los medicamentos.Cabe recordar que la entidad sanitaria permanece bajo medida de intervención forzosa, prorrogada por el Gobierno nacional hasta el 15 de septiembre de 2026, debido a deficiencias financieras, técnicas y jurídicas que continúan afectando su operación y estabilidad.Según el balance de la Superintendencia Nacional de Salud, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, y pese a los esfuerzos de reorganización adelantados en la primera fase de la intervención, Famisanar no logró superar los problemas estructurales que comprometen su gestión operativa y sostenibilidad.
Unas 451.000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses (de junio 2026 a febrero 2027 ) de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal, según un informe de este miércoles del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.Los científicos prevén que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, debido en gran medida al actual ‘Súper El Niño’.Estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que, según las proyecciones, traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal."En la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro —exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas— antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos", citó el estudio.Los investigadores creen que las cifras de muertes "aumenten aún más" de las 451.000, especialmente porque los efectos —como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor— se prolongarán hasta junio y julio de 2027.Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65.000 muertes relacionadas con el calor.Los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40.000 muertes en total, mientras que Brasil podría experimentar hasta 13.300 muertes por calor en esos nueve meses.En Estados Unidos los científicos proyectan que El Niño podría dejar hasta 3.500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas.Colombia yVenezuela se exponen a registrar 2.200 y 2.300decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico.
Seis personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías y judicializadas por su presunta participación en el hurto de 150 toneladas de café, transportadas en camiones entre enero de 2025 y enero de 2026.De acuerdo con la investigación, los hechos corresponden a cinco casos independientes registrados mientras los vehículos permanecían estacionados en parqueaderos de paso ubicados en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Lebrija, Santander.El valor de los cargamentos hurtados fue calculado en más de $3.200 millones, según la información entregada por la Fiscalía.Los judicializados fueron identificados como Richard Orlando Laguna Lozada, José David Amorocho Romero, John Fredy Espinosa Pimiento, Fabio David Redondo Coronado, Raúl Fonseca Patiño y Luis Arturo Bnaguera Gonzales.La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de hurto calificado y agravado y receptación. Ninguno de los seis aceptó los cargos.Como medida judicial, tres de los procesados fueron enviados a centros carcelarios, mientras que los otros tres afrontarán el proceso en libertad, aunque con medidas restrictivas.La investigación permitió establecer que los robos se concentraron en cargamentos de café que eran movilizados por carretera y que fueron saqueados cuando los vehículos realizaban paradas en parqueaderos de paso de cuatro municipios de Santander.Los cinco hechos investigados ocurrieron durante un periodo de aproximadamente un año y dejaron pérdidas estimadas en más de $3.200 millones, de acuerdo con la Fiscalía.
Una persecución por varias calles de Bogotá terminó con la captura de un taxista que, según la Policía, había amenazado a otros conductores y disparado contra uniformados en inmediaciones del aeropuerto El Dorado. El hombre fue ubicado en Teusaquillo gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad.El hecho se registró después de las 8:00 de la noche en la entrada 4 del aeropuerto, donde dos taxistas protagonizaron una pelea por una carrera. De acuerdo con la Policía, uno de los conductores habría intentado recoger a un pasajero sin respetar la fila que realizaban los demás trabajadores.La discusión inicialmente fue verbal, pero posteriormente los dos hombres se enfrentaron a golpes. En medio de la pelea, uno de ellos habría sacado un arma traumática y comenzado a amenazar a los demás conductores.¿Por qué comenzó la persecución?La situación fue advertida por policías que se encontraban en el aeropuerto. Según explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el taxista habría apuntado el arma contra los uniformados.“Los policías reaccionan, hay un intercambio de disparos, el taxista huye”, explicó el oficial a Blu Radio.Tras la huida, los uniformados activaron un plan candado para intentar ubicar al conductor. Las cámaras de seguridad del aeropuerto fueron claves para identificar el vehículo y hacer seguimiento a sus movimientos.Con la información obtenida sobre las placas del taxi, los policías lograron establecer que el conductor se había desplazado hacia el centro de Bogotá.¿Dónde capturaron al taxista?El seguimiento permitió ubicar al hombre en inmediaciones de un centro comercial de la localidad de Teusaquillo, donde finalmente fue interceptado y capturado por los uniformados.Durante el procedimiento, la Policía también encontró e incautó el arma traumática que, según la investigación, habría sido utilizada durante el enfrentamiento en el aeropuerto.De acuerdo con las autoridades, el arma había sido arrojada cerca de El Dorado durante la huida y posteriormente fue encontrada por los uniformados.El taxista capturado, el vehículo inmovilizado y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente. El hombre será presentado ante la Fiscalía para responder por los hechos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este miércoles que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos, mataron a alias Charlie, calificado como supuesto "operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico"."Nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con el Comando Sur, ejecutaron una operación en la que fue abatido el objetivo militar alias Charlie", escribió Noboa en su cuenta de la red social X, quien se encuentra en Nueva York y minutos antes había participado en la Asamblea General de la ONU."Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo", escribió el mandatario en su publicación, en la que adjuntó fotografías en las que se ve en el piso los cuerpos de tres hombres asesinados.Dos de ellos están junto a una camioneta que tiene múltiples disparos.El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, felicitó en X a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y calificó la acción como una "exitosa operación contra un grupo de narcoterroristas vinculado a Los Choneros".Además, afirmó que Ecuador había demostrado "una vez más" su determinación de enfrentar a estas organizaciones "narcoterroristas violentas"."Mantenemos nuestro firme compromiso de apoyar a nuestros socios de la Coalición de las Américas contra los carteles derrotando las amenazas de terroristas transnacionales", dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, agregó también en X que 'Charlie' supuestamente pertenecía a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, y también al Frente Oliver Sinisterra, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Además, Loffredo aseguró que el hombre también tenía nexos con el mexicano cartel Jalisco Nueva Generación, y que "su misión principal era la de sembrar terror" en el país.Según el titular de Defensa, 'Charlie', cuyo nombre real no ha sido revelado por el Gobierno, era "uno de los objetivos militares de más alto valor en suelo ecuatoriano".Las otras dos personas que también murieron en el operativo eran miembros de la seguridad de Charlie, dijo Loffredo.Minutos antes de este anuncio, Noboa reivindicó ante la ONU una mayor cooperación internacional para combatir al crimen organizado, que, dijo, ya ha dejado de ser "un asunto interno" de los países para convertirse en "una amenaza para la paz y la seguridad internacional".El Comando Sur y las Fuerzas Armadas ecuatorianas han estrechado su cooperación en los últimos meses.Un ejemplo son las operaciones que marines estadounidenses han ejecutado en el mar desde finales de agosto, en las que han bombardeado al menos ocho embarcaciones ecuatorianas.Estas embarcaciones son señaladas por reabastecer de combustible a lanchas supuestamente utilizadas para el narcotráfico por Los Choneros.Este es uno de los grupos ecuatorianos a los que el presidente Noboa les declaró la "guerra" en 2024 y pasó a denominar como "terroristas", al atribuirles la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.En esta lista, el Gobierno de Noboa ha incluido a varios grupos internacionales, como el Frente Oliver Sinisterra.Los Choneros también han sido declarados como organización terrorista por el Gobierno estadounidense junto a Los Lobos, los Chone Killers y Los Tiguerones.
Un nuevo golpe contra la guerrilla del ELN fue propinado por la Fuerza Pública en el municipio de Tibú, Norte de Santander, durante una operación desarrollada en el corregimiento de Campo Dos.La acción se registró en el sector conocido como El Cementerio, donde tropas de la Segunda División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y coordinación con la Policía Nacional, sostuvieron un combate de encuentro con integrantes del autodenominado frente Juan Fernando Porras del ELN.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la operación fueron capturados cinco presuntos integrantes de esa estructura guerrillera, entre ellos alias ‘El Indio’, señalado como cabecilla de finanzas del ELN. Uno de los presuntos integrantes resultó herido durante el enfrentamiento. El Ejército informó que recibió primeros auxilios en el lugar, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, y posteriormente se coordinó su extracción y traslado para recibir atención médica."Durante el registro de la zona, las tropas incautaron un fusil, tres armas cortas, dos proveedores para fusil, 50 cartuchos calibre 9 milímetros y abundante munición de diferentes calibres", dijo el general Cesar Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.También fueron decomisados siete teléfonos celulares y documentación que, según las autoridades, será analizada por Inteligencia Militar para establecer información relacionada con el funcionamiento y las actividades de esta estructura del ELN.La Fuerza Pública señaló que la operación permitió afectar las acciones de extorsión e intimidación que, de acuerdo con las investigaciones, estarían dirigidas contra comerciantes, transportadores y operadores de maquinaria pesada de la zona.Las autoridades indicaron que mantendrán el despliegue operacional en el área, con apoyo de las capacidades de la Fuerza Pública, con el propósito de garantizar la seguridad de la población civil y avanzar en la recuperación del control territorial en el Catatumbo. En otra acción desarrollada en Norte de Santander, la Fuerza Pública reportó el rescate de una persona que permanecía secuestrada presuntamente por integrantes del ELN.Durante este procedimiento también se registraron combates entre las tropas y miembros de esa organización guerrillera. Las autoridades informaron que dos presuntos integrantes del ELN murieron durante los enfrentamientos.Los detalles de esta segunda operación son materia de verificación por parte de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del secuestro y la identidad de las personas involucradas.El departamento de Norte de Santander continúa siendo escenario de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales, particularmente en zonas rurales de Tibú y otros municipios del Catatumbo. Las autoridades mantienen operaciones contra acciones de extorsión, secuestro, narcotráfico y otras actividades atribuidas a grupos armados que tienen presencia en esta región.