El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que su administración mantiene operativos simultáneos con la Fuerza Pública en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de recuperar el orden, prevenir delitos y reforzar la seguridad de los ciudadanos.Según el balance entregado por la administración municipal, estas acciones han permitido la incautación de armas de fuego, armas traumáticas, armas blancas y sustancias ilícitas, además de la inmovilización de más de 11.000 motocicletas por diferentes infracciones.Portilla anunció, además, el fortalecimiento del sistema de vigilancia con la incorporación de 80 cámaras LPR, capaces de realizar lectura automática de placas, y más de 24 cámaras con reconocimiento facial. La Alcaldía ha señalado que esta tecnología busca fortalecer la identificación de vehículos y personas vinculadas con investigaciones y hechos delictivos.Sin embargo, el panorama de seguridad continúa generando preocupación. Informes recientes de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos han advertido sobre las dinámicas de violencia y criminalidad en el área metropolitana. Su informe de seguridad señala que los homicidios y la violencia interpersonal continúan siendo asuntos relevantes para la región.A esto se suma una alerta de la Defensoría del Pueblo, que identificó disputas por el control de economías ilegales, microtráfico, extorsión y homicidios como factores de riesgo para la población de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.Le puede interesar: Denuncian robos en viviendas de Bucaramanga: “estamos atemorizados”En este contexto, el analista y director del Observatorio de Seguridad, Julio Acelas, ha señalado que una de las principales preocupaciones está relacionada con los homicidios bajo la modalidad de sicariato y las disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico por el control de rentas ilícitas.La estrategia de seguridad de la Alcaldía de Bucaramanga combina operativos de control, fortalecimiento de la Fuerza Pública y modernización tecnológica. En marzo, la administración anunció una inversión cercana a $10.000 millones para modernizar el sistema de videovigilancia y fortalecer las capacidades de identificación mediante reconocimiento facial y de placas.Mientras avanzan estas medidas, las autoridades enfrentan el reto de contener las diferentes manifestaciones de violencia y las disputas asociadas a las economías ilegales que afectan a Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.
Uniformados de la Policía y funcionarios de la Fiscalía lograron la incautación de 241 kilos de marihuana en el barrio La Unión, en Barranquilla. Al parecer, la mercancía pertenecería al grupo delincuencial de ‘Los Costeños’.El hallazgo se logró en un allanamiento realizado a una vivienda ubicada en la calle 31 con carrera 17, en el barrio La Unión, en el suroriente de Barranquilla.En el operativo conjunto entre agentes del grupo Bacrim de la Fiscalía y la Policía, también se logró la captura de una persona, identificada como Yeifer Humberto Barbosa Mora.Según el informe de las autoridades, cuando los uniformados llegaron a cumplir con la orden judicial de allanamiento, advirtieron la presencia de un vehículo de servicio público que se dio a la huída.Acto seguido, unidades policiales y agentes de la Fiscalía persiguieron al vehículo y lo interceptaron en la calle 48 con carrera 8, encontrando en su interior 11 paquetes de marihuana con el peso aproximado de 11 kilos.El conductor, Yeifer Humberto Barbosa Mora, fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.
El gobernador de Cundinamarca anunció la incautación de cerca de 1,4 toneladas de marihuana, avaluadas en aproximadamente 3.300 millones de pesos, que eran transportadas en un camión que cubría la ruta Huila–Bogotá.El decomiso se realizó en Sibaté, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca, gracias a información entregada por usuarios de la vía, llegaron hasta un parqueadero en el que se encontraba el vehículo.Según la información entregada por el gobernador, el camión había ingresado al parqueadero debido a fallas mecánicas.El mandatario departamental señaló que la droga estaba escondida dentro de la carrocería del vehículo, empacada en bolsas y lonas y cubierta con vinipel.
Dos operativos adelantados por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional dejaron como resultado la captura de dos hombres y la incautación de armas de fuego, munición y varios kilogramos de sustancias estupefacientes.En Bucaramanga, un hombre de 26 años fue capturado en flagrancia en el barrio Luz de Salvación, durante labores de patrullaje y control. De acuerdo con la Policía, el procedimiento permitió incautar un subfusil tipo UZI calibre 9 milímetros, con 26 cartuchos, y un revólver calibre .38, con tres cartuchos.En el mismo procedimiento fueron halladas diferentes sustancias estupefacientes, que superarían las 1.200 dosis, según el reporte de las autoridades. El capturado deberá responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.En un segundo procedimiento, realizado en el barrio Las Palmas de Girón, un hombre de 24 años fue capturado en flagrancia luego de que una ciudadana alertara a la Policía sobre una posible situación de violencia intrafamiliar en una vivienda ubicada en la calle 37 con carrera 29B.Al llegar al lugar, los uniformados encontraron, según el reporte oficial, indicios de procesamiento de sustancias estupefacientes al interior del inmueble. La intervención permitió la incautación de aproximadamente cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína y la captura del hombre, señalado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."Estos resultados se producen en medio de los operativos que adelanta la Policía Metropolitana de Bucaramanga para combatir el tráfico de estupefacientes y la circulación ilegal de armas de fuego en la región", dijo el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana. Las autoridades destacaron además la importancia de la información suministrada por la ciudadanía para detectar actividades que puedan representar un riesgo para la seguridad. Los dos capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.
La Policía Nacional reportó la captura de seis personas en dos operativos contra el delito en Santander: cuatro en la vereda Las Amarillas, en Piedecuesta, y dos en la Ciudadela Nuevo Girón.En Piedecuesta, durante un allanamiento coordinado con el CTI, fueron incautadas 306 papeletas con resultado preliminar positivo para cocaína y sus derivados, marihuana, munición, un arma de fuego y elementos para dosificar estupefacientes. Además, fue recuperada una motocicleta BWS que tenía reporte vigente por hurto.En Girón, durante labores de patrullaje en el sector 5 de la Ciudadela Nuevo Girón, fueron capturados dos hombres. Las autoridades les encontraron un revólver con cinco cartuchos calibre 38, cerca de cuatro kilos de marihuana y una sustancia que sería bazuco, además de dos radios de comunicación.Según las autoridades, los capturados en Girón al parecer estarían relacionados con una estructura criminal. Todos los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.Los operativos hacen parte de las acciones de la Policía para combatir el microtráfico, el porte ilegal de armas y el hurto en el área metropolitana de Bucaramanga.
En dos maletas, ubicadas dentro de las bodegas de un bus de transporte intermunicipal, la Policía encontró más de 30 kilos de marihuana. En medio del operativo, adelantado e La Línea, una persona fue capturada..La incautación se logró durante un operativo de control, puntualmente, en el kilómetro 16 de la vía Calarcá – Cajamarca,a la altura del peaje Las Americas. Allí, los uniformados realizaron la inspección a una buseta de servicio público intermunicipal, que cubría la ruta Armenia - Cajamarca. Las dos maletas contenían 30 paquetes de marihuana, que para las autoridades representan 28.390 dosis menos en las calles.En el hecho, un hombre de 53 años fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías por el delito de tráfico de estupefacientes.Ahora continúan las investigaciones para determinar a quién pertenecía la carga ilegal.
La Policía Nacional capturó en flagrancia a siete personas e incautó armas de fuego, estupefacientes y otros elementos durante un operativo realizado en el casco antiguo de Floridablanca, en una acción orientada a combatir el tráfico local de drogas y fortalecer la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.El procedimiento dejó como resultado la captura de seis hombres de 18, 21, 23, 24, 26 y 27 años, además de una mujer de 27 años, quienes deberán responder por los delitos de tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.Los hechos ocurrieron en la calle 3 con carrera 7, donde la patrulla del cuadrante acudió tras recibir información de la comunidad sobre varias personas que, presuntamente, portaban armas de fuego. Al notar la presencia policial, varios de los sospechosos intentaron huir.Inicialmente, los uniformados interceptaron a dos de los implicados, a quienes les encontraron tres armas de fuego y munición. Durante el operativo, los demás ingresaron a una vivienda para intentar evadir la acción de las autoridades, por lo que fue necesario reforzar el dispositivo con otras unidades para asegurar el inmueble.Uno de los presuntos delincuentes logró escapar momentáneamente por los tejados de las viviendas vecinas, pero fue ubicado y capturado minutos después gracias al cierre de las posibles rutas de escape implementado por la Policía.En el registro realizado al inmueble fueron encontrados otros cuatro ciudadanos, además de sustancias estupefacientes listas para su comercialización, un arma neumática, un revólver neumático modificado, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron dos kilogramos de marihuana distribuidos en 68 paquetes, 149 cigarrillos artesanales de marihuana y 500 gramos de base de coca, afectando las rentas ilegales derivadas del microtráfico.Le puede interesar: Capturaron a 8 miembros del grupo criminal 'Caicedo' señalados por tráfico de drogas en Medellín“La información oportuna de la comunidad y la reacción inmediata de nuestros uniformados permitieron neutralizar este hecho delincuencial y sacar de circulación armas y estupefacientes que representaban un riesgo para la seguridad ciudadana. Continuaremos adelantando operaciones focalizadas para capturar a quienes pretendan afectar la tranquilidad de los habitantes del área metropolitana”, señaló el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Los siete capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso judicial correspondiente.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó un nuevo golpe contra el microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga con la captura de cuatro personas y la desarticulación de un centro de acopio y distribución de estupefacientes que, según las autoridades, estaba al servicio de la estructura criminal ‘Los del Sur’.Los resultados se lograron mediante operativos adelantados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), desarrollados en Bucaramanga y Piedecuesta.En una primera acción investigativa, la SIJIN ejecutó tres diligencias de registro y allanamiento que permitieron desarticular un centro de acopio y distribución de drogas utilizado, presuntamente, por la organización delincuencial ‘Los del Sur’.Durante el operativo fueron capturados en flagrancia una mujer de 24 años y un hombre de 39 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, las autoridades incautaron más de 20 kilogramos de marihuana, distribuidos en panelas prensadas y cigarrillos artesanales listos para su comercialización, así como dinero en efectivo, elementos para la dosificación de sustancias alucinógenas y un teléfono celular que será analizado dentro de la investigación.De manera paralela, uniformados del GOES, con apoyo de la SIJIN, realizaron un procedimiento en el asentamiento humano Villas de Girardot, en Bucaramanga, donde capturaron en flagrancia a un hombre de 34 años, conocido con el alias de ‘Pepo’, señalado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la estructura delincuencial ‘Los de Villas’.Según el reporte oficial, el hombre intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue interceptado pocos metros después. Durante el registro le fueron halladas 2.200 cápsulas de bazuco y 2.586.000 pesos en efectivo, dinero que, al parecer, provenía de la venta de estupefacientes.Las autoridades informaron que, en un segundo procedimiento desarrollado por el GOES en Piedecuesta, también fue capturada otra persona, fortaleciendo las acciones contra el tráfico local de drogas y el porte ilegal de armas.Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización.Las autoridades han intensificado las operaciones contra las estructuras dedicadas al microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente contra organizaciones como ‘Los del Sur’ y ‘Los de Villas’, señaladas de controlar el expendio de estupefacientes en varios sectores de Bucaramanga y Piedecuesta.
La Policía en el Atlántico incautó 32 kilos de marihuana en la Vía Oriental que estaban siendo transportados en un camión afiliado a una empresa transportadora. La mercancía venía camuflada como una encomienda.Al parecer, la sustancia provenía de Santander de Quilichao. Así mismo, la carga fue detectada por uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Atlántico en la Vía Oriental, a la altura del municipio de Sabanagrande.Los hechos se registraron en este corredor vial, donde los uniformados realizaban actividades de control a vehículos y personas. En el procedimiento fue requerido un tractocamión de servicio público afiliado a una empresa transportadora, en el que se encontró la marihuana, que estaba camuflada bajo la modalidad de encomienda en una caja.Durante el registro se encontraron 50 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente con el alucinógeno. La sustancia fue dejada a disposición de la Fiscalía, para continuar con el proceso de investigación y establecer la responsabilidad de las personas involucradas en el envío y recepción del alijo.“Con este importante resultado operacional, la Policía Nacional evita la comercialización de miles de dosis de estupefacientes, afecta las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico y continúa fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana en las vías del departamento del Atlántico”, informó la Policía en un comunicado.Por su parte, el coronel Pablo Aníbal Bueno Mendoza, comandante encargado del Departamento de Policía Atlántico, destacó el compromiso de los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes.
Un nuevo golpe contra las redes de microtráfico fue propinado por la Policía Nacional en el municipio de San Gil, Santander, tras la incautación de 8.600 gramos de marihuana que eran transportados a través de una empresa de encomiendas. El cargamento, cuyo valor en el mercado ilegal asciende a cerca de 24 millones de pesos, tenía como destino la provincia de Guanentá.La incautación se produjo durante los controles permanentes que adelantan uniformados del Departamento de Policía Santander a empresas de mensajería y envíos, una estrategia con la que las autoridades buscan evitar que las organizaciones delincuenciales utilicen este mecanismo para movilizar estupefacientes hacia diferentes municipios del departamento.En medio de las inspecciones, un canino antinarcóticos detectó una encomienda que presentaba características sospechosas. Tras la verificación realizada por los uniformados, se confirmó que el paquete contenía 8,6 kilogramos de marihuana, por lo que fue incautado de manera inmediata.El estupefaciente fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para identificar tanto a la persona que remitió el cargamento como a quien lo recibiría en Santander. Las autoridades no descartan que la droga estuviera destinada a abastecer redes de distribución de estupefacientes que operan en San Gil y otros municipios de la provincia de Guanentá.El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que este resultado hace parte de la ofensiva contra el tráfico de drogas en el departamento."Logramos la incautación de un importante cargamento de marihuana en una empresa de envíos del municipio de San Gil. Gracias a nuestro canino antinarcóticos fue posible identificar la sustancia. Seguimos ejerciendo controles en todos los municipios del departamento para evitar que estos estupefacientes lleguen a nuestros niños, niñas y adolescentes", señaló el oficial.La Policía indicó que esta modalidad de envío de drogas a través de empresas de encomiendas ha sido utilizada por organizaciones criminales para intentar evadir los controles de las autoridades. Por ello, se mantienen operativos permanentes con unidades especializadas y caninos detectores de narcóticos en terminales de transporte, empresas de mensajería y corredores viales estratégicos del departamento.Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes, asegurando que la información suministrada por la comunidad continúa siendo clave para afectar las estructuras dedicadas al microtráfico y fortalecer la seguridad en Santander.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
