Por medio de su cuenta en X, el político del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, evidenció el dolor de cabeza que ha generado para los habitantes de un conjunto residencial en Medellín la compra de un apartamento de un extranjero.Aseguran que el exceso de ruido, alcohol y de mujeres que circulan por este lugar en vestidos de baño, se volvieron el pan de cada día. Hecho que ha generado algunos encontronazos entre el estadounidense y los dueños de los otros apartamentos.Estadounidense que fue sorprendido con dos niñas dentro de un hotel de El Poblado ya salió del país“Tragedia de residentes en edificio de El Poblado. Sujeto (extranjero) compró apartamento y nadie volvió a tener paz y sosiego: ruido musicalizado o música ruidosa, drogas, orgías, gritos desenfrenados, fiestas en la piscina…Comunidad pide socorro y orientación sobre qué hacer”, relató Gaviria.Por excesos y otras razones, recordemos que han fallecido 19 extranjeros en Medellín. El último caso fue en la carrera 65 G # 23-30, barrio Trinidad, donde fue hallado el cuerpo del estadounidense Christopher Armijos de 50 años.El hombre, oriundo de Nueva York y nacido el 14 de diciembre de 1973, fue encontrado el pasado 30 de abril sobre las 3:00 de la tarde. Allí se constata que el extranjero llegó al país el 29 de abril y menos de 24 horas después de su arribo, falleció.Según el reporte preliminar, Armijos residía permanentemente en Estados Unidos y viajaba para visitar a su madrastra y su hermanastro. Una vez el extranjero se acuesta a dormir y al ver que no se levantaba, su madrastra va a despertarlo, sin embargo, lo halla sin signos vitales.Al parecer, la muerte, que sería por causas naturales, estaría relacionada a que el hombre sufría de hipertensión y para ello tomaba medicamentos.Con este caso ya son dos los extranjeros muertos en los últimos tres días, ya que el pasado 29 de abril fue hallado sin vida el británico Joe Girosart de 36 años en un hotel del barrio Patio Bonito.
En video quedó registrado el angustioso rescate de tres pescadores que desde el pasado 15 de abril estaban a la deriva en el Pacífico colombiano luego de ser asaltados por hombres armados en alta mar.La ubicación se dio a 30 millas náuticas del del municipio de Bahía Solano de Chocó, donde una Unidad de Reacción Rápida de la Armada Nacional que, en medio de un aguacero, lograron acercarse a la embarcación que desde el pasado 15 de abril desde el Puente de las Américas en ciudad de Panamá.“Allí le cuenta a los hombres de la Armada que al tercer día de faenas de pesca, fueron abordados por cuatro hombres armados en jurisdicción de Panamá, roban las pertenencias y dañan el motor, ocasionando que se quede la deriva en aguas colombianas”, relató el teniente de Fragata Diego Martínez Rodríguez, comandante de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano.Inminente aplazamiento de posesión del nuevo rector de la Universidad NacionalDurante estos días, los pescadores, uno colombiano y dos de origen panameño, se vieron obligados a alimentarse con los pocos enlatados y agua que tenían.Los hombres extranjeros están bajo la protección de Migración Colombia tras recibir, junto con el local, atención médica.En lo que va corrido del año, la Armada de Colombia ha rescatado a 188 personas que presentaron diferentes emergencias en el mar de las cuales 55 fueron en aguas del litoral Pacífico.
Las autoridades migratorias de Colombia y Estados Unidos trabajan mancomunadamente para combatir la explotación sexual que involucra a menores de edad en el país andino, que en 2023 inadmitió a 41 extranjeros que tenían anotaciones judiciales por delitos sexuales."Seguiremos colaborando con todas las entidades pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar un entorno seguro y protector para toda nuestra población", aseguró este viernes el director de Migración Colombia, Fernando García, citado en un comunicado de su despacho.El funcionario destacó que la protección de niños y adolescentes es "una responsabilidad compartida".La ciudad de Medellín ha estado en el centro de la atención pública después de conocerse varios casos en los que ciudadanos estadounidenses intentaron explotar sexualmente a menores de edad.A propósito, este jueves las autoridades detuvieron en Medellín a un estadounidense, del que no se ha revelado su identidad, que estaba con una menor de edad en una vivienda alquilada.Por lo anterior el extranjero fue capturado por los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años. Mientras que la niña fue dejada a disposición de la Comisaría de Familia local para el restablecimiento de derechos.García aseguró este viernes que Migración trabaja de forma coordinada y articulada con el Departamento de Justicia y el Homeland Security de los Estados Unidos, así como con diversas agencias internacionales, intensificando los esfuerzos para identificar y evitar la entrada al país de posibles agresores sexuales.Además, estableció una red de cooperación internacional que incluye la interconexión con plataformas de intercambio de información en otros países y el acceso a bases de datos públicas a nivel nacional e internacional.Asimismo, utiliza el sistema de información ‘Angel Watch’ de Estados Unidos para monitorear y alertar sobre los viajes de pedófilos o agresores sexuales.Por último recordó que Migración Colombia colabora estrechamente con Interpol para el intercambio de información relevante.
Migración Colombia y Prosperidad Social firmaron en Necoclí un convenio para intercambio de información que permitirá atender a población migrante que transita por allí camino hacia los Estados Unidos. Hay preocupación ante pronósticos que indican que durante 2024 hasta un millón de personas cruzarán por esta zona.La latente problemática migratoria en la zona del Urabá antioqueño y chocoano ha requerido un seguimiento constante por parte de las autoridades nacionales que en los últimos meses han visitado con frecuencia esta región con complejas realidades sociales y económicas.Precisamente, esta situación llevó a que el municipio de Necoclí fuera escogido como el espacio donde se firmó un convenio de intercambio de información entre Migración Colombia y el Departamento para la Prosperidad Social, que permitirá al Gobierno tener un panorama más claro sobre la necesidades y la priorización de recursos que debe tener esta región para garantizar los derechos fundamentales de los cientos de migrantes que cruzan todos los días por allí.El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se refirió a la importancia de la firma de este convenio.“En él nos comprometemos a que con la información que nos entregue migración Colombia nosotros, podamos generar políticas públicas también no solamente para los migrantes por una cuestión humanitaria y de reflejo”, dijo.Por su parte, el director de Migración Colombia, Fernando García, destacó la necesidad de volver a recuperar zonas con un gran potencial turístico debilitado por el fenómeno migratorio. Por esta razón, propuso estudiar la viabilidad de que, por ejemplo, en el municipio de Necoclí el muelle desde donde zarpan los migrantes pueda ser un lugar diferente a las playas que deberían estar dedicadas al turismo.“El esquema que hay acá, donde hay una playa turística, pero está también muelle de llegada y salida de migrantes, se mueve el muelle y la idea es que esté en un lugar diferente de las playas turísticas, de tal manera que el turismo, que ha sido una actividad afectada, pueda revivir”, aseveró.Desde Migración Colombia se comprometieron a reforzar controles en zonas fronterizas como Ecuador y Venezuela para evitar la llegada masiva de migrantes irregulares hasta esta zona de Antioquia, así como trabajar con mayor articulación con el ICBF y otras entidades del Gobierno nacional para garantizar una atención integral de estas personas.Hay preocupación ante las proyecciones que indican que durante 2024 se duplicaría la cantidad de migrantes que hacen tránsito por esta zona llegando hasta el millón. En lo corrido del año la mayor cantidad de personas que han llegado hasta esta zona buscando llegar a los Estados Unidos son venezolanas, seguidas de chinas, haitianas, ecuatorianas y vietnamitas.
La policía española desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y detuvo a 12 acusados de explotar laboralmente a colombianos en locales de restauración de España.Según informa este viernes la policía, las víctimas llegaban a España con la promesa de obtener un contrato en prácticas en el sector de la hostelería por el que cobrarían un sueldo de 500 euros por 4 horas de trabajo, pero en muchos casos no llegaban a percibir más que 20 euros por 15 horas de trabajo al día.El número de víctimas de esta organización desarticulada asciende a 46 personas: durante la investigación fueron liberadas 18 personas y otras 28 durante la operación policial.A los 12 detenidos en las localidades de Torredembarra, Reus y Tarragona (nordeste de España) se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de favorecer la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.Durante el dispositivo policial, se practicaron además diez entradas y registros donde los investigadores intervinieron dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático.La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con un horario abusivo.La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, las cuales vivían hacinadas en habitaciones.Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización, después de que se les hubiera ofrecido un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba a lo acordado.Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda, quedando así a merced de los jefes de la organización.Ya en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo, los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y no disfrutaban de vacaciones.El salario que finalmente recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.En la operación policial conjunta desarrollada este mes participaron más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.De las 12 personas detenidas, el juzgado de instrucción que dirige la causa decretó el ingreso en prisión para tres de ellas y la clausura de los cuatro locales de restauración en los que eran explotados los inmigrantes.
El Gobierno Nacional anunció que muchos de los migrantes venezolanos, que residen actualmente en Colombia, podrán ser acogidos bajo ciertas especificaciones. Así lo confirmó Migración Colombia en una carta publicada a través de su cuenta de X.“Esta voluntad se materializa a través de un Permiso Especial de Permanencia dirigido a representantes legales o custodios de niños, niñas y adolescentes titulares de un Permiso por Protección Temporal (PPT) expedido antes del 12 de agosto del 2022”, afirma el comunicado de la entidad.Bajo esa línea, las personas que estén con la protección temporal, antes de la fecha recién mencionada, podrán recibir el beneficio que, entre otras, permite el acceso al empleo y a otros derechos como la educación, salud, y atención de niños, niñas y adolescentes.Es necesario recordar que, actualmente, y según datos de Migración Colombia, hay cerca de 3 millones de venezolanos en el país, de los cuales alrededor de 500 mil se encuentran en situación irregular.
La Secretaría del Interior de la ciudad de Bucaramanga ha procedido al cierre temporal de diez hoteles ubicados en las inmediaciones del emblemático Parque Centenario. Esta acción se ha llevado a cabo debido a diversas irregularidades, entre las que se incluyen el presunto fomento del turismo sexual, la práctica de prostitución y el consumo de estupefacientes en dichos establecimientos.Según la Alcaldía de Bucaramanga, tras una investigación realizada por las autoridades locales, se encontraron evidencias contundentes que señalaban la implicación de estos hoteles en actividades ilícitas."Hemos realizado operativos donde hemos cerrado temporalmente 10 hoteles que servían para prestarse para el consumo de sustancias ilícitas, además de turismo sexual y otros delitos", indicó Gildardo Rayo, secretario del Interior de Bucaramanga.Además de estas graves acusaciones, se ha revelado que los hoteles carecían de los documentos y permisos necesarios para su correcto funcionamiento."Los hoteles tampoco cumplían con la reglamentación ordenada para el ejercicio de sus funciones", agregó el funcionario.
El panorama migratorio en el Urabá antioqueño y la frontera con Panamá sigue siendo complejo, no solo miles de ciudadanos continúan arriesgando su vida por zonas peligrosas como la selva del Darién, sino que también está en juego la seguridad nacional de los países por donde hacen tránsito estas personas que buscan llegar hacia zonas como Centroamérica y los Estados Unidos.Y es que el gobierno panameño encendió las alarmas en los últimos días, luego de que Samira Gozaine, Directora del Servicio de Migración de Panamá, revelara que solo en lo corrido de 2024 han sido identificados en controles más de mil personas con antecedentes criminales. Sin embargo, destacó que no pueden ser capturados por la protección que la migración tiene de organismos internacionales, pero también porque no lo permite la legislación de ese país al no haber infringido la ley en su territorio."La ley panameña no permite detener a una persona por mero récord criminal de otros países se le detengan y menos en este flujo migratorio irregular autorizado por las Naciones Unidas, que de alguna manera es humanitario", señaló. Por esta razón la funcionaria panameña pidió a otros países involucrados en el fenómeno migratorio, como Colombia, intensificar los controles y evitar el tránsito de aquellas personas que tienen asuntos pendientes con la justicia."Panamá ha solicitado a través de Cancillería y Ministerio de Seguridad reiteradamente ayuda para que desde allá realicen también pruebas biométricas. En su mayoría más de los ocho mil o nueve mil colombianos que han pasado por la trocha del Darién están en listas allá en Colombia", denunció Gozaine.Hay preocupación en las autoridades pues se prevé que este año el paso de migrantes de manera irregular por el Darién aumente hasta en un 40% con respecto a 2023 cuando llegaron a realizar esta travesía más de 520 mil personas, según la Defensoría del Pueblo.
Una colombia fue rescatada por la Policía Judicial y las autoridades ecuatorianas de una red de trata de personas en ese país. A la joven le ofrecieron trabajo a través de WhatsApp y le prometieron altas sumas de dinero; además de pagarle los gastos del viaje para llegar hasta allá.Sin embargo, cuando llegó fue sometida a pésimas condiciones de vida, la llevaron a vivir a un parqueadero y le daban comida limitada. Gracias al llamado de una amiga que avisó a Migración Colombia, a través de una aplicación llamada LiberAPP que dispone la entidad."El día 19 de febrero, el Grupo de Observación de Derechos Humanos de Migración Colombia recibió el reporte del caso, remitiéndolo al Grupo de Policía Judicial, quienes coordinaron con las autoridades homólogas ecuatorianas para su rescate, que se logró el día 22 de febrero de 2024. La víctima fue repatriada hoy, 26 de febrero de 2024, a través del Puesto de Control Migratorio Terrestre de Rumichaca, donde fue recibida por las entidades de los Comités Municipales de Lucha contra la Trata de Personas para activar la ruta de atención y protección, para el restablecimiento de sus derechos”, dijo el director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva.Este tipo de casos van en aumento. Según datos del Ministerio del Interior, se registraron 264 denuncias por trata de personas, siendo esta la cifra más alta de los últimos 15 años. En 2022 hubo 161 denuncias, en 2021 fueron 181, y en 2020, 104.Correo de atención contra la Trata de PersonasLa Línea Gratuita Nacional Anti-Trata funciona ininterrumpidamente 24 horas al día durante todos los días del año. Es un servicio gratuito de información y asesoría, que busca la atención oportuna y eficaz para prevenir el delito del a trata de personas; la Línea Gratuita tiene asociado el correo lineatratadepersonas@mininterior.gov.co para recibir información detallada de posibles casos de trata de personas.
Migración Colombia entregó las nuevas cifras de la cantidad de población venezolana que hay en el país. Estos dan cuenta de una disminución significativa del 1.10 %, que equivale a 32.000 en total entre 2022 y 2023."Durante el período entre 2022 y 2023 se registró una reducción del 1.10 %, equivalente a 32.000 personas. Este declive, el primero en una década, refleja los resultados de la política de reanudación de relaciones implementadas entre Colombia y Venezuela como otros fenómenos relevantes”, señaló el director general de Migración Colombia, Fernando García.Asimismo, la entidad indicó que la mayor cifra de población venezolana en el país fue en diciembre de 2022 cuando hubo un total de 2.867.748, número que se ha ido reduciendo en los últimos meses.Sobre por qué se esta generando esta reducción, Migración dijo que se debe al trabajo del Gobierno nacional con el proceso de regulación, que, hasta ahora, ha beneficiado a medio millón de venezolano. Pese que en 2023 se registró cierto aumento el del país vecino, en realidad se trataría de migrantes regularizados con una cifra de 3.4 % que equivale a 468.083 personas.Otra razón es la reactivación de la relación entre los gobiernos de Colombia y de Venezuela con el flujo constante de personas por los pasos fronterizos, esto en el puente Simón Bolívar y en los puestos de control migratorio en Puente Unión, Atanasio Girardot, Inírida, Paraguachón, Puerto Carreño y José Antonio Páez.Migración Colombia destacó la importancia del trabajo mancomunado con la Embajada de Venezuela con el principal objetivo de conocer el número total de venezolanos que se encuentran presos en los distintos centros carcelarios del país.Esta reducción en la cantidad de venezolanos en el territorio nacional se puede atribuir a la cantidad de migrantes que han cruzado el paso del Tapón del Darién, que solamente entre enero y agosto de 2023, 209.000 migrantes de origen venezolano habrían utilizado este paso fronterizo entre Colombia y Panamá con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.
El pediatra Luis Gómez Pimienta, exgerente especial para La Guajira, entregó detalles en Mañanas Blu, sobre los casos de corrupción en ese departamento; habló sobre su experiencia y su lucha por la presencia institucional en el territorio Wayuu. Señaló que uno de los problemas más grandes del territorio es la falta de atención médica adecuada en medio de la crisis ha llevado a un alto riesgo de infecciones nosocomiales en los niños desnutridos. Aseguró que hay falta de coordinación en las inversiones en La Guajira, mencionando que diferentes instituciones realizaban inversiones repetitivas y dispersas en temas como el suministro de agua. En cuanto a la corrupción, de la cual fue señalado por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), negó rotundamente las acusaciones en su contra y menciona que la gerencia de riesgo carecía de presupuesto y funciones de seguimiento y auditoría. "Eso es absolutamente falso por dos razones, una porque la gerencia era un ente sin presupuesto, sin nómina y sin funciones de seguimiento y de auditoría. Yo no podía hacer ni hacer el seguimiento ni super vigilar las actividades de la Dirección Nacional de Riesgo porque yo no tenía esas funciones. Mi relación era directamente con la comunidad wayú organizada", dijo.Foco de escándalosSe espera que luego de escuchar a los dos principales implicados en la trama de corrupción y sobornos, la Fiscalía comience a averiguar otros escándalos en la Unidad mencionados por Petro."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía", expresó el mandatario anoche en una alocución al país.Incluso el director de la UNGRD denunció la posible malversación de dinero público en las 'ollas comunitarias', programa de esa entidad para llevar alimentos durante 90 días a personas afectadas por algún desastre.Los pedidos de PetroLos contratos que Petro pide investigar en la UNGRD incluyen los dos últimos años de Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que él lleva en el poder.En esos años hubo actuaciones de la Unidad muy cuestionadas. Una de ellas es la reconstrucción de la ciudad de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, destruida parcialmente en 2017 por una avalancha que dejó 335 muertos y 400 heridos.Escuche aquí la entrevista:
En alerta roja se encuentran los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Pelaya, Pailitas y Tamalameque, en el departamento del Cesar, por los deslizamientos de tierra presentados tras las fuertes lluvias que se registran en el territorio.Así lo reveló el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, que, además, advirtió a las autoridades tener especial atención a las crecientes súbitas que registran en los ríos Guatapurí y Badillo, igual que la cuenca alta del río Cesar.La jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, Petra Romero, sostuvo que se han presentado inundaciones en los municipios de Curumaní, Aguachica, Chimichagua y Tamalameque; al tiempo que indicó que por instrucciones de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila se están atendiendo todas las emergencias y coordinando acciones con los organismos de socorro para evitar eventualidades.Ideam declaró alerta roja en cuencas medias de los ríos Magdalena y Cauca por crecientes súbitas“Estamos haciendo presencia en los 25 municipios del Cesar, es así como hemos adelantando encuentros con coordinadores municipales de Gestión del Riesgo, capacitación y sensibilización con las comunidades y reuniones permanentes con Cuerpos de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja, al igual que con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, para prevenir y atender estas situaciones”, precisó la funcionaria.Sostuvo, además, que “desde la Gobernación del Cesar estamos avanzando en proyectos que puedan mitigar de alguna manera los efectos que causan estas inundaciones y deslizamientos en las temporadas de lluvia. Hacemos un llamado a los municipios a activar los planes de contingencia y a las comunidades a adoptar medidas de prevención frente a la ola invernal que se registra en la región”.
La profesora Margarita Rodríguez, rectora del colegio Campoalegre en Bogotá, detalló en que consiste la decisión de los 27 colegios de Uncoli de restringir el uso del celular y otros aparatos tecnológicos durante la jornada escolar en beneficio de los estudiantes. Según explicó, desde hace un año y medio ya se había prohibido el uso de celulares en su institución, promoviendo así “una mayor conexión humana y un verdadero” encuentro con el entorno.La profesora Rodríguez explicó que esta medida no es punitiva, sino basada en la idea de “desconectar para conectar”, pues se dieron cuenta que al conectarse a una pantalla, los estudiantes pierden la expresión, los gestos y el sentimiento que acompaña a un vínculo real. Es por eso que busca que los niños vuelvan a conectarse con otros seres humanos, con su entorno, con sus compañeros, con la naturaleza y con el mundo, en general.Para llevar a cabo esta medida, cada miembro de la Unión de Colegios Internacionales en Bogotá estableció una franja horaria en la que los estudiantes no pueden tener acceso a sus teléfonos celulares. Durante esas horas, se busca garantizar que los vínculos sean reales y que la interacción social, académica y deportiva se dé en persona, sin las limitaciones de una pantalla.“Es una decisión que nosotros como colegio la tomamos hace ya un año y medio porque es una muy basada en la frase que usted acaba de decir, hay que desconectarse para conectarse. Cuando uno se conecta a una pantalla y puede inclusive hablar con cualquier profesor o con cualquier amigo, hay una limitante muy importante que es la misma pantalla, a veces no facilita la expresión, los gestos, no han facilitado verlos, no facilita interactuar el sentimiento que acompaña a un vínculo, no es tan visible en una pantalla. Entonces esa desconexión es invitarlos a que los niños vuelvan a conectarse con ese otro ser humano, a sentirse cerca, a una mirada absoluta, sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de luces que generalmente interfieren”, indicó.Reconoció que ha habido algunas resistencias por parte de los estudiantes, pero aseguró que, en general, han comprendido los beneficios de esta medida. Contó que ha observado cómo los niños han vuelto a hacer deporte, a jugar, a conversar y a reír. También ha notado una disminución significativa del bullying dentro del colegio durante las horas de clase, ya que los estudiantes no tienen acceso a redes sociales para publicar fotos o comentarios descalificadores.Además, la decisión de prohibir el uso de celulares ha promovido un mayor sentido de responsabilidad en los estudiantes. Han aprendido a gestionar y solucionar problemas sin depender de un celular y a ser más conscientes de su entorno. La profesora Rodríguez ha visto cómo han mejorado las habilidades de comprensión, análisis y síntesis, ya que los estudiantes no utilizan el chat como vía de comunicación escrita, sino que se expresan de manera más clara y efectiva en persona.
La Policía incautó más de 3,7 millones de dólares en heroína en Nariño, estaba embalada con etiquetas de un equipo de fútbol de Ecuador para disimular, tenía como destino inicial Ecuador para ser enviada a Estados Unidos.De acuerdo con la valoración de las autoridades, el cargamento alcanzaría un valor de 802 millones de pesos en zona de producción, el cual aumentaría a los 3,7 millones de dólares en el mercado internacional.En la investigación se conoció que esta organización multicrimen trasnacional habría utilizado marquillas con el logo de un club, deportivo de Guayaquil, la Policía incautó alrededor de 1.000 de estas marquillas.Por su parte el director de la Policía, el general William René Salamanca, afirmó que de esta manera siguen afectando las finanzas contra el narcotráfico, "Esta operación hace parte de la ofensiva integral contra el narcotráfico, en especial contra el fenómeno de la heroína que hemos detectado en la frontera con el hermano país de Ecuador, con el cual venimos trabajando articuladamente, en coordinación con la DEA”, señaló general Salamanca Ramírez.Las organizaciones criminales buscan con estas acciones convertir el municipio de Buesaco en eje de producción y tráfico de heroína, aprovechando las condiciones topográficas que permiten la siembra de cultivos de amapola y heroína.
Dos hombres, un famoso gastroenterólogo y un controvertido empresario, están en el ojo del huracán judicial por un presunto fraude millonario durante la pandemia del COVID-19. El médico Luis Alejandro Orozco Linares y el empresario Pedro José Figueroa Velaides fueron acusados por la Fiscalía y enfrentan la posibilidad de una condena de hasta 18 años de prisión.Según la Fiscalía, todo comenzó cuando el gerente de la empresa Sulink contactó a Orozco en abril de 2020 para comprar 10.000 cajas de guantes de nitrilo por 350 millones de pesos. Orozco, en asociación con Figueroa, prometió suministrar la mercancía. Sin embargo, tras un primer incumplimiento, devolvieron 175 millones de pesos como muestra de buena fe.Pero las promesas no se cumplieron. A pesar de enviar fotos de la mercancía y guías de entrega, solo se recibieron 36 cajas de guantes en lugar de las 10.000 pactadas. Ante las evidencias de estafa, la empresa exigió la devolución del dinero. En un intento por calmar las aguas, Orozco y Figueroa entregaron un cheque por 350 millones de pesos como compensación, pero fue devuelto por fondos insuficientes.La Fiscalía recopiló pruebas contundentes, como correos electrónicos, mensajes y entrevistas, que demostraron el engaño perpetrado contra Sulink. Aunque los acusados no están detenidos, podrían enfrentar una rebaja del 50 % de la pena si aceptan los cargos y reparan a las víctimas.El abogado de Sulink, Mauricio Pava, condenó enérgicamente la acción de los acusados, destacando el daño empresarial, social y humano causado. Propuso el embargo de las empresas involucradas como medida mínima de reparación.