El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional del pasado 24 de abril de aceptar el incidente fiscal propuesto por su cartera frente a la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta corporativa de las empresas minero-energéticas.Esto está relacionado con el fallo que declaró inexequible la prohibición de deducción de regalías del impuesto de renta de los explotadores de recursos naturales no renovables.“Esta decisión significa que temporalmente la Corte suspende la aplicación de la decisión, mientras convoca al Ministerio de Hacienda a informar y sustentar la posición para tomar una decisión final que seguramente será dada antes de dos meses. En ese momento sabremos si finalmente aplica o no aplica la deducibilidad de regalías de las empresas minero energéticas”, dijo el ministro Ricardo Bonilla.Hace unos meses la Corte tumbó este apartado al considerar que violaba los principios de justicia y de equidad tributaria. Norma con la cual el Gobierno buscaba recaudar más de cuatro billones de pesos.El próximo 17 de mayo se va a llevar a cabo una audiencia pública en la Corte Constitucional, donde el Ministerio de Hacienda tendrá que presentar sus argumentos para que se tome una decisión sobre este asunto.
El Gobierno nacional buscará un revolcón al presupuesto del Fondo Nacional del Café para que llegue a cooperativas campesinas y a una ‘base cafetera’ que no están viendo los recursos, explicó a Blu Radio el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural Luis Higuera.El presidente Gustavo Petro, en la constituyente cafetera convocada por su Gobierno, dejó flotando la idea de que está pensando en quitarle la administración del Fondo Nacional de Café a la Federación Nacional de Cafeteros. Sin embargo, ni el presidente Petro ni su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, han hablado explícitamente de acabar con ese contrato antes de julio del 2026.“El Gobierno ha sido claro en que quiere dialogar con la federación. Pero dialogar no es tomarse simplemente el tiempo con el compañero presidente. Dialogar es poner esto sobre la mesa y decir lo que es cierto, que te voy a decir es cierto. Esta marca de café que tengo en la mano no ha recibido un solo peso del Fondo Nacional del Café. Pero por cada bolsa de este café se le entregan 6 centavos de dólar al Fondo Nacional del Café”, explicó Higuera.La misma situación se repite con las distintas marcas de café que cosechan, tuestan y comercializan distintos cafeteros por todo el país. Según Higuera, solo el día en que el presidente Petro dio su discurso a sus pies estaban 117 marcas de café sin el logo de Juan Valdez y sin apoyo de la federación.“No estoy diciendo que se los roban. Lo que estoy diciendo es que entran a una bolsa y se manejan con unos criterios. Lo que queremos es ampliar los criterios y que esta marca que tengo en la mano reciba del Fondo Nacional del Café. Y si no va a recibir nada, sí tenemos que hacer algo”, agregó Higuera.Higuera y la ADR fueron los principales organizadores de la asamblea ‘constituyente’ cafetera.La dimensión económica de la pelea entre el Gobierno y la Federación de Cafeteros: Casi 5 billones en juegoEl el 2023, el Fondo Nacional del Café reportó ingresos por más de 4.8 billones de pesos. Esa cifra es más de la mitad de todo el presupuesto público de las entidades del sector agropecuario para este año.Desde su creación en 1991, el Gobierno ha contratado a la Federación Nacional de Cafeteros para administrar el Fondo Nacional del Café. Sin embargo, ni en la ley, ni en los decretos posteriores dice que el contrato se tenga que entregar obligatoriamente a la Federación Nacional de Cafeteros aunque si le asigna al Comité Nacional de Cafeteros (donde están sentados varios ministros) varias tareas puntuales.El contrato actual entre el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros vence en julio de este año, pero podría acabar antes si el Gobierno así lo decide. En ese caso, la Federación Nacional de Cafeteros no solo perdería el pago por la administración, sino que además tendría que pagar una cláusula penal de unos 1.500 millones de pesos.En otros fondos parafiscales del agro la ley dice que la administración debe quedar en manos del gremio más representativo del sector. En el caso del café no había ningún otro gremio hasta ahora.Agosto de 2024: La hora cero para saber si habrá una nueva federación de cafeterosLa constituyente cafetera terminó con la petición al Gobierno de que impulse reformas al interior de la Federación Nacional de Cafeteros, pero también del Fondo Nacional del Café. Básicamente que sirva como ‘intermediario’ entre los cafeteros que vivieron a Bogotá y el gremio.“Si eso no sucediera, si no se pudiera, entonces tenemos una segunda vía que es nosotros implementar otro camino propio de nosotros, los productores, y que la federación se quede con su burocracia y nosotros nos quedamos con el negocio del café, con los recursos parafiscales que nos descuentan”, dijo Benjamín Garzón vocero de Asoprogan y uno de los invitados a la asamblea.Es decir, por ahora, la creación de un nuevo gremio cafetero está a la espera del resultado de la mediación del Gobierno, pero la espera no durará por siempre.“Lo que hemos hablado y dialogado entre los que vinimos a la asamblea, estamos hablando de agosto de este año”, dijo Garzón.La constituyente cafetera continúaLa constituyente cafetera no terminó el pasado jueves con la declaración de los asistentes sobre el futuro de la caficultura, entre otras cosas porque el gobierno ha prometido mantenerse en contacto con esa base cafetera.Un ejemplo de eso es que durante la asamblea se anunció la creación de la ‘Cadena del café’ al interior del Ministerio de Agricultura y se eligió a los voceros de los distintos eslabones dentro de la reunión. Serán ellos quienes asistan a las reuniones del Ministerio de Agricultura donde se tomen las decisiones para el sector.Es incierto si hacia adelante el gobierno permitirá que a esas cadenas entren la Federación Nacional de Cafeteros o movimientos que tampoco asistieron a la asamblea de la semana pasada como Dignidad Cafetera y Unión de Cafeteros de Colombia.
La asamblea de Ecopetrol comenzó en medio de barras, abucheos y aplausos. Varios accionistas pidieron ‘la cabeza’ del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, otros pidieron aplazar la elección de la junta directiva y otros más hablaron en apoyo al Gobierno de Gustavo Petro.Sin embargo, y como es apenas obvio, el Gobierno, que es dueño del 88 % de las acciones, impuso su voluntad y sacó adelante su plan para el día. La asamblea fue presidida por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y lo primero que hizo al llegar fue tomarse una foto con Roa, que dio un mensaje clave: Roa tiene hoy el apoyo del Gobierno.Al final de la jornada, se aprobó la integración de la nueva junta directiva y la llegada de Edwin Palma (viceministro de trabajo), Lilia Roa (viceministra de ambiente), Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres.También se aprobó en la asamblea de accionistas de Ecopetrol el cambio en el objeto social de la compañía para que pueda embarcarse de forma más decidida en la transición energética y, especialmente, en proyectos de energía solar, eólica y en la explotación del hidrógeno.El Gobierno, además, logró pasar dos jugadas que consolidarán un poder más directo sobre Ecopetrol. De un lado, le quitó a la junta directiva la posibilidad de fijar la política de sucesión de los miembros de la junta directiva y, de otro, ahora los accionistas minoritarios que estén inconformes con las decisiones de otro accionista (por ejemplo el Gobierno) o con la administración (es decir con Ricardo Roa) tendrán que gastar primero 60 días hábiles en una etapa de arreglo directo antes de poder acudir a la Superintendencia de Sociedades o a la justicia ordinaria.Finalmente, se aprobó el pago de dividendos de 312 pesos por acción, que corresponderá a más del 60 % de las utilidades del 2023.Las críticas a la asamblea de accionistas de Ecopetrol y por qué podría terminar demandadaA pesar de que el Gobierno impuso su voluntad en la asamblea, la disputa podría continuar en los próximos días en medio del inconformismo de varios accionistas que incluso han señalado que se cometieron irregularidades en todo el proceso.Por su parte, el representante de los accionistas minoritatios, Juan José Echavarría, advirtió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como plancha en conjunto, que hay “serias dudas” de que los candidatos propuestos por el Gobierno tengan las características necesarias para cumplir con las políticas actuales de la compañía.Algunos creen que el hecho de que la junta saliente no haya recomendado a la junta entrante y haya manifestado su rechazo puede generar un problema legal y llevar a demandas contra los nombramientos.Las dudas sobre el futuro de EcopetrolAunque el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo en todos los tonos posibles durante la asamblea de accionistas que no se está acabando con el negocio del petróleo y del gas, fueron muchos los accionistas que manifestaron su preocupación porque la compañía dé un giro que la saque del negocio petrolero.“¿Qué viene? Una incertidumbre mayor que la que ya existe, lo cual no es bueno para la empresa, tampoco para el Gobierno, tampoco para el país y tampoco para los accionistas minoritarios”, advirtió Francisco Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).Pero Lloreda no fue el único con dudas sobre el negocio petrolero. El presidente de la USO, Cesar Loza, pidió que la nueva junta directiva garantice que Ecopetrol hace las inversiones necesarias para que la compañía siga explorando y explotando petróleo.Las dudas han sido alimentadas con la decisión de modificar el objeto social de la compañía para incluir de forma más explícita nuevas líneas de negocio: generar energía eléctrica a partir del sol y el viento y la explotación del negocio del hidrógeno.Sin embargo, Ricardo Roa, dice que no hay razones para temer: “Mucho se dice que estamos destruyendo a la gran empresa de todos los colombianos y los números muestran que es todo lo contrario”.
A pesar de no alcanzar acuerdos sobre el aumento del precio del diésel en el país, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó abierta la posibilidad a que el ajuste ocurra aún sin estas concertaciones entre el sector transporte y el Gobierno, lo que, por supuesto, provocó reacciones. Según dijo Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros, han tenido voluntad de diálogos, pero “cuando los llaman, no cumplen obligaciones”.“Lo que dijo el ministro, con todo respeto, puede ser ministro de Estado, pero está diciendo mentiras. Nosotros en octubre de 2022 estuvimos reunidos con el presidente Petro y concertamos con él hacer mesas técnicas para cambiar la fórmula mediante la cual se establece el precio del diésel; pagamos unos técnicos y duramos año y medio detrás del Gobierno para que nos recibiera”, indicó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales."Habrá consecuencias"Medrano comentó que, antes de cualquier cosa, necesitan que el Gobierno les responda si la fórmula que presentaron es viable o no, pues hasta el momento no les han informado nada y siguen esperando. En ese sentido, dijo que quien “tiene la palabra es el ministro de Hacienda”.“Si el ministro lo quiere hacer unilateralmente, como lo dijo ayer (miércoles), él es el Gobierno, es el ministro de Hacienda junto con nuestro presidente Gustavo Petro y tienen el poder para hacerlo; falta ver cuáles serán las afectaciones económicas dependiendo de la cifra. Son el Gobierno y no nos vamos a oponer, pero que vengan después situaciones económicas que degraden en situaciones de hecho, ahí ya no somos responsables de eso”, puntualizó.Sobre un precio fijo de 10.700 pesos, el presidente de la Asociación de Camioneros aclaró que eso salió de una de las reuniones, pero que solo fue “una mera expectativa” y no es el precio que establecieron, pues aún no han acordado nada.Medrano insistió en que “no es momento para subir los precios” del diésel cuando Colombia atraviesa un “decrecimiento económico” en varios sectores.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
“Al mejor estilo de los dictadorzuelos, una mayoría de la actual junta directiva de Ecopetrol se quiere perpetuar en el poder para impedir que se cumpla la decisión del Gobierno de nombrar nuevos miembros en ese organismo”, este es el duro pronunciamiento de la USO, principal sindicato de Ecopetrol, en medio de la batalla campal en la que se convirtió esa elección.El Gobierno tiene más del 86 % de la compañía y por estatutos puede nombrar a la mayoría de los miembros de la junta directiva. Ya lo hizo una vez hace más de un año y ahora quiere renovar a algunos de los integrantes. El problema es que la decisión pasa por quienes están en esa junta, y siete de nueve creen que los candidatos del Gobierno no cumplen los requisitos. Algunos de ellos fueron nombrados por el propio Gobierno.En varias oportunidades, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que es inaudito que la decisión de cambiar a miembros de la junta tenga que pasar por el visto bueno de los que se van. De hecho, una reforma a los estatutos para cambiar esa política será discutida en la asamblea del 22 de marzo.La facción mayoritaria de la junta cree que solo está haciendo su trabajo evaluando las hojas de vida. “No más, pero tampoco menos”. Ayer hubo una extensa discusión sobre este punto y no se ha llegado a ninguna conclusión.La compañía aún no publica los nombres de su nueva junta directiva, pero cree que sus candidatos, entre ellos Edwin Palma, sí cumplen los requisitos para entrar al directorio y deberían hacerlo.Algunos miembros en la junta creen que las hojas de vida pueden publicarse incluso el mismo día de la asamblea, otros creen que lo correcto es hacerlo hoy mismo.En medio de la batalla está el futuro de la compañía más importante del país porque es su junta directiva la que toma las decisiones estratégicas sobre el rumbo de Ecopetrol.
El Gobierno nacional le presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para ampliar el techo de deuda de la nación en unos 17.600 millones de dólares.El proyecto de ley será radicado en las próximas semanas y busca que el Gobierno tenga margen de maniobra para hacer operaciones de manejo de la deuda y "patear hacia adelante" algunos compromisos."En el momento en que se adquirió el crédito con el Fondo Monetario Internacional, quedó por fuera del cupo, ahora nos toca pagarlo. Ya pagamos la primera cuota, pero cuando se paga no amplía el cupo, no nos deja espacio para mirar otras opciones, eso significa que para ser realistas tenemos que plantear la alternativa de ampliar el cupo de endeudamiento", explicó el funcionario a la prensa.Este año Colombia debe pagar el crédito de 5.400 millones de dólares que se hizo al país durante los confinamientos del 2020. Hasta ahora el Gobierno ha hecho el pago de la primera de las 8 cuotas de este año por 622 millones de dólares.Bonilla dice que ese crédito es barato y no tiene sentido refinanciarlo, por lo que se necesita el espacio del techo de deuda para maniobrar el resto de compromisos.La última vez que Colombia amplió el techo de su endeudamiento fue en 2020, cuando el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla obtuvo una aprobación por 14 mil millones de dólares.Bonilla aseguró que "el país no se va a endeudar más" si se aprueba el cupo.El Gobierno tiene la meta de oficial de mantener el nivel de deuda de la nación por debajo del 55 % del PIB.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le puso fecha a la presentación de la nueva reforma tributaria que tendrían preparada en Colombia. Esta sería la segunda en el Gobierno de Gustavo Petro y la primera de la administración actual del jefe de cartera.“Presentarlo ahora para que empiece a correr los tiempos y congestionado con otros proyectos no es muy oportuno. Sería mejor entregarlo empezando el tercer periodo de sesiones del congreso", dijo Bonilla en relación con el proyecto de ley.Eso quiere decir que el proyecto llegaría al Congreso a finales de julio, cuando inicia la tercera legislatura de este Congreso.En este momento el Congreso de la República está congestionado con el trámite de las reformas sociales del Gobierno nacional. Las reformas de Salud, Laboral y Pensional son esas que tienen complicadas.Tanto la reforma pensional como la laboral necesitan completar sus cuatro debates antes de julio o se hundirán por falta de trámite. La reforma laboral, por su parte, necesita culminar su primer debate antes del receso legislativo de mitad de año, pero tendrá un año más para completar los otros tres debates.Detrás de esos proyectos están haciendo fila otros como la reforma a los servicios públicos y la reforma a la Justicia.¿Cómo será la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro?El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la realización de una nueva reforma tributaria durante las negociaciones del salario mínimo.Su propuesta es bajar la tasa de renta empresarial, que actualmente está en el 35 % y compensarla con mayores impuestos “de las capas más ricas de la población, no de la clase media".Según el Ministerio de Hacienda, la reforma no buscaría aumentar la recaudación de impuestos ni aumentar las cargas sobre las personas naturales sino impulsar la actividad económica en el país.Colombia tendrá este año un déficit fiscal de 5.3 % el PIB debido a una caída en el recaudo de los impuestos por cuenta del menor crecimiento económico del país y la necesidad de reactivar la economía."Pues aquí viene una discusión con el FMI, a nosotros no le gusta que uno diga que va a hacer política contra cíclica, el fondo quisiera que recortáramos gastos, en el 2024 el peor mensaje que podemos dar es recortar gastos cuando lo que necesitamos es recuperar la economía y entonces el papel del gobierno debe ser en quitar todo lo que está planillado en inversión. Ese planillado en inversión tiene obras índices y tiene vivienda dentro de sus parámetros importantes", dijo Bonilla.
Hay un nuevo capítulo en la novela de la licitación de pasaportes en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está contradiciendo al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y dice que sí hay plata para pagarle a Thomas Greg & Sons."La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí", dijo el ministro de Hacienda. Bonilla sugirió que pudo haber un error en la información que le entregaron al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.Las declaraciones del ministro contradicen uno de los argumentos que horas antes dio el canciller (e) Murillo, para decir que es ilegal la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons."No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el dos de octubre del año 2023 para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal", dijo Murillo en una declaración para la prensa.La aclaración de Bonilla no elimina los otros argumentos de Murillo sobre el asunto y, el más importante, es que el exsecretario general de Cancillería José Antonio Salazar no tenía la competencia para revocar una decisión de su jefe.Tampoco tiene nada que ver con el hecho de que Salazar actuó en contra de las instrucciones del presidente Gustavo Petro y por eso fue echado del Gobierno. Abecé de la novela de los pasaportesLa licitación para la elaboración de los pasaportes lleva meses causando polémicas. La Cancillería abrió el proceso contractual, pero solamente se presentó un interesado: Thomas Greg & Sons, la misma empresa que lleva haciendo esos documentos los últimos años.Inicialmente, el escándalo se centró en el hecho de que solamente había un proponente. Desde entonces, el presidente Gustavo Petro le declaró la guerra a esa licitación y ordenó a sus ministros que no adjudicaran licitaciones de un único oferente en ningún momento.Siguiendo esa instrucción, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación. El problema es que en Colombia sí es legal entregar contratos a un único oferente y Thomas Greg demandó al Estado.Hasta ahora, este escándalo de los pasaportes le ha costado la cabeza a Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, quien pidió conciliar con Thomas Greg y a Álvaro Leyva, que fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación.Antes de salir de su cargo, Leyva contrató bajo una figura de emergencia a Thomas Greg para que siguiera emitiendo pasaportes mientras tiene lugar una nueva licitación con más proponentes.A Leyva lo está reemplazando temporalmente Luis Gilberto Murillo y este le dio al exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar el poder de seguir adelante con la licitación de pasaportes.Salazar firmó una resolución en la que revocó las decisiones de Leyva sobre la licitación y adjudicó el contrato definitivo a Thomas Greg.El presidente Gustavo Petro dijo que había sido traicionado y echó a Salazar del Gobierno de inmediato; la Cancillería busca como echar atrás las decisiones y mantener las que había tomado Leyva.Por el momento, Thomas Greg no ha firmado el contrato y tampoco ha retirado la demanda.Le puede interesar:
El Banco de la República está defendiendo su cautela a la hora de bajar las tasas de interés en Colombia y explicó que asuntos como el aumento del salario mínimo en los últimos años influyen en la decisión de bajar las tasas lentamente.Las tasas de intervención del Banco de la República están en 12.75 %, uno de sus niveles más altos de la historia. El Gobierno nacional lleva meses insistiendo al banco central por una bajada más rápida de los tipos para reactivar una economía, que en 2023 creció apenas 0.6 %.El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dice que en los últimos años ha perdido credibilidad la meta oficial de una inflación del 3 % y este será, probablemente, el cuarto año consecutivo en que esa promesa se incumpla."Ejemplo de lo anterior es la baja credibilidad de la meta de la inflación que se ha reflejado en las negociaciones sobre el salario mínimo en los últimos tres años y no solamente en el último. Los ajustes se han hecho con referencia exclusiva a la inflación observada en el pasado y no en la meta o en la senda esperada", aseguró el funcionario en el seminario de perspectivas económicas de Anif.La subida de los salarios ha sido del 6 % anual por encima de la inflación lo que está presionando el costo de vida, pero también la generación de empleo formal.Hoy Colombia tiene una inflación del 8.35 % y aunque la cifra es significativamente menor a la de hace unos meses, es la tercera más alta en la región, superada solamente por Argentina y Venezuela que no tienen un banco central independiente del Gobierno.Villar explicó que hay razones adicionales para mantener la cautela, entre ellas, las elevadas expectativas sobre la inflación en el país por parte de los agentes de mercado.Gobierno pide al Banco de la República que siga bajando las tasas de interésPor su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el objetivo de enfriar la economía subiendo las tasas de interés ya se cumplió y que es momento de abrirle paso a la reactivación económica."No estamos pidiendo que bajen las tasas por debajo de la inflación, solo que sigan la senda de reducción", dijo Bonilla.Le puede interesar:
El Gobierno nacional anunció un plan de austeridad y recorte del gasto que implicará ahorros para las cuentas de la nación por más de 600.000 millones de pesos.El plan de austeridad es obligatorio para todas las entidades que hacen parte del Gobierno central como ministerios, departamentos administrativos, agencias, entre otros."Como se viene trabajando hace rato, el Gobierno tiene que ser más eficiente en el gasto y más austero. Y aquí la austeridad se debe reflejar en términos de reducir los costos de viaje, reducir costos de publicaciones, y otros tipos de costos en los cuales efectivamente solo gaste en lo absolutamente necesario e indispensable. No nos vamos a concentrar, como lo hicieron otros gobiernos, a pensar en reducir el café y el papel higiénico. Ese no es nuestro problema", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Bonilla explicó que un punto importante será el gasto en arrendamientos. Varias entidades están 'gitanas' en Bogotá luego de que salieran del Centro Administrativo Nacional (CAN) y no se construyera un nuevo edificio como estaba en los planes. Bonilla dice que ahora hay que asegurarse de que los arriendos que hoy tienen que pagar esas entidades sean a precios de mercado y que avance el proyecto de construcción de la empresa inmobiliaria nacional Virgilio Barco.¿Por qué hay un decreto de austeridad en Colombia?Desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, hace ya más de cinco años, los presidentes firman un plan de austeridad anual.Lo hacen porque año a año el Congreso introduce en la ley de presupuestos un artículo que obliga al Gobierno a adoptar medidas de recorte y medidas que eviten los gastos suntuosos. La idea es que cada año el mecanismo sea más estricto.Por ejemplo, después de la pandemia del COVID-19 el decreto empezó a incluir la obligación de hacer eventos virtuales o en sedes propias en lugar de acudir a un mayor gasto en logística.Este es el segundo plan de austeridad con la firma del presidente Gustavo Petro y el primero bajo la supervisión del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En cuidados intensivos se encuentra el conductor de un bus de servicio público que fue atacado por atracadores en el área metropolitana de Bucaramanga, por este motivo el gremio de transportadores realizará una protesta este domingo para exigir justicia por esos hechos.Empresas de transporte público del área metropolitana de Bucaramanga, entre taxistas, y buses urbanos, realizaron una manifestación este domingo para exigirle a las autoridades que capturen a los delincuentes que atacaron con cuchillos a un conductor de su gremio para robarlo en el municipio de Floridablanca, un hecho que mantiene en grave estado de salud al conductor herido.“El conductor de la buseta 275 que salía de su residencia a retirar el vehículo del parqueadero y fue asaltado por varios delincuentes en el barrio La Cumbre, donde le quitaron las cosas que llevaba que no eran de valor y le propinaron una puñalada en el estómago, ya pues fue trasladado a la clínica Ardila Lule donde fue intervenido”, explicó Edwim Pinzón, directivo de la empresa de transporte Unitransa.El conductor que fue herido en hechos que ocurrieron en el barrio La Cumbre, fue identificado como Edinson Olarte Ortega, quien lleva más de 19 años trabajando como conductor, sin embargo, en este momento tiene pronóstico reservado ante la fuerte agresión que recibió.El hecho generó rechazo y e indignación por parte de los transportadores ya que el conductor no tenía la de valor y solo llevaba el portacomidas para el trabajo del día, razón por la cual los conductores enviaron un mensaje a las autoridades para que aumenten la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que en cualquier lugar los delincuentes pueden agredir a los conductores y huir con facilidad.
Durante una diligencia de registro y allanamiento en El Carmen de Viboral, Antioquia, las autoridades hallaron aproximadamente 1.500 kilos de marihuana tipo cripy, distribuidos en 1.350 paquetes y avaluados en aproximadamente 1.500 millones de pesos. Esta cantidad estaba almacenada en cajas de cartón que se encontraban ocultas dentro de una bodega.Según las investigaciones policiales, la sustancia estupefaciente había sido transportada desde Corinto, Cauca, con el propósito de almacenarla temporalmente en el lugar de la incautación, para posteriormente distribuirla en menores cantidades en los municipios del oriente antioqueño y particularmente en la ciudad de Medellín."Las personas que pertenecen al grupo criminal Los Chatas y es un estupefaciente que viene desde el municipio de Corinto, iba a ser almacenada en El Carmen para ser distribuida en menores cantidades", manifestó el coronel Carlos Martínez, comandante del Departamento de Policía Antioquia.Este golpe contra el tráfico de estupefacientes afecta significativamente al grupo delincuencial organizado Los Chatas, que está inmerso en la cadena de abastecimiento de drogas entre los departamentos de Cauca y Antioquia.
Dos décadas después del accidente en el que una máquina que apoyaba la construcción de lo que hoy es la avenida Suba cayera encima de un bus que transportaba estudiantes del colegio Agustiniano Norte, la institución hizo público el cronograma e invitación para la conmemoración de las víctimas del accidente.Como cada año, en la parroquia San Nicolás se celebra una eucaristía privada con las familias y comunidad educativa del colegio. Sin embargo, para conmemorar los 20 años, en la Catedral Primada de Colombia se celebrará la misa abierta al público a las 10:30 de la mañana. Al terminar la eucaristía, se tiene previsto un recorrido desde el colegio hasta el monumento 21 Ángeles en la Av. Suba con calle 138, esto será a la 1:30 de la tarde. Estando allá, hay dos actividades planeadas. Los estudiantes y colaboradores de la institución harán entrega de una ofrenda floral y a las 3:25 de la tarde se realizará la paraliturgia en honor a las familias y víctimas.Se tiene previsto que el alcalde Carlos Fernando Galán, concejales y servidores publico acompañen esta jornada.
Dos personas fueron heridas con disparos en un intento de robo a una comercializadora en el centro de Bucaramanga, pero ante la reacción policial los tres delincuentes no lograron concretar el hurto.En la calle 34 con carrea 10, tres hombres armados ingresaron a una comercializadora exigiendo todo el dinero y haciendo varios disparos, que hirieron a un hombre identificado como Carlos Gómez y una mujer identificada como Teresa Torres, sin embargo, la Policía del cuadrante intervino, lo que generó un tiroteo y una persecución.“Dentro del establecimiento comercial conocido como 'Comercializadora' ingresan tres sujetos armados, insultando y exigiendo el dinero de la venta del día, al no acceder a las pretensiones, golpean en la cabeza con la cacha del arma a un hombre y posterior se percatan que en el segundo piso hay más personas dónde los obliga a descender y acciona el arma de fuego contra la humanidad de la víctima de otro hombre”, explicó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Aunque la persecución de la Policía contra los tres delincuentes en motocicletas se extendió a los barrios Girardot, Santander y al estadio de fútbol, los delincuentes lograron escapar dejando caer un arma de fuego en su huida.“En inmediaciones del lugar se encontraba un subteniente, líder de vigilancia, quien escucha la detonación e inicia la búsqueda, dónde se percata la salida de tres sujetos del establecimiento con armas de fuego en la mano, los cuales huyen a bordo de tres motocicletas, de inmediato reporta e inicia a hacer los cierres y la persecución”, agregaron las autoridades.Posteriormente en la huida por la calle 34 con 10, los delincuentes hicieron unos disparos y los uniformados que iban en la persecución repelieron el ataque y continuaron siguiéndolos por la carrera 9 con quebrada seca, más adelante una motocicleta ingresó al sector del barrio Girardot y posteriormente a la cancha del barrio Santander y las otras subieron por el boulevard hacia el estadio.
El resguardo Motilón del pueblo Barí, que agrupa más de 2.400 miembros de sus comunidades, fue acreditado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el Caso 07 que investiga el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado. En una diligencia llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de abril, en Cúcuta, Norte de Santander, máximas autoridades del Pueblo Barí y otros integrantes de sus diferentes comunidades le contaron a la JEP cómo la presencia de los grupos armados en su territorio ancestral alteró su cosmovisión, su lengua Barí-ara, sus costumbres y su fuente alimentaria.Concretamente, este resguardo se refirió a los hechos de reclutamiento y utilización que sufrieron por parte de las Farc-EP y el Ejército, ocasionando “que los sueños de las niñas y los niños se apagaran” y fracturando la transmisión de los saberes ancestrales a las nuevas generaciones.Junto a los pueblos indígenas Hitnü y Koreguaje, el resguardo Motilón Barí es el tercer pueblo indígena acreditado en el Caso 07, en el cual, a la fecha, 6.381 víctimas han sido reconocidas por la JEP y por ello han podido participar como intervinientes especiales. De ellas, 851 son víctimas individuales (61 % de ellas son mujeres y 39% hombres) y 5.530 son víctimas colectivas.Los intervinientes en la diligencia manifestaron que, después de los esfuerzos y la organización de las autoridades del pueblo étnico, ser reconocidos como víctimas en un macrocaso de la JEP significó “un gran triunfo para el Pueblo Barí”.Los Barí se ubican sobre la hoya del río Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en la Serranía de los Motilones, departamento de Norte de Santander, en jurisdicción de los municipios de El Carmen, Convención y Teorama.