Históricamente la temporada de Semana Santa es uno de los momentos a lo largo del año donde se incrementa el tráfico de fauna y flora silvestre, situación que también pone en alerta a las autoridades para reforzar sus controles.Y es que al notar la presencia de la policía un hombre huyó abandonando un costal en el que llevaba 30 cangrejos azules en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño.Estos cangrejos, con una alta demanda en la alimentación de habitantes de la zona por estos días, fueron dejados a disposición de la autoridad ambiental Corpourabá y posteriormente liberados en su hábitat natural.Al ser declarada como una especie en vía de extinción, las personas halladas responsables de comercializar estos animales podrían ser puestas a disposición de la Fiscalía por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales.
Recientemente la Superintendencia de Subsidio Familiar había aportado información ante entidades judiciales sobre posibles hechos de corrupción en la construcción de la sede en el municipio de Turbo de la caja de compensación familiar.El ente de control advertía en un primer momento sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación del proyecto de infraestructura.Precisamente las primeras intervenciones y auditorías que se adelantaron, evidenciaron fallas al código de buen gobierno y manual de contratación, por lo que dadas estas pruebas, el ente de control traslada el caso a la autoridad competente para que sea quien defina la veracidad de los hechos.“Proyectos de la nueva sede turbo, pues encuentran para ellos material que creen que debe ser analizado y revisado por otro ente de control, para que sea este el que defina si hay mérito o no en abrir una investigación. Con respecto a ese tema es un contrato del año 2022, esta es una administración nueva, nosotros seguimos respondiendo trabajando y entregando la información que soliciten", indicó desde Comfenalco, el director, Esteban Gallego Restrepo.De igual forma, confirmó que iniciaron un plan de mejoramiento en la caja para reorganizar procesos y acogerse a los manuales de contratación y supervisión, estableciendo un modelo que garantice la independencia en la selección de los proveedores en pro de la ejecución de los contratos.
La información fue compartida por Aguas Regionales de EPM, empresa encargada de prestar el servicio de agua en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.A través de un comunicado se informó a los habitantes de ese municipio que con motivo de la temporada seca de este año, a partir de febrero se impondrán horarios para la distribución de agua.Así las cosas, los barrios y sectores Lucila, Hoover Quintero, Manizales, Jesús Mora, Gonzalo Mejía, Floresta urbanización El Tesoro y Monterrey II tendrán un horario de distribución del líquido entre las 5 y las 9 de la mañana.Por otro lado, en los barrios Santa Fe La Playa, Buenos Aires, Julia Orozco y Villa María el suministro se hará entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche.Aguas Regionales también informó que los horarios están sujetos a modificación, esto dependiendo de la disponibilidad del caudal de la fuente y los altos consumos durante la época.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Turbo durante el 2023, según la información de la Fiscalía los involucrados sostenían una relación de pareja sentimental y al momento de la mujer quedar embarazada de gemelos decide terminar dicha relación.Sin embargo, el hombre no aceptó la decisión y empezó a acecharla constantemente y en repetidas ocasiones la insultó en vía pública. "Decidió acecharla de manera constante e insultarla en varias ocasiones en vía pública y a sabiendas, que la mujer estaba en embarazo el investigado le habría propinado una patada en el vientre y pretendía golpearla con un palo, pero los vecinos se lo impidieron", destacó el director de Fiscalía en Antioquia Daniel Parada.Luego de ser golpeada en esta parte, la mujer estuvo hospitalizada durante varios días por el riesgo que la agresión supuso para el embarazo. Por su parte el hombre fue capturado el 21 de enero de este año y no se allanó a los cargos imputados.Le puede interesar:
Tras dos días de búsqueda y exhumación de cuerpos en el cementerio municipal de Turbo liderados por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, este tribunal reveló que en ese camposanto del Urabá antioqueño se realizaron dos hallazgos forenses que podrían corresponder al cuerpo de una víctima del conflicto armado. La Alcaldía de esa localidad del Urabá antioqueño también se vinculó a estas tareas a través del préstamo de una máquina retroexcavadora y durante las jornadas el Departamento de Atención a Víctimas, como parte de su estrategia psicosocial, estuvo presente para acompañar a víctimas de la violencia en esta región del país.La más reciente labor se trata de la segunda intervención en este cementerio luego de inicios de mayo de 2023 hasta donde llegaron expertos forenses tras recibir información acerca de presuntas muertes y desapariciones forzadas de personas ilegítimamente presentadas como bajas en combate que podrían haber sido inhumadas allí.Durante esa primera búsqueda se hallaron dos cuerpos que se encuentran en la fase de identificación en el laboratorio de Medicina Legal en Medellín y ahora los últimos restos óseos recuperados quedaron a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Turbo para que realice los respectivos análisis que permitan identificar a las víctimas y hacer la eventual entrega digna a sus familias.
En entrevista con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, anunció medidas en respuesta al reciente atentado terrorista perpetrado por el Clan del Golfo en la madrugada de hoy en Antioquia.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó enérgicamente el ataque que resultó en la muerte de un soldado y dejó a 12 militares heridos en la zona rural del municipio de Turbo. En una decisión contundente, Rendón anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘El Indio’, presunto cabecilla de la estructura criminal.El general Martínez detalló que el ataque ocurrió mientras un pelotón del ejército llevaba a cabo operaciones para garantizar la seguridad en la zona. Según Martínez, el Clan del Golfo atacó como respuesta a las constantes operaciones de la fuerza pública en la región.Ante este escenario, el gobernador Rendón ordenó al secretario de Seguridad establecer un plan de recompensas inmediato para todos los integrantes de las estructuras criminales en el departamento. Martínez confirmó que se ofrecerán 50 millones de pesos por la captura de Wilder de Jesús Alcázar Morales, presunto responsable del atentado.Martínez subrayó la importancia de visibilizar a los criminales y anunció que trabajarán en coordinación con los organismos de seguridad y justicia, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, para ofrecer recompensas y llevar a cabo procesos judiciales contra los miembros del Clan del Golfo.“Llos vamos a visibilizar y vamos a ofrecer precio por sus cabezas. Eso es muy importante, porque eso nos ayuda a que la gente se motive para dar información. Desafortunadamente, nos enseñamos a eso en este hermoso país a que, si no hay una recompensa, pues la comunidad no ofrece información, entonces por todo los cabecillas del Plan del Golfo, y no sólo por los cabecillas, lo ha dicho el señor gobernador por cualquier integrante, de manera directa o indirecta de ese clan. Estamos ofreciendo recompensa, lo mismo que por todos los criminales que estén haciendo acciones para desestabilizar la seguridad y la tranquilidad del departamento de Antioquia. Los vamos a visibilizar”, dijo.En cuanto al Estado de salud de los doce militares heridos, Martínez informó que son estables y esperan que evolucionen favorablemente con la atención médica adecuada.El secretario de Seguridad de Antioquia concluyó reiterando el compromiso de perseguir incansablemente a los responsables del atentado, enfatizando que se actuará de manera responsable y respetuosa de los derechos humanos. La nueva política de recompensas busca garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Antioquia en colaboración con las autoridades nacionales.En un ataque con explosivos del Clan del Golfo en Turbo un soldado murió y 12 más resultaron heridos.Los hechos ocurrieron en la vereda Los Enamorados, donde en horas de la madrugada, soldados pertenecientes a la Décima Séptima Brigada del Ejército adelantaban operaciones militares, cuando fueron atacados por presuntos integrantes de la subestructura Juan de Dios Úsuga, del Clan del Golfo.En el ataque, el soldado profesional Luis Orlando Caballero perdió la vida y doce militares más, entre ellos dos suboficiales, resultaron heridos. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la región, donde se encuentran recibiendo atención médica.
Hace unas semanas Fedepalma hizo un llamado al Gobierno Nacional para frenar la invasión a predios palmeros de la finca Buenos Aires, ubicada sobre la vía Panamericana en el corregimiento El Dos, en el municipio de Turbo Antioquia. El dueño del predio denunció en los micrófonos de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, cómo decenas de personas invadieron sus 100 hectáreas de tierra y destruyeron sus cultivos de palma.Luego, el abogado de ganaderos de Puerto Boyacá, José Alejandro Ramírez, contó que, al parecer, existiría un modus operandi para que se invadan las tierras a sabiendas de que los propietarios tienen sus documentos en regla. Uno de los casos se habría presentado en la finca Aguas Vivas.Pese a las denuncias de estas personas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro continua con la entrega formal de tierras. Al respecto se pronunció Gerardo Vega, actual director de la Agencia Nacional de Tierras y en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, quien aseguró que “ninguna entidad del Gobierno está invitando a invadir o a ocupar tierras indebidamente”.Según dijo, “hay un problema de la tierra de 60 años sin resolver” y, en ese sentido, comentó que para el sector rural “deben existir los mismos derechos que para las personas que viven en las ciudades”, pues “existe una diferencia en el tratamiento”.Sobre las denuncias de los predios invadidos, Vega insistió en que la Policía ha actuado en esos casos y “el Gobierno está actuando en defensa de la propiedad de esas personas”.Y respecto a las denuncias del abogado Ramírez, aseveró que se ha comunicado con ganaderos de la región y ha preguntado si este los representa, a lo que le respondieron que no, que lo que está buscando es “tener notoriedad en los medios de comunicación para contratar”.Por eso, recordó que elaboraron un comunicado para aclarar que “nadie de la Agencia Nacional de Tierras está invitando a invadir” porque lo que están haciendo, según dijo, es “solucionando el problema de las tierras” en estas regiones.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:Le puede interesar:
Las lluvias en el Urabá antioqueño provocaron una nueva tragedia. Los organismos de socorro de dos municipios se concentran a esta hora en la búsqueda de una menor de 6 años de edad que fue arrastrada por la quebrada La Yoya, en el municipio de Turbo.Según Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Dagran, la pequeña estaba en compañía de su familia caminando cerca de la quebrada, cuando la creciente súbita los sorprendió y la arrastró."Una familia que caminaba cerca de la quebrada La Yoya fue sorprendida por una creciente súbita. Esta creciente arrastra las personas que estaban cerca de la quebrada y desafortunadamente una niña de 6 años es arrastrada y no se ha encontrado aún", puntualiza el Gómez.Según el director, en primera instancia la comunidad de la zona que está ubicada a unas 4 horas de la cabecera municipal de Turbo, fue la que lideró las labores de búsqueda a la que ahora se suman los organismos de socorro de dos municipios, "pues una vereda que es retirada, pero es más cerca del municipio de Necoclí, entonces los bomberos de Necoclí también van a apoyar esta búsqueda".Este caso se suma al de Medardo Antonio García, un adulto mayor de 74 años, quien falleció tras la creciente de la quebrada Juan García, de la vereda La Merced del Playón, del municipio de Liborina, en el occidente de Antioquia.Por esta razón, el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, para disminuir situaciones riesgosas como consecuencias de las lluvias, hacen varias intervenciones en el departamento con maquinaria, aprovechando los días secos para mitigar el riesgo por inundación y avenidas torrenciales recurrentes durante esta época.Le puede interesar:
En días anteriores, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Carlos Gómez, propietario del predio donde se encuentra ubicada la finca Buenos Aires, en el municipio de Turbo, Antioquia, entregó detalle sobre la situación que se vive actualmente en el terreno luego de que sus 100 hectáreas fueran invadidas por un grupo de personas que dicen ser parte de una asociación denominada Asograt.Aunque desde Blu Radio se intentó comunicación con Dagoberto Torregloza, el representante legal de la asociación agropecuaria Asograt, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.Carlos Gómez, dueño de la finca Buenos Aires, insistió a las autoridades para intervenir en la situación, pues la invasión ya deja pérdidas millonarias por cuenta de la destrucción de al menos la mitad de los cultivos de palma que estaban en el terreno. El terreno, por fortuna fue recuperado en su totalidad.“Ayer tuvimos una reunión de la Agencia Nacional de Tierras, donde se buscaba verificar si hacía parte de terrenos baldíos, luego del análisis, la agencia llegó a la conclusión de que no había ningún baldío”, dijo.“Sentimos un respaldo de Fedepalma y la Agencia Nacional de Tierras, quien, a pesar de no tener competencia, buscó que se lograra conciliación”, contó. “Hoy estamos haciendo un reconocimiento y evaluando los daños en la finca”, agregó.Apoyo de FedepalmaNicolás Pérez, presidente de Fedepalma, entregó detalles, sobre el respaldo que brindaron al proceso.“Por fortuna, en el ocurrido del año este es el único predio de palma en estricto sentido que ha sido invadido, no obstante, conversando con colegas de otros gremios en zonas palmeras tenemos invasiones en predios ganaderos que tienden a compartir espacio con la palma”, contó.Y agregó, “nosotros, desde que la familia de Carlos, su hermano Daniel, nos puso en conocimiento de la situación a inicios del mes de septiembre, pusimos a su vez en conocimiento del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Interior, lo que estaba sucediendo como cabezas tanto del sector agropecuario como en el caso del Ministerio del Interior por su interlocución con los alcaldes y gobernadores Aquí en el procedimiento jurídico hay una responsabilidad directa de los alcaldes para garantizar los desalojos”, dijo.Vea la entrevista completa aquí:
La reforma agraria se ha convertido en un tema de discusión nacional, que tiene posiciones a favor y también varios en contra ante el temor del fantasma de las expropiaciones.El Gobierno de Gustavo Petro ha prometido la compra de 3 millones de hectáreas que le entregará a los más pobres para que la produzcan.En el país se han denunciado expropiaciones exprés e invasiones que se producen sin que ninguna autoridad lo evite.En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, analizamos el caso de la Finca Buenos Aires, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia, y que enfrenta desde el pasado 3 de septiembre esta problemática.Carlos Gómez, propietario del predio, aseguró en Blu Radio que en el momento hay una ocupación en el predio, por lo cual hacen un llamado a las autoridades y al Gobierno a poner la lupa en estos casos en el país.“Este es el tercer predio que es objeto de este tipo de invasiones. Lo que sabemos es que hay de por medio una organización, porque llega un número significativo de personas y van ocupando el lugar”, contó.Sobre la situación en este terreno, aseguró que lamentablemente de parte de las autoridades no han logrado expulsar a las personas que invadieron el lugar; la invasión ya deja pérdidas millonarias.“No han podido que expulsen a los invasores con un agravante y es que han destruidos una gran cantidad de palma, se han apoderado de 58 hectáreas de la finca y están impidiendo el desarrollo productivo de la finca. Tenemos unas vías de hechos que han destruidos la mitad del cultivo de palma”, afirmó con preocupación.Gómez hace un llamado para que se respete la propiedad privada, se hagan los debidos desalojos y que en caso de haya inquietudes, se acuda a las autoridades, “no se puede permitir y que vea con buenos ojo las vías hecho”, resaltó.
Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha asegurado que es "el más interesado en que todo se aclare" tras declarar ante la jueza de Majadahonda que investiga por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí y por otros del organismo cuando él lo presidía, entre 2018 y 2023."Como dije en su momento me he sometido a su señoría, la jueza, también al ministerio fiscal, y a mis propios abogados, he contestado todas las preguntas que me han hecho. Me han repreguntado, más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir porque su señoría así lo indica aquí, voy a estar colaborando. Soy el más interesado en que todo se aclare", declaró a los periodistas."En estos cinco años en los que creo que he trabajado felizmente, he sido un privilegiado trabajando en la Federación, hemos hecho una gestión que ahí está a nivel económico, que ahí está a nivel deportivo, creo que muy buena, eso no lo puede poner nadie en duda", declaró a la salida de su declaración en el juzgado número 4 de Majadahonda, en una breve comparecencia sin preguntas."Y pues bueno, también he tenido constantes ataques, querellas, etcétera, esta es otra muestra más", continuó Rubiales, "pero desde luego, lo que mantengo, mantendré siempre, y estoy convencido de que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás, ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular, en definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad".Rubiales, que empezó a declarar a las 10.15 horas y tras un par de recesos salió más allá de las 14.30, mantuvo la línea ante los periodistas mostrada en el juzgado, donde negó haber pagado comisiones a Gerard Piqué o a su empresa Kosmos por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y también haberlas cobrado. Afirmó, incluso, que con esos contratos "se salvó el fútbol".Respecto a las obras en el estadio sevillano de La Cartuja, adjudicadas a la empresa Gruconsa y también en el foco de la investigación, Rubiales explicó que la RFEF, como entidad privada podía contratar a quien quisiese, si bien indicó que hablaron con la Junta de Andalucía y les pidieron que aportasen "algo de dinero" para acondicionar el estadio.Defendió que lo sometió al comité económico y aludió a un informe técnico del departamento de eventos que indicaba que tenía que ser Gruconsa quien hiciese las obras porque ya se le había encomendado en 2020 una auditoría técnica de las deficiencias del estadio.Rubiales explicó que si la RFEF hubiese hecho un concurso, una nueva empresa hubiese tenido que realizar ese informe técnico y todo el trabajo previo que ya había hecho Gruconsa, si bien indicó que el abogado y asesor Tomás González Cueto, también investigado, le aconsejó hacer todo "tal y como dicen las leyes de contratación pública para darle la máxima transparencia".El fiscal propuso a la jueza que el expresidente del organismo federativo siga en libertad y que conserve su pasaporte. Las únicas medidas cautelares solicitadas por el representante de la Fiscalía son las comparecencias quincenales ante el juzgado y que le comunique cualquier viaje que vaya a realizar, informaron a EFE fuentes jurídicas.La magistrada de Majadahonda (Madrid) debe decidir ahora sobre la petición que ha hecho la Fiscalía tras escuchar durante varias horas las explicaciones de Rubiales sobre su gestión, una comparecencia en la que ha asegurado a la jueza que no tiene pensado irse a vivir fuera de España.La comparecencia de Rubiales se produjo apenas unos días después de la proclamación oficial de Pedro Rocha como nuevo presidente de la RFEF, como único candidato, un día después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunciara la creación de una comisión para tutelar el funcionamiento RFEF los próximos meses.Acudió tras cambiar recientemente de abogado -ahora le defiende el letrado José Vicente Tejedor- y pocas semanas después de regresar de República Dominicana, país en el que se encontraba cuando estalló la operación policial en la que se registró su domicilio en Granada y más tarde el alojamiento que compartía con su amigo Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', en Punta Cana.Rubiales, que ya afronta una petición de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones a la jugadora Jenni Hermoso por el beso no consentido que le dio en la final del Mundial en Sídney, declaró por primera vez en esta causa, abierta en 2022 a raíz de una denuncia del presidente del Centro Nacional de Entrenadores (CENAFE), Miguel Ángel Galán.
Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, Valle del Cauca, habló en Mañanas Blu sobre la ola de violencia que vive el municipio luego del asesinato de un concejal. Por este hecho se anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre los asesinos del cabildante Jhon Freddy Gil.Con el asesinato de Gil ya son tres los concejales asesinados en este departamento en lo que va del año. Paola Castillo manifestó su dolor por el asesinato del concejal Gil y rechazó cualquier forma de violencia. También habló sobre el riesgo que enfrentan tanto ella como otros concejales, debido a las medidas que han tomado contra la criminalidad en el municipio. Además, denunció que no han recibido medidas de seguridad de la UNP, pese a haberlas solicitado.La preocupante ola de violencia en Tuluá, Valle del Cauca; dos asesinatos en un fin de semana"Estamos trabajando fuertemente para garantizar la seguridad en Jamundí. La verdad es que nos duele mucho este hecho violento en el que acabó con la vida del concejal Gil y queremos expresar todas nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos cercanos, y rechazamos cualquier forma de violencia y demás actos que han dejado, no solamente como víctima a nuestro amigo y concejal, sino otras víctimas en el municipio", manifestó la mandataria."El riesgo es inminente"De acuerdo con Paola Castillo, hay concejales que han denunciado amenazas desde el mes de enero y, hasta la fecha, no han contado con ningún tipo de protección."Nosotros hasta este momento no hemos obtenido respuesta de la UNP. Estamos esperando a que actúen y a que puedan garantizar todas las condiciones de seguridad. Como alcaldesa, en los consejos de seguridad que hemos tenido por las diferentes situaciones, le hemos expresado de manera directa a la UNP la situación que estamos viviendo en Jamundí, el riesgo extraordinario que tenemos", enfatizó.Sobre los grupos que operan en la zonaLa alcaldesa de Jamundí confirmó que uno de los grupos que opera en la zona son la disidencias de las Farc, de la estructura de Jaime Martínez, la cual sigue manteniendo control en la zona."La verdad es que es una situación que conocemos, que sabemos que en la zona rural tenemos diferentes situaciones de inseguridad. Ahorita estamos trabajando contra la extorsión, contra el hurto que se ha dado hasta ese momento. Hemos tenido muy buenos resultados en el trabajo colaborativo con la policía, pero nuestra zona rural está afectada por el conflicto armado", dijo.Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a nivel nacional para buscar intervención y recuperación del territorio, así como una inversión social en las comunidades afectadas por el conflicto armado. También resaltó la importancia de implementar medidas de seguridad en el municipio y de brindar apoyo en aspectos como infraestructura y servicios básicos."Necesitamos de la ayuda y todo el apoyo a nivel nacional para que haya intervención y recuperación de nuestro territorio, pero también hablamos de una intervención integral de seguridad, porque no es solamente la fuerza pública o militar, sino también que haya una inversión social en estas comunidades", finalizó. Escuche la entrevista aquí:
En medio de la actual coyuntura cafetera nacional, el Comité Departamental de Cafeteros de Santander, en representación de los 34 comités municipales de cafeteros y de las 33.500 familias en los 74 municipios productores de café en el departamento, emitió un comunicado en el cual expresa su respaldo total a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.El comunicado aborda varios puntos críticos que han surgido recientemente en el ámbito político y económico del café colombiano:Respaldo integral a la Federación: el Comité de Cafeteros de Santander rechazó categóricamente los pronunciamientos despectivos hacia la Federación Nacional de Cafeteros por parte del presidente Gustavo Petro y las "declaraciones erróneas de la ministra de Agricultura, las cuales generan incertidumbre en el mercado y ponen en riesgo la estabilidad financiera de los caficultores".Desconocimiento de la institucionalidad cafetera: critican la pasada Asamblea Cafetera convocada por el Gobierno Nacional sin la participación de la institucionalidad cafetera, lo cual "se percibe como un intento de deslegitimar a la Federación Nacional de Cafeteros como representante legítima de los productores de café colombianos".Administración responsable de recursos: el Comité destaca la gestión responsable y transparente de los recursos del Fondo Nacional del Café por parte de la Federación, respaldada por auditorías realizadas por Entes de Vigilancia. "Se expresa preocupación ante la posible amenaza de intervención en estos recursos, que han sido acumulados desde 1940", dice el comunicado.Llamado a la acción: los cafeteros convocaron a la "bancada parlamentaria cafetera, los gremios, entes de control, los cafeteros y la sociedad en general a pronunciarse y respaldar a la Institucionalidad Cafetera en esta coyuntura crítica".De igual forma, instaron al Gobierno nacional a aportar los recursos necesarios para fortalecer el Fondo de Estabilización de Precios del Café y "se le invita a participar en el Comité Nacional de Cafeteros para definir políticas de fomento a la caficultura nacional, en colaboración con la Federación Nacional de Cafeteros".
La Procuraduría General de la Nación se pronunció respecto al nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia que fue presentado por el Gobierno nacional y que empieza este miércoles 1 de mayo. En este caso el ministerio público indica que este modelo es improvisado, ya que habría graves inconsistencias en términos de contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro.Por otro lado, se habla de un aumento de costos, si se compara con el modelo anterior, ya que aumentaría a 1 billón 100.000 millones de pesos por cada año.La procuradora, Margarita Cabello, dice que la fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros en 10 contratos y que, a partir de la implementación de este nuevo modelo para la salud de los docentes, serían más de 8.000 contratos que elevarían los costos.¿Qué está pasando con la reforma a la salud?Cabe recordar que, con la implementación de este nuevo modelo se eliminaría la intermediación de los operadores, así como los copagos y, según el Ministerio de Salud, para esto se debe cambiar la estructura interna del sistema.Para el ente de control hay muchas dudas sobre este nuevo sistema, ya que no hay personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada servicio de salud prestados.Otra de las preocupaciones de la Procuraduría es que al quedar como operador de la gestión del servicio, podría arriesgar las reclamaciones de los usuarios, ya que esta es una entidad financiera y la Superintendencia de Salud no podría vigilar y controlarla.Por esta razón, se cuestiona que el nuevo modelo no establece un responsable que vigile la calidad de la prestación del servicio ni la gestión del riesgo.Ante las dudas que hay en el ambiente por este nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia, el procurador delegado Marcio Melgosa le pide a varias directivas ajustar el proyecto, o de lo contrario, la atención en salud de los profesores quedaría en el limbo.Supersalud a las EPS: "Luego vienen a decir que el recurso no es suficiente"
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Santiago Chamorro, presidente de General Motors, habló del futuro del extenso lote en Bogotá dejará de operar una de las fábricas más emblemáticas de la compañía.Chamorro explicó que, tras la decisión de la empresa de salir de Colombia, actualmente están en un proceso de transición, evaluando los materiales y equipos que pueden ser reusados o reciclados."Lo que viene ahora es un proceso de transición en donde vamos a ver de esos materiales y de esas herramientas, de esos equipos que están allí presentes. ¿Qué se puede rehusar? ¿Qué se puede reciclar en última instancia?", comentó el presidente de GM durante la entrevista.Venta del terreno de General MotorsEl siguiente paso para General Motors es preparar el terreno, ubicado en la avenida Boyacá, con calle 56 sur, para su venta, una decisión que, según Chamorro, "es bastante interesante para la ciudad". El lote abarca un área impresionante de 280,000 metros cuadrados, aproximadamente 28 hectáreas.Esta extensión lo convierte en un candidato ideal para proyectos de gran escala que podrían beneficiar al desarrollo urbano de Bogotá.Vea también: explican qué pasará con el Chevrolet Joy, fabricado en el país, tras cierre de Colmotores“Seguramente lo vamos a poner a la venta. Primero, pasaremos el proceso de transición y más adelante estableceremos un proceso para la venta de ese espacio”, enfatizó Chamorro.General Motors se va de ColombiaLa compañía estadounidense General Motors (GM) anunció este viernes "cambios clave" en sus operaciones en Colombia y Ecuador que supondrán el cese de la fabricación de vehículos desde hoy en Colombia y a partir de agosto en Ecuador, lo que supondrá despidos masivos."Las operaciones de fabricación cesarán en la planta de Colmotores de Colombia y el proceso de desmontaje comienza hoy con un equipo reducido. En la planta de OBB en Ecuador la fabricación cesará a finales de agosto de 2024", anunció la compañía en un comunicado.Según la compañía, hasta ahora esta planta colombiana estaba operando al 9 % de su capacidad, mientras que en Ecuador se opera al 13 %, por lo que había una "subutilización" de ambas.General Motors fabrica vehículos de la marca Chevrolet en estos dos países, pero ahora "realizarán la transición a un modelo de compañías nacionales de comercialización, para así respaldar el lanzamiento de vehículos de próxima generación, incluido un portafolio de clase mundial, soportado por una experiencia excepcional para el cliente y servicios posventa", informó el gigante estadounidense."Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados, e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones", aseguró el presidente de GM Internacional, Shilpan Amin.Despidos masivos e inspección laboralEsto supondrá despidos que podrían llegar a 800 personas en la planta de Colmotores, situada en Bogotá, la única donde se fabrican vehículos en Colombia, según sindicatos."La empresa comprende el impacto que esta decisión tendrá en los empleados afectados y los apoyaremos durante su transición", añadió la compañía al respecto.Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo de Colombia informó que va a garantizar "la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores de la ensambladora de vehículos", y anunció que realizará una inspección de trabajo."He dado la instrucción a la dirección de Inspección Vigilancia y Control, de adelantar una serie de visitas a la planta para inspeccionar las condiciones laborales y verificar que se cumplan con los estándares exigidos por la ley", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.