Una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes y arresto de tres días ordenó el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga contra el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y la secretaria de Educación, María Paola Suárez Morales, por desacato a una tutela que ordenaba el traslado de una docente.En la contestación de la tutela la Gobernación de Santander advirtió que, “es jurídicamente imposible realizar un traslado de manera unilateral, al no existir convenio interadministratvo, dado que no se ha recibido respuesta de viabilidad por las Secretarías de Educación de Piedecuesta, Girón Floridablanca y Bucaramanga, municipios que cuentan con autonomía e independencia para manejar sus plantas globales docentes. Señaló, además, que no es la encargada de solicitar viabilidades de traslados a municipios certificados distintos al propio departamento".También indico que, “mediante oficios del 1° de diciembre de 2023, solicitó a las Secretarías de Educación de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón la viabilidad para efectuar el traslado por salud de la docente Paola Andrea Naranjo Ardila, oficios que fueron reiterados el 2 de febrero de 2024”.Aun así, la decisión del juez fue la de ordenar el desacato y como consecuencia multa y sanción para los dos funcionarios.Hace una semana, en rueda de prensa, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que hay en curso 243 demandas que han impuesto docentes en el departamento que ganaron el concurso y que no han sido nombrados.“Estos docentes ganaron el concurso en 2023 y la administración anterior no hizo los respectivos nombramientos, iniciamos el año con esta tarea y estamos realizando los nombramientos de 1.500 docentes. De ahí el problema de la falta de docentes en instituciones del departamento porque la mayoría eran profesores que estaban en unas sedes y ganaron el concurso para otro municipio”, señaló el mandatario.
La Corte Suprema de Justicia negó la tutela que interpuso el abogado Diego Cadena para declarar ilegales las interceptaciones al expresidente Uribe y al propio Cadena dentro del proceso por el escándalo de los falsos testigos. Con esta decisión, las interceptaciones serán consideradas pruebas legales.Dichas conversaciones entre el exmandatario y Cadena podrían ser tenidas en cuenta dentro del proceso contra el abogado por fraude procesal y soborno, debido a que la Corte Suprema las obtuvo por medio de una orden judicial.En la tutela que estudió el alto tribunal, Cadena aseguraba que se le violaron sus derechos al debido proceso y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Bogotá en 2023 decretó la legalidad de las pruebas.Aunque el abogado Cadena manifestó que esos audios pertenecían al secreto profesional con su abogado, se terminaron convirtiendo en una prueba contra el expresidente, que hasta terminó con prisión domiciliaria en su contra.Sin embargo, tanto para el Tribunal como para la Corte, las interceptaciones no violaron ningún derecho de la Constitución, porque se obtuvieron de manera legal mediante una orden judicial.
Una tutela interpuesta por Yadir Antonio Torres Palacios fue la que logró que el concurso de méritos para elegir al personero distrital de Medellín se suspendiera.Según el documento de la Rama Judicial donde se notifica la medida, el concursante denunció irregularidades en la calificación de la prueba de conocimiento después de quedar excluido, por el puntaje obtenido, del proceso.Entre otras cosas, Torres Palacio asegura que no le calcularon 4 puntos del examen y que una de las preguntas debe ser eliminada por inconsistencias entre el enunciado y la hoja de respuestas.Por esta razón se ordenó al Concejo Distrital y al Politécnico Gran Colombiano a suspender provisionalmente el proceso y abstenerse de continuar con las siguientes fases del concurso, hasta tanto “se adopte una decisión definitiva sobre las acciones de tutela de la referencia, o si durante el trámite se allegue un medio de prueba que desvirtúe las consideraciones” expuestas “y que se consideran necesarias ante un eventual perjuicio para el accionante e incluso las propias etapas del concurso”.Le puede interesar:
Jaime de Jesús Berrío Mora está a menos de un mes de cumplir los 60 años de edad y comenzar el proceso para jubilarse, pero durante el último año solo se ha dedicado a un pleito legal en busca de ser reintegrado a su cargo, con todos los beneficios que conlleva. Historia como docente de instituciones públicas del departamento se remonta a más de 23 años de servicio en los que, además de enseñar, padeció grandes momentos de violencia que le dejaron secuelas de por vida.Mientras era docente en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal, en el año 2003, el Frente 36 de las Farc detonó una bomba en la Institución mientras él estaba en el interior, producto de ello, perdió el 40% de su capacidad auditiva y es parcialmente discapacitado.Pero su último drama comenzó en diciembre de 2022 cuando le anunciaron que ya no seguiría siendo docente de la gobernación, todo a pesar de estar en régimen especial por su discapacidad, a poco más de un año de pensionarse y de haber trabajado como docente oficial desde hace más de 20 años.Ante ese anuncio Jaime de Jesús decidió interponer una tutela que falló a su favor y que obligaba a la Gobernación a volverlo a contratar hasta que se pensione; así lo contó a Blu Radio."Conociendo mi discapacidad, el derrame que tengo en la pierna y por dos veces el abogado yo les pedimos que me trasladara y no me trasladó, me mandan primero para Andes cuando vuelvo y pongo la orden de desacato me mandan para Puerto Berrío en primaria", cuenta Jaime de Jesús.Efectivamente en noviembre de este año el docente fue reasignado en una institución de Andes, pero luego trasladado a una en Puerto Berrío, municipio con un clima que lo afectaría médicamente por un derrame que tiene en una de sus piernas y en primaria, cuando su preparación y capacidad califica para secundaria y media."Coloco la tutela porque yo era prepensionado, tengo régimen especial por las enfermedades, entonces fuera de eso yo tuve que demandar también el desacato porque no me están pagando", añadió el docente. El fallo del desacato indica a la secretaria de Educación, Mónica Quiroz, y al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a reintegrar a Jaime de Jesús en una institución educativa en un municipio donde no se afecte su salud, además de garantizar su empleo y prestaciones por el tiempo que estuvo por fuera y hasta el momento en que se pensione.Blu Radio consultó con la Secretaría de Educación de Antioquia el caso de este docente, pero hasta el momento no existe una respuesta. Le puede interesar:
En medio de la vacancia judicial para la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes por la temporada de fin de año quedan varios interrogantes sobre qué servicios seguirán funcionando en medio de ese periodo de descanso para los funcionarios judiciales.Durante la vacancia sólo prestarán sus servicios la Jurisdicción Especial para la Paz, los juzgados promiscuos de familia, los juzgados penales municipales, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Para quienes necesiten interponer una tutela, se puede radicar o tramitar por procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea para que por reparto se asigne al juzgado que queda trabajando durante esta época de fin de año o los turnos que designen los tribunales.En cuanto a la suspensión de términos procesales en entidades con asuntos jurisdiccionales, la vacancia judicial cobija a la Superindustria, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se debe tener en cuenta que la Supersociedad suspenderá términos entre el 23 de diciembre hasta el 14 de enero del próximo año.Le puede interesar:
Recientemente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, fue aceptado por la JEP, tras algunas diligencias tanto públicas como reservadas en las cuales se refirió a las presuntas alianzas entre empresarios, militares y políticos con las Autodefensas. Posteriormente se conoció que en su audiencia reservada Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la masacre del Aro.Teniendo en cuenta que Mancuso había pedido que esta información fuera reserva interpuso una tutela ante la JEP para que se le protegieran sus derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad personal, pero además el exjefe paramilitar denunció amenazas desde que empezó su proceso de aporte a la verdad en la JEP."Finalmente, expuso que, el 11 de septiembre del año en curso, solicitó medidas de seguridad y protección ante la Sub sala Especial E de la Sdsj y el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA, en favor suyo, de su equipo de defensa y de su familia, debido a las amenazas de las que han sido víctimas como consecuencia de su participación en la JEP. Sin embargo, aseveró que, a la fecha, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud" señaló la JEP en su decisión.Por otro lado, se le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que explique cuáles fueron las medidas que se tomaron para garantizar la reserva de la información, también si hubo alguna acción que se hubiera tomado después de que se filtrara la audiencia reservada y si conocieron sobre la solicitud de medidas de protección que hizo el exjefe paramilitar."Esta magistratura encuentra procedente ordenar la implementación inmediata de la medida provisional señalada en precedencia, que deberá mantenerse vigente hasta que se profiera el respectivo fallo de tutela, salvo que esta magistratura determine lo contrario. Así mismo, su cumplimiento deberá ser acreditado inmediatamente por la Sdsj, remitiendo a este despacho las constancias a que hubiere lugar" señala en la decisión la magistrada Gloria Amparo Rodríguez.Le puede interesar:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos la medida cautelar que había ordenado el juzgado 35 contra el corredor verde de la carrera séptima con lo cual la Administración Distrital podrá seguir adelante con la licitación del proyecto.Ante esta decisión, la alcaldesa Claudia López y el Consorcio Vial del Norte; presentaron tutelas de forma independiente, que terminaron siendo respaldadas por el Tribunal Administrativo.En primer lugar se ordena “amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de los accionantes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.Y se deja entonces “sin efectos la providencia del 25 de octubre de 2023, mediante la cual se decretó la medida cautelar para que en su lugar, dentro del término de dos (2) dias, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, profiera una nueva decisión con observancia de las consideraciones”.Pero el Tribunal va más allá y reprocha la decisión de fondo del juzgado, cuando exigió suspender el proceso “hasta tanto el proyecto del Corredor Verde por la carrera séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo”.Dice el Tribunal Administrativo que dicha orden implica una clara intromisión o invasión en las competencias del propio Concejo Distrital y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.Le puede interesar:
Una nueva polémica se desató alrededor de la elección del nuevo registrador nacional, después de que se conociera un informe técnico firmado por Mary Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde desmentía la versión de las altas cortes sobre la supuesta falla en el sistema que obligó a suspender y reprogramar la prueba para elegir al próximo registrador nacional del Estado Civil.La escuela Lara Bonilla aseguró en el documento que el 26 de agosto de 2023, día que se realizó la prueba, se hizo un monitoreo constaste a las URL aprobadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para hacer el examen y se evidenció “normalidad en el flujo de paquetes de datos”.“De conformidad con lo expuesto, se puede evidenciar, con sustento en el seguimiento que se le hizo a la red, que los equipos de cómputo no presentaron ningún inconveniente, al momento de la presentación de las pruebas”, dice el informe.Dicho documento enviado a las cortes, se dio en medio de una tutela que presentó Lennart Castro, uno de los aspirantes al cargo, contra los organizadores del concurso de mérito para elegir al próximo registrador racional.La tutela argumenta que habría aspirantes inhabilitados, falta de documentación e inconsistencias en la prueba de conocimiento para reemplazar a Alexander Vega, y solicitan que se publiquen los resultados de la evaluación de la etapa clasificatoria conforme a las “reglas del concurso y en orden estrictamente descendente”..Lo grave de este diagnóstico es que iría en contra del comunicado que presentaron los presidentes de las altas cortes a finales de agosto donde informaron que “en cumplimiento del cronograma previamente establecido, fueron convocados y reunidos los aspirantes hábiles dentro del proceso de escogencia del registrador nacional del Estado Civil para la presentación de las pruebas de conocimiento y de competencias”“En el curso de la primera de estas se presentó una falla en el sistema que obligó, por motivos de transparencia y de respeto debido a la igualdad, al aplazamiento de su ejecución”, agregaronEl informe presentado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla detalla que los delegados de las Cortes, media hora después del arranque de las pruebas, decidieron “reiniciarlas y dispusieron la salida temporal de los participantes de las aulas. Minutos después, solicitaron a los participantes regresar a los salones, donde les fue informado que se suspendían las pruebas por problemas técnicos en la aplicación web prevista para el proceso y que se reprogramarían posteriormente, a través de una adenda al cronograma”.Informe secretarial:Lea también:Le puede interesar:
La Alcaldía de Bogotá y las tres empresas oferentes del megaproyecto del Corredor Verde de la carrera Séptima interpondrán una acción de tutela ante la decisión de un juez de suspender el proyecto.“En defensa a los derechos de los bogotanos, de los empresarios y de la Alcaldía, hemos decidido interponer una tutela en defensa de los derechos y el debido proceso”, manifestó López.“Siempre he tenido el temor de que por no entregar el corredor verde, el gobierno se pegue a eso para tumbar el Metro. Yo prefiero no dejar ninguna rendija o excusa abierta para que el presidente pare el metro”, explicó la alcaldesa en una rueda de prensa. El proyecto del Corredor Verde tramo 3 plantea desde la calle 93A a la calle 200 el diseño integral del corredor con una longitud aproximada de 12.5 km.“No es función de la Rama Judicial decidir los diseños de infraestructura de un proyecto, le corresponde a la Ejecutiva, por eso somos electos. Tenemos a un juez de la República que ha usurpado funciones que no les corresponden”, manifestó la alcaldesa.IDU abre nuevamente la licitación para los lotes 3 y 4 de la nueva Calle 13La alcaldesa Claudia López también anunció que las empresas interesadas en participar en esta megaobra, tendrán plazo para presentarse hasta el 30 de noviembre próximo.El IDU realizó varias reuniones para escuchar a las empresas interesadas en el proyecto. Durante este proceso se recogieron inquietudes y observaciones que permitieran abrir hoy una nueva licitación para estos tramos de la nueva Calle 13.Para el Distrito, este es uno de los proyectos estratégicos que aportará una solución a la conectividad de Bogotá Región.Los tramos uno y dos están adjudicados y en etapa preliminar a la construcción.Le puede interesar:
Con una acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rodolfo Hernández, busca reactivar su candidatura a la Gobernación de Santander que fue revocada por el Consejo Nacional Electoral por tener tres sanciones disciplinarias en la Procuraduría entre los años 2019 y 2023. En ese sentido la Acción de Tutela argumenta violación al derecho a la igualdad entre otros.“Se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, dejar sin efectos la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander en contra de Rodolfo Hernández Suárez, dentro del proceso CNE-E-DG-2023-024075 que cursa ante el Consejo Nacional Electoral”, dice la acción de tutela.Esta es la tutela de Rodolfo Hernández:Camilo Larios, uno de los abogados de Rodolfo Hernández explicó que: “Vamos a buscar un recurso de reposición para agotar la vía gubernativa y una acción de tutela porque sabemos que esto es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por una autoridad administrativa, ya el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido enfáticos en decir que la Procuraduría no puede limitar derechos políticos, sin embargo, basados en esa sanción impuesta en el Procuraduría el Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que ha sido muy debatida y se logra afectar los derechos del ingeniero”.“En consecuencia, de la prosperidad de las pretensiones, se garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de mi cliente, especialmente los de elegir y ser elegido, y se ordene la inmediata y efectiva restitución del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez como candidato inscrito a la Gobernación de Santander para el periodo 2024-2027”, dice otra de las peticiones de la Acción de Tutela.A través de sus redes sociales Hernández escribió: “Usaré los medios legales que tengo como ciudadano para seguir firme contra la politiquería y los corruptos que se tomaron el sistema, porque esta decisión de revocatoria fue eso, politiquera: magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé, instituciones como la Procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contenedores”.
La reforma pensional está ad portas de convertirse en ley en Colombia, y sobre todo el proyecto y el articulado aprobado por el Senado en días recientes son muchas las preguntas que quedan para los cotizantes.Para hablar sobre esta reforma, se conectó a Sala de Prensa Blu, Kevin Harman, experto en sistemas pensionales, con amplio conocimiento sobre el sistema colombiano, y analizó las implicaciones de la reciente reforma aprobada por el Congreso de la República. En la conversación, Harman destacó la importancia de tener en cuenta las particularidades de cada persona al momento de abordar el sistema pensional. Señala que la pensión es un reflejo de la vida laboral de cada persona, y que factores como la estabilidad laboral, los salarios y las oportunidades de cotización pueden afectar significativamente la pensión final. En cuanto a la reciente reforma pensional, Harman afirma que hay aspectos positivos y otros que requieren mayor atención. Por un lado, destaca el pilar solidario de la reforma, que busca garantizar una ayuda económica a aquellas personas que no han tenido una pensión adecuada. Sin embargo, también resalta la importancia de fortalecer el pilar semi-contributivo, ya que muchas personas podrían quedar relegadas a este pilar debido a las dificultades del mercado laboral. Harman, además, hizo énfasis en la necesidad de aumentar la protección social en la vejez, teniendo en cuenta la realidad laboral y las desigualdades existentes en el país. También mencionó la importancia de facilitar la cotización al sistema de pensiones para aquellos trabajadores informales, y propone la implementación de programas que permitan cotizar de forma gradual y accesible. Privado vs. PúblicoEn cuanto al debate sobre los fondos privados de pensiones y el sistema público, Harman señala que ambas opciones tienen ventajas y desventajas dependiendo del perfil y los ingresos del trabajador.Explicó que los fondos privados pueden ser más beneficiosos para aquellos trabajadores con salarios más bajos, mientras que el sistema público puede ser más adecuado para aquellos con salarios más altos. Sin embargo, resalta la importancia de garantizar la sostenibilidad del sistema y buscar mecanismos para evitar pensiones insuficientes en el futuro. "Entonces si usted gana entre uno o dos salarios mínimos, normalmente le conviene más estar en un fondo privado, ¿por qué? Porque existe ese mecanismo que pueden ser menos años y está el fondo de garantía de pensión mínima", detalló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En San Juan de Rioseco, Cundinamarca, la comunidad se encuentra consternada por el brutal asesinato de Juliana Maecha, una niña de tan solo 15 años. Juliana, quien vivía con sus abuelos en una vereda del municipio, fue encontrada muerta en una quebrada, cerca de su hogar, luego de no llegar a casa tras regresar del colegio."La verdad es un hecho que nos tiene muy consternados, lamentamos muchísimo el fallecimiento de Juliana Maecha, una niña de 15 años que vivía en una vereda aquí del municipio de San Juan de Rioseco junto a sus abuelos. Habitualmente se desplazaba a la institución educativa donde cursaba noveno grado", indicó Ericka González, alcaldesa de San Juan de Rioseco.Según Juan Carlos Pardo, secretario de gobierno del municipio, Juliana bajó de la ruta escolar que la llevaba a casa, pero nunca llegó. Preocupados, sus abuelos comenzaron a buscarla junto a la comunidad. Trágicamente, la encontraron sin vida en una quebrada cerca de su residencia. Inmediatamente, dieron aviso a la estación de policía del municipio, quienes se desplazaron al lugar.En este momento, la Policía Judicial se encuentra en la zona realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, el gobernador de Cundinamarca ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a la captura del o los responsables de este horrendo crimen.La noticia ha generado conmoción en toda la región y ha despertado el llamado de las autoridades a la comunidad para colaborar en el esclarecimiento del caso. "Es fundamental la colaboración de todos para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen atroz. Pedimos a la comunidad que si tienen alguna información relevante, la compartan con las autoridades", expresó la alcaldesa González.La comunidad de San Juan de Rioseco se encuentra de luto y exige justicia para Juliana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones con la esperanza de encontrar prontamente al responsable de este terrible crimen que ha conmocionado a todos en el municipio y en el departamento de Cundinamarca.
Este domingo, 28 de abril, en Sala De Prensa Blu, Carlos Felipe Moreno, uno de los sobrevivientes de la tragedia de 21 Ángeles del colegio Agustiniano Norte, contó su historia luego de dos décadas de haber perdido a su hermano.Carlos recuerda que, como cualquier niño, suprimió recuerdos de su infancia para aliviar el dolor, sin embargo, lo condena la reminiscencia de aquel día que aún acecha su mente. Su recuerdo más impactante es de él volando por el aire junto a su hermano, quien lamentablemente perdió la vida en este trágico accidente.Dos décadas del accidente de bus del colegio Agustiniano Norte"La gente que vive esta situación siente que tiene dos opciones: renegar de Dios o afianzarse en él. Personalmente, creo que la segunda es la mejor elección. Es decir, siento que esta es una oportunidad para encontrar una vida espiritual más profunda y trascendente, para salir de uno mismo. A veces nos concentramos demasiado en alcanzar ciertos estatus o metas, y olvidamos que estamos aquí por un propósito más grande que nosotros mismos", afirmó.Durante estos 20 años, las familias de los niños fallecidos han seguido unidas, encontrando consuelo y apoyo mutuo, y esta fecha quisieron tomarla para reunirse, recordar y homenajear a sus seres queridos. A Carlos, esta reunión le ha hecho revivir sentimientos de nostalgia y dolor, pero también de amor y de unidad.La pérdida de su hermano mayor ha dejado un vacío en su vida que nada puede llenar, sin embargo, Carlos se aferra a la memoria de su hermano y agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de seguir adelante. Él ve su supervivencia como una oportunidad para encontrar un propósito más allá de sí mismo y ayudar a los demás.En este aniversario de la tragedia, Carlos manda un mensaje a su hermano Sebastián Camilo, recordándole que siempre estará presente en su vida. Su amor y recuerdo son su motor para seguir adelante."Mi hermano, esta lucha continúa. Son 20 años que estás presente y siempre estarás presente, que el recuerdo tuyo y de los otros, angelitos, pues nos permita siempre darnos cuenta de lo verdaderamente importante, que siempre vamos a recordar ese amor y esa ternura y que va a ser siempre nuestro motor para seguir adelante", dijo.Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace:
La Defensoría del Pueblo emitió el informe de tutelas por vulneración del derecho a la salud durante el 2023. De las 633.475 tutelas interpuestas en el país, 197.765 corresponden a servicios relacionados con la salud, siendo la tercera cifra más alta desde que ese mecanismo de protección fue instaurado en la Constitución de 1991.El recurso para amparar el derecho fundamental a la salud aumentó el 26,44% en relación con el 2022, cuando fueron interpuestas 156.413.“El mayor número de tutelas se sigue concentrado en los departamentos de Antioquia, con el 18,79%, seguido de Valle del Cauca (10,83 %), Bogotá (9,61%), Norte de Santander (7,35%) y Santander (5,75%). No obstante, el registro por cada 10.000 habitantes dio cuenta de que Arauca, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y San Andrés tuvieron los indicadores más elevados”, dice el informe de la Defensoría del Pueblo.Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el 80.72 %, se constituyeron como las entidades más vulneradoras, seguida por las instituciones prestadoras de salud (IPS), como las que prestan servicios al Magisterio (4,92 %), y el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía (4,47 %).La Nueva EPS, hoy intervenida, fue la aseguradora más tutelada, al registrar 44.323 acciones constitucionales (actualmente, con más de 10 millones de afiliados), para una participación del 27,37%. En segundo lugar se ubicó la también intervenida Sanitas, con 16.212 tutelas (10,01%). Le siguieron Sura EPS, con 15.170 (9,37%), Savia Salud, con 14.255 (8,8%), y Asmet Salud, con 12.459 (7,68%).Atendiendo al número de tutelas por cada 10.000 afiliados, Savia Salud fue la aseguradora con el indicador más alto, al registrar 85. Le siguieron Asmet Salud, con 68; Comfaoriente, con 57; Servicio Occidental de Salud, con 50, y Emssanar, con 46.Los pacientes que más interpusieron tutelas fueron aquellos que padecen tumores (11,73%), enfermedades del sistema osteomuscular (9.51 %) y enfermedades del sistema circulatorio (9.42 %).
En el Club Militar de Paipa, Boyacá, el presidente Gustavo Petro se reúne en este momento con su gabinete ministerial para analizar la situación política del país y estudiar los efectos de las recientes movilizaciones, particularmente las ocurridas el domingo 21 de abril.Desde el sábado 27 de abril el Consejo de Gobierno se reunió en este conclave donde ya abordaron los siguientes puntos:Se expusieron los avances, la evolución y los desafíos del Programa de Gobierno.El Departamento Nacional de Planeación presentó los evidentes avances del gobierno y el seguimiento a los indicadores de gestión y las prioridades de cada entidad.Se reafirmó la importancia de pasar de una economía extractivista a una productiva.Se solicitó reportar y cargar de manera periódica la ejecución presupuestal, destacando la efectividad, estrategia y planificación en el uso de los recursos asignados por parte de los ministerios y direcciones.El Ministerio de Hacienda resaltó la relevancia de impulsar los sectores estratégicos de la economía y la necesidad de reestructurar el modelo productivo colombiano, reduciendo la dependencia de las bonanzas petroleras.Se destacó la necesidad de fortalecer la comunicación sobre los avances y logros del Gobierno Nacional.Se hizo un llamado a fortalecer la conexión y participación de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno, tanto en barrios de las grandes ciudades como en zonas rurales del país.En el marco de la planeación estratégica, se revisó el presupuesto de 2025, se establecieron las fechas de las metas y se expusieron los legados que el Gobierno Nacional tiene previsto dejar en 2026.Se reafirmó el compromiso de trabajar en equipo y avanzar en el cambio social consignado en el programa de gobierno.