La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al mayor general (en retiro) del Ejército Nacional Jorge Arturo Salgado Restrepo, tras aprobar un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación por delitos relacionados con irregularidades en la contratación pública.
La decisión fue adoptada el 11 de marzo de 2026 en Bogotá dentro del proceso radicado con el número 00352. El exoficial fue declarado responsable de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por la cuantía, delitos que afectan la administración pública.
De acuerdo con la investigación, las irregularidades se registraron en procesos contractuales adelantados en la Cuarta Brigada, específicamente en el Batallón de Servicios No. 4 Yariguíes, adscrito a la Séptima División del Ejército Nacional. Salgado Restrepo se desempeñó como comandante de esa división desde el 29 de diciembre de 2015, con sede en Medellín.
Según lo pactado en el preacuerdo, el entonces comandante intervino para que contratos de cafetería fueran adjudicados a la empresa Distrilogística, representada por Samir Fernando García Buitrago, mientras que contratos de ingeniería y construcción fueron entregados a la firma Ingecodi S.A.S., vinculada a la familia de la ingeniera Viviana González.
La Fiscalía estableció que los contratistas eran informados previamente sobre los parámetros de los procesos de contratación, lo que les permitía ajustar sus propuestas para resultar favorecidos. Al mismo tiempo, la entidad contratante acomodaba requisitos relacionados con experiencia y otras condiciones para facilitar la adjudicación a esas empresas.
La investigación también reveló que los acuerdos incluían una modalidad de financiación irregular mediante la cual los contratistas suministraban bienes y servicios al oficial y a otros militares, con la expectativa de ser compensados, posteriormente, mediante contratos estatales.
Como resultado de este esquema, los contratos fueron utilizados para cubrir gastos personales del exoficial, entre ellos tiquetes aéreos, pagos en restaurantes y clubes sociales, eventos culturales, alquiler de inmuebles, servicios públicos y combustible, por un total de 151.397.660 pesos. Además, se estableció que obtuvo 36 tiquetes aéreos privados para él y su familia por un valor de 18.621.469 pesos.
La condena se produce tras la aceptación de responsabilidad por parte del procesado dentro del preacuerdo avalado por la Corte Suprema.
El documento de 65 páginas indica que la sanción es: “imponer a Jorge Arturo Salgado Restrepo treinta y nueve (39) meses y quince (15) días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cuarenta y nueve (49) meses y tres (3) días, y multa de cuatrocientos sesenta y seis coma sesenta y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes”. No obstante, el hombre quedará en libertad.
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