Una nueva controversia se ha generado en Santander por la posible llegada de una empresa investigada por la Contraloría General de la Nación. Se trata de DiBanka S.A.S., firma que ha sido objeto de cuestionamientos en auditorías relacionadas con un convenio suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).
Los cuestionamientos tienen origen en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a CASUR, en las que fueron identificados hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia.
De acuerdo con la documentación conocida por los veedores, uno de los aspectos más polémicos corresponde a la contratación inicial de DiBanka en 2020 para la administración de libranzas de los afiliados a CASUR. En ese proceso, la Contraloría detectó que la firma consultora que recomendó la contratación de DiBanka compartía vínculos con la empresa beneficiada, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.
Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.
Veedores ciudadanos advirtieron que esa compañía estaría buscando quedarse con el millonario contrato para administrar la plataforma tecnológica utilizada por la Secretaría de Educación de Santander, pero fuentes consultadas por Blu Radio, señalaron que "no es cierto que esa empresa llegue a la Gobernación de Santander, no tiene ningún vínculo existente, ni lo tendrá, porque se siguen las orientaciones del Ministerio de Educación".
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La plataforma digital de la Secretaría de Educación de Santander es una herramienta estratégica para la gestión administrativa de créditos por libranzas de los funcionarios (docentes, personal administrativo y servicios generales) del sector educativo. Por esta razón, desde la Gobernación afirman que no tendrá cambios. La empresa Soporte Lógico S.A.S. acompaña desde hace varios años al departamento en la implementación de la plataforma para gestión de libranzas.
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Este proceso está en el marco de un contrato suscrito con el Ministerio para brindar asistencia técnica, capacitación y soporte funcional al sistema de información de recursos humanos a través de la plataforma transaccional SYGNUS, diseñada para administrar procesos de libranzas en línea, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y eficiencia en el manejo de descuentos por créditos y otras obligaciones financieras de los funcionarios.
Sobre Dibanka S.A.S, se conoció que mantiene contratos similares con otras entidades del Estado como las alcaldías de Girón, Girardot, Inpec, las gobernaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cesar y Nariño.
"Empresas investigadas por la Contraloría o cualquier otra entidad por presuntas irregularidades y que no hallan sido sancionadas o judicializadas, podrán participar en procesos contractuales con el Estado, hasta que no exista un fallo definitivo en su contra", dijo el reconocido abogado administrativo, Carlos Alfaro Fonseca.
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