Una controversia se generó por la posible llegada a la Gobernación de Santander de una empresa que fue investigada dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por la Contraloría General de la Nación. Se trata de DiBanka S.A.S., firma que tuvo en su momento cuestionamientos en auditorías relacionadas con un convenio suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), en Bogotá.
La Contraloría General de la República en la auditoria realizada en su momento a CASUR, identificó posibles hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia en el contrato entre CASUR y DiBanka.
De acuerdo con la documentación conocida por los veedores ciudadanos de Bucaramanga, uno de los aspectos que generó polémica corresponde al convenio inicial de DiBanka para la administración tecnólogica de los datos de los afiliados a CASUR. En ese proceso, en su momento la Contraloría detectó que posiblemente la firma consultora contratada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional habría recomendado a DiBanka, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.
La Contraloría en su momento habría advertido posibles inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo contractual entre DiBanka y CASUR. Veedores ciudadanos advirtieron que esa compañía estaría buscando quedarse con la administración la plataforma tecnológica de la Secretaría de Educación de Santander, a través de un convenio, pero fuentes consultadas por Blu Radio, señalaron que "no es cierto que esa empresa llegue a la Gobernación de Santander, no tiene ningún vínculo existente, ni lo tendrá, porque se siguen las orientaciones del Ministerio de Educación".
La plataforma digital de la Secretaría de Educación de Santander es una herramienta estratégica para la gestión administrativa de nómina y de créditos por libranzas de los funcionarios (docentes, personal administrativo y servicios generales) del sector educativo del departamento. Por esta razón, desde la Gobernación afirman que no tendrá cambios. La empresa Soporte Lógico S.A.S. acompaña desde hace varios años al departamento en la implementación de la plataforma para gestión de libranzas.
Este proceso está en el marco de un contrato suscrito con el Ministerio para brindar asistencia técnica, capacitación y soporte funcional al sistema de información de recursos humanos a través de la plataforma transaccional SYGNUS, diseñada para administrar procesos de libranzas en línea, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y eficiencia en el manejo de descuentos por créditos y otras obligaciones financieras de los funcionarios, señalaron funcionarios de la Secretaria de Educación de Santander consultados por Blu Radio.
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"Empresas investigadas por la Contraloría o cualquier otra entidad por presuntas irregularidades y que no hallan sido sancionadas o judicializadas, podrán participar en procesos contractuales con el Estado, hasta que no exista un fallo definitivo en su contra", dijo el reconocido abogado administrativo, Carlos Alfaro Fonseca, tras ser consultado sobre estos cuestionamientos realizados por veedores ciudadanos.
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BLU Radio conoció que la Contraloría General de la República archivó la Indagación Preliminar No. 89112-2025-49566 / AC-89112-2025-41272, relacionada con la ejecución del Convenio Específico de Cooperación Tecnológica No. 1 suscrito entre DIBANKA y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), tras concluir que no existió daño patrimonial al Estado.
La decisión quedó consignada en el Auto No. 0044 del 16 de marzo de 2026, expedido por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, luego de analizar el material probatorio recopilado durante la actuación fiscal.
Según el documento, la entidad de control determinó que "los fundamentos de hecho planteados en el hallazgo objeto de la presente actuación carecen de alcance fiscal, pues del recaudo probatorio queda debidamente desvirtuada la existencia del daño patrimonial al Estado".
Como consecuencia, el proceso fue archivado en aplicación del artículo 16 de la Ley 610 de 2000, norma que regula el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal cuando no se configuran los elementos que permitan establecer un detrimento al patrimonio público.
El convenio objeto de la indagación ya había sido finalizado y liquidado al momento de adoptarse la decisión de archivo.
DIBANKA señaló que la determinación de la Contraloría ratifica que no existió afectación a los recursos públicos en la ejecución del convenio con CASUR. En ese sentido, la entidad advirtió que difundir o reiterar los hallazgos de auditoría sin informar que la actuación fiscal fue archivada por inexistencia de daño patrimonial ofrece una versión incompleta de los hechos y puede inducir a error sobre la situación jurídica del caso.
Con esta decisión, la Contraloría dio por terminada la actuación preliminar al concluir que no existían méritos para adelantar un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el convenio de cooperación tecnológica.
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Actualmente Dibanka S.A.S, mantiene convenios donde ofrece su portafolio de apoyo tecnólogico con entidades del Estado como las alcaldías de Girón, Girardot, Inpec, las gobernaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cesar y Nariño.
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