Una nueva controversia rodea el proceso para escoger el operador de la plataforma digital de la Secretaría de Educación de Santander. Veedores ciudadanos advirtieron sobre posibles irregularidades en el proceso y expresaron su preocupación por la eventual adjudicación del contrato a la empresa DiBanka S.A.S., firma que ha sido objeto de cuestionamientos en auditorías relacionadas con un convenio suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).
Según los denunciantes, la compañía estaría buscando quedarse con el millonario contrato para administrar la plataforma tecnológica utilizada por la Secretaría de Educación, pese a los antecedentes que han sido documentados en informes de auditoría de organismos de control sobre su participación en el manejo de libranzas de pensionados y retirados de la Policía Nacional.
Los cuestionamientos tienen origen en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a CASUR, en las que fueron identificados hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia.
De acuerdo con la documentación conocida por los veedores, uno de los aspectos más polémicos corresponde a la contratación inicial de DiBanka en 2020 para la administración de libranzas de los afiliados a CASUR. En ese proceso, la Contraloría detectó que la firma consultora que recomendó la contratación de DiBanka compartía vínculos con la empresa beneficiada, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.
Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Casur informó, en mayo de 2020, a cerca de 105.000 afiliados sobre la elección de la plataforma de Dibanka, antes de que la empresa estuviera legalmente constituida. De acuerdo con registros mercantiles, Dibanka solo formalizó su existencia ante la Cámara de Comercio en agosto de ese mismo año, meses después de haber sido recomendada tras un supuesto estudio de conveniencia elaborado por la firma Digital Consulting Group.
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Asimismo, los informes señalan presuntas inconsistencias en la publicación de documentos contractuales, diferencias en los porcentajes de compensación económica a favor de la entidad pública y observaciones sobre la ausencia de soportes técnicos para algunas decisiones financieras adoptadas durante la ejecución del convenio.
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Los veedores sostienen que estos antecedentes deberían ser analizados con detenimiento antes de avanzar en cualquier proceso contractual que involucre recursos públicos en Santander. También pidieron a los organismos de control realizar un seguimiento especial al proceso de selección para garantizar transparencia, libre competencia y protección del patrimonio público.
La plataforma digital de la Secretaría de Educación de Santander es una herramienta estratégica para la gestión administrativa de docentes e instituciones educativas del departamento. Por esta razón, la elección del operador tecnológico reviste especial importancia, no solo por el valor económico del contrato, sino por el impacto que tiene sobre la prestación de los servicios educativos.
Actualmente Dibanka S.A.S, mantiene contratos similares con otras entidades del Estado como las alcaldías de Girón, Girardot, Inpec, las gobernaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cesar y Nariño.
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"Empresas investigadas por la Contraloría o cualquier otra entidad por presuntas irregularidades y que no hallan sido sancionadas o judicializadas, podrán participar en procesos contractuales con el Estado, hasta que no exista un fallo definitivo en su contra", dijo el reconocido abogado admnistrativo, Carlos Alfaro Fonseca.
El Sindicato de Educadores de Santander analiza la situación para emitir un pronunciamiento de fondo tras conocer la situación que se podría presentar si se cambia de operador para el manejo de los datos crediticios de más de 9.000 docentes a cargo de la Gobernación de Santander.
Otras fuentes consultadas por Blu Radio, señalaron que ese es un tema muy técnico. "Por eso es necesario tener un estudio claro que determine si se debe cambiar o no de operador de la plataforma tecnológica de la Secretaría de Educación Departamental", manifestaron.
"Esperamos que la Secretaría de Educación de Santander emita un pronunciamiento sobre estos cuestionamientos, que son validos en esta clase de procesos contractuales y dar claridad", aseguraron los veedores.
Los ciudadanos que realizaron la advertencia solicitaron que el proceso sea revisado por los organismos de vigilancia para despejar cualquier duda sobre la legalidad y transparencia de la contratación por parte de la Sacretaría de Educación de Santander.
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