El Hospital Universitario de Santander (HUS) respondió a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advirtió sobre una posible intervención de la institución por presuntos retrasos en la formalización laboral y la ejecución de proyectos por 33.000 millones de pesos.
La gerencia del hospital aseguró que existe voluntad clara de avanzar en la formalización, pero advirtió que esta debe hacerse con criterios técnicos, financieros y legales que garanticen la sostenibilidad de la entidad.
El gerente del HUS, Ricardo Hoyos, explicó que durante la visita de los ministros de Trabajo y Salud se reiteró el compromiso de adelantar un proceso de formalización laboral “responsable, sostenible y ajustado a la ley”, con el fin de preservar la estabilidad institucional y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
Frente a los recursos mencionados por el Ministerio, la institución precisó que los cerca de 60.000 millones de pesos anunciados en noviembre pasado no corresponden a incentivos nuevos, sino al pago de una deuda histórica del Gobierno Nacional por la atención brindada a población migrante.
“Son recursos por servicios ya prestados y una obligación legal del Estado, no un fondo adicional para ampliar la planta de personal”, señaló la gerencia.
El hospital subrayó que cualquier ampliación de la planta implica costos permanentes, especialmente en un contexto de aumento del salario mínimo, por lo que debe garantizarse la sostenibilidad presupuestal a largo plazo.
En ese sentido, Hoyos recordó el antecedente del antiguo Hospital Ramón González Valencia, liquidado en 2005 por falta de pagos, como un riesgo que no puede repetirse.
La administración del HUS advirtió además que la formalización no puede ejecutarse de manera improvisada ni bajo presiones coyunturales, ya que requiere análisis técnicos, respaldo financiero y la aprobación de la junta directiva, órgano competente para autorizar decisiones estructurales que comprometen el futuro de la institución.
Otro de los puntos señalados por el hospital es la crítica situación de cartera. Según la gerencia, sin garantías de continuidad en los pagos del Gobierno Nacional y el cumplimiento oportuno de las EPS, cualquier proceso de formalización representaría un riesgo financiero.
Indicó que las EPS intervenidas adeudan cerca de 300.000 millones de pesos, cifra que equivale al 70 % de la cartera y que se incrementó tras las intervenciones.
Pese a este panorama, el HUS confirmó que recibió una multa sancionatoria del Ministerio de Trabajo cercana a los 3.000 millones de pesos, aún no ejecutada, y que cuenta con plazo hasta junio para presentar un proyecto base que permita avanzar en la formalización de un grupo significativo de trabajadores.
La institución aseguró que este requerimiento está siendo atendido con “seriedad y responsabilidad”.
Finalmente, el hospital manifestó preocupación por lo que calificó como discursos con tintes políticos emitidos desde algunos escenarios públicos por parte de los ministerios, en medio de un contexto preelectoral. Según la gerencia, estas manifestaciones generan incertidumbre y afectan la confianza institucional.
“El hospital está al día en el pago de salarios, no presenta riesgo financiero inmediato y actúa conforme a la autonomía regional consagrada en la Constitución de 1991”, concluyó el HUS, insistiendo en que la formalización laboral debe ser una política de Estado con respaldo financiero continuo y no una exigencia sin garantías.