En la audiencia de verificación de cumplimiento del fallo que ordenó el cierre del relleno sanitario El Carrasco, el juez Quince Administrativo de Bucaramanga concluyó que las autoridades locales y nacionales deben implementar, en el corto plazo, una nueva tecnología de procesamiento de residuos o definir un nuevo sitio para la disposición final de las basuras del área metropolitana.
El juez convocó a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como al gobernador de Santander y a los ministerios de Ambiente y Vivienda, a instalar el próximo lunes 6 de octubre una mesa técnica ambiental en la que se consolidará un plan de acción definitivo para dar cumplimiento a la sentencia emitida en 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander.
Helbert Panqueva, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), destacó que la instrucción más importante del juez es que todas las instituciones implicadas en la problemática se sienten en una mesa técnica ambiental para estructurar el plan de acción de largo plazo.
“Este plan básicamente debe establecer una tecnología o ubicar un nuevo relleno para dar cumplimiento al fallo que desde 2011 ordenó el cierre de El Carrasco. La operación se mantiene, la empresa de aseo está comprometida y así lo ha querido también nuestro alcalde de Bucaramanga, garantizando la prestación del servicio, pero ya son circunstancias de un proceso que completa 14 años y que exige a todos los actores trabajar por la sostenibilidad del territorio”, señaló.
El cronograma definido establece que el 6 de octubre deberán estar presentes todos los alcaldes, el gobernador y los ministros, de manera presencial o virtual, para la instalación formal de la mesa. Posteriormente, el 16 de octubre se llevará a cabo un encuentro de los equipos técnicos de las entidades involucradas; el 13 de noviembre se reunirán nuevamente los mandatarios del área metropolitana; el 27 de noviembre deberá presentarse la propuesta final de mejoras; y el 16 de diciembre se celebrará una nueva audiencia de verificación, en la que ya tendrá que estar en funcionamiento la alternativa definida, antes de iniciar la vacancia judicial.
Así las cosas, los municipios del área metropolitana deberán acelerar la búsqueda de soluciones estructurales para garantizar una gestión integral de los residuos sólidos.
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