Los cinco hombres capturados tras el violento asalto a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, podrían enfrentar penas que partirían desde los 33.3 años y llegarían hasta los 50 años de prisión, dependiendo del avance del proceso judicial y las decisiones que tomen frente a un eventual juicio o una terminación anticipada. Así lo explicó el abogado penalista Mauricio Marín, quien analizó los escenarios jurídicos de este caso que conmocionó a la ciudad.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con porte ilegal de arma de fuego agravado y hurto calificado y agravado en grado de tentativa. Estos cargos, dijo Marín, se les aplican a todos los involucrados, pero las penas finales dependerán de factores individuales como antecedentes judiciales recientes, anotaciones previas y del tipo de negociación procesal que quieran adelantar.
Según el penalista, "el delito más grave es el homicidio agravado, contemplado en el artículo 104 del Código Penal, cuya pena va de 400 a 600 meses de prisión, es decir, entre 33,3 y 50 años. A partir de esta pena base, se sumarían los incrementos por los otros delitos en concurso", explicó.
Marín también indicó que existen dos escenarios para los procesados, ir a juicio, donde el juez podría imponer la pena en el último cuarto dependiendo de sus antecedentes o una terminación anticipada, como un preacuerdo o principio de oportunidad, con lo cual la pena podría reducirse, pero siempre partiría de los 400 meses establecidos para el homicidio agravado.
Incluso señaló que las penas podrían llegar teóricamente hasta los 720 meses, aunque recordó que en Colombia la pena máxima es de 60 años, por lo que el cálculo final debe ajustarse a ese límite.
El abogado también llamó la atención sobre la ausencia del delito de concierto para delinquir en la imputación inicial. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía aún se encuentra en etapa de indagación y tiene la posibilidad de agregar este delito hasta la audiencia de acusación.
¿Hubo falla en el servicio policial?
Sobre el procedimiento policial y la muerte del Intendente Fredy Leal durante el asalto, Marín afirmó que, desde una perspectiva administrativa, podría configurarse una falla del servicio si se comprueba que la Policía tenía información previa sobre el posible robo.
“El bien jurídicamente tutelado es la vida: la de los policías, la de los ciudadanos y también la de quienes cometen delitos”, señaló. Añadió que la función misional de la Policía es la prevención y, de existir información anticipada sobre el hurto, debió haber una planeación más exhaustiva.
Marín cuestionó que, pese a que el general de la Policía afirmó tener datos que advertían del posible hecho, no se hubieran agotado todos los mecanismos para evitar la muerte del policía ni el riesgo para comerciantes y visitantes del centro comercial.
Aclaró, no obstante, que será la investigación penal y disciplinaria la que determine si hubo o no responsabilidad administrativa, y que el proceso continuará con la recopilación de informes de Policía Judicial y la evaluación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho.
Este miércoles, en audiencia, se conocerá la medida de aseguramiento impuesta a los cinco implicados en el robo a la joyería.
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