En una declaración en la Casa de Nariño, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicaron las razones por las cuales la SuperSalud ordenó la intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas.
Son tres razones principales. La primera, que esta entidad promotora de salud, según los informes, no cumple con los requisitos financieros para prestar un servicio adecuado a los más de 5 millones de afiliados, a esto se suma el incremento en las quejas por parte de los usuarios, y la deuda de la EPS con hospitales, clínicas y prestadores de servicios estaba aumentando, cerrando el año pasado en más de 2 billones de pesos.
“La superintendencia nacional decidió tomar la posesión de bienes y negocios de la EPS Sanitas. La EPS no cumplía con los requisitos financieros y las reservas técnicas de las que se ha hablado, además ha acumulado un gran número de PQR. Para el año pasado las deudas de la EPS cerraron en 2 billones de pesos que afectaban la prestación del servicio. Será alejado de su cargo el representante legal, la junta directiva y la asamblea de accionistas de esta EPS se ha designado un agente interventor”, dijo leal.
El agente interventor designado por la SuperSalud para la EPS Sanitas es Duver Dicson Vargas Rojas, quien fue agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López y subgerente de los hospitales de Villavicencio y Guaviare.
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Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio un parte de tranquilidad a los usuarios.
Lo que el Gobierno y el Ministerio de Salud quieren transmitir a los afiliados de la EPS es que pueden estar tranquilos. La intervención busca corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible. Los servicios continuarán prestándose sin ningún inconveniente
Balance 2023
Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.
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Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.
A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.
Se constató, así mismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.
Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados. Dicha disparidad, sumada a una falta crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias y de requerimientos judiciales como tutelas e incidentes de desacato, pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia de la EPS en su rol como proveedor de servicios de salud, al no lograr satisfacer las demandas esenciales de atención que son cruciales para el bienestar de sus afiliados, lo que a su vez sugiere una insostenibilidad operativa que compromete su misión fundamental.
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Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud, y en la autorización y atención de otros servicios de salud.
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