El British Medical Journal (BMJ), una de las principales publicaciones académicas en medicina a nivel internacional, dedicó un editorial a Colombia para analizar la situación actual de su sistema de salud y las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El texto sostiene que los problemas registrados en la prestación de servicios están relacionados con decisiones adoptadas desde el Ejecutivo y afirma que el deterioro era evitable.El artículo, titulado “Las reformas fallidas de Colombia demuestran por qué los sistemas de salud deben estar protegidos de la política”, describe una secuencia de hechos que, según la revista, marcaron el inicio de la crisis. “Todo empezó con retrasos”, señala el BMJ, al referirse a filas prolongadas en farmacias y a la postergación de cirugías. Posteriormente, menciona escasez de medicamentos, incluyendo insulina y tratamientos oncológicos, así como rechazos de pacientes en estado crítico en hospitales.El editorial también reporta cierres de servicios hospitalarios. “Las salas de maternidad y las unidades neonatales están cerrando sus puertas”, indica la publicación, y añade que los servicios de urgencias enfrentan sobrecarga y que se han cancelado programas de formación para médicos especialistas.Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, es citado en el texto. “La tragedia es que todo esto era completamente evitable”, afirma. En otra declaración incluida por el BMJ, señala: “Millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo. Hay muchísimas lecciones que aprender”.El artículo recuerda que, durante más de dos décadas, el sistema de salud colombiano fue presentado como un modelo en la región. Según la revista, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial destacaron la cobertura y el esquema de financiamiento, basado en subsidios estatales y competencia entre aseguradores. El BMJ indica que cerca del 99 % de la población contaba con cobertura y que el gasto de bolsillo se ubicaba entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.La publicación también menciona que Colombia cuenta con 11 de los 30 hospitales incluidos entre los mejores de América del Sur y cita una comparación publicada en The Lancet, en la que el país fue clasificado en segundo lugar en América Latina, después de Costa Rica, en desempeño del sistema de salud.Pese a estos indicadores, el BMJ afirma que el presidente Gustavo Petro impulsó una reforma estructural del sistema tras su elección. El editorial sostiene que las medidas adoptadas alteraron el funcionamiento previo y que los efectos se reflejan en la prestación actual de servicios.El texto concluye que el caso colombiano ofrece elementos para el análisis internacional sobre la relación entre política y sistemas de salud, y subraya la necesidad de evaluar las consecuencias de las reformas en contextos similares.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió sin titubeos la polémica frase “los ricos también lloran”, pronunciada días atrás en medio de la crisis del Hospital San Rafael Itagüi, y dejó claro que no se arrepiente de haberla dicho. En entrevista con Recap Blu, el jefe de la cartera aseguró que su declaración fue sacada de contexto y que, en realidad, apuntaba a denunciar prácticas de mala administración, politiquería y corrupción en algunos centros hospitalarios del país.“No, no, de ninguna manera. No me arrepiento de haber dicho eso por una sencilla razón: hay que saber quién es el que está llorando, porque desafortunadamente hay mucha gente que llora para engañar”,dijo el ministro en Blu Radio.Según el ministro, las manifestaciones emotivas no pueden ocultar años de malas decisiones administrativas. A su juicio, muchos hospitales han sido entregados “a la voracidad de políticos y de gente corrupta, ineficiente e incapaz”, lo que termina afectando directamente la prestación del servicio de salud.Jaramillo recordó su experiencia como exgobernador y exalcalde. Afirmó que durante su gestión logró recuperar hospitales en condiciones críticas, sanear deudas y dejarlos funcionando plenamente. “Cuando fui gobernador recuperé totalmente el Federico Lleras, lo dejé 0 kilómetros en todas las deudas. Lo mismo hice cuando fui alcalde entre 2016 y 2019: levanté el hospital, lo fusioné y lo dejé saneado (...) Me fui yo y hoy tuvo que intervenir la Superintendencia por corrupción, deudas y abandono”, afirmó.En el caso específico del Hospital San Rafael Itagüi, el ministro cuestionó que, pese a la posibilidad de recibir recursos del Gobierno nacional —alrededor de 2.000 millones de pesos—, la administración se negara a aceptarlos por no haber levantado embargos antiguos."Entonces aquí no pueden venir es con lágrimas de cocodrilo. A venir a presentar una situación, echarle la culpa a los demás, cuando resulta que uno tiene que cumplir con su deber, administrar bien, quitar la corrupción", sostuvo.Frente a las críticas de que, más allá de la disputa política, quienes sufren son los pacientes, Jaramillo respondió que el sistema ha buscado alternativas para garantizar la atención. Indicó que en municipios como Itagüí existen otros hospitales que sí están funcionando correctamente y que están absorbiendo la demanda de servicios.
El agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, se pronunció frente a los cuestionamientos del representante a la Cámara Andrés Forero y dio a conocer los principales resultados obtenidos durante los primeros 60 días de intervención de la entidad, en medio del debate público sobre la situación del sistema de salud.Gallo señaló que durante este periodo se adoptaron medidas administrativas y de disciplina financiera que permitieron una reducción del 43 % en la pérdida proyectada y una disminución de la siniestralidad, que pasó de 117,6 % a 108,5 %.En relación con los gastos administrativos, recordó que el sector cuenta con un tope regulado del 8 %. Según indicó, este indicador se ubicaba en 6,7 % en octubre de 2025 y cerró el año en 5,4 %, como resultado de acciones de control del gasto.En materia de atención a los usuarios, el interventor informó que se implementaron acciones para atender el rezago de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). De acuerdo con las cifras presentadas, los casos acumulados pasaron de 11.857 a 5.017, lo que representa una reducción del 58 %.Sobre las tutelas, explicó que se fortaleció el seguimiento a estos procesos, luego de registrarse un pico de 2.775 casos en octubre, cifra que se redujo a 1.808 en diciembre.El balance también incluyó la implementación de la estrategia Ruta Región, que contempló recorridos y verificación directa en los departamentos de Meta, Tolima, Santander, Magdalena y Atlántico, con encuentros con autoridades locales y prestadores de servicios de salud.Finalmente, el interventor extendió una invitación al representante Andrés Forero a una mesa técnica de gestión, con participación de los equipos responsables y soporte documental, para revisar los avances y retos del proceso de intervención.
Luego de la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.La decisión se tomó tras conocerse una alerta internacional relacionada con la posible presencia de la toxina cereulida en un ingrediente suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas fórmulas infantiles. De acuerdo con la información entregada por la compañía, dicho ingrediente corresponde al omega-6 ARA, insumo presente en algunos de los productos retirados.Sanulac informó que, una vez conocida la alerta, solicitó análisis al proveedor del ingrediente y, de manera paralela, ordenó pruebas a un laboratorio independiente acreditado. Los primeros resultados, realizados tanto al ingrediente como al producto final mediante métodos internacionales normalizados, arrojaron resultados conformes. No obstante, análisis adicionales practicados al producto ya reconstituido evidenciaron la presencia de trazas de la toxina, lo que motivó el retiro preventivo de los lotes identificados.La empresa indicó que el retiro aplica únicamente para productos específicos de las líneas Alula Gold 1, 2, 3 y Alula Gold Comfort Premium, en distintas presentaciones y fechas de vencimiento, los cuales fueron detallados en el listado oficial divulgado por la compañía. Los demás lotes de estos productos no hacen parte del proceso de retiro y no están incluidos en la medida.Sanulac solicitó a las familias no consumir los productos pertenecientes a los lotes señalados, no devolverlos a los puntos de venta, tomar una fotografía del número de lote y comunicarse con la línea de atención dispuesta por la empresa para recibir orientación sobre el procedimiento. Asimismo, recomendó desechar los productos afectados y consultar con un profesional de la salud ante cualquier inquietud relacionada con el estado de los menores.El Invima mantiene la vigilancia sobre el caso en el marco de sus competencias, mientras se adelanta el seguimiento a las acciones adoptadas por la empresa frente a la alerta sanitaria.
Un cargamento de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína fue incautado en la mañana de este lunes en aguas del Caribe colombiano, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, durante una operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La droga era transportada en un buque mercante que había zarpado desde Cartagena y tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España. La operación se extendió por más de 18 horas y se activó tras información de inteligencia que alertó sobre la posible contaminación del navío.Para garantizar la seguridad de la tripulación, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo mientras una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación. Durante la inspección, fue ubicado un contenedor en cuyo interior se hallaron 81 bultos con la sustancia ilícita, presuntamente perteneciente a una organización de crimen transnacional.El cargamento fue trasladado al muelle de Guardacostas de Santa Marta, donde unidades antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron la prueba preliminar que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la droga tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.Esta incautación se convierte en la más grande reportada en los primeros días de 2026 en el Caribe colombiano y representa un nuevo golpe a las rutas marítimas del narcotráfico que utilizan buques mercantes para camuflar grandes cargamentos con destino internacional.
Bogotá, el epicentro económico y social de Colombia, se encuentra en una encrucijada estadística y social. Durante el año 2025, la ciudad logró un avance significativo en materia de orden público: 9 de los 11 indicadores de delitos de alto impacto reportaron una tendencia a la baja. Sin embargo, en las calles de localidades como Chapinero, Kennedy o Suba, el sentimiento de vulnerabilidad persiste. Esta desconexión entre los datos oficiales y la vivencia diaria es el núcleo del debate actual sobre la seguridad urbana.Como bien señala el exconcejal Nelson Cubides, el éxito de una política de seguridad no puede limitarse a gráficos de barras. “La seguridad no se mide solo en estadísticas; se mide en la tranquilidad de la gente cuando sale de su casa y regresa sana y salva”, afirma Cubides, subrayando que la paz mental del ciudadano es el verdadero indicador de éxito.El déficit crítico de pie de fuerzaUno de los obstáculos más persistentes para la administración distrital es la cantidad de uniformados disponibles. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.153 policías, una cifra que, aunque parece robusta, es insuficiente para una metrópoli que supera los 8 millones de habitantes. Según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ciudad debería contar con al menos 300 efectivos por cada 100.000 habitantes.Bajo esta premisa, Bogotá enfrenta un déficit superior al 32 %. Esta carencia limita la capacidad de reacción inmediata y la vigilancia preventiva en puntos calientes de la ciudad. “No es razonable exigir mejores resultados cuando seguimos operando con un déficit histórico de pie de fuerza”, advierte Nelson Cubides. Para el excabildante, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la capital no han sido compensados con un fortalecimiento proporcional de la institución policial.Antecedentes y contexto: La sombra de los homicidiosLa preocupación no es infundada. El año 2024 dejó una herida abierta en la ciudad al registrar 1.204 homicidios, la cifra más alta en los últimos ocho años. Si bien el 2025 mostró señales de recuperación y control, el problema se percibe como algo estructural que requiere más que paños de agua tibia.Para Cubides, este no es un tema de tintes políticos, sino una prioridad de supervivencia urbana. “Más policías no es una postura ideológica, es una necesidad urgente para proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”, sostiene, haciendo un llamado a que la seguridad sea tratada como una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales.La tecnología como multiplicador de fuerzaAnte la dificultad de cerrar la brecha de personal de forma inmediata, la ciudad ha volcado sus esfuerzos hacia la transformación digital de la vigilancia. La integración del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) ha sido fundamental. La estrategia actual no solo contempla la expansión de cámaras de videovigilancia, sino la implementación de:Análisis de video con IA: Para identificar comportamientos sospechosos automáticamente.Geolocalización avanzada: Para optimizar las rutas de patrullaje.Sistemas privados conectados: La integración de cámaras de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales al sistema central.Modernización de la Línea 123: Inclusión de videollamadas en tiempo real y el "chat silencioso" para situaciones de riesgo extremo.Hacia una estrategia integralEl futuro de la capital colombiana depende de una fórmula que combine la presencia física con la precisión del dato. La prevención, más que la reacción, debe ser el norte de las autoridades. Cubides concluye que la eficiencia del gasto público es determinante: “Cada peso invertido en seguridad debe traducirse en más presencia en la calle y en sistemas que anticipen el delito, no solo que reaccionen cuando ya ocurrió”.Bogotá se encuentra en un momento decisivo. La meta es clara: transitar de una ciudad que sobrevive al miedo a una que prospera en la confianza, apoyada en una política pública que fusione la fuerza humana, la tecnología de punta y la colaboración ciudadana activa.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al Gobierno de Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses."Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere "dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando EE.UU..Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar a la que detuvo a Maduro si no se "portaba bien".Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
En medio de la incertidumbre que se vive en el sector salud por las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud, los entes de control le han puesto la lupa a este asunto.Anteriormente, se había conocido que la Procuraduría inició una indagación el pasado 4 de abril contra el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.Ahora es la Fiscalía que abrió noticia criminal para investigar posibles irregularidades en la destinación de recursos de la Unidad de Pagos por Capitación, UPC, por parte de las EPS y el giro de presupuesto máximos a cargo de la Adres.La decisión se da luego de un encuentro entre la fiscal, Luz Adriana Camargo, con funcionarios de la Contraloría, donde se evaluó la situación del sector salud. Blu radio había presentado un informe con corte a octubre de 2023 que dejaba en evidencia las grandes deudas de 21 Entidades Promotoras de Salud, EPS, que ascienden a los 25 billones de pesos.En dicho informe se señalaba que solo 5 EPS podían garantizar su sostenibilidad cumpliendo con las reservas técnicas: Salud Total EPS, Comfachocó, Captresoca, EPM Salud, EPS Sura.Luego de la reunión de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el contralor general de la República y el defensor del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de una investigación por los presuntos manejos irregulares de los dineros públicos de la salud en algunas EPS.La Fiscalía ordenó la conformación de un equipo especial conjunto de fiscales, expertos y peritos de las delegada para las finanzas criminales, delegada contra la criminalidad organizada y delegada para la seguridad territorial, para que adelante esta indagación ante posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación, UPC, por parte de algunas EPS.La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República.La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría acordaron trabajar articuladamente en defensa de los recursos de la salud, para empezar, por iniciativa de la Fiscalía, en la definición de las rutas del dinero y sus respectivos usos.
Ramón Abel Castaño, experto en administración pública de salud, habló sobre la crisis actual del sistema de salud en Colombia. Discutió la propuesta del Gobierno para reformar el sistema y argumenta a favor de encontrar un camino intermedio que genere consenso y permita un sistema sostenible y viable para todos.El sistema de salud en Colombia está pasando por una crisis evidente, con varias EPS intervenidas y otras en riesgo de liquidarse. Según el Magister en Administración Pública de la Universidad de Harvard, esta crisis ha sido propiciada por el propio Gobierno para lograr su objetivo de pasar una reforma que, en realidad, empeoraría la situación.¿Qué tan malo es el sistema de salud como para acabarlo o qué tan bueno es para mantenerlo?El experto en salud pública argumenta que el sistema de salud tiene problemas estructurales que necesitan una reforma, pero no una reforma radical que acabe con el sistema actual. En lugar de eso, propone fortalecer las capacidades en prevención y promoción de la salud, mientras se mantiene el sistema actual de competencia gestionada.Castaño destaca experiencias exitosas en promoción y prevención en ciudades como Barranquilla y Medellín, y argumentó que es posible mejorar el sistema sin destruirlo por completo."Al contrario, va a ser un empeoramiento de la situación. Por eso digo, ni que se quede como está, ni tampoco la reforma del Gobierno. Ahora que la reforma se cayó en el Senado, tenemos que encontrar un camino intermedio que genere un consenso amplio para que el sistema sea viable y sostenible", resaltó.En cuanto a la propuesta del Gobierno de tomar el control directo de las EPS, planteó preocupaciones sobre el incentivo que esto generaría para aumentar la utilización de servicios de salud y la posible quiebra de prestadores privados."Lo que se puede esperar es que la situación va a empeorar. No veo cómo la van a mejorar. Antes de que ellos llegaran al Gobierno, lo venían diciendo, que la solución era eliminar las EPS del medio porque era lo que causaba que las UPC fueran insuficientes. Ellos consideraban que la solución era eliminar las EPS, y eso es lo que quieren hacer", enfatizó.Finalmente, el doctor sostuvo que el sistema de salud en Colombia necesita una reforma, pero una que sea consensuada, sostenible y que fortalezca la prevención y promoción de la salud.Escuche la entrevista completa acá.
El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se refirió este domingo 7 de abril a la grave situación que atraviesan las entidades promotoras de salud, más conocidas como EPS, algunas de ellas ya intervenidas por el gobierno del actual mandatario, Gustavo Petro, que lo tienen en el ojo del huracán tras las decisiones con EPS Sanitas y Nueva EPS.En su perfil de X, el ex jefe de Estado, sin referirse de manera directa a la realidad de estas entidades, sí describió en detalle lo que, para él, está aconteciendo con el tema de las EPS y cómo desde la presidencia se estaría expropiando para modificar el sistema actual de salud."Hay diferentes maneras de expropiar y siempre los resultados han sido malos. El comunismo clásico expropió con fusilamientos; (Fidel) Castro con invasión; (Hugo) Chávez decidía en el discurso, sin instituciones, sin normas de defensa del afectado; los Kirchner con impuestos", afirmó Uribe Vélez en primer lugar, en un corto pero contundente mensaje.En concepto del expresidente, la insuficiencia o tardanza en pagos, al igual que lo que consideró "el manejo enteramente subjetivo del presupuesto", y en su caso, la combinación de impuestos de renta, patrimonio y prediales, en una pelea que tiene con el primer mandatario por sus propiedades, "son todos caminos que conducen a la eliminación de la actividad particular"."No quedarán sino dos opciones: una rápida entrega al Gobierno o una prolongada", agregó el expresidente en su mensaje, en el que puso como manifiesto la determinación que tomó Compensar EPS de someterse a un proceso de liquidación voluntaria, antes de ser intervenida por la Superintendencia de Salud.
Joséba Grajales, presidente de Keralty a nivel mundial, empresa propietaria de la EPS Sanitas, se pronunció este sábado, 6 de abril, y calificó como injusta la intervención que realizó el pasado martes el Gobierno a través de la Superintendencia de Salud a la EPS.“Quiero que sepan que nuestro principal objetivo en este momento es revertir esta situación injusta y devolverlos a casa, donde siempre han pertenecido y donde nunca debían haber sido separados. Estamos trabajando incansablemente para resolver este desafío y conseguir que se aplique la ley por todas las instituciones del país, cosa en la que confiamos. Les pido paciencia y confianza mientras trabajamos en encontrar una solución”, señaló el presidente de Keralty.Este pronunciamiento está en línea con el que ya había realizado la empresa, en donde calificaron como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria” la manera en que el Gobierno intervino en Sanitas. También mencionaron que la crisis financiera que está enfrentando la EPS es en parte culpa del mismo gobierno por no realizar el correcto análisis de las UPC.También dirigió un mensaje de apoyo a los colaboradores y afiliados de Sanitas: “En estos momentos de incertidumbre, quiero recordarles que ustedes son parte inseparable de nuestra familia. Es por eso que la situación actual nos duele profundamente, ya que sabemos que nunca debían haber sido sacados de nuestro hogar, o sea, de nuestra familia Keralty”.
A través de redes sociales se vivió una tensa discusión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, después de una serie de trinos en los que se lanzaron acusaciones, acerca de que si el sistema de salud es insuficiente por falta de dinero.Petro le dijo a Gaviria que, entre más dinero se solicite para las EPS, el estado se acerca más a la quiebra.“Se demoraron no meses, sino años para entenderlo. Tuvieron que liquidar Salucoop, y Cafesalud para crear Medimas, y luego liquidaron Medimas para crear la Nueva EPS y así, cada vez una EPS peor, como los pescaditos de oro de Aureliano, solo que el oro le pertenecía al pueblo colombiano. Se robaron la salud mi amigo y, creo, no te diste cuenta”, señaló el presidente. Sin embargo, el exministro hizo énfasis en que lo dicho por el mandatario son “falacias” y que ha estado desconectado de lo que ha mencionado el propio ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.“Pareciera que Ud. ha estado desconectado del debate durante estos últimos días. Ayer su ministro de salud reconoció ante la Corte Constitucional que la (Unidad de Pago por Capitación) UPC no alcanza. Hace unas semanas, Aldo Cadena, entonces presidente de la Nueva EPS, hizo la misma afirmación” afirmó Gaviria por intermedio de su cuenta de X.“El ministerio de hacienda, en el informe sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud, pidió también más recursos. Dijo incluso que había que recortar el gasto de otros sectores para financiar la reforma y los mayores gastos del sistema. No solo lo pido yo, lo pide también su gobierno”, agregó el extitular de la cartera.En lo dicho por Gaviria se destaca que un conversación seria sobre el tema, “esto no se trata de pescaditos de oro, ni de metáforas manidas”, sino de la vida de los colombianos sobre el financiamiento del sistema.“Hay una constante en el mundo: los sistemas de salud tienen costos crecientes, necesitan más dinero dado el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad. Ud. evade esa realidad compleja y habla simplemente de negociantes sedientes de dinero. La ideología extrema es una forma de ignorancia”, dijo.Al respecto, el jefe de Estado defendió su posición y confirmó que lo dicho por el ministro Jaramillo era con el ánimo de reestudiar el porcentaje de financiación del sistema. Pero, además, mencionó que si hay más prevención habrá menos costos en la curación de enfermedades.“El ministro de salud habló ante la corte, pero no para defender el aumento de la unidad de capitación, que ya hicimos y más que tus gobiernos, sino que defendió reestudiarla de tal manera que en porcentajes se financie más el sistema preventivo que el de las enfermedades huérfanas y de alto costo”, indicó Petro.Según él, basado en la tesis de la conferencia de salud mundial de Alma Ata. “Entre más prevención hagamos, menos costos tendremos en la curación de enfermedades, tesis que ustedes no quisieron impulsar en Colombia porque en la prevención no está el negocio sino el derecho, mientras que en la enfermedad es que aparecen las mercancías”, agregó.De acuerdo con el presidente, Gaviria se ha puesto una “venda” ante la experticia y la técnica que dice defender. “Y sobre todo ante la ciencia, porque no le dices a la sociedad que esa cifra dolorosa, no sale de un capricho mio, sino que sale de un estudio técnico del Instituto Nacional de Salud recientemente publicado”, en relación con las 363.000 muertes que de acuerdo con la entidad eran prevenibles en los últimos 10 años antes del COVID-19.Por último citó al pensador griego Aristóteles, que en su concepto dijo que “la economía era la producción de bienes para una vida buena” y la crematística (el arte de hacerse rico) “solo era el lenguaje de los negociantes”.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 7-2026 luego de identificar un posible riesgo para la salud de bebés y niños pequeños asociado a algunos lotes de fórmulas infantiles de la marca ALULA.Según la entidad, uno de los ingredientes utilizados en estas fórmulas estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria, la cual podría causar afectaciones a la salud si el producto es consumido.El ingrediente comprometido es el ácido araquidónico (ARA), un tipo de grasa (omega-6) que se añade a las fórmulas infantiles como parte de su composición nutricional. Ante esta situación, el Invima recomendó suspender de inmediato la distribución y el consumo de los productos involucrados mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.No es la primera vez que el Invima emite alertas relacionadas con fórmulas infantiles en el país. En ocasiones anteriores, la entidad ha advertido sobre riesgos sanitarios asociados a estos productos, en algunos casos en respuesta a alertas internacionales por la comercialización irregular de fórmulas vinculadas a enfermedades graves.Estos son los lotes que contienen el ingrediente contaminadoEl Invima publicó a través de un comunicado un listado con los nombres de las fórmulas infantiles, los lotes y las fechas de vencimiento y distribución en el país, y recomendó a la ciudadanía retirar inmediatamente el consumo de estos productos si adquirieron estas leches de fórmula.La alerta aplica para las presentaciones de 200, 400, 800 y 900 gramos de las fórmulas ALULA Gold Premium y ALULA Gold Comfort Premium, ante lo que la entidad solicitó a padres de familia y cuidadores revisar cuidadosamente el número de lote del producto antes de usarlo para identificar si coincide con los incluidos en la alerta sanitaria:La entidad sanitaria también exhortó a la comunidad a suspender inmediatamente el consumo de cualquier presentación incluida en la alerta y a reportar el hallazgo de estos productos a las autoridades sanitarias competentes.Las autoridades recordaron que los lotes vinculados no deben ser comercializados en Colombia y que cualquier hallazgo en puntos de venta debe ser notificado para fortalecer acciones de vigilancia y control.¿Qué responde la empresa?Luego de la alerta del Invima, la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.
Un desabastecimiento crítico de medicamentos atraviesa Colombia, denunció la representante a la Cámara Carolina Arbeláez Giraldo, con base en datos proporcionados por el Invima. La congresista aseguró que los pacientes con dificultades para acceder a tratamientos pasaron de 30.000 a más de 205.000.Según una gráfica publicada por Arbeláez en su cuenta de X, actualmente hay 15 medicamentos desabastecidos. Entre los más preocupantes se encuentra la fenitoína, usada para tratar epilepsia y convulsiones; el nifedipino, para pacientes con hipertensión y partos prematuros; la metilergometrina, para casos de hemorragia posparto; la fampridina, necesaria para esclerosis múltiple; la penicilina V para infecciones bacterianas; el quinapril para enfermedades cardiovasculares y la triamcinolona inyectable.En la publicación también advierte que otros nueve medicamentos están en riesgo de desabastecimiento. Entre ellos figuran el candesartán con hidroclorotiazida, usado para pacientes con hipertensión arterial; el rocuronio bromuro, necesario para cirugías, UCI e intubaciones; y la olanzapina inyectable, necesaria para atender crisis psiquiátricas severas.Además, la representante divulgó cifras de reclamos en salud con corte a septiembre de 2025, que dan cuenta de 205.542 quejas registradas por el Invima. A esto se suma la alerta de la Anif, que señala que las quejas al sistema crecieron un 80 %, y el reporte de Acemi sobre 1,7 millones de reclamos en un solo año, según la publicación en X.Arbeláez advirtió que cerca de 1,3 millones de pacientes podrían quedarse sin tratamientos de alto costo y que el sistema de salud enfrenta un déficit cercano a los $32 billones, un panorama que, según dijo, agrava la garantía del derecho a la salud en el país.
La crisis en la Nueva EPS continúa profundizándose, según denunció Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de esta entidad, durante una entrevista en El Radar en la que advirtió que la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, ha generado un deterioro sin precedentes en la atención médica, la entrega de medicamentos y la estabilidad administrativa.Álvarez explicó que los problemas se agravaron desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024. “En este momento es una empresa que va sin control. Hay una rotación cada dos o tres meses de todos los directivos y no hay una política clara para manejar la crisis”, afirmó. Según el líder de pacientes, en menos de dos años han pasado cerca de siete interventores, lo que ha generado desorden, incumplimiento de acuerdos y pérdida de confianza por parte de los prestadores de servicios.Uno de los impactos más visibles, señaló, ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos y la falta de atención médica oportuna. “Tenemos todos los pacientes un mes casi sin reclamar medicamentos, y el Ministerio y la Supersalud están en silencio. Nada pasa en este país con una violación tan sistemática de un derecho fundamental como es el derecho a la salud”, denunció Álvarez. A esto se suma la suspensión de diagnósticos, consultas y ayudas especializadas, lo que estaría afectando tanto a pacientes crónicos como a quienes requieren atención por primera vez.Sobre las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a embargos judiciales superiores a dos billones de pesos, el vocero fue enfático en rechazarlas. “Esto es una cortina de humo. Desde mucho antes la situación venía crítica, con cierres de servicios permanentes durante todo 2025 y ahora en 2026”, aseguró. En su concepto, el verdadero problema radica en el desorden administrativo, la insuficiencia de recursos y la falta de continuidad en la gestión.Álvarez también cuestionó la idoneidad de quienes han asumido la intervención. “Es absurdo que una empresa en crisis sea manejada por personas sin experiencia gerencial en organizaciones de esta dimensión. Las intervenciones nunca han servido para mejorar una EPS, siempre terminan en liquidación y deterioro del servicio”, advirtió.Frente a la posibilidad de un colapso definitivo de la Nueva EPS, el dirigente señaló que hablar de quiebra por los embargos es irresponsable, pues “el 80 % del giro directo sigue entrando al sistema”. Sin embargo, alertó que la falta de decisiones oportunas y el silencio de los entes de control están agravando el panorama.Finalmente, Álvarez fue crítico con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de EPS intervenidas. “Es una irresponsabilidad política, ética y legal crear más incertidumbre en los pacientes. No se puede jugar con la salud de millones de personas”, concluyó.
Lo que parecía ser un episodio común de su ciclo menstrual terminó convirtiéndose en una emergencia médica que cambió por completo la vida de Shakira Gorman, una adolescente de 17 años residente en Banbury, Inglaterra. Durante dos días, la joven soportó un sangrado intenso que atribuyó a su periodo, sin imaginar que su cuerpo estaba enviando señales de una condición extremadamente grave.Según relataron sus familiares, Shakira era una joven activa, saludable y sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, su estado empeoró de forma repentina: empezó a sentir dificultad para respirar y perdió sensibilidad en brazos y manos. Alarmados por la situación, sus familiares llamaron a una ambulancia que la trasladó inicialmente a un centro médico local.De acuerdo con su cuñada, Chelsea Coles, los médicos enfrentaron grandes dificultades para identificar qué ocurría. “Le hicieron múltiples exámenes y no encontraban una causa clara. Cuatro horas después tuvieron que remitirla de urgencia al Hospital John Radcliffe”, explicó. Esa misma noche, el dolor en el pecho y en todo el cuerpo se volvió insoportable, por lo que fue necesario sedarla para realizarle estudios más complejos.El diagnóstico llegó al día siguiente y fue devastador: Shakira había sufrido un accidente cerebrovascular espinal, una condición extremadamente poco común, especialmente en personas tan jóvenes. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo hacia su médula espinal, provocándole una parálisis casi total. De inmediato, fue ingresada a cuidados intensivos y conectada a un respirador, donde permaneció durante 15 días.Actualmente, la adolescente continúa bajo tratamiento con anticoagulantes, aunque los médicos aún no pueden determinar si logrará una recuperación completa. “El único síntoma previo que tenía era un leve dolor en el hombro y la espalda. Incluso el personal médico estaba desconcertado, porque este tipo de derrame es prácticamente inaudito en adolescentes”, señaló su cuñada.Según la organización Brain & Spine Foundation, los accidentes cerebrovasculares espinales representan apenas el 1,25 % de todos los derrames, lo que hace aún más excepcional el caso de Shakira. Hoy, la joven no puede hablar y se comunica con su familia mediante una pizarra y lectura de labios. Apenas logra mover algunos dedos y no tiene fuerza suficiente para usar su teléfono.El caso ha generado conmoción entre especialistas y familiares, quienes insisten en la importancia de prestar atención a síntomas inusuales, incluso cuando parecen comunes. Para la familia de Shakira, lo ocurrido es un llamado urgente a no subestimar ninguna señal del cuerpo, por más cotidiana que parezca.
La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) envió una carta al Ministerio de Salud en la que expone las dificultades financieras que enfrenta la red hospitalaria pública del país, asociadas al incremento del salario mínimo y a la acumulación de deudas por parte de las EPS. En carta conocida por Blu Radio, la asociación dirigió la comunicación al ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.En el documento, fechado el 7 de enero de 2026, ACESI señala que el aumento del salario mínimo para este año, fijado en 1.746.882 pesos más auxilio de transporte, impacta de manera directa a las Empresas Sociales del Estado, donde los gastos de personal representan cerca del 70 % del presupuesto total. Según la asociación, el incremento del 22,7 % no ha estado acompañado de un ajuste proporcional en los ingresos de los hospitales públicos.La carta también advierte sobre el estado de la cartera hospitalaria. De acuerdo con la información expuesta, más del 60 % de las deudas que mantienen las EPS con los hospitales públicos supera los 360 días de mora y el monto total adeudado supera los 11 billones de pesos con corte a septiembre de 2025, situación que afecta el flujo de recursos para la operación de la red pública.Además, ACESI menciona casos en los que algunas EPS no habrían aplicado incrementos autorizados de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en vigencias anteriores, lo que habría generado mayores presiones financieras sobre varios hospitales del país.En el documento, ACESI denuncia que en departamentos como Boyacá y Santander algunas EPS, entre ellas Sanitas, no habrían aplicado el incremento autorizado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante 2025, pagando a hospitales públicos valores correspondientes a la vigencia 2024. Según la asociación, esta situación habría generado un déficit adicional cercano al 5,36 % en los recursos que debían recibir las instituciones por los servicios prestados.La comunicación también hace referencia a la Resolución 2605 de diciembre de 2025, que ordena la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo para 2026. Frente a esta medida, la asociación advierte que algunas EPS estarían ofreciendo incrementos cercanos al 3 %, lo que, según el documento, no se ajustaría a lo establecido en la normativa vigente ni a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.Ante este panorama, la asociación solicitó al Ministerio de Salud la apertura de una mesa de trabajo para analizar el impacto del aumento salarial, el traslado efectivo de los recursos de la UPC y acciones frente a la cartera vencida. Hasta el momento, no se conoce respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
La Contraloría General de la República presentó un informe en el que evidencia el crecimiento de las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país. De acuerdo con el documento, entre enero y septiembre de 2025 la cartera pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, lo que representa un aumento cercano a $4 billones y un incremento del 30 % en solo nueve meses.En diálogo con Blu Radio, Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, explicó que la información analizada proviene, entre otras fuentes, de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), gremio que agrupa a más del 50 % de estas instituciones.Según el funcionario, en el listado de mayores deudores aparece de manera recurrente la EPS más grande del país, responsable de la atención de más de 11 millones de afiliados, seguida por otras entidades como Avia Salud, Emsanar, Asmet Salud y Comparta, esta última ya liquidada.Niño indicó que, por el peso que tiene en el sistema, la Nueva EPS concentra una parte importante de la cartera reportada y señaló que la Contraloría realizará una aproximación adicional con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el comportamiento del resto de las EPS en materia de deuda. Frente a las causas del incremento, el contralor delegado explicó que el informe evidencia una disminución en el flujo de recursos frente a la facturación de los hospitales.Como ejemplo, detalló que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, equivalentes al 84 % de lo facturado, lo que dejó un rezago del 16 %. En contraste, entre enero y septiembre de 2025 la facturación fue cercana a $16,3 billones, pero los pagos alcanzaron solo $12,6 billones, lo que redujo el giro al 77 % y dejó un faltante del 23 %. Según la Contraloría, esta brecha impacta directamente la operación de las Empresas Sociales del Estado y las decisiones administrativas que deben tomar sus gerentes.El informe también identifica recursos disponibles en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondientes a presupuestos máximos, que requieren gestión administrativa por parte de las EPS para su uso efectivo. Niño señaló que la próxima semana se adelantará una reunión con la ADRES para revisar esta situación y reiteró que, en el caso de la Nueva EPS, la Contraloría advierte la ausencia de estados financieros públicos desde 2023, lo que limita el conocimiento sobre su realidad financiera.Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga, afirmó que la Nueva EPS es una de las entidades con mayor nivel de deuda con la red pública, en parte por el alto número de usuarios que concentra y por la dependencia que tienen varios municipios del régimen subsidiado administrado por esta entidad. Según el gremio, entre 2024 y septiembre de 2025 la cartera con esta EPS aumentó cerca del 40 %.Zuluaga explicó que el cambio recurrente de agentes interventores ha dificultado la continuidad de los acuerdos de pago y señaló que, adicionalmente, se están devolviendo facturas completas a los prestadores, pese a que la normativa permite objeciones solo sobre servicios o valores específicos. Esta situación, afirmó, ha generado obstáculos para la conciliación de cuentas y acuerdos de pago, especialmente en las regiones.El gremio indicó que la asociación mantiene comunicación con la ADRES, aunque precisó que los giros dependen de las autorizaciones de las EPS, y confirmó que se solicitó al Ministerio de Salud la instalación de una mesa técnica para revisar la situación financiera de la red pública hospitalaria.
La eventual imposición de un arancel del 30 % a las exportaciones colombianas impactaría negativamente el envío de medicamentos a Ecuador y tendría efectos significativos sobre la industria farmacéutica nacional, advirtió Clara Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. De acuerdo con el gremio, Colombia exporta anualmente a ese país medicamentos por un valor cercano a los 50 millones de dólares, principalmente destinados al uso humano.Clara Rodríguez, presidenta de Ascif, señaló que un incremento de este nivel en los costos podría afectar de manera directa a las empresas colombianas, su competitividad en el mercado regional y la sostenibilidad de las exportaciones hacia Ecuador.De acuerdo con la dirigente gremial, el escenario planteado podría traducirse en una pérdida de participación en ese mercado, una afectación a la producción local y riesgos para la continuidad del abastecimiento de medicamentos fabricados en Colombia.Desde la asociación explicaron que el mercado ecuatoriano representa un destino relevante para varios laboratorios nacionales, en particular para aquellos que concentran su producción en medicamentos esenciales y de atención humana. En ese contexto, un cambio en las condiciones arancelarias modificaría las dinámicas comerciales y los costos de acceso para los productos colombianos.Rodríguez indicó que Asif mantendrá un seguimiento técnico permanente sobre la evolución de esta situación, con el fin de evaluar sus impactos y definir acciones orientadas a la protección de la industria farmacéutica nacional. El gremio señaló que este análisis incluirá el comportamiento del comercio bilateral, los efectos sobre la producción y las implicaciones para la cadena de suministro de medicamentos.La asociación reiteró que continuará participando en los espacios de diálogo técnico e institucional que permitan analizar las medidas comerciales y sus efectos sobre el sector farmacéutico, así como sobre el acceso y la disponibilidad de medicamentos producidos en el país.
La Contraloría reiteró la advertencia que había emitido desde 2023 sobre el grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria y amplió su llamado de atención al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la crisis financiera del sistema no solo persiste, sino que se ha agravado de manera significativa.De acuerdo con el más reciente análisis del ente de control, pese a que el giro directo de la Adres aumentó un 27.2 %, la deuda con los hospitales públicos creció de forma acelerada, al pasar de $12.5 billones en 2024 a $16.28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 30 % en solo nueve meses.“Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido”, alertó la entidad.El informe también revela una distribución desigual de los recursos. En 2025, los prestadores privados recibieron el 67.7 % del giro directo, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23.2 %, lo que profundiza la asfixia financiera de una red que presta servicios en más de 600 municipios, especialmente en zonas apartadas del país.“En 2024, los hospitales públicos facturaron $18.8 billones, pero solo recibieron pagos por $15.7 billones, equivalente al 84 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16.3 billones, pero solo se pagaron $12. 6 billones, es decir, el 77 %”, indicó el órgano de control.Por niveles de complejidad, la Contraloría alertó que la reducción en los pagos afecta a toda la red pública, con caídas significativas en los hospitales de nivel II y III, comprometiendo la sostenibilidad de servicios de mediana y alta complejidad.El ente de control también expresó su preocupación por la situación de Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos. Según la Contraloría, existen recursos de presupuestos máximos disponibles que podrían ser girados a las IPS para aliviar la crisis, especialmente en los niveles de baja complejidad.La Contraloría instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen un flujo oportuno de recursos y eviten un eventual colapso del sistema, que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
La Asociación de Sociedades Científicas (ASC) volvió a responder al Ministerio de Salud y aseguró que la respuesta entregada en el marco de una acción de tutela sobre los Equipos Básicos de Salud no atendió de forma exacta ni detallada las preguntas formuladas por el juez.De acuerdo con la ASC, la autoridad judicial ordenó que la información fuera sustentada en contrataciones reales y vigentes. Sin embargo, el Ministerio mencionó la conformación de 13.473 equipos, sin aclarar cuántos de estos se encuentran activos, vigentes o en operación, ni cómo están integrados actualmente.La asociación también cuestionó la diferencia en las cifras reportadas por la cartera de Salud. Señaló que en septiembre el Ministerio indicó que se habían girado recursos para 23.450 equipos, mientras que en la respuesta reciente no se explica qué ocurrió con cerca de 10.000 equipos ni se aclara el estado de su contratación o ejecución presupuestal.Otro de los puntos señalados tiene que ver con la conformación de los equipos. Según la ASC, el Ministerio describe perfiles posibles y hace referencia a esquemas de flexibilidad, pero no especifica cuántos profesionales integran efectivamente cada equipo ni cuántos están contratados por perfil, información que había sido solicitada expresamente en la tutela.En relación con los salarios, la asociación indicó que la orden judicial pedía claridad sobre las remuneraciones reales. No obstante, la respuesta oficial se limitó a presentar tablas de referencia, sin certificar si esos valores corresponden a lo que se paga efectivamente ni bajo qué modalidades contractuales.Sobre la vigilancia y control de la ejecución, la ASC señaló que el Ministerio atribuyó esta función a la Superintendencia Nacional de Salud, pero omitió mencionar que, de acuerdo con sus propios lineamientos, el Ministerio de Salud tiene un rol directo en el seguimiento del programa.Finalmente, la Asociación de Sociedades Científicas afirmó que será el juez quien determine si la respuesta del Ministerio cumple o no con lo ordenado en la tutela y si la información entregada satisface los criterios de claridad, precisión y detalle exigidos por la autoridad judicial.
Nueva EPS adelanta negociaciones con el gestor farmacéutico Colsubsidio y, de concretarse un acuerdo, retomaría la dispensación de medicamentos a sus afiliados a partir del 10 de febrero.La posible reanudación del servicio se daría luego de que Colsubsidio suspendiera la entrega de medicamentos desde el pasado 1 de enero, como consecuencia de una deuda que mantenía Nueva EPS con el gestor farmacéutico. Desde entonces, miles de pacientes han enfrentado dificultades para acceder a tratamientos, incluidos medicamentos de uso continuo y de alto costo.Tras la salida de Colsubsidio, Nueva EPS anunció la vinculación de nuevos gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, los pacientes reportaron que la dispensación no se normalizó y que, pese a las órdenes médicas vigentes, no recibieron los tratamientos formulados.La situación ha impactado a usuarios en al menos 11 departamentos del país, donde se han presentado quejas reiteradas por la falta de entrega de medicamentos y la ausencia de información clara sobre los puntos de dispensación habilitados. Asociaciones de pacientes han advertido sobre los riesgos que esta interrupción representa para personas con enfermedades crónicas y condiciones que requieren tratamientos permanentes.Fuentes cercanas al proceso indicaron que las conversaciones entre Nueva EPS y Colsubsidio buscan restablecer el servicio mientras se resuelven los compromisos financieros pendientes. No obstante, hasta el momento, la aseguradora no ha confirmado oficialmente los términos del eventual acuerdo ni los mecanismos para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos una vez se reactive la operación.Entre tanto, los usuarios continúan a la espera de una solución que permita normalizar el acceso a los tratamientos prescritos, mientras persisten las afectaciones en la red de dispensación en varias regiones del país.