Denis Silva, vocero de la asociación Pacientes de Colombia y quien asistió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación del sistema de salud en Colombia, en Mañanas Blu, arremetió contra el nuevo decreto del Ministerio de Salud que obliga al traslado masivo de millones de afiliados. Según Silva, esta medida no solo vulnera derechos fundamentales, sino que representa un intento de estatizar el sistema de salud por vía administrativa.Violación a la libre elección y riesgos para la vidaEl decreto estipula el traslado obligatorio de aproximadamente 6,6 millones de personas, de las cuales el 80% serán asignadas a tres EPS intervenidas por el Estado: Nueva EPS, SOS Comfandi y Savia Salud. Silva comparó la naturaleza de estos traslados con eventos históricos de encierro y eliminación, señalando que los usuarios están siendo tratados como mercancía económica (la UPC) y no como seres humanos.Uno de los puntos más críticos es la pérdida del derecho a la libre elección. Silva citó el ejemplo de afiliados de SURA en ciudades como Armenia o Pereira que, a pesar de estar satisfechos con su servicio, serán obligados a pasar a la Nueva EPS, una entidad que, según el vocero, carece de red suficiente, tiene una crisis económica "espantosa" y no posee la capacidad administrativa para atender a los más de 11 millones de usuarios que ya tiene. Además, denunció que la norma rompe la unidad del grupo familiar, trasladando solo al cotizante y dejando al resto en el limbo.Intereses electorales tras el manejo de recursosPara el vocero de los pacientes, la lógica detrás de este movimiento es netamente electoral. Silva explicó que los pacientes quedarán "secuestrados" por 60 días en la EPS asignada antes de poder intentar un nuevo traslado. Durante ese periodo, las EPS intervenidas por el Gobierno recibirán un flujo masivo de recursos para garantizar tratamientos de corto plazo, lo que podría usarse para mejorar artificialmente la percepción del sistema de cara a las próximas elecciones. Una vez pasado ese tiempo y cuando los usuarios comiencen a migrar, el sistema regresaría a la crisis actual.Hacia un monopolio estatal de la saludLa preocupación central de Pacientes de Colombia es que el Gobierno busca eliminar la competencia para que solo queden EPS de corte oficialista. Silva señaló que, con la entrada en vigencia del decreto, el Estado pasaría a manejar de manera directa entre el 66% y el 67% del sistema de salud. Esto se ve reforzado por el hecho de que la Nueva EPS es la única que cumple el criterio de concentrar más del 20% de afiliados, lo que le permite mantenerse en territorios donde otras serán expulsadas.Escuche aquí la entrevista:
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Ministerio de Salud habilitó más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos luego de que en los últimos días se evidenciara una reemergencia del sarampión en distintas partes del mundo, además de un aumento significativo en el continente americano, sobre todo en México y Estados Unidos, sedes del Mundial de Fútbol 2026.Por esa razón, el Gobierno nacional busca prevenir, sobre todo, a las personas que planean viajar al Mundial, con el fin de proteger al país de una masiva importación del virus y una posible emergencia epidemiológica por sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año se reportaron, solo en el continente, más de 14.000 casos, 32 veces más que en 2024.Además, esta semana el Gobierno confirmó que 4 personas que viajaron internacionalmente llegaron a Colombia como sospechosas de haber contraído sarampión; uno de los casos llegó desde México. Uno de los casos ya fue descartado y los otros tres continúan bajo estudios y vigilancia estricta para determinar si tienen o no esta enfermedad.Las vacunas que estarán disponibles en los puntos de vacunación gratuitos son la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente, que solamente protege contra sarampión y rubéola.¿Quiénes y cómo deben vacunarse?Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses.Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis.Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021.Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.Personas vinculadas al turismo, la hotelería y el transporte internacional.Las autoridades reforzarán la vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para la rápida identificación de posibles casos y garantizar el aislamiento oportuno de los casos sospechosos. También se fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema de salud, activando rutas de atención en IPS para los casos sospechosos; además, se dará prioridad a pacientes que presenten fiebre o sarpullido.
En las últimas horas se conoció un decreto del Gobierno con el cual podrían desaparecer algunas EPS de baja cobertura o con pocos afiliados en los territorios. Pues los usuarios serían trasladados a algunas EPS más grandes, como la Nueva EPS, hoy en día intervenida por el Gobierno.El representante a la Cámara del Centro Democrático asegura que esta medida es inconveniente y por eso le pidió al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto.“Radiqué ante el Consejo de Estado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido. También he solicitado la suspensión provisional del nuevo decreto, el 0182. Seguimos defendiendo a los pacientes”, dijo Forero.Es importante recordar que la Nueva EPS está intervenida por el Gobierno, pero además, según la Defensoría del Pueblo, en 2025 aumentaron hubo 14.603 quejas contra esa EPS por las dificultades en el acceso a servicios y medicamentos, es decir, un aumento del 107% en comparación con 2024.Con este decreto del Gobierno ahora más de 2.6 millones de usuarios de distintas EPS serían trasladas a la Nueva EPS.En las últimas horas el presidente Petro ha defendido esta decisión.“Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación. Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial”, dijo Petro.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
No paran las consecuencias al sector salud por la crisis que se vive a nivel nacional. Recientemente, la Clínica del Prado anunció el cierre temporal de 30 camas de su servicio de obstetricia en Medellín, una medida que reduce al 50% la capacidad de esta área y que responde a la compleja situación financiera que atraviesa la institución.Según el comunicado oficial de la clínica, la decisión se tomó tras un análisis técnico-administrativo orientado a garantizar la continuidad operativa y la seguridad asistencial, en un contexto marcado por incumplimientos económicos relevantes por parte de algunas EPS. La institución señaló que el objetivo es “optimizar el uso de los recursos disponibles y priorizar las áreas críticas para asegurar la atención oportuna y segura de las pacientes”.Por lo pronto, el centro asistencial privado precisó que se mantendrá la atención de urgencias obstétricas y partos para pacientes con convenios vigentes, y que los casos de mayor complejidad continuarán siendo atendidos conforme a los protocolos clínicos. Además, indicó que se activarán mecanismos de coordinación con la red asistencial para garantizar la continuidad del servicio y que la medida será evaluada periódicamente con miras a restablecer la capacidad cuando las condiciones financieras lo permitan. La doctora Catalina Orozco, especialista en pediatría, opinó que se trata de incumplimientos del Gobierno de aumentar la UPC: "La cantidad de dinero que le adeudan las instituciones prestadoras de servicio, pero el gobierno y ni siquiera estar pendiente de la dignidad humana como lo es la salud no ha destinado los recursos. Esto duele porque es que si un país no invierte en el nacimiento, en el desarrollo de futuras generaciones, ¿qué podemos esperar", detalló. Ante el anuncio, la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia (ASAGIO) expresó su profunda preocupación por el cierre de camas y la desvinculación de especialistas en ginecología, obstetricia y otras áreas, advirtiendo que esta situación refleja el deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia.El gremio señaló que la crisis tiene un origen fundamentalmente financiero, asociado a fallas estructurales en el flujo de recursos, y alertó que esto pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y la calidad de la atención. Asimismo, pidió de manera urgente al Gobierno y a los actores del sistema adoptar medidas que garanticen la continuidad de los servicios, enfatizando que “la salud de la mujer no puede esperar”.
Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Tras el cierre de dos importantes corredores viales en la subregión de Urabá por la fuerte ola invernal, los transportadores de pasajeros de Antioquia encendieron las alarmas, ya que completan 24 días sin poder operar y advierten una crisis económica y social creciente.Tránsito interrumpidoLa Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA) y la Unión de Transportadores (UTRANS) señalaron que los daños en la infraestructura vial mantienen interrumpido el tránsito en los sectores Mellitos (Necoclí), bocas del río (San Juan de Urabá) y Jalisco (Los Córdobas). La situación afecta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias que dependen del servicio, además de impactar el abastecimiento y la dinámica comercial regional."El gremio transportador completa ya veinticuatro días sin poder laborar, generando una crisis económica y social de gran magnitud, que impacta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias, cuyo sustento depende de la actividad transportadora, además de afectar la movilidad, el abastecimiento y la dinámica comercial de esta importante región", indicó.El gremio exigió al Gobierno nacional y departamental la instalación urgente de dos puentes militares, la priorización de la emergencia y medidas transitorias para mitigar las pérdidas. Advirtieron que la prolongación del problema pone en riesgo la sostenibilidad del transporte público en la subregión.Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que realizó inspecciones técnicas a los puentes Mulatos y San Juan, en San Juan de Urabá, para definir soluciones provisionales que permitan restablecer la movilidad.Según el cronograma, la Gobernación de Antioquia adelantará en tres semanas la topografía y diseños para el puente Mulatos; luego se iniciaría la cimentación y el Invías proyecta su instalación hacia mediados de marzo. En el caso del puente San Juan, los estudios tardarán cinco semanas, las obras comenzarían a inicios de abril y el montaje se prevé para mediados de ese mes.El panorama mantiene en vilo al sector, que insiste en que la respuesta estatal debe ser más rápida ante la magnitud de la emergencia.
Rappi, una de las aplicaciones de entrega rápida más populares en Colombia, ahora ofrece a los colombianos pruebas caseras para el diagnóstico del VIH. En una entrevista con La Nube, Sebastián Jaramillo, head de Rappi Ads Colombia, contó cómo la iniciativa busca romper las barreras de acceso y privacidad en la detección temprana de esta enfermedad. La prueba casera, llamada OraQuick de los Laboratorios Richmond, está disponible para su adquisición a través de la aplicación, por su puesto, incluyendo la categoría Turbo. Los usuarios de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena pueden comprar el producto de forma fácil y segura. Pasos para comprar la prueba VIH en Rappi:"El usuario ingresa a la plataforma, ingresa a nuestro botón de Turbo, va a encontrar un corredor, un pasillo, que le denominamos pruebas autodiagnósticas y en esas pruebas van a encontrar este producto. El precio promedio va a ser de 37.000 pesos", dijo en La Nube.Jaramillo destacó que la adquisición de estas pruebas a través de Rappi simplifica el proceso, evitando que los usuarios tengan que acudir a laboratorios médicos. Con la entrega rápida del test, los usuarios pueden recibir el producto en la puerta de sus hogares. La iniciativa de Rappi no solo busca facilitar el acceso a estas pruebas, sino también romper con los tabúes y estigmas que aún existen en torno al VIH. A través de campañas educativas y comunicación oportuna, también se busca concientizar a los usuarios sobre la importancia de la detección temprana y la prevención. Aunque la prueba casera tiene un alto nivel de confiabilidad, Jaramillo enfatizó que es importante confirmar los resultados mediante una visita a un médico y laboratorio especializado. La prueba casera es una herramienta que permite a las personas tomar medidas rápidas y acceder a acompañamiento profesional en caso de un resultado positivo. Además del diagnóstico del VIH, Rappi tiene como objetivo ampliar su oferta de pruebas caseras para otras enfermedades. Actualmente, la plataforma ofrece pruebas de embarazo, pero se espera que en el futuro se sumen más compañías y pruebas autodiagnósticas.
Durante un debate en plenaria del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, siguió dejando en evidencia la relación que sostiene con la presidenta de Acemi, Ana María Vesga.Según Jaramillo, se realizaron 17 mesas de trabajo con las EPS para discutir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) afirmando que esto lo puede sostener las entidades, aunque Acemi lo niegue.“Hay una señora que supuestamente representa a las EPS, pero toma decisiones sin siquiera hablar con ellas. Ella determina lo que considera conveniente sin consultar a las EPS”, señaló el jefe de carteraEstas diferencias entre la presidenta de Acemi y el ministro de Salud no son recientes, pues, hace un tiempo, se reveló que, durante una mesa técnica, convocada por la Defensoría del Pueblo para abordar el desabastecimiento de medicamentos, surgieron conflictos similares. En dicha reunión unos funcionarios del Ministerio de Salud solicitaron la expulsión de los delegados de la entidad.Por otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le solicitó a la Contraloría levantar el velo corporativo a las EPS investigadas: “Levanten el velo corporativo, para mirar dónde están los recursos que hoy no están aquí y saber dónde fueron a parar. Las que se quieren salir las que están tratando de salirse”, añadió.
El daño a los pacientes debido a la falta de atención a la seguridad es una problemática frecuente en todos los niveles del cuidado de la salud. En este contexto, la falsificación de medicamentos se presenta como una grave amenaza para la salud pública global. Estos productos pueden ser ineficaces o incluso causar daños severos a órganos vitales como el hígado, riñones y cerebro. ¿Cómo diferenciar un medicamento falsificado de uno original?Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la definición de medicamento falsificado o adulterado es cualquier medicamento cuya presentación sea falsa con respecto a:Identidad: Incluidos el envase y etiquetado, el nombre o composición en lo que respecta a cualquiera de sus componentes, y su dosificación.Origen: Incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular autorizado para la comercialización.Historial: Incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 10 productos médicos en circulación en países de ingresos bajos y medianos es subestándar o falsificado, lo que implica que muchas personas están tomando medicamentos no aptos para tratar sus enfermedades, generando no solo una pérdida económica, sino también riesgos graves de salud, incluso fatales.Aunque muchos países cuentan con mecanismos para combatir la falsificación de medicamentos, los falsificadores emplean métodos cada vez más sofisticados para eludir su detección. Por ello, es crucial implementar medidas de prevención que involucren una colaboración estrecha entre organismos reguladores y de seguridad.A pesar de que la falsificación de medicamentos sigue en aumento, Ángel Meléndez, director de Cumplimiento Corporativo de Seguridad Global de Pfizer, afirma que incluso un solo caso de falsificación es inaceptable. Además del riesgo para la salud, los medicamentos de calidad subestándar contribuyen a la creciente resistencia antimicrobiana, agravando una tendencia preocupante. Invertir en la seguridad del paciente no solo mejora los resultados de salud y reduce los costos asociados con los daños a los pacientes, sino que también fortalece la confianza pública en los sistemas de salud. La OMS ha señalado un aumento en la demanda de medicamentos falsificados, lo que subraya la necesidad de medidas preventivas como adquirir medicamentos únicamente en fuentes verificadas y seguir las prescripciones médicas rigurosamente.
Durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Séptima de cámara de representantes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, levantó polémica con sus recientes declaraciones acerca de la gestión de recursos en el sector de la salud. Dijo que la plata que llega a un hospitales en regiones la cogen para pagar votos."Lo que ocurre es que llega la plática al gerente del hospital y el alcalde es el presidente. Ah, sí, que hacen política, ¿yo qué puedo hacer? ¿Están pagando los votos de las pasadas elecciones y con eso ya van a cuadrar los votos de las próximas? Ah bueno, lo importante es que hagan el trabajo", expresó el ministro, sugiriendo que los recursos del sector están siendo utilizados para fines políticos más que para mejorar el sistema de salud.Estas declaraciones se realizaron en un contexto de debate de control sobre el presupuesto para el sector salud, el cual es un tema crucial dado que se prevé que en esta misma comisión se inicie el debate de la nueva reforma a la salud.Durante el debate en la Comisión Séptima no solo ha centrado la atención en la afirmación de Jaramillo, sino que también ha puesto de relieve la necesidad de mayor transparencia ya que otra de las afirmaciones del jefe de cartera es que el Ministerio de Salud solo ha invertido el 75 % de su presupuesto ya que aseguró que enfrenta un déficit de 11 billones de pesos para garantizar el desarrollo de los programas de salud en el país.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha respondido a las críticas que se han presentado en los últimos días sobre la radicación de la reforma a la salud, esto luego de que desde muchos sectores afirmaran que esta fue presentada sin concertación y, además, que es el mismo texto de la legislatura pasada.En esta misma línea, dentro de las instalaciones del Congreso, se refirió a si esta iría con mensaje de urgencia y aseguró que está en evaluación aún, pero que "todo es posible". A su vez, afirmó que hay que hacerle algunos ajustes al texto para lograr los acuerdos que se han propuesto en el legislativo.Sin embargo, del otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que esta conserva la esencia de la anterior y, además, desató controversia al decir que se llegó a un consenso con las Entidades Prestadoras de Salud para que no sean dos años de transición para ser gestoras de salud, sino cuatro. La controversia surge a raíz de que en el texto publicado sigue apareciendo que este tiempo será de 24 meses, es decir, dos años.Las críticas no solo surgen a raíz de dichas contradicciones que muchos señalaban, sino también porque muchos congresistas afirman que el texto que fue presentado es el mismo que terminó hundido en la legislatura pasada en la Comisión Séptima del Senado de la República, por lo que afirman que este nuevo proyecto correrá con la misma suerte.
Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia ante la aparición de infecciones en humanos causadas por un hongo que puede transmitirse directamente desde los gatos. La situación genera preocupación entre especialistas debido a que este patógeno tiene la capacidad de propagarse en entornos domésticos, especialmente cuando existe contacto cercano con felinos que presentan lesiones visibles o signos de enfermedad.El caso que encendió las alertas comenzó cuando una familia desarrolló lesiones cutáneas tras convivir con un gato que presentaba úlceras en el hocico y las orejas. Posteriormente, otros integrantes del hogar y más animales domésticos manifestaron síntomas similares, lo que llevó a realizar estudios clínicos y de laboratorio para determinar el origen de la infección.Fue en ese contexto que las autoridades confirmaron un brote en Uruguay provocado por el hongo Sporothrix brasiliensis, una variante identificada originalmente en Brasil. El diagnóstico fue verificado mediante análisis de biología molecular, lo que permitió activar protocolos de control epidemiológico para evitar su propagación.Qué es el Sporothrix brasiliensis y por qué preocupa a dueñosEl Sporothrix brasiliensis es un hongo dimorfo perteneciente a un grupo conocido desde finales del siglo XIX, aunque esta variante específica fue clasificada en la década de 1990. Lo que lo diferencia de otras especies es su alta capacidad de transmisión zoonótica, es decir, puede pasar de animales a humanos con facilidadDurante décadas, la esporotricosis estuvo asociada principalmente a actividades rurales, como el contacto con plantas, tierra o material orgánico en descomposición. Sin embargo, el patrón ha cambiado y ahora los gatos, especialmente aquellos que viven en la calle, son considerados los principales transmisores.Este cambio en la dinámica de transmisión ha incrementado el riesgo en zonas urbanas, donde la convivencia cercana entre humanos y mascotas facilita el contagio.Cómo se transmite el hongo de gatos a humanosLa transmisión ocurre cuando el hongo entra en el organismo a través de la piel, generalmente por contacto directo con un animal infectado. Las principales formas de contagio incluyen:Arañazos de gatos infectados.Mordeduras que rompen la piel.Contacto con secreciones de lesiones abiertas.Manipulación de animales enfermos sin protección.Los veterinarios advierten que los gatos infectados pueden portar grandes cantidades del hongo en sus heridas, lo que aumenta la probabilidad de transmisión.Síntomas en humanos: señales de alertaEn las personas, la infección suele comenzar con lesiones pequeñas que pueden parecer inofensivas, pero que evolucionan con el tiempo. Los síntomas más frecuentes son:Aparición de nódulos o protuberancias rojizas en la piel.Formación de úlceras en la zona afectada.Lesiones que se expanden siguiendo los vasos linfáticos.Inflamación y dolor en el área comprometida.En casos más graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, la infección puede extenderse a órganos internos como los pulmones, el hígado o los huesos.En el brote confirmado, los pacientes humanos respondieron favorablemente al tratamiento antifúngico tras recibir diagnóstico oportuno. Sin embargo, el impacto en los animales fue más severo. De los tres gatos infectados en el mismo entorno, solo uno logró recuperarse, mientras que los otros fallecieron debido al avance de la enfermedad.Veterinarios también han reportado un aumento en la detección de gatos con lesiones cutáneas sospechosas, lo que refuerza la preocupación sobre una posible expansión del hongo.Uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias es el control de los gatos en situación de calle, considerados reservorios del patógeno y una fuente potencial de contagio continuo.Medidas de prevenciónAnte esta situación, expertos en salud recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección:Evitar el contacto con gatos que tengan heridas visibles.No manipular animales enfermos sin protección.Acudir al médico ante cualquier lesión sospechosa.Llevar a las mascotas al veterinario si presentan síntomas.Lavarse las manos después de interactuar con animales.Aunque esta infección es tratable, el diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones. Las autoridades continúan reforzando la vigilancia epidemiológica y no descartan implementar nuevas medidas de control para prevenir la propagación de esta zoonosis emergente.
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, lanzó una fuerte advertencia frente al Decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que ordena la redistribución de más de 6,5 millones de afiliados entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En entrevista con Mañanas Blu, la dirigente gremial aseguró que la medida, en el marco de la reforma al sistema de salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, representa un riesgo para la continuidad de los tratamientos y para el derecho de libre elección de los usuarios.“Usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir”, afirmó Vesga, al advertir que cerca de cuatro millones de usuarios serían trasladados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que actualmente enfrentan graves problemas financieros y operativos.Redistribución de afiliados y libertad de elecciónEl Decreto 182 establece que el Gobierno podrá asignar afiliados a EPS según criterios territoriales y de capacidad operativa. En la práctica, esto implicará que personas afiliadas a una EPS en un municipio donde esta no cumpla con un umbral mínimo de afiliados deberán ser trasladadas a otra aseguradora con mayor presencia en ese territorio.Según Vesga, la medida elimina en la práctica el derecho a la libre elección. “En más de 700 municipios solo estará una EPS disponible. Allí no hay libertad de elección porque solamente tendrá una opción”, explicó. Aunque el decreto contempla un plazo de 60 días para solicitar traslado si existe más de una alternativa en el territorio, en amplias zonas del país la oferta sería limitada.Desde ACEMI se insiste en que una reforma estructural al sistema de salud debe realizarse por vía legislativa y no mediante decreto. “El Consejo de Estado ya le suspendió al Gobierno un decreto anterior por esta misma razón. Hoy lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido”, señaló Vesga, aludiendo al Decreto 858.EPS intervenidas y riesgo de colapsoUno de los puntos más críticos es el fortalecimiento de EPS intervenidas, especialmente Nueva EPS, que pasaría de 11 millones a cerca de 15 millones de afiliados. La entidad, intervenida desde abril de 2024, enfrenta un patrimonio negativo cercano a los 15 billones de pesos, según cifras citadas por el gremio.“Tenemos un sistema frágil, fragmentado y con muchas dificultades. Lo que vamos a ver es una crisis mayor”, advirtió la presidenta de ACEMI. Añadió que estas EPS presentan “una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa y un incremento de quejas, reclamos y tutelas”.Para Vesga, el problema no es únicamente jurídico, sino humano: “Lo que se están moviendo son vidas”. La dirigente explicó que el traslado masivo de afiliados implica que la EPS receptora deberá contratar rápidamente redes de clínicas, hospitales y dispensadores de medicamentos en territorios donde puede no tener capacidad instalada suficiente.Continuidad de tratamientos y pacientes de alto costoEl decreto establece la obligación de garantizar la continuidad de tratamientos, especialmente en casos de enfermedades de alto costo, pacientes maternas y patologías catastróficas. Sin embargo, ACEMI duda de la viabilidad operativa de esa garantía.“En el papel está la obligación de continuidad, pero si la EPS no logra contratar red con rapidez, lo que vamos a ver es interrupción en tratamientos y atención general”, afirmó Vesga. Recordó que las EPS intervenidas mantienen deudas con hospitales y proveedores, lo que dificulta la contratación de nuevos servicios.La dirigente comparó la situación con crisis anteriores del sistema de salud en Colombia, como el traslado de afiliados de Café Salud a Medimás, donde se registraron fallas en la atención y retrasos en procedimientos médicos.Impacto en el sistema de salud colombianoEl debate sobre el Decreto 182 se produce en un contexto de profunda discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, uno de los ejes centrales del gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo argumenta que la reorganización territorial busca eficiencia y racionalización del sistema, los gremios advierten sobre improvisación y debilitamiento institucional.La redistribución de afiliados afectará a todas las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. “No hay ninguna que no esté perdiendo población”, aclaró la presidenta de ACEMI.En términos prácticos, los usuarios deberán ser notificados del cambio por su nueva EPS y recibir información sobre su red de atención. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre pacientes con tratamientos en curso y enfermedades graves.Un debate abierto sobre la reforma a la saludEl Decreto 182 reaviva la discusión sobre la reforma estructural al sistema de salud colombiano y el alcance de las facultades del Ejecutivo para implementar cambios por vía administrativa. Para ACEMI, la preocupación central es la sostenibilidad financiera y la garantía efectiva del servicio.“La solución no está en mover pacientes. La solución está en resolver la fragilidad estructural financiera y administrativa del sistema”, concluyó Vesga.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas reaccionaron a la circular emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que ordena el pago por giro directo a hospitales públicos con el fin de garantizar recursos oportunos. Aunque reconocen la necesidad de fortalecer la red pública, advierten que la medida podría dejarlas en desventaja y afectar la estabilidad financiera del sistema.A través de una comunicación oficial, la Unión de IPS Colombia (UNIPS) manifestó su preocupación por lo que consideran un posible trato desigual en la distribución de los recursos. El gremio recordó que las IPS privadas representan cerca del 90 % de la capacidad instalada en salud del país y atienden a millones de usuarios en diferentes niveles de complejidad.Según señalaron, si la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no les gira directamente los recursos correspondientes por los servicios ya prestados, el impacto financiero podría ser alto, no solo para las clínicas y centros médicos privados, sino para toda la red de atención.Las IPS privadas insisten en que el flujo de recursos debe ser oportuno y sin distinción por naturaleza jurídica del prestador, pues tanto hospitales públicos como privados cumplen un papel esencial en la garantía del derecho a la salud. En ese sentido, pidieron que la aplicación de la circular sea integral y que no se generen desequilibrios que puedan traducirse en retrasos en pagos, afectaciones operativas o limitaciones en la prestación de servicios.El gremio concluyó que el debate no es sobre la priorización de un sector, sino sobre la necesidad de asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a toda la red prestadora, para evitar riesgos en la atención de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema de salud.
A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron una circular conjunta con directrices para prevenir posibles brotes de sarampión en Colombia, ante el aumento de casos en varios países del continente.La decisión se da luego de que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera sobre un crecimiento sostenido de contagios en la región durante 2025 y 2026. Según el reporte, se han registrado más de 14.800 casos y 29 muertes en América, incluidos fallecimientos en población indígena. Entre los países con mayor número de contagios aparecen Canadá, México, Estados Unidos y Brasil.De hecho, Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión, luego de mantener circulación del mismo genotipo del virus durante un año.El Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones, movilizará a millones de viajeros. Por eso, las autoridades colombianas pidieron a gobernaciones, alcaldías, EPS y demás entidades del sistema de salud reforzar la vacunación, especialmente con la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), y verificar esquemas completos en viajeros.La recomendación es clara: cualquier persona desde los seis meses de edad que no tenga prueba de vacunación o inmunidad debe aplicarse la dosis al menos dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión activa.El Ministerio también pidió fortalecer la vigilancia epidemiológica, informar a la ciudadanía sobre síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal y ojos rojos, y activar planes de respuesta antes, durante y después del evento deportivo.La evaluación de riesgo realizada en febrero por la autoridad sanitaria regional concluyó que la probabilidad de propagación del sarampión en América es muy alta, debido a brotes activos, casos importados y baja cobertura de vacunación en algunos grupos
El caso de Hernando Ortiz, un hombre de 74 años, volvió a poner sobre la mesa las denuncias de usuarios contra la Nueva EPS por demoras en la autorización de procedimientos médicos, incluso después de fallos judiciales a su favor.Su hijo, Juan Manuel Ortiz, relató en Mañanas Blu 10:30 que su padre ingresó en octubre del año pasado a la Clínica Versalles, en Cali, tras presentar dolor torácico y varios episodios de desmayo. Según explicó, fue remitido de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde le diagnosticaron una afección cardíaca crítica que requiere intervención quirúrgica.De acuerdo con su testimonio, en ese momento el corazón del paciente funcionaba al 50 %. Cinco meses después, aseguró, su capacidad cardíaca se ha reducido a entre el 16 % y el 18 %, lo que agrava su estado de salud.Tutelas falladas a favorAnte la falta de autorización para la cirugía, la familia presentó un derecho de petición y posteriormente una acción de tutela. Según indicó Juan Manuel Ortiz, el juzgado falló a favor del paciente en noviembre, ordenando a la Nueva EPS garantizar la atención requerida.Sin embargo, afirmó que, pese al fallo judicial, la operación no ha sido programada. El mismo juzgado abrió un incidente de desacato contra funcionarios de la entidad en el suroccidente de Cali por el presunto incumplimiento de la orden.“El desacato fue ignorado. Aunque haya un fallo a nuestro favor, siguen negando la entrada de mi papá a una clínica para ser operado”, sostuvo.¿Por qué no han operado a Hernando Ortiz?Según relató el hijo del paciente, la respuesta reiterada que han recibido es que no hay disponibilidad de camas en las instituciones habilitadas para realizar el procedimiento.La familia ha solicitado la remisión a centros médicos como la Clínica Imbanaco, la Fundación Valle del Lili y la Clínica de Occidente, que, según indicó, cuentan con la capacidad para practicar la cirugía requerida. No obstante, aseguró que hasta ahora no se ha concretado el traslado.“Simplemente dicen que no hay camas, que no hay lugar donde puedan recibirlo”, afirmó.Además de la insuficiencia cardíaca, Juan Manuel Ortiz explicó que su padre presenta edema pulmonar —acumulación de líquido en los pulmones— y que también ha requerido atención por afectaciones en su estado emocional derivadas de la prolongada hospitalización.El paciente ha permanecido largos periodos en Unidad de Cuidados Intensivos mientras se define la autorización del procedimiento. Según su familia, el tiempo transcurrido sin intervención ha incidido en el deterioro progresivo de su condición.El caso se da en medio de múltiples quejas de usuarios de la Nueva EPS en distintas regiones del país por demoras en la autorización de procedimientos y entrega de servicios de salud. La entidad cuenta con más de 11 millones de afiliados.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La detección precoz del alzhéimer ha sido, durante décadas, uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. Ahora, un equipo de investigadores en Rusia asegura haber dado un paso decisivo en esa dirección. El Centro de Cerebro y Neurotecnología del país desarrolló un nuevo sistema de pruebas que permitiría identificar la enfermedad en etapas tempranas, incluso antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos.El anuncio fue realizado por Tatiana Yakovleva, primera subdirectora de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA), durante el Foro de Tecnologías del Futuro. Según explicó, el test ya fue desarrollado y se encuentra en la fase final de ensayos clínicos, con resultados que muestran una alta sensibilidad diagnóstica. “El Centro de Cerebro ya ha desarrollado estos sistemas de pruebas y ahora pasarán a la fase de registro”, afirmó la funcionaria.La innovación se basa en la identificación de biomarcadores presentes en sangre, un enfoque que podría simplificar de manera significativa los procedimientos actuales de diagnóstico. Hasta ahora, la confirmación del alzhéimer suele apoyarse en evaluaciones neuropsicológicas, estudios de imagen cerebral y, en algunos casos, pruebas invasivas. Un análisis sanguíneo confiable abriría la puerta a exámenes más accesibles y a intervenciones médicas más oportunas.El Centro de Cerebro y Neurotecnología, institución dependiente de la FMBA, ha concentrado esfuerzos en comprender los mecanismos biológicos que anteceden al deterioro cognitivo. Yakovleva recordó que existen alrededor de 200 trastornos asociados con defectos de salud cognitiva en el mundo, entre ellos el alzhéimer, y advirtió que el proceso patológico puede avanzar silenciosamente durante años. “Por eso son tan importantes para nosotros los biomarcadores y el desarrollo de sistemas de pruebas”, subrayó.El carácter progresivo y silencioso de la enfermedad es precisamente uno de los principales obstáculos en su abordaje. Cuando aparecen síntomas como pérdida de memoria significativa o desorientación, el daño neuronal suele estar ya avanzado. De ahí que la comunidad científica internacional busque métodos que permitan anticiparse a ese deterioro, identificando cambios biológicos antes de que se traduzcan en manifestaciones clínicas evidentes.De acuerdo con la presentación citada en el informe oficial, el nuevo test ruso podría detectar alteraciones vinculadas con la acumulación de proteínas asociadas al alzhéimer mediante un simple análisis sanguíneo. Aunque no se detallaron públicamente los componentes específicos evaluados, las autoridades señalaron que la prueba mostró resultados prometedores en términos de precisión.La fase de registro será clave para determinar cuándo podría incorporarse el examen a la práctica médica habitual. Este proceso implica la revisión regulatoria correspondiente para validar su seguridad, eficacia y estándares de calidad. Si supera esa etapa, el sistema podría integrarse en programas de cribado poblacional o en protocolos clínicos para personas con factores de riesgo.El anuncio también incluyó otra línea de investigación en curso: el desarrollo de una prueba para la sarcopenia, una enfermedad caracterizada por la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, especialmente en adultos mayores. Según Yakovleva, ese proyecto podría estar listo en los próximos años, ampliando el alcance del Centro más allá de los trastornos neurodegenerativos.En un contexto global marcado por el envejecimiento poblacional, los avances en diagnóstico temprano representan una herramienta estratégica. La posibilidad de detectar el alzhéimer antes de que se manifieste clínicamente no solo tendría implicaciones médicas, sino también sociales y económicas, al permitir planificar tratamientos, cuidados y estrategias de prevención con mayor anticipación. El reto, ahora, será convertir este desarrollo científico en una solución accesible y validada para la población.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió este 25 de febrero de 2026 el Decreto 0182, con el que estableció nuevas reglas para la operación de las EPS en el país. La norma redefine el ámbito territorial en el que podrán funcionar estas aseguradoras y fija límites según el tamaño poblacional de departamentos y municipios, así como el porcentaje de afiliados que tenga cada entidad.El decreto dispone que cuando una EPS concentre más del 20% de los afiliados a nivel nacional, será contabilizada dentro del número máximo permitido en cada categoría departamental o municipal, pero conservará su autorización territorial. En el caso de las EPS con menos de un millón de afiliados, mantendrán su ámbito actual; sin embargo, si en un departamento su participación es inferior al 3% del total de afiliados sumando régimen contributivo y subsidiado no podrán seguir operando en los municipios de ese territorio.La norma clasifica los departamentos por número de habitantes y fija porcentajes mínimos de participación para que las EPS puedan continuar:En departamentos con más de 2 millones de habitantes, solo podrán operar las EPS con al menos el 5% de los afiliados en ese territorio.En departamentos con población entre 390.001 y 2 millones de habitantes, el mínimo será del 10%.En departamentos entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación exigida será del 15%.Esto implica que en los territorios con menor población habrá menos EPS autorizadas, priorizando aquellas con mayor presencia.En el nivel municipal también el Gobierno estableció unos topes. En municipios con más de 500.001 habitantes podrán operar todas las EPS autorizadas, pero se excluirán las que tengan menos del 3% del total de afiliados en ese territorio.Entre 100.001 y 500.000 habitantes se permitirá un máximo de cinco EPS; entre 50.001 y 100.000 habitantes, hasta cuatro; entre 30.001 y 50.000, hasta tres; y entre 20.001 y 30.000 habitantes, hasta dos EPS. En todos los casos, las que no alcancen el 3% de participación quedarán por fuera.La actualización del ámbito territorial de autorización tendrá vigencia por cinco años y su renovación dependerá del cumplimiento de condiciones verificadas por la Superintendencia Nacional de Salud.Una vez esta entidad expida los actos administrativos correspondientes, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) deberán realizar la asignación especial de afiliados a las EPS que continúen operando en cada territorio. Este proceso deberá hacerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación.¿Cómo se hará este cambio y desde cuándo?Como el decreto fue expedido ayer 25 de febrero, desde hoy 26 de febrero comenzaran a correr los plazos establecidos. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) deberán realizar la reasignación de afiliados en un plazo máximo de cinco días hábiles.La EPS que reciba a los nuevos usuarios contará con 15 días calendario previos a que la medida se haga efectiva para prepararse y garantizar la continuidad del servicio. Además, una vez transcurridos 60 días desde la asignación, los afiliados podrán ejercer su derecho a cambiarse libremente a otra EPS que opere en su municipio, y el traslado se hará efectivo el primer día del mes siguiente.El decreto también establece que, cuando una EPS esté bajo medida administrativa, deberá reportar información sobre pacientes de alto costo, mujeres gestantes y tutelas. Además, las EPS indígenas (EPSI) serán priorizadas como receptoras para la población registrada como indígena en la base oficial de afiliados.
La Contraloría General de la República evidenció presuntos giros injustificados por $23.426 millones a prestadores de servicios de salud en medio de la intervención forzosa a Asmet Salud EPS, según los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la entidad durante las vigencias 2023 y 2024.De acuerdo con el organismo de control, en total se determinaron hallazgos fiscales por $24.849 millones relacionados con la gestión administrativa, contractual y financiera de la EPS, en el manejo de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.El principal hallazgo corresponde a pagos autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., designada como interventora por la Superintendencia Nacional de Salud. Según la auditoría, la firma habría modificado de manera injustificada e ilegal los montos aprobados para giro directo a la red prestadora.Aunque Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, la Contraloría estableció que a 74 de ellos se les giraron valores superiores a los autorizados. A la fecha, se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, pero aún permanecen pendientes por recuperar $23.426 millones.Si bien la EPS señaló que no autorizó dichos pagos y que estos obedecieron a decisiones de la interventoría, además de haber informado la situación a la Superintendencia, el ente de control indicó que no encontró evidencia de acciones administrativas o judiciales emprendidas por la entidad contra la firma interventora para recuperar los recursos públicos.En 2024, la EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados. Sin embargo, de los 74 implicados, solo 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 mantienen procesos suspendidos, lo que ha frenado el avance en la recuperación efectiva del dinero.
Una sola pastilla diaria, que combina dos medicamentos actuales, se perfila como "una prometedora alternativa" a los complejos regímenes de tratamiento del VIH con múltiples comprimidos.Esta es la principal conclusión de un ensayo clínico en fase III realizado con 557 personas; los detalles se publican en la revista The Lancet.El estudio, llamado ARTISTRY-1, se llevó a cabo en 90 hospitales y clínicas de Australia, Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Puerto Rico, la República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y el Reino Unido.¿Qué combina la pastilla contra el VIH?La pastilla combina los fármacos bictegravir y lenacapavir y el ensayo demostró que el nuevo tratamiento en un solo comprimido era muy eficaz para mantener la supresión del VIH.Casi el 96 % de los 371 participantes que cambiaron a este régimen simplificado mantuvieron la supresión viral sin que se notificaran nuevos casos de resistencia a los medicamentos.En comparación, los 186 voluntarios que continuaron con los tratamientos existentes de múltiples comprimidos mostraron resultados similares, manteniendo también la supresión viral en una proporción de entre el 94 % y el 96 %.Por lo tanto, la nueva pastilla podría sustituir eficazmente los regímenes de tratamiento más complicados, concluyen los autores.La media de edad de los participantes era de 60 años (la edad oscilaba entre los 22 y los 84 años) y tomaban un promedio de tres comprimidos antirretrovirales al día (con un rango que iba desde 2 a 11 pastillas). Aproximadamente el 40 % de los ellos ingería antirretrovirales más de una vez al día.Muchos participantes también informaron de otras afecciones de salud, como enfermedades cardiovasculares o renales, y la mayoría presentaba resistencia a tratamientos previos contra el VIH.En el estudio no se identificaron problemas de seguridad significativos o novedosos, y la mayoría de las personas experimentaron menos efectos secundarios relacionados con los lípidos, como el aumento de los niveles de colesterol, lo que sugiere un beneficio potencial adicional para aquellas con riesgo de padecer enfermedades cardíacas.Los participantes informaron de que la nueva opción de tratamiento era más fácil y cómoda de tomar, lo que puede ayudar a mantener una adherencia constante a la medicación diaria.Los autores afirman que esto es especialmente importante para los adultos mayores que viven con el VIH, las personas con antecedentes de resistencia a los tratamientos contra este virus o aquellas que toman medicamentos adicionales para ayudar a controlar afecciones de salud relacionadas con la edad junto con la medicación contra el VIH.En la actualidad, se están llevando a cabo ensayos clínicos adicionales para confirmar la seguridad y la eficacia a largo plazo de este comprimido combinado.Asimismo, este estudio se presenta en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Denver, Colorado (Estados Unidos).