Colombia lleva más de seis años sin circulación autóctona de sarampión, el país encendió las alertas sanitarias tras la confirmación de tres casos importados. La directora del Instituto Nacional de Salud Diana Pava, explicó que la situación no implica un brote interno, pero sí obliga a reforzar la prevención, especialmente entre viajeros."Nosotros tenemos hace más de 6 años una eliminación sostenida de sarampión, rube y síndrome de rube congénita, si nosotros bajamos la guardia en vacunación... podemos tener muchos riesgos en salud pública", señaló.Según la funcionaria, el aumento de casos en países como México, Estados Unidos y Canadá se relaciona con la disminución en coberturas de inmunización. La alerta epidemiológica fue emitida por la Organización Panamericana de la Salud para toda la región.El sarampión, advirtió, es altamente contagioso y puede iniciar con síntomas similares a una gripa: congestión nasal, fiebre, dolor de garganta y malestar general, seguidos de un brote rojizo en la piel que comienza en el rostro y se extiende al cuerpo."Y si yo tengo esos síntomas y acabé de llegar de alguno de esos países, pues debo consultar y avisar inmediatamente para que entre todos estemos muy atentos de esa vigilancia que se debe realizar", recalcó.Colombia cuenta con más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos. El esquema regular incluye dosis al año y a los 18 meses, pero se recomienda refuerzo a viajeros entre 11 y 59 años sin soporte de vacunación, personal de salud y trabajadores de turismo o transporte.Además, las autoridades pidieron retomar medidas básicas aprendidas en pandemia: uso de tapabocas si hay síntomas respiratorios, lavado frecuente de manos y aislamiento ante sospecha de contagio.Sobre los tres casos confirmados, el INS informó que los pacientes permanecen estables y bajo seguimiento médico.El mensaje de las autoridades es claro: mantener los esquemas al día puede evitar complicaciones graves y frenar el riesgo de reintroducción del virus en el país.Escuche la entrevista completa aquí:
El INS confirmó este viernes 27 de febrero que hay tres casos en Colombia de sarampión importado desde México. La directora de la entidad, Diana Pava, insistió en la necesidad de las vacunas y de su refuerzo para las personas que vayan a viajar a países epicentro del virus, a propósito de la temporada mundialista, cuando muchas personas se desplazarán a estas regiones.“Tenemos pacientes de 29 y 30 años en la ciudad de Bogotá y uno de 35 en Bucaramanga. Es importante estar muy atentos a que todas las medidas se estén realizando, sin importar el diagnóstico. Desde el mismo momento del estudio del caso sospechoso se ha instaurado la vigilancia epidemiológica, la vacunación, el seguimiento a los contactos directos y todo lo que amerita. Si un país tiene una vigilancia epidemiológica como la de Colombia, podemos proteger en muchas aristas”, indicó Pava.La directora resaltó que este virus es altamente contagioso, pues una sola persona infectada puede transmitirlo a más de 12 personas que no estén vacunadas, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta por dos horas, lo que facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados.En este sentido, desde la entidad recordaron las medidas básicas de protección para evitar el contagio y resaltaron la importancia de desmitificar las vacunas, pues la del sarampión es gratuita y no tiene efectos secundarios graves. Recordemos que, después del COVID-19, circularon rumores en redes sociales sobre supuestos chips que venían con la vacuna, lo que generó temor entre las personas y, quizás, una renuencia a vacunarse.“El virus del sarampión es altamente contagioso; por eso son importantes las medidas de protección, como el uso del tapabocas si tengo síntomas respiratorios. Las vacunas son seguras y efectivas. Como médica y directora del INS, el mensaje es contundente: a vacunarnos. Las vacunas salvan vidas. Lo hicieron así con la inmunidad de rebaño del COVID: podemos entender que la comunidad tiene temores con la vacunación, pero, por favor, infórmense. El mejor acto de amor es vacunarse y protegerse contra los microorganismos”, explicó la directora.Actualmente, Colombia mantiene su estatus de eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita desde hace más de seis años. Sin embargo, el riesgo existe debido a brotes en otros países de la región y al constante flujo de viajeros.La vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— está incluida en el Plan Ampliado de Inmunizaciones desde 1994. El esquema contempla dos dosis obligatorias: una al año de edad y otra a los 18 meses. Para viajeros mayores de 11 años que se dirijan a países con brotes activos, se recomienda una dosis de refuerzo entre 15 días y un mes antes del viaje.Las autoridades recordaron que las vacunas están disponibles en más de 3.000 puntos en todo el país, incluidos aeropuertos, terminales de transporte e IPS, y que pueden consultarse los antecedentes de vacunación en la plataforma PaiWeb.Síntomas y prevenciónLos síntomas iniciales del sarampión incluyen fiebre, congestión nasal, malestar general y tos, seguidos por una erupción en la piel que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Ante la aparición de estos signos, especialmente después de un viaje internacional, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de salud.
Nueva EPS confirmó que cuatro IPS asumirán la atención de 176 pacientes con hemofilia luego de que Integral Solutions suspendiera la atención por el no pago de las deudas.El plan de transición definió que la IPS Salud Vital asumirá la atención en Huila y Caquetá; Integral IPS estará a cargo en Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima; la Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS atenderá en Arauca; mientras que en Medellín, Cali y Risaralda el servicio será prestado por Neurum.“De manera paralela, los afiliados están siendo contactados y orientados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica. Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones”, dijo la entidad.El pasado miércoles, la IPS Integral Solutions SD S.A.S. suspendió de manera inmediata la atención a los afiliados de Nueva EPS diagnosticados con hemofilia y otras coagulopatías, tras declarar la “imposibilidad absoluta” de continuar prestando los servicios por la falta de pago.La entidad explicó que, aunque dispuso de la “capacidad técnica, científica y humana para iniciar el proceso de atención integral”, Nueva EPS incumplió los acuerdos alcanzados el 16 de enero y 20 de febrero.Estos compromisos, que incluían aportes a las deudas que superan los $8.000 millones, eran indispensables para garantizar la ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos por esta población de alto costo, cuya atención implica recursos especializados, terapias permanentes y respaldo financiero oportuno.
Vivir con hemofilia en Colombia supone enfrentar una enfermedad genética que afecta la coagulación de la sangre y, además, lidiar con barreras en el sistema de salud. Para Hans, paciente con hemofilia de 40 años de edad, la posibilidad de llevar una vida estable ha dependido del acceso al medicamento, conocido como factor de coagulación, y del acompañamiento permanente de su madre. Esto expresó en entrevista con el programa Relatos al Límite.“Siempre y cuando lo tenga uno, uno puede tener una vida sana”, afirma Hans sobre el tratamiento. Sin embargo, reconoce que cada actividad cotidiana implica precaución, incluso al afeitarse. “Al principio fue difícil, porque le toca a uno buscar para no cortarse… queda uno como con el susto, ‘ay, yo ahorita empiezo a sangrar’, y ahora sin medicamentos”. La sola posibilidad de no contar con el factor genera angustia.El impacto psicológico de crecer con hemofiliaHans también habla de las secuelas emocionales. “Para mí fue muy duro psicológicamente… muchas cosas que no pude disfrutar de pequeño”. Las restricciones y el temor constante marcaron su relación con el entorno: “Me daba miedo hablar, me daba miedo comunicarme con otras personas”.Aun así, insiste en que el tratamiento oportuno cambia el panorama para los pacientes con hemofilia: “Hay muchas cosas que podemos disfrutar sin restricciones, porque para eso está un medicamento que hoy en día lo hay, que nos puede salvar la vida”.Desconocimiento en el sistema de saludMás allá de la experiencia personal, su madre, Ruth, lanza una advertencia sobre el desconocimiento institucional en torno a esta enfermedad huérfana. “Mucha información, tienen que aprender a dar información”, sostiene. Según relata, fue gracias a la Liga Colombiana de la Hemofilia que aprendieron a aplicar el factor y a manejar la condición en casa.Ruth cuestiona la falta de preparación en algunos servicios médicos: “Muchas veces ni siquiera los médicos profesionales saben qué es una hemofilia”. Describe escenas en urgencias donde, pese a advertir que se trata de un “paciente vital”, la respuesta es incredulidad: “Uno llega y dice: ‘es hemofílico’, y dicen: ‘¿pero de dónde? No lo vemos’”.Su conclusión es contundente: “La hemofilia no se ve, la hemofilia se siente, y el único que lo siente es el paciente”. El llamado al Gobierno, a las EPS y al personal sanitario es claro: mayor capacitación, información y garantía de acceso continuo al medicamento, cuya ausencia puede poner en riesgo la vida.Vea la entrevista completa acá:
Media tonelada de marihuana que iba a ser comercializada en entornos escolares fue incautada en Medellín. Denuncian que criminales están usando drogas saborizadas para que los niños se vuelvan adictos a los estupefacientes.En medio de varios operativos realizados por autoridades en Medellín se logró dar un golpe al tráfico de estupefacientes en entornos escolares con la incautación de 540 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en los barrios Manrique y Aranjuez.Una de las estructuras vinculadas a estos hechos son 'Altos de la Virgen', que perdió cerca de 500 millones de pesos con este procedimiento y que, además, ha sido constantemente afectada con la captura de 28 de sus integrantes en un par de meses.Sin embargo, lo que más llamó la atención y que hoy tiene consternada a la mayoría de la población de Medellín es que, durante estos operativos, se logró hallar e incautar droga saborizada que iba a ser vendida a los estudiantes de decenas de colegios de la capital de Antioquia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó a la comunidad de este modus operandi con el que diferentes grupos delincuenciales buscan que los menores de edad se vuelven compradores frecuentes de droga camuflada detrás de sabores atractivos para niños y niñas.“En cada uno de estos recipientes ustedes encuentran cocaína saborizada. Tienen sus juguitos, entonces está, por ejemplo, es de fresa, hay otras que son de maracuyá. En barrios, por ejemplo, como Aranjuez, porque tenemos consumos inclusive de niños desde los 10, 11, 12 años y cada bolsita de estas que tiene 1 g, la venden por 6000 pesos”; aseguró.El brigadier general, Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que hubo personas capturadas en este procedimiento, mismas que tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes y que, al parecer, generaban rentas ilícitas por más de 80 millones de pesos a la semana.Además, sobre la droga incautada mencionar que podría distribuirse en 550.000 dosis avaluadas en más de 2.200 millones de pesos.Todo el material incautado y otros elementos probatorios que fueron recolectados en Medellín fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otras personas vinculadas con la venta de drogas a menores de edad.
Con ojos azules, cabello claro y, según su madre, una mirada que “enamoraba a cualquiera que la conociera” Sara Sofía Galván nació el 30 de marzo de 2019. Hoy tendría siete años. Pero su nombre permanece en expedientes judiciales, en archivos de noticias y en la memoria de un país que todavía se pregunta dónde está su cuerpo.Cinco años después de su desaparición, Carolina Galván, su madre, habló desde la cárcel en el pódcast 'Más allá del silencio'. Su voz, entrecortada por momentos, reconstruye fragmentos de una historia atravesada por el miedo, la pobreza y el silencio.“Nunca tuve una madre. Así me tocó crecer”, dice al explicar su propia infancia en Puerto Berrío, Antioquia. Llegó a Bogotá siendo adolescente, huyendo de la violencia y buscando sobrevivir. A los 18 años quedó embarazada de Sara Sofía. A pesar de las dificultades y de las recomendaciones de darla en adopción, asegura que decidió criarla. “Ese era mi sueño, sacarla adelante”.Pero el contexto que rodeaba a Carolina era frágil. Dependía de otras personas para sobrevivir, atravesó episodios de indigencia y terminó viviendo con Nilson Díaz, un hombre que, según su relato, pronto comenzó a controlarla. Habla de amenazas, de un arma, de la obligación de entregarle dinero y de un miedo constante que —asegura— terminó paralizándola.El 27 de enero de 2021, ese miedo se convertiría en el centro de todo. Ese día, Carolina salió de la vivienda donde vivía con Díaz. Antes de irse, dice, bañó a Sara Sofía, la dejó alimentada y acostada. Cuando regresó, la niña estaba en la cama.“No despertaba”, recuerda. Al principio pensó que dormía. La llamó. La movió. Nada. “Yo no entendía qué estaba pasando”, dice. Nilson, según su versión, le dijo que la niña había muerto de “pena moral”, una expresión que ella asegura no comprendió en ese momento.Quiso salir, pedir ayuda, buscar a alguien. Pero dice que no la dejaron. “El miedo me manipuló completamente. No podía hablar, no podía reaccionar”, afirma.Las horas siguientes son un vacío lleno de contradicciones, silencios y decisiones que hoy pesan más que cualquier condena. Carolina dice que incluso fue a la iglesia, obligada, mientras su hija permanecía en la casa, inmóvil. “Yo quería pedir ayuda, pero no me salían las palabras. Solo lloraba”.Cuando regresó, la niña ya no estaba. Fue entonces cuando, según su relato, comenzó a insistir. A preguntar. A exigir respuestas. Nilson primero evitó hablar. Después, le dio una frase que hasta hoy sigue siendo una herida abierta.“Me dijo que la había tirado en un caño”. Pero Carolina asegura que nunca vio el cuerpo. Nunca supo dónde la dejó. Nunca pudo confirmar qué ocurrió realmente.“El cuerpo no aparece porque él se la llevó. Él sabe qué hizo”, sostiene. La versión de Nilson Díaz es distinta. Ante las autoridades, la señaló a ella como responsable de la muerte. Dijo que la niña sufrió un golpe después de un castigo. Que todo ocurrió dentro de la vivienda.Carolina lo niega. “Eso es mentira. Él utilizó a sus hijos para declarar en mi contra”, afirma. Reconoce, sin embargo, que cometió errores. Que no denunció. Que se quedó en silencio. Que tuvo miedo.Durante meses, las autoridades buscaron el cuerpo en canales de agua, caños y zonas cercanas al lugar donde vivía la menor. Nunca lo encontraron.Hoy, desde una celda, Carolina reconstruye su historia como si intentara ordenar los fragmentos de una pesadilla que todavía no termina. “No sé qué pasó realmente”, dice.El cuerpo de Sara Sofía sigue sin aparecer. Y en esa ausencia, permanece la pregunta que nadie ha podido responder.
Tras el asesinato con drones de una madre y sus dos hijos en Segovia, Antioquia, más de 100 soldados llegaron a la zona para reforzar la seguridad. La Gobernación de Antioquia denunciará este hecho como una violación al derecho internacional humanitarioUna verdadera tragediaLos familiares de María Silva, Yalusan Cano y Alonso Silva, madre e hijos que fueron vilmente asesinados en zona rural del municipio de Segovia, luego de que un dron con explosivos cayera de manera repentina en la vivienda donde estaban estos tres adultos y una persona más que resultó herida, viven una verdadera tragedia.Aunque las autoridades no han podido determinar con exactitud quién está detrás de este hecho, el general José Perdomo, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se amplió inmediatamente el pie de fuerza para adelantar operaciones que permitan dar con los responsables de esta lamentable situación.“En respuesta inmediata a esta acción terrorista y criminal, las tropas del Batallón de Selva número 55 han intensificado el despliegue operacional con la inserción de más de 100 soldados para ejecutar operaciones ofensivas y neutralizar las capacidades de estos grupos armados organizados”, afirmó.A la espera de que se logren resultados en esta zona del Nordeste antioqueño, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, rechazó con vehemencia este acto terrorista y aseguró que el aberrante crimen será denunciado ante las instancias que sean necesarias como una violación a los derechos humanos.“Que debe ser rechazado de manera contundente y tajante y que debe inmediatamente informar a los organismos internacionales de derechos humanos porque es una familia que nada tiene que ver con el conflicto. Que sencillamente con un dron suelta un artefacto explosivo sobre una vivienda, muere la mamá, dos hijos”, indicó el secretario Martínez.Sobre la cuarta persona involucrada, se conoció recientemente que se llama Carlos Arcaes Silva de 50 años y que está siendo atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín en donde especialistas tratan varias heridas de consideración en piernas y abdomen.Por ahora se espera que las Fuerzas Militares continúen operando en el municipio de Segovia con el fin de establecer responsabilidades aunque desde una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia.
En una operación en zona rural del municipio de Samaniego, tropas del Ejército capturaron a alias ‘Mono’, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la articulación de actividades de narcotráfico internacional y quien tenía orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.La acción se ejecutó en medio de un allanamiento y registro adelantado por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 y la Vigésima Tercera Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.De acuerdo con las autoridades, la captura fue el resultado de varios meses de labores de seguimiento e inteligencia. El detenido era requerido por autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mono’ estaría vinculado a un acuerdo criminal orientado a la financiación, coordinación y facilitación de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Presuntamente, tendría la responsabilidad de supervisar el ingreso a laboratorios de procesamiento de droga, verificar su funcionamiento y garantizar la producción.Además, habría liderado la planificación estratégica de rutas terrestres y fluviales para el envío de cargamentos ilícitos hacia Ecuador y otros países de Centroamérica, consolidando corredores para el tráfico transnacional.El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de extradición, mientras las Fuerzas Militares anunciaron que continuarán las operaciones ofensivas para afectar las estructuras logísticas y financieras dedicadas al narcotráfico en el departamento de Nariño.
Tres extranjeros fueron inadmitidos por tener alertas de explotación sexual en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Este año Antioquia ha registrado 11 de los 21 ciudadanos de otros países a los que Migración les ha impedido el ingreso a ColombiaEn Medellín sigue la alerta por el turismo con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes que se viene evidenciando por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, quienes, incluso, recientemente han implementado una nueva modalidad en la que buscan ingresar al país por otras ciudades con destino final en la capital antioqueña.Un insólito caso se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuando a un estadounidense se le negó el ingreso al país, tras arribar en un vuelo proveniente de Miami, luego de que durante la entrevista en los filtros de inmigración manifestara descaradamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”, tras ser consultado por el propósito de su visita.Según reportaron las autoridades, el hombre además se comportó de manera irrespetuosa y grosera hacia los oficiales de Migración Colombia y el personal del aeropuerto, por lo que horas más tarde fue devuelto al país de origen en un vuelo de la misma aerolínea que lo trajo.El extranjero pretendió justificar su visita afirmando que “es lo único que lo trae a Colombia”, refiriéndose directamente a turismo con fines de explotación sexual, y no dudó en mostrar su equipaje cargado con preservativos, potencializadores y juguetes sexuales, entre otros."Con estos casos, ya son once personas inadmitidas en el año dos mil veintiséis, cinco de los cuales fueron inadmitidos, como resultado de la cooperación con los Estados Unidos, a través de la plataforma Angel Watch, y seis de ellos por entrevista migratoria de nuestros oficiales de migración, a través de actividades de revisión de equipaje y verificación de información, a través de mecanismos de cooperación internacional", indicó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.Pero no fue el único caso, a otros dos ciudadanos provenientes de ese país, también desde la ciudad de Miami, les impidieron su entrada por la misma terminal aérea, luego de que confesaran sus intenciones en la capital antioqueña.Cifras de la entidad revelan que durante el 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país (45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch).
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que en las próximas horas se definirá si el proyecto de la reforma a la salud será radicado este viernes.En cuanto a las opciones legislativas, el proyecto podría seguir el camino de una ley ordinaria, que fue precisamente el que el Gobierno intentó en la legislatura pasada en la Comisión Séptima, donde finalmente se hundió en el tercer debate en el Senado. Aún persisten reparos a la iniciativa en este escenario.Otra vía sería tramitarla como ley estatutaria. En la Comisión Primera se encontraría con la representante Ana Paola García, del partido de la U, quien ha sido cercana a las propuestas del presidente Petro.Por otro lado, en la Comisión Primera del Senado, el Gobierno tendría un escenario más favorable debido a la presencia de Ariel Ávila en la presidencia de esta comisión, quien ha apoyado los proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, lo que preocupa en este caso es que, de ser presentada como ley estatutaria, el proyecto sería sometido a una revisión automática por parte de la Corte Constitucional, que podría rechazarlo.En cuanto a la Comisión Séptima del Senado, el proyecto se enfrentaría a la senadora Nadia Blel, presidenta de esta comisión, quien ha advertido que sus integrantes no serán simplemente notarios de las reformas. El problema para el Gobierno radica en que fue en esta comisión donde se hundió el proyecto anterior, lo que implica un historial desfavorable en este escenario.En la Comisión Séptima de la Cámara, liderada por Gerardo Yepes, del partido Conservador, el panorama es diferente. A pesar de su afiliación, esta comisión cuenta con una fuerte presencia petrista, con miembros del Pacto Histórico y la Alianza Verde, quienes han facilitado el avance de reformas como la pensional y la laboral.Además, si la reforma se presenta con mensaje de urgencia, se reduciría el número de debates necesarios para su aprobación. Incluso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha expresado su apoyo a esta estrategia.
El Gobierno Nacional aseguró que la nueva reforma a la salud no se presentaría sin antes contar con el consenso de todas las asociaciones y gremios médicos. Sin embargo, a medida que se aproxima la radicación del proyecto, persisten serias dudas sobre si se ha cumplido con este compromiso.Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Prepagada (ACEMI) ha manifestado su desconcierto. El vicepresidente técnico de ACEMI reveló que la entidad desconoce el contenido del documento que se pretende radicar. La última interacción formal entre el gobierno y ACEMI sobre la reforma ocurrió en abril, en el contexto de la legislatura pasada, cuando surgieron las primeras tensiones debido a la propuesta del gobierno de convertir a las EPS en gestoras de salud y vida.Por otro lado, la Academia Nacional de Medicina, junto con diversas sociedades científicas, también expresaron sus preocupaciones. Estos grupos entregaron su propio proyecto de reforma al viceministro Jaime Urrego, con el objetivo de que sus sugerencias fueran consideradas. A pesar de una mesa técnica realizada hace dos semanas, las sociedades científicas afirman que desconocen el contenido final del documento a radicar y si sus recomendaciones fueron incorporadas.La situación es aún más incierta para la Asociación de Pacientes, que sostuvo una mesa técnica el pasado 22 de agosto. Según Denis Silva, presidente de la asociación, la reunión no alcanzó acuerdos significativos, y se había planteado realizar dos mesas adicionales antes de presentar la reforma. Además, los pacientes de alto costo no participaron en estas discusiones y desconocen las razones por las cuales no fueron convocados.En conclusión, con la fecha de presentación de la reforma a la salud acercándose, el consenso prometido parece aún distante. Todos los grupos implicados siguen en la incertidumbre respecto a los detalles del proyecto que se presentará en los próximos días.
En los últimos meses, la Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido algunas EPS en el país. Además, otras entidades como Compensar y Sura han solicitado el retiro voluntario. La Defensoría del Pueblo ha estado monitoreando este tema a través de mesas técnicas y ha elaborado un reporte sobre el promedio mensual de tutelas antes y después de las intervenciones. Todas las EPS intervenidas han registrado un aumento en el número de tutelas desde que fueron intervenidas.Por ejemplo, la Nueva EPS tenía un promedio mensual de 3.781 tutelas antes de la intervención, cifra que aumentó a 5.266 después de la misma. En el caso de Sanitas, el promedio mensual era de 1.425 tutelas antes de la intervención y, posteriormente, esta cifra subió a 1.786. Mientras tanto, en el caso de Savia EPS/Alianza Medellín, las cifras pasaron de 986 a 1.651 tutelas.En los primeros seis meses de este año, los colombianos han presentado más de 120.000 tutelas para acceder a tratamientos, medicamentos y otros servicios de salud. Estas cifras representan un aumento del 42 % en comparación con el mismo período del año anterior.Durante el periodo de enero a junio de 2024, el crecimiento de las tutelas en salud continuó, alcanzando la cifra de 127.631 acciones, lo que representa un incremento del 42,22 % en relación con el mismo período de 2023. Este aumento refleja las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a los servicios de salud, especialmente en la asignación de citas médicas especializadas, lo que los obliga a recurrir a los juzgados para obtener atención."Las dificultades económicas manifestadas por algunas EPS han contribuido al aumento de las tutelas en salud, sumado a la intervención de la Superintendencia de Salud en otras EPS", señala la Defensoría del Pueblo sobre el tema.
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, lanzó una advertencia sobre la grave situación que enfrenta el sector de la salud en Colombia. Según dijo en diálogo con Mañanas Blu, este podría ser el peor año para la historia del sector, debido a la falta de recursos que hay. Una de las preocupaciones principales, explicó, es el giro de los recursos conocidos como presupuestos máximos, destinados al pago, especialmente, de medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios.Mencionó que, desde el mes junio, las EPS no han recibido estos recursos, lo cual representa un déficit mensual de aproximadamente 300.000 millones de pesos. Además, dijo que el Ministerio de Hacienda, en una respuesta a un congresista, comunicó que, debido al bajo recaudo fiscal, estos recursos no estarán disponibles hasta finales del año.Esta situación, de acuerdo con Vesga, tiene un impacto directo en el sistema de salud, ya que se estima que habrá un déficit de cinco billones de pesos para cubrir el pago de dichos medicamentos de alto costo. Además, las cifras de las EPS indican que la siniestralidad ha aumentado significativamente, alcanzando niveles del 110, 112 %, lo que significa que el sistema está consumiendo más de lo que puede cubrir, según asevero.Desabastecimiento de medicamentosRespondió también a los recientes videos en los que quedó en evidencia que en algunas entidades no se les estaba entregado medicamentos a los usuarios, pese a que sí había, según el inventario. Fue la Superintendencia de Salud la que denunció. La presidenta de Acemi dijo que le cuesta creer que sea así, pero admitió que la situación de abastecimiento sí es real.“Me cuesta trabajo creerlo. Realmente la situación con los usuarios es muy crítica; los medicamentos, claro que hay un problema de abastecimiento, como lo hemos mencionado. Yo no sé, en el caso particular de las visitas que está haciendo el superintendente y los hallazgos, pues hay particularidades que, tanto gestor farmacéutico como la EPS tendrán que aclarar, pero cuesta creer que esa sea una decisión deliberada de no entregar un medicamento. Esa no es la razón de ser de ninguna de esas dos entidades y bueno, pues tendrán que aclararlo directamente tanto el gestor como las EPS”, precisó.Vesga detalló que la falta de recursos y la demora en la entrega de los presupuestos máximos también están afectando la atención a los pacientes. Incluso, agregó, ya se han reportado cancelaciones de citas, falta de entrega de medicamentos y dificultades en las autorizaciones. Aunque reconoció que el “sistema de salud no se apaga de la noche a la mañana”, si puede ir “deteriorándose”.“Tenemos enorme preocupación porque, evidentemente, lo que sí estamos viendo ya y esto ha venido bajando desde los grandes prestadores, tanto públicos como privados, inclusive los mismos que están hoy recibiendo el mecanismo de giro directo que se ha buscado implementar para facilitar ese flujo de recursos en el sistema, se están dando cuenta de que bueno, sí, de pronto el giro directo dispara, digámoslo así, a más prestadores, pero no lo suficiente. Entonces, los prestadores se ven en dificultad para prestar sus servicios. Ni hablar del desabastecimiento, es real la situación en el país; todo esto impacta y finalmente el usuario lo que empieza a sentir es cancelación de citas, no entrega de su dispensación de su fórmula completa o dificultad en las autorizaciones”, detalló.Ante esta situación, Vega ha manifestado su preocupación y ha pedido al Gobierno que se tomen medidas urgentes para resolver el problema de financiamiento y garantizar la atención adecuada a los pacientes. Por eso, también señaló que la reforma de la salud debe ser enfocada en los pacientes y no solo en las EPS.En cuanto a las relaciones con el Gobierno y el Ministerio de Salud, Vesga expresó que no hay reuniones recientes para trabajar en el texto de la reforma de la salud. Sin embargo, afirmó que Acemi será respetuosa de los acuerdos en los que estuvieron de acuerdo con el Gobierno, pero presentará observaciones en los aspectos en los que no.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió al paso a las declaraciones que más temprano habían dado las directivas de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, que calificaron el 2024 como uno de los peores años para la salud en el país.Según la agremiación, para final de año habrá un déficit de $5,9 billones de unidad de pago por capitación, UPC, Presupuestos Máximos PM y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) sumado a un faltante $3,6 billones para el financiamiento de todo el sistema de salud.Acemi detalló que la la inflación, la incertidumbre con las reformas a la salud y la insuficiencia en la entrega de recursos son algunas de las razones que han llevado a esta situación.Sin embargo, el ministro Jaramillo desestimó las alertas asegurando que los problemas vienen de gobiernos anteriores y pidió revisar las cuentas.“Si no, no hubiera existido el punto final, con $12 billones que tuvo que sacar el Gobierno nacional para poder cubrir las dificultades que se presentaron. Aquí este Gobierno ha venido cumpliendo, es así que hoy tenemos ya pago, por ejemplo, el mes de agosto, un cierto presupuesto máximo al mes de junio y ya están las resoluciones para julio, agosto y septiembre”, argumentó Jaramillo.Esa declaración se dio tras una reunión con la bancada de independientes de la Cámara de Representantes en la que también asistió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para hablar precisamente de las reformas. Allí, al finalizar, Jaramillo aseguró que Ana María Vesga, directora de ACEMI, debía revisar las cuentas.“Entonces, yo creo que de pronto le fallan las sumas y restas a nuestra doctora Vesga”, puntualizó.
La muerte de Kevin Acosta, el niño que falleció tras una caída en bicicleta mientras esperaba un medicamento para tratar la hemofilia, reabrió el debate sobre el acceso al tratamiento en Colombia. En medio de ese contexto, Ruth Segura y su hijo Hans compartieron su testimonio en entrevista con el programa Relatos al Límite sobre lo que significa vivir con esta enfermedad hereditaria y los desafíos en el sistema de salud.“La hemofilia es una deficiencia de factor en la sangre. En nuestra familia tenemos la deficiencia del factor 9”, explicó Ruth. La hemofilia B, como es conocida, impide una adecuada coagulación y puede desencadenar hemorragias internas prolongadas incluso por golpes leves.Hans fue diagnosticado a los 2 años de edad, luego de un episodio que marcó a la familia. “El niño estaba bañadito en sangre de la cabeza hasta los pies”, recordó su madre sobre aquella madrugada en la que terminó en cuidados intensivos tras un golpe en el labio. En ese momento, hace 38 años, el acceso al factor de coagulación en Colombia era inexistente y el tratamiento consistía en transfusiones.Restricciones, miedo y resilienciaLa infancia de Hans estuvo marcada por limitaciones. “En el colegio me tocaba vestirme con la camiseta especial, de un color diferente, para que identificaran que ese muchacho no lo podían tocar”, relató. La sobreprotección era una constante: casco, rodilleras y coderas improvisadas para evitar hemorragias, en una época sin profilaxis.Uno de los episodios más críticos ocurrió cuando tenía 12 años. Tras morderse el labio en un accidente menor, su madre lo encontró “vomitando sangre por toneladas”. Permaneció un mes hospitalizado.A pesar de que un médico pronosticó que no superaría los 16 años de edad, hoy Hans tiene 40. “Doctor, mire, aquí estoy y vivo”, le dijo tiempo después en un simposio sobre hemofilia.El factor: clave para una vida normal“El factor es el medicamento que hace que los chicos de hoy en día tengan una vida normal”, subrayó Ruth. Hans, paciente con hemofilia B leve y tratamiento a demanda, aprendió desde los 12 años a aplicarse el medicamento.Sin embargo, la familia insiste en que el acceso sigue siendo complejo. “Ha sido muy difícil la atención, la mala comunicación, la información”, afirmó Ruth, quien hizo un llamado al Gobierno y a las EPS para fortalecer la información y garantizar el suministro oportuno.Hans envió un mensaje a otros pacientes: “No se deje llevar de lo que diga la gente, porque para eso hay un medicamento. Siempre y cuando uno lo tenga, puede tener una vida sana”.Para Ruth, la conclusión es clara: “La hemofilia no se ve, la hemofilia se siente, y el único que lo siente es el paciente”.Vea la entrevista completa acá:
Las organizaciones de pacientes anunciaron una jornada de movilización para el próximo domingo 1 de marzo en Bogotá, con el objetivo de exigir acciones urgentes frente a la crisis del sistema de salud, denunciar el aumento de muertes asociadas a fallas en la atención y rechazar la indiferencia institucional frente a la situación de miles de pacientes en el país. En la convocatoria, las organizaciones afirmaron que “Kevin es el símbolo de la destrucción del sistema de salud: no más muertos”.La convocatoria se da tras varias semanas de tensión, luego de la muerte del niño paciente de hemofilia Kevin Acosta y de pronunciamientos de funcionarios del Gobierno que, aseguran los pacientes, minimizan el impacto que la crisis está dejando sobre las personas con enfermedades de alto costo, las barreras de acceso a los servicios y los problemas en la entrega de medicamentos.El vocero de la Organización Pacientes Colombia, Denis Silva, explicó que la movilización responde a tres razones centrales: en primer lugar, frenar lo que califican como una crisis humanitaria; también visibilizar a las personas que han muerto en medio de las fallas del sistema, y romper la indiferencia frente a lo que está ocurriendo en el sector.Silva también se refirió al caso de Cecilia Quintero, la mujer de 70 años con problemas renales que falleció haciendo fila para reclamar sus medicamentos. “No es solamente Kevin o lo que le sucedió en Cúcuta a la señora Cecilia y a los dos hermanos de la señora Cecilia. De enfermedades huérfanas, en 2025 se murieron dos mil quinientas personas; de esas, el 40 % eran de la Nueva EPS”, agregó Silva.El llamado se produce, además, en medio de una nueva controversia por el decreto 0182 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el que se modifica el funcionamiento de las EPS y se anuncia el traslado masivo de millones de usuarios hacia la Nueva EPS y otras aseguradoras, pese a la crisis financiera y operativa que atraviesan varias de estas entidades.
Denis Silva, vocero de la asociación Pacientes de Colombia y quien asistió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación del sistema de salud en Colombia, en Mañanas Blu, arremetió contra el nuevo decreto del Ministerio de Salud que obliga al traslado masivo de millones de afiliados. Según Silva, esta medida no solo vulnera derechos fundamentales, sino que representa un intento de estatizar el sistema de salud por vía administrativa.Violación a la libre elección y riesgos para la vidaEl decreto estipula el traslado obligatorio de aproximadamente 6,6 millones de personas, de las cuales el 80% serán asignadas a tres EPS intervenidas por el Estado: Nueva EPS, SOS Comfandi y Savia Salud. Silva comparó la naturaleza de estos traslados con eventos históricos de encierro y eliminación, señalando que los usuarios están siendo tratados como mercancía económica (la UPC) y no como seres humanos.Uno de los puntos más críticos es la pérdida del derecho a la libre elección. Silva citó el ejemplo de afiliados de SURA en ciudades como Armenia o Pereira que, a pesar de estar satisfechos con su servicio, serán obligados a pasar a la Nueva EPS, una entidad que, según el vocero, carece de red suficiente, tiene una crisis económica "espantosa" y no posee la capacidad administrativa para atender a los más de 11 millones de usuarios que ya tiene. Además, denunció que la norma rompe la unidad del grupo familiar, trasladando solo al cotizante y dejando al resto en el limbo.Intereses electorales tras el manejo de recursosPara el vocero de los pacientes, la lógica detrás de este movimiento es netamente electoral. Silva explicó que los pacientes quedarán "secuestrados" por 60 días en la EPS asignada antes de poder intentar un nuevo traslado. Durante ese periodo, las EPS intervenidas por el Gobierno recibirán un flujo masivo de recursos para garantizar tratamientos de corto plazo, lo que podría usarse para mejorar artificialmente la percepción del sistema de cara a las próximas elecciones. Una vez pasado ese tiempo y cuando los usuarios comiencen a migrar, el sistema regresaría a la crisis actual.Hacia un monopolio estatal de la saludLa preocupación central de Pacientes de Colombia es que el Gobierno busca eliminar la competencia para que solo queden EPS de corte oficialista. Silva señaló que, con la entrada en vigencia del decreto, el Estado pasaría a manejar de manera directa entre el 66% y el 67% del sistema de salud. Esto se ve reforzado por el hecho de que la Nueva EPS es la única que cumple el criterio de concentrar más del 20% de afiliados, lo que le permite mantenerse en territorios donde otras serán expulsadas.Escuche aquí la entrevista:
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Ministerio de Salud habilitó más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos luego de que en los últimos días se evidenciara una reemergencia del sarampión en distintas partes del mundo, además de un aumento significativo en el continente americano, sobre todo en México y Estados Unidos, sedes del Mundial de Fútbol 2026.Por esa razón, el Gobierno nacional busca prevenir, sobre todo, a las personas que planean viajar al Mundial, con el fin de proteger al país de una masiva importación del virus y una posible emergencia epidemiológica por sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año se reportaron, solo en el continente, más de 14.000 casos, 32 veces más que en 2024.Además, esta semana el Gobierno confirmó que 4 personas que viajaron internacionalmente llegaron a Colombia como sospechosas de haber contraído sarampión; uno de los casos llegó desde México. Uno de los casos ya fue descartado y los otros tres continúan bajo estudios y vigilancia estricta para determinar si tienen o no esta enfermedad.Las vacunas que estarán disponibles en los puntos de vacunación gratuitos son la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente, que solamente protege contra sarampión y rubéola.¿Quiénes y cómo deben vacunarse?Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses.Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis.Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021.Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.Personas vinculadas al turismo, la hotelería y el transporte internacional.Las autoridades reforzarán la vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para la rápida identificación de posibles casos y garantizar el aislamiento oportuno de los casos sospechosos. También se fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema de salud, activando rutas de atención en IPS para los casos sospechosos; además, se dará prioridad a pacientes que presenten fiebre o sarpullido.
En las últimas horas se conoció un decreto del Gobierno con el cual podrían desaparecer algunas EPS de baja cobertura o con pocos afiliados en los territorios. Pues los usuarios serían trasladados a algunas EPS más grandes, como la Nueva EPS, hoy en día intervenida por el Gobierno.El representante a la Cámara del Centro Democrático asegura que esta medida es inconveniente y por eso le pidió al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto.“Radiqué ante el Consejo de Estado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido. También he solicitado la suspensión provisional del nuevo decreto, el 0182. Seguimos defendiendo a los pacientes”, dijo Forero.Es importante recordar que la Nueva EPS está intervenida por el Gobierno, pero además, según la Defensoría del Pueblo, en 2025 aumentaron hubo 14.603 quejas contra esa EPS por las dificultades en el acceso a servicios y medicamentos, es decir, un aumento del 107% en comparación con 2024.Con este decreto del Gobierno ahora más de 2.6 millones de usuarios de distintas EPS serían trasladas a la Nueva EPS.En las últimas horas el presidente Petro ha defendido esta decisión.“Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación. Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial”, dijo Petro.
Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia ante la aparición de infecciones en humanos causadas por un hongo que puede transmitirse directamente desde los gatos. La situación genera preocupación entre especialistas debido a que este patógeno tiene la capacidad de propagarse en entornos domésticos, especialmente cuando existe contacto cercano con felinos que presentan lesiones visibles o signos de enfermedad.El caso que encendió las alertas comenzó cuando una familia desarrolló lesiones cutáneas tras convivir con un gato que presentaba úlceras en el hocico y las orejas. Posteriormente, otros integrantes del hogar y más animales domésticos manifestaron síntomas similares, lo que llevó a realizar estudios clínicos y de laboratorio para determinar el origen de la infección.Fue en ese contexto que las autoridades confirmaron un brote en Uruguay provocado por el hongo Sporothrix brasiliensis, una variante identificada originalmente en Brasil. El diagnóstico fue verificado mediante análisis de biología molecular, lo que permitió activar protocolos de control epidemiológico para evitar su propagación.Qué es el Sporothrix brasiliensis y por qué preocupa a dueñosEl Sporothrix brasiliensis es un hongo dimorfo perteneciente a un grupo conocido desde finales del siglo XIX, aunque esta variante específica fue clasificada en la década de 1990. Lo que lo diferencia de otras especies es su alta capacidad de transmisión zoonótica, es decir, puede pasar de animales a humanos con facilidadDurante décadas, la esporotricosis estuvo asociada principalmente a actividades rurales, como el contacto con plantas, tierra o material orgánico en descomposición. Sin embargo, el patrón ha cambiado y ahora los gatos, especialmente aquellos que viven en la calle, son considerados los principales transmisores.Este cambio en la dinámica de transmisión ha incrementado el riesgo en zonas urbanas, donde la convivencia cercana entre humanos y mascotas facilita el contagio.Cómo se transmite el hongo de gatos a humanosLa transmisión ocurre cuando el hongo entra en el organismo a través de la piel, generalmente por contacto directo con un animal infectado. Las principales formas de contagio incluyen:Arañazos de gatos infectados.Mordeduras que rompen la piel.Contacto con secreciones de lesiones abiertas.Manipulación de animales enfermos sin protección.Los veterinarios advierten que los gatos infectados pueden portar grandes cantidades del hongo en sus heridas, lo que aumenta la probabilidad de transmisión.Síntomas en humanos: señales de alertaEn las personas, la infección suele comenzar con lesiones pequeñas que pueden parecer inofensivas, pero que evolucionan con el tiempo. Los síntomas más frecuentes son:Aparición de nódulos o protuberancias rojizas en la piel.Formación de úlceras en la zona afectada.Lesiones que se expanden siguiendo los vasos linfáticos.Inflamación y dolor en el área comprometida.En casos más graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, la infección puede extenderse a órganos internos como los pulmones, el hígado o los huesos.En el brote confirmado, los pacientes humanos respondieron favorablemente al tratamiento antifúngico tras recibir diagnóstico oportuno. Sin embargo, el impacto en los animales fue más severo. De los tres gatos infectados en el mismo entorno, solo uno logró recuperarse, mientras que los otros fallecieron debido al avance de la enfermedad.Veterinarios también han reportado un aumento en la detección de gatos con lesiones cutáneas sospechosas, lo que refuerza la preocupación sobre una posible expansión del hongo.Uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias es el control de los gatos en situación de calle, considerados reservorios del patógeno y una fuente potencial de contagio continuo.Medidas de prevenciónAnte esta situación, expertos en salud recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección:Evitar el contacto con gatos que tengan heridas visibles.No manipular animales enfermos sin protección.Acudir al médico ante cualquier lesión sospechosa.Llevar a las mascotas al veterinario si presentan síntomas.Lavarse las manos después de interactuar con animales.Aunque esta infección es tratable, el diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones. Las autoridades continúan reforzando la vigilancia epidemiológica y no descartan implementar nuevas medidas de control para prevenir la propagación de esta zoonosis emergente.
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, lanzó una fuerte advertencia frente al Decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que ordena la redistribución de más de 6,5 millones de afiliados entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En entrevista con Mañanas Blu, la dirigente gremial aseguró que la medida, en el marco de la reforma al sistema de salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, representa un riesgo para la continuidad de los tratamientos y para el derecho de libre elección de los usuarios.“Usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir”, afirmó Vesga, al advertir que cerca de cuatro millones de usuarios serían trasladados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que actualmente enfrentan graves problemas financieros y operativos.Redistribución de afiliados y libertad de elecciónEl Decreto 182 establece que el Gobierno podrá asignar afiliados a EPS según criterios territoriales y de capacidad operativa. En la práctica, esto implicará que personas afiliadas a una EPS en un municipio donde esta no cumpla con un umbral mínimo de afiliados deberán ser trasladadas a otra aseguradora con mayor presencia en ese territorio.Según Vesga, la medida elimina en la práctica el derecho a la libre elección. “En más de 700 municipios solo estará una EPS disponible. Allí no hay libertad de elección porque solamente tendrá una opción”, explicó. Aunque el decreto contempla un plazo de 60 días para solicitar traslado si existe más de una alternativa en el territorio, en amplias zonas del país la oferta sería limitada.Desde ACEMI se insiste en que una reforma estructural al sistema de salud debe realizarse por vía legislativa y no mediante decreto. “El Consejo de Estado ya le suspendió al Gobierno un decreto anterior por esta misma razón. Hoy lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido”, señaló Vesga, aludiendo al Decreto 858.EPS intervenidas y riesgo de colapsoUno de los puntos más críticos es el fortalecimiento de EPS intervenidas, especialmente Nueva EPS, que pasaría de 11 millones a cerca de 15 millones de afiliados. La entidad, intervenida desde abril de 2024, enfrenta un patrimonio negativo cercano a los 15 billones de pesos, según cifras citadas por el gremio.“Tenemos un sistema frágil, fragmentado y con muchas dificultades. Lo que vamos a ver es una crisis mayor”, advirtió la presidenta de ACEMI. Añadió que estas EPS presentan “una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa y un incremento de quejas, reclamos y tutelas”.Para Vesga, el problema no es únicamente jurídico, sino humano: “Lo que se están moviendo son vidas”. La dirigente explicó que el traslado masivo de afiliados implica que la EPS receptora deberá contratar rápidamente redes de clínicas, hospitales y dispensadores de medicamentos en territorios donde puede no tener capacidad instalada suficiente.Continuidad de tratamientos y pacientes de alto costoEl decreto establece la obligación de garantizar la continuidad de tratamientos, especialmente en casos de enfermedades de alto costo, pacientes maternas y patologías catastróficas. Sin embargo, ACEMI duda de la viabilidad operativa de esa garantía.“En el papel está la obligación de continuidad, pero si la EPS no logra contratar red con rapidez, lo que vamos a ver es interrupción en tratamientos y atención general”, afirmó Vesga. Recordó que las EPS intervenidas mantienen deudas con hospitales y proveedores, lo que dificulta la contratación de nuevos servicios.La dirigente comparó la situación con crisis anteriores del sistema de salud en Colombia, como el traslado de afiliados de Café Salud a Medimás, donde se registraron fallas en la atención y retrasos en procedimientos médicos.Impacto en el sistema de salud colombianoEl debate sobre el Decreto 182 se produce en un contexto de profunda discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, uno de los ejes centrales del gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo argumenta que la reorganización territorial busca eficiencia y racionalización del sistema, los gremios advierten sobre improvisación y debilitamiento institucional.La redistribución de afiliados afectará a todas las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. “No hay ninguna que no esté perdiendo población”, aclaró la presidenta de ACEMI.En términos prácticos, los usuarios deberán ser notificados del cambio por su nueva EPS y recibir información sobre su red de atención. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre pacientes con tratamientos en curso y enfermedades graves.Un debate abierto sobre la reforma a la saludEl Decreto 182 reaviva la discusión sobre la reforma estructural al sistema de salud colombiano y el alcance de las facultades del Ejecutivo para implementar cambios por vía administrativa. Para ACEMI, la preocupación central es la sostenibilidad financiera y la garantía efectiva del servicio.“La solución no está en mover pacientes. La solución está en resolver la fragilidad estructural financiera y administrativa del sistema”, concluyó Vesga.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas reaccionaron a la circular emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que ordena el pago por giro directo a hospitales públicos con el fin de garantizar recursos oportunos. Aunque reconocen la necesidad de fortalecer la red pública, advierten que la medida podría dejarlas en desventaja y afectar la estabilidad financiera del sistema.A través de una comunicación oficial, la Unión de IPS Colombia (UNIPS) manifestó su preocupación por lo que consideran un posible trato desigual en la distribución de los recursos. El gremio recordó que las IPS privadas representan cerca del 90 % de la capacidad instalada en salud del país y atienden a millones de usuarios en diferentes niveles de complejidad.Según señalaron, si la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no les gira directamente los recursos correspondientes por los servicios ya prestados, el impacto financiero podría ser alto, no solo para las clínicas y centros médicos privados, sino para toda la red de atención.Las IPS privadas insisten en que el flujo de recursos debe ser oportuno y sin distinción por naturaleza jurídica del prestador, pues tanto hospitales públicos como privados cumplen un papel esencial en la garantía del derecho a la salud. En ese sentido, pidieron que la aplicación de la circular sea integral y que no se generen desequilibrios que puedan traducirse en retrasos en pagos, afectaciones operativas o limitaciones en la prestación de servicios.El gremio concluyó que el debate no es sobre la priorización de un sector, sino sobre la necesidad de asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a toda la red prestadora, para evitar riesgos en la atención de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema de salud.