La tarde de este jueves, en menos de dos horas, sicarios acabaron con la vida de dos personas en hechos diferentes. Entre las víctimas está un adolescente de 14 años que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el niño estaba caminando hacia el mostrador de la tienda para comprar un pedido que le hizo un familiar, sin embargo, depronto se percató que un hombre armado se bajó de una moto y disparó. Para cuando quiso voltear para correr, una bala lo alcanzó y se desplomó. A pesar de que fue llevado de inmediato a un centro asistencial, este llegó sin signos vitales. Por este hecho la Policía capturó a los presuntos asesinos, tras ser alertados por la comunidad.Estas personas fueron identificadas como Juan Carlos Lara Bustos, de 47 años, presunto integrante de 'Los Costeños', quien tiene anotaciones desde el 2017. El segundo capturado corresponde a Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años. Lo sorprendente del caso es que ambos presuntos delincuentes están vinculados con varios crímenes, lo que incluso los ha llevado a estar presos, pero quedaron libres. En el caso de Lara Bustos, se conoció que este tiene anotaciones por seis homicidios cometidos entre 2017 y 2022. En el caso de Sebastián, ha sido cuatro veces capturado por delitos cometidos entre marzo y mayo del 2025, pero en todas las ocasiones quedó libre a pesar de la reincidencia. Otros homicidios Entre tanto, casi de forma simultánea en el barrio La Sierrita, también en el sur de Barranquilla, sicarios cometieron otro atentado en el que salieron gravemente heridos un hombre y una mujer.En un tercer hecho, esta vez en el barrio Costa Hermosa, del municipio de Soledad, fue asesinado un joven que se encontraba en una cancha de fútbol.
En medio de la crisis que hay por la falta en la entrega de medicamentos a pacientes de varias EPS, la Policía en Barranquilla asestó un duro golpe a una red que no solo traficaba medicamentos vencidos, sino que también tenía unas bodegas llenas de fármacos de usos institucional, es decir, de los que entregan las las entidades Promotoras de Salud a sus afiliados.En el operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dian y la Fiscalía, fueron allanados tres establecimientos comerciales que funcionaban como bodegas y punto de venta de estos medicamentos en pleno centro de Barranquilla.En el sitio incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, además de medicamentos vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre productos legales, con el propósito de evadir los controles sanitarios y de la policía. también encontraron otros fármacos de control especial los cuales tenían escondidos en una caja fuerte.En el sitio fueron capturados dos hombres confirmó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana.“Fueron capturadas dos personas. Además, se logra la incautación de 30 000 unidades de medicamentos ilegales, entre ellos productos de uso institucional vencidos y de control especial avaluados en una suma de cerca de 200 millones de pesos. Este resultado hace parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad con el objetivo de proteger la salud pública y la vida de los ciudadanos”, dijo el oficial.Los capturados son dos hombres entre los 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.
Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aclaró que aún no existe una decisión sobre la eventual participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio prevista para el 8 de marzo. En diálogo con Mañanas Blu, Quiroz explicó que el organismo electoral “no puede pronunciarse mientras no haya una solicitud radicada ante la Sala Plena” y subrayó que “ninguno de los magistrados está autorizado para anticipar decisiones sobre un caso que podría llegar a trámite”.El debate surge porque Cepeda participó en la consulta del Pacto Histórico celebrada en octubre pasado, y sectores políticos cuestionan si legalmente podría presentarse nuevamente en una contienda similar dentro del mismo proceso electoral.“Hasta que no llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, no podemos pronunciarnos. Cuando llegue, tomaremos la decisión, pero debe hacerse en tiempo récord”, indicó el magistrado Quiroz, recordando que el plazo para resolver temas de candidaturas vence el 8 de febrero, antes de la impresión de los tarjetones electorales.La interpretación de la Ley 1475 y el debate sobre su alcanceLa controversia legal se centra en el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, que establece que los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos y precandidatos que participen, y que quienes lo hagan “quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos dentro del mismo proceso electoral por partidos o coaliciones distintas”.Algunos analistas interpretan que esa norma impediría a Cepeda competir nuevamente, dado que ya fue precandidato por el Pacto Histórico y ahora lo haría por el Frente Amplio, una coalición que, aunque afín, es distinta jurídicamente. Otras voces sostienen lo contrario: que la ley solo prohíbe participar con colectividades diferentes, no dentro de la misma corriente política.Durante la emisión radial, varios panelistas de Mañanas Blu discreparon sobre la interpretación. “No entiendo de dónde salió la prohibición. En ninguna parte la ley dice que un candidato que se haya presentado a una consulta no pueda hacerlo en otra”, argumentó Héctor Riveros En contraste, otros insistieron en que “si ya participó en una consulta, está obligado a respetar su resultado y no puede volverse a inscribir”.Quiroz: “El CNE no actúa de oficio”Frente a la posibilidad de que el caso de Cepeda llegue al tribunal electoral, el presidente del CNE precisó que la entidad “no actúa de oficio”. Según explicó, una decisión solo podrá adoptarse “tras la recepción de una solicitud de la Registraduría o por denuncia de algún ciudadano”. Añadió que cualquier determinación deberá tomarse “con responsabilidad institucional”, ya que la definición impacta el calendario electoral y la impresión de los mecanismos de votación.El magistrado también confirmó que “el plazo para postularse o retirarse ya pasó”, por lo que “eventualmente se abrirán investigaciones cuando haya lugar”.La variable política detrás del caso CepedaMás allá del análisis normativo, la discusión tiene un marcado componente político. Cepeda, figura destacada del ala de izquierda del petrismo y uno de los más opcionados para ganar la candidatura presidencial del Frente Amplio, se ha declarado víctima de “una campaña para impedirle participar” en la consulta de marzo.Los panelistas de Mañanas Blu coincidieron en que el CNE deberá enfrentar una decisión de alto costo político, sea cual sea su resultado. “La participación de Iván Cepeda en la consulta es una decisión política”, comentó uno Luis Ernesto Gómez, quien agregó que “el CNE suele encontrar salidas jurídicas para decisiones de fondo que están atravesadas por la coyuntura política”.Otros observadores advirtieron que desautorizar su participación podría desencadenar una “tormenta política” a pocas semanas de los comicios. “No creo que el Consejo Electoral quiera meterse en eso; buscará evitar un conflicto de grandes proporciones”, opinó otro panelista.El debate también abrió espacio para una crítica sobre el uso de recursos públicos en doble consulta. “Sería una inmoralidad que un candidato reciba dos veces reposición de votos por participar en dos consultas”, señaló una de las panelistas, al recordar que el Estado paga alrededor de 8.000 pesos por voto válido. Según cálculos expuestos en el programa, un candidato con un millón de votos podría recibir hasta 8.000 millones de pesos por reposición.Reviva el debate completo en Mañanas Blu
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves, 22 de enero, al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido "bueno" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz."Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelenski fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.El presidente estadounidense apuntó a que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin.No obstante, Witkoff había anunciado horas antes en Davos que su reunión con Putin junto a Kushner tendrá lugar este jueves y había precisado que no tenía previsto pernoctar en Moscú, sino trasladarse a Abu Dabi para mantener allí nuevas reuniones sobre cuestiones militares y económicas."Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine", repitió Trump, tras haber asegurado que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30.000 personas, sobre todo soldados."Es realmente una guerra que tiene que acabar", subrayó el presidente de EE.UU.Trump y Zelenski hablaron a solasPor otra parte, dijo a los reporteros que en su encuentro con el líder ucraniano no habían abordado la cuestión de su Junta de Paz, que se constituyó este jueves oficialmente en Davos y a la que Zelenski había dado a entender que no se sumaría ya que también ha sido invitado Putin.El propio presidente ucraniano declaró a la prensa al salir de la sala de reuniones que el encuentro había sido "muy bueno".El portavoz de la Presidencia ucraniana Serguí Nikifórov, por su parte, dijo que hacia el final de la reunión Trump y Zelenski habían tenido una "breve charla a solas".Está previsto que Zelenski pronuncie este jueves un discurso en Davos.Originalmente, el presidente ucraniano había afirmado que no se desplazaría al foro en la estación alpina de Suiza a no ser que se le requiriese para firmar alguno de los documentos que Kiev negocia con sus socios estadounidenses y europeos, sino que se quedaría en su país para gestionar la crisis energética causada por los ataques rusos.Sin embargo, el propio Trump hizo público el miércoles que se reuniría con Zelenski, al tiempo que sus enviados viajan a Moscú para entrevistarse con Putin.
En un entorno global donde la digitalización marca el ritmo de la supervivencia corporativa, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de futuro para consolidarse como el eje central de la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad empresarial. En Latinoamérica, este panorama es cada vez más dinámico. Según un estudio de Morning Consult para IBM, más de un tercio de las compañías en la región ya proyectan inversiones estratégicas en la capacitación y el desarrollo de su fuerza laboral para adaptarse a estas nuevas herramientas.Esta tendencia responde a una necesidad imperativa: las organizaciones deben incorporar tecnologías que no solo optimicen sus procesos internos, sino que fortalezcan su capacidad de respuesta ante un mercado que exige agilidad constante. En este escenario, JumpCube se ha erigido como un referente regional. En apenas dos años, la compañía especializada en soluciones de inteligencia artificial ha demostrado que la tecnología aplicada puede transformar radicalmente la operación de negocios en múltiples industrias.El impacto del AI BPO en los resultados de negocioBajo el liderazgo de Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube, la firma ha desplegado su plataforma AI BPO (Business Process Orchestration), una solución integral que combina la automatización de procesos documentales, la mejora sustancial en la experiencia del cliente y el análisis avanzado de datos para la toma de decisiones estratégicas.Los resultados son medibles y contundentes. De acuerdo con Lince, “Durante los últimos meses, los resultados observados en las empresas que implementaron la plataforma han sido significativos. Sectores como servicios financieros, manufactura, retail y educación reportan mejoras superiores al 40% en eficiencia operativa y optimización de recursos. La inteligencia artificial dejó de ser un complemento operativo; hoy es un motor estratégico que permite a las empresas operar con mayor eficiencia y sostenibilidad”.Colombia: Epicentro de la innovación tecnológicaAunque JumpCube tiene una vocación internacional, su impacto en el mercado colombiano es notable. Actualmente, el país concentra cerca del 70% de su facturación. De sus más de 100 clientes a nivel regional, aproximadamente 50 son organizaciones colombianas, incluyendo actores de peso en sectores como la banca, seguros, logística, retail y salud.La plataforma de JumpCube se distingue por ser multipropósito, multipaís y multiindustria. Para sostener este nivel de operación, la compañía cuenta con un equipo de cerca de 100 colaboradores, entre los que destacan más de 50 ingenieros especializados en el desarrollo de soluciones de vanguardia. Esta capacidad técnica les ha permitido expandirse con éxito a mercados en México, Perú, Chile, Estados Unidos e Irlanda.Alianzas de clase mundial y visión a 2026El crecimiento de JumpCube no ha sido aislado; se apoya en una red de alianzas y reconocimientos que validan su eficacia. La compañía ostenta la condición de socia avanzada de Amazon Web Services (AWS) en IA generativa y se encuentra en proceso de obtener certificaciones SMB (Small and Medium Business), un reconocimiento poco común en la región que certifica la robustez de sus soluciones para pequeñas y medianas empresas.Con la mirada puesta en el cierre de 2026, JumpCube continúa fortaleciendo su plataforma AI BPO. La meta es clara: expandir su impacto a más empresas en la región, acompañando la transformación digital y preparando a las organizaciones para anticipar las demandas de un mercado en constante evolución. Al combinar talento especializado con tecnología robusta, la IA se consolida como el motor definitivo de productividad y crecimiento en los negocios latinoamericanos.
Un juez de conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación en el proceso por la muerte de la cadete de la Policía Nacional Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 al interior de la Escuela General Santander, presuntamente vinculada a la investigación de la Comunidad del Anillo, al considerar que la investigación no agotó de manera suficiente otras hipótesis distintas a la del suicidio, planteada por el ente acusador para cerrar definitivamente el caso.La decisión fue adoptada por el Juzgado 58 Penal del Circuito con función de conocimiento, que concluyó que la tesis central sostenida por la Fiscalía, un suicidio motivado por una ruptura sentimental, carece de la solidez probatoria necesaria y presenta inconsistencias frente a los propios elementos temporales y contextuales que reposan en el expediente. En particular, el despacho judicial descartó que la expareja sentimental de la cadete, identificada como “el gordo”, pudiera definirse como el móvil exclusivo del fallecimiento.Al analizar ese punto, el juez sostuvo que “la narrativa del fracaso amoroso con que se identifica como ‘el gordo’ pierde fuerza explicativa si se la contrasta con los datos temporales aportados por esa misma declarante, según los cuales la ruptura había ocurrido meses antes, lo que permitiría definir un proceso de elaboración ya en curso y una disposición a establecer nuevas relaciones”.En esa misma línea, el despacho hizo referencia a la mención del cadete, identificado como Cifuentes, señalado por algunos testimonios como un posible vínculo afectivo dentro de la escuela. Para el juez, aunque ese dato “no acredita una determinada hipótesis”, sí introduce un elemento adicional que debilita la idea de una ruptura reciente como detonante inmediato del desenlace.Otro de los puntos centrales cuestionados por el juez fue la supuesta carta suicida que la Fiscalía tuvo en cuenta para sustentar su solicitud de preclusión. Sobre este elemento, el fallo advirtió que “lo cierto es que la última declaración de quien fue presentada como su mejor amiga introduce un contraste que no puede soslayarse”, pues manifestó no reconocer el escrito como de autoría de la cadete.Según esa testigo, el contexto personal de Lina Zapata estaba marcado por “expectativas institucionales relevantes, como el ascenso próximo y por la apertura a nuevas posibilidades de vida social y sentimental”, y explicó que sus episodios de aislamiento respondían más a una necesidad fisiológica de descanso que a un cuadro depresivo.Más allá de la crítica a la hipótesis del suicidio, el juez hizo un llamado de atención a la Fiscalía por la forma en que condujo la investigación. En su decisión dejó constancia de que “no se aprecia un esfuerzo investigativo orientado a explorar con la misma intensidad hipótesis alternativas ni a extender la verificación a otros supuestos penalmente relevantes que eventualmente pudieron concurrir o incidir en el deceso”. Esa falencia, agregó, se agrava por el paso del tiempo y por la ausencia de diligencias básicas que habrían sido útiles para el esclarecimiento de los hechos.El despacho enumeró, entre otras omisiones, la falta de análisis de huellas o rastros en el arma y en el sable, así como la inexistencia de actos de reconstrucción que permitieran establecer con mayor precisión qué ocurrió dentro del inmueble y cuál fue el recorrido de la cadete en los minutos previos a su muerte. “No se trata de exigir pruebas imposibles ni de imponer una investigación inagotable, sino de advertir que frente a un desenlace de alta complejidad y a la hipótesis de una posible alteración de la escena, la Fiscalía debía al menos agotar aquellos actos básicos de esclarecimiento y preservación”.Tras la decisión judicial, el abogado de la familia, Jesús Vergara, explicó las implicaciones procesales inmediatas. “El juez, al no decretar la preclusión, le dice a la Fiscalía que tiene que continuar investigando, pero solamente quedan tres días, debido a la prescripción que tiene como fecha límite el 25 de enero”, señaló.Según el apoderado, el fiscal del caso deberá solicitar que la investigación sea declarada imprescriptible, lo que implicaría acudir ante la autoridad competente para “seguir investigando, porque hay muchos vacíos”, advirtió.El caso de Lina Maritza Zapata no solo marcó a su familia, sino que se convirtió en uno de los episodios más sensibles del escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, una presunta red de explotación sexual que habría operado durante años al interior de la Policía Nacional. Aunque inicialmente su muerte fue catalogada como suicidio y el proceso cerrado, una década después la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio.La defensa de las víctimas ha insistido en la existencia de irregularidades, como patrones de manchas de sangre que no coincidirían con la ubicación del cuerpo, anomalías en el uniforme que vestía la cadete el día de su muerte, entre otros.
Durante años, pocas recomendaciones de salud han calado tanto en la opinión pública como la idea de beber ocho vasos de agua al día. Dos litros exactos, ni más ni menos, convertidos en un dogma que aparece en relojes inteligentes, aplicaciones de bienestar y discursos de celebridades del fitness. Sin embargo, cuando se analiza con lupa científica, esta cifra aparentemente incuestionable empieza a resquebrajarse.La medicina moderna parte de un principio básico: no existen dos organismos idénticos. Las diferencias no se limitan a la estatura o al peso, sino que incluyen el metabolismo, la composición corporal, la edad y el nivel de actividad física. Pretender que todas las personas necesiten la misma cantidad de agua diaria es tan impreciso como recomendar la misma dosis de un fármaco a toda la población. Por eso, cada vez más expertos defienden que la hidratación debe adaptarse a cada individuo.No es difícil entenderlo con un ejemplo sencillo. Las necesidades hídricas de una persona joven, muy activa y con gran masa muscular no se parecen en nada a las de alguien mayor, con menor gasto energético y un metabolismo más lento. En este contexto, repetir de forma automática el famoso “dos litros al día” carece de sentido fisiológico. El origen de esta creencia se remonta a mediados del siglo XX. En 1945, el Food and Nutrition Board de Estados Unidos publicó una recomendación que hablaba de una ingesta adecuada de 2,5 litros diarios de líquidos. Décadas después, el fisiólogo Heinz Valtin explicó que el error estuvo en ignorar una frase clave del documento: gran parte de esa cantidad ya se obtiene a través de los alimentos. Con el tiempo, la advertencia se perdió y la cifra se transformó en una obligación diaria de beber agua.Las instituciones sanitarias actuales mantienen cifras orientativas, pero con importantes matices. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, propone unos dos litros de agua total para mujeres y 2,5 para hombres. La palabra “total” es esencial: incluye no solo bebidas, sino también el agua presente en frutas, verduras, sopas y otros platos habituales. Algo similar ocurre con las recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que maneja valores aún más altos, pero siempre contando toda la dieta.La investigación científica reciente refuerza esta visión flexible. Un amplio estudio publicado en Science, que analizó el recambio de agua en miles de personas mediante isótopos, mostró que las necesidades reales varían enormemente. En climas templados y con estilos de vida sedentarios, la mayoría de los adultos se sitúa entre 1,5 y 1,8 litros diarios. Otras investigaciones del mismo año apuntan a cifras similares, ajustadas según sexo, edad y composición corporal.Otro mito frecuente es la idea de que hay que beber antes de sentir sed. La fisiología humana cuenta con un sistema de regulación extremadamente preciso: cuando la concentración de solutos en sangre aumenta mínimamente, el cerebro activa la sed y pone en marcha mecanismos para conservar agua. Salvo en situaciones especiales, como en personas mayores o deportistas sometidos a esfuerzos extremos, atender a esta señal natural sigue siendo una estrategia segura y eficaz.Reconocer que los dos litros obligatorios son un mito no resta importancia al agua. Al contrario: su consumo es esencial y, en determinados contextos clínicos o ambientales, aumentar la ingesta resulta claramente beneficioso. La clave está en abandonar las reglas rígidas y escuchar tanto a la ciencia como al propio cuerpo.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.