Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.
En Baranoa, Atlántico, hay fiesta porque fue declarado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación la fiesta de La Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición que rinde homenaje cada mes de enero a la visita de los reyes de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La noticia surge luego de que ayer se aprobara en cuarto y último debate este proyecto de ley que cuenta con la ponencia y coautoría del senador Pedro Flórez. “Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero. Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”, manifestó el senador Flórez.Entre otros, la inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio cultural del país, también permitirá el fomento de actividades para fortalecer el turismo y la economía local.Al respecto, Alberto Sarmiento, director de La Loa, asegura que esto se convierte en orgullo para el municipio, siendo que se refuerza el sentir por esta tradición que reúne a mas de 230 personas. "Esta representación llegó a Baranoa hace más de 150 años de la mano de un sacerdote español. Lo interesante es que de principio a fin todo esta escrito en prosa y verso. Tiene teatro, danza, música, efectos especiales. Hoy en día nos acompañamos de muchos elementos. Es un conglomerado de muchas personas. El elenco está conformado por unas 45 personas. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero detrás en la organización y montaje hay unas 170 personas que hacen posible todos lo años esta esceneficación", contó el gestor cultural.
Momentos de terror se vivieron alrededor de un establecimiento comercial tipo billar en el norte de Barranquilla, el cual se terminó convirtiendo en un campo de batalla entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en la madrugada de este jueves, debido a un violento ataque a bala que registró al menos seis personas heridas.Reportaron las autoridades que Luis Bernal Castro Barrios (30 años), José Armando Pertuz Montenegro (39 años), Julio Enrique Ruiz Polania (39 años), presuntos integrantes de ‘Los Costeños’, departían a las afueras del sitio cuando fueron sorprendidos por los disparos provenientes desde un taxi, de placas TZK-850, en el que estaban cuatro presuntos ‘Pepes’, dos de ellos adolescentes.Según pudo conocer Blu Radio, al parecer, el ataque iba dirigido contra Julio Enrique Ruiz Polania al ser hermano de Danelis Patrícia Ruiz Polania, pareja sentimental de alias 'Castor', máximo cabecilla de la estructura ‘Los Costeños’. Ella habría sido capturada por un proceso de lavado de activos, según la Policía.De hecho, Julio Enrique sería la persona que estaría en un estado de salud más grave al recibir cerca de 10 impactos de bala, la mayoría de ellos en su espalda y extremidades inferiores. Sus acompañantes fueron blanco de tres disparos entre los tres.Los agresores intentaron huir en su vehículo por toda la carrera 43, aunque fueron perseguidos en una rápida reacción de la Policía. Así las cosas, terminaron chocando su vehículo en otro sector de Barranquilla, propiciando la captura de Jean David Pacheco González, de 21 años, y las aprehensiones de un joven de 14 años y otra persona sin identificar de aproximadamente 17 años, todos lesionados también.Las investigaciones de este caso están en marcha y fueron asignadas al CTI de la Fiscalía. Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola; cuatro proveedores, varios de ellos con capacidad para 32 cartuchos; y el vehículo utilizado para los hechos.
Camila Osorio empezó con buena fortuna el Masters de Miami. La cucuteña avanzó a segunda ronda después de haber ganado, con parciales 6-1 y 6-4, a la checa Katerina Siniakova. Mañana jugará contra la también checa Karolina Muchová, en un horario por definir.Osorio avanzó satisfactoriamenteA punto de definirse el último punto, Katerina Siniakova, número 42 del ranking WTA, se resbaló y sufrió una caída. Una acción que la llevó a la eliminación de la competencia. Osorio se acercó a darle la mano; rapida y tenuemente, la checa correspondió el gesto y salió mostrando una marcada frustración y lágrimas. Un gesto que muchos han tildado de displicente en las redes sociales. Entre tanto, el público aplaudió a Camila Osorio.Emiliana Arango también está presenteActualmente, Osorio es la número 58 del ranking mundial. En Miami también está la antioqueña Emiliana Arango, número 109 del mundo. Hoy hará su debut en la competencia frente a la rusa Oksana Selekhmeteva, número 71 del ranking WTA. Camila Osorio viene de Indiana, donde perdió y fue eliminada por la japonesa Naomi Osaka. Por su parte, Emiliana Arango venía de ser eliminada por la estadounidense Haley Baptiste en el abierto de Indiana.
El auge de los festivales gastronómicos en Colombia sigue siendo un referente en el país y un atractivo turístico para miles y miles de personas que ven en ellos una alternativa para salir y conocer, así como un impulso económico para millones de empresarios, y ahora la apuesta llega desde Medellín.La capital paisa vuelve a meterse en el radar con el regreso de Burgerville Medellín 2026, una experiencia que gira en torno a uno de los platos más populares del mundo: la hamburguesa. Y luego de una primera edición que logró convocar a miles de asistentes, el evento regresa con una propuesta mucho más amplia, la cual combina cocina, música y entretenimiento.La expectativa no es menor, pues se espera que la asistencia supere las 25.000 personas, lo que lo convierte en un atractivo tanto para locales como para turistas. Más allá de solo comer, el plan apunta a que se convierta en un espacio para que familias y amigos disfruten del plato, así como recorrer y conocer nuevas propuestas culinarias.Burguerville regresa a Medellín: así será el evento de hamburguesasEl evento tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Comfenalco Guayabal, un espacio que será adecuado para recibir a decenas de marcas y miles de asistentes; de esta manera, la hamburguesa será la gran protagonista, con versiones creadas para el festival.Restaurantes consolidados llegan para presentar nuevas propuestas gastronómicas y ofrecer combinaciones creativas que busquen sorprender a todo tipo de público, desde los más expertos hasta aquellos que buscan probar algo diferente.Cómo comprar boletas a Burguerville MedellínAntes de la apertura oficial del evento, se llevará a cabo una preventa exclusiva para clientes que cuenten con tarjetas Visa Davivienda, que permitirá comprar entradas con el 50 % de descuento durante 40 horas, entre el 17 y 19 de marzo. Luego de ello, la boletería será habilitada para el público general.El evento tendrá una amplia oferta gastronómica que incluye hamburguesas, acompañamientos y postres. Por lo tanto, entre los participantes se destacan: Andes Burger, Barbacoa, Barrio Burger, Blue Smash Burger, Boycott (Lima), Bramante, Brioche, Bubu Burger (Bogotá), Chum Burgers, Classic Diner, Coyo Taco, Godo Facts (Bogotá), Home Burgers, Los Valientes (Bogotá), MásFinca, Office Burger, Pan y Pedazo, Pedacito Burger, Rocoto x Hot Wings; también alitas con Sir Frank (Bogotá) y The Grill Station y Zombra, quienes presentarán creaciones exclusivas para el evento.Buena comida y música: esto trae BurguervilleMás allá de la comida, Burgerville también busca consolidarse como una alternativa completa para el fin de semana. El evento, además de hamburguesas, contará con música en vivo, activaciones de marca y espacios diseñados para recorrer sin afán, así como una atmósfera que mezcla cultura urbana y gastronomía.La iniciativa, impulsada por organizadores como Breakfast Live y The Gula Group, también reafirma el papel de Medellín como uno de los epicentros gastronómicos del país. Este tipo de eventos no solo dinamiza la economía local, sino que fortalece la identidad culinaria de la ciudad.
Al tiempo que avanzan procesos judiciales por presunta corrupción en contratos firmados entre Metroparques, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y al menos tres empresas para asuntos como el mantenimiento del Parque de las Aguas durante la administración de Daniel Quintero, nuevas investigaciones de parte de otras entidades se han conocido en los últimos días.Este es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio que a través de la resolución 16713 decidió abrir una investigación administrativa y formular un pliego de cargos por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la suscripción de varios contratos en los que se llegaron a entregar más de 17.000 millones de pesos.Lo que investiga ahora la SIC son las mismas denuncias que al inicio del escándalo destapó la veeduría ciudadana Todos por Medellín. Contratistas como JPino SAS, 1 Soluciones SAS y Estructuras Zafiro habrían actuado, junto a funcionarios públicos, para repartirse los procesos a los que eran invitados de forma privada, pero además varios de sus representantes y empleados figuraban al tiempo en varias de las mismas firmas."¿Qué encontramos? Una alianza, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen", indicado en su momento la entonces vocera de la veeduría, Piedad Patricia Restrepo.Para varios sectores la investigación abierta por la Superintendencia sienta un precedente, pues un caso con connotaciones hasta ahora solo penales, ahora será abordado a la luz de prácticas comerciales que incluso involucran a una empresa comercial del Estado.Por estas presuntas irregularidades ya fueron acusados y siguen en proceso los exgerentes de Metroparques, Jorge Liévano y María Eugenia Domínguez, así como la exjefe de compras de Metroparques, Viviana del Valle; Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; y Laura Mejía, líder del programa unidad logística de la misma entidad.
En medio de varias controversias que se han desatado en los últimos días entre el Gobierno nacional y autoridades en Antioquia, nuevamente la discusión queda en medio tras conocerse que, al parecer, la Nación tendría frenadas las intervenciones para mejorar el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.La información fue dada a conocer por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien indicó que luego de varios derechos de petición logró determinar que el Gobierno nacional se ha negado a firmar el otrosí con el que se podrían llevar a cabo las adecuaciones urgentes que necesita la terminal aérea.De Bedout, manifestó que las implicaciones del bloqueo es que no se puedan invertir cerca de 400.000 millones de pesos que serían puestos por la Concesión AirPlan, por lo que no entiende porque el Gobierno nacional se opone cuando, al parecer, no tiene que poner recursos para las obras."El aeropuerto José María Córdova, la principal puerta de entrada a nuestra región, está totalmente colapsado. Más de 13,5 millones de pasajeros al año utilizan una infraestructura que se quedó en el pasado. Pero esto no es un tema menor. No es incomodidad, es congestión en zonas críticas", manifestó de Bedout,El concejal de Medellín indicó que las 14 intervenciones que se harían con la firma del otrosí son necesarias ante la falta de intervención en filtros de seguridad, migración, salas de espera o en la pista, entre otras necesidades que tiene el aeropuerto.Finalmente, de Bedout pidió, “como presidente de esta corporación, exijo a la ANI y al Ministerio de Transporte que procedan con la suscripción inmediata del otrosí conforme a los documentos remitidos desde años anteriores. Están arriesgando la seguridad de locales y visitantes por intereses políticos ajenos a la región. Petro solo firme y déjenos progresar”.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 18 de marzo de 2026:Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, habló sobre la reciente sanción de la Procuraduría a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio por extralimitación de funciones durante visitas administrativas irregulares a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Cancillería en marzo de 2024. Estas inspecciones estaban relacionadas con la investigación de contratos de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.Sebastián Arcos, director interino del Instituto Cubano de Investigación de la Universidad Internacional de Florida, se refirió de la situación de Cuba, que atraviesa un momento de alta tensión política y económica, marcado por conversaciones con Estados Unidos.Escuche el programa completo aquí:
En Nueva EPS, al parecer, no solo no cumplen con la oportuna atención a los pacientes y entrega de medicamentos sino también con las ordenes de arresto judicial.Esto por cuenta de que desde ayer están siendo buscados Eudes del Carmen Cueto, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo, gerente regional Norte, para que cumplan con diez días de arresto, tras una orden emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, debido al desacato en el cumplimiento de tutelas para la entrega de medicamentos y citas.Ambos deberán ir a un centro penitenciario de la ciudad, sin embargo, cuando fueron por Cueto y Fontalvo a las oficinas, ninguno de los dos estaba en las instalaciones. En el caso de Cueto, al parecer, está incapacitada; mientras que dijeron que Fontalvo habría sido ascendido a un cargo nacional, dentro de la misma EPS, en diciembre pasado y que por eso no se encontraba.Sin embargo, no es la primera vez que ambos están enfrentando órdenes de arresto. En febrero de este año, Fontalvo también fue sancionado para que cumpliera con 10 días de arresto por desatender el cumplimiento de una tutela en Cesar, con un paciente de la tercera edad. La orden fue entregada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ante el no cumplimiento de las tutelas ordenadas, para que la misma fuera cumplida en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.Al respecto, no hay confirmación de si cumplió con este arresto.
Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.
La Fiscalía seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de formulación de imputación a los ex interventores de Air-e Diana Bustamante y Nelson Vásquez Torres, para imputarles cargos por los delitos de fraude a resolución judicial.La audiencia fue citada de forma virtual para este jueves a partir de las 10 de la mañana como parte de una investigación que se adelanta a los exinterventores por presuntamente no haber entregado información sobre la administración de la empresa de energía durante el periodo que estuvieron al frente de la misma.Bustamante y Vásquez, según denuncias, no acataron un fallo del Consejo de Estado que ordenaba a los interventores entregar a los accionistas de Air-e toda la información sobre el proceso en curso, lo que representó una irregularidad.Diana Bustamante, quien se desempeñaba en el área de mercadeo de Air-e, fue nombrada interventora tras la salida del cargo de Edwin Palma a finales del mes de febrero de 2025. La mujer solo estuvo tres meses al frente de la compañía.En su reemplazo fue nombrado Nelson Vásquez Torres quien duró 8 meses como agente interventor hasta que el pasado mes de enero presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las oficinas de la Nueva EPS en Bosconia, Cesar, se encuentran cerradas por segundo día consecutivo debido al plantón adelantado por Keyla Michell Vargas, mujer a la que desde hace 36 días la tienen esperando por un traslado de urgencia para su bebé recién nacido, al que cada día que pasa se le disminuyen los latidos del corazón y tiene un diagnóstico de ataque cianótico, es decir falta temporal de oxígeno en la sangre.La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, aunque dice Keyla que la Nueva EPS no les da respuesta. Llegaron a proponer la posibilidad de una remisión hacia Cartagena, pero más de 30 días después el silencio de ellos es absoluto.Por eso, pese a estar en su recuperación por cesárea decidió tomarse la sede de la entidad con cintas y pancartas.“Como madre tengo 36 días con una operación que es la cesárea, 36 días luchando para que mi hijo pueda ser atendido y todavía no me dan respuesta. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y haré todo para ser escuchada, para que me colaboren para que la Supersalud vea lo que estoy pidiendo. Él tiene derecho a la vida y a la salud”, declaró a Blu Radio.Los hechos fueron inmediatamente rechazados por el senador Didier Lobo, quien señaló desde el Congreso que este niño está luchando una batalla que no le corresponde.“Jermain tiene pocas semanas de vida y ya está peleando una batalla que no le corresponde pelear. En este momento está luchando por sobrevivir en un centro asistencial del municipio de Bosconia en mi departamento del Cesar. No sabe caminar, no sabe hablar, solo sabe respirar y lo está haciendo con mucha dificultad. Los médicos que lo atienden han dicho con claridad, "este niño necesita un hospital especializado que Bosconia no tiene”. Han pedido el traslado una y otra vez y la respuesta de la EPS ha sido el silencio”, dijo inicialmente.“Mientras los funcionarios revisan papeles y autorizan reuniones, una madre llamada Keyla Vargas espera orando para que alguien escuche. El Cesar es uno de los departamentos con una de las tasas más altas de mortalidad infantil del país. Y cuando uno revisa por qué mueren esos niños la respuesta no siempre es la gravedad de la enfermedad. La respuesta muchas veces es la demora, es la burocracia, es el papel que no llegó, la autorización que no salió, la cama que nadie buscó a tiempo. Los niños en Colombia no están muriendo solo de neumonía o de nutrición, están muriendo de un sistema que los hace esperar. Si este niño muere esperando un traslado que debió hacerse hace días, eso no será una tragedia, será una vergüenza nacional”, agregó.Keyla señala que lo que mantiene con vida a su hijo en estos momentos es el medicamento que ha venido tomando, sin embargo, teme a que en algún punto deje de funcionar y pierda la vida.
A la fecha, Barranquilla ha reportado cinco casos sospechosos de sarampión ante el Instituto Nacional de Salud, donde se recibieron las muestras para análisis de laboratorio y por lo menos tres resultaron negativos, pero los otros dos aún se encuentran en observación y a la espera de los resultados.El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a todo tipo de edad y se propaga rápidamente cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Teniendo en cuenta esto, la secretaria de Salud de Barranquilla, Stephany Araújo, pide a la ciudadanía, en especial a aquellos que tienen planes de viajar en la próxima Semana Santa, que revisen sus esquemas de vacunación para prevenir enfermedades como esta y la fiebre amarilla."Aquí en el Distrito contamos con más de 40.000 dosis que se pueden aplicar de manera gratuita en 60 puntos de vacunación que tenemos entre IPS vacunadoras, Pasos y Caminos de Mi Red y la red privada del Distrito. La prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rubéola y triple viral", dijo la secretaria.La funcionaria indicó que en lo que va del 2026 se han aplicado en Barranquilla 6.876 dosis de Triple Viral que protege de enfermedades como el sarampión, la rubéola y paperas, y 1.574 dosis de la vacuna bivalente sarampión rubéola.Agregó que en el año 2025 se aplicaron más de 60.000 dosis, logrando alcanzar las coberturas establecidas.Los niños entre los 6 y 18 meses deben tener la primera dosis; niños de 1 a 10 años deben contar con ambas dosis, mientras que viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal, deben aplicársela 15 días antes del viaje.Así mismo, talento humano en salud y personas vinculadas al sector turismo, de hotelería y de transporte internacional que no esté vacunado debe iniciar su esquema.
Más de 24 horas completan en protesta un grupo de habitantes del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde se han tomado la vía nacional entre la capital del Cesar y el municipio de Bosconia, la cual conecta con Santa Marta y Barranquilla, para exigir mejoras en la prestación de servicios públicos.La protesta empezó por fallas en la energía desde el pasado lunes; sin embargo, la Alcaldía reporta que el servicio ya fue restablecido y que la comunidad ahora reclama reducción en las tarifas por consideran que los precios siguen elevados. A su vez, la gente estaría reclamando el envío de carrotanques para compensar la intermitencia con la que se presta el servicio de agua potable.Dada la situación, la Alcaldía de Valledupar activó un puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana, donde el mandatario Ernesto Orozco informó que desde este martes ha intentado dialogar con los manifestantes pero no ha sido posible conocer formalmente sus peticiones ni mucho menos llegar a un acuerdo.El alcalde sostuvo que este miércoles irá él mismo junto a una comisión a hablar con los manifestantes, pero si no logra un acuerdo, entonces intervendrá la Fuerza Pública."Acabamos de enviar una comisión como última instancia para seguir con los diálogos y si no, ya nos veremos obligados a usar la fuerza. Nosotros no hemos encontrado un líder o un vocero, hay diferentes peticiones, pero tampoco hay como un pliego de peticiones concordantes. Nosotros el año pasado tuvimos una situación similar donde hicimos unos compromisos que hemos venido cumpliendo", manifestó Orozco.El alcalde sostiene que a través de su administración han ido desarrollando proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida en Aguas Blancas y que están dispuestos a escuchar a la comunidad, siempre y cuando ésta exprese con claridad, a través del diálogo, sus necesidades.
La Policía Metropolitana de Barranquilla creó un grupo interdisciplinario para la recaptura de tres hombres que se fugaron de la Cárcel Distrital El Bosque recientemente y a quienes ahora persiguen con un amplio operativo de búsqueda.La fuga se dio hacia las 5:30 de la tarde de este martes, cuando los señalados delincuentes escaparon con la ayuda de una cuerda que dejaron caer a través de la garita de vigilancia privada de la cárcel.Tras un reconteo de los privados de la libertad en este centro de detención, las autoridades identificaron a los prófugos y ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita recapturarlos.Le puede interesar: Tensión en Santa Marta por fuga masiva en centro de reclusión: por lo menos 35 presos se escaparonLos fugados fueron identificados como Gabriel Garcelan del Castillo, procesado por amenaza, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y fuga de presos, Abel Moisés Ramos Jiménez, quien tiene cuatro anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y dos por hurto, y Carlos Andrés Sosa Hernández, al que también le figuran cuatro anotaciones por hurto, dos por porte ilegal de armas, una violencia intrafamiliar y una más por constreñimiento.La Alcaldía de Barranquilla, a cargo de la administración de esta cárcel, informó que como parte de la misión de búsqueda ha coordinado “acciones con la Fuerza Pública para realizar un 'Plan Candado' en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”.
La tensión continúa en el Centro Transitorio de Detención (CTD) Norte de Santa Marta, luego de un motín que dejó una persona muerta, varios heridos y al menos 35 reclusos fugados, según reportes de defensores de derechos humanos.El hecho ha generado preocupación entre autoridades, comerciantes y organizaciones sociales, especialmente porque ocurre a pocos días de iniciar la temporada turística de Semana Santa. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, la situación evidencia fallas en la planificación de seguridad frente a un problema que, asegura, ya había sido advertido.“Esto ya había ocurrido antes, incluso, con personas de alta peligrosidad que se fugaron y regresaron a los grupos armados. Hoy se vuelven a escapar decenas de detenidos, la mayoría procesados por hurto y concierto para delinquir, en una ciudad donde el robo a mano armada es una constante”, señaló.Para Dimas, la fuga masiva refleja la falta de planes de contingencia frente a motines o intentos de escape, pese a que el centro de reclusión ya había registrado situaciones similares en el pasado. “El problema no era desconocido. Era una bomba de tiempo. La pregunta es dónde estaban los planes de contingencia de la Alcaldía y de la Policía para evitar que esto ocurriera”, afirmó.Tras lo ocurrido, el alcalde de Santa Marta solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro que facilite una reunión urgente en la ciudad con el ministro de Justicia y el director del Inpec, con el fin de buscar soluciones a la crisis carcelaria que enfrenta el distrito.Según el mandatario, el motín dejó tres policías y cinco detenidos heridos, además de una persona fallecida. La administración distrital insiste en que el problema del hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios requiere una respuesta del Gobierno nacional.La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, cuestionó el manejo que el Distrito le ha dado a la situación carcelaria y señaló que la crisis responde a la falta de medidas para descongestionar estos centros. “La rebelión obedece al crítico manejo que el distrito le ha dado al hacinamiento y a la negligencia para suscribir convenios con la Cárcel Rodrigo de Bastidas”, afirmó.La mandataria indicó que desde la Gobernación se adelantaron gestiones con el Inpec que permitieron el traslado de 194 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía del departamento, como medida para aliviar la presión en estos espacios.Mientras tanto, la situación también impacta la actividad comercial del Centro Histórico de Santa Marta. La directora de la Corporación Centro Histórico, Diana Giraldo, señaló que el temor por los hechos ha provocado el cierre de varios establecimientos.“La gente está sumamente preocupada. El comercio de las calles 10, 11 y 12 está prácticamente cerrado por la situación de seguridad”, explicó. Según indicó, los comerciantes aún evalúan las pérdidas económicas mientras esperan un pronunciamiento oficial de las autoridades.Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana de Santa Marta ni otras autoridades judiciales han entregado un balance oficial completo sobre la fuga ni sobre el número exacto de detenidos recapturados.Entre tanto, en la ciudad persiste la preocupación por las consecuencias que esta situación pueda tener en materia de seguridad, especialmente en vísperas de una de las temporadas turísticas más importantes del año.
Dos días de protestas completan los empleados del Nuevo Hospital Bocagrande, en la ciudad de Cartagena, quienes denuncian que desde hace cuatro meses no reciben salarios.Esmilda Rocha, una auxiliar de enfermería que hace 16 años trabaja en este centro hospitalario de mediana y alta complejidad, aseguró que la situación es crítica para más de 200 enfermeros, camilleros y empleados administrativos, quienes hoy se encuentran desesperados por las múltiples deudas y que, incluso, ya no cuentan con recursos para ir a trabajar.“Lastimosamente tenemos tres meses, bueno, casi cuatro meses con este que va corriendo, de que no recibimos salarios; o sea, no tenemos sueldo, no tenemos plata para los buses para venir a trabajar, no tenemos remuneración, o sea, no tenemos dinero para nada. Nuestros hijos están en casa, no dejamos de venir a trabajar, pero nuestros hijos los dejamos en casa sin dinero. O sea, sin plata, sin nada”, relató.Sin abandonar sus labores, al igual que sus otros compañeros del personal asistencial, Rocha contó a Blu Radio que la única respuesta que han recibido de la administración del hospital es que el retraso en los pagos se debe a la deuda que acumula la intervenida EPS Coosalud con el Nuevo Hospital de Bocagrande.“Ellos nos dicen que los culpables son Coosalud, y pues Coosalud no es culpable porque nosotros no tuvimos contratación con Coosalud, sino con Promotora Bocagrande, que fue quien nos contrató al momento de nosotros trabajar (…) y quién puede aguantar así tanto tiempo sin salario, sin un sueldo, sabiendo que tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos que pagar arriendo, hay que pagar servicios, o sea, todas las problemáticas que tenemos las personas día a día”, describió la enfermera.Por su parte, a través de un comunicado, la gerencia del Nuevo Hospital de Bocagrande informó que vienen “adelantando gestiones directas” con su principal prestador de servicios, que es Coosalud, con el propósito de “viabilizar los giros” correspondientes.“Como es de conocimiento público, esta entidad se encuentra a la espera del nombramiento de un nuevo interventor, situación externa que ha incidido en los tiempos de los procesos administrativos y financieros. A pesar de este panorama, desde la gerencia se continúa trabajando de manera permanente en la búsqueda de soluciones que permitan superar esta coyuntura y fortalecer la estabilidad institucional”, detallaron en la comunicación que fue compartida a través de sus redes sociales.Hasta el momento, los servicios médicos del hospital no se han visto interrumpidos.Entretanto, Coosalud se refirió la situación del personal administrativo y asistencial del Nuevo Hospital de Bocagrande, y afirmaron que están al día con las obligaciones financieras.“La EPS ha garantizado el cumplimiento de todos los acuerdos de pago pactados con dicha institución prestadora y, a la fecha, la entidad se encuentra al día en sus obligaciones financieras y giros correspondientes”, puntualizaron a través de un comunicado.La entidad, que se encuentra intervenida por el Estado, indicó a su vez que si bien el pago de salarios es responsabilidad directa de las IPS, tienen disposición para buscar acercamientos con los directivos del hospital.“Desde Coosalud manifestamos nuestra disposición para realizar los acercamientos necesarios con los directivos de institución para revisar lo concerniente al flujo de los recursos”.Hasta el momento los servicios médicos del Nuevo Hospital de Bocagrande no se han visto interrumpidos.
Un intento de asalto a un vehículo blindado de la empresa Prosegur terminó en una intensa balacera al mediodía de este martes en la central de abastos Mercabastos, en Valledupar.El reporte de las autoridades da cuenta de que seis delincuentes llegaron hasta el lugar fuertemente armados, esperando el momento preciso en que los funcionarios de la empresa transportadora de valores descendieran del vehículo blindado para realizar la recolección de un dinero, pero el plan les falló.Los asaltantes no contaron con que dentro del vehículo habían quedado dos guardas de seguridad, quienes reaccionaron cuando estos intentaron forzar las puertas para robar la millonaria suma de dinero que era transportada.En cuestión de segundos se desató un intercambio de disparos que sembró el pánico entre comerciantes, compradores y trabajadores de la plaza de mercado. Los delincuentes corrieron hacia una zona enmontada, pero allí fueron capturados por la Policía.“Inmediatamente se logra bloquear este sitio, se cierran pues las vías de escape. Hay seis personas capturadas. De estas seis personas tenemos tres personas que están heridas por intercambio de disparos que hubo entre los guardas de seguridad y los delincuentes. Y de igual forma se les logró incautar tres armas de fuego y dos motocicletas de las cuales una tiene una denuncia por hurto acá en la ciudad”, indicó al respecto el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el coronel Germán Gómez.Comerciantes, mototaxistas y miembros de la comunidad rodearon a los sospechosos e intentaron lincharlos, pero la Policía los resguardó hasta llevar a los heridos a centros asistenciales y a sus cómplices a la URI.Entre los heridos está Franklin Castro, con un disparo en el pecho, y Janet Mejía, de 23 años, quien sufrió un impacto de bala en la cabeza y una mano. Por el momento las autoridades indagan si esta banda criminal llegó a la capital del Cesar proveniente de Barranquilla.
Momentos de incertidumbre y angustia se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz este martes cuando cientos de pasajeros de un vuelo de la aerolínea Avianca debieron ser evacuados de emergencia por la supuesta presencia de explosivos cerca de la Torre de control.El momento de la evacuación y angustia de los pasajeros quedaron captados en varios videos que rápidamente empezaron a circular vía redes sociales.La aeronave, que tenía programada su salida hacia la ciudad de Bogotá a la 1:20 de la tarde, se vio obligada a interrumpir su operación habitual ante una alerta de seguridad crítica. El protocolo de evacuación se activó de inmediato tras reportarse la amenaza y varios minutos después, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte descartaron la presencia de explosivos en la zona.Vea el video aquí:
La Aeronáutica Civil informó que, tras completar rigurosos protocolos de verificación, fue descartada la presencia de artefactos explosivos en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Según la autoridad aeronáutica, gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad y a la oportuna intervención de las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, se confirmó que el objeto reportado por el equipo canino no representaba riesgo para la comunidad aeroportuaria.Debido a esto, luego de confirmarse que no había presencia de explosivos, fue autorizado el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores a las instalaciones del aeropuerto, quienes permanecieron por cerca de una hora en el parqueadero de la terminal como parte del protocolo de seguridad.Asimismo, personal de la torre de control retomó sus funciones para normalizar de manera gradual los servicios de tránsito aéreo.Tras ser superada la emergencia, la Aeronáutica Civil informó que el Ernesto Cortissoz nuevamente se encuentra operativo, sin embargo, la programación de los vuelos podría presentar variaciones.“Reiterar a los pasajeros la importancia de mantener contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y posibles reprogramaciones”, indicaron en un comunicado.
Una alerta de evacuación fue generada hacia el mediodía de este martes en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, luego de que dos perros de la Policía detectaran la presencia de posibles explosivos al interior de unas maletas que procedían de un vuelo internacional. Por esto, de inmediato se ordenó la evacuación tanto a viajeros como a trabajadores de la terminal aérea, dejando incluso sin personal la torre de control, debido a que la aeronave en la que presuntamente estaban los explosivos estaba próxima a esta área. El personal fue enviado hacia la zona de parqueadero, a varios kilómetros de distancia de la pista de aterrizaje, con el fin de colocarlos a salvaguarda mientras llegaban los refuerzos de Policía anti explosivos. No obstante, la alerta se generó justo cuando ya estaba listo para despegar un vuelo de Avianca, que iba a cubrir la ruta Barranquilla- Bogotá, por lo que las personas tuvieron que ser avisadas de la urgente evacuación, llevándolos hacia la zona más lejana de la pista de aterrizaje. "Estamos con bastante temor por esta situación. Nos desalojaron de inmediato del avión en el que íbamos a salir por la amenaza de bomba en la torre de control. Los pasajeros no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo. Todos íbamos bajando sin entender. Nos dieron una sombrilla por la alta temperatura que hay en la pista, que supera los 35°", indicó Juan Carlos Viloria, uno de los viajeros afectados. A pesar de que el aeropuerto fue evacuado en su totalidad, ellos son los únicos que permanecen al interior del mismo, debido a que la falta de información sobre la situación no han establecido si lo más seguro es permanecer allí o usar las rutas de evacuación. Por esto, se ordenó que temporalmente fueran desviados los vuelos hacia el aeropuerto de la ciudad de Cartagena.
De los 120.430 usuarios que tiene Nueva EPS en La Guajira, cerca del 80% pertenece a la etnia wayuu y son ellos los que hoy expresan su preocupación frente a la posibilidad de que a partir de abril solo puedan ser atendidos en los 16 hospitales públicos del departamento y no en las 14 IPS indígenas que hace 20 años también han estado brindando sus servicios médicos a esta población.Laura Andriolis Freyle, autoridad tradicional del pueblo wayuu y usuaria de Nueva EPS, afirma que esta sería una decisión del agente interventor de la entidad, Luis Oscar Gálvez, y que pone en riesgo la atención en salud de su población, pues son las IPS indígenas las que “históricamente han identificado, ubicado y acompañado a estas comunidades en el territorio, muchas de las cuales no se encuentran plenamente georreferenciadas por la Nueva EPS”.Andriolis afirma que las autoridades wayuu conocieron esta medida hace una semana y desde entonces están pidiendo un espacio de concertación con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para advertirles que los hospitales públicos de La Guajira no darán abasto para atender a 120 mil pacientes adicionales y que eso ya quedó demostrado en el pasado."Antes había insuficiencia en la atención dentro de las comunidades indígenas y por eso nacen las IPS indígenas, para prestar ese servicio de salud en territorio y también en las zonas urbanas. Entonces, se hace necesario hacer un diálogo y una concertación con las autoridades tradicionales, pero no se nos ha dado respuesta de esa solicitud formal", expresó Andriolis.La Nueva EPS informó que todavía no hay una decisión oficial frente a la terminación unilateral de contratos con las IPS indígenas en La Guajira, pero las autoridades wayuu insisten en que, antes de que esto ocurra y dada la autonomía que tienen los pueblos indígenas, cualquier medida de esta índole debe ser concertada con ellos.Advierten que la liquidación de los contratos con las IPS indígenas también “afectaría la continuidad e integralidad de los servicios de salud, especialmente para los usuarios que actualmente se encuentran en tratamientos médicos, seguimientos clínicos o procesos de atención continuada”.
Las pruebas que permiten inferir su presunta responsabilidad en el doble crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, la gravedad de los delitos cometidos, el peligro que podría representar para la comunidad y el riesgo de fuga o no comparecencia en el proceso son las razones por las que el juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Crisanto Rhenals Correa, ordenó enviar a la Penitenciaría El Bosque, de Barranquilla, al joven Juan David Taboada, de 19 años.El juez consideró que, en este caso, no era posible contemplar ninguna otra medida preventiva que le permitiera seguir libre a alias ‘Tata’, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos narrados, tanto por uno de los confesos asesinos como por un testigo, los cuales apuntan a que este joven habría sido quien degolló a la mayor de las hermanas y ayudó a sepultar ambos cuerpos para mantenerlos ocultos."Es por la gravedad del delito, la modalidad. Además, era una menor, era su novia o por lo menos estaba saliendo con ella, e hizo que saliera de su casa a divertirse", argumentó el juez."Además de la frialdad con que la mata el amigo, también él (Tata) colaboró en esta situación y no tuvo ninguna reacción. Al contrario, lo que hizo fue colaborar de manera activa", agregó el togado.A pesar de que la defensa de ‘Tata’ pidió rechazar el testimonio de uno de los principales testigos del caso, el juez le dio validez al considerar que sí es posible que una persona con problemas judiciales pueda dirigirse a la Policía y testificar en un caso, tal como lo hizo dicho testigo, quien decidió contactar a un investigador que en el pasado lo había capturado y contarle todo lo sucedido con las adolescentes.Un ejemplo de su validez, según dijo el juez, es que hay delincuentes que se convierten en informantes. “No podemos descartar este testimonio, ya será en la etapa de juicio que se determine si su declaración es o no verdadera”, insistió el juez.Vale recordar que, según las investigaciones, las hermanas de 14 y 17 años fueron asesinadas el 18 de febrero, es decir, horas después de salir de su casa en el barrio La Sierrita, en Barranquilla, para asistir a una fiesta en Malambo con alias ‘Tata’ y Fabián, con quienes ellas mantenían una relación sentimental.En ese encuentro, las hermanas fueron señaladas de traidoras y de supuestamente pretender entregar al joven Fabián a Los Costeños para que esta banda delincuencial lo matara. Bajo esta idea, ambas adolescentes fueron asesinadas y, no conforme con esto, los homicidas llamaron a la mamá de las víctimas para extorsionarla, pidiéndole entre 5 y 50 millones de pesos a cambio de devolverlas con vida, siendo que ambas ya habían sido enterradas en un patio de Malambo.Así, la medida, que acaba de ser impuesta por un juez de control de garantías, fue aceptada por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público, pero apelada por la defensa.