La nueva Estacion de Buceo y Salvamento de la Armada, en Santa Marta, marca un refuerzo directo a las labores de rescate, seguridad marítima e inspecciones subacuáticas en una de las zonas más sensibles para el tráfico ilegal y la actividad portuaria del país.La estación estará conformada por buzos especializados y tendrá como misión principal la protección de la vida humana en el mar. Desde esta base se coordinarán búsquedas y salvamentos marítimos y fluviales, atención de emergencias, respuesta a desastres naturales, asistencia humanitaria y soporte hiperbárico para operaciones de alto riesgo bajo el agua.Uno de los frentes más sensibles será el control de la seguridad portuaria y la lucha contra el narcotráfico. La nueva estación permitirá ampliar las inspecciones subacuáticas en puertos, muelles y embarcaciones, una tarea clave para detectar cargamentos de droga adheridos a los cascos de los buques o escondidos en estructuras sumergidas, una modalidad cada vez más usada por las redes criminales.Además, la unidad tendrá un componente técnico orientado a operaciones offshore. A través de robótica submarina, los buzos apoyarán labores de prospección, georreferenciación y mantenimiento especializado de estructuras en aguas profundas, fortaleciendo la protección de infraestructura estratégica en el Caribe.Durante la activación de la estación, el comandante de la Armada de Colombia, almirante Juan Ricardo Rozo, destacó el valor estratégico de estas capacidades concentradas en Santa Marta. “El trabajo que realizan nuestros buzos desde las profundidades representa una capacidad estratégica diferencial al servicio de la nación, que permite una reacción inmediata ante emergencias marítimas, ambientales, accidentes y contingencias, fortaleciendo la protección de la vida humana”, afirmó.El almirante Rozo también subrayó que la nueva estación integra capacidades clave como la robótica submarina, la inspección subacuática de seguridad portuaria y antinarcóticos, el mantenimiento de estructuras en aguas profundas y el funcionamiento de cámara hiperbárica. “Todas esas capacidades van a estar concentradas en esta nueva Estación de Buceo y Salvamento de Santa Marta”, señaló.Con esta activación, Santa Marta se consolida como un punto neurálgico para el control subacuático en el Caribe colombiano, en un escenario donde el mar sigue siendo una ruta estratégica para el narcotráfico, pero también un espacio crítico para el rescate, la protección de la infraestructura y la seguridad marítima nacional.
La tarde de este jueves, en menos de dos horas, sicarios acabaron con la vida de dos personas en hechos diferentes. Entre las víctimas está un adolescente de 14 años que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el niño estaba caminando hacia el mostrador de la tienda para comprar un pedido que le hizo un familiar, sin embargo, depronto se percató que un hombre armado se bajó de una moto y disparó. Para cuando quiso voltear para correr, una bala lo alcanzó y se desplomó. A pesar de que fue llevado de inmediato a un centro asistencial, este llegó sin signos vitales. Por este hecho la Policía capturó a los presuntos asesinos, tras ser alertados por la comunidad.Estas personas fueron identificadas como Juan Carlos Lara Bustos, de 47 años, presunto integrante de Los Costeños, quien tiene anotaciones desde el 2017. El segundo capturado corresponde a Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años. Lo sorprendente del caso es que ambos presuntos delincuentes están vinculados con varios crímenes, lo que, incluso, los ha llevado a estar presos, pero quedaron libres. En el caso de Lara Bustos, se conoció que este tiene anotaciones por seis homicidios cometidos entre 2017 y 2022. En el caso de Sebastián, ha sido cuatro veces capturado por delitos cometidos entre marzo y mayo del 2025, pero en todas las ocasiones quedó libre a pesar de la reincidencia. Otros homicidios Entre tanto, casi de forma simultánea, en el barrio La Sierrita, también en el sur de Barranquilla, sicarios cometieron otro atentado en el que salieron gravemente heridos un hombre y una mujer.En un tercer hecho, esta vez en el barrio Costa Hermosa, del municipio de Soledad, fue asesinado un joven que se encontraba en una cancha de fútbol.
En medio de la crisis que hay por la falta en la entrega de medicamentos a pacientes de varias EPS, la Policía en Barranquilla asestó un duro golpe a una red que no solo traficaba medicamentos vencidos, sino que también tenía unas bodegas llenas de fármacos de usos institucional, es decir, de los que entregan las las entidades Promotoras de Salud a sus afiliados.En el operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dian y la Fiscalía, fueron allanados tres establecimientos comerciales que funcionaban como bodegas y punto de venta de estos medicamentos en pleno centro de Barranquilla.En el sitio incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, además de medicamentos vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre productos legales, con el propósito de evadir los controles sanitarios y de la policía. también encontraron otros fármacos de control especial los cuales tenían escondidos en una caja fuerte.En el sitio fueron capturados dos hombres confirmó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana.“Fueron capturadas dos personas. Además, se logra la incautación de 30 000 unidades de medicamentos ilegales, entre ellos productos de uso institucional vencidos y de control especial avaluados en una suma de cerca de 200 millones de pesos. Este resultado hace parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad con el objetivo de proteger la salud pública y la vida de los ciudadanos”, dijo el oficial.Los capturados son dos hombres entre los 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.
Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, garantizó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump su cooperación una vez que cayera Nicolás Maduro, según asegura este jueves el diario 'The Guardian', que dice obtener la información de cuatro fuentes distintas.Según precisaron las fuentes, Delcy y su hermano Jorge no participaron activamente en la operación de captura y secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, pero habían asegurado al Gobierno de EE.UU. a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.Delcy, que era vicepresidenta con Maduro, juró como presidenta solo dos días después de la captura del mandatario. Las fuentes del 'Guardian' aseguran que hubo representantes del Gobierno de Catar involucrados en las negociaciones de los Rodríguez con Estados Unidos.Esos contactos llevaban realizándose desde el otoño, y se intensificaron tras una comunicación telefónica en noviembre entre Trump y Maduro que resultó infructuosa para lograr su abandono voluntario del poder, según la versión del rotativo.En diciembre, y dado el deterioro de la situación, Delcy dijo a uno de sus interlocutores estadounidenses que ella "colaboraría con el resultado que se presente", según dijo al diario ese interlocutor.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un principio muy reticente a colaborar con los Rodríguez, fue entendiendo que ellos eran tal vez la alternativa menos mala para garantizar una transición relativamente pacífica y que evitara el caos.En octubre, el diario 'Miami Herald' publicó que Delcy conspiraba de forma activa o pasiva para una caída de Maduro por sus propias ambiciones, y si bien ella lo negó tajantemente, su reacción pareció convencer a Rubio y su entorno de que era una persona ambivalente con la que se podría llegar a algún acuerdo, prosigue 'The Guardian'.El rotativo añade que el carácter de Delcy también ayudó a ganarla como aliada secreta, y la pinta como una persona con "rarezas encantadoras que le ayudan a ganar amigos", como su afición al pingpong (tiene un entrenador propio), a beber champán y a retar a mandatarios extranjeros a distintos juegos.Por último, apunta que hubo otro factor decisivo, como fue su relación fluida con el sector petrolero estadounidense, que también deslizó a quien quisiera oírlo que ella podría ser una buena interlocutora en el futuro
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten todos los días por el canal regional Teleantioquia.Resultado del chance Paisita Día hoyEl número ganador del chance Paisita Día de este jueves 22 de enero de 2026 es el 3192 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 3192Dos últimas cifras: 92Tres últimas cifras: 192La quinta: 6Últimos resultados Paisita DíaSorteoFechaResultadoPaisita Día21 enero 20267666 - 7Paisita Día20 enero 20268621 - 3Paisita Día19 enero 20262437 - 9Paisita Día18 enero 20263581 - 7Paisita Día17 enero 20263471 - 7Paisita Día16 enero 20267555 - 3Paisita Día15 enero 20261240 - 1Paisita Día14 enero 20262482 - 7Paisita Día13 enero 20267992 - 3¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año en los siguientes horarios:De lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados a tiempo.¿Cómo se juega el Chance Paisita Día?Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre se requieren los siguientes documentos:Documentos básicos:Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Gracias a su tradición, horarios definidos y variedad de modalidades de juego, el Chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en el resto de Colombia.
El concierto de Bad Bunny en Medellín se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para cientos de personas que de la alegría y la emoción por ver al artista, pasaron a la angustia y la desesperación debido a la cancelación masiva de reservaciones que se han hecho en plataforma desesperación Airbnb.La situación comenzó hace apenas unas horas cuando turistas nacionales e internacionales comenzaron a ver con sorpresa cómo les cancelaban su reservas de apartamentos que, incluso, había hecho hace un año para evitar inconvenientes.El malestar de los fanáticos de Bad Bunny radica en que es una estrategia de los arrendadores para ganar más plata pues hoy la capital de Antioquia se levantó con viviendas alquiladas en hasta en 100 millones de pesos en lujosos sectores de la ciudad. Una de las afectadas es Paola Pinzón, que vive en Bogotá, y que tuvo que pagar el doble para tener un lugar en donde dormir."Están cobrando por cuatro noches 3 millones de pesos, 8 millones de pesos, 10 millones de pesos y conseguimos una señora que nos alquila en Sabaneta, en donde voy a pagar 300 mil pesos por noche. El hospedaje se multiplicó, entre transporte y todo lo que ya no nos va a quedar cerca yo creo que se me va a aumentar más o menos unos 2 o 3 millones de pesos", contó Pinzón.Pinzón pasó de pagar 600.000 pesos en un lugar a pocos minutos del Estadio Atanasio Girardot a pagar el doble y estar a casi una hora del lugar del evento, pero como ese caso son muchos los lugares que están aprovechando para hacerse su agosto con las tres fechas en las que Bad Bunny cantará en Medellín.Otro de los casos es el de una vivienda en el barrio San Joaquín, a escasos metros del estadio, y que es alquilada para cinco personas por tres noches por $29.305.000, es decir, cada persona tendría que pagar cerca de dos millones de pesos por día para estar en un lugar central.Pero no solo es Airbnb el que está inmiscuido en esta polémica, ya que Nayleth Meza, que viene de Barranquilla a Medellín, le contó a Blu Radio que a pesar de conseguir un lugar en donde iba a pagar 150.000 pesos la noche en Booking, el dueño de la vivienda solicitó la cancelación debido a que creía que era una oferta que estaba por debajo de las expectativas del mercado, por lo que la mujer tuvo que pagarle más plata."Que me van a cancelar la reserva, porque para la persona, el dueño de un apartamento, la reserva entró por un valor mucho más bajo de lo que hay en el mercado actualmente. Le pregunté cuánto dinero quería y me dijo que $1.250.000 que era el doble, porque la primera reserva por Booking estaba en 600.000 pesos", explicó Meza.Ante la polémica nacional fue el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le hizo un llamado a los empresarios y los comerciantes a que haya precios justos y un trato honestos para aquellas personas que visitan la ciudad para el concierto de Bad Bunny y que se estima dejen una derrama económica de 36,1 millones de dólares.Además, el mandatario indicó que no se permitirán abusos y por ello se habilitó la línea de WhatsApp (3016044444) y canales institucionales para denunciar cualquier irregularidad con precios elevados de viviendas durante este fin de semana.
Profesores de la Universidad Nacional rechazaron que se esté evaluando la posibilidad de abrir una nueva votación para elegir rector de la institución, al considerar que esa opción constituiría un desacato a las decisiones del Consejo de Estado, que dejó en firme la legitimidad de la elección de José Ismael Peña Reyes.De acuerdo con los docentes, el alto tribunal emitió dos sentencias en las que declaró válida la elección de Peña Reyes como rector, por lo que no existe sustento jurídico para iniciar un nuevo proceso electoral. Además, recordaron que el periodo rectoral se extiende hasta 2027, razón por la cual cualquier intento de reabrir la elección podría profundizar la crisis institucional que atraviesa la universidad.Los profesores advierten que insistir en un nuevo nombramiento implicaría desconocer fallos judiciales de obligatorio cumplimiento.En este contexto, recuerdan que en diciembre pasado el abogado Pablo Bustos presentó una denuncia contra el Consejo Superior Universitario por presuntas irregularidades y por el incumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado relacionadas con la rectoría.Sobre esta situación se pronunció Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional y exmiembro del Consejo Superior Universitario, quien señaló que las decisiones judiciales no pueden ser reinterpretadas ni omitidas por las directivas universitarias, y que cualquier actuación en sentido contrario podría tener consecuencias legales.Por su parte, el profesor Humberto Vergara fue enfático en señalar que las sentencias han sido desconocidas por algunos sectores de la universidad. Según explicó, los fallos del Consejo de Estado, como máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, son de obligatorio cumplimiento y no admiten interpretaciones discrecionales.Vergara aseguró que el Consejo de Estado declaró tanto la validez de la elección como la nulidad de los actos posteriores que intentaron modificarla. En ese sentido, afirmó que no existe ninguna vacancia en el cargo de rector y que la tesis de una supuesta ausencia ha sido utilizada para justificar el nombramiento de encargos sin sustento legal.“El rector legítimamente elegido y reconocido por el Consejo de Estado es el profesor José Ismael Peña Reyes. No existe vacancia del cargo. Quien fue nombrado desconociendo las decisiones judiciales actuó en contravía de la ley”, señaló el docente, al referirse a los nombramientos posteriores que fueron anulados por el alto tribunal en una sentencia de noviembre.Finalmente, los profesores reiteraron que cualquier intento de abrir un nuevo proceso de elección rectoral no solo carece de fundamento jurídico, sino que podría agravar el conflicto institucional, al desconocer decisiones judiciales en firme y generar mayor incertidumbre en la gobernanza de la Universidad Nacional.
Como un baldado de agua fría cayó para le economía paisa el anuncio hecho por el Gobierno de Ecuador, que a través de un comunicado reiteró el anticipado más temprano por el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Y no es para menos si se tiene en cuenta que la balanza comercial entre Antioquia y Ecuador se mantuvo positiva durante la última década y continúa siendo favorable en 2025, de acuerdo con cifras del DANE, con cálculos de la Cámara de Comercio de Medellín.Entre 2015 y 2024, las exportaciones de Antioquia hacia Ecuador crecieron de 287 millones de dólares a 603 millones de dólares, alcanzando en 2024 el mayor valor de la serie histórica. En ese mismo año, las importaciones sumaron 184 millones de dólares, lo que dejó un superávit comercial de 419 millones de dólares, el más alto del período analizado por la dependencia de Estudios Económicos de esa entidad.Para 2025, con cifras acumuladas entre enero y octubre, Antioquia exportó a Ecuador 389 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron los 115 millones de dólares. Como resultado, el superávit comercial se ubicó en 274 millones de dólares, manteniendo la tendencia positiva del intercambio bilateral. Sobre el impacto se refirió el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Antioquia, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo. "Eso representa un rango más o menos entre el 15 y el 20% de las exportaciones nacionales a este país. Tenemos una representatividad muy importante, más o menos del 66% en la industria manufacturera. Ahí hay una representatividad clave de todo el tema de químicos, jabones, champús, vehículos. Tenemos también confecciones y esos básicamente son los sectores clave", indicó. En el acumulado del recién terminado año, el principal producto exportado desde Antioquia hacia Ecuador fue el capítulo de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, con ventas por 132 millones de dólares, consolidándose como el rubro más importante del comercio exterior departamental hacia ese mercado.Le siguieron los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, con exportaciones por 39 millones de dólares. Estos dos capítulos concentraron la mayor parte de las ventas externas.Por empresas, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. se consolidó como el principal exportador desde Antioquia hacia Ecuador en 2025, con ventas por 132 millones de dólares, asociadas principalmente al comercio de combustibles minerales.En segundo lugar se ubicó Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A., con exportaciones por 25 millones de dólares.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.