Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
A pocos días de terminar 2025, el nombre de Baba Vanga vuelve a se tema de conversación en redes sociales por sus profecías. La mística búlgara, conocida por las prediccionesque sus seguidores consideran inquietantemente certeras, es nuevamente asociada a un evento que, para muchos, confirmaría uno de sus anuncios más temidos: el primer contacto documentado de la humanidad con vida extraterrestre.El debate se intensificó tras el paso del cometa interestelar 3I Atlas, que el viernes 19 de diciembre alcanzó su punto más cercano a la Tierra. Aunque la comunidad científica explicó el fenómeno como un objeto proveniente de fuera del sistema solar, para creyentes y teóricos de la conspiración este acontecimiento encajaría con una antigua predicción atribuida a Baba Vanga, quien habría advertido que en 2025 “una nueva luz aparecería en el cielo y sería vista por todo el mundo”.Baba Vanga, nacida en 1911 y fallecida en 1996, fue una herbolaria y vidente búlgara que perdió la vista a temprana edad. Desde entonces, sus seguidores le atribuyeron una capacidad profética que la convirtió en una figura de culto. Entre los aciertos que se le adjudican figuran tragedias como el desastre nuclear de Chernóbil, la muerte de la princesa Diana y otros eventos históricos que, según sus creyentes, ella habría anticipado con décadas de antelación.Para este año, las predicciones no se limitaron al espacio. La llamada “Nostradamus de los Balcanes” habría advertido sobre desastres naturales vinculados a una frase enigmática: “Fuego doble que se elevará del cielo y la tierra simultáneamente”. Esta afirmación fue relacionada con los fuertes terremotos registrados en Afganistán durante agosto y noviembre, así como con el sismo que sacudió Filipinas en octubre. A estos hechos se sumaron erupciones volcánicas como las del monte Etna, en Italia, y el Kanlaon, en territorio filipino.Sin embargo, fue el fenómeno espacial el que más atención despertó. Durante el acercamiento del cometa 3I Atlas, los astrónomos detectaron dos elementos químicos considerados esenciales para la vida, lo que reavivó especulaciones sobre un posible origen biológico. Aunque no ocurrió durante un evento deportivo masivo, como indicaba la profecía, algunos seguidores aseguran que la visibilidad global del fenómeno coincidió simbólicamente con el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026.Pese a que no se habló de seres extraterrestres como los retrata el cine, para los creyentes el simple acercamiento de un objeto interestelar ya representa una forma de contacto. Y la historia no terminaría ahí. Según versiones citadas por el portal Space and Technology, Baba Vanga habría anunciado que en 2026 ocurrirá un segundo avistamiento, esta vez con la supuesta aparición de una nave nodriza.Mientras la ciencia pide cautela y descarta interpretaciones sobrenaturales, el misterio persiste. Para muchos, diciembre de 2025 quedará marcado como el mes en el que, una vez más, las profecías de Baba Vanga volvieron a sacudir la imaginación colectiva.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.
El programa del domingo 21 de diciembre de 2025 de En Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En "Un columnista nos contó" se habló sobre la apología a la paciencia.En el "Tema central" se abordó la pregunta: ¿El hombre solo es verdaderamente amado cuando sirve?.En "La máquina de la verdad" se comentó sobre mitos y realidades de los nombres que han marcado la historia de México.Escuche el programa completo aquí:
Persiste la preocupación en el municipio de Briceño por cuenta de acciones violentas que en los últimos meses han generado ataques a la fuerza pública, desplazamientos masivos y homicidios.En el más reciente de ellos las víctimas de sicarios encapuchados fueron un hombre identificado como Diego Alejandro Zapata Ochoa y una adolescente de 14 años de edad que se encontraba cerca al lugar del ataque ocurrido en el barrio Divino Niño.El hecho ha generado rechazo de diferentes sectores y quien más recientemente se pronunció fue la Defensoría del Pueblo. A través de un comunicado la entidad del Ministerio Público pidió a las autoridades nacionales y territoriales que implementen de manera urgente las recomendaciones de la alerta temprana 019-250 entregadas para esta localidad del Norte de Antioquia.“Insistimos a las autoridades en que avancen en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana, especialmente al Ministerio del Interior para que lidere la respuesta rápida. Asimismo, a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas, se les solicita que anticipen las medidas necesarias para atender a quienes puedan resultar afectados por un nuevo desplazamiento forzado”, destacó la Defensoría sobre el complejo panorama de seguridad que continúa en el municipio."El ataque iba dirigido hacia un ciudadano, el cual fue asesinado en el lugar. Ya las autoridades, tanto Policía como Ejército, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos", dijo el secretario de Gobierno de Briceño, William Londoño.En su comunicación la Defensoría también afirmó que el contexto violento del municipio es consecuencia del accionar de un grupo que ha surgido producto del fraccionamiento de las disidencias de las Farc y que se ha denominado ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’.Su disputa del territorio y rentas criminales en la región con el ELN y el Clan del Golfo han obligado a la salida de decenas de familias de al menos 25 veredas del municipio, algunas de ellas con temor de retornar a sus hogares por presiones y presencia de artefactos explosivos.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
En constante monitoreo por la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el Ideam, la Dimar, la Aerocivil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se encuentra la onda tropical que atraviesa el centro del océano Atlántico que, según el análisis realizado, presenta una probabilidad de un 30% de convertirse en un ciclón tropical en el mar Caribe en los próximos seis días.No obstante, resaltó el Ideam en un comunicado que los modelos de pronóstico y monitoreo meteorológico indican un incremento importante en las lluvias, vientos y oleaje a comienzos o mediados de esta semana, asociado al acercamiento del sistema hacia el área del Caribe colombiano.Al respecto, Angie Caldas, meteoróloga del Ideam, comentó sobre el estado del tiempo este domingo.“Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado y algunas precipitaciones de carácter moderado especialmente en horas de la tarde, persistente durante la noche. Se prevé que los mayores acumulados de precipitación se den en el sur del departamento de Bolívar, también hacia el sur del Magdalena y de manera generalizada en el Cesar”, informó la meteoróloga.Desde la Mesa Técnica fueron enfáticos en señalar que hasta el momento no se ha activado ningún nivel de alerta, pero en caso de darse lo comunicarán por sus canales oficiales.La mesa técnica tiene entre sus funciones mantener un seguimiento constante a la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas, con el fin de brindar información oportuna y verificada a las autoridades y comunidad en general.
Este domingo, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los jóvenes entre los 14 y 18 años tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en los Consejos Locales de Juventud.En Barranquilla son 155 los puestos de votación que se encuentran distribuidos en las cinco localidades de la ciudad. Allí se podrán depositar los votos por cualquiera de los 696 candidatos de las 142 listas que se inscribieron para ser elegidos.De acuerdo con Johan Ariza, registrador especial de Barranquilla, la capital del Atlántico es la segunda ciudad después de Bogotá con mayor participación de jóvenes en estas elecciones, por lo que hacen una invitación a que todos asistan a la jornada.“Se nos ha informado a través de los diferentes comités de seguimiento y garantías electorales presididos por el alcalde Alejandro Char y la Secretaría de Gobierno, para que cada uno de los puestos de votación tengan el acompañamiento debido. Del mismo modo, el Ministerio Público, que ha venido trabajando con la juventud, ha mostrado un gran interés por hacer el acompañamiento a todos los menores de edad que pueden votar en cualquier puesto de votación. Debo recordar que los jóvenes entre 14 y 17 años pueden hacerlo en el puesto de votación más cercano a su domicilio”.El funcionario también indicó que a través de los comités electorales se establecieron las pautas para garantizar la seguridad en esta jornada. Son 379.000 los jóvenes que están habilitados para votar en las cinco localidades de la ciudad, agregó.El escrutinio se va a realizar a partir del día lunes en el colegio María Inmaculada en el barrio Olaya, de Barranquilla.Igualmente, para este domingo la Policía asignó 1.900 uniformados distribuidos en los diferentes municipios y localidades de la Metropolitana, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego.En el resto del departamento, la Policía del Atlántico desplegó 500 efectivos que custodiarán los 65 puestos de votación repartidos en 18 municipios. Según la institución, las poblaciones de Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Tubará, Juan de Acosta, Sabanagrande, Polonuevo, Campo de la Cruz, Santo Tomás y Piojó tienen ley seca por la jornada electoral.
La operación se llevó a cabo al suroeste de Cabo de la Vela, en La Guajira, y permitió la captura de tres individuos, así como la incautación de una embarcación y equipos de navegación.En medio de las acciones de vigilancia, un avión Patrullero Marítimo de la Armada Nacional detectó una embarcación sospechosa: una motonave que se desplazaba a alta velocidad, lo que motivó el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Santa Marta.Durante la inspección del bote, los guardacostas hallaron 30 costales que contenían más de 800 paquetes con sustancias ilícitas. Tras el análisis realizado por personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, se determinó que los paquetes contenían 508,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 150,7 kilogramos de marihuana.El valor comercial internacional de la droga se estima en aproximadamente 24 millones de pesos y equivale a 1,2 millones de dosis de cocaína y 25.000 dosis de marihuana, lo que representa un duro golpe a las finanzas del narcotráfico en la zona.Fueron capturados tres hombres: uno de nacionalidad colombiana y dos dominicanos. Tanto los detenidos como la embarcación, el material incautado y los equipos de navegación fueron trasladados hasta un muelle y puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.
En el interior de unas bodegas, ubicadas en la vía que comunica los municipios de Valledupar y Becerril, la Policía Tránsito y Transporte del Cesar encontró seis cajas que contenían 240 kilogramos de pólvora.El hallazgo se produjo en momentos en que los uniformados revisaban los paquetes guardados en dichas bodegas, locaciones que pertenecen a una empresa de mensajería. Tras una ardua inspección, la Policía encontró que dentro de la mercancía estaban camuflados cientos de elementos pirotécnicos.En total se hallaron 60 paquetes de velas cráter, que contenían 360 unidades, y 128 tortas de 42 tiros, material que está avaluado en aproximadamente 40 millones de pesos.“Este resultado se logró gracias al plan paqueteo, una estrategia preventiva desarrollada en coordinación con las diferentes empresas de mensajería del departamento, con el fin de evitar el transporte y comercialización ilegal de pólvora, contribuyendo así a la seguridad y tranquilidad ciudadana", informó el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía del Cesar.Cartel de la pólvoraEn Barranquilla, el ‘Plan Bre’ de las autoridades también continúa en marcha con el lanzamiento del cartel de los más buscados de la pólvora, en el que se anuncia una recompensa de hasta 2 millones de pesos a cambio de información que permita desmantelar los puntos de acopio o de venta ilegal de elementos pirotécnicos.El cartel fue presentado por la Alcaldía de Barranquilla, en articulación con la Policía Metropolitana, en la IED David Sánchez Juliao, donde se alertó a la comunidad sobre las graves consecuencias de manipular pólvora y se invitó a la ciudadanía a denunciar la venta de "matasuegra", tiro de mecha, cebollita, chispitas, silbador, cohetes, volcanes, torpedo, mecha, triquitraque, bengala, buscapié y toda clase de elementos pirotécnicos.
Seis meses después del asesinato del patrullero Luis Andrés Camaño Álvarez en el municipio de Sahagún, la Policía de Córdoba capturó a uno de los presuntos sicarios que participó en este crimen, un hombre conocido como alias 'El Negro' y quien al parecer venía delinquiendo como miembro del Clan del Golfo.A partir de las investigaciones, el coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía de Córdoba, informó que alias 'El Negro', en compañía de alias 'Omar' (capturado el pasado 1 de agosto), serían los directos responsables del homicidio del patrullero."Alias 'El Negro' sería el segundo autor material o el segundo sicario que participó en los hechos acaecidos el día 28 de abril en el municipio de Sahagún, donde falleció o le segaron la vida al señor patrullero, adscrito a la unidad de intervención del UNDMO", recordó el oficial."De esa manera, logramos ya sacar de circulación a esos dos sicarios que atentaron contra la vida de nuestro compañero, esa deuda de honor que teníamos. Demostramos cómo la Fuerza Pública, después de estos hechos acaecidos, logramos dar respuesta contundente y demostrar que cualquier delincuente o cualquier grupo terrorista que quiera atentar contra la Fuerza Pública traerá sus investigaciones para poder sacar de circulación a estos actores materiales del sicariato", agregó.'El Negro' también sería el responsable del intento de homicidio de un soldado profesional el pasado 28 de abril en San Carlos, Córdoba.Este hombre tendría 10 años al servicio de la organización criminal 'Clan del Golfo' y no solo se desempeñaría como sicario en la subestructura Javier Yepes Cantero, sino que también estaría participando en intimidaciones y amenazas para el cobro de extorsiones en los municipios cordobeses de Sahagún, San Andrés de Sotavento, Chinú, Chimá y Tuchín.
Tras batallar cinco días por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Casa del Niño, este viernes se confirmó el fallecimiento de la niña de 9 años que resultó herida por una bala perdida en el barrio Villa Fanny, en el sur de Cartagena.La pequeña recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba jugando en la terraza de su vivienda junto a familiares y amigos el pasado domingo 12 de octubre.A través de sus redes sociales, la Alcaldía confirmó el lamentable desenlace de la menor, quien cursaba tercero de primaria.“La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en cabeza del señor alcalde Dumek Turbay Paz, lamenta profundamente el fallecimiento de la menor de edad Gretel Sofía Maestre, residente en el barrio Villa Fanny. Acompañamos con solidaridad a su familia en este difícil momento”, informó la administración distrital.Las autoridades en Cartagena mantienen una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información sobre los responsables de este hecho que ha causado conmoción y dolor en la ciudad.En declaraciones a los medios de comunicación en días pasados, el comandante de la Policía Metropolitana, general Gelver Yecid Peña, hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita ubicar al responsable.“La Policía Nacional ha destacado un equipo especial para realizar las averiguaciones pertinentes, con el fin de avanzar en el proceso investigativo de este caso que hoy enluta a la ciudad entera por la situación que vive esta pequeña de 9 años. Tenemos un despliegue de inteligencia y de Policía Judicial. Hasta el momento no contamos con un avance significativo; estamos apelando también a la solidaridad ciudadana, no solo porque haya una recompensa, sino porque es un deber que quien tenga conocimiento de quién fue la persona que ocasionó esta situación lo informe a las autoridades”, señaló.Desde el trágico hecho, la menor permanecía bajo pronóstico reservado y en estado crítico.