Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a una trayectoria que le ha permitido ganarse la confianza de miles de jugadores. Su mecánica sencilla, la variedad de modalidades y la expectativa que genera cada tarde lo han convertido en una cita habitual para quienes siguen de cerca sus resultados con la ilusión de un golpe de suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:Resultados del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este domingo 21 de diciembre de 2025 es el 3285 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 3285Dos últimas cifras: 85Tres últimas cifras: 285La quinta: 4Modalidades de juego del Chontico DíaUno de los mayores atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de forma ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?El Chontico Día se destaca por su bajo costo de participación, ya que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Esto lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos, sin necesidad de realizar grandes inversiones.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?El proceso para cobrar un premio es claro y se realiza en puntos de pago autorizados. El ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad y una fotocopia legible.Dependiendo del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.Con reglas claras y una dinámica fácil de entender, el Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte esté de su lado en el próximo resultado.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
El Bayern Múnich cerró el 2025 con autoridad. En la última jornada del año en la Bundesliga, el equipo bávaro goleó 4-0 al Heidenheim y se despidió del calendario con un Luis Díaz protagonista, autor de un gol clave que confirmó su buen momento tras regresar de una breve ausencia por sanción.El partido, correspondiente a la fecha 15 del campeonato alemán, dejó sensaciones positivas para el conjunto dirigido por Vincent Kompany, que no solo mantuvo el liderato, sino que también recuperó a una de sus piezas más desequilibrantes en ataque.Bayern Múnich cierra el año con goleada y liderazgo en la BundesligaDesde el inicio, el Bayern impuso condiciones. La presión alta y el dominio del balón marcaron el ritmo del encuentro ante un Heidenheim que poco pudo hacer para contener la jerarquía visitante. Al minuto 14, Michael Olise ejecutó un tiro de esquina preciso y Josip Stanišić apareció en el área para abrir el marcador con un certero cabezazo.El control fue total y, antes del descanso, Olise volvió a ser protagonista con un remate bien colocado que amplió la ventaja. Con el 2-0, el Bayern manejó los tiempos del partido y dejó claro por qué lidera la tabla con 41 puntos, mientras su rival sigue comprometido en la parte baja.Luis Díaz vuelve y responde con gol para cerrar el 2025El regreso de Luis Díaz era uno de los focos del partido. Tras dos semanas sin actividad y tres partidos ausente, el colombiano necesitaba minutos y confianza. Aunque en el arranque se le notó algo falto de ritmo, con el paso de los minutos empezó a soltarse y a asociarse mejor por la banda.Su premio llegó en el segundo tiempo. Luego de un centro preciso de Stanišić, Díaz apareció en el área y conectó un potente cabezazo para marcar el 3-0, firmando así su último gol del año. Fue el octavo tanto del colombiano en la presente temporada de Bundesliga, una cifra que respalda su impacto en el equipo.Kane sentencia el triunfo y Bayern piensa en 2026Con el partido definido, Harry Kane puso el broche de oro en el tiempo de adición. El delantero inglés sacó un remate desde fuera del área que se coló en el arco rival para el 4-0 definitivo, confirmando una noche redonda para los bávaros.Más allá del marcador, el encuentro dejó señales claras: Bayern llega sólido al receso invernal y Luis Díaz vuelve a escena justo cuando el equipo lo necesita. Con la Bundesliga retomándose en enero de 2026, el colombiano cierra el año con confianza, gol y protagonismo, ilusionando a la afición y reafirmando su peso en uno de los clubes más grandes de Europa.
Este domingo 21 de diciembre, en Sala de Prensa cierra el año con un análisis amplio que cruza política, relaciones internacionales y cultura, en un episodio marcado por balances y proyecciones.María Margarita “Paca” Zuleta: analiza la coyuntura nacional, cuestionando la falta de transparencia del decreto de emergencia económica y la baja eficiencia del gasto público. Examina el escenario electoral hacia 2026 y el peso de la experiencia administrativa. Reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación y recomienda lecturas clave para cerrar el año.Juan Carlos Flores: hace un balance crítico del cierre político, señalando el vacío de propuestas atractivas desde la oposición. Explica los alcances reales de la inteligencia artificial como herramienta, pero no como conciencia creadora. Advierte que el futuro electoral dependerá de ideas que movilicen talento y esperanza.Juan Camilo Merlano: desde Washington, reporta la postura de Estados Unidos frente a Colombia y Venezuela tras declaraciones del senador Marco Rubio. Analiza la estrategia de presión internacional contra el régimen de Maduro. Concluye que no se vislumbra un cambio de poder inmediato en Caracas.Paloma Valencia: expone su visión política y su acercamiento a la coalición de centroderecha de cara a una posible consulta. Defiende una agenda centrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico y educación. Insiste en que la oposición debe ofrecer soluciones más allá del antipetrismo.Luis Carlos Rueda: presenta los estrenos destacados de la temporada, con foco en la nueva entrega de Avatar y su impacto visual. Analiza sus mensajes sobre medioambiente, migración y resistencia cultural. Invita a disfrutar también del cine popular con la octava entrega de El Paseo.Escuche el programa completo aquí:
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
Hasta un metro de altura alcanza el agua cuando se empoza en algunos tramos de la Gran Vía, en el corredor universitario que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia. Son aproximadamente 150 metros lineales que se han convertido en un peligroso lodazal.Esta situación ha generado la afectación de 30 vehículos de Sobusa. Así lo describe Óscar Guerrero, director operativo de la empresa de transporte público, quien, después de reunirse con otras compañías del sector, no descarta dejar de transitar por ese tramo.“Nos reunimos para tratar esta problemática con otras empresas de transporte que por allí transitamos, como Alianza Sodis, Cootransnorte, Coolitoral, Transmetro y La Carolina, debido al estado en el que está la vía antes de llegar al centro comercial. Es un tramo de 150 metros lineales y, cada vez que llueve, se empoza el agua, que alcanza casi un metro, lo que ocasiona daños en la parte eléctrica y mecánica. Esto también genera riesgos para la integridad del conductor y los pasajeros. Los vehículos, al pasar por este lodazal, pierden tracción, pueden resbalar e irse por la excavación, que es nuestro principal temor”, explicó.Guerrero destacó también que las empresas de transporte se reunieron con autoridades de tránsito de Puerto Colombia, quienes se comprometieron a conversar con los encargados de la obra para buscar que, cada vez que llueva, se pueda evacuar el agua que genera los lodazales.Si esto no se hace, agregó, se verían obligados a desviar la ruta, con las afectaciones que esto implicaría para el servicio y los usuarios.
El Grupo Gaula identificó 10 puntos críticos donde los delincuentes están citando a profesionales con la promesa de contratarlos. Las citas son en zonas rurales sin señal telefónica, donde los criminales aprovechan para llamar a las familias y pedir millonarios pagos.Aprovechándose de la información que profesionales ofrecen en sus redes sociales, los delincuentes en el Atlántico los están citando en zonas rurales apartadas solicitando sus servicios. Una vez en el lugar, llaman al profesional y le dicen que está en una zona vetada por un grupo criminal, enlazan la llamada con los familiares y les exigen el pago de su liberación que las víctimas hacen a través de una empresa de giros.Este es el modus operandi que emplean estos grupos de delincuencia común, según lo explicó el mayor Nelson Ramírez Manrique, director del Grupo Gaula del Atlántico.“Dicen que necesitan servicios médicos, de enfermería o en el caso de los arquitectos los engañan diciéndoles que tienen una finca y quieren construir una urbanización. Cuando la víctima llega al lugar recibe una llamada de un supuesto miembro del Clan del Golfo, por ejemplo, que les dice que están en una zona vetada y no tienen permiso de la organización criminal para estar ahí. Después enlazan la llamada con la familia y le empiezan a pedir dinero a seres queridos o empresas y les dicen que se los hagan llegar a través de una empresa de giros”.Buscando contrarrestar a los criminales que operan bajo la modalidad de “falso servicio”, el oficial dio a conocer varios puntos críticos donde se están presentando la mayoría de estos casos, entre los que se encuentran el corregimiento de Pital de Megua, cerca del municipio de Usiacurí, al lado de Tubará, zona rural de Juan de Acosta, Sabanagrande, Sabanalarga y entre Polonuevo y Baranoa.“Hemos logrado identificar estos 10 puntos y estamos trabajando con las alcaldías de estos municipios para a través de vallas informar a las personas de estos delincuentes y decirles que no sean víctimas de la extorsión”, dijo el oficial.Informó también el mayor Ramírez que en lo que va de 2025 el Gaula y la Fiscalía han capturado 30 presuntos delincuentes con esta modalidad de falsos servicios. Asimismo, diariamente están teniendo entre dos o tres casos donde las patrullas del cuadrante, las zonas de atención y el Gaula llegan a estos sitios apartados y encuentran a las víctimas escondidas dentro de un vehículo, al lado de una moto o de la vía, logrando evitar el pago de la extorsión.El oficial concluyó diciendo que detrás de este accionar delictivo hay delincuencia común que se hace pasar por grupos como ELN, autodefensas o grupos armados organizados.
El pasado 31 de julio en el barrio El Carmen de Barranquilla, la Policía de infancia junto con el CTI de la fiscalía capturaron a cuatro presuntos delincuentes señalados de conformar una red criminal que explotaba sexualmente a menores de edad, las cuales eran puestas a trabajar en servicios de webcam.Días después, un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel solo a Rodolfo Ernesto Peñate Peñate, señalado cabecilla de esta banda, por presuntamente haber incurrido en los delitos de proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual y pornografía con menor de edad.Los otros capturados fueron dejados en libertad luego de que el juez considerara que no había suficientes elementos que infirieran su participación en estos delitos. La decisión fue apelada por la Fiscalía, que insistió en que tienen en su poder conversaciones encontradas en varios de los celulares incautados durante el allanamiento, que demostrarían que sí tenían conocimiento de que las mujeres explotadas en la vivienda eran menores de edad.Ante este situación, un juez de segunda instancia les revocó de libertad y pidió que expidieran de forma inmediata nuevas ordenes de captura en contra de Jaseth Farid Peñate Solano, de 34 años y Juan José Peñate Llerena, de 38, quienes son hijos del señalado líder de la organización, todo para que respondan por presuntamente incurrir en los delitos de proxenetismo con menor de edad y pornografía infantil.Ante esta decisión el CTI y la Policía ya se encuentran en la búsqueda de estos individuos, mientras la investigación avanza para dar con otras personas que estarían detrás de este negocio en el que se explotan a menores entre los 14 y 17 años.
El Ministerio de Minas expidió un nuevo decreto con el que busca bajar las tarifas de energía eléctrica en todo el país.La medida ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a que establezca mecanismos para que las empresas generadoras de energía firmen contratos de largo plazo por, al menos, el 95% de su producción y así reducir a las empresas distribuidoras la dependencia a la compra de energía en bolsa, donde los precios fluctúan constantemente.De acuerdo con lo que plantea el Gobierno, al garantizar al sector distribuidor la posibilidad de que tengan la mayoría de la energía contratada a largo plazo, las tarifas para los usuarios serían más estables y baratas. Lo anterior por cuenta de un importante cambio que se haría en la manera de negociar la compra de la energía generada, pues normalmente solo entre el 60%y 70% se vendía a través de estos contratos de largo plazo y ahora sería casi la totalidad. Habitualmente, el resto (40% o menos) quedaba expuesto a las fluctuaciones y los sobreprecios del mercado en bolsa en el que, por ejemplo, puede pagarse un kilovatio por $1000, mientras que un contrato a largo plazo podría costar cinco veces menos, es decir, $200. No obstante, esta no es siempre la regla, pues por la naturaleza fluctuante del mercado, muchas veces puede conseguirse en bolsa una tarifa más favorable, especialmente en época de lluvias. Situación que es aprovechada por los agentes de mercado para disminuir gastos. Precisamente, este es uno de los puntos que previamente fue objeto de críticas por parte de expertos, quienes insistieron en que esto podía limitar su capacidad de respuesta en momentos en lo que hubiese mejor tarifa en el mercado en bolsa. “Nuestro propósito es claro, la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”, indicó el ministro de Minas y Energía Edwin Palma.Este nuevo decreto da tres meses de plazo a la Creg para establezca los mecanismos y expida las resoluciones que correspondan para estabecer esta nueva condición de mercado"Blu Radio consultó al gremio generador sobre el impacto que este decreto podría tener, sin embargo, indicaron que, por el momento, están revisando el alcance del mismo.
Una reunión de alto nivel fue la que se realizó este jueves en Barranquilla, en la que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, se sentaron con el agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez; el gerente de Gecelca, Andrés Yabrudy, y otros funcionarios del Gobierno para estudiar los pormenores jurídicos y financieros y avanzar en la posibilidad de que la generadora estatal asuma la operación del mercado de Air-e.El Ministerio de Minas informó que, “durante el encuentro, se abordaron las alternativas de financiamiento, regulación especial y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e, integrando además proyectos de transición energética como Colombia Solar”, un nuevo programa del Gobierno que busca reemplazar los subsidios tradicionales por energía limpia generada a través de paneles solares en los hogares.Justamente, este programa arrancará en los estratos 1 y 2 de Barranquilla y, para ello, Palma está impulsando una primera alianza entre Air-e y Gecelca, en la que el Gobierno nacional propone que la generadora “actúe como vehículo financiero del programa, administrando vigencias futuras por cerca de 8 billones de pesos, para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa y facilitar la masificación de las soluciones solares”.En cuanto a la solución empresarial a Air-e, el ministro de Minas también afirmó que “se conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas pos toma”.A su vez, la CREG revisará el plan regulatorio y de pérdidas, y proyectará medidas complementarias para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético en la región Caribe.
Acogiendo la solicitud de la Fiscalía, el juez 18 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla decidió enviar a la Cárcel Distrital El Bosque a Eduar Alfonso Castro Daza, alias ‘El Negro’, imputado por el feminicidio de su expareja sentimental Kelly Jhoana De Arco, asesinada a tiros el pasado 6 de octubre, en un conjunto residencial del sur de Barranquilla.El juez argumentó que este es un hecho supremamente grave, pues se atentó contra una mujer por la negativa de ella de continuar con su relación, lo que al mismo tiempo evidencia una conducta machista.Le puede interesar: Acusado por feminicidio en Atlántico pide excluir del juicio a testigo de Medicina Legal"Lo que se evidencia es que los motivos que propiciaron este desenlace fatal estuvieron precedidos de una dominación, de una violencia por la condición de ser mujer y por el sentir de que si esta mujer no quería seguir con él, pues él debía tomar esta decisión tan lamentable", dijo el juez.Testimonio claveEstudios balísticos y testimonios entregados por personas cercanas a la víctima hacen parte de las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de Castro Daza y por las que el ente acusador argumentó que este hombre es un peligro para la sociedad que merece estar tras las rejas para evitar, además, que no comparezca ante la justicia y se repitan muertes trágicas como estas.En cuanto los estudios, estos revelan que las vainillas de balas recopiladas en la escena del crimen corresponden a la pistola que entregó el mismo procesado cuando se presentó ante las autoridades hora y media después del hecho. Además, es clave el testimonio de la madrastra de Kelly que presenció su asesinato y cuya versión fue narrada por el fiscal del caso durante la sustentación de la medida."Yo estaba al lado de Kelly, a menos de 50 centímetros. Yo iba subiendo las escaleras con Kelly y la llevaba del brazo, cuando baja el 'Negro', Kelly se pasa delante de mí, le reclama (a él) qué hace en su casa y el 'Negro' enseguida la toma del cuello y le dispara. Eso fue lo que pasó frente a mí, cerca de mí, no sé cómo no me traspasó un tiro de esos", dijo la testigo a la Fiscalía.La Procuraduría también respaldó la solicitud de la Fiscalía de enviar a la cárcel al imputado al tratarse de un presunto feminicida; sin embargo, la defensa alegó que Castro, en vez de ir a prisión, debía ser remitido en un centro de rehabilitación, pues su conducta obedece a problemas mentales y adicción a las drogas.El abogado defensor Jorge Daniels Lascarro sostuvo que estos trastornos han llevado al procesado a intentar quitarse la vida en el pasado y que prueba de ello es que ya estuvo internado en el Cari Mental. Insistió en que enviarlo a la cárcel podría provocarle claustrofobia y motivarlo a cometer un daño mayor.Sin embargo, el juez consideró que no basta la historia clínica que presentó la defensa, sino que debe haber un peritazgo que demuestre que un centro de reclusión carcelario no es compatible con el procesado.