Fueron dos sicarios que caminaban a altas horas de la noche por el barrio Villa Carolina, del municipio de Baranoa, los que le terminaron quitando la vida este jueves a Landry Johana Yepes Estrada, de 26 años, siendo ella la mujer número 15 que es asesinada este año en todo el departamento del Atlántico.Al mismo tiempo, ya son cuatro las mujeres asesinadas en las últimas 48 horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.Yepes Estrada estaba en la terraza de su vivienda junto con su pareja sentimental, de quien se dice que al parecer recibió un disparo en su pierna. Por ello, no hubo tiempo de llevarla a un centro asistencial.De acuerdo con declaraciones entregadas por el alcalde del municipio Edison Palma, detrás del crimen habría motivaciones pasionales.“La hipótesis que se maneja por parte de la Policía del Atlántico es la de un presunto hecho sicarial con motivos pasionales. Al parecer la mujer presuntamente mantenía alguna relación con la persona para la que estaba dirigido el atentado”, dijo este mandatario.Recordemos que este jueves fue hallada en una zona enmontada del barrio 12 de Octubre de Soledad Gloria Esther Araújo Varela, mujer de 36 años que estaba desaparecida desde el pasado lunes 23 de febrero.Las otras dos jóvenes asesinadas fueron identificadas como Glenis Patricia Rodríguez Ariza y Luzdaris Maickell Guerrero Corro, atacadas con arma de fuego en el área metropolitana de BarranquillaOtro casoUn grupo especial de investigación criminal fue designado por la Policía en el Atlántico para esclarecer todo lo relacionado con el atentado a bala contra un menor de 14 años, al que le propinaron un disparo en su cabeza en plena calle del municipio de Malambo.El suceso ocurrió casi a las 11 de la noche de este jueves y, reportan las autoridades competentes, que la víctima estaba en la plaza de la zona departiendo con dos amigos.Aunque aún no hay indicios de las razones y los responsables de este hecho, Blu radio conoció que el punto en el que se perpetró el ataque tiene injerencia de la banda los costeños.Por su parte, los médicos intentan salvarle la vida a este joven, hoy bajo pronóstico reservado.
“Nada funciona bien, todo lo hacen mal”, fue la más reciente crítica que hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, este viernes contra la Aeronáutica Civil por los pocos avances que se tienen en sus obras de mantenimiento y modernización.Debido a las demoras para recibir una respuesta a la carta del Distrito, en el que se postulan desde el año anterior para tomar el control de esta terminal aérea, ahora Char pidió tener en cuenta una operación mixta. Es decir, administrado entre ambos.“Ojalá se lo entreguen a la ciudad porque ese aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra dice que no es similar. Los ministros del Gobierno Nacional no lo hacen bien. No es algo de ahora, es desde hace muchos años atrás. Lo hacen muy mal”, dijo inicialmente.“Hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente, a los que vienen a visitar a Barranquilla por el Malecón, por el Carnaval o por la selección Colombia. Llegan al aeropuerto y dicen que es horrible. La gente cargando maletas, los abuelitos, las señoras, las mamás con los niños. Nada funciona. Nosotros les estamos diciendo que lo entreguen, que acá sabemos hacer las cosas”, agregó.De hecho, la gerente de ciudad, Ana María Eljure, ya había asegurado a Blu Radio que hicieron una visita recientemente en la que verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.Las declaraciones del alcalde Alejandro Char fueron dichas en medio de la entrega de obras de renovación de la sede Colsamiro de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).Allí con una inversión inicial de 11 mil millones de pesos, fueron renovadas la oficina de vicerrectoría, sala de profesores, oficinas administrativas, biblioteca, enfermería y al menos cinco aulas.El proyecto tiene como objetivo renovar las tres sedes de esta institución con una inversión total de 26.000 millones de pesos.
A tan solo 48 horas de que el departamento del Atlántico se estremeciera con la noticia del asesinato del trabajador de una empresa de buses intermunicipales, como posible retaliación por el cobro de extorsiones, este viernes fue asesinado un ganadero que, al parecer, también estaba siendo víctima de cobros extorsivos.Se trata de Vicente Mercado Cepeda, quien es reconocido en Sabanalarga por su gestión como ganadero de la zona. Este habría sido interceptado por unos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hacia la ventana del conductor, lo que le causó heridas que en cuestión de minutos acabaron con su vida.Como consecuencia del atentado, Mercado perdió el control de la camioneta que conducía y terminó estrellándose contra un poste y un muro, lo que dificultó la salida de su cuerpo del carro.Mercado, al parecer, también había sido víctima de un atentado en semanas anteriores en su finca, del cual logró resultar ileso, sin embargo, las balas lo alcanzaron este viernes cuando iba en la vía Cordialidad.
La instalación del sistema solar beneficiará a más de 1.500 estudiantes y 62 docentes que no contaban con las condiciones óptimas para el aprendizaje en la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, ubicada en el corregimiento de Mayapo, municipio de Manaure en La Guajira; con la intención de ofrecer un suministro de energía constante y confiable para esa comunidad educativa del pueblo wayuu.Los paneles instalados en convenio con Gestión Energética S.A. E.S.P. (GENSA) beneficiará a 1.593 estudiantes y 62 docentes, con mejores condiciones de iluminación, seguridad y operación en la institución, lo que contribuye a un entorno más adecuado para el aprendizaje y a la permanencia escolar en esas poblaciones.El sistema fotovoltaico de 43,6 kWp (kilovatio pico), garantiza energía continua para la operación de espacios esenciales del internado como la cocina y los dormitorios, fundamentales para el bienestar de los estudiantes, quienes permanecen en la institución e incluso residen ahí. Con esa energía se podrían mantener encendidas unas 15 a 20 casas de familia al mismo tiempo con sus electrodomésticos básicos.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 26 de febrero de 2026:El dólar cerró por encima de los $3.760, con un alza cercana a $40 frente a la TRM.Las plataformas digitales de Bancolombia ya operan con normalidad tras las fallas del servicio.Grave ataque en Segovia: un dron con explosivos dejó cinco muertos, entre ellos dos menores.Crece la polémica por el decreto firmado por el Gobierno Nacional.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 26 de febrero de 2026:Armando Wouriyu, vocero del comité de firmas de la constituyente, habló sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro.David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, se refirió de la iniciativa para llevar ayuda humanitaria a Cuba.Claudia López, candidata presidencial, habló de los resultados de la encuesta Invamer.Escuche el programa completo aquí:
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron una circular conjunta con directrices para prevenir posibles brotes de sarampión en Colombia, ante el aumento de casos en varios países del continente.La decisión se da luego de que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera sobre un crecimiento sostenido de contagios en la región durante 2025 y 2026. Según el reporte, se han registrado más de 14.800 casos y 29 muertes en América, incluidos fallecimientos en población indígena. Entre los países con mayor número de contagios aparecen Canadá, México, Estados Unidos y Brasil.De hecho, Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión, luego de mantener circulación del mismo genotipo del virus durante un año.El Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones, movilizará a millones de viajeros. Por eso, las autoridades colombianas pidieron a gobernaciones, alcaldías, EPS y demás entidades del sistema de salud reforzar la vacunación, especialmente con la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), y verificar esquemas completos en viajeros.La recomendación es clara: cualquier persona desde los seis meses de edad que no tenga prueba de vacunación o inmunidad debe aplicarse la dosis al menos dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión activa.El Ministerio también pidió fortalecer la vigilancia epidemiológica, informar a la ciudadanía sobre síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal y ojos rojos, y activar planes de respuesta antes, durante y después del evento deportivo.La evaluación de riesgo realizada en febrero por la autoridad sanitaria regional concluyó que la probabilidad de propagación del sarampión en América es muy alta, debido a brotes activos, casos importados y baja cobertura de vacunación en algunos grupos
Después del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, disputado anoche y que terminó 2-1 a favor del equipo antioqueño, surgió una nueva polémica por una carta enviada por Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente de Independiente Santa Fe, a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.La carta de Santa Fe sobre los árbitrosSe trata de una comunicación en la que Santa Fe solicita que se remita “urgentemente a la FIFA y al señor Gianni Infantino el perfil del árbitro designado, al igual que la terna VAR” del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga. El documento señala, en tono irónico, que estos jueces podrían ser tenidos en cuenta incluso “para dirigir la final” de la próxima Copa del Mundo.Además, el club afirma que asume que “el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros vs. Medellín”.El texto también incluye un comentario sarcástico en el que se señala que, si estos árbitros son considerados para el Mundial, tendrían que ser citados con un mes de anticipación, lo que impediría que la Liga colombiana pudiera contar con ellos durante ese periodo.La carta, que se ha vuelto viral y ha sido replicada por varias voces del fútbol colombiano, tiene un claro tono irónico. Luis Eduardo Méndez recurre a este recurso para expresar su inconformidad con el arbitraje del partido y manifestar su protesta ante la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.El comunicado no menciona por nombre a los árbitros del encuentro, sino que se refiere de manera general al árbitro central y a la terna del VAR.Santa Fe jugó por la quinta fecha de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional en un partido que había sido aplazado. Actualmente, el equipo es duodécimo en la tabla de posiciones con diez puntos. Su próximo partido será el 5 de marzo frente a Deportes Tolima en Ibagué.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Fuertes señalamientos realizó la Fiscalía este jueves en contra del abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, en medio de la audiencia preparatoria de juicio que en estos momentos busca definir la pertinencia de las pruebas que el juez Hugo Carbonó aprobó o no para la cita esperada.Durante ese proceso de discutir la validez de las apelaciones expuestas por la defensa, la fiscal Lucy Laborde apuntó que el abogado tiene titubeos imaginarios, pues quiere conocer una verdad para de allí escoger las pruebas a utilizar, cuando según ella el orden correcto es indicar los materiales probatorios para luego confirmar si Petro Burgos se enriqueció o no ilícitamente.Una de esas pruebas controvertidas señaladas por la Fiscalía, y con la que habla de un presunto proceso de interrupción a su investigación, es la del celular que fue incautado a Day Vásquez. Aunque Alejandro Carranza pidió que no fuese admitida, defienden desde el ente acusador que al tratarse de una entrega voluntaria no se necesitaba una orden judicial para sacar sus datos.“No se requiere una orden de un juez de garantías para buscar lo que ya ha sido entregado para su examen. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más exactamente la decisión AP 3439 de 2024, aclara que la entrega voluntaria de información digital por su propietario no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, sino un acto de colaboración con la justicia que no requiere autorización judicial antecedente”, indicó Lucy durante el encuentro.Apunta Laborde que de allí no se hicieron dos extracciones de información como dice Carranza, sino que un fiscal sacó los datos y otro los analizó. Por ende, espera que esta prueba llegue a juicio pues de allí sale la base fundamental de la teoría de la Fiscalía, hablando de las conversaciones entre Day y Nicolás Petro.Añade que no tiene necesidad de informarle o propiciar interrogatorios a sus fuentes no formales, pues lo concreto no son sus declaraciones sino los resultados operativos de sus datos. Es decir, se usan como camino no como fin.Por de más, para la Fiscalía tampoco hay necesidad de excluir el interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos, debido a que esas declaraciones no fueron dichas en un marco de principio de oportunidad fallido, sino —dice ella— inexistente.“No se realizó ninguna actividad respecto de un principio de oportunidad. No fue fallido, fue inexistente. Es así como no se puede hablar de que sea necesario excluir esas declaraciones que rindiera Nicolás Fernando Petro Burgos frente al investigador bajo la gravedad del juramento, puesto que no se entran dentro del beneficio mencionado”, aseguró.Finalmente, la fiscal Lucy Laborde insiste en que el juez Hugo Carbonó debe compulsar copias contra el abogado Alejandro Carranza tras citar una evidencia que, según ella, fue obtenida ilícitamente. Se refiere a un video de la audiencia de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, diligencia que fue privada y para obtenerla debió solicitar una autorización.En esa diligencia fue donde se dio a conocer que Mario Burgo obtuvo información de fuentes que luego se utilizaron para aprobar la orden de captura y el allanamiento de la casa del hijo del Presidente.
Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Un aparente despiste por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada terminó siendo la supuesta masacre reportada en el corregimiento de Villa Germania, al sur de Valledupar, capital del Cesar. La situación fue aclarada luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparecen las personas que inicialmente se creían muertas, afirmando que todo fue una estrategia de distracción.En el video, los hombres que visten diferente y están en una zona boscosa aún no identificada por las autoridades, se identifican como integrantes del Clan del Golfo y explican que fingieron estar muertos debido a amenazas en su contra.“Estamos aquí y hacemos parte del Clan del Golfo. Desmentimos lo sucedido. Lo hicimos como un despiste contra el enemigo; queríamos que replegaran. Estamos bien, gracias a Dios”, dice uno de los hombres en la grabación.La veracidad del video fue confirmada por el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quien publicó un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter). En él aseguró que se han realizado consejos de seguridad y que las autoridades nunca encontraron los supuestos cuerpos.“Invito a todos a analizar cada información que circula en redes, porque estamos en una era donde todo corre sin importar las consecuencias. La seguridad es prioridad y seguimos trabajando para proteger a la comunidad”, agregó el mandatario.Desde el inicio del reporte, solo se había identificado uno de los seis presuntos cuerpos mencionados, y las demás ubicaciones nunca fueron confirmadas. Las autoridades, por su parte, han reforzado la vigilancia en la zona con apoyo del Ejército Nacional y una comisión interinstitucional que visitó Villa Germania.
A la espera de prontos avances en las posibles negociaciones de paz que se planean entre el Gobierno nacional y los cabecillas de las bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes' se encuentran pequeños y medianos comerciantes en el Atlántico, quienes sufren de primera mano delitos como la extorsión y ven la iniciativa como una oportunidad de obtener la tan anhelada tranquilidad en su entorno.Así lo mencionó el presidente de Undeco en el Atlántico, Orlando Jiménez, apuntando además que por cada negocio que se cierra son tres, cuatro o hasta cinco personas las que quedan divagando financieramente; usualmente el dueño del local y su familia.“Hemos visto como en los últimos 20 meses se tiene la fuerza del Gaula de la Policía, se han triplicado sus recursos económicos, su logística, la tecnología que se ha adoptado y pues no ha sido suficiente”, dijo inicialmente.“Por eso, ahora que se oye la posibilidad de que la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno nacional plantean hacer unas mesas de diálogo con estos señores que están al frente de las organizaciones, nosotros aspiramos y esperamos que así se haga”, aclaró luego.Dice Jiménez que las intimidaciones son tan graves que provocan que los afectados tengan que migrar hacia actividades informales, sumado a que desde el año 2019 son más de 400 los negocios de diferentes tipos que han cerrado sus puertas o dejado de funcionar, lo que para él indica que es una problemática a la que no se le puso principal atención en su tiempo.El presidente de Undeco en el Atlántico sostiene que pese a que en la mayoría de los casos no saben para quienes son esos dineros exigidos, sabiendo que muchos criminales suelen utilizar los rótulos de bandas distintas a la suya, la recomendación que entrega a las autoridades es que no frenen su acompañamiento para evitar el ingreso de nuevos actores y generando la confianza para denunciar.
La juez novena penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla legalizó en las últimas horas la captura de Edwin Cataño Guevara, bombero que atropelló al joven de 19 años Juan David Ucrós, mientras conducía ebrio al norte de la capital del Atlántico.La togada destacó en medio de la diligencia que el procesado se entregó de manera voluntaria en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde se le respetaron todos sus derechos fundamentales y se le dio un trato digno, por lo que no puso impedimentos para aprobar el procedimiento.“Habiendo verificado que se cumplieron todas las garantías procesales y los requisitos legales, y que no existen evidencias de irregularidades que afecten la validez de la diligencia, el juzgado noveno penal municipal con función de control de garantías imparte legalidad al procedimiento de captura y a la captura del señor Edwin Alberto Cataño Guevara, procediendo a cancelar su orden de captura”, aseguró ante los presentes.Debido a que la jueza tenía otros compromisos pendientes de legalización de captura, se llegó a un acuerdo para agendar las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento para este martes 22 de julio, a las 2:00 de la tarde.Así también, la defensa de Cataño Guevara solo acotó que le parecía desproporcionada la orden de captura en contra de su protegido, teniendo en cuenta que nunca se negó a comparecer ante la justicia.El abogado Geraldino León, representante legal de las víctimas junto con su equipo de trabajo conformado por el abogado Andrés Pineda Pedrozo, ya había manifestado que su principal intención es tener justicia por lo sucedido.“A pesar de que los hechos sucedieron de la manera en la que sucedieron, Juan David murió y no lo podemos devolver. Era un muchacho muy admirado por parte del gerente de la empresa en la que trabajaba por ser una buena persona y adelantada en cuestiones de sistema. Hay que echar para adelante, darle ánimo a la familia, quienes siguen pidiendo justicia”, declaró a Blu Radio.
Luego de que la Contraloría General emitiera una alerta sobre el grave impacto ambiental, social y de control de inundaciones que tendría la suspensión del megaproyecto del Canal del Dique en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la ciudad se une a la preocupación del ente de control.A través de su cuenta de X, el alcalde cartagenero señaló que la importancia del proyecto no se puede reducir a un asunto de ricos y pobres, refiriéndose a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, y calificó la decisión como un “despropósito con la región”.“Este importante y trascendental proyecto es una pelea de casi 12 años que dimos desde el Atlántico, Bolívar y Sucre para lograr, por fin, que se concretara en pro del desarrollo económico y medioambiental de la región. Que va, que no va; finalmente sí, pero ahora no. Tocará esperar. No obstante, reitero por acá unos datos que no se pueden pasar por alto, más allá de beneficiar a los ricos de la bahía de Cartagena”, escribió Turbay en su red social.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también reaccionó a la alerta de la Contraloría y señaló que refleja el sentir de los habitantes de estos tres departamentos.Además, sostuvo que seguir aplazando y dilatando la ejecución de las obras sería una pérdida irreparable después de tantos años de lucha para que se hiciera realidad.“La megaobra del Canal del Dique, además de ser el proyecto de recuperación ambiental más importante a ejecutarse en América Latina, también garantiza el control de inundaciones en más de 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre”, indicó.En su más reciente consejo de ministros, el presidente Petro cuestionó que, con la ejecución del megaproyecto, se estaría limpiando la bahía de Cartagena, donde viven los más ricos.En su alerta, precisamente, la Contraloría entrega una lista de impactos significativos y positivos de la obra, y señala que el proyecto va mucho más allá de la descontaminación de la bahía de Cartagena.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.