Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Medellín realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero, con más de 80 puntos habilitados en las 16 comunas y cinco corregimientos. La estrategia busca fortalecer la prevención de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos. La aplicación del biológico será gratuita y estará disponible para toda la población que no tenga la dosis.La Administración Distrital reiteró que la fiebre amarilla puede generar complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo. Aunque en la ciudad no se registran casos históricos de la enfermedad, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa. La vacunación sigue siendo la principal medida para evitar riesgos, especialmente ante viajes a zonas endémicas.De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis en Medellín, principalmente en personas entre los 15 y 39 años. Este balance evidencia la disponibilidad del biológico y la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud. Sin embargo, el llamado es a verificar el carné de vacunación y completar el esquema si es necesario.¿Cómo es la vacuna contra la fiebre amarilla?La vacuna contra la fiebre amarilla es de dosis única y ofrece protección de por vida. No tiene costo y está incluida dentro del esquema nacional de inmunización. Las autoridades insisten en que la protección individual es clave para evitar la propagación del virus en el territorio.“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, continúa generando afectaciones graves en el país”, señaló Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Agregó que desde 2024 se han confirmado 169 casos y más de 70 fallecimientos en Colombia, aunque en Antioquia no se reportan contagios.La funcionaria precisó que muchos casos se concentran en departamentos como Tolima, lo que incrementa el riesgo para viajeros. Por ello, recomendó acudir a los puntos habilitados antes de desplazarse a zonas donde circula el virus. La programación y ubicación de los puestos puede consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Medellín.Síntomas de fiebre amarillaAdemás de la vacunación, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, náuseas o vómito. La atención temprana permite identificar posibles complicaciones y evitar desenlaces graves. También se insiste en no automedicarse.
La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
De nuevo se registraron en las últimas horas enfrentamientos armados en la vereda Tamar Bajo, jurisdicción del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, situación que mantiene en alerta a las comunidades campesinas del territorio desde hace por lo menos una semana.De acuerdo con las denuncias de ONG en territorio, los fuertes combates estarían siendo protagonizados por el ELN y el Clan del Golfo.Además, según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) un numeroso grupo de hombres fuertemente armados habría salido desde la vereda La Cruz Bajitales con dirección hacia Caño Tigre, lo que incrementa la tensión y el riesgo en otros sectores rurales del municipio.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que el ente departamental ya adelanta gestiones con la Secretaría de Gobierno de la vecina localidad de Yondó, para la asistencia humanitaria a las familias que se han tenido que desplazar por la situación, mientras que también convocaron un Consejo de Seguridad con Ejército y Policía."Unos enfrentamientos que hay en jurisdicción de Remedios, pero muy cerca del municipio de Yondó. Ha hecho que unas personas se desplacen hacia el casco urbano del municipio. Ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro Ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta", dijo el funcionario.La Primera División del Ejército, que tiene bajo su jurisdicción esta zona afectada, confirmó que se realizó una solicitud a la Alcaldía de Remedios para que se desarrolle un consejo de seguridad extraordinario y por ahora están a la espera de que la autoridad civil del municipio convoque el encuentro, para que se establezcan medidas ante esta alteración de orden público.Por lo pronto, las comunidades campesinas reiteraron la petición urgente a las autoridades competentes para que se adopten medidas que garanticen la vida, la integridad y la permanencia de la población civil en el territorio.
El reciente caso de un incidente de desacato que terminó en el ‘carcelazo’ por dos días para el agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, por incumplimientos en procedimientos a una paciente cardíaca en un hospital de Envigado, no se trata de un hecho aislado.La crisis del sistema de salud, traducida en realidades como las demoras en la práctica de procedimientos, la atención de enfermedades y la entrega de medicamentos, ha trasladado el escenario de los consultorios médicos a los juzgados.Buscando el cumplimiento de un derecho fundamental como la salud, las tutelas se han convertido casi en el único y último mecanismo que encuentran los usuarios para obtener alguna respuesta por parte de las autoridades o las EPS, en medio de largas filas o extensas llamadas sin ninguna solución.Datos de Medellín Cómo Vamos indican que en la capital antioqueña, durante 2025, se interpusieron 24.541 tutelas relacionadas con temas de salud. Si bien fueron unas 400 menos que en 2024, tener un promedio de 67 por día resulta preocupante, no solo para el sistema de justicia por la carga que debe tramitar, sino por la misma vida de los pacientes.Aun con un incidente de desacato a favor, Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que requiere el cambio de su marcapasos, indicó en Blu Radio que Nueva EPS sigue sin cumplir."No han llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe, que ahí es donde debe llegar la remisión. Para mi mamá no ha llegado nada; no se han pronunciado en ningún momento. No hemos tenido ninguna llamada de ellos", añadió.Con las cifras registradas el año anterior en tutelas interpuestas, Medellín se convierte en la ciudad del país con la mayor tasa de este tipo de mecanismos legales, llegando casi a las 10 por cada mil habitantes, mientras que en otras ciudades como Cali, Cartagena o Barranquilla son 5, 4 y 3 acciones, respectivamente, por la misma proporción de habitantes.
Domenico, el niño italiano de dos años y medio que mantuvo a toda Italia pendiente de su estado tras recibir un corazón quemado en diciembre por presuntas fallas graves en el transporte del órgano, falleció este sábado, según confirmó el hospital donde permanecía internado.“Acabo de recibir la llamada de la madre. Se acabó”. Con estas palabras, el abogado de la familia informó a los periodistas que aguardaban en el hospital Monaldi sobre el fallecimiento del pequeño Domenico.El Hospital Monaldi emitió un comunicado para anunciar la muerte del menor, que mantuvo en vilo a toda Italia: “Con profundo pesar, el Hospital Colli informa que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un deterioro repentino e irreversible de su estado clínico. La Dirección Estratégica, junto con todo el personal sanitario y no sanitario, expresa su más sentido pésame y lo extiende a la familia en este momento de dolor”.La madre del niño, Patrizia Mercolino, afirmó que “lo que pasó a Domenico no debe olvidarse” y, según su abogado, evalúa crear una fundación en nombre de su hijo para apoyar a víctimas de negligencia médica y a niños que no pueden acceder a trasplantes.Tras una evaluación médica exhaustiva y el análisis de los últimos exámenes por un equipo de especialistas de hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, se concluyó que las condiciones del menor no eran compatibles con una nueva intervención quirúrgica, aunque este martes se había notificado la posible disponibilidad de un órgano compatible.Por ello, la familia decidió activar el protocolo de tratamiento paliativo porque “ya no había esperanza”.El niño permanecía desde hacía días en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que sustituye de forma temporal las funciones del corazón y los pulmones.Según las primeras investigaciones sobre el trasplante del corazón dañado en el Hospital Monaldi de Nápoles, el órgano que viajó desde Bolzano, en el norte, se deterioró por el uso de hielo seco durante su traslado en un contenedor médico de plástico.Del caso se ocupan tanto las fiscalías de Bolzano como de Nápoles, pues se presume que el hielo seco fue un factor determinante en el traslado de un corazón dañado al quirófano del Hospital Monaldi el 23 de diciembre, y aun así fue implantado posteriormente pese a presentar afectaciones.La madre del niño, Patrizia Mercolino, luchó hasta el final por conseguir un corazón para su hijo, y junto a ella se movilizó la ciudad de Nola, donde vive con su esposo y sus otros dos hijos, cuyos habitantes organizaron marchas para expresar su respaldo.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
A las comunidades del sur del Atlántico y del norte de Bolívar de nuevo las invade el temor por la posibilidad de que se repitan las inundaciones en esta zona, teniendo en cuenta el incremento que han tenido los niveles del río Magdalena y, en especial, del Canal del Dique, donde, inclusive, el Ideam mantiene activa la alerta naranja.Este miércoles, el sensor de la Estación San Pedrito, ubicada en el sur del Atlántico, midió los niveles del río en 6.93 metros, pero un poco más arriba está la Estación Calamar, en el norte de Bolívar y allí el nivel se ubicó en 7.42 metros el martes.Luis Torrenegra, campesino del municipio de Manatí, Atlántico, afirma que la amenaza de un eventual desbordamiento del río los mantiene desvelados, más cuando aún falta una segunda temporada de lluvias y los gobiernos, según su denuncia, no han tomado las medidas necesarias."Realmente en estos momentos estamos muy, pero muy estresados, no dormimos, estamos orando porque faltarían uno o dos meses para la nueva temporada de lluvia y el gran problema ha sido que no nos han prestado la debida atención, no se le ha prestado atención a unos puntos de mitigación y prevención para evitar una nueva tragedia", dice Torrenegra.El Megaproyecto del Canal del Dique busca, entre otras, acabar con este riesgo de inundaciones, pero sigue frenado por parte del Gobierno que argumentó falta de recursos para llevarlo a cabo. Esta decisión también es cuestionada por la comunidad, que reclama atención inmediata."Tienen que dejar que hagan las obras de intervención cuanto antes. No podemos dilatar un proceso. ¿O es que acaso quieren que nos inundemos? ¿O es que la inundación para ellos es un negocio?, porque ahora no hacen nada, pero después declaran la urgencia manifiesta y ahí sí hay dinero para derrochar en temas de contratación. Entonces, nosotros pedimos una seriedad por parte del Gobierno Nacional", expresa Uriel Ávila, líder de la zona.Por los niveles altos en el Canal del Dique, el Ideam recomienda “especial atención en los municipios de Manatí y Repelón, en Atlántico; así como en Pasacaballos, Arjona, Mahates, San Cristóbal, Soplaviento, Arroyohondo, Calamar y María La Baja, en Bolívar”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) respondió de manera positiva a la acción popular que interpusieron tres personeros del Caribe y reformuló el componente de comercialización de la tarifa de energía, lo cual reducirá los altos cobros para los usuarios de esta región.Y es que, en una histórica decisión, la Creg derogó el régimen tarifario especial que aplicaba desde 2019 para la región Caribe y ahora, a partir de esta nueva fórmula, quedan eliminados el cobro del 20% adicional en gastos de operación y mantenimiento que sólo regía para esta zona del país, el cobro por concepto de pérdidas no técnicas o robo de energía y, además, se retiran los 300 puntos básicos correspondientes a la cartera.De acuerdo con el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, la tarifa de energía para los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira se reducirá en 54 pesos por kilovatio hora. A su vez, para los usuarios de Afinia en Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre y también parte del Magdalena, la reducción será de 23 pesos por kilovatio hora.La Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe calificó la decisión como "una excelente noticia", pues "siempre estuvo en primera línea contra este exabrupto".En cambio, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se mostró escéptico por esta decisión y cuestionó las implicaciones que esto puede traer."Hay que estudiar exactamente para ver cuál fue la decisión, porque no puede caerse el régimen tarifario y dejar expuesto al sector eléctrico", dijo el mandatario."El sector eléctrico también necesita reglas de juego claras para poder mantener el ritmo de crecimiento y las inversiones que necesita. Entonces, creo que lo pertinente en este momento es analizar muy bien cuál es el resultado de esa decisión jurídica que acaba de ocurrir", añadió.
Barranquilla vivió una tarde atípica a partir de un daño indeterminado que se presentó y que dejó fuera del servicio de energía a seis subestaciones que atienden a más de 180.000 usuarios, lo que equivale a más de 500.000 personas.De acuerdo con la compañía Air-e, una vez se presentó el daño iniciaron la revisión para remediar el apagón, sin embargo, a una hora de esta situación, no ha podido ser restablecido el servicio."Se presenta un evento técnico que afectó a varias subestaciones en Barranquilla. Nuestro personal técnico se encuentra realizando maniobras para el pronto restablecimiento del servicio de energía a las zonas afectadas", dijeron desde la compañía.Como consecuencia de esto, se han presentado problemas de tráfico, pues gran parte de los semáforos no están funcionando.Los sectores afectados corresponden a los alimentados por las subestaciones Riomar, Centro, Silencio, Las Flores, Oasis y Puerta de Oro.La desenergización también alcanza sectores del área metropolitana de Barranquilla como Puerto Colombia, donde el comercio ha tenido que paralizar labores para evitar afectaciones. Por ahora, sólo lo centros comerciales y supermercados están operando, como medida preventiva. Incluso, algunos usuarios están reportando fallas en servicios de telecomunicaciones.
Este martes se conoció sobre el secuestro al hermano, una cuñada y dos escoltas de la alcaldesa del municipio de González, Cesar, Katherine Mora. Por este hecho, la gobernación adelantó este 17 de junio una reunión de seguridad con Policía, Ejército, la UNP y autoridades de Norte de Santander para dar con el paradero de las cuatro personas que fueron interceptadas en la vía González - Ocaña.Las cuatro personas fueron secuestradas por hombres armados que los interceptaron, según confirmó la Gobernación del Cesar, cuando se movilizaban en un vehículo por la vía González – Ocaña y se los llevaron con rumbo desconocido.La Gobernación del Cesar lamentó lo ocurrido e indicó que, de forma inmediata, se organizó una mesa de seguridad en la que se articulan acciones con Policía del Cesar, la Quinta Brigada del Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Protección NP y las autoridades de Norte de Santander, para dar con el paradero de estas cuatro personas retenidas.“La libertad es un derecho que no admite violación”, precisó la gobernación desde su cuenta de X. Horas después se confirmó la liberación de Franklin Mora, su esposa y los dos escoltas. Fueron llevados hasta el municipio de Teorama en el Catatumbo, donde se reencontrarán con su familia.
Una condena que desde 2011 vio la luz en un juzgado de Barranquilla por trata de personas, solo hasta ayer logró cumplirse a plenitud luego de poner detrás de las rejas a Renzo Hiklis Rangel Prentt y su madre Flor de María Prentt, quienes durante casi 15 años evadieron ir a prisión con tutelas, apelaciones a su sentencia y una vida entre Italia y Miami, lejos de las autoridades colombianas.Ahora, mientras Renzo cumple su primer día de los 26 años de condena que tendrá que pagar en la Penitenciaría El Bosque y su madre Flor espera un traslado a una cárcel de mujeres para pagar 28 años, Blu Radio conoció la historia de engaños detrás de la explotación sexual de Dora, Erika, Karina, Mariana y Carolina*, a quienes Flor les ofreció trabajo en 2006 como manicuristas o cuidadoras de niños. Les dijeron que sus trabajos las esperaban en Paris y en Roma, y hasta les compraron los tiquetes porque una agencia supuestamente se encargaría de sus gastos. Pero la fantasía les duró poco, pues cuando se dieron cuenta que en sus tiquetes el destino final era la isla de Hong Kong, las amenazaron con hacerles daño a ellas y a sus familiares si no cooperaban con el pago de una recién adquirida deuda por $25 mil dólares.La condición que tenían era la de trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana en una discoteca como damas de compañía, todo lo que ganaban debían entregarlo a Renzo y luego pasaban el día, hacinadas, en una habitación de tres metros por tres. Eran desnudadas en búsqueda de cualquier dinero que ocultaran en su cuerpo, por lo que una pequeña abertura en la pared del sitio en el que vivían se convirtió en su refugio para guardar algo de efectivo con lo que conseguían dinero para alimentarse mejor.Blu Radio conoció que, además, una de estas cinco mujeres, solo tenía 16 años al momento de ser víctima de esta red. Su identidad fue falsificada por Flor para retirarla del país sin permiso de sus padres. En Hong Kong pagó 18 mil dólares con su cuerpo a una deuda que nunca existió. Esto antes de ser rescatada. Vivía con miedo, pues no podía contar nada a su familia, incluso, uno de sus hermanos habría sido violentado en Barranquilla, luego de que ella confrontara a Renzo en Hong Kong por lo que le estaban haciendo. “Eso te pasa para que sepas que con nosotros no te metes”, le dijo el hombre luego del incidente, según consigna el documento de la sentencia. La suerte cambió para todas con la llegada de una mujer que era manicurista en Barranquilla. "En los tres primeros días no trabajó, pero dado que DANY la golpeó y la amenazó con hacerle daño a su familia, se vio constreñida a trabajar en lo antes anotado, debiendo entregar todo el dinero a DANY (como se hacía llamar Renzo ante ellas), pues a ella solo le correspondían unos bonos que le daban en la discoteca por cada bebida consumida", cita la sentencia. Ella tras un mes de estar bajo estos maltratos, olvidó su pasaporte colombiano en un taxi, lo que la llevó a ser contactada por el equipo consular de esa ciudad para devolvérselo. A pesar de que Renzo le prohibió ir, esta logró escapar para llegar a las oficinas a pedir ayuda y contar, en su nativo español, lo que estaba sucediendo con ella y sus compañeras de cuarto. Desde entonces, no volvió a ver a Renzo. Los relatos de los horrores son los mismos en la voz de Dora, Erika, Karina, Mariana y Carolina. Renzo las maltrataba, las obligaba a sostener relaciones con varios hombres por noche y las despojaba de su dinero bajo amenazas contra sus familias en Colombia. A inicios de 2007, las cinco mujeres lograron ser liberadas de las garras de esta trata de personas, pero desconociendo si, así como ellas, muchas más estaban bajo la red de Renzo y su mamá.Fue cuando iniciaron una batalla legal que solo hasta hoy les permite sentirse un poco seguras en un mundo en el que al menos hay 6.3 millones de personas víctimas de explotación sexual forzada, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo.*Nombres cambiados para proteger la identidad de las víctimas.
El Sena dispone de 5.355 cupos en Atlántico para la formación en Trabajo Seguro en Alturas, una de las certificaciones más demandadas por el sector productivo de la región Caribe, especialmente por el de la construcción.La directora del Sena Atlántico, Jacqueline Rojas Solano, presentó la oferta durante la charla Cumplimiento del Fondo de Infraestructura para la Competitividad de Camacol, donde explicó que 3.000 cupos están dirigidos directamente a empresas de todos los sectores, especialmente al de construcción."Desde el Sena continuamos apostándole a la seguridad laboral y a la empleabilidad. Por eso, este año hemos dispuesto más de 5.000 cupos en Trabajo Seguro en Altura y podrán acceder a esta oferta jefes de área, trabajadores autorizados, reentrenamiento y coordinadores, pero también aprendices y egresados que requieren esta formación para ejercer sus labores de manera segura y legal", afirmó Rojas Solano.Precisamente, las empresas que requieran certificar a sus trabajadores pueden acceder a esta oferta totalmente gratis y con todos los estándares de calidad. El Sena destaca que ya hay más de 3.000 egresados de estos procesos, muchos de ellos actualmente vinculados a obras y proyectos que demandan talento calificado y comprometido. A ello se suma un hito alcanzado en el 2024, donde alrededor de 400 colaboradores fueron certificados en normas de competencia laboral, fortaleciendo la calidad, la seguridad y la eficiencia del trabajo en campo.