En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El internacional marroquí y jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informó este martes a la AFP la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa."Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa", reaccionó el jugador en X."Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", añadió el internacional marroquí de 27 años.¿De qué acusan a Hakimi?A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal."Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave", declaró la abogada del jugador, Fanny Colin.Según una fuente policial, la acusación particular había asegurado que el jugador la había besado, le había hecho tocamientos sin su consentimiento antes de violarla.Contactada la abogada de la joven, Rachel-Flore Pardo, ésta no reaccionó por ahora al anuncio del juicio.¿Qué dice la defensa de Hakimi?La defensa del futbolista considera que "los dos peritajes psicológicos" de la víctima "han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar" y subraya en particular "que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban 'desplumar' al señor Hakimi".Tras las requisitorias de la fiscalía, que había solicitado el envío del futbolista a juicio por violación, la abogada de la víctima declaró que "nada en este expediente permite suponer un intento de extorsión"."No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas", añadió."Esperamos este juicio con determinación y combatividad para que se haga justicia", concluyó este martes la abogada de Hakimi.Formado en el Real Madrid, con paso por el Borussia Dortmund y el Inter y pilar de la selección de Marruecos, semifinalista del Mundial 2022 en Catar, el futbolista llegó al PSG en 2021, donde actualmente es segundo capitán, tras el brasileño Marquinhos.Contactado por la AFP, el club parisino no reaccionó de inmediato a la noticia.
Las lluvias siguen golpeando al Urabá antioqueño y ahora en San José de Apartadó cientos de familias están afectadas y piden una intervención urgente de las autoridades locales. Se cayó un puente que tiene incomunicadas a 30 veredas. Aunque parecía que las lluvias se habían alejado del Urabá antioqueño, nuevamente llegan con fuerza y provocan graves daños como el puente que colapsó en el corregimiento de San José de Apartadó y que hoy tiene al menos a 30 veredas incomunicadas.Aunque de por sí la situación es sumamente preocupante para cientos de familias que no tienen por donde movilizarse o por donde sacar los productos agrícolas, hay que mencionar que no es el único puente afectado: hay otros dos que mantienen al Urabá antioqueño incomunicado con el resto de Antioquia y con Córdoba.Las dos infraestructuras restantes y que son de vital importancia para el Urabá antioqueño podrían demorar cerca de un mes, por lo que habitantes en el municipio de Apartadó han mostrado su preocupación por lo que sería una obra demorada, hecho que pondría en riesgo su estabilidad económica.Aunque ya las autoridades departamentales están haciendo las gestiones necesarias para poder encontrar una solución pronta con esta nueva emergencia, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, indicó que los trabajos para los otros dos puentes afectados avanzan y esperan tenerlos listos en menos de un mes.“Nos aprobaron los dos puentes para instalarlo. Nosotros en la gobernación y los municipios vamos a ayudar a hacer las fundaciones, a colocar los viáticos, el transporte que se requiere para que estos puentes queden colocados lo más pronto posible”, aseguró.Hay que mencionar que no solo es la preocupación por estar incomunicados, sino que también por el riesgo que hay con el puente caído, ya que en videos que ha circulado en redes sociales se logra apreciar cómo un hombre en un moto aprovecha que hay un lado del puente que no quedó tan afectado y pasa por allí a pesar de la peligrosidad.Por ahora y a la espera de que se dé una solución definitiva para las 30 veredas incomunicadas, desde la zona del Urabá antioqueño le piden a las personas que no tomen riesgos intentando pasar por lo que queda de puente y así poder prevenir una posible tragedia.
El presidente Gustavo Petro anunció que firmará un nuevo decreto que incluiría un impuesto a las ganancias extraordinarias del sector bancario, en el marco de la emergencia económica declarada por su Gobierno.El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en X, donde aseguró que “poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer”. La medida, según explicó, buscaría que parte de las utilidades del sistema financiero se destinen a atender necesidades sociales y productivas del país.El pronunciamiento se dio luego de una reunión entre representantes del sector financiero y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, encuentro que terminó sin mayores conclusiones públicas frente a otro de los temas que ha generado tensión: las llamadas inversiones forzosas.En un reciente consejo de ministros, Petro planteó la posibilidad de establecer inversiones forzosas a la banca, es decir, obligar a las entidades financieras a destinar un porcentaje de sus recursos a sectores estratégicos definidos por el Gobierno, como agricultura, industria y economía popular.La propuesta ha sido defendida por el Ejecutivo como un mecanismo para dinamizar el crédito productivo y reducir las brechas sociales. Sin embargo, gremios financieros han advertido que este tipo de medidas podrían afectar la estabilidad del sistema, encarecer el crédito o desincentivar la inversión.El debate no es nuevo en el Gobierno Petro. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha cuestionado las altas utilidades del sector bancario, especialmente en contextos de tasas de interés elevadas, y ha insistido en que el sistema financiero debe cumplir un papel más activo en el desarrollo económico.
Las lluvias en el Valle del Cauca persisten y siguen generando afectaciones, producto de emergencias como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos, que han dejado aisladas a múltiples comunidades que residen en la zona rural del departamento.La situación más reciente se registró en el municipio de Guacarí, específicamente en el corregimiento de Puente Rojo, donde se registraron fuertes precipitaciones durante más de diez horas. El exceso de agua sobrepasó la capacidad de la quebrada Lulos, la cual se desbordó e inundó varias viviendas."Las lluvias nos han pegado muy fuerte este año, tenemos deslizamientos en la parte alta en el sector conocido como La Magdalena, también en Santa Rosa, en Alto de Tapias y estamos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla. Durante las últimas emergencias hemos tenido unas 30 familias afectadas en la zona rural", señaló Enuar Narváez, líder del Grupo de Gestión del Riesgo de Guacarí.La zona más afectada del departamento es el centro, pues desde el inicio de las fuertes lluvias se han reportado afectaciones en municipios como Tuluá, Buga, El Cerrito y más recientemente Ginebra y Guacarí."Estamos llegando a la comunidad con kits humanitarios de emergencia y, en municipios del centro del Valle especialmente afectados, estamos interviniendo con maquinaria amarilla para habilitar vías y atender contingencias", añadió el funcionario.
Niños en San Francisco, Antioquia, tienen que estudiar en deplorables condiciones y poniendo en riesgo su vida por graves daños estructurales en una institución educativa. Padres de familias cerraron el colegio y espera pronta respuesta de las autoridades.Decenas de niños, niñas y adolescentes hoy sufren por no tener un lugar seguro en donde estudiar luego de que quedara en evidencia el pésimo estado estructural que tiene la Institución Educativa San Francisco que tiene techos a punta de caerse y muros agrietados que ponen en riesgo la vida de los menores de edad.Debido a esta situación, los padres de familias de este colegio ubicado en el municipio de San Francisco cerraron la institución y realizaron un plantón para exigir por una intervención urgente por parte de las autoridades correspondientes y así se pueda evitar una tragedia.Danyella Correa, representante del Consejo de Padres de la Institución Educativa San Francisco, pidió que la Secretaría de Educación de Antioquia ayude de manera prioritaria y se pueda mejorar las condiciones para estudiantes de primaria y bachillerato.“Pedimos ayuda a que la Secretaría de Educación nos pare bolas porque la vida de nuestros niños está en riesgo. Es notoria que la infraestructura se nos está cayendo encima y no hemos podido encontrar una solución. Estamos esperando que nos respondan y que nos ayuden, por favor, con esto”, aseguró.Se espera que prontamente la Gobernación de Antioquia llegue hasta esta zona del Oriente del departamento para poder explicarle a la población estudiantil y sus padres qué se encontró en una visita técnica que se le hizo al colegio, además de indicar qué estrategias de mitigación se implementarán en el corto plazo.Hay que mencionar que, a la espera de una solución pronta, se conoció que el traslado de la institución educativa fue presentado ante el Ministerio de Educación, sin embargo, el proyecto no fue viabilizado por el Gobierno nacional por lo que se espera que autoridades locales puedan encontrar una solución y evitar que los daños estructurales generan un hecho que lamentar.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.El primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Una fiesta convocada por el Día de la Madre, en el suroccidente de Barranquilla, terminó en tragedia luego de que cuatro hombres armados llegaran armados hasta el sitio de la reunión a disparar en repetidas ocasiones hasta dejar sin vida a dos hombres y herir a tres más. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos se presentaron hacia las 8:00 de la noche de este domingo 11 de mayo, en la calle 110B carrera 17A del barrio El Pueblito. Entre los fallecidos había un menor de 17 años, quien recibió varios disparos en su cuerpo. Pese a que fue trasladado por la comunidad al paso El Pueblito, este falleció por la gravedad de las heridas en el traslado y llegó sin signos vitales al centro médico. Lo mismo sucedió con uno de sus acompañantes, lo que corresponde a un hombre que aún no ha sido identificado y quien llegó sin signos vitales al punto asistencial. A su vez, entre los tres heridos hay dos personas con condiciones graves tras recibir disparos en la cabeza y en el abdomen. Se trata de Daniel de Jesús Guzmán Ospino y Jaider José Torres, respectivamente. Ambos se encuentran bajo atención médica. El tercer herido corresponde a Luis Fernando Benavidez Novoa, quien tiene una herida en la pierna derecha a la altura del muslo, y está en el paso El Pueblito.Por el momento, frente al caso se encuentran unidades de Sijín y Sipol, quienes buscan establecer las causas de este ataque sicarial del que hay poca información.
En medio de la crisis que enfrenta el sector energético por las deudas que el Gobierno acumula por el no pago de subsidios y los no giros a las generadoras por montos pendientes de la empresa Air-e, la Procuraduría y la Contraloría crearon una comisión interinstitucional con la que vigilarán a la Superintendencia de Servicios Públicos, de cara a la implementación de acciones que permitan garantizar la continuidad de los servicios de energía. De acuerdo con la información que reseñan los entes de vigilancia, hay una deuda pública que asciende a $7,6 billones en subsidios y pagos pendientes, distribuidos en $ 2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $ 1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628.000 millones por subsidios de gas combustible.De esto, la situación más preocupante se da para la empresa Air-e, la cual está intervenida desde septiembre de 2024, para lo que fue solicitada a SuperServicios información específica sobre los recursos con los que cuenta actualmente el Fondo Empresarial de la compañía, también sobre las acciones para obtener recursos por más de $2,8 billones para que se pueda garantizar la operación. "Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes", enfatizó el contralor genera de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.Esta información deberá ser entregada en medio de la mesa de trabajo convocada por los dos entes de vigilancia, en la que el superintendente de Servicios Públicos deberá presentar la información con precisión. “Nuestro deber como entes de control y nuestro compromiso con la ciudadanía nos lleva a trabajar articuladamente para contribuir no solo en el seguimiento y control de los asuntos relevantes para el país, sino desde nuestras competencias aportar a las soluciones oportunas a las coyunturas que lo requieran, más cuando la seguridad energética del país está en riesgo”, indicó el contralor.
Como Janeideer David Ortega Torres, de 29 años de edad, fue identificado el hombre que en las últimas horas perdió la vida tras protagonizar una riña en la madrugada de este domingo 11 de mayo, día de las madres.De acuerdo con la información suministrada por las autoridades competentes, la contienda se propició en inmediaciones al barrio Las Malvinas, suroccidente de Barranquilla, en la que también estuvieron presuntamente involucrados los hermanos Ronny Almanza Ávila y Robin Almanza Ávila, ambos hoy capturados por la Policía Metropolitana.Aunque no se sabe cómo se originó la riña, Ortega Torres habría sido herido, según relatos, con un arma cortopunzante por lo que la gravedad de sus heridas en el cuello y en una de sus costillas no le permitieron seguir con vida en las instalaciones de la Clínica San Ignacio.Hasta la carrera 9A con calle 94, lugar del altercado, llegaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, para abrir las respectivas indagaciones del homicidio.Esta muerte se une a otras tres que se registraron este sábado en menos de 24 horas, y en la que una de las víctimas fatales fue Jader José Acosta Araque, más conocido como alias ‘Acuamán’, supuesto miembro del Clan del Golfo que, al parecer, hizo parte de los criminales escogidos para atentar con fines extorsivos contra los funcionarios y locales de la empresa Supergiros.Los otros dos episodios fueron en el barrio Villa Zambrano, en Soledad, y en el municipio de Puerto Colombia, al parecer en un sector llamado Pradomar.
En la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, no se ve con malos ojos la propuesta realizada en las últimas horas por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien dijo que los $700.000 millones que se invertirán para la consulta popular pueden ser abonados a los $1,5 billones que hoy debe Air-e, intervenida, para evitar un apagón en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Atlántico.De esa forma se lo confirmó a Blu Radio su director ejecutivo, Alejandro Castañeda, declarando además que, de no llegar a un acuerdo de pago antes del segundo semestre del año, la crisis se agravará.“Si no se ataca el problema desde ya, esto se volverá inmanejable después. Parte de los inconvenientes es la incertidumbre. Los bancos son los primeros que están llamando a preguntarle a las generadoras: ‘Oiga, pero ¿si les van a pagar?, ¿cómo les van a pagar?, ¿cuándo les van a pagar?’, y pues no hay respuesta”, dijo inicialmente.“Es muy complejo. Yo diría que si en el segundo semestre, particularmente de aquí al mes de septiembre, no se llegan a los acuerdos de pago, esto va a ser inmanejable”, agregó a Blu Radio.Castañeda dejó claro que la propuesta de Efraín Cepeda no es la única opción con la que se pueden conseguir recursos, pero sin importar las formas, “la necesidad ahora mismo es evitar que las generadoras no lleguen al punto de ni siquiera poder comprar combustibles, gas o carbón”.Asimismo, el director de Andeg también criticó al superintendente Yanod Márquez, tras el reciente llamado de atención de la Procuraduría, en el que se denunciaron inconsistencias en el proceso de intervención de Air-e.“El superintendente lo primero que tiene que hacer es saber dónde está parado y saber qué responsabilidades tiene frente a esta intervención y ante Air-e. Eso muestra un poco, como le digo, el desorden administrativo y la falta de capacidad de una persona que no ha dado ninguna solución”, sostuvo.“No ha gestionado ningún tipo de recursos. Por el contrario, lo único que escucha uno son excusas de que el Fondo Empresarial no tiene recursos, que es el que nutre las empresas, eso lo sabemos. No hay una gestión directa con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Minas”, finalizó.
Al margen de lo que pueda suceder este domingo 11 de mayo, en el Día de las Madres, las alarmas en el Atlántico se encuentran encendidas desde el sábado, donde en menos de 24 horas tres personas fueron asesinadas, entre ellas Jader José Acosta Araque, más conocido como alias ‘Acuamán’, supuesto miembro del Clan del Golfo que, al parecer, hizo parte de los criminales escogidos para atentar con fines extorsivos contra los funcionarios y locales de la empresa Supergiros.Los tres casos son materia de investigación para las autoridades competentes, pese a que del único que se saben datos concretos es el de alias ‘Acuamán’, quien estaba en la terraza de una vivienda en el sector El Porvenir, del municipio de Juan de Acosta, Atlántico, cuando sicarios llegaron en moto y le quitaron la vida.Los otros dos episodios fueron en el barrio Villa Zambrano, en Soledad, y en el municipio de Puerto Colombia, al parecer en un sector llamado Pradomar. No obstante, solo se sabe la identidad del primero, siendo José Gregorio Sarmiento la persona ultimada.Acosta Araque ya había sido capturado por la Policía en diciembre del año anterior, junto con 11 personas más, tras cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas en los municipios de Soledad, Santo Tomás, Luruaco, Juan de Acosta, Malambo y las ciudades de Barranquilla y Santa Marta.Allí también se destacó la detención de alias ‘Italiano’, según la Policía, cabecilla principal del Clan del Golfo en la región, con trayectoria criminal de más de 12 años, y quienes, al parecer, se dedicaban al homicidio selectivo, tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones en Barranquilla y los municipios de Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Juan de Acosta y Piojó.De igual manera, la Policía anunció en su momento que con dicho operativo se esclarecieron por lo menos cinco homicidios perpetrados en jurisdicción del Atlántico y otros tres homicidios en grado de tentativa, ocurridos en 2024.
En Valledupar aún no se terminan las confrontaciones entre los kankuamos y arhuacos por la posesión de territorios ancestrales y cuyos enfrentamientos ya suman 45 personas heridas provocando la realización de un consejo de seguridad para este lunes convocado por la Gobernación del Cesar.Jaime Luis Ramírez, gobernador de la comunidad kankuama, declaró que su pueblo es el que se está llevando la peor parte teniendo que recibir 40 familias desplazadas, entre ellos 54 niños, por miedo a perder la vida.“Se mantiene un cierre no solamente en este lugar, sino en la comunidad de Los Laureles, creando un desplazamiento de alrededor de 40 familias, cerca de 54 niños y un confinamiento también de familias y de niños en la parte alta (estribaciones a la Sierra Nevada de Santa Marta), cuya circunstancia obliga a realizar un llamado a las entidades del Estado, a las mismas autoridades”, dijo inicialmente.Ramírez confirmó la presencia de la Defensoría del Pueblo y el Bienestar Familiar en el sitio, quienes buscan una solución para el cierre de una escuela que hoy afecta a la educación de 70 menores.Sin embargo, y pese a que se logró ubicar a las cinco personas desaparecidas el pasado 28 de abril luego de fuertes peleas, el gobernador de la comunidad kankuama exige una respuesta más rápida del Gobierno nacional.“Se ha demorado un poco la respuesta institucional y eso está profundizando la crisis humanitaria. Hacemos un requerimiento al presidente Gustavo Petro para que ordene la activación de una ruta que restablezca los derechos territoriales y proteja los derechos del Pueblo Kankuamo; del Ministerio de Interior, entidad responsable de la coordinación interinstitucional en contextos de conflicto y riesgo territorial, y articule, concertadamente, las medidas de protección correspondientes”, sostuvo Ramírez.“A la Unidad para las Víctimas, para que reconozca formalmente la situación de desplazamiento forzado y confinamiento, y a la Procuraduría General de la Nación, para que inicie las acciones disciplinarias correspondientes frente a las omisiones institucionales denunciadas”, agregó.La idea es que este lunes, desde las 9:00 de la mañana, en la Alcaldía de Soledad se lleve a cabo un consejo de seguridad para tomar medidas que garanticen la seguridad en el territorio, mientras que el martes, con hora y lugar por establecer, sería el primer diálogo entre ambos pueblos.