Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
La automotriz japonesa Honda informó que suspendió la operación en su planta en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, por la violencia desatada tras la muerte en un operativo militar de "El Mencho", el poderoso líder del CJNG.Honda dijo en un comunicado que se encuentra "evaluando las condiciones" de seguridad luego de que pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quemaran vehículos y bloquearan carreteras en 20 de los 32 estados del país el domingo, en venganza por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, apodado "El Mencho".Estas acciones de violencia ocurrieron especialmente en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y su zona metropolitana, donde está una de las dos plantas de producción de Honda en México."Como medida de precaución, nuestras operaciones en nuestras instalaciones de Guadalajara se suspendieron temporalmente el lunes 23 de febrero", informó a la AFP una portavoz del fabricante de automóviles.Las actividades serán reanudadas "cuando sea apropiado", apuntó.La operación militar para la captura del capo de 59 años se realizó el domingo en el estado de Jalisco (oeste). Durante y después de los enfrentamientos murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades nacionales. Oseguera cayó herido y falleció cuando era trasladado a un hospital.El gobierno estatal informó el martes que el sistema de transporte público opera en un 70% en Guadalajara y anunció que las clases en las escuelas reanudarán el miércoles.Honda tiene dos plantas de producción en México, una en El Salto, Jalisco, y otra en Celaya, estado de Guanajuato (centro).México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi. El sector representa el 3,6% del PIB del país.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Los hechos se registraron cuando policías que realizaban patrullajes en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, y fueron alertados por ciudadanos sobre un fleteo cometido contra un hombre de 60 años. Según la información preliminar, la víctima había salido minutos antes de una entidad bancaria y fue seguida por los criminales, quienes esperaron el momento en que llegaba a su lugar de trabajo para interceptarlo.Los atacantes lo abordaron en vía pública y, bajo amenazas con arma de fuego, lo despojaron de un maletín que contenía cerca de 30 millones de pesos. Fueron vecinos del sector los que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo a plena luz del día y por eso alertaron a las autoridades.Sin embargo, una vez los criminales estaban atracando a la víctima, fueron sorprendidos por el conductor de una camioneta de color blanco, quien embistió con su vehículo a los ladrones para impedir que escaparan en la motocicleta que estaban usando en medio del hurto. En imágenes quedó grabado cuando los dos hombres salen corriendo por una de las cuadras del sitio de los hechos.Con esa información, la Policía activó un plan candado que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Santa María del Lago, donde fueron interceptados y capturados minutos después del robo. Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en su poder un arma de fuego, el dinero hurtado y la motocicleta que, al parecer, utilizaron para cometer el delito.Los detenidos, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos cuenta con un historial judicial relevante, teniendo en cuenta que había estado en prisión en dos ocasiones por hurto, en 2017 y 2020, y además tenía una orden de captura vigente por fuga de presos. El dinero fue devuelto a la víctima, mientras avanzan las investigaciones para determinar si los capturados estarían vinculados a otros casos similares de fleteo en la ciudad.
La ferretería que terminó vendiéndole los famosos carrotanques de La Guajira a la Unidad de Gestión del Riesgo tendrá que pagar casi 1.300 millones de pesos en multas y no podrá contratar con el Estado.Estamos hablando de Impoamericana Roger S.A.S., una compañía que nació como ferretería y terminó vendiendo 40 carrotanques a la Unidad de Gestión del Riesgo, en un contrato que terminó convertido en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno. Al punto que hoy están prófugos de la justicia exdirectivos del Gobierno Petro como Carlos Ramón González y César Manrique.Esa compañía tendrá que pagar a la Superintendencia de Sociedades 1.298 millones de pesos y, además, queda inhabilitada de por vida para contratar con el Estado. La compañía tampoco podrá recibir subsidios públicos durante los próximos 10 años y sus administradores serán inmediatamente removidos.La multa es apenas una fracción de los 46.800 millones de pesos que le pagaron por los 40 carrotanques y puede ser apelada por la firma.“La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y, de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial", dijo el superintendente Billy Escobar.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
A la cárcel Modelo de Barranquilla fue enviado Edgar Jair Aguilar Soto, señalado por las autoridades de ser el responsable del feminicidio de su esposa, Clara Álvarez Díaz, cometido el pasado 19 de abril.Pese a que Aguilar Soto se entregó de manera voluntaria a las autoridades, este decidió no aceptar cargos por feminicidio agravado al indicar que él no está vinculado con la muerte de Clara, a quien sus familiares hallaron sin vida en su dormitorio con heridas en la cabeza y el cuerpo, las cuales, al parecer, fueron ocasionadas con un martillo y un cuchillo.Debido a la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó el traslado de Aguilar Soto hasta la cárcel de mediana y máxima seguridad La Tramacúa de Valledupar, pero esto se encuentra bajo revisión, ante la oposición que mostró la defensa del procesado, por lo que mientras avanza esto fue enviado a La Modelo.Como en su momento lo relataron sus familiares, Aguilar Soto habría asesinado a Clara Álvarez después de sostener una discusión en su domicilio, ubicado en el barrio Sinaí, en Soledad, en horas de la madrugada. Sin embargo, al respecto no hay testigos.
Cerca de 5.000 personas, según cifras de la Policía Metropolitana de Barranquilla, participaron en la marcha del Día del Trabajo que recorrió buena parte de la avenida Murillo, desde las carreras 4 hasta la 21.Con al menos 37 grados de sensación térmica, representantes de la Guardia Indígena de Baranoa y Galapa lideraron el recorrido, en el que también participaron diferentes organizaciones sindicales de la Costa, estudiantes y ciudadanos del común.La marcha, que se desarrolló con total tranquilidad y hasta con algo de cumbia, contó con la vigilancia de más de 1.250 uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Igualmente, la avenida Murillo se fue descongestionando conforme los marchantes avanzaban en su recorrido.“A esta hora se presenta el acompañamiento de la manifestación pública y pacífica del Día Internacional del Trabajo, donde cerca de 5.000 personas se manifiestan en estos momentos sobre la calle Murillo con carrera 20. De igual forma, nuestras unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte garantizan la movilidad durante la misma”, indicó la institución.La Policía, que mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU), agregó que el operativo contó con personal especializado, como el Servicio de Policía orientado a las personas y a los territorios, comandos especiales, el grupo Gaula, unidades de investigación criminal, personal de inteligencia, el grupo Élite, y las seccionales de Tránsito y Transporte, e Infancia y Adolescencia.“Adicionalmente, se contó con el apoyo de cuatro drones y herramientas tecnológicas avanzadas que ayudaron a monitorear en tiempo real las actividades de la manifestación, garantizando la seguridad y el orden público”, subrayó la Policía Metropolitana.Los participantes en la marcha culminaron su jornada de protestas en una tarima dispuesta en la cancha del barrio El Carmen, vecina del colegio Sofía Camargo (calle 53D con carrera 21), donde se apreciaron diferentes manifestaciones folclóricas y culturales.
A partir de las 8:00 a. m., varias organizaciones sindicales, sociales y políticas del departamento del Atlántico se congregarán en la avenida Murillo con carrera 4, en el sur de Barranquilla, para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.En este punto estarán concentrándose durante dos horas y, hacia las 10:00 a. m., marcharán por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero esta vez haciendo énfasis en la consulta popular, una iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro a la que esperan manifestar nuevamente su respaldo.Henry Gordon, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirmó que durante la concentración y la marcha realizarán actos e intervenciones para mostrar su respaldo a dicha consulta."Esperamos que el pueblo salga masivamente. Los trabajadores vamos a salir con nuestros hijos, con nuestros familiares a las calles, porque es un apoyo total a las reformas, a la consulta popular”, dijo.Además, agregó que los manifestantes marcharán por la avenida Murillo hasta la carrera 21. Allí doblarán a la izquierda y subirán por toda la carrera hasta la calle 53, a la altura del colegio Sofía Camargo, donde instalarán una tarima y realizarán actos folclóricos, culturales y de poesía.Se espera que representantes del Gobierno estén en ese lugar para explicar los puntos que hacen parte del documento de la consulta popular del Gobierno.Destacaron desde la CUT que esta será una manera de involucrar el arte en la revolución del movimiento de los trabajadores.
En dos operaciones realizadas contra el narcotráfico en el mar Caribe, la Armada de Colombia logró la incautación de 2.3 toneladas de clorhidrato de cocaína que iban a ser distribuidas a nivel internacional.La primera incautación fue un alijo de 1.096 kilogramos de cocaína que se encontraba oculto en el interior de un contenedor, a bordo de un buque de carga que se encontraba en la zona de fondeo del mar de Cartagena. La embarcación, de bandera de Malta, cubría la ruta entre Puerto Cabello, Venezuela y Colombia.La segunda operación fue realizada en el Golfo de Urabá, donde las autoridades interceptaron una lancha rápida, tripulada por cinco hombres de nacionalidad colombiana, quienes transportaban 1.272 kilogramos de cocaína, al parecer con destino a Centroamérica. Todos ellos fueron capturados.Este cargamento estaría avaluado en más de 113 millones de dólares en el mercado ilegal internacional, dinero que deja de ingresar a las arcas criminales de las organizaciones al servicio del narcotráfico.
De manera exitosa culminó el primer trasplante de corazón practicado en la región Caribe y cuyo procedimiento le dio una segunda oportunidad de vivir a una mujer indígena de la etnia wayuu, que hace seis años padecía insuficiencia cardíaca.La operación se realizó en la Clínica de la Costa, en Barranquilla, consolidándose como un hito en la atención médica cardiovascular en la región Caribe y simbolizando un importante avance en la democratización del acceso a procedimientos médicos de alta complejidad, como lo destaca el doctor Alberto Cadena Bonfanti, quien planeó y gestionó el programa de Trasplante Cardíaco en la mencionada clínica.“La idea de realizar un trasplante de corazón surgió hace aproximadamente 10 años, cuando evidenciamos que, aunque crecía la infraestructura hospitalaria, no existía una atención integral para los pacientes con enfermedades cardiovasculares complejas. Muchos debían ser remitidos a otras ciudades. Hoy, podemos decir que eso ha cambiado”, expuso el especialista.La mujer, quien es madre de dos adolescentes, fue sometida a una evaluación rigurosa para ser incluida en la lista de espera, hasta que en la madrugada del pasado 5 de abril se halló un donante y se realizó la intervención quirúrgica en menos de 4 horas, cumpliendo con el límite de tiempo requerido para el procedimiento.La clínica informó que, “desde el trasplante, la paciente ha permanecido bajo observación médica evolucionando de forma favorable, sin complicaciones, avanzando en su proceso de rehabilitación, con la esperanza de regresar pronto a casa junto a su familia”.Agrega que durante más de seis meses se activaron varias alertas de donación con esperanzas de concretar el procedimiento. Sin embargo, la negativa de distintas familias impidió lograr antes la donación, por lo que hacen un llamado a la conciencia ciudadana sobre cómo la donación de órganos puede salvar vidas.En el Atlántico, según las estadísticas del Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes del Instituto Nacional de Salud, 243 personas están a la espera de un trasplante y la gran mayoría espera un riñón (239). Con relación a los donantes, en el transcurso del año se han concretado 59.
Desde este miércoles 30 de abril entrará en vigencia una reducción del 10% en todas las tarifas de los peajes de Las Flores, Garzones 1 y 2, y La Esperanza, situados entre los departamentos de Córdoba y Sucre.La noticia fue confirmada por la misma ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien explicó que la reducción se da porque estas casetas ya no serán administradas por la concesión de Autopistas de la Sabana, sino por el Instituto Nacional de Vías, del que también será su responsabilidad en mantenimiento y custodia."Después de análisis técnicos, llegamos a la conclusión de reducir en un 10% las tarifas de estos peajes en todas las categorías de vehículos. De esta manera, avanzamos, ejecutamos y cumplimos”, dijo la alta funcionaria.La ministra Rojas agregó que este es un avance en los “pedidos de la comunidad para tarifas más equitativas” y que en estos momentos analizan en qué otros peajes de la región Caribe pueden tomar la misma decisión.