Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
El Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique en el marco del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada en audiencia de lectura de fallo y cobija también a otras siete personas vinculadas a la investigación.Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y exintegrante del gabinete distrital de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, enfrenta cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos. Actualmente se encuentra prófugo y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de la Interpol.La medida de aseguramiento había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía y decretada el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá. En esa oportunidad, el despacho valoró distintos elementos probatorios y concluyó que Manrique y los demás procesados habrían incurrido en conductas como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.Según la investigación, la Fiscalía obtuvo evidencias que indicarían que Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos correspondientes a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y un fondo de la UNGRD, presuntamente a cambio de que contratos derivados de ese acuerdo fueran cedidos a personas sugeridas por él.Con la decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito, se mantiene vigente la medida de aseguramiento dentro del proceso por el caso de corrupción en la UNGRD, mientras avanzan las actuaciones judiciales y continúan las labores para dar con el paradero del exfuncionario.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Este miércoles se desarrolló el foro ‘Para la polarización, la conversación’, una iniciativa en la que líderes de distintos sectores reflexionaron sobre la necesidad de dialogar entre diferentes, incluso frente a temas que, en ocasiones, dividen al país.La rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, aseguró que Colombia tiene un futuro esperanzador, pero advirtió que es necesario aprender a hablar y escucharse en medio de las diferencias.“La gente cree que la democracia está muy frágil, pero sigue creyendo que esa es la forma de construir país. Lo que nos une es lo más profundamente humano: el perdón, la reconciliación, el amor”, señaló la rectora.Bernal hizo énfasis en el papel fundamental de la educación como herramienta para fortalecer el diálogo y la construcción colectiva en el país.“Por eso las universidades somos tan importantes, somos los que formamos esos ciudadanos que pueden hablar, que son compasivos, que son empáticos, que pueden tejer esas conversaciones de una manera en que el otro no es un antagonista, sino es una persona diferente, a la que yo puedo al menos escuchar activamente”, agregó.
Durante el foro ‘Para la Polarización, la conversación’, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado, se refirió a la situación que vive el país y reconoció que en distintos sectores existen angustias e incertidumbres que requieren un proceso común de sanación.“Tenemos angustias, incertidumbres, tenemos narrativas que se han construido a veces distorsionando también la realidad, pero narrativas que nos llevan a identificar esas cosas profundas, que son necesidades de sanación. Yo creo que somos un pueblo que requerimos seguir sanando”, señaló Henao.Desde la Iglesia Católica también indicaron que es necesario mantener la esperanza, pese a las incertidumbres que puedan existir en el contexto nacional.“Requerimos avanzar en nuestra capacidad de superar esas narrativas y somos un pueblo que definitivamente tenemos dentro de toda esa historia profunda que hay, a veces no narrada, de cómo se conformaron las ciudades, cómo se conformaron las regiones, cómo se conformaron distintos ámbitos. Tenemos también experiencias muy grandes de capacidad de mantener la esperanza y de mantener viva la visión hacia adelante”, agregó el monseñor.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
La tristeza se mantiene en Barranquilla por el asesinato del joven de 20 años Anderson Steven Bohorquez Ospina, soldado profesional atlanticense que quedó en medio de la emboscada realizada por las disidencias de las Farc en San José del Guaviare, el pasado domingo.Su padre Jaime Ávila reveló que el barranquillero, de hecho, estaba próximo a salir de permiso y hasta estaban haciendo planes para su llegada a la capital del Atlántico.“Estuvimos hablando en horas de la madrugada y me decía, papi, ya vamos bajando, porque ya venían de permiso. Ya él iba a salir de permiso y estaba muy contento. Nos vamos a ver ya papi, vamos a salir ahora que llegue enseguida”, declaró.Ávila también sostuvo que el sueño de Bohórquez Ospina siempre fue servirle a la patria, mientras que su abuela materna, Janeth Barrios, lo describió como un joven sano y que no tenía problemas con nadie.“Desde pequeño ese fue su mayor anhelo, servirle a la patria. Me decía papi apenas cumpla los 18 años de edad, saco la cedula y usted me lleva para el Ejército. Yo me quiero ir”, agregó su papá.Recordemos que el alcalde Alejandro Char rechazó, por medio de sus redes sociales, ese ataque en el que siete militares perdieron la vida, así como el plan pistola que se está registrando en varias zonas del país, lo que ha dejado más de 20 uniformados muertos."Rechazamos contundentemente los ataques en contra de nuestra Fuerza Pública y hacemos un llamado al Gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias y pongamos fin a estos horrores que están enlutando a muchas familias colombianas. No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra gente", indicó el alcalde de Barranquilla.
El plan pistola en contra de la Fuerza Pública sumó una nueva víctima en Cartagena. La Policía en esta ciudad confirmó la muerte del patrullero William Guardo Torres, de 38 años, quien resultó herido en medio de un ataque a bala a la patrulla en la que se movilizaba en el barrio Líbano en la noche del pasado jueves 24 de abril.El patrullero Guardo, con 12 años de servicio en la Policía, gravemente herido luchó durante cinco días por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Caribe, pero lamentablemente la tarde de este martes se confirmó su muerte.De esta forma ya son tres los uniformados de la Policía asesinados en Cartagena por cuenta de estos ataques que las autoridades en la ciudad atribuyen al Clan del Golfo. Los dos primeros informados asesinados fueron atacados por sujetos armados en plena vía pública del corregimiento de Pasacaballos.Sin embargo, estas no son las únicas víctimas de estos atentados criminales en el departamento Bolívar. El pasado viernes 25 de abril, dos uniformados más fueron asesinados en inmediaciones de la estación de Policía del municipio de Simití. Otro uniformado resultó herido.Suspenden eventos programados para el fin de semanaEntretanto, la Secretaría del Interior de Cartagena suspendió todos los eventos públicos programados para este fin de semana, en un acto de solidaridad con la Policía y la familia de las víctimas.“Desde la Alcaldía de Cartagena expresamos nuestra solidaridad con la familia de los uniformados asesinados y reiteramos nuestro rechazo a cualquier acto de violencia”, indicaron.La Policía ofreció una recompensa hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de hecho criminal.
Una balacera se desató este martes en inmediaciones de la antigua Escuela de Policía Antonio Nariño, ubicada sobre la calle 17, en Soledad.La comunidad corrió despavorida y relacionó el hecho con el plan pistola que está atacando a la Fuerza Pública en el país; sin embargo, la Policía aclaró que el enfrentamiento a bala que se registró entre varios uniformados y dos presuntos delincuentes obedeció a un intento de robo.Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, los dos señalados delincuentes intentaron robar una sede de SuperGiros que está ubicada en el sector, pero los uniformados se percataron del hecho e intentaron evitarlo. Fue así como los presuntos ladrones habrían iniciado un tiroteo en el que los policías reaccionaron y dejaron heridos a ambos hombres.De igual manera, la institución aclaró que el cruce de disparos no afectó a ningún policía, como se especuló inicialmente.
De los 106 proyectos de la región Caribe que hoy son objeto de revisión por parte de la Contraloría y cuyos montos alcanzan un valor total de 1 billón de pesos, el 55% tuvo una observación fiscal.El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga indicó que la actuación especial de fiscalización que adelantó la Contraloría en el Caribe concluyó con 52 hallazgos fiscales por $223.988 millones y 6 beneficios de auditoría por $12.146 millones.Precisó que el departamento con mayor cuantía de hallazgos fiscales es La Guajira, con nueve proyectos cuestionados que alcanzan los $69 mil millones; seguido de Sucre, donde se detectaron cuatro hallazgos fiscales por $56.000 millones, entre esas el proyecto de pavimentación de la Vía El Portón – La Y de los Arrastres, en la Mojana, donde han gastado $30 mil millones en la construcción de apenas 5 kilómetros de los 17 contemplados."No solamente están bajo la lupa de la Contraloría, sino que se van a convertir seguramente en las próximas semanas en procesos de responsabilidad fiscal que siguen dando cuenta que los recursos de las regalías en el Caribe colombiano y en muchas zonas del país se han convertido en proyectos siniestrados, que merece la pena revisar cómo se estructuran, cómo se aprueban en el Departamento Nacional de Planeación y cómo finalmente bajo la gestión de los entes territoriales terminan convirtiéndose en proyectos que no cumplen los objetivos o los fines esenciales de la contratación pública", dijo.Elefantes blancos en AtlánticoZuluaga sostuvo que 25 proyectos del Atlántico, que suman más de 278.000 millones de pesos, también están bajo la lupa de la Contraloría como posibles elefantes blancos. Entre esos proyectos están las obras de saneamiento básico en Soledad, por el que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 5.500 millones de pesos."Nuestro compromiso con los atlanticenses es lograr que durante este periodo que nos queda en la Contraloría General logremos que todos los equipos de participación ciudadana se vuelquen a los territorios, pidan cuenta a las autoridades y logremos que cada día rescatemos un elefante blanco y lo pongamos al servicio de la comunidad", manifestó.No obstante, el vicecontralor destacó que, a partir de una intervención de la Contraloría, la Alcaldía de Soledad rescatará el CDI Nueva Esperanza y convertirá este elefante blanco en una nueva sede del colegio Juan Manuel Santos, ubicado en este municipio. Sin embargo, el funcionario aclaró que continuarán los procesos de responsabilidad fiscal contra quienes incumplieron con el proyecto inicial."Se ha logrado comprometer más de 1.042 millones de pesos por parte de la Alcaldía municipal que permitirá que este centro de desarrollo integral se convierta en la sede número dos de la Institución Educativa Juan Manuel Santos y que en un periodo de 5 meses se habilite y se ponga el servicio de más de 240 niños", precisó."Eso sí, continúan unas investigaciones por la responsabilidad fiscal de quienes participaron hace más de 10 años en la estructuración de este proyecto", agregó.A propósito de educación, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga advierte que más de 43.300 niños y adolescentes del Atlántico se han visto afectados por suspensiones temporales del Programa Alimentación Escolar, debido a demoras en los procesos contractuales.
La agente especial de Air-e Intervenida, Diana Bustamante, aprovechó su espacio en el Seminario de Eficiencia Energética que realiza Andesco en Barranquilla para pedirle a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “un salvavidas financiero” que le permita a la empresa cumplir las obligaciones que tiene pendientes con las generadoras y proveedores.La empresa también espera “que el Ministerio de Hacienda cumpla con el giro de subsidios de ley, los cuales ayudarían en gran medida a la caja de la compañía para el cumplimiento de obligaciones pendientes”.“Esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa”, sostuvo Diana Bustamante.“No permitiremos que el Atlántico, Magdalena y La Guajira se apaguen, por eso adelantamos un trabajo articulado con el Gobierno nacional”, puntualizó.Es absurdo: AndegSin embargo, apenas pasaron unos minutos de esta petición de Air-e, cuando el presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, calificó este pronunciamiento como una “de las cosas absurdas del gobierno de Gustavo Petro”.Cuestionó que la agente designada por la Superservicios le pida a quien la nombró un salvavidas financiero y que esto, a su juicio, solo les da la razón a los generadores y demuestra que la Superservicios “no ha hecho ninguna gestión para garantizar que la empresa cuente con los dineros que permitan pagar a generadores y proveedores”.Eso sí, Air-e y los generadores parecen diferir en el monto de la deuda, pues la intervenida empresa afirma que esta alcanza los 1.1 billones de pesos y Andeg sostiene que para ellos, la deuda ya suma los 1.5 billones.Intervención de la Procuraduría y la ContraloríaDesde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, también les hicieron un llamado a la Contraloría y a la Procuraduría para que le pongan la lupa a esta falta de pagos, así como aquellos usuarios morosos que hoy suman pérdidas de hasta 1.2 billones.Ante esto, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga sostuvo que tal solicitud ya está siendo ejecutada por parte del contralor y el procurador."Esta semana el contralor y el procurador firmaron una orden que permite que se puedan indagar de manera directa el comportamiento de unos acuerdos que había establecido el Ministerio de Minas y Energías para poder verificar que efectivamente estos desembolsos y estos pagos se realicen oportunamente, lo que significa de que esta solicitud de Andesco ya estaba siendo ejecutada", manifestó."El contralor y el procurador habían tomado la iniciativa, no solamente de convocar una mesa técnica hace mes y medio en las instalaciones de la Contraloría en Bogotá, sino que también había logrado el concurso y el compromiso del ministro de Minas para verificar cuál era la forma más adecuada, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, de definir el cumplimiento de esas obligaciones, que como subsidios para poblaciones de estrato 1, 2 y 3 estaban comprometidos en el presupuesto del año 2025", agregó.
Luego de un consejo de seguridad extraordinario realizado en el departamento del Magdalena, motivado por el reciente crimen contra el uniformado Ronald Andrés Montañez Quijano, asesinado al parecer por el Clan del Golfo en cercanías a Barranquilla, las autoridades confirmaron una recompensa de hasta $150 millones para dar con el paradero de los responsables.Por lo menos, de esa forma lo confirmó el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía en Santa Marta, por medio de un comunicado entregado a los medios de comunicación en las últimas horas.“Con la articulación que se hace con los diferentes entes territoriales, la Gobernación del Magdalena nos acompaña para poder ofrecer una recompensa de 150 millones de pesos a quien suministre información que permita ubicar, identificar y capturar a los responsables de esta acción vil y delincuente contra nuestros uniformados”, dijo inicialmente.“Acompañamos a la familia en este duelo, ante esta ausencia de su ser querido. De igual manera, invitamos a la comunidad para que rechace ese tipo de acciones vandálicas contra los miembros de la institución”, agregó.Testigos de los hechos también contaron que el ataque armado se extendió durante 20 minutos aproximadamente, por lo que el agente tuvo que ser llevado hasta la clínica Internacional La Misericordia, donde falleció horas después.La muerte del uniformado Montañez Quijano se suma a los asesinatos que se presentaron en las últimas 24 horas en Córdoba, contra un policía y un soldado, quienes se encontraban de descanso en sus casas en Sahagún y Puerto Escondido, respectivamente.