Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Fuertes señalamientos realizó la Fiscalía este jueves en contra del abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, en medio de la audiencia preparatoria de juicio que en estos momentos busca definir la pertinencia de las pruebas que el juez Hugo Carbonó aprobó o no para la cita esperada.Durante ese proceso de discutir la validez de las apelaciones expuestas por la defensa, la fiscal Lucy Laborde apuntó que el abogado tiene titubeos imaginarios, pues quiere conocer una verdad para de allí escoger las pruebas a utilizar, cuando según ella el orden correcto es indicar los materiales probatorios para luego confirmar si Petro Burgos se enriqueció o no ilícitamente.Una de esas pruebas controvertidas señaladas por la Fiscalía, y con la que habla de un presunto proceso de interrupción a su investigación, es la del celular que fue incautado a Day Vásquez. Aunque Alejandro Carranza pidió que no fuese admitida, defienden desde el ente acusador que al tratarse de una entrega voluntaria no se necesitaba una orden judicial para sacar sus datos.“No se requiere una orden de un juez de garantías para buscar lo que ya ha sido entregado para su examen. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más exactamente la decisión AP 3439 de 2024, aclara que la entrega voluntaria de información digital por su propietario no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, sino un acto de colaboración con la justicia que no requiere autorización judicial antecedente”, indicó Lucy durante el encuentro.Apunta Laborde que de allí no se hicieron dos extracciones de información como dice Carranza, sino que un fiscal sacó los datos y otro los analizó. Por ende, espera que esta prueba llegue a juicio pues de allí sale la base fundamental de la teoría de la Fiscalía, hablando de las conversaciones entre Day y Nicolás Petro.Añade que no tiene necesidad de informarle o propiciar interrogatorios a sus fuentes no formales, pues lo concreto no son sus declaraciones sino los resultados operativos de sus datos. Es decir, se usan como camino no como fin.Por de más, para la Fiscalía tampoco hay necesidad de excluir el interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos, debido a que esas declaraciones no fueron dichas en un marco de principio de oportunidad fallido, sino —dice ella— inexistente.“No se realizó ninguna actividad respecto de un principio de oportunidad. No fue fallido, fue inexistente. Es así como no se puede hablar de que sea necesario excluir esas declaraciones que rindiera Nicolás Fernando Petro Burgos frente al investigador bajo la gravedad del juramento, puesto que no se entran dentro del beneficio mencionado”, aseguró.Finalmente, la fiscal Lucy Laborde insiste en que el juez Hugo Carbonó debe compulsar copias contra el abogado Alejandro Carranza tras citar una evidencia que, según ella, fue obtenida ilícitamente. Se refiere a un video de la audiencia de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, diligencia que fue privada y para obtenerla debió solicitar una autorización.En esa diligencia fue donde se dio a conocer que Mario Burgo obtuvo información de fuentes que luego se utilizaron para aprobar la orden de captura y el allanamiento de la casa del hijo del Presidente.
Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una estrategia nacional denominada Paz Electoral, una iniciativa orientada a fortalecer la confianza ciudadana y blindar el proceso democrático frente a riesgos que puedan afectar la transparencia, la seguridad y la legitimidad de los comicios.Como parte de esta campaña institucional, equipos del Ministerio Público se desplegaron en los principales accesos viales de las ciudades capitales para recibir a miles de colombianos que regresaban de sus vacaciones de inicio de año. Allí, los funcionarios entregaron mensajes pedagógicos e invitaron a los ciudadanos a asumir un papel activo en la protección de la democracia mediante el ejercicio responsable del voto.La iniciativa es liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien desde finales del año pasado inició un recorrido por distintas regiones del país con el propósito de sensibilizar a instituciones, sectores productivos, líderes sociales y ciudadanía en general sobre la importancia de garantizar unas elecciones libres y respetadas por todos.Jornadas clave de elecciones en Colombia 2026El contexto electoral de este año incluye tres jornadas decisivas: el 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial; y el 21 de junio, de ser necesario, se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir al jefe de Estado. Este panorama ha motivado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas.La estrategia surgió en medio de preocupaciones expresadas desde distintos sectores sobre posibles amenazas al proceso electoral. Incluso, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó en varios escenarios públicos que existían inquietudes ciudadanas sobre la realización de las elecciones. Frente a este panorama, la Procuraduría asumió como una prioridad institucional la defensa del orden democrático y el cumplimiento del calendario electoral.En este esfuerzo, la Procuraduría trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, entidades que han reiterado su compromiso conjunto para garantizar la transparencia del proceso. Esta alianza busca prevenir irregularidades, vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que los funcionarios no interfieran indebidamente en política.Entre los principales riesgos identificados por las autoridades se encuentran la posible incidencia de grupos armados ilegales, la difusión de desinformación y eventuales ciberataques. Ante estos desafíos, el Ministerio Público ha enfatizado la necesidad de mantener una vigilancia permanente y una participación activa de todos los sectores del Estado y la sociedad.Además de promover el voto libre y consciente, Paz Electoral también busca asegurar que los candidatos desarrollen sus campañas con garantías y responsabilidad, y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con plena confianza en el sistema electoral.La Procuraduría continuará con jornadas pedagógicas y presencia territorial durante todo el año, en lo que ha denominado una cátedra pública permanente sobre la importancia de proteger la democracia. El objetivo final es que, una vez concluido el proceso electoral, el país cuente con instituciones fortalecidas y con resultados legítimos, respaldados por la voluntad soberana de los colombianos.
Un depósito clandestino de explosivos del ELN fue descubierto en una vivienda ubicada en la localidad de Usme, barrio Chico, en el sur de Bogotá. En el lugar, según estableció BLU Radio, estaba alias ‘Plumilla’, señalado como el encargado de fabricar los artefactos explosivos improvisados que serían utilizados en acciones terroristas en la capital del país.La operación fue el resultado de más de cinco meses de seguimiento por parte del Gaula Militar Cundinamarca y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). De acuerdo con fuentes militares, incluso hubo agentes infiltrados que lograron documentar los movimientos del grupo, que cambiaba constantemente de residencia para evadir a las autoridades. Permanecían máximo un mes en una casa y luego se trasladaban a otra, alternando únicamente entre dos inmuebles.En las imágenes conocidas por BLU Radio se observan planos y estructuras tipo balón que estaban siendo adaptadas con explosivos. La novedad en esta investigación es que los criminales elaboraban los artefactos explosivos improvisados con plástico, con el fin de reducir su peso y facilitar su instalación en drones. El objetivo, según inteligencia, era emplearlos para atacar a la fuerza pública e incluso a la población civil.Las autoridades confirmaron que alias ‘Plumilla’ hacía parte del Frente de Guerra Urbano Nacional ‘Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo’, Frente Urbano “Jorge Eliécer Gaitán”, estructura del ELN que venía adelantando actividades ilícitas en Bogotá mediante redes milicianas. El material incautado, de acuerdo con los investigadores, estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas, especialmente en el marco de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y se incautó un amplio arsenal: 896 cartuchos calibre 5.56 mm, tres cartuchos calibre 7.62 mm, 100 iniciadores de cartucho, un revólver, dos escopetas, un lanzagranadas, proveedores para Mini Uzi, cuerpos de granadas de 60 mm, espoletas de 40 mm, cilindros para granadas de 85 mm, cerca de un kilo de pólvora negra y aproximadamente cinco kilos de insumos químicos para mezclas explosivas, entre otros elementos.Según fuentes de inteligencia, con las piezas halladas se podrían ensamblar más de 70 artefactos explosivos improvisados. Además, fueron encontrados cuerpos cilíndricos, sistemas tipo MGL, metralla y componentes para la fabricación en serie de granadas artesanales.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para establecer la red logística detrás del depósito clandestino y determinar el alcance real de los posibles atentados que, según las autoridades, fueron neutralizados de manera oportuna en el sur de la capital.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
El jefe del Ministerio Público aseguró que no existen pruebas de irregularidades en el software ni en el escrutinio de las elecciones parlamentarias. Anunció vigilancia técnica y jurídica al código fuente y pidió “paz electoral” a 10 días de los comicios.A diez días de las elecciones parlamentarias en Colombia, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que hasta el momento no existe evidencia de irregularidades en ningún componente del proceso electoral, incluyendo el sistema electrónico de escrutinio. La declaración se dio en entrevista con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, en el marco del lanzamiento del Plan Democracia, estrategia interinstitucional para garantizar la transparencia y seguridad en los comicios del 8 de marzo.“Hasta hoy, hasta este momento que estamos hablando, yo no puedo decir que se haya evidenciado alguna anomalía o alguna alteración de todos los componentes, incluyendo el electrónico del proceso electoral”, afirmó el procurador, al referirse a las denuncias y dudas que han circulado sobre el software electoral y el código fuente.Plan Democracia: vigilancia en 288 puntos críticosEl pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se produjo tras una reunión con altas autoridades militares, de Policía, el registrador nacional y representantes del Gobierno, en la que se revisaron los avances del Plan Democracia. Según explicó, se han identificado 288 puntos estratégicos en el territorio nacional donde podrían presentarse alteraciones al orden público que afecten el desarrollo normal de la jornada.“No estamos midiendo por municipio ni por veredas, sino puntos donde suceden cosas en el territorio que podrían ocasionar alguna perturbación con violencia sobre el proceso electoral. Hacia ese punto específico llegamos”, detalló Eljach.El objetivo, precisó, es garantizar que en cada mesa y puesto de votación los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin intimidaciones ni contratiempos. “Parece fácil decirlo, pero implica una logística compleja de preparación y reacción inmediata”, agregó.En cuanto a la posible reubicación de mesas por razones de seguridad, el procurador indicó que, hasta el momento, solo se ha contemplado el traslado de algunos puestos en el departamento de Córdoba debido a afectaciones por inundaciones, mas no por amenazas de grupos ilegales. “No se ha informado que haya habido necesidad de reubicar puestos o cerrar mesas por temas de orden público”, señaló.Software electoral y código fuente bajo lupaUno de los puntos más sensibles del debate público ha sido el funcionamiento del software de escrutinio y el acceso al código fuente, tema sobre el cual el presidente Gustavo Petro ha expresado reparos. Frente a esto, Eljach anunció la designación de dos delegadas nacionales —una técnica y otra jurídica— para acompañar la revisión del sistema.“Ya se empezó desde ayer la vigilancia in situ donde la Registraduría convoca para hacer la llamada apertura de los códigos. Ahí están los nuestros, como están los de los partidos y los de las campañas. Eso es público”, sostuvo.El procurador explicó que el proceso contempla una etapa técnica en la que expertos en auditoría de software examinarán el funcionamiento del sistema electrónico, posterior al diligenciamiento manual de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación.“Cosa que es posterior a llenar los E-14, el formulario a mano presencial con el votante allí y con el jurado firmando de carne y hueso, de tal manera que se podrían comparar las dos cosas”, precisó.Asimismo, confirmó la vinculación de dos nuevos expertos en auditoría tecnológica para fortalecer el seguimiento. No obstante, fue enfático en señalar que cualquier conclusión deberá esperar a que termine el proceso de revisión.“Cuando termine toda esta etapa, sabremos realmente qué había, si era mito, si era sospecha, si era una acusación infundada, o si sí era fundada. Por lo tanto, no se puede afirmar categórica y definitivamente nada hasta que termine ese paso”, puntualizó.Llamado a la “paz electoral” y respeto institucionalEn medio de un clima político tensionado por las acusaciones de posible fraude electoral, Eljach hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a promover la calma y la confianza institucional.“Tenemos que aprender a vivir en paz, y en las elecciones tenemos que hacer paz electoral”, expresó al inicio de la entrevista.Consultado sobre declaraciones previas en las que cuestionó el “estado mental” del presidente Petro tras señalamientos contra los órganos de control, el procurador aclaró que su comentario aludía a estados emocionales como la preocupación o la angustia, y no a una descalificación personal.“El estado mental de las personas es una cosa múltiple (…) Al ver que nos señaló directamente de hacer trampa, de mentir, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así que el procurador miente? ¿Cómo así que el contralor miente?”, manifestó.A pesar de las diferencias, aseguró que la relación con el Gobierno es “cordial” y basada en el respeto institucional. “Con cariño, con respeto, pero también con firmeza y en defensa de mi buen nombre y de mi ejercicio, que es autónomo y no depende del gobierno”, subrayó.
En medio de una ofensiva policial contra estructuras del crimen organizado en el asentamiento humano El Páramo, en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, alias “Colin”, señalado como presunto jefe de sicarios de la organización criminal Tren de Aragua.El arresto del peligro delincuente venezolano se materializó tras labores investigativas con control territorial de las autoridades en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, el capturado registra una orden de captura vigente en Venezuela por los delitos de homicidio y tráfico de armas, lo cual motivó su búsqueda internacional.Alias “Colin” habría coordinado la logística del sicariato y otras actividades delictivas para esa estructura transnacional del Tren de Aragua, lo que constituye un golpe significativo a la presencia y operación de este grupo en el área metropolitana de Bucaramanga.En la vivienda donde se refugiaba alias 'Colin', fue detenida otra persona con órdenes judiciales activas en su contra. La Policía halló varias dosis de estupefacientes y una motocicleta reportada como hurtada. El procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente y coordinar los trámites internacionales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.La Policía Nacional anunció que continuará realizando operativos contra bandas criminales que afectan la tranquilidad en Bucaramanga y el área metropolitana.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Una acalorada sesión del Concejo Distrital de Santa Marta terminó en escándalo cuando el concejal Miguel Martínez, tras un altercado con Pedro Gómez, presidente de la corporación, fue expulsado del recinto en medio de un fuerte forcejeo con la Policía.El incidente se presentó durante la intervención de los secretarios de Hacienda e Infraestructura en un debate sobre la crítica situación del alcantarillado en el barrio Portal de las Avenidas. Según la mesa directiva, Martínez interrumpió el desarrollo de la sesión e insultó al presidente, motivo por el cual se le suspendió el uso de la palabra.Ante la sanción, el concejal se lanzó al piso como forma de protesta, obligando a suspender temporalmente la sesión. La situación escaló cuando, tras solicitar el apoyo de la fuerza pública, el presidente Gómez ordenó su retiro, generando un fuerte forcejeo con los agentes, como quedó registrado en video que se viralizó en redes sociales.Por su parte, el concejal Miguel Martínez denunció en su cuenta de X que fue víctima de abuso de autoridad: “El pueblo me eligió para hablar y defenderlo, no para que me saquen a la fuerza cuando digo verdades incómodas”, escribió.Ante esto, el presidente Gómez convocó a una rueda de prensa donde explicó lo ocurrido y aseguró lo siguiente:“Es lamentable que tengamos que recurrir a estas medidas por el irrespeto a la institucionalidad, estamos siempre abiertos al debate, pero en el marco del respeto”, expresó.El caso ha desatado reacciones encontradas entre ciudadanos y sectores políticos, quienes piden esclarecer lo sucedido y respetar el debate democrático en el Concejo de la ciudad.
El abogado de Nicolás Petro retiró su petición de que se llevara a juicio las declaraciones que había dado el hijo mayor del presidente bajo un intento de colaboración o de principio de oportunidad.Al contrario, la defensa pedirá que estos interrogatorios que espera utilizar la Fiscalía sean excluidos del juicio y que, en cambio, se tenga en cuenta un acta, "que es la base de un principio de oportunidad frustrado" y la cual "demuestra que las declaraciones que él dio no las dio para confesar ni para autoincriminarse"."Este documento (el acta) es conducente para sostener la exclusión de declaraciones que hizo Nicolás Petro en el marco de dicha expectativa frustrada de colaboración o principio oportunidad", dijo Carranza."La defensa le ha dicho, su señoría, que este acto no puede ser usado contra el procesado, pero observamos que la Fiscalía le solicitó que se ingresara a juicio esas declaraciones, entonces surge esa necesidad que haya una valoración clave y plantear la ilicitud de pruebas derivadas de un principio de oportunidad fallido", insistió el abogado al juez.Antes, el abogado pidió que se avale una resolución del 10 de marzo 2023 sobre la conformación del grupo de tareas especiales por parte de la entonces vicefiscal general Martha Mancera.El abogado Alejandro Carranza asegura que esta resolución “evidenciaría irregularidades en el origen de la investigación”, serviría “para revisar si había conflicto de interés entre los fiscales del caso”, “revisar si hubo abuso de la Fiscalía, si no hubo actos administrativos para designar el fiscal como correspondía y si esas actuaciones pudieron ser raíces de frutos envenenados en el caso”. La defensa insiste en que esto podría “demostrar sesgo institucional”.Carranza también busca que le avalen como prueba un documento emitido por Tigo Colombia, con el cual quiere “acreditar que este número de teléfono que aparece allí no era de portabilidad del señor Nicolás Petro y que luego hubo mensajes que desde allí se enviaron a nombre de él, pero no era él”.La defensa también quiere que en el juicio se tengan en cuenta 10 folios con la entrevista realizada por la Fiscalía a Blanca Gutiérrez, "como prueba de contexto y refutación", pues esta, pese a ser una prueba del acusador, "también demostraría sesgo institucional".A su vez, que se avale un derecho de petición de Blanca Gutiérrez, contenida en cuatro folios, que "demostrarían posibles irregularidades cometidas por el anterior fiscal del caso Mario Burgos y el investigador Víctor Forero".
A un año de haber regresado Jaime Saade a Colombia, para cumplir con su condena de 24 años por el asesinato de Nancy Mestre, el Inpec ya tuvo que tomar las primeras medidas contra este, relacionadas con su traslado desde la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla hacia la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, de Valledupar, tras haber salido a una cita médica sin contar, presuntamente, con una correcta custodia.De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, Saade había recibido permiso para asistir a una cita odontológica, al norte de Barranquilla, con un dragoneante, siendo que desde abril del año pasado se encuentra recluido en un centro penitenciario de la capital del Atlántico.No obstante, al Inpec fue reportado que Saade se encontraba sin la debida custodia en el sitio, es decir, que estaba solo, lo que motivó la apertura de una investigación interna para identificar la trazabilidad en torno al hecho. En consecuencia, se ordenó de inmediato su traslado a Valledupar “por seguridad y cuestiones de reserva”, según informaron fuentes del Inpec a Blu Radio.Con esta indagación, buscan identificar si se generaron fallas en el servicio de custodia y vigilancia con la guardia asignada o si hubo una manipulación por parte del condenado.Saade, quien no había sido visto desde su llegada a Colombia el pasado 11 de abril, deberá cumplir con su condena, la cual fue emitida hace cerca de 30 años, tras ser procesado como reo ausente por la muerte de la joven Nancy Patricia Mestre, quien perdió la vida en la celebración de año nuevo en 1993.Guardias del Inpec se encargaron de realizar, en la noche del 22 de abril, el traslado de Jaime Saade desde la penitenciaría El Bosque de Barranquilla hacia la cárcel La Tramacúa de Valledupar, mientras lo investigan por presuntamente tratar de generar fallas en el servicio de su custodia.
El Distrito de Barranquilla, a través de su Programa Ampliado de Inmunización, cuenta con puntos gratuitos de vacunación contra la fiebre amarilla en las 40 sedes de la red pública hospitalaria, es decir, en los 28 PASO y 12 Caminos que hacen parte de MiRed IPS, los cuales se suman a las demás IPS vacunadoras privadas que también están cumpliendo con la importante aplicación de estas dosis únicas.Así lo confirmó la secretaria de Salud del Distrito, Stephany Araújo, quien insistió en la importancia de que toda persona, a partir de los 9 meses y que no haya recibido ninguna dosis, acuda a la vacunación."Aunque el Distrito de Barranquilla no se encuentra declarado ante el Ministerio de Salud y Protección Social como zona de riesgo alto o muy alto, sí debemos prepararnos y vacunarnos todos contra la fiebre amarilla. Recuerden que tenemos habilitados los PASO, los Caminos de toda la red del Distrito de Barranquilla como puntos de vacunación", aseguró la funcionaria.Para consultar los PASO y Caminos de la capital del Atlántico, puede ingresar a la página oficial miredbarranquilla.com. La vacunación, la estrategia más eficazEn diálogo con BLU Radio, el médico infectólogo Jesús Tapia recordó que el último brote se presentó en la región Caribe ocurrió en 2007, con origen en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde finalmente se pudo controlar la situación con un plan de vacunación masivo.En ese sentido, el experto afirma que la mejor forma de mantener el control de esta enfermedad, que se transmite por la picadura de un mosquito, es acudiendo a la vacunación, más cuando hay planes de viaje o de asistencia a eventos masivos, como es el próximo Festival de la Leyenda Vallenata."Hay que tener en cuenta que la vacunación es la estrategia más eficaz para la prevención de la fiebre amarilla. Entonces, el llamado ahora que vienen eventos masivos como el Festival Vallenato es que las personas que acudan a estos eventos masivos se apliquen la vacuna", dijo. "Cabe recordar que las personas que tienen aplicada la vacuna de fiebre amarilla no requiere de un refuerzo. Con datos actuales de la Organización Mundial de la Salud, la vacunación en una dosis única es eficaz para la prevención de esta patología", agregó.Frente a esto, la gobernadora del Cesar Elvia Milena Sanjuan indicó que este departamento registra cero contagios de fiebre amarilla y que en lo corrido del año se han aplicado 20.028 dosis de vacunas contra esta enfermedad, de las cuales 7.325 corresponden justamente a menores de edad.La mandataria precisó que en los 25 hospitales de los municipios y en las IPS privadas que operan en el Cesar se están aplicando estos biológicos, que son de dosis única y gratuitos.
La Policía Metropolitana de Barranquilla le confirmó a Blu Radio que se encuentra investigando la desaparición de un hombre llamado Manuel Esteban Narváez Gutiérrez, quien, al parecer, fue obligado a montarse a un vehículo por varios hombres el pasado martes 15 de abril.El hombre, que es contador público, de acuerdo a los reportes de las autoridades competentes, se encontraba paseando a su mascota en el barrio Caribe Verde, suroccidente de Barranquilla, cuando al parecer fue abordado por varios automóviles.La Policía se encuentra en comunicación constante con su familia, la cual hizo la denuncia, y trabaja en estos momentos para dar con su paradero.Mientras tanto, se cree que uno de los vehículos utilizados en el hecho fue encontrado sin nadie a bordo en el barrio Rebolo, del otro lado de la ciudad.Hasta el momento no se ha revelado si la persona desaparecida tenía amenazas de muerte o era víctima de extorsiones.
Durante un nuevo encuentro de la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, realizado desde Barranquilla este martes 22 de abril, el abogado de la defensa Alejandro Carranza afirmó tener pruebas de la existencia y legalidad financiera de la empresa Grupo de Energía Delta limitada y la fundación Fucoso, las cuales fueron señaladas por la Fiscalía como supuestas fachadas para el lavado de activos y enriquecimiento ilícito.En esa línea, el jurista pidió la autorización para utilizar en juicio certificados y documentos financieros que apoyan su teoría y, en el caso específico de la empresa de energía, conllevan a una presunta narrativa armada en contra de Nicolás.“Quiero pedirle que, por favor, nos autorice aducir a juicio copia de la Cámara de Comercio de la empresa Grupo Energía Delta Limitada en cinco folios, puesto que, según lo aducido por la Fiscalía, este documento era usado como supuesto indicio de participación societaria o vinculación económica del acusado. La defensa demostrará a su señoría que el acusado no ostenta propiedad, participación activa ni beneficio económico derivado de esa sociedad”, dijo inicialmente.“Igualmente le solicito señor juez que nos autorice a deducir a juicio 18 archivos entre los cuales se encuentra plasmadas informaciones del Runt, Inpec, Igac, entre otros, pues este conjunto documental ha sido utilizado por la fiscalía como base de un rastreo patrimonial ampliado a mi representado Nicolás”, agregó.Hablando netamente de la fundación Fucoso, Carranza pidió llevar a la diligencia central Ku todo tipo de documentación como certificados de existencia en Cámara de Comercio, estados financieros, informes de su gestión y hasta presupuestos para intentar corroborar que “no hay ánimos de defraudación desde su génesis” y que los ingresos y egresos están enmarcados en actividades legales.Recordemos que la fiscal Lucy Laborde había hablado de la empresa de energía y la fundación como presuntas fachadas de Nicolás Petro para, presuntamente, cometer el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público, agregando que en la última al parecer se suscribió un contrato con la Gobernación del Atlántico, a través de la cual, se estaba sobrefacturando y recibiendo cantidades de dinero en efectivo.En medio de su intervención, el abogado de la defensa pidió avalar para usar las solicitudes que, en su momento, hizo el hijo del presidente a la Asamblea del Atlántico para recibir su sueldo en cheques, pues considera que estos movimientos financieros no fueron analizados por la Fiscalía.A su vez, mencionó la intención de agregar a sus pruebas declaraciones de rentas, pagos de nómina de la Asamblea del Atlántico en los períodos investigados y también boletos de avión de los que sostiene que fueron desplazamientos legítimos.Finalmente, habló acerca de la polémica camioneta Tahoe de placas JCZ-858, vinculadas a Nicolás Petro, pero cuya documentación espera presentarla en juicio para aclarar que no es de la propiedad del acusado ni significa un enriquecimiento, tampoco en varias operaciones bancarias estipuladas entre los 10 y 60 millones de pesos, de las cuales intentará justificar como pagos de arriendos, devolución de préstamos e ingresos salariales.