Después de tres días de angustia para las familias de María de los Ángeles Sánchez, de 13 años, y de Emily Sofía Borrero Tapias, de 14 años, finalmente ambas fueron halladas por las autoridades en buenas condiciones de salud.Las adolescentes, quienes son amigas, habrían acordado encontrarse en el centro comercial Le Meridiem, ubicado al norte de Barranquilla, sin embargo, después de esto, sus familias no pudieron contactarlas más.De acuerdo con información obtenida por la Policía, las jóvenes se dirigieron inicialmente hacia el sector de Alameda del Río, donde estuvieron compartiendo en una fiesta con un cantante vallenato.Posteriormente, salieron hacia la ciudad de Cartagena, donde fueron ubicadas este martes.Al respecto, el alcalde Alejandro Char confirmó en su cuenta de X la buena noticia, destacando la labor de las autoridades.“Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud. Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan. Felicito a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”, indicó en su cuenta de X el mandatario.
Hasta el botiquín con el que brindan los primeros auxilios a los rescatados en playas les robaron a cuatro salvavidas que estaban prestando sus servicios en Puerto Colombia (Atlántico) el pasado fin de semana, en confusos hechos que aún son materia de investigación.Testigos contaron a las autoridades que, al parecer, unos bañistas provocaron una gresca a propósito para distraer a los socorristas y hurtarles sus celulares y equipos de rescate. Lo peor es que, en la situación, una joven que trabaja con los rescatistas habría sido víctima de varios golpes.Hasta ahora lo que ha trascendido es que los bañistas habrían llegado hasta la garita de los salvavidas a reclamar una billetera que se les había perdido, la cual justamente había sido llevada hasta allí por un niño que dijo haberla encontrado minutos antes en la playa.Sin embargo, el reclamo derivó en una acalorada discusión y, en medio del caos, los supuestos bañistas habrían aprovechado para llevarse el botiquín y los teléfonos de los socorristas, despojándolos de sus implementos de trabajo en medio de una temporada en la que suelen aumentar las emergencias por los fuertes vientos y alto oleaje.No obstante, los ladrones intentaron huir en bus, lo que facilitó su captura y la recuperación de los elementos hurtados.
El asesinato de las hermanas Sheridan Sofia y Keyla Nicolle Hernández Noriega se convirtió en un asunto de investigación priorizada para la Policía de Barranquilla, siendo que sus muertes podrían estar conectadas con miembros de bandas delincuenciales locales, quienes habrían decidido enterrarlas juntas, en una zona enmontada del municipio de Malambo, luego de haberlas asesinado con tres días de diferencia.A pesar de que hasta el momento sigue abierta la investigación, las pesquisas apuntan a que las jóvenes habrían salido de sus casas el pasado martes 17 de febrero, en medio del cierre de las fiestas de Carnaval para asistir a un evento, en compañía de sus novios, al que también se habría sumado miembros de grupos delincuenciales.Al parecer, un altercado en medio del encuentro llevó a Keyla Nicole, de 17 años, fuera señalada como supuesta delatora y colaboradora de otra banda, lo que la llevó a ser cuestionada por su novio y otros asistentes. Como resultado de la pelea, Keyla habría sido asesinada a sangre fría, ante la mirada de su hermana Sheridan, quien se convirtió en la única testigo de lo ocurrido.A cambio de su silencio, los jóvenes, entre los que estaba el novio de la adolescente asesinada, la retuvieron por al menos tres días a Sheridan. Según conoció Blu Radio, en ese periodo los jóvenes extorsionaron a los padres de las adolescentes, pidiendo dinero a cambio de dejarlas libres a ambas, aunque solo Sheridan permanecía con vida.No obstante, la falta de acuerdos entre los raptores, llevó a que finalmente Sheridan también fuera asesinada, conduciendo ambos cuerpos a una zona enmontada, donde las enterraron y las cubrieron de troncos.Por el momento, la Policía indicó que avanzan en las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y avanzar en su judicialización.
“Si el Canal del Dique crece dos metros más, comenzará la emergencia”, advierten las comunidades de Atlántico y Bolívar, aledañas a este brazo del río Magdalena, donde ya dicen sentirse en riesgo por los altos niveles que registra el caudal.Las lluvias atípicas del mes anterior aumentaron los niveles del río, pasando de 5.30 metros el 2 de febrero a 6.34 metros el 2 de marzo, a la altura de Calamar (Bolívar). Situación similar se reportó en la estación San Pedrito, ubicada en el municipio de Suan (Atlántico), donde los niveles se ubicaron en 4.92 a comienzos de febrero y en las últimas horas marcaron 5.94 metros.Uriel Ávila, líder del sur del Atlántico, afirma que los niveles ya cuadruplican la medición alcanzada en 2010 para esta época, por lo que a la par del río aumentan los temores de la comunidad ante la posibilidad de que se repita la tragedia."Para el 2010, en esta época, el río estaba en 1.55 metros, o sea, estamos hablando que hoy el Dique está cuatro veces más que en ese momento y, si bien la cota de desbordamiento es por encima de 9 metros, cuando él pasa 8.20 metros, pues obviamente ya nos genera a nosotros una alerta, porque el problema es que el Dique nunca se desborda, sino que genera ruptura", explica Ávila."O sea, cuando el río llega a 8 metros, ya él comienza a generar una ruptura, esperemos que con el favor de Dios esta vez no sea así, pero nos encontramos muy preocupados", agregó.Dado el panorama, persisten los cuestionamientos por la falta de obras de impacto en el Canal del Dique que eviten una nueva ruptura y, por consiguiente, una tragedia como la que en 2010 dejó con el agua hasta el techo a los municipios ribereños.
Blu Radio conoció la denuncia presentada por Claudia Patricia Bueno, quien continúa vinculada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y quien asegura haber sido víctima de un presunto acoso laboral por parte de Rodrigo Rojas Orozco, quien se desempeñaba como coordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC.En su declaración también menciona actuaciones del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del coordinador administrativo de la entidad, Luis Fernando Martínez, que, según afirmó, se habrían producido con posterioridad a la denuncia que ella presentó.Bueno sostiene que los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando trabajaba en la gestoría de excomandantes de las AUC. “El acoso laboral no es ahorita. No, esto tiene más de un año. Entonces creo que en parte eso es lo que les molesta a ellos, porque es que ellos han tratado de sacarme desde mayo, junio del 2025 y no han podido”.Durante ese periodo, explicó, asumía funciones estratégicas dentro del proceso, pero asegura que también era objeto de descalificaciones públicas y exigencias que, según su versión, no correspondían a su cargo.“Yo soy la que hago todo, es decir, la que desarrollé la estrategia, la que articulé con los gestores, la internacionalista, la asesora legal, la asesora política, pero que crea que además de que yo le hago todo en la gestoría, también tengo que ir a traerle el tinto, a traerle el agua, me insulta delante de la gente”.La asesora afirma que en marzo de 2025 decidió activar la ruta institucional contra la violencia de género.“En marzo, me insulta un día, pero durísimo, que ahí donde aparece un testigo, es un muchacho que trabaja allá, y me dijo en chat yo tengo en algún lado el pantallazo, me claudia, yo vi cómo este tipo la trató a usted y la insultó. Si usted quiere que yo le sirva de testigo, yo le sirvo de testigo y ponga la queja. Entonces yo puse la queja, activé la ruta de prevención contra la violencia de género. El tipo no fue a los descargos y por eso el proceso, él está en la Procuraduría”.Proceso disciplinario y solicitud de insubsistenciaTras esa decisión, asegura, comenzaron actuaciones administrativas en su contra. Entre ellas, un proceso disciplinario que, según señala, fue promovido por María Paz Lara Camacho.El disciplinario se originó por una presunta falsedad de firma en un documento dirigido al INPEC, relacionado con un evento que posteriormente fue cancelado.“Yo les mando el borrador, hice las advertencias por mis lados, por chat, por correo, que era un borrador. Y el INPEC elaboró las resoluciones para agilizar el proceso. Y cuando yo le notifico a mi jefe, que es Rodrigo Rojas, lo llamo y le digo, oye, el INPEC aprobó que estos señores se queden en la cárcel en el convento. Después Rodrigo me llama, fue un 28 de mayo, y me dice el Comisionado de Paz y Álvaro Jiménez cancelaron el evento”.Según su relato, en el trámite disciplinario se estableció que el documento cuestionado era un borrador y que no existía firma falsificada.“En esas pruebas quedó claramente establecido que nunca hubo un documento firmado, que siempre fue un borrador y que literalmente las órdenes a mí me las daba Rodrigo Rojas y que la señora María Paz sí sabía del evento”.Claudia Bueno asegura que la solicitud no prosperó. “Lo que pasó es que finalmente la directora del DAPRE, el despacho de la dirección del DAPRE en ese momento, la doctora Angie Rodríguez, pues rechazó la solicitud de declaratoria de insubsistencia porque digamos que ya estaba alertada”.Evaluación reducida por actividad sindicalOtro de los hechos que denuncia tiene que ver con su evaluación de desempeño. Durante el primer semestre de 2025 fue negociadora del sindicato SINEDAPRE. Meses después, asegura, recibió una notificación en la que su calificación fue modificada.“Entonces me entero que solo el correo me lo mandaron a mí. Y el correo del Comisionado dice como usted fue negociadora del sindicato en tales y tales periodos, con base en tales resoluciones, su calificación ha sufrido una variación qué pasa de 50%. Que me puse, me la dejaron como en 20, en una me pusieron 7, en otra 11, en otra 9, me dejaron como 20”.Señala que impugnó la decisión y que, hasta ahora, no ha recibido respuesta definitiva.“Yo decidí impugnar eso, no firmé nada y le notifique a Talento Humano esto. Entonces Talento Humano nunca dijo nada. Y el Comisionado tampoco se pronunció sobre mi recurso, sobre mi impugnación”.Negativa de teletrabajo pese a diagnósticoLa situación, afirma, se agravó tras la negativa del comité de seguridad y salud en el trabajo a su solicitud de teletrabajo autónomo, pese a haber notificado su diagnóstico médico.“Yo notifico mi estado de salud por escrito, mando el diagnóstico, el diagnóstico se lee carcinoma. El consejero comisionado de paz tenía desde el 13 de febrero al mediodía mi solicitud de teletrabajo autónomo y yo había advertido que el comité que definía eso se reunía el B a la semana siguiente y ellos no lo querían aprobar porque me lo dijo la jefa de Talento Humano”.Según su versión, el comité está conformado por ocho personas y la decisión fue adoptada por mayoría.“Explícame cómo un comité conformado por ocho personas, dos de ellas del sindicato al que pertenezco, me niega por mayoría el teletrabajo. Y me contó la jefa de Talento Humano que la presidenta de mi sindicato y el vicepresidente, un man que se llama Jaime Gaitán, negaron, me pidieron que no me dieran el teletrabajo autónomo”.Afirma que al pedir explicaciones, esto fue lo que le respondieron: “es un comité de ocho personas, la mayoría votó que no. Si usted quiere saber por qué pasó, escríbale a la secretaría técnica, que es Luz Dari Cruz y pídale a ella la información.La funcionaria indicó que informó de la situación a la Procuraduría y que también envió comunicaciones a la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sin que, según dijo, obtuviera respuesta.Hasta el momento, Bueno señala que la Procuraduría General de la Nación no ha adelantado las diligencias. Asegura que le ha enviado la información completa y que lo que están haciendo es devolviendo todo al comité de convivencia “como si no hubiera el comité enviado todo desde 2025”.La respuestaBlu Radio consultó a Rodrigo Rojas Orozco, excoordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC, quien negó haber tomado represalias contra la funcionaria.“Claudia sí fue subalterna mía, trabajó conmigo y pues hubo inconveniente con otras personas que trabajaron con ella y en el equipo de trabajo”.Rojas aseguró que apoyó la solicitud de teletrabajo presentada por Bueno.“Yo solicité que le dieran el teletrabajo, pero resulta que eso, aunque yo era el jefe inmediato, esa decisión era de la parte de personal de la consejería de paz”.También indicó que se retiró de la entidad el primero de julio y que desde entonces no ha tenido relación con la oficina.“Yo nunca tomé ninguna represalia contra ella. Yo me retiré desde el primero de julio. Yo tenía problemas médicos, ella inclusive en un comité de trabajo ella dijo que yo ya estaba muy viejo y que ya estaba mal, que se me olvidaban las cosas y eso”.“Yo no sé ella por qué insiste en eso, cuando ella misma dijo en unos comités laborales que están las actas, que yo era la persona que le escuchaba y le entendía. Entonces, pues en ese tiempo, cuando entró a trabajar conmigo, el tema era que nadie quería trabajar con ella”.El exfuncionario también cuestionó el momento en que se formuló la denuncia.“Yo entré a finales de noviembre del 2024. Pero lo que yo no entiendo es ella inclusive yo le entregué el manejo de mi computador personal cuando yo no estaba o algo. Ella tenía acceso a mis correos personales y eso. Si ella era tan humillada y tan maltratada, una persona, ¿cómo le manejaba eso? Y lo que no entiendo yo es por qué fue hasta marzo, si yo trabajé abril, mayo, junio y me retiré en julio. ¿Qué pasó en esos tres meses?”.Por su parte, la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, respondió frente a las declaraciones de Bueno, quién asegura haberle enviado un correo a Rodriguez contándole su situación.“No tengo conocimiento sobre ello, y mi solidaridad. No conozco la señora”.
Alerta en Antioquia por homicidios múltiples que ya han cobrado la vida de 19 personas en menos de dos meses. En lo corrido del año se han reportado seis hechos violentos masivos contra un solo caso que se había registrado el año pasadoLa reciente muerte de tres miembros de una familia en zona rural del municipio de Segovia no solo ha causado indignación por el hecho de que fallecieron tras la explosión de un artefacto que cayó desde un dron, sino que también ha levantado la alerta por los constantes homicidios múltiples que han ocurrido este año en el departamento de Antioquia.Las alarmantes cifras dejan en evidencia que van cinco triples homicidios en municipios como Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, mientras que la primera masacre fue en los límites entre Amalfi y Remedios en donde fueron asesinadas cuatro personas a inicios del mes de enero.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que estas situaciones ponen en evidencia el incremento de la conflictividad y la injerencia de grupos armados como Clan del Golfo, ELN o disidencias."La situación es tan compleja que requiere soluciones integrales. Mire dónde escalamos ya, esto sí amerita toda la atención, no solo del gobierno departamental, sino del gobierno nacional", señaló el funcionario.Las cifras que entregan las autoridades departamentales es que estos seis hechos violentos ocurridos entre enero y febrero representan un incremento si se compara con datos de años anteriores cuando en 2025 solo hubo un caso, en 2024 no había ningún reporte o en 2023 cuando se contabilizaron cuatro homicidios múltiples.Ante la escalada violenta se esperaba una arremetida de la Fuerza Pública que en el caso de Segovia se confirmó la llegada de 100 soldados a la zona, no obstante, la Gobernación de Antioquia criticó que según el último reporte no había presencia del Ejército Nacional en la zona.
La entrada en vigor de un arancel del 50 % por parte de Ecuador a productos colombianos encendió las alarmas del sector empresarial. Los pequeños y medianos empresarios aseguran que el impacto es fuerte y se traduce en riesgo para contratos vigentes, pérdida de competitividad y posibles afectaciones al empleo formal.Según el gremio, un gravamen de esta magnitud encarece los productos colombianos en territorio ecuatoriano, reduce su capacidad de competir frente a otros proveedores y altera las cadenas logísticas, especialmente en las zonas fronterizas. Además, advierten que la incertidumbre comercial puede frenar inversiones y afectar la planeación financiera de empresas que dependen en gran medida de ese mercado.Ecuador ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región. Una parte importante de lo que Colombia vende a ese mercado corresponde a bienes no minero-energéticos como manufacturas, agroalimentos, textiles, productos químicos, cosméticos, medicamentos y alimentos procesados. En estos sectores la participación de las MiPymes es clave y el empleo es intensivo, por lo que cualquier sobrecosto arancelario repercute de manera inmediata en la estabilidad de miles de trabajadores.Ante este panorama, Acopi pidió a ambos gobiernos desescalar la medida mediante una moratoria temporal mientras se activan canales de diálogo técnico. También propuso la creación de una mesa bilateral de alto nivel con autoridades comerciales y aduaneras, la evaluación de exclusiones temporales para bienes esenciales o de alto impacto en empleo MiPyme, el uso de mecanismos regionales de solución de controversias y, del lado colombiano, la implementación de un plan urgente de mitigación que incluya créditos especiales, apoyo para diversificar mercados y acompañamiento en inteligencia comercial.“La estabilidad del comercio regional es fundamental para la sostenibilidad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Un conflicto comercial no puede trasladar su costo al empleo formal ni a quienes cumplen la ley y generan desarrollo. Es momento de privilegiar el diálogo, la proporcionalidad y las soluciones técnicas”, señaló el gremio en su comunicado.Acopi se comprometió a aportar información sectorial y análisis técnico que permitan generar propuestas reales para salvaguardar el empleo y la integración económica en la región.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este lunes que "los golpes más duros" del Pentágono contra Irán "aún están por venir" y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington "será aún más severa".Los golpes más duros del Ejército estadounidense aún están por venir. "La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual", afirmó de manera rotunda en el Capitolio Rubio, quien añadió que no sabe cuánto durará la operación Furia Épica, el ataque conjunto con Israel lanzado desde el sábado contra Irán."No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos: El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación", explicó el máximo responsable de la diplomacia estadounidense.A su vez, Rubio aseguró también que el objetivo del ataque a Irán "es negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a nuestras bases y a nuestra presencia en la región"."Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, y aunque nos gustaría ver un nuevo régimen, la realidad es que, sin importar quién gobierne ese país dentro de un año, no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarnos", detalló el secretario de Estado."Nuestro objetivo es destruir sus capacidades de misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos, así como la amenaza que representa su armada para el transporte marítimo mundial", añadió Rubio, que afirmó que a Washington no le "importaría" que el régimen Ayatolá se viniera abajo tras los ataques y dijo que el Gobierno de Donald Trump espera que "el pueblo iraní pueda derrocar a ese Gobierno".Al anunciar los ataques el fin de semana el propio Trump apuntó a que la ofensiva buscaba acabar con el Ejecutivo islamista, que gobierna el país desde 1979.Rubio, que acudió este lunes a la Cámara de Representantes para explicar los motivos de la intervención y hacer frente a la polémica por haber atacado Irán sin haber pedido permiso al Congreso, afirmó que, en última instancia, la intervención estadounidenses pretendía que el régimen de los ayatolás, con quien Washington estaba negociando a cuenta de su programa atómico, no pudiera "tener un programa nuclear".El secretario de Estado aseguró que Washington consideraba que "había una amenaza inminente" de Teherán en términos armamentísticos y por eso actuó.Los ataques iniciados el sábado por EE.UU. e Israel contra Irán han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otras figuras de la cúpula de la república islámica.
Una nueva discusión se abrió en el sector salud tras la expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Ministerio de Salud, que contempla el traslado de más de tres millones de afiliados dentro del proceso de reorganización del aseguramiento. La mayoría de estos usuarios serían asignados a la Nueva EPS, en un contexto marcado por múltiples EPS intervenidas por el Gobierno.Frente a la medida, Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, expresó su preocupación por el momento en el que se adopta la decisión. Si bien reconoció que los procesos de reorganización pueden ser necesarios dentro del sistema, aseguró que el panorama actual es distinto al de años anteriores, debido a las intervenciones y a la concentración de afiliados en pocas entidades.“Hoy, pretender hacer una reorganización del aseguramiento con EPS intervenidas y trasladar la mayoría de la población a una sola entidad genera inquietud no solo en los usuarios, sino en todos los actores del sistema”, señaló. Según explicó, la preocupación radica en que se asigne mayor población a una EPS que, según el gremio, registra indicadores críticos en calidad, oportunidad y acceso a los servicios.Toro advirtió que la preocupación no se limita a los afiliados que serían trasladados, sino también a los que ya hacen parte de la entidad. “No solo es el impacto para los que llegan, sino para los que están”, afirmó, al insistir en que el aumento de usuarios podría profundizar las dificultades en la prestación.En el frente financiero, el directivo señaló que existe incertidumbre sobre el tamaño real de la cartera. Indicó que establecer con precisión la deuda de la Nueva EPS es complejo debido a la falta de publicación reciente de estados financieros. Sin embargo, recordó que la Superintendencia Nacional de Salud mencionó en días pasados que la entidad podría tener pasivos cercanos a los 15 billones de pesos.A esto se suma, según explicó, que varias EPS intervenidas no estarían postulando la totalidad de las facturas bajo la figura de giro directo y que los montos reconocidos no corresponderían plenamente a lo radicado mensualmente por las IPS. Por ello, el gremio adelanta el cierre de cifras para determinar el saldo definitivo de la cartera al finalizar 2025.Otro de los puntos señalados es la reorganización de la red de prestadores. De acuerdo con la Unión de las IPS, la entidad estaría retirando de su red a instituciones con infraestructura y trayectoria reconocida, mientras vincula nuevos prestadores. “Reorganizar la red implica dejar de contratar con algunas IPS, manteniendo deudas pendientes, y abrir contratos con otras, con el riesgo de repetir incumplimientos”, afirmó Toro.
Una nueva joya turística tendrá Barranquilla. Luego de la recuperación de las playas de Puerto Morcho, la Alcaldía alista una millonaria inversión en la habilitación de un malecón y un mirador que permita conectar a los visitantes con Bocas de Ceniza, el punto en el que se encuentra el río Magdalena y el mar Caribe.Por esto, hasta la fecha se han intervenido 1.5 kilómetros del Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza, con obras que buscan el mejoramiento y conformación de la vía, tal como lo han pedido los habitantes de la zona.El alcalde Alejandro Char explicó que los trabajos actuales se concentran en la adecuación y nivelación de la superficie para garantizar mejor movilidad, mayor seguridad y facilitar el paso de pescadores, visitantes y familias que no solo viven, sino que también trabajan en el sector."Recuperamos la ciénaga de Mallorquín y la convertimos en un Ecoparque lleno de vida, le dimos la cara al río Magdalena con el Gran Malecón, recuperamos las playas de Puerto Mocho para que fueran orgullo de todos, y ahora es el turno del Tajamar hasta Bocas de Ceniza. Un nuevo capítulo para soñar en grande y honrar nuestra historia. Este lugar atraerá miradas, moverá el turismo y hará que más personas se enamoren de nuestro territorio. Espérenlo!", señaló el alcalde a través de su cuenta de X. Así el mandatario hizo énfasis en que el propósito, a su vez, es impulsar el turismo, generar empleo y devolverle a Barranquilla una joya turística y ambiental.
La ola invernal ha dejado fuertes daños en algunas zonas del país, en especial en el departamento de Córdoba en donde cerca de 250.000 personas en 20 municipios perdieron bienes importantes. Las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua debido a las inundaciones que afectan a una región ganadera del norte de Colombia, como parte de una atípica temporada de lluvias que deja 22 muertos en 12 días.Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones.En esta región óptima para la ganadería, los habitantes intentan rescatar con lanchas, barcas improvisadas y camionetas los últimos bienes en puntos críticos donde el agua llega hasta la cintura de los pobladores, según testimonios conocidos por un reportero de la AFP.¿Cómo ayudar a los damnificados?Diferentes artistas y sectores económicos vinculados a la industria del entretenimiento y de alimentos, entre otros, unieron sus voces para solicitar apoyo en favor de las familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba, especialmente en aquellas zonas donde aún no han llegado provisiones de alimentos ni kits de aseo.Las ayudas se recibirán hasta el 3 de marzo de 2026 por medio de centros de acopio habilitados en Bogotá, en el Movistar Arena, y en Medellín, en La Macarena, así como a través de plataformas digitales dispuestas para canalizar donaciones.El fútbol también se unióEn medio de esta situación, el futbolista cordobés Alfredo Morelos, actual delantero de Atlético Nacional, anunció que se sumará a los esfuerzos de ayuda humanitaria. La iniciativa se desarrollará a través de su fundación, en articulación con el Ejército Nacional y el club antioqueño, con el propósito de recolectar ropa nueva, alimentos no perecederos y productos de aseo personal. La campaña también convoca a la hinchada del equipo verdolaga para que participe con donaciones.“Sabemos la situación que está pasando nuestro departamento de Córdoba. En pro con Atlético Nacional, el Ejército y mi fundación, trabajando súper duro para que nuestra gente, el aficionado de Atlético Nacional, aporte también su granito de arena para esta causa que ha golpeado muy duro a nuestro departamento. Sería lindo dar esta ayuda, la situación está muy crítica”, expresó Morelos en diálogo con Win Sports.
Hay preocupación en Barranquilla por la desaparición de dos adolescentes de 13 y 14 años en el norte de la ciudad. La menores habrían subido en un carro pedido por una plataforma el pasado 28 de febrero, desde entonces se desconoce su paradero. Se trata de Emily Sophia Borrero Tapias, de 14 años, quién fue vista por última vez a las 8:15 de la noche del pasado sábado, tras salir de la iglesia cristiana Poder de Dios, la cual está ubicada en la calle 86 con la carrera 64B, norte de Barranquilla.La adolescente de contextura delgada y cabello color castaño, iba vestida al momento de su desaparición con un top acampanado dorado claro, short de color negro y una mochila dorada cruzada en su pecho.La otra menor desaparecida es María de los Ángeles Sánchez, de 13 años. La adolescente es de piel blanca, tiene cabello liso color rubio y ojos grandes color miel. El día de su desaparición vestía blusa negra con mangas cortas, además de un pantalón legui color negro y tenis de tela color negro.De acuerdo con reporte de las autoridades, las menores habrían concertado encontrarse en el centro comercial Meridiem, ubicado con la carrera 59 con la calle 81, norte de Barranquilla, desde donde se cree que tomaron un servicio de taxi a través de la plataforma Uber.Este vehículo ya habría sido ubicado por las autoridades, quienes buscan establecer a qué punto fueron llevadas.Los casos fueron reportadas a la Fiscalía, por lo que se emitieron dos circulares de búsqueda. Autoridades piden a la ciudadanía que tenga información comunicarla a través de los teléfonos 3225089 extensión 50351 ó al celular 302 272 7494.
Este miércoles 4 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Salas, y el obispo auxiliar, monseñor Edgar Mejía, presidirán un momento de oración por los comicios que se avecinan en el país.Ante la proximidad de las elecciones para Congreso de la República, así como para presidente y vicepresidente de Colombia, la Arquidiócesis de Barranquilla convoca esta jornada de oración como signo de unidad, responsabilidad y compromiso cristiano con el bien común.El sacerdote William Pino, delegado del arzobispo para los asuntos relacionados con la política y la justicia, explicó que la invitación se dirige a los católicos y personas de buena voluntad en general, con el fin de promover un espacio abierto para pedir a Dios el don de la sabiduría, la paz y el discernimiento en este momento decisivo para todos los colombianos."Mirando un poco la realidad de las cosas, las diversas situaciones que rodean el ambiente de elecciones, queremos precisamente invitar a todo el pueblo de Dios, a los que hacen parte de las campañas, a los candidatos, a las familias, a que nos unamos en oración para que le hablemos a Dios de la necesidad de que esta actividad se desarrolle en paz, en calma", dijo el padre Pino.Así, la Arquidiócesis insiste en que “la jornada busca promover un ambiente de serenidad, respeto y reflexión en medio de los desafíos sociales y políticos actuales”.
El pasado 17 de febrero, pleno martes de Carnaval, Sheridan Sofías Hernández Noriega, de 14 años, y su hermana Keyla Nicól de 17, salieron de su casa en el barrio La Sierrita, rumbo al municipio de Malambo para encontrarse con unos amigos que había conocido durante las fiestas.Ese fue el último día que sus familiares pudieron verlas de cerca con vida, pues al día siguiente, a eso de las 11 de la noche, comenzó la verdadera pesadilla que finalizaría con un trágico desenlace.A esa hora familiares de las menores empezaron a recibir mensajes de una sola vista, en los que les exigían entre 5 y 20 millones de pesos para dejarlas en libertad, contó Wendy hernandez, hermana de las víctimas, quién aseguró además que el caso fue denunciado ante el Gaula de la Policía.“Empezaron a escribirnos desde el número de uno de las personas con que ella se fueron a pedirnos dinero por la vida de ella, 5 millones, después 5 millones por cada una, después 20 millones, un dinero con que nosotros no contamos y se lo hicimos saber, nos mandaban mensajes de una sola vez de mis hermanas, donde le apuntaban a la última, donde decían que la iban a matar. Mi mamá dio todo eso al GAULA, esperamos respuesta durante días, nunca hubo respuesta”, precisó Wendy.Sin embargo, mientras avanzaban las horas, los mensajes se ponían cada vez más violentos, incluso los delincuentes enviaron videos en los que se veía a la adolescente de 14 años tirada en el suelo mientras le apuntaban en la cabeza. El domingo, hace ocho días, dejaron de escribir. El último mensaje fue una sentencia: que no las encontrarían, que las iban a matar.Blu Radio conoció que los cuerpos de las hermanas fueron hallados enterrados y cubiertos con troncos de madera en el barrio Maranatha, del municipio de Malambo, con disparos en la cabeza. Sus familiares lograron reconocerlas en Medicina Legal por unos tatuajes.Este medio también conoció que un joven de nombre Fabian, quién también es cercano a las víctimas, se encuentra desaparecido y es buscado por las autoridades. Por el momento no hay un pronunciamiento por parte de la Policía sobre este doble homicidio que estremece el departamento del Atlántico.
Enterrados y cubiertos por troncos de madera fueron encontrados la mañana de este lunes los cuerpos de dos mujeres, cuyo avanzado estado de descomposición llevó a que se presentara una fuerte emisión de olor fétido, lo que sacó a la luz lo que otros querían ocultar.Precisamente, fueron los habitantes de una invasión cercana los que llegaron hasta con palas al sitio a tratar de encontrar la causa del fuerte olor, advirtiendo con sorpresa el hallazgo de estos dos cuerpos, lo que llevó a que de inmediato notificaran a las autoridades del hecho.Posteriormente, un equipo del CTI de la Fiscalía y de Medicina Legal se encargó de la exhumación y traslado de los restos para establecer identidades; sin embargo, no fue entregada mayor información del tema.Si bien las autoridades no entregan detalles sobre el asunto, vale la pena recordar que el área metropolitana de Barranquilla suma decenas de casos de mujeres desaparecidas en el último año, entre las que se encuentran Dayana Ochoa, de 40 años, y su hija Lucía, de 10 años. O incluso el de Isamar Algarín, de quien hace casi dos años se desconoce su paradero.Mujeres víctimas de la violenciaColectivos feministas advierten que la violencia que azota al territorio también tiene que analizarse y abordarse con un enfoque de género, pues cada vez son más las mujeres víctimas de toda clase de enfrentamientos.Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres, afirma que por parte de las autoridades se requiere "una verdadera articulación, que se pongan la camiseta, que bajen los programas al territorio, en especial aquellos que ya han sido caracterizados como vulnerables y donde también han caído mujeres por balas perdidas"."Yo creo que todo es un conjunto que hay que intervenir, que hay que hacer un acompañamiento psicosocial, como lo venimos diciendo, esto es un problema estructural, histórico y un compromiso de agenda y de voluntad política", dijo Pareja.
Visiblemente alterado y por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, un estudiante de séptimo grado atacó a puñetazos a su profesor de sociales en plena clase y hasta utilizó su lapicero como arma para agredir en el rostro al maestro.La agresión se produjo en uno de los salones de la Institución Educativa Distrital Olaya, en Barranquilla, donde los mismos compañeros de clases grabaron el momento en que el estudiante se levanta de su pupitre y se va en contra del profesor, quien tras recibir los golpes solo intenta apartarse para no seguir siendo maltratado.Varios estudiantes, ante la situación, intercedieron para separar al alumno del maestro e intentar tranquilizar a su compañero, sin embargo, el profesor ya había sufrido lesiones en el rostro, por las que debió ser trasladado a un centro asistencial.Adeba se pronuncióJosé Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, indicó que este hecho no solo requiere una sanción disciplinaria al estudiante, sino una intervención urgente de las autoridades."Antes de aplicarse el manual de convivencia como tal, yo creo que sería urgente el llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia y a la misma Secretaría de Educación para que realicen una intervención en el entorno de este joven. Si tomamos los correctivos que solamente tiene la escuela y no hacemos una intervención, sería como mandar un delincuente a la calle", dijo el docente.Podrían cancelarle la matrículaPara este lunes fueron citados los acudientes del estudiante agresor y este martes habrá una reunión del Comité de Convivencia de la institución para tomar medidas al respecto, teniendo en cuenta que la conducta del alumno es tipificada como grave y podría acarrear hasta la cancelación de la matrícula al joven.
En su propia habitación fue asesinada a puñal María de los Reyes Herrera Ospino, una mujer de 61 años que residía en el sector de Altos del Río, en Barranquilla.El crimen ocurrió hacia las 11 de la mañana de este domingo, al parecer, en medio de un ataque con arma blanca que habría sido perpetrado por parte de su pareja sentimental.La sospecha en contra de este hombre surge a raíz de una discusión que la pareja habría sostenido en horas de la madrugada. Además, familiares de la víctima sostienen que la última vez que vieron con vida a María de los Reyes, ella se encontraba con él y este abandonó la casa justo después del asesinato.De esta manera, María de los Reyes se convirtió en la primera víctima de feminicidio en el Atlántico, aunque aún se espera la tipificación del crimen ocurrido la semana pasada en Baranoa contra otra mujer, quien habría sido víctima de un ataque sicarial ordenado por una exparejaDesde el Movimiento Amplio de Mujeres, en cabeza de la psicóloga Ruth Pareja, afirman que estos casos evidencian la falta de articulación de las autoridades para prevenir estas muertes y garantizar la justicia ante los crímenes de mujeres."La situación de las mujeres en el Atlántico merece toda la mirada a nivel nacional, pero también merece todo ese acompañamiento de la justicia. Tenemos muchas brechas en esto de la judicialización del victimario, porque la Policía en ocasiones hace lo pertinente y captura, pero también vemos que a los próximos días quedan en libertad", reclamó Pareja.
Una cifra encendió las alertas en el Magdalena a pocos días de las elecciones: la presencia del Clan del Golfo en el departamento habría aumentado en un 653 % desde 2021.La advertencia fue hecha por la gobernadora Margarita Guerra durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, realizada en Santa Marta, donde presentó la cartografía del riesgo electoral en el territorio.Según lo expuesto por la mandataria, el incremento en el número de hombres vinculados a esa estructura armada ilegal obliga a reforzar la presencia institucional en varios municipios priorizados antes de la jornada del próximo domingo 8 de marzo.Los territorios señalados con mayor nivel de atención son Ciénaga, Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Santa Ana, San Zenón, Remolino, Pivijay, Salamina, El Piñón y Zapayán, donde se reporta presencia del Clan del Golfo.“En las elecciones pasadas se presentaron alertas en 12 municipios, donde hubo constreñimiento al elector, prohibiciones y temor. Con base en este mapa, desde la institucionalidad hemos trabajado en las Comisiones de Seguimiento Electoral con el fin de que estos hechos no se repitan y les brindemos a los magdalenenses una elección tranquila”, aseguró Guerra ante representantes del orden nacional y departamental.La Gobernación insistió en que el objetivo es prevenir cualquier forma de presión o alteración del orden público que pueda afectar la participación ciudadana y pidió acciones coordinadas para garantizar unas elecciones con plenas garantías en el Magdalena.
Cuando se encontraba realizando labores propias del campo, en la vereda Sabana Rubio, sector Pandura, en zona rural del municipio de La Paz, Cesar, un campesino, de 55 años, perdió su pie izquierdo y sufrió graves heridas en el resto de su cuerpo, luego de pisar una mina antipersonal que fue enterrada por grupos armados.Se trata de Ricardo Rincón, quien fue auxiliado por familiares y personal médico del municipio.El hecho, que ha sido repudiado en todo el departamento, ocurrió la mañana de este martes. Por la gravedad de las heridas Rincón fue trasladado a la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde se informó que su estado de salud es estable.La Gobernación del Cesar rechazó el lamentable caso. Eduardo Esquivel, secretario de gobierno departamental indicó que ya solicitaron apoyo al Ejército Nacional para realizar trabajos de descontaminación por minas antipersona, dado que se sospecha de la presencia de más explosivos en el territorio que históricamente ha tenido presencia de grupos armados.“Hemos solicitado al Ejército Nacional, para que en la próxima semana podamos tener el desminado humanitario. Para nadie es u secreto los combates que se vienen presentando en Sa José de Oriente con el ELN y disidencias de las Farc, donde se han dado golpes certeros, como la desarticulación del Frente 33 de las Farc y algunos otros encuentro con el ELN”, dijo el funcionario.En el Cesar se desarrolló este lunes un consejo de seguridad después de ocurrida la explosión de la mina.
Desde el pasado 19 de febrero se han registrado varios focos de incendio que han consumido cientos de hectáreas de cerros y bosque seco tropical en poblaciones como María Angola, El Diluvio, Aguas Blanca, Valencia y en corregimiento la Mesa, en jurisdicción de Valledupar.Aún cuando estos ya fueron liquidados, actualmente de nuevo el fuego pone en riesgo la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta y esta vez a las comunidades campesinas del corregimiento de Caracolí, en la capital del Cesar.El sargento Julio Ramírez, del cuerpo de bomberos de Valledupar, señaló que el panorama es desolador.“El panorama es desolador porque le ha consumido el pasto a varias fincas y el ganado ya está en riesgo de quemarse. En estos momentos los campesinos están buscando para dónde pasar su ganado para que no se les queme. El problema que es que bomberos y la demás instituciones están apagando el fuego y los colmeneros iniciando incendios por otro lado, así es que es un cuento de nunca acabar”, dijo el sargento.Por el momento, la agilidad de los campesinos le ha permitido mover el ganado a otros sitios para que no tener pérdidas en el incendio, sin embargo, esta intervención que están realizando con sus propios medios, sin tener las herramientas necesarias, ha desencadenado en la afectación de dos campesinos, uno de ellos quién resultó con quemaduras de segundo grado en su cuerpo y otro, de nombre Manuel Montero, debió ser hospitalizado al resultar intoxicado con la inhalación de humo.El sargento Ramírez insistió en el llamado al gobierno nacional y departamental en reforzar las investigaciones para judicializar a las personas que están realizando las quemas que se están saliendo de control ocasionando un grave daño ambiental.
Entre risas, llanto y jolgorio, Barranquilla enterró este marte a 'Joselito Carnaval' y le dijo adiós a la máxima fiesta de Colombia este año, extendiendo la invitación desde ya para revivirla en el 2026.Le puede interesar: Esta tarde La Arenosa despidió el Carnaval con el cortejo fúnebre de ‘Joselito’, un personaje simbólico de la fiesta, quién muere después de durar cuatro días tomando ron y andar de mujeriego, dejando a varias viudas y deudas atrás.La reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández de Castro y el Rey Momo Gabriel Marriaga, lloraron y bailaron para despedir al icónico personaje carnavalero en el desfile ‘Joselito se va con las cenizas’."Soy la viuda oficial, pero estamos felices de que pasamos un carnaval inolvidable, un carnaval bacano, cuatro días de parranda, de tradición, siete meses de trabajo arduo, entregada, con pasión y siempre resaltando la tradición del Carnaval", dijo la soberana de las carnestolendas. El cierre de la fiesta, como es tradición, fue por cuenta de las viudas que enterraron a Joselito Carnaval, mientras le reclamaban incluso, por dejarlas embarazadas.Los cortejos fúnebres salieron junto a a cumbiambas, danzas de tradición, comparsas, letanías y disfraces que se dieron cita para empezar despedir a esta gran fiesta por este 2025.
Una emergencia se registró durante la mañana de este martes en una finca ubicada en el sector Villa Hermosa, del barrio Nelson Mandela en Cartagena, cuando explotaron varios cilindros que, al parecer, se encontraban almacenados en una habitación de este lugar.Le puede interesar: De acuerdo al reporte de las unidades de Bomberos que atendieron la emergencia, la explosión de los cilindros provocó un incendio que terminó afectando los enceres que se encontraban al interior de la habitación, además de un vehículo.A su vez dos personas que estaban en la propiedad resultaron con lesiones y quemaduras, por lo que tuvieron que ser traslados a centros asistenciales.“Se quemó una habitación completamente, un automóvil y habían almacenados varios cilindros, que van a ser decomisados y llevados a la estación para que sean reclamados por las empresas correspondientes. Gracias a la respuesta rápida, se logró controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas, minimizando mayores afectaciones”, explicó el sargento Alejandro Mouthon, sargento del cuerpo de Bomberos.Por su parte, el director de Bomberos de Cartagena, Jhonny Pérez, hizo un llamado a la ciudadanía a manejar con precaución los cilindros, revisar su estado y almacenamiento y reportar cualquier fuga a tiempo para evitar este tipo de emergencias.
Héctor Amarís, conocido como el ‘Oso Yogui’, está investigado por la Fiscalía en el marco del caso Mega Tanque en Barranquilla. Él sigue viviendo en Miami y no ha sido pedido por la justicia colombiana aún.El ganadero y empresario Luis Enrique Guzmán Chams ha asegurado en repetidas ocasiones que le entregó a la Fiscalía todas las evidencias que tiene contra Amarís y Alex Char como receptores de sobornos para adjudicar dicho proyecto.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Chams, quien también fue excandidato a la Alcaldía de Barranquilla, dijo que, a pesar de la gravedad de los delitos mencionados, nunca han sido judicializados y esto es significativo.La polémica carta del ‘Oso Yogui’"Para mí, la hipótesis que tiene más relevancia y que tiene más lógica, es que esta carta fue una manera de extorsionar a quien fue su amigo y su cómplice, obviamente en los delitos, el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; una carta en donde no está diciendo nada del otro mundo. O sea, son unos delitos muy graves, pero que todos los barranquilleros sabemos que así son", mencionó.Compartió detalles sobre sus incidencias con la justicia, señalando que posee pruebas contundentes sobre la participación de Amarís en varios proyectos en Barranquilla.“Yo tengo pruebas, por lo menos de dos de esos delitos que él está hablando ahí, pero que el señor nunca lo han judicializado por eso. Esta carta me parece importante porque él está reconociendo algo que ya sabíamos que ocurrió aquí en Barranquilla y que, obviamente, nos ha dolido a todos los barranquilleros, porque lo que se robaron en la Triple A, por ejemplo, no fue algo menor", recalcó.Aseguró que ha entregado a la Fiscalía conversaciones y documentos que respaldan sus afirmaciones sobre la implicación de Amarís en la corrupción.Posibles consecuencias LegalesGuzmán Chams mencionó que Héctor Amarís no es colaborador de la justicia estadounidense y está tratando de conseguir asilo político, aunque advirtió que esto podría complicar aún más su situación.Así, hizo un llamado a la justicia, enfatizando la importancia de que aquellos involucrados en el entramado de corrupción respondan por sus actos.
La emergencia económica para los agricultores de Palenquito, corregimiento de Pinillos, en el centro de Bolívar, corre por cuenta del represamiento de cerca de 50 toneladas de ahuyama, las cuales no han podido comercializar debido a la ausencia de compradores.Los labriegos aseguran que, tradicionalmente, almacenaban sus cosechas en el puerto del río Chicagua, donde llegaban numerosos compradores que luego distribuían el producto en los centros urbanos de mayor consumo. Sin embargo, esta vez han aparecido pocos interesados, y los que han llegado ofrecen precios muy bajos.Uno de los motivos de la baja demanda de ahuyama en Pinillos es la alta producción de este alimento en otras zonas del litoral Caribe.Otra razón del desinterés por las cargas de ahuyama es la dificultad para navegar los afluentes del río Magdalena, que, por efectos de la sequía, registran altos niveles de sedimentación.Milet Rojas, líder social de la zona, asegura que, aunque la ahuyama es un producto perecedero, las primeras lluvias que ya caen sobre la región podrían mermar su peso, alterar su sabor y acelerar su descomposición.El mayor temor de los labriegos es que tampoco aparezcan compradores para las próximas cosechas de maíz, yuca, frijol y frutas.