Una operación naval en el Pacífico Sur permitió interceptar una embarcación rápida que transportaba cerca de dos toneladas de cocaína, un cargamento que, de haber llegado a su destino, habría alimentado el crimen transnacional con alrededor de 32 millones de dosis. El operativo se desarrolló en medio de labores de control marítimo y dejó al descubierto una nueva ruta usada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.La acción se produjo tras la detección y persecución, por parte de unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, de una lancha tipo go fast, equipada con cuatro motores y tripulada por tres personas, que intentaba evadir los controles en aguas del Pacífico. La operación fue posible gracias a la coordinación entre distintas autoridades y al apoyo de cooperación internacional, lo que permitió cerrar el cerco y detener la embarcación en plena navegación.Durante el procedimiento fueron incautados 66 bultos grandes y dos pequeños con la sustancia ilícita, mientras que los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades. De inmediato se activaron los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso y la legalidad de la incautación, así como el avance de las investigaciones judiciales.Este golpe representa, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una afectación directa a las finanzas de las redes criminales que operan en el Pacífico, al interrumpir una de sus rutas marítimas estratégicas y reducir los recursos con los que sostienen estructuras de violencia, corrupción y expansión territorial. Cada cargamento que no llega a su destino, coinciden las autoridades, significa menos poder para el narcotráfico y mayor impacto en la seguridad regional.
Como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez fue identificado el hombre asesinado este martes en inmediaciones de la sede de Medicina Legal, ubicada en el barrio Nuevo del municipio de Palmira. En el mismo hecho resultó lesionado Sebastián Jiménez Álvarez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación médica.El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, solicitado a través de una plataforma de transporte, con destino a Medicina Legal de Palmira. En el trayecto fueron interceptadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal y el hombre herido se dirigían a recoger el cuerpo de Leidy Calderón en Medicina Legal. La mujer había sido asesinada el día anterior en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria.“Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”, manifestó la oficial.Finalmente, las autoridades informaron que Leidy Calderón, hermana del hombre fallecido, presuntamente estaría vinculada a actividades de préstamos informales de dinero, conocidos como 'gota a gota', y propietaria de un establecimiento comercial en Villagorgona, además de tener conocimiento de amenazas y posibles hechos de extorsión de su hermano, quien presuntamente pertenecía a una banda delincuencial.
Varios usuarios de la EPS SOS llegaron en la mañana de este martes a las afueras de la sede administrativa de la entidad, ubicada en el sur de Cali, para protestar por las fallas en la prestación de los servicios de salud y las deficiencias en la atención de pacientes con tratamientos especializados.Entre los principales reclamos se encuentran la no entrega oportuna de medicamentos y las dificultades para acceder a los servicios de cuidado en casa. Durante varias horas, los manifestantes expresaron su inconformidad frente a esta situación.“En este momento no tienen la capacidad instalada para responder a la atención de más de 150.000 pacientes. Están entregando fichas, apenas 50 por persona, lo cual no alcanza para una demanda tan alta. Antes el servicio lo prestaba Comfandi, pero por decisiones internas de la EPS SOS se dejó de contratar con ellos. Ahora han vinculado otros prestadores que no han cumplido ni con la calidad ni con la oportunidad que requieren los pacientes. Esto está deteriorando la calidad de vida de las personas”, dijo Fernando Palau, vocero de los usuarios.Tras conocerse la protesta, directivos de la EPS SOS abrieron un espacio de diálogo con los manifestantes, con el objetivo de escuchar sus quejas y presentar una hoja de ruta que permita mejorar la atención a los usuarios. “A finales del año pasado tuvimos inconvenientes con los medicamentos, por lo que de manera inmediata contratamos a un nuevo prestador. Actualmente estamos haciendo ajustes para garantizar la entrega tanto de los medicamentos corrientes como de aquellos que el prestador anterior dejó pendientes. Además, estamos en un proceso de articulación con el prestador Farma para la red de urgencias. Contamos con varias clínicas, según el nivel de complejidad de los usuarios, y con IPS de nivel dos y tres tanto en el norte como en el sur de la ciudad”, afirmó Francia Nieto, directora de Salud de la EPS SOS.Cabe recordar que, ante las reiteradas protestas de usuarios de entidades como la Nueva EPS, Emssanar y ahora la EPS SOS, la Secretaría de Salud de Cali ha hecho un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga y atienda esta situación, teniendo en cuenta que estas EPS se encuentran actualmente bajo intervención.
Una vez más, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que este 2026 lidere una estrategia conjunta de seguridad para el suroccidente del país. A través de la red social "X", la mandataria recordó que durante el año pasado los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño fueron blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales.La gobernadora señaló que es fundamental trazar una sola línea de acción y trabajar bajo un objetivo común y que sea proteger a las comunidades, que son las principales afectadas por la violencia en los distintos territorios de la región.“Este es un mensaje que le he venido dando al Gobierno Nacional y hoy más que nunca lo que necesitamos es articulación interinstitucional. Debe comenzar por el Gobierno Nacional, para que podamos realizar un trabajo conjunto y, por supuesto, con las fuerzas públicas, con el fin de generar acciones mucho más contundentes en materia de seguridad en las regiones”, afirmó Dilian Francisca Toro.Por otro lado, la mandataria se mostró a la expectativa frente al anuncio de diálogos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Señaló que el apoyo de ese país podría fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza pública.“Es muy importante que en esa comunicación diplomática entre Estados Unidos y Colombia también estemos representados los gobiernos subnacionales. A nosotros nos interesa que en esos diálogos se tenga en cuenta el tema de seguridad, porque Estados Unidos nos puede ayudar mucho y así sería más fácil mejorar las capacidades del Ejército”, manifestó la gobernadora.Finalmente, Dilian Francisca Toro insistió en su llamado al presidente Gustavo Petro para que, en su calidad de jefe de Estado, lidere de manera directa la estrategia de seguridad para el suroccidente del país.
El expresidente estadounidenese Bill Clinton se abstuvo este martes de comparecer en una audiencia a puerta cerrada en el Capitolio en Washington sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, con lo cual se expone a cargos de desacato.El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes."No se presentó hoy", dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. "Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas", agregó.Bill Clinton dijo en 2019 que no tenía contacto con Epstein desde hacía más de una década y asegura que nunca tuvo conocimiento de los "terribles crímenes" del empresario.La declaración de Hillary Clinton, ex jefa de la diplomacia estadounidense y derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, está prevista para el miércoles, pero su asistencia es poco probable.El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.¿Bill Clinton enfrentará cargos tras no ir al Congreso?En agosto, cuando el tema causaba gran controversia en Estados Unidos por la reticencia del gobierno Trump a publicar los archivos de Epstein, la pareja Clinton fue convocada por el Congreso."Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003", afirmaba la citación de Comer enviada a Bill Clinton.Y sobre Hillary Clinton indicó: "Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell", condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.La comisión votará las semana próxima para iniciar un procedimiento contra Bill Clinton por obstrucción al Congreso, agregó Comer este martes.Después, ese proceso debe ser votado en la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia tome acciones legales.Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.Las últimas revelaciones en diciembre contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein.
La champeta en Cartagena y en San Basilio de Palenque está de luto. La violencia volvió a golpear la escena musical colombiana tras confirmarse el asesinato de un reconocido DJ, cuyo nombre era habitual en los picós y celebraciones del Caribe. El hecho ocurrió durante un atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy genera indignación entre familiares, colegas y seguidores del artista.El crimen no solo apagó la vida de un joven que buscaba llevar el arte picotero por el Caribe colombiano, sino que también reabrió el debate sobre la inseguridad y el uso de armas en el país, incluso aquellas catalogadas como de letalidad reducida, que siguen cobrando vidas en las calles de la ciudad.Atraco en Cartagena terminó con la vida de un DJ de champetaLa víctima fue identificada como Yorlis Yoriel Miranda Valdés, de 32 años, reconocido DJ de champeta y miembro del equipo del picó Vacile de Palenque. El ataque ocurrió el pasado 31 de diciembre, hacia las 7:30 de la noche, cuando se encontraba en una tienda del barrio El Nazareno, en Cartagena.De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, dos hombres llegaron a pie al lugar y lo intimidaron para hurtarle sus pertenencias. Aunque Yorlis entregó lo que le pidieron, uno de los sujetos le disparó directamente al rostro y, cuando ya estaba en el suelo, volvió a accionar el arma.Cámaras de seguridad registraron el violento ataqueLas grabaciones muestran con claridad el momento del atraco y el rostro de los presuntos agresores. Tras el disparo, el atacante continuó amenazando a las personas que estaban alrededor, mientras la víctima quedaba gravemente herida.La Policía Metropolitana señaló que el arma utilizada era de letalidad reducida; sin embargo, las heridas se complicaron con el paso de los días. Yorlis permaneció hospitalizado y luchó por su vida durante casi dos semanas, hasta que falleció recientemente en un centro asistencial de la ciudad.Así despidieron a Yorlis Miranda tras el violento atracoLa noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Familiares y amigos expresaron su dolor tras la muerte del DJ palenquero. “Primo hermano, te arrebataron la vida de la peor manera. Ojalá supieras la falta que nos vas a hacer. Que Dios te tenga en su santo reino”, escribió un familiar.Desde el entorno cultural de Palenque también hubo pronunciamientos por el atroz desenlace: “La familia Rey de Palenque lamenta profundamente el fallecimiento de un familiar y colega en el arte picotero. Su sueño de ser un gran DJ nunca se apagará y permanecerá en nuestra memoria. Vuela alto, Yorlis”.Las autoridades confían en que los videos de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad. Mientras tanto, la champeta despide a uno de sus exponentes más queridos.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.
El pasado sábado 10 de enero de 2026, el artista de música popular Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas, integrantes de su equipo de trabajo, en el departamento de Boyacá, tras sufrir un accidente aéreo.El artista y su equipo se desplazaban en una aeronave tipo Piper Navajo, cuando se presentaron complicaciones durante la operación en el aeródromo de Paipa.Uno de los puntos de mayor controversia y que ha generado interrogantes es la ausencia de registros de voz y datos del vuelo. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), reveló detalles sobre el curso de las indagaciones técnicas que buscan esclarecer los hechos.Sobre la caja negra, el coronel fue enfático al aclarar que este tipo de dispositivos no son obligatorios para todas las categorías de aviación en Colombia. “Ese avión en específico no presenta registradores de datos de vuelo ni registrador de voz”, explicó el director.Esta revelación resulta clave, ya que dificulta la reconstrucción de las conversaciones en cabina y de los parámetros técnicos durante el momento crítico del despegue o aterrizaje. Según Bello, esta ausencia responde a la normativa vigente para la aviación privada: “Estamos hablando de un área de aviación privada, el poseedor o dueño de sus aeronaves puede determinar qué tipo de tecnología o qué tipo de equipos puede tener a bordo”.“No es un requisito que limite la operación”, enfatizó el oficial, señalando que, en estos casos, la autoridad aeronáutica debe apoyarse en otros elementos probatorios cuando dichos equipos no están disponibles.Otra de las líneas de investigación que ha cobrado fuerza, tras el análisis de videos captados por testigos en el aeropuerto de Paipa, es la posibilidad de que la avioneta hubiera excedido su capacidad de carga.Al respecto, el coronel Bello confirmó que el factor humano y operacional es una prioridad dentro de la metodología actual. “En ese peso y balance es donde nosotros empezamos a hacer ese seguimiento y evaluación, referenciado en términos de peso de la aeronave, términos de peso de combustible, términos de peso de los pasajeros y las maletas que llevaban a bordo”, detalló.La investigación también busca establecer por qué la aeronave continuó con la maniobra pese a las condiciones presentadas. Según Bello, se están realizando cálculos para determinar “si la distancia no fue correcta, si hay una imprecisión en el cálculo inicial, si la velocidad de abortaje estaba calculada dentro de estos parámetros”.Aunque el Piper Navajo es un modelo que dejó de fabricarse hace varias décadas, la Aerocivil defendió la seguridad de este tipo de aeronaves, siempre que cumplan con los protocolos de aeronavegabilidad. El coronel Bello explicó que la antigüedad de un avión no es un impedimento para operar en el espacio aéreo colombiano, siempre y cuando cuente con los permisos correspondientes.“Son aeronaves que, a pesar de tener diferente edad, están en condiciones de desarrollar operación aérea”, afirmó el oficial. No obstante, reconoció que, como cualquier máquina, pueden presentarse fallas inesperadas, razón por la cual la investigación también analiza el historial y los procedimientos de mantenimiento técnico de la aeronave.
Cinco días después del ataque racista del que fue víctima el agente de tránsito José Félix Angulo en Cali, fue emitida la orden de captura en contra de su agresor, Alexis Velasco.Cabe recordar que este hombre le gritó varios insultos y comentarios racistas al agente Angulo el pasado viernes, cuando este le llamó la atención por dejar mal estacionada su motocicleta, en el sector del Parque del Perro."Se expidió la orden de captura por violencia contra servidor público en concurso con actos de discriminación, contra este hombre que agredió de manera racista a uno de nuestros guardas de tránsito. No vamos a permitir más este tipo de agresiones contra agresiones a servidores de públicos", dijo el alcalde Alejandro Eder.Por su parte, el secretario de seguridad de Cali, Jairo García, indicó que este hombre, ya registraba otras anotaciones judiciales por un comportamiento agresivo, específicamente sus antecedentes están relacionados con violencia intrafamiliar.Francia Márquez rechazó insultos contra agente de tránsitoAdemás, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rechazó el ataque verbal contra el agente por medio de su cuenta en X: "¡Rechazamos el ataque y los insultos racistas contra el agente de tránsito José Félix Angulo, en la ciudad de Cali, mientras cumplía con su labor. Toda mi solidaridad con él. El racismo es una forma de violencia y está tipificado como delito!", escribióEn la misma publicación Márquez hizo "un llamado a la Fiscalía para que investigue estos hechos y a las autoridades competentes avanzar, con firmeza, con las sanciones que correspondan"."Necesito justicia. O sea que un negro, un afro como yo ¿no merezco ser agente de tránsito? ¿No tengo las capacidades de los demás? Sí las tengo. Y si estoy aquí, con el uniforme puesto es porque me capacité y estudié para servir en mi trabajo y servirle a Cali. Ese es José Félix Angulo, un servidor", aseguró, por su parte, el agente agredido.Cabe recordar que al agresor del agente de tránsito ya se le había impuesto un comparendo por la agresión racista en contra del agente de tránsito, además de la sanción de cierre que se realizó al establecimiento nocturno donde laboraba debido a que no cumplía con la requerida documentación.
En el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle ,Policía se enfrentó a disparos contra integrantes de las disidencias de las Farc, cuando estos estaban robando tres camiones repartidores de bebidas.Los hechos ocurrieron a las afueras de la institución educativa Presbítero Horacio Gómez, cuyos estudiantes entraron en pánico en el momento de escuchar los disparos. El caos al interior del plantel quedó registrado en video donde se evidenció cómo los niños intentaban refugiarse.Según las autoridades, estos disidentes de las Farc llegaron al sitio donde los vehículos estaban estacionados y obligaron a los conductores a llevarlos hacia la zona montañosa. El llamado de auxilio de la comunidad hizo que la Policía se desplegara por las vías del sector, generando la confrontación."En ese preciso instante hay un enfrentamiento entre los disidentes del frente 'Jaime Martínez' con el personal policial, y como resultado se logra la aprehensión de un menor, el cual tenía un fusil y se evita que dos de los vehículos que pretendían subir hacia el sector de Villacolombia fueran hurtados", explicó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Afortunadamente ni los estudiantes ni los policías resultaron afectados en medio del cruce de disparos, sin embargo, el concejal de Jamundí, Luigi Morales, advirtió que el presunto disidente pretendía esconderse en el colegio que estaba cerca al lugar de los hechos."Los estudiantes de la sede principal de esta institución fueron testigos de la balacera. Según relatan algunos estudiantes y personas de la comunidad, el delincuente quiso resguardarse en el colegio y los policías lograron capturarlo", dijo el concejal Luigi Morales.Tras este episodio la comunidad de Robles, especialmente los padres de familia de los estudiantes de esta institución, solicitan el incremento de los controles en la zona pues aseguran que estos asaltos se registran continuamente.
La Iglesia Católica desde Cali, la cual hace parte de la comisión humanitaria que busca la pronta liberación del pequeño Lyan Hortúa, indicó que hace una semana se perdió la comunicación con los secuestradores del niño.Cabe recordar que la Arquidiócesis de Cali, junto a la Misión de Verificación de la ONU, son los organismos humanitarios que han establecido canales de contacto con los miembros del frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc, sin embargo, ya son varios los días donde no se ha obtenido respuesta."En los últimos días no ha habido ninguna señal, ningún mensaje que permita tener una certeza de que quieran empezar a organizar una acción de orden humanitario para la liberación del niño, hace ya varios días tenemos ahí un silencio, que no hay ninguna manifestación y eso también preocupa", aseguró el padre Diego Guzmán, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali.Pese a esta falta de señales, la misión humanitaria continúa en firme ofreciendo el canal de diálogo con las disidencias del frente 'Jaime Martínez' para lograr la libertad del pequeño en el menor tiempo posible.Esta falta de comunicación es preocupante, teniendo en cuenta que recientemente en Jamundí, en una mesa de seguridad de alto nivel, se definió que no se haría una operación por parte de la fuerza pública, para garantizar el bienestar del niño. "Se descarta un rescate del menor Lyan José, en aras de preservar su vida, su integridad personal y los derechos superiores como menor de edad. Según información de autoridades locales, el menor se encuentra gozando de buen estado de salud. Reiteramos el llamado al grupo armado ilegal a que lo libere prontamente", señaló Javier Sarmiento, procurador delegado de Paz. Por otra parte, algunos familiares de Lyan Hortúa en el exterior le piden al presidente Petro que apoye la gestión para la liberación del niño, aseguran que no se trata de ideologías ni posturas políticas, sino de la protección de un menor de edad."El secuestro de un niño no solo es un crimen, es una herida profunda en el alma de una nación, liberen a Lyan ya. Presidente, le pedimos con urgencia que ponga toda la Fuerza del Estado y se haga todo lo posible para la liberación de Lyan", manifestaron los primos del niño.
Después de sostener una reunión en la tarde de este martes, se lograron varios acuerdos entre las comunidades del corregimiento de Zaragoza y los delegados del Gobierno Nacional, que permitieron levantar el bloqueo en el sector de Bendiciones, en la vía hacia Buenaventura, Valle del Cauca.Entre las conclusiones logradas en la mesa de diálogo está tener otros espacios en Bogotá y en Buenaventura, para definir la ruta a ejecutar en la zona en los temas asociados con los operativos contra la minera ilegal."Vamos a hacer una reunión en Bogotá con seis líderes de la comunidad para seguir tratando el tema minero, el otro acuerdo es hacer unas reuniones de capacitación que se van a hacer el 19 y 20 en Buenaventura y el otro compromiso es otra mesa que aún no se determina si será aquí en Zaragoza o en Buenaventura, y por esto ya la vía está desbloqueada", manifestó María Liliana Vivas, secretaria de gobierno de Buenaventura.Por cuenta de los bloqueos, el sector empresarial y de comercio es el más afectado, que según la cámara de comercio de Buenaventura por día, las pérdidas están entre 8.000 y 10.000 millones de pesos."Desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hacemos un llamado urgente a las autoridades y actores sociales: actuar con responsabilidad y restablecer la movilidad es una prioridad. No podemos permitir que la vida cotidiana de millones de personas siga paralizada", expresó Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV).El sector del turismo es uno de los más afectados, por lo que piden que se tomen medidas para evitar que se presenten nuevos bloqueos. En lo corrido de este 2025, la vía hacia Buenaventura ha sido bloqueada cuatro veces en sectores de Dagua, Loboguerrero y Zaragoza.
En medio de un recorrido que se hizo en la zona donde se registró el atentado a inicios de esta semana en el oriente de Cali, en el barrio Los Lagos de la comuna 13, la vicepresidenta Francia Márquez, manifestó que se está atendiendo a las familias afectadas.También indicó que, con una oferta interinstitucional, se busca brindar atención psicosocial, además de hacerle el acompañamiento a la comunidad.“Quiero en primer lugar, expresar mi rechazo total a estos actos terroristas y estos actos de violencia que manera inmediata tienen que establecer un plan de respuestas para atender a las víctimas para acompañar a las familias y acompañar a la comunidad que se ha visto afectada por situaciones de violencia que se vienen presentando en Cali", dijo la vicepresidenta.Asi mismo entregó detalles sobre los avances que hay en el caso de Lyan José, el niño secuestrado por las disidencias de la FARC hace más de dos semanas en Jamundí, aseguró que hay que tener prudencia para lograr su liberación, ya que está en juego la vida del menor.“Sé que delegados de la oficina del alto comisionado para la paz han estado articulando, la Arquidiócesis de Cali y mi llamado es para que se deje en libertad ese niño, estamos haciendo los esfuerzos, pero hay que cuidar la seguridad del menor, y eso implica tener toda la prudencia, hay que ser cuidadosos cuando se está hablando con grupos armados, donde está en juego la vida del niño, el Gobierno está articulando los esfuerzos para que sea liberado como todos esperamos", expresó Márquez.Por último, la vicepresidenta indicó que tanto en la zona del atentado y como en Cali en general y en todo el sur occidente del país se está fortaleciendo la fuerza pública con acciones preventivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y así evitar nuevos atentados.
El Valle del Cauca se encuentra en máxima alerta ante las fuertes lluvias registradas en el departamento, las cuales han provocado emergencias en más de diez municipios en las últimas 72 horas.La situación más compleja se registró en el centro del departamento, específicamente en el municipio de Buga, donde la creciente súbita de un río obligó a cuatro familias de la comunidad del corregimiento de La María a evacuar sus viviendas, debido al riesgo que estas corrían."El desbordamiento del río ocasionó la pérdida de una vivienda. Una delegación del consejo municipal de gestión del riesgo estuvo presente en la zona entregando recomendaciones preventivas a la comunidad y se ha solicitado la evacuación de sectores con alto riesgo de nuevas afectaciones. De igual manera en la vereda, Las Frías registró un derrumbe que bloqueó el paso vehicular. Nuestros obreros están allí presentes para habilitar la vía y restablecer la movilidad.", indicó Karol Martínez, alcaldesa de Buga.Otros municipios que han reportado afectaciones por las fuertes precipitaciones han sido Ginebra, El Cerrito, Riofrío Trujillo, Calima El Darién, San Pedro, Cartago, Buenaventura y Dagua."Tenemos alrededor de seis municipios con declaratoria de calamidad pública, para atender las emergencias en los diferentes municipios. Según el sistema de información geográfico y el IDEAM, lo que se prevé es que continuemos con las lluvias en el mes de enero, con un incremento del 20% comparado al histórico", explicó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.
Las autoridades adelantan las labores correspondientes para identificar plenamente a un hombre de 39 años que fue asesinado en la carrera 2A con carrera 3 Oeste, en inmediaciones del monumento a Sebastián de Belalcázar, en el oeste de Cali, Valle del Cauca.La Policía confirmó que la víctima presentaba heridas causadas por arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos, un sector frecuentado por cientos de turistas.“Es un hecho desafortunado. Se trata de un hombre de 39 años, víctima de un homicidio bajo la modalidad de sicariato con arma de fuego. Lamentamos lo ocurrido y hemos desplegado todas nuestras unidades, incluida la Policía de Turismo, en este sector”, señaló el coronel Andrés Buitrago, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cali.La primera hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con los llamados ‘gota a gota’, presuntamente por un préstamo de dinero a la víctima.“Al parecer, este hecho estaría relacionado con los denominados pagadiarios. En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta todas las acciones judiciales y la recolección de elementos materiales probatorios”, explicó el oficial.Durante el puente festivo de Reyes, y de acuerdo con el reporte de la Policía, en Cali se registraron cinco homicidios: uno el viernes, dos el sábado y dos este domingo.
Como Andrés Felipe Castañeda, de 25 años, fue identificado el patrullero de la Policía Nacional que murió en un accidente de tránsito ocurrido en la calle 23 con carrera 3, en el barrio San Nicolás, centro de Cali. El uniformado y otro compañero se movilizaban en una motocicleta institucional, cuando colisionaron contra un vehículo particular.De acuerdo con las autoridades, la víctima, oriunda del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, llevaba dos años de servicio en la Policía Metropolitana de Cali. En un video captado por cámaras de seguridad del sector se observa el momento en que ambos vehículos colisionan, dejando a los policías tendidos en la vía y al automóvil impactado contra un poste de energía."Es un siniestro vial ocurrido el pasado 9 de enero que cobró la vida del patrullero y, de acuerdo con la información preliminar, el uniformado ya se encontraba regresando a su lugar de residencia cuando ocurrió el hecho, en un cruce vial, en circunstancias que son materia de investigación. El accidente se registró mientras se realizaban intervenciones policiales en la ciudad", dijo el coronel Andres Buitrago, comandante (E) policía metropolitana de Cali.Sobre las personas que se movilizaban en el vehículo particular, se conoció que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica tras el fuerte impacto del choque.“Son dos mujeres, sufrieron algunas lesiones, pero horas después fueron dadas de alta. Al conductor de este vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado negativo. Este accidente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes y judiciales”, señaló el oficial.En el siniestro también resultó herido otro policía, quien permanece hospitalizado bajo observación médica, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.
Una operación liderada por la Policía permitió intervenir 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, zona rural del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó. La acción representó un golpe directo a las economías ilícitas del Clan del Golfo, estructura criminal que se lucraba de la explotación ilegal de yacimientos mineros y que ha sido señalada de depredar de manera sistemática los recursos naturales de la región.La intervención fue ejecutada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó). El trabajo articulado permitió identificar varios frentes de extracción ilegal durante patrullajes de observación y control en zonas de difícil acceso.Como resultado de la operación, las autoridades intervinieron 12 casos de minería ilegal y lograron la destrucción e inutilización de cinco dragas, 20 motobombas y 13 motores, maquinaria empleada para la extracción ilícita de minerales en afluentes y áreas boscosas. De acuerdo con la Policía, estos equipos tenían un avalúo aproximado de 275 millones de pesos, lo que representa una afectación significativa a la capacidad financiera y logística del Clan del Golfo en esta zona del país.Además del impacto contra las economías criminales, el operativo tuvo un efecto directo sobre la protección del capital natural del Chocó. La minería ilegal venía generando una grave degradación de ecosistemas estratégicos, la alteración de la franja forestal protectora y la contaminación de fuentes hídricas, principalmente por el uso de mercurio y otros químicos altamente tóxicos utilizados en los procesos de extracción.Las autoridades advirtieron que estas prácticas no solo ponen en riesgo los ríos y suelos, sino que también afectan de manera severa la fauna y la flora silvestre, provocando el desplazamiento de especies y, en muchos casos, su muerte por intoxicación. La intervención permitió frenar de manera temporal estos daños y reducir la presión ambiental sobre territorios altamente sensibles.“Cada una de estas operaciones refleja el compromiso permanente de la Policía Nacional con la protección del capital natural del país. Al intervenir la minería ilegal no solo afectamos las economías criminales, sino que protegemos los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad que son fundamentales para las comunidades y para las futuras generaciones”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que el trabajo interinstitucional seguirá fortaleciéndose para garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.