Un trágico hecho ocurrido en Estados Unidos mantiene de luto a una familia caleña y ha generado conmoción tanto en Colombia como en la comunidad latina en el exterior. Se trata del asesinato de Johan David Adarve, un joven de 17 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando salía de su jornada académica en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.De acuerdo con la información conocida, el menor residía junto a su familia en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años. El crimen se registró cuando Johan David se disponía a regresar a su vivienda, luego de salir del colegio, en compañía de su pareja sentimental, quien también es menor de edad y su primo, que también fue agredido.En ese momento, el joven habría sido abordado por uno de sus compañeros de institución, quien presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia, el adolescente falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.Keila Adarve, tía del joven, manifestó que la familia solicitó acompañamiento y medidas de protección, al advertir que el adolescente era objeto de burlas, intimidaciones y amenazas por parte de algunos compañeros. Sin embargo, sostienen que no recibieron una respuesta efectiva que permitiera prevenir una situación de riesgo."Johan venía presentando problemas de acoso escolar, el cual se reportó a la escuela, pero la escuela nunca tomó medidas acerca de esto. El niño que disparó el arma de fuego estaba afuera, lo estaba esperando junto a otras personas, cuando lo vieron, se fueron detrás de mi sobrino, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el pie", manifestó la tía.Los familiares también expresaron su preocupación por la seguridad de otros jóvenes cercanos a Johan David, quienes, según indican, continúan siendo víctimas de acoso, por lo que temen que se presenten nuevos hechos de violencia si no se adoptan acciones oportunas.Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existían antecedentes que permitan determinar responsabilidades adicionales. En el proceso se adelantan labores de recolección de testimonios y análisis de material audiovisual de la zona donde ocurrió el ataque.Por su parte, la institución educativa a la que asistía el menor emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Entre tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado manifestaciones y actos simbólicos en memoria de Johan David Adarve, exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los estudiantes, especialmente frente a situaciones de acoso escolar y violencia juvenil.
El pasado jueves 14 de enero, en horas de la noche, se registró el homicidio de un menor de 17 años en el barrio Barberena, comuna 12, en el oriente de Cali, hecho que generó un amplio despliegue de las autoridades en esta zona de la ciudad.Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali activaron de manera inmediata un plan candado con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Durante el procedimiento, los presuntos implicados, al notar la presencia de los uniformados y verse acorralados, abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación.En medio del intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos y, posteriormente, fueron capturados por las autoridades. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los detenidos presentan antecedentes judiciales y entregó detalles del operativo.“Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación”, precisó el oficial.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y establecer si estaría relacionado con disputas por el control territorial, conocidas como fronteras invisibles, o si existen otras causas detrás de este hecho violento. Asimismo, se busca determinar la plena responsabilidad de los capturados en el asesinato del menor.
Una vez más, el oriente de Cali fue escenario de un enfrentamiento violento entre jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La riña, que se prolongó durante varios minutos, se presentó en las afueras de la estación del MIO de Aguablanca.De acuerdo con la información preliminar, en el hecho habrían participado pandillas juveniles de los barrios Mojica y Bonilla Aragón. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión y la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena vía pública.La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron afectaciones a viviendas y riesgos para personas ajenas al conflicto. David Moreno, residente de la zona, expresó su rechazo a estos hechos y pidió una intervención urgente por parte de las autoridades.“Es muy triste porque se dañan las casas, los vidrios, y también se afecta a personas que no tienen nada que ver con esto. De todo corazón, le pedimos a las autoridades que hagan presencia, que nos den soluciones y que nos brinden seguridad a la comunidad”, señaló Moreno.Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta el lugar, lograron dispersar a los involucrados, y restablecer el orden en el sector.Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia manifestaron que este tipo de enfrentamientos, conocidos como ‘Guireo’ o ‘Chacaleo’, están asociados a conflictos por fronteras invisibles entre barrios. La entidad aseguró que se adelantan acciones de prevención e intervención para evitar que estos hechos se sigan presentando en la ciudad.
Aunque los homicidios y enfrentamientos entre las bandas criminales en Buenaventura se han reducido en las últimas semanas, en la realidad la comunidad continúa siendo intimidada y amenazada por los integrantes de estos grupos.La situación más preocupante la viven los comerciantes bonaverenses quienes todos los días se ven obligados a pagar altas sumas de dinero a integrantes de estas bandas, para evitar ataques a sus negocios y a sus trabajadores. Esto ha obligado en las últimas horas a dos reconocidos establecimientos de comidas del distrito, a realizar su cierre definitivo, pues se ha vuelto insostenible."Este es un fenómeno que ha existido siempre y ahorita con lo que estamos viviendo, el anuncio de muchos negocios que cierran. Parte del sector pesquero también ya lo están pensando, hablan de seis u ocho negocios que cierran las puertas. Entonces eso es complicado, estamos mirando cómo buscamos de reunirnos con esas personas.", señaló Emiliano Muñoz, presidente de la Agremiación de Comerciantes de Buenaventura.Por su parte, el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, hizo un llamado a las autoridades locales a garantizar la tranquilidad de los bonaverenses, teniendo en cuenta que si bien los enfrentamientos entre bandas criminales se han reducido, otras conductas delictivas como las extorsiones, el reclutamiento de menores, entre otros, aún siguen activas."Efectivamente, esa es la gran preocupación que tenemos, que lo que sucedió en 2025 no se vuelva a presentar, cuando más de 200 comerciantes solicitaron traslado de sus negocios. Estamos en 2026, justamente queremos minimizar ese riesgo de que la gente por falta de seguridad tome la decisión de cerrar su negocio", añadió el personero.
Sigue la crisis para los usuarios de la Nueva EPS en Antioquia; en esta oportunidad, el turno es para una paciente del Hospital San Rafael del municipio de Itagüí. La usuaria asegura que no recibe la atención que requiere.La difícil situación que atraviesa actualmente el sector de la salud en el país, y que se refleja de manera directa en el departamento antioqueño, sigue dejando huellas a medida que avanzan los días. El último caso conocido es el drama de una adulta mayor, usuaria de la Nueva EPS, en el municipio de Itagüí.De acuerdo con Johanna Baena, nieta de la paciente, su abuela ingresó al Hospital San Rafael de Itagüí el pasado fin de semana, luego de sufrir un accidente en el municipio de Angelópolis, suroeste del departamento. El traslado de la adulta mayor tomó más de dos horas, debido a la fractura de fémur en una de sus piernas que sufrió en ese accidente.Según Baena, la situación de su abuela, que está cerca de los 80 años, se agrava a medida que pasan los días, pues el dolor de la señora cada día es más intenso, y denuncia que no cuenta con una respuesta clara sobre cuándo recibirá la atención que requiere, ya que, según ella, desde el mismo hospital le sugieren retirar voluntariamente a la paciente y trasladarla a otro centro médico.“Mi abuela es una señora de ochenta años, sufrió un accidente en casa. Se encuentra en este momento en el Hospital San Rafael del municipio de Itagüí. Está a la espera de una cirugía, y lo único que ha recibido durante estos tres días en el hospital es tramadol para el dolor”, indicó.Blu Radio intentó contactarse con las directivas del Hospital San Rafael del municipio de Itagüí para conocer de primera mano la postura y la versión del centro médico en este caso particular, pero por el momento indicaron que se pronunciarán al respecto a través de un boletín de prensa.
El último adiós al cantante de música popular Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, se llevó a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena en Bogotá.Largas filas caracterizaron la jornada de hoy a las afueras del recinto, pues miles de fans en la capital buscaban despedirse del artista que marcó todo un género, y aunque no todos lograron entrar, quienes presenciaron el homenaje lograron escuchar las voces de cantantes como Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso, entre otros.La presencia de la familia de Yeison Jiménez en el lugar también fue un gran motivo de lágrimas para quienes presenciaron el último adiós. El relato de la mamá del cantante, tanto el de su pequeña hija de 7 años, Thaliana Jiménez, dejaron una huella en los presentes.Sin embargo, un gesto que tuvo la esposa del artista de música popular, Sonia Restrepo, en medio del homenaje, conmovió a las fans, quienes resaltaron todo el amor que la mujer tenía por su pareja y padre de sus hijos.Todo ocurrió cuando la esposa del fallecido artista se acercó al féretro simbólico con un emblemático objeto entre sus manos: el sombrero de Yeison Jiménez, el cuál dejó sobre el ataud para luego darle un beso mientras en su otra mano sostenía un rosario, que demuestra la fe de la familia.Este es el video del gesto que tuvo la esposa de Yeison Jiménez:Aunque la jornada ha estado marcada por la emotividad y los mensajes de familiares, amigos y colegas del cantante, a las afueras del Movistar Arena se han presentado situaciones de desorden que habrían requerido la intervención de la fuerza pública.Desde el inicio, el equipo de trabajo y los familiares de Yeison Jiménez informaron que el evento sería de ingreso gratuito, pero con aforo limitado y controlado. Esta medida implicaba que no todos los seguidores podrían ingresar al recinto, lo que generó inconformidad entre algunos asistentes.Ante esta situación, varios aficionados habrían intentado ingresar a la fuerza al Movistar Arena, obligando a la intervención del UNDMO para controlar a quienes buscaban colarse y alterar el desarrollo del homenaje al artista.
El traslado se realizó mediante un puente aéreo que se mantiene activo desde el pasado 5 de enero y que permitió llevar combustible esencial hasta los municipios de Mitú y Puerto Inírida.La operación se llevó a cabo desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, en Apiay (Meta), utilizando aeronaves C-130 Hércules, que completaron diez vuelos consecutivos para cumplir con la misión logística. En estos aviones se instalaron equipos especiales conocidos como BATT-TANK (Batt Bulk Aviation Transport Tank), bidones portátiles diseñados para el transporte seguro de combustible en zonas apartadas y de difícil acceso.El abastecimiento aéreo fue solicitado y coordinado por el Ministerio de Minas y Energía como respuesta a la escasez generada por el intenso verano, que ha dejado a varias poblaciones con serias dificultades para recibir combustibles por rutas fluviales. El ACPM transportado es clave para el funcionamiento de plantas eléctricas, servicios básicos y actividades esenciales en estos territorios.La operación refleja la magnitud de la emergencia logística que atraviesan las regiones del suroriente del país, donde el aislamiento geográfico se agrava durante las temporadas secas. Mientras persista el bajo nivel de los ríos, el transporte aéreo se mantiene como una de las pocas alternativas para garantizar el suministro de combustible y evitar una mayor afectación a las comunidades.
Mediante una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García, y a los integrantes de la Comisión de Administración, la directora administrativa del Senado de la República, Astrid Salamanca, advirtió sobre la crítica situación presupuestal que enfrentará la corporación durante la vigencia 2026, tras la asignación de recursos establecida en el Decreto 1477, con el que se adopta el Presupuesto General de la Nación (PGN).Según el documento, el presupuesto aprobado asciende a $486.548 millones, cifra que representa una reducción del 2 % frente al presupuesto final de 2025 y del 35 % frente a lo solicitado en el anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda.De acuerdo con la comunicación, el Senado había solicitado para 2026 un presupuesto total de $656.321 millones, que incluía recursos para funcionamiento, gastos de personal, inversión y servicio de la deuda. Sin embargo, la asignación final no solo fue inferior a lo requerido, sino que tampoco contempla incrementos frente a la vigencia anterior, pese a que los costos de funcionamiento se incrementarán entre el 5,1 %, correspondiente al IPC de 2025, y hasta el 23 % por el aumento del salario mínimo. Según Salamanca, esta situación impediría cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento del Senado.El panorama resulta aún más preocupante en materia de inversión, ya que los $60.435 millones asignados fueron destinados en su totalidad a un único proyecto de seguridad y movilidad de servidores públicos, dejando sin financiación iniciativas clave relacionadas con la modernización tecnológica y el fortalecimiento del sistema integrado de seguridad del Congreso.Entre los proyectos que quedarían sin recursos se encuentran la actualización de los sistemas de información, la modernización del recinto de la plenaria, la renovación de equipos tecnológicos, la mejora de la infraestructura eléctrica y de iluminación del Edificio Nuevo del Congreso, así como la adquisición y renovación de sistemas de seguridad como rayos X, arcos detectores de metales, equipos antiexplosivos, sistemas antidrones y plataformas de videovigilancia, entre otros.Ante este escenario, la entidad informó que solicitó al Departamento Nacional de Planeación un concepto favorable para realizar un traslado presupuestal mediante decreto que permita garantizar, al menos, servicios esenciales en tecnología y seguridad. No obstante, advirtió que, si este trámite no se aprueba antes del inicio de la ley de garantías electorales, el 31 de enero de 2026, el Senado quedaría sin estos servicios, sin apoyo operativo a la Policía Nacional y sin contrato para cerca de 70 personas que prestan apoyo técnico y de seguridad, muchas de ellas en condición de discapacidad.Finalmente, la Dirección General Administrativa manifestó que, de no resolverse estos problemas presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y del DNP, se comprometería la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos, la seguridad física y la operación institucional del Senado durante la vigencia 2026.
El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24.Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 del jueves en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán).Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.La notificación iraní especifica que el cierre de su espacio aéreo está cerrado a "todos los vuelos", excepto a los internacionales hacia y desde Irán que tengan permiso previo de las autoridades de Teherán.La tensión en Irán va en aumento después de 18 días de protestas antigubernamentales que han dejado miles de muertos a raíz de la represión de las fuerzas estatales.La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida, mientras que las autoridades iraníes reconocieron el miércoles que ha habido "muchos muertos", sin especificar la cifra.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.Sin embargo, este mismo miércoles el mandatario estadounidense aseguró haber sido informado de que "las matanzas en Irán están cesando" y "no hay planes para ejecuciones", en sus propias palabras.
En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.
Desde la mañana de este miércoles, decenas de madres, cuidadoras y acudientes de niños discapacitados en Cali se encuentran a las afueras de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protestando por el cambio del operador que contrata al personal que atiende a estos menores en los centros educativos de la entidad.Estas mujeres aseguran que está en riesgo el proceso académico de más de 400 niños y, además, dejaría sin trabajo a aproximadamente 110 educadoras que hoy piden claridad de cómo se adelantó el proceso para seleccionar al nuevo personal."No cuentan con experiencia comprobada en la atención a personas con discapacidad, no conocemos su ubicación, no sabemos si tienen instalaciones, equipos o programas adecuados. Lo más grave es que no están garantizando los cupos de nuestros hijos", señaló Reineris Samboni, una de las manifestantes.Las manifestantes adelantan bloqueos bloqueos intermitentes en la avenida 2da norte con calle 34, en inmediaciones al parque del Avión, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan tomar rutas alternas, debido a la gran congestión vehicular que actualmente hay en la zona."Realmente no tenemos claridad de cuál fue el proceso y los criterios que tuvieron en cuenta para poder escoger a las entidades que pasaron la oferta y que hoy están en operación. Es una situación que nos parece muy grave porque se interrumpen los procesos que se han venido desarrollando con esta población", aseguró Vanessa Pedroza, gestora pedagógica.
Una operación naval en el Pacífico Sur permitió interceptar una embarcación rápida que transportaba cerca de dos toneladas de cocaína, un cargamento que, de haber llegado a su destino, habría alimentado el crimen transnacional con alrededor de 32 millones de dosis. El operativo se desarrolló en medio de labores de control marítimo y dejó al descubierto una nueva ruta usada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.La acción se produjo tras la detección y persecución, por parte de unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, de una lancha tipo go fast, equipada con cuatro motores y tripulada por tres personas, que intentaba evadir los controles en aguas del Pacífico. La operación fue posible gracias a la coordinación entre distintas autoridades y al apoyo de cooperación internacional, lo que permitió cerrar el cerco y detener la embarcación en plena navegación.Durante el procedimiento fueron incautados 66 bultos grandes y dos pequeños con la sustancia ilícita, mientras que los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades. De inmediato se activaron los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso y la legalidad de la incautación, así como el avance de las investigaciones judiciales.Este golpe representa, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una afectación directa a las finanzas de las redes criminales que operan en el Pacífico, al interrumpir una de sus rutas marítimas estratégicas y reducir los recursos con los que sostienen estructuras de violencia, corrupción y expansión territorial. Cada cargamento que no llega a su destino, coinciden las autoridades, significa menos poder para el narcotráfico y mayor impacto en la seguridad regional.
Como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez fue identificado el hombre asesinado este martes en inmediaciones de la sede de Medicina Legal, ubicada en el barrio Nuevo del municipio de Palmira. En el mismo hecho resultó lesionado Sebastián Jiménez Álvarez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación médica.El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, solicitado a través de una plataforma de transporte, con destino a Medicina Legal de Palmira. En el trayecto fueron interceptadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal y el hombre herido se dirigían a recoger el cuerpo de Leidy Calderón en Medicina Legal. La mujer había sido asesinada el día anterior en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria.“Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”, manifestó la oficial.Finalmente, las autoridades informaron que Leidy Calderón, hermana del hombre fallecido, presuntamente estaría vinculada a actividades de préstamos informales de dinero, conocidos como 'gota a gota', y propietaria de un establecimiento comercial en Villagorgona, además de tener conocimiento de amenazas y posibles hechos de extorsión de su hermano, quien presuntamente pertenecía a una banda delincuencial.
Varios usuarios de la EPS SOS llegaron en la mañana de este martes a las afueras de la sede administrativa de la entidad, ubicada en el sur de Cali, para protestar por las fallas en la prestación de los servicios de salud y las deficiencias en la atención de pacientes con tratamientos especializados.Entre los principales reclamos se encuentran la no entrega oportuna de medicamentos y las dificultades para acceder a los servicios de cuidado en casa. Durante varias horas, los manifestantes expresaron su inconformidad frente a esta situación.“En este momento no tienen la capacidad instalada para responder a la atención de más de 150.000 pacientes. Están entregando fichas, apenas 50 por persona, lo cual no alcanza para una demanda tan alta. Antes el servicio lo prestaba Comfandi, pero por decisiones internas de la EPS SOS se dejó de contratar con ellos. Ahora han vinculado otros prestadores que no han cumplido ni con la calidad ni con la oportunidad que requieren los pacientes. Esto está deteriorando la calidad de vida de las personas”, dijo Fernando Palau, vocero de los usuarios.Tras conocerse la protesta, directivos de la EPS SOS abrieron un espacio de diálogo con los manifestantes, con el objetivo de escuchar sus quejas y presentar una hoja de ruta que permita mejorar la atención a los usuarios. “A finales del año pasado tuvimos inconvenientes con los medicamentos, por lo que de manera inmediata contratamos a un nuevo prestador. Actualmente estamos haciendo ajustes para garantizar la entrega tanto de los medicamentos corrientes como de aquellos que el prestador anterior dejó pendientes. Además, estamos en un proceso de articulación con el prestador Farma para la red de urgencias. Contamos con varias clínicas, según el nivel de complejidad de los usuarios, y con IPS de nivel dos y tres tanto en el norte como en el sur de la ciudad”, afirmó Francia Nieto, directora de Salud de la EPS SOS.Cabe recordar que, ante las reiteradas protestas de usuarios de entidades como la Nueva EPS, Emssanar y ahora la EPS SOS, la Secretaría de Salud de Cali ha hecho un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga y atienda esta situación, teniendo en cuenta que estas EPS se encuentran actualmente bajo intervención.
Una vez más, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que este 2026 lidere una estrategia conjunta de seguridad para el suroccidente del país. A través de la red social "X", la mandataria recordó que durante el año pasado los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño fueron blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales.La gobernadora señaló que es fundamental trazar una sola línea de acción y trabajar bajo un objetivo común y que sea proteger a las comunidades, que son las principales afectadas por la violencia en los distintos territorios de la región.“Este es un mensaje que le he venido dando al Gobierno Nacional y hoy más que nunca lo que necesitamos es articulación interinstitucional. Debe comenzar por el Gobierno Nacional, para que podamos realizar un trabajo conjunto y, por supuesto, con las fuerzas públicas, con el fin de generar acciones mucho más contundentes en materia de seguridad en las regiones”, afirmó Dilian Francisca Toro.Por otro lado, la mandataria se mostró a la expectativa frente al anuncio de diálogos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Señaló que el apoyo de ese país podría fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza pública.“Es muy importante que en esa comunicación diplomática entre Estados Unidos y Colombia también estemos representados los gobiernos subnacionales. A nosotros nos interesa que en esos diálogos se tenga en cuenta el tema de seguridad, porque Estados Unidos nos puede ayudar mucho y así sería más fácil mejorar las capacidades del Ejército”, manifestó la gobernadora.Finalmente, Dilian Francisca Toro insistió en su llamado al presidente Gustavo Petro para que, en su calidad de jefe de Estado, lidere de manera directa la estrategia de seguridad para el suroccidente del país.