Desde el Congreso de la República se abrió el debate sobre el alto costo de las multas por infracciones de tránsito en Colombia, una situación que, según líderes regionales, afecta de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos sin garantizar una mayor protección de la vida en las vías.Desde Cali, Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, hizo un llamado a los congresistas para que lideren una discusión nacional que permita replantear el valor de las sanciones, argumentando que proteger la vida, educar y corregir conductas no debe implicar el cobro de sumas excesivas.“Las multas por infracciones de tránsito en Colombia son excesivamente caras. Por eso hoy estoy acá en el Congreso porque desde Cali queremos pedirles que se apropien de la conversación y lideren la protección por la vida y además por el bolsillo de los colombianos. Las multas este año también subirán junto con el aumento del salario mínimo. Y así lo hiciesen, el costo de una infracción de tránsito puede ser el equivalente a los ingresos totales de una persona durante todo un mes o aún más. No es justo sacrificar lo que una familia destina para su comida, para la educación de los hijos, para arriendo porque las multas sean caras”, dijo el secretario.Actualmente, infracciones como no portar el SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción pueden costar cerca de un salario mínimo, mientras que el exceso de velocidad equivale aproximadamente a la mitad de ese ingreso. La situación se vuelve más crítica segun el secretario de movilidad, si se tiene en cuenta que más del 45 % de los colombianos gana menos de un salario mínimo, lo que hace que estas multas sean impagables para una gran parte de la población.“Muchos reciben multas porque se equivocan, otro tanto porque se rehúsan a respetar la ley. Para los primeros es un castigo excesivo, para los segundos en muchos casos es irrelevante porque ni siquiera las pagan. Hoy por no tener SOA, técnico mecánica o licencia se debe pagar aproximadamente un salario mínimo entero, por exceso de velocidad la mitad. Colombia necesita orden, sí, pero un orden que salve vidas, no uno que castigue reventando el bolsillo.”, explicó el funcionario público.Finalmente, Orozco propuso al Congreso reducir el valor de las multas y modificar el mecanismo de aumento anual, señalando que en países con vías más seguras las sanciones suelen equivaler al ingreso de entre uno y cinco días, además de indicar que el país necesita normas que salven vidas sin castigar de manera excesiva a los ciudadanos.
Tras una reunión realizada en Bogotá entre varios gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda, los mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones frente al decreto de emergencia económica y el impacto que tendría el incremento del impuesto a licores y cigarrillos en las finanzas territoriales.La gobernadora explicó que este gravamen afectaría directamente las rentas departamentales, recursos que se destinan a garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Advirtió que una disminución en estos ingresos pondría en riesgo programas esenciales como el PAE, el transporte escolar y el régimen subsidiado de salud.“Yo creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto, decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas, que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Como resultado del encuentro, la mandataria anunció que los gobernadores participarán en una mesa técnica con el fin de analizar el comportamiento de los tributos. Además, informó que se elevará una solicitud ante la Corte Constitucional para establecer una salvaguarda frente a las medidas que afectan las rentas por licores y cigarrillos.“Vamos a atender la invitación del ministro de hacer una mesa técnica para poder evaluar los tributos, cómo van disminuyendo y si en un momento determinado tienen que salvaguardar, porque quien va a definir esto es la Corte Constitucional. Esta es una medida que acabamos de tomar, de tomar la decisión de que vamos a solicitar a la Corte Constitucional de que nos genere una salvaguarda para el tema de licores y una protección temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillos.”, expresó Toro.Finalmente, la gobernadora del Valle del Cauca alertó que las rentas provenientes del cigarrillo ya registran una caída cercana al 40 %, principalmente por el contrabando, una actividad que además fortalece estructuras criminales y agrava los problemas de seguridad. En el caso del Valle del Cauca, la medida también se traduciría en un fuerte aumento para los consumidores, con una botella de aguardiente de 750 ml que pasaría de $39.300 a $65.200, y el ron de $51.300 a $82.800.
La oportuna reacción de unidades de la Armada Nacional evitó la entrega de más de una tonelada y media de cocaína de alta pureza, que tenía como destino Centroamérica, y permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno colombiano.El capitán de corbeta, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, Andrés Henao, dijo a Blu Radio que la Armada Nacional, a través del Departamento de Inteligencia, fue alertada sobre los movimientos de una lancha rápida que se desplazaba por aguas del Pacífico, a unas 197 millas del puerto nariñense de Tumaco.El oficial indicó que de inmediato se dio la orden a una unidad de reacción rápida para realizar la interdicción de la embarcación, en cuyo interior —según explicó— se encontraron 62 costales en los que iban mimetizados los kilos de cocaína.Tras la llegada de la motonave y sus tripulantes a Tumaco, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada y determinaron que los costales contenían 1.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína.Según Henao, con este resultado se logró una afectación económica de más de 64 millones de dólares, que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 3,3 millones de dosis en las calles del mundo.Este es el segundo cargamento incautado en los primeros 19 días de enero de 2026.El oficial agregó que, gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, el pasado 14 de enero unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación tipo “go fast” que se desplazaba de manera sospechosa a 140 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) hasta el lugar de los hechos para efectuar la interdicción de la embarcación. Al realizar la inspección, los marinos de Colombia hallaron en su interior 68 bultos que, por sus características, se asemejarían a sustancias ilícitas, así como 18 canecas plásticas con combustible.
Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
La Contraloría General de la República reveló este lunes graves irregularidades en dos contratos ejecutados por Ecopetrol, que dejaron como resultado hallazgos fiscales por más de 86.000 millones de pesos. De acuerdo con el organismo de control, las fallas se concentran en el proyecto del Ecoparque Solar Providencia y en un contrato con la empresa Morelco S.A.S.El primer caso corresponde al convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, cuyo propósito era fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia tras los devastadores efectos del huracán Iota en 2020. Sin embargo, una auditoría realizada en 2024 determinó que el proyecto nunca entró en operación integral, lo que generó un daño fiscal estimado en $49.592 millones.Según la Contraloría, el Ecoparque Solar Providencia presenta inoperancia total, deterioro de activos, pérdida progresiva de su vida útil y riesgo de sobrecostos para una eventual puesta en marcha. Uno de los principales incumplimientos detectados fue la no entrega del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), componente clave del proyecto. Este sistema dependía de una donación internacional gestionada por el Ministerio, pero nunca contó con garantías contractuales claras.El organismo de control concluyó que tanto el Ministerio como Ecopetrol incurrieron en una gestión fiscal irregular, marcada por falta de planeación, supervisión deficiente y decisiones que permitieron la continuidad del proyecto sin asegurar sus elementos esenciales. “Los recursos invertidos no están prestando ningún servicio ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal”, señaló la entidad.El segundo hallazgo fiscal, por $36.462 millones, está relacionado con el contrato 3050857 firmado entre Ecopetrol y la firma Morelco S.A.S. La auditoría evidenció que la petrolera estatal no aplicó a tiempo las medidas contractuales frente a reiterados incumplimientos del contratista entre 2023 y 2024, pese a contar con cláusulas que le permitían imponer multas o terminar anticipadamente el contrato.La Contraloría estableció que Ecopetrol solo inició el proceso de sanción y reclamación ante la aseguradora en abril de 2025, cuando el contrato ya había vencido y la póliza se encontraba expirada. Esta gestión tardía impidió recuperar los recursos y derivó en un nuevo detrimento al patrimonio público.El ente de control calificó estos hechos como una muestra de deficiente gestión administrativa y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la ejecución de proyectos estratégicos. Los resultados de la auditoría serán trasladados a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades disciplinarias y fiscales.
Un procedimiento rutinario de control vial terminó dejando al descubierto a un hombre con una orden de captura vigente por tentativa de homicidio. El hecho se registró en la vía que comunica a los municipios de San Francisco y Supatá, en Cundinamarca, durante actividades de prevención, registro y control adelantadas por uniformados de la estación de Policía de San Francisco.De acuerdo con el reporte oficial, en el marco de la ofensiva integral contra el delito, la Policía Nacional capturó a un hombre de 44 años por los presuntos delitos de uso de documento falso y falsedad marcaria. La detención se produjo luego de que el sujeto se identificara ante las autoridades con una licencia de tránsito que despertó sospechas durante la verificación de rutina.Al ingresar los datos suministrados por el conductor en los sistemas de información de la Policía Nacional, los uniformados detectaron inconsistencias entre el número de cédula, la licencia de tránsito presentada y la placa de la motocicleta en la que se movilizaba, lo que llevó a establecer que el documento no era original.Ante esta situación, el hombre fue capturado en flagrancia por el delito de uso de documento falso y falsedad marcaria. Sin embargo, la verificación permitió, además, confirmar que el detenido tenía una orden de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio, lo que agravó su situación judicial.Tras la detención, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial. Posteriormente, un juez de control de garantías legalizó la captura, teniendo en cuenta que tanto el documento presentado como el sistema de identificación del vehículo no correspondían a registros auténticos.Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad para que denuncie oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana, a través de la línea de emergencia 123.
El general en retiro Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente de la República, aclaró públicamente las razones por las cuales decidió no aspirar a la Presidencia de Colombia y fijó distancia frente a los extremos políticos, en una entrevista concedida a Néstor Morales en el programa Mañanas Blu. Naranjo también se refirió a su relación política con Iván Cepeda, senador y figura clave del proceso de paz con las Farc. Precisó que, si bien existe una afinidad política histórica entre Cepeda y la antigua guerrilla, “eso no lo gradúa de guerrillero”.En la entrevista, Naranjo se marcó una diferencia política profunda con el senador del Pacto Histórico: “Mi diferencia con Iván Cepeda es realmente profunda porque no comparto el modelo de país que él nos propone: un modelo de estatización, de nacionalismo que genera tensiones con Estados Unidos y un discurso de lucha de clases”, afirmó. Sin embargo, fue claro en rechazar señalamientos que buscan asociar a Cepeda con la guerrilla.“Esa cercanía que él tenía de acceso al secretariado es innegable, pero eso no lo gradúa de guerrillero”, enfatizó Naranjo.La candidatura que se evaluó, pero no se concretóNaranjo confirmó que, por primera vez desde su retiro del servicio público, consideró seriamente la posibilidad de ser candidato presidencial. Según explicó, esta reflexión estuvo motivada por la preocupación frente al momento que atraviesa el país.“Lo consideré particularmente por preocupación con el país, por la situación tan dramática que estamos viviendo, una sociedad que parece cada vez no solamente polarizada políticamente, sino fragmentada, socialmente quebrada”, afirmó.No obstante, el general en retiro fue enfático en señalar que nunca tomó una decisión definitiva en favor de su aspiración. “La decisión de sí nunca estuvo ahí”, sostuvo, al explicar que su formación y trayectoria lo han llevado siempre a tomar decisiones informadas, basadas en análisis y evidencia.Para Naranjo, lanzarse a la contienda sin las condiciones adecuadas habría significado “lanzar una moneda al aire” y contribuir a la perturbación del proceso electoral, en lugar de fortalecerlo con debates de fondo y propuestas.Su relación con Juan Manuel SantosDurante la entrevista, el general también respondió a versiones que lo señalaban como un supuesto “as bajo la manga” del expresidente Juan Manuel Santos. Frente a ello, aclaró que su proceso de reflexión fue completamente autónomo.“Nunca fui un subordinado político de ningún presidente. Este proceso de reflexión fue autónomo mío”, señaló, al tiempo que expresó respeto, admiración y afecto por el exmandatario.Naranjo confirmó que sí conversó con Santos sobre la posibilidad de una candidatura y reveló que el expresidente manifestó públicamente que votaría por él “con los ojos cerrados”, aunque reconociendo que no era candidato.Críticas a los extremos y apuesta por el centro políticoNaranjo también se refirió a otros actores del espectro político, como Abelardo de la Espriella, con quien reconoció tener “diferencias abismales” debido a sus trayectorias opuestas frente al delito y la justicia.En ese contexto, reiteró que no se identifica con los extremos ideológicos y que su respaldo político estaría condicionado a principios básicos: “Yo apoyaré un candidato que nos asegure que respetará derechos y libertades, que cumplirá la Constitución y que fortalezca la democracia colombiana”, aseguró. Para el general en retiro, el centro político enfrenta el desafío de dejar de ser solo una postura de moderación y convertirse en una opción con contenido programático sólido. “Ese centro hay que llenarlo de propuestas que entusiasmen a los colombianos”, señaló.Un actor vigente en el debate nacionalAunque descartó su candidatura presidencial, Óscar Naranjo dejó claro que no se marginará del debate público ni del proceso electoral. Su intención, dijo, es contribuir con opiniones que ayuden a encontrar “senderos de entendimiento” y a reducir la confrontación que domina el ambiente político.
Savia Salud le respondió al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien, incluso, lloró por las graves afectaciones de la crisis de la salud a su personal. Mientras está EPS intervenida defendió que sí le ha pagado, la Nueva EPS tomó una postura diferente y prometió girar urgentemente 1.500 millones de pesos.Savia Salud, la EPS que tiene la mayor cantidad de afiliados del régimen subsidiado en AntioquiasAntioquia, le salió a la polémica generada por el Hospital San Rafael de Itagüí, que se ahoga en deudas de por lo menos 22.000 millones de pesos por parte de las entidades intervenidas por el Gobierno nacional.En respuesta a las declaraciones del gerente Luis Fernando Arroyave, quien se hizo viral en las redes sociales y popular en los medios de comunicación por exponer la miseria que vive su personal tras cuatro meses sin salario, Savia Salud defendió haberles girado más de $18.707 millones en la vigencia 2025, lo que equivale a más del 80% de lo radicado en ese año, que en total fueron más de $1.540 millones.Pero la denuncia de Arroyave fue más allá, pues, como reveló en mañanas Blu, el problema radica en que estas entidades no dan cita para conciliar facturas, es decir, cruzar las cuentas para saber cuánto deben girar las EPS al centro asistencial.“Savia nos viene consignando lo que ellos consideran que nos pueden pagar, no lo que la norma dice de acuerdo al que los facturamos. 9 PS eh agosto nos hizo un giro y después no nos ha venido pagando. Por ahí en noviembre me facturó 90 millones de bonus más de 8720 millones de bonus que no debe. Eso ha sido muy difícil”, aseguró.En contraste, y en una postura muy diferente, Arroyave destacó que el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Carlos Galves, se comunicó con él para mirar las deudas y se comprometió a girarle a este centro asistencial, por lo menos 1.500 millones de pesos, de manera urgente. Además, le dio cita para conciliar las facturas, teniendo en cuenta que en un 90% los ingresos dependen de Savia Salud y de la Nueva EPS, al ser un hospital público.De momento quien también se pronunció fue el alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien le envió una carta al gobernador Andrés Julián Rendón a quien le dijo que también tiene la responsabilidad de inyectar capital, al ser un centro asistencial del departamento. Aseguró que está dispuesto a buscar soluciones colectivas.La crisis en el San Rafael, por deudas de más de 22.000 millones de pesos de las EPS intervenidas por el gobierno, es parte del impacto en el departamento, donde la Secretaría Seccional de Salud advirtió que las entidades le adeudan 2 billones de pesos a los centros asistenciales públicos y seis billones a los privados.Frente al punto de conciliar facturas, Savia Salud también argumentó que del total de las facturas radicadas en el 2025 (más de $24.000 millones), se logró una auditoría del 104% (incluyendo lo radicado de vigencias anteriores), lo que generó luego de glosas y devoluciones un giro corresponde al 102% (vigencia actual y anteriores), lo que representó según la entidad un pago mensual promedio de más de $1.500 millones.
Los niños, niñas y adolescentes de Santander retornan a clases en Santander este lunes, 19 de enero de 2026, con matrícula en curso y Plan de Alimentación Escolar. Las instituciones educativas del departamento garantizan la matrícula, el transporte, la alimentación y la conectividad en los 82 municipios no certificados.La Gobernación de Santander a través de “La Matriculatón. Crea, Sueña y Pinta tu futuro”, una campaña que busca que los menores del departamento no se queden sin estudiar y vuelvan a clases, tiene matrículas abiertas. Karina Araújo, secretaria de educación departamental, dio detalles del programa, “primera vez que se hace en esa búsqueda activa incentivando a los directivos docentes, quienes desde octubre están juiciosos matriculando por grados. Queremos volver el corazón de los docentes hacia los niños y los niños hacia los docentes”.A la fecha, Santander tiene el 60% de cobertura en matrículas escolares en las instituciones educativas oficiales del departamento. Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) los niños y niñas cuentan con la garantía de los primeros seis meses totalmente cubiertos para incentivar a los estudiantes a estudiar.De acuerdo con la Gobernación, son más de 99.800 estudiantes los vinculados al sistema educativo. En acción unificada con las alcaldías municipales se están motivando a los menores a retomar las aulas educativas y vivir su etapa desde el disfrute y la sana convivencia. Yolanda Poveda, líder de cobertura educativa de Santander indicó el trabajo en articulación, “nuestras gestoras sociales, nuestros comisarios de familia, nuestros personeros municipales y líderes campesinos están trabajando para evitar la deserción escolar”.Por otra parte, el departamento de Santander está ejecutando el proyecto “It’s time for education 2026”, (es tiempo para la educación), con el objetivo de que los programas educativos en las instituciones tengan la oportunidad de ser bilingües. “Estamos revisando el destino para Reino Unido, Canadá o Estados Unidos para enviar nuestros estudiantes a aprender inglés. Tenemos una niña en Güepsa que vivió la inmersión cultural el año pasado, ella aprendió otras habilidades como la educación inclusiva, así son todos los 90 niños que pudimos llevar en la vigencia 2025”, comentó Karina Araújo.La Gobernación invita a los empresarios y alcaldes para que se sumen a este programa en la vigencia 2026 para que sean más los niños que tengan la experiencia de salir internacionalmente y compartir con niños y niñas de otros países.
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
En zona rural del municipio de El Cerrito, centro del Valle de Cauca, en inmediaciones de un ingenio azucarero, dos hombres armado interceptaron a cuatro trabajadores de este lugar, cuando finalizaban su jornada de trabajo.Los sujetos les indicaron que lo que pretendían era llevarse la camioneta en la que se movilizaban, la cual es propiedad del ingenio. En el asalto, los hombres se identificaron como integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y dejaron a dos de los trabajadores abandonados en medio de la nada, a los otros dos, los obligaron a ir con ellos, cubriéndoles las cabezas, iniciando así la huida.Las víctimas que quedaron en el sitio rápidamente dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato desplegaron la búsqueda, logrando interceptar el vehículo en los la vía que del municipio de Florida conduce a Miranda, Cauca."El carro es identificado por cámaras de seguridad cuando pasa por el municipio de Palmira, y es detenido en un puesto de control articulado con el Ejército, en el corredor seguro en la entrada al departamento del Cauca, donde se capturan dos personas y se recupera el vehículo que al parecer iba a ser utilizado por las disidencias de las Farc en el Cauca", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.Las autoridades indican que este tipo de asaltos es la nueva modalidad que están utilizando los grupos armados en la región para hurtar vehículos. Donde intimidan a los conductores con armas de largo alcance. Esta sería la misma modalidad que utilizaron hace dos días, en el hurto a dos camiones tipo niñera, en la vía Panamericana, donde disidentes se llevaron 17 vehículos de alta gama nuevos, hacia el sector del Naya.
Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
La comunidad de Buenaventura continúa viviendo en incertidumbre y zozobra, pese a que desde hace varias semanas se han disminuido los homicidios y enfrentamientos en las calles entre 'Shottas' y 'Espartanos', bandas criminales que delinquen en este puerto.Los integrantes de estos grupos ahora han dejado de atacarse entre sí, pero continúan intimidado y amenazando a los habitantes, especialmente los comerciantes, a quienes les exigen el pago de altas sumas de dinero, a cambio de no atacar su integridad, la de sus trabajadores y sus negocios en general.Por esta razón que el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Dario Jaramillo, ha elevado un llamado de atención a las autoridades locales y a los coordinadores de la mesa de negociación que aún existe con estas bandas, para ponerle fin a esta situación que está obligando a varios bonaverenses a cerrar su negocios."Hay comerciantes que pagan 20 millones mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos. Una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar 300.000 o 400.000 pesos cada mes, casi que trabajan para los bandidos, así nadie resiste", señaló monseñor.En la última semana se dio a conocer el cierre de dos reconocidos restaurantes del distrito, y por lo menos ocho establecimientos del sector pesquero también están considerado cerrar debido a esta situación, que consideran se ha vuelto insostenible.
Los usuarios y pacientes de la Nueva EPS en Cali y todo el Valle del Cauca se encuentran desesperados, con las constantes fallas en la prestación de los diferentes servicios de salud y las barreras de atención a las que se enfrentan en las clínicas y hospitales por las deudas de esta entidad.Es por esta razón que desde la capital vallecaucana se sumarán a la convocatoria nacional que se está organizando para el próximo 26 de enero, donde realizarán un plantón a las afueras de la sede administrativa de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, exigiendo soluciones a sus tratamientos."Ya se rompió toda posibilidad de aguantar más. La poca garantía al derecho a la salud, la falta de atención ya no tiene precedente, a la gente se le está complicando la salud, se está agudizando, hay pacientes que se han muerto. La convocatoria es para ese 26 de enero, exigiendo al Ministerio y a la EPS que solucionen", aseguró Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca.Actualmente en Cali, la nueva EPS cuenta con más de 300.000 usuarios, quienes exigen la mejora en la atención y la continuidad de tratamientos. Durante varias ocasiones han adelantado protestas pidiendo la protección de la vida de pacientes y la garantía de su derecho a la salud."Las IPS están renuentes a prestar servicios y abrir agenda a los pacientes de la Nueva EPS, cuando el usuario llega, el prestador simplemente le dice: yo tengo suspendido los servicios. Tenemos una crisis con las mamitas, porque Versalles dice que no tiene contrato, el HUV no tiene la capacidad para atender a toda la población y así sucesivamente estamos muy complicado. Otra cosa es la falta de insumos, actualmente no hemos vuelto a conseguir pañales con el dispensario", indicó Martínez.
Persiste la tensión entre la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el Gobierno nacional por la decisión tomada por ella y otros mandatarios departamentales de no acatar el decreto de emergencia económica, que incrementa el valor del impuestos a los licores y cigarrillos.La mandataria vallecaucana reiteró que esta medida lo que hará es incentivar el contrabando en la región, y lo que más le preocupa es que las ganancias que se generen no se quedan en el departamento, por lo que no podrán ser invertidas en salud o educación.Según los primeros cálculos, con esta medida decretada por el Gobierno nacional el Valle del Cauca dejaría de recibir cerca de 800.000 millones de pesos para financiar los programas sociales."Tenemos que ponerle rostro al tema, aquí nosotros usamos los recursos en lo que son derechos fundamentales, como salud y educación. Si estamos con problemas nacionales con el tema de salud, ahora sí que peor que nosotros como departamento no tengamos como pagar el régimen subsidiado, y ahí si no vamos a tener cómo garantizarle a los usuarios ", señaló la mandataria.La venta de licores en el Valle del Cauca significa un importante ingreso de recursos, pues en el 2025 se destinaron 145.000 millones de pesos a sectores como la Salud, Educación y el deporte. Se está a la espera del encuentro este lunes 19 de enero con el ministro de Hacienda para encontrar una solución a las tensiones que aún se mantienen."Tengo que decirle al Gobierno nacional que sería muy chévere que se vinieran a los territorios y no definan solamente desde los escritorios, allá en Bogotá como lo hacen muchas veces", finalizó la gobernadora del Valle.