Una situación de alteración de orden público se presentó en el municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, en las últimas horas, luego de que un grupo de ciudadanos increpara a un uniformado de la Policía, a quien señalaron verbalmente como presunto responsable del asesinato de una persona, hecho donde también resultó lesionada otra persona.En un video grabado por uno de los ciudadanos se observa y se escuchan los reclamos dirigidos al policía, a quien acusan de que el supuesto homicidio habría sido cometido con un arma particular y no con su arma de dotación. En las imágenes también se aprecia cómo varios ciudadanos persiguen al agente durante algunos metros mientras le lanzan insultos y amenazas.“Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, dijo Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.Más adelante, el video muestra el momento en el que el agente ingresa a las instalaciones del CAI de la Policía, mientras que dos de sus compañeras permanecen en la parte externa. Es entonces cuando varios ciudadanos atacan físicamente a las uniformadas. De manera extraoficial, se ha indicado que una de ellas habría sido despojada de su arma de dotación y, tras la agresión, las patrulleras logran ingresar a la estación.“Todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”, explicó la funcionaria.Posteriormente, las imágenes evidencian cómo varios ciudadanos atacan la infraestructura del CAI, causando daños en paredes, ventanas y puertas. Minutos después, un uniformado sale de las instalaciones para enfrentar a los manifestantes y es en ese momento cuando, según se observa y se escucha en los videos, se registra un intercambio de disparos entre el policía y algunos ciudadanos.
Este lunes, 22 de diciembre, fueron dejados en libertad los 18 militares que había sido secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó, por comunidades indígenas instrumentalizadas por el ELN.Estos miembros de la fuerza pública estuvieron privados de su libertad durante cerca de 48 horas en zona rural de ese municipio tras una asonada protagonizada por comunidades indígenas que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN mientras los militares adelantaban operaciones contra esa guerrilla en el resguardo La Puria. El secuestro ocurrió cuando "una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena", señaló el domingo la XV Brigada del Ejército en un comunicado.Blu Radio pudo confirmar que los militares fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo.El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en los últimos meses en el país porque, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son "instrumentalizados" por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.El secuestro de los 18 militares en el Chocó se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que, por parte del Gobierno, "no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".
Con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la temporada decembrina y en el desarrollo de la versión número 68 de la Feria de Cali, la Policía Metropolitana anunció la implementación de un robusto dispositivo de seguridad que contará con más de 1.200 uniformados desplegados en distintos puntos de la capital vallecaucana.Según las autoridades, se estima que cerca de 140.000 personas llegarán a la ciudad para participar en los eventos culturales, musicales y gastronómicos que hacen parte de la tradicional Feria de Cali. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Edwin Urrego, confirmó que los uniformados estarán enfocados en la ejecución de diversas estrategias preventivas y de control, entre ellas la instalación de puestos de control en las principales vías de acceso, así como presencia permanente en centros comerciales y zonas de alta afluencia."Estaremos desarrollando planes como puestos de control y presencia en centros comerciales y en el sector gastronómico, teniendo en cuenta la llegada de cerca de 140.000 personas a la feria. Por esta razón, hemos reforzado el personal en sitios turísticos y comerciales. Además, se adelantarán operativos de revisión a vehículos de servicio público y presencia en establecimientos nocturnos, ya que no solo garantizamos la seguridad de los más de 50 eventos de la feria, sino también de toda la ciudad", explicó el general Urrego.Como parte del dispositivo, la Policía Metropolitana dispondrá del helicóptero ‘Halcón’ para labores de vigilancia aérea, además del uso de drones que realizarán recorridos estratégicos en zonas priorizadas. Estas acciones se complementarán con el monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Cali."Vamos a tener puestos de control para blindar la ciudad en los puntos de ingreso, pero también contaremos con controles internos móviles, realizando requisas a vehículos y garantizando que las personas se movilicen sin portar armas, evitando así cualquier situación que pueda vulnerar la seguridad de la ciudad", señaló el comandante de la Policía Metropolitana.A este despliegue se suman los constantes operativos contra el licor adulterado que se adelantan en la ciudad. El más reciente dejó como resultado la incautación de 580 botellas que, según las autoridades, pretendían ser distribuidas durante los eventos de la Feria de Cali. Estos operativos se realizaron en los barrios Obrero y Santa Elena.
Se cumplen cinco días del secuestro de dos personas vinculadas a una firma contratista de la compañía Energética de Occidente, quienes fueron retenidas contra su voluntad mientras adelantaban actividades operativas en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del CaucaCauca.El secuestro ocurrió el pasado 18 de diciembre en zona rural de ese municipio, cuando los trabajadores fueron abordados por sujetos desconocidos que los obligaron a desplazarse con rumbo desconocido. Posteriormente, el grupo armado que se los llevó exigió a las directivas de la empresa una alta suma de dinero a cambio de su libertad."Ellos estaban realizando unas labores ni siquiera tan técnicas, sino relacionadas con el cumplimiento de un tema de legislación ambiental. Empezamos a gestionar con la comunidad si era posible su regreso, su retorno a casa, pero nos dicen que no porque ya están en manos de un grupo al margen de la ley. Posteriormente, recibimos del contratista la información de que se está solicitando una cantidad, una suma de dinero, para que ellos puedan ser devueltos a la libertad", dijo Paola Ramos Caicedo, gerente de Asuntos Corporativos de CEO.En este momento, las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de los secuestrados, mientras que la empresa decidió suspender temporalmente las operaciones en la zona hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para proteger la integridad del personal y según lo denunciado por la misma empresa, los responsables del secuestro estarían solicitando más de 200 millones de pesos por su liberación."Estos hechos representan un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el territorio. Rechazamos de manera categórica estos actos que atentan contra la vida, el bienestar de los trabajadores y contratistas, y que afectan la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica", señala un comunicado emitido por la compañía. Además, advierten que durante este año se han registrado 54 incidentes graves, de los cuales 22 comprometen directamente a la compañía y 32 a contratistas, incluyendo este secuestro. A esto se suma que, en lo corrido de 2025, varios vehículos han sido robados, razón por la cual solicitan mayores garantías de seguridad a las autoridades competentes para el ejercicio de su labor en el Cauca.
Con el arribo de 80 nuevos policías, Bucaramanga refuerza su esquema de seguridad durante las festividades de diciembre y en medio de la alerta nacional por los recientes ataques terroristas registrados en el oriente del país. La Alcaldía de Bucaramanga destacó que este refuerzo permitirá blindar la ciudad y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los uniformados, hombres y mujeres provenientes de distintas escuelas del país, llegan capacitados y entrenados para cumplir diversas funciones operativas. “Estos policías entrarán a reforzar la vigilancia de los cuadrantes, que es nuestro eje fundamental en el área metropolitana. En buena hora llegan a una ciudad que necesita fortalecer la seguridad, como lo vienen solicitando los ciudadanos”, señaló el oficial.El despliegue no se limita a los nuevos patrulleros. Las labores de control y vigilancia estarán respaldadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuyas unidades cuentan con entrenamiento avanzado en tácticas de reacción y control. Bajo el liderazgo del brigadier general Quintero y el alcalde Cristian Portilla, el operativo se desplegó de inmediato en el sector bancario y las zonas comerciales del centro de la ciudad.Durante los recorridos, las autoridades visitaron puntos estratégicos como La Isla, donde interactuaron con comerciantes y transeúntes para entregar recomendaciones de seguridad y cerrar los canales a delitos como el hurto y la extorsión, especialmente en esta época de alta actividad comercial.El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró dos servicios clave para la ciudadanía durante la temporada decembrina. El primero es el acompañamiento bancario, un servicio gratuito que puede solicitarse a través de la línea 123 para el retiro de grandes sumas de dinero. El segundo es la lucha contra la extorsión, a través de la campaña del GAULA, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intimidación mediante la línea 165.“Estamos en las calles, de cara a la gente. Con estos nuevos uniformados y el apoyo del GOES, buscamos que cada bumangués se sienta seguro al realizar sus compras y trámites bancarios”, puntualizó el general Quintero.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
Con el inicio de la temporada de Navidad y Año Nuevo, la Policía Nacional reforzó su presencia en Antioquia con la llegada de siete oficiales y 299 patrulleros que se suman al dispositivo de seguridad en el departamento. El objetivo es acompañar a la ciudadanía en una de las épocas de mayor movilidad y concentración de personas, especialmente en zonas turísticas y corredores viales estratégicos.El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, explicó que el refuerzo hace parte del Plan Navidad y se integra a un pie de fuerza que supera los 3.500 uniformados en todo el territorio. Los operativos se enfocan principalmente en municipios del Oriente y el Suroeste antioqueño, donde se incrementan las actividades comerciales y recreativas durante estas fechas."Llevamos a cabo todo el tiempo de manera permanente, contundente, lo que tiene que ver con las capturas por diferentes delitos, la incautación de armas de fuego, lo que tiene que ver con la incautación de pólvora. Continuamos en esa tarea de llevar a cabo esos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad", destacó.Las autoridades mantienen acciones permanentes contra distintos delitos, con capturas, incautación de armas de fuego y controles estrictos al uso y comercialización de pólvora.Según el Sistema de Información Turística de Antioquia, se estima que, por el departamento, se movilicen por vía aérea un millón 300.000 pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales. Por el Aeropuerto Internacional José María Córdova ingresarán cerca de 115.000 viajeros internacionales durante este mes. Desde las terminales de transporte de Medellín se prevé la movilización de un 1.100.000 pasajeros. Igualmente, el sector hotelero proyecta una tasa de ocupación del 70 %. Sobre este punto se refirió el gobernador Andrés Julián Rendón."Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el gobernador.El dispositivo incluye personal de tránsito y transporte desplegado en las principales vías del departamento, así como 22 zonas de intervención para atención inmediata de emergencias viales. A esto se suman capacidades especializadas como Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia, Gaula, Sijín y vigilancia por cuadrantes.La Policía reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana: evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito, proteger a los menores y promover la tolerancia como parte de una celebración segura y en paz en todo Antioquia.
Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio. Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas 24 horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
Luego de 24 horas del naufragio de un barco en aguas del mar Pacífico, 35 se han rescatado con vida, aseguró Benildo Estupiñán, líder social y defensor de derechos humanos del Pacífico nariñense, quien alertó a la Armada Nacional sobre este siniestro en altamar.Estupiñán dijo a Blu Radio que la motonave, identificada con el nombre de “Don Alfredo”, zarpó de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y se dirigía hacia el municipio de El Charco, en la subregión del Sanquianga, en el Pacífico nariñense.Según versiones de algunas de las personas rescatadas por campesinos, la motonave sufrió, al parecer, una falla mecánica a la altura de la Bocana del río Naya, lo que produjo el volcamiento de la embarcación, dijo el líder social.Manifestó que esta zona es de alto riesgo, especialmente por las altas marejadas.El defensor de derechos humanos hizo un llamado a la Armada Nacional para que se activen los operativos de búsqueda de las demás personas, entre las cuales, según se conoce, podría haber menores de edad y personas de la tercera edad.Aunque el hecho ocurrió en horas de la tarde del jueves 2 de octubre, solo hasta hoy se logró conocer la información debido a la dificultad de las comunicaciones en esa región del Pacífico colombiano.Desde Tumaco, la Armada Nacional envió varias comisiones de búsqueda por aire y agua para tratar de dar con el paradero de los otros dos pasajeros, sin que hasta el momento la búsqueda arroje resultados positivos, dijo un vocero comunal de esa población costera de Nariño.
Con un acto simbólico, familiares y amigos de Nilson Julián Cañaveral, de 49 años, funcionario de la alcaldía de Jamundí, Valle, que fue asesinado en la vereda El Descanso del corregimiento de Ampudia, le rindieron un homenaje en la iglesia nuestra señora del rosario de ese municipio. Sobre su muerte se conoció que hombres de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, le dispararon en repetidas ocasiones cuando él se encontraba realizando sus actividades laborales en zona rural."Infortunadamente, es atacada con armas de fuego por integrantes del frente Jaime Martínez, esta persona fallece luego en el hospital de Jamundí, y tenemos varias hipótesis, había allá varios integrantes en ese sector, todos eran contratistas de la alcaldía y nosotros ya tenemos elementos de juicio para adelantar la investigación con la Fiscalía General de la Nación", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.La víctima llevaba más de diez años vinculada a la alcaldía y se desempeñaba en la operación de maquinaria amarilla al mantenimiento y mejoramiento de las vías, especialmente de la zona rural. "Era un trabajador oficial y gran ser humano que siempre sirvió con compromiso y dedicación a la comunidad de Jamundí en especial a la zona alta de este municipio, por eso elevamos nuestras oraciones y su eterno descanso y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo y a quien acompañamos en este dolor", manifestó Sencion Arboleda, secretaria de Gobierno de Jamundí. Por este hecho violento, la Alcaldía de Jamundí, suspendió todas las actividades de adecuación de vías y los programas sociales en la zona rural y la visita de los funcionarios a la parte alta de Jamundí, para evitar que se presenten casos similares.
Tras los constantes bloqueos, manifestaciones y alteraciones al orden publico que se vienen registrando cada semana en inmediaciones a la universidad del Valle en el sur de Cali, la comunidad del sector ha manifestado su preocupación, ya que cada ocho días quedan encerrados en medio de estas confrontaciones, afectando a cientos de conductores, trabajadores y estudiantes que tienen que movilizarse por este sector.“El panorama realmente es muy preocupante, esto no solo estaría afectando en el tema del recorrido si no que también estaría afectando emocionalmente a los estudiantes ocasionándoles temor y miedo, los recorridos se retrasan casi el doble”, dijo Elsy Córdoba, representante de la asociación de colegios privados en Cali.A pesar de que las autoridades hace algunos días anunciaron que el entorno de la Universidad del Valle iba a contar con vigilancia semanal por parte de las autoridades, los resultados han sido otros. El concejal de Cali Roberto Ortiz pidió acciones contundentes contra algunos vándalos que en medio de estas protestas están afectando a los locales comerciales."La ciudad de Cali navega a la deriva ante el terrorismo impune de encapuchados, con autoridades distritales ausentes e ineficaces. Urge una seguridad inmediata y contundente que libere a los ciudadanos del miedo y evite el colapso en el caos”, expresó el concejal.Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó que se investiga si a estos bloqueos se están sumando personas ajenas al plantel educativo.“Ya no es lo mismo como antes los estudiantes salían a protestar, ahora hay otro ingrediente diferente y precisamente eso es lo que esta investigando la Fiscalía, pero por su puesto, que en la parte externa quien tiene que vigilar y controlar y que no salga de las manos para afectar a la comunidad es la policía y es en algo que estaos trabajando una de las primeras acciones el PMU que ya tenemos“, aseguró la mandataria.En menos de tres semanas tres hechos similares se han registrado en esta zona, donde estos encapuchados también han vandalizado y quemado vehículos como tractomulas y motocicletas de la Secretaría de Movilidad de Cali.
En medio de la Semana de la Biodiversidad en Cali, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, desató polémica al señalar que élites en el Valle del Cauca se “apoderaron de la tierra fértil” para el monocultivo de la caña de azúcar, desplazando a campesinos hacia las montañas. También acusó a los ingenios de agotar y contaminar las aguas subterráneas.Desde Asocaña, el gremio azucarero respondió. Claudia Calero, presidenta de la asociación, aseguró en entrevista con Mañanas Blu 10 AM que las afirmaciones de la ministra no corresponden a la realidad: “Estamos en 239 mil hectáreas de 5 departamentos y 51 municipios, es decir, solo el 9 % de la frontera agrícola. No estamos ocupando todo el área cultivable”, indicó.Calero agregó que en el Valle del Cauca hay 780 mil hectáreas disponibles, de las cuales 380 mil están cultivadas y otras 400 mil permanecen sin uso agrícola. “No es por caña que no se ha sembrado más alimentos —explicó—, es porque aquí confluyen muchos factores que hacen atractivo sembrar caña para 12.000 familias, porque hay mercado asegurado”, continuó.Frente a las críticas ambientales, la dirigente gremial recalcó que la agroindustria de la caña ha implementado prácticas sostenibles. “No usamos pesticidas, todo es con control biológico; hace varios años que no utilizamos glifosato. Hoy el sector azucarero es un modelo de economía circular para el país y el mundo”, señaló.En relación con el uso del agua, Calero afirmó que no existe agotamiento de fuentes subterráneas y respaldó su argumento en las autoridades ambientales del Valle: “No hemos agotado el agua subterránea, de acuerdo con la autoridad ambiental. No es por la caña que no se han sembrado otros cultivos; el área cultivable es propiedad de terceros con tradición absoluta”, explicó.A las declaraciones de Asocaña se sumaron los sindicatos de trabajadores del sector, que emitieron un comunicado rechazando los señalamientos de la ministra. Según sus cifras, la caña de azúcar genera más de 280.000 empleos formales en la región y representa un sustento clave para miles de familias del suroccidente colombiano.
Autoridades en Cali reportaron la presencia de varios encapuchados en inmediaciones de la Universidad del Valle, en el sur de la ciudad, quienes generaron por algunos minutos alteración al orden público provocando el cierre de las estaciones del MIO Buitrera y Univalle. Según testigos del sector se escucharon detonaciones, lo que llevó a la secretaría de Movilidad a implementar cierres preventivos sobre la carrera 100 con calle 13 para evitar riesgos a los conductores. Uno de los locales comerciales de esta zona sufrió daños, ya que algunos encapuchados lanzaron un artefacto provocando el daño de un vidrio. La presencia de los encapuchados se da horas antes de la manifestación anunciada en la ciudad para exigir la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas que se movilizaron en la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria para Palestina. Bedoya es estudiante de Univalle. Ante estas constantes manifestaciones a las afueras de la universidad del Valle, concejales de la ciudad siguen pidiendo a las autoridades mayores controles para evitar esta clase de situación "Todos los jueves lo mismo: bloqueos, desorden y caos en Univalle. ¿Hasta cuándo? Alcalde, gobernadora y rector de Univalle: prevengan y actúen, no esperen a que bloqueen. Cali necesita orden, seguridad y movilidad. ¡No más bloqueos!", expresó el concejal de Cali, Juan Felipe Murgueitio. Por ahora, no hay alteraciones mayores en el orden público. Los cierres y desvíos se mantienen activos.
Faltan pocos días para que inicie la Feria de Cali y ya hay decenas de eventos preparados para que miles de propios y turistas se gocen los días más festivos en la capital del Valle del Cauca.Uno de ellos es ‘Brisas Caleñas’, un festival alternativo con una rica programación de música en vivo que se tomará el Parque Uribe, diagonal a la tradicional iglesia La Ermita en el centro de la ciudad.El festival se realizará del 25 al 30 de diciembre donde también hay experiencias urbanas y actividades abiertas al público, conectando la identidad de la ciudad con sonidos del Pacífico, escenas urbanas contemporáneas, propuestas tropicales alternativas, rock independiente y los ritmos tradicionales que marcan el cierre del año en el país.La programación musical reúne artistas de distintas generaciones y regiones, reflejando la diversidad sonora que atraviesa a Cali y al suroccidente colombiano.El cartel incluye a Herencia de Timbiquí, Kronos y Julio Victoria Live Band, junto a propuestas como Element Black, Venesti, Branbel, Últimos Nietos, Tropicana Club, Los Borbotones, More, Polo y Teban, Maikcel, Mangle Sonoro, Juanito Alimaña, Emberatriz y Carmela de Buxiraco. La experiencia se amplía con los sets de Prieto Riddiman, DJ Wins, DJ Animal, Molano, Marton Selektor, Caramelo Difícil, Darkfox, Los Indajaus y Chonta DJ, que conectan distintos públicos y escenas musicales. Más allá de los conciertos, Brisas Caleñas plantea una experiencia de ciudad.El festival es presentado por La Divina, cuenta con el patrocinio de BBC y el apoyo de Corfecali, y se integra a la Feria de Cali como una apuesta complementaria que busca descentralizar la experiencia y ofrecer nuevos puntos de encuentro durante la temporada.“Brisas Caleñas nace de la necesidad de mostrar que Cali tiene mucho más que decir. Aquí celebramos la música, las tradiciones y el encuentro, y proponemos que la ciudad se convierta en un gran escenario abierto durante diciembre”, indicó Jaramillo, director de La Divina.Durante los seis días del festival se desarrollará una agenda paralela de actividades culturales y comunitarias que buscan promover la apropiación del espacio público y la participación ciudadana. Entre ellas se encuentran jam poético, podcast en vivo, caminatas urbanas, recorridos por el centro de la ciudad, jornadas de limpieza del río Cali y espacios de juego y encuentro como canchas de tejo. Estas iniciativas amplían el alcance del festival y refuerzan su carácter social y cultural.
Un ataque contra la estación de policía del municipio de Suárez interrumpió la tranquilidad de la comunidad durante la tarde del pasado domingo, dejando un saldo de un civil herido. El incidente ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, mientras se desarrollaba un campeonato anual de fútbol interbarrios en el que participaban equipos de "rodillones" y de categoría libre.El hostigamiento, atribuido a grupos de disidencias que operan en la región, se realizó mediante varias ráfagas de disparos que no fueron continuas, sino separadas en el tiempo. Según explicó el alcalde de Suárez, César Cerón, la ubicación geográfica de la cabecera municipal, situada en una zona baja, facilitó que el ataque se perpetrara desde la parte alta y desde el otro lado del río Cauca.Población civil en medio del fuego cruzadoLa cancha de fútbol donde se encontraba reunida la comunidad está ubicada a escasos 300 metros de la estación de policía, lo que provocó que los asistentes quedaran atrapados en medio del conflicto."Se desarrollaba un campeonato que se hace anualmente, donde juegan los rodillones, como llamamos popularmente, y el equipo libre. Estando allí la comunidad reunida se da un ataque contra la estación de policía, quedando en medio del fuego cruzado toda la comunidad. Fueron varias ráfagas en un tiempo separado, tanto del grupo armado como de la Fuerza Pública defendiéndose. Nunca nos había pasado un evento como esto y eso lo que único que hace es poner en riesgo mucho más a la población civil. Esto es, entre otras muchas, violación del derecho internacional humanitario", afirmó el mandatario. Le puede interesar: Pánico en Suárez, Cauca, por ataque guerrillero durante encuentro deportivo y familiarComo resultado del cruce de disparos entre el grupo armado y la fuerza pública, un joven de 23 años resultó herido en una de sus extremidades superiores. El herido fue trasladado a una clínica en Cali, donde se encuentra en estado estable.El alcalde Cerón denunció que, tras los disparos, se produjo una estampida humana, lo que aumentó el riesgo para los habitantes. Llamado urgente al Gobierno nacionalEl alcalde expresó su rechazo absoluto a la violencia, señalando que la comunidad de Suárez no debe estar sometida a un conflicto que "no les pertenece"."No es posible que nosotros tengamos que vivir sometidos a toda esa clase de situaciones que no son las mejores para nosotros. Pedimos al Gobierno nacional que revise la situación que estamos viviendo y a los grupos al margen de la ley, que nos dejen tranquilos, finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.