Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.
Claudia Calao, hermana de Gilberto Jesús Calao, abogado y director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá, quien fue asesinado en las últimas horas se pronunció. La familiar aseguró que las investigaciones avanzan de manera constante para esclarecer la muerte de su hermano.La mujer señaló que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a la participación de mafias dedicadas a operaciones ilegales. Según indicó, meses atrás Gilberto Calao ya había denunciado un caso relacionado con este tipo de actividades, lo que refuerza la posibilidad de que el crimen esté vinculado con su labor en la entidad.“No tanto amenazas porque pues él siempre se transportaba en su vehículo , él puso unas denuncias en temas de cobro y la puso en conocimiento en la fiscalía y la llevó a nivel central, incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN”, indicó Claudia Calao.Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya tendrían algunas pistas sobre los agresores, quienes, según las primeras indagaciones, habrían llegado desde la ciudad de Cali para cometer el crimen.“Lo que nos dijo la fiscalía es que los sicarias venían de cali , aparecen en las cámaras a las 4 de la mañana, venían en moto y en carro le estaban haciendo el seguimiento “ expresó.Entretanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá. El mandatario aseguró que bandas dedicadas al contrabando estarían directamente relacionadas con el homicidio y advirtió que este tipo de organizaciones criminales buscan intimidar al Estado.
Sigue en aumento la tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, la cual inició esta semana, cuando Toro le reclamó a Petro, por la falta de apoyo y recorte presupuestal a la Fuerza Pública en medio de la crítica situación de orden público que está viviendo la región.Reclamo al que el presidente Petro le respondió que la violencia en el Valle del Cauca es generada "por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico", acusando directamente a la gobernadora de tener este tipo de relaciones.Las palabras del mandatario nacional fueron calificadas por Dilian Francisca Toro como una bajeza cobarde, en su intervención invitó a Petro a pasar menos tiempo en redes sociales y visitar más los territorios."Son calumnias que además no solamente me están afectando a mí sino a nuestro departamento, yo lo único que le digo es que venga a trabajar con nosotros, que deje de trinar tanto y más bien venga trabaje con nosotros por la seguridad del departamento", dijo la gobernadora del Valle.Nuevamente el presidente Petro le respondió a la gobernadora diciendo que lo que origina la violencia en el Valle del Cauca es la relación mafia - política, denunciando que contrabandistas estarían usando la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, para ingresar mercancía de contrabando, "comprado policías, funcionarios, investigadores, políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá", indicó Petro a través de X.
La oportuna información de habitantes de Popayán, Cauca, permitió la rápida reacción de la Policía, que frustró un nuevo ataque terrorista y evitó una tragedia en el sur de esa ciudad.Una camioneta cargada con cinco cilindros con explosivos fue descubierta antes de ser activada contra la estación sur de la Policía Metropolitana, ubicada en el barrio Vásquez Cobo, cerca del centro histórico de Popayán.La Policía confirmó que pasadas las 5 de la mañana, la comunidad denunció un desplazamiento sospechoso de una camioneta de alta gama, que se dirigía directamente hacia la estación, ignorando las vallas de seguridad instaladas en el lugar.Los explosivos fueron detonados de manera controlada. Luego de esa detonación, autoridades se encuentran verificando cámaras de seguridad para identificar a los terroristas.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 18 de diciembre:El actor, presentador e integrante de Voz Populi Santiago Rodríguez habló sobre la nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas y las sorpresas que trae a los televidentes.En el jueves de #TBT, Sigifredo Turga realizó un especial sobre la salsa para celebrar la Navidad.
En el marco de una nueva audiencia de seguimiento al manejo de residuos sólidos, los alcaldes de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana presentaron ante el Juzgado 15 Administrativo los avances en las acciones conjuntas para reducir en un 15 % el ingreso de basuras al relleno sanitario El Carrasco, una de las principales metas fijadas para garantizar su cierre progresivo.Durante la diligencia judicial, el juez 15 administrativo de Bucaramanga adoptó el plan de acción a largo plazo presentado por el Municipio de Bucaramanga a través de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab), con el respaldo de los cuatro municipios metropolitanos, lo que permitiría mantener los plazos judiciales establecidos.El gerente del Área Metropolitana de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, explicó que se trata de la continuidad a un proceso de seguimiento ordenado por el despacho judicial, en el que los municipios han venido articulando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejorar el manejo de residuos sólidos.Según indicó, “ya se evidencian resultados de las mesas técnicas desarrolladas en los últimos meses, donde se logró coordinación intermunicipal para definir inversiones y proyectos comunes enfocados en la reducción de residuos que llegan al relleno”.Delgado aseguró que el trabajo realizado ha sido serio y permitirá cumplir con los tiempos fijados por la justicia, sin que exista, por ahora, un riesgo inminente de cierre forzado. No obstante, recalcó que a partir de enero del próximo año los municipios deberán poner en marcha las decisiones adoptadas, especialmente aquellas relacionadas con estudios, diseños e implementación de soluciones técnicas.El plan contempla dos líneas de acción principales. La primera está enfocada en reducir la cantidad de residuos que llegan sin clasificar a El Carrasco, mediante acciones operativas, culturales y de educación ambiental en cada municipio. La segunda corresponde a la inversión directa en el actual relleno sanitario para transformarlo en un Parque Tecnológico Ambiental, una apuesta de largo plazo para el manejo integral de residuos en el área metropolitana.Desde la Emab se informó que ya fue presentado en audiencia pública el plan de acción para convertir El Carrasco en un Parque Tecnológico Ambiental, iniciativa que cuenta con el aval del Juzgado 15 y el compromiso de los cuatro municipios. La entidad destacó que este proceso requiere claridad en los costos de las inversiones, condición necesaria para poder disponer de los recursos.En esa misma línea, se indicó que ya se definió el costeo de los estudios y diseños, lo que permitirá gestionar los recursos necesarios para la vigencia 2026.Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que se iniciarán los estudios para consolidar la construcción del Parque Tecnológico y la Planta de Clasificación Mecánica, proyectos clave para avanzar en la solución estructural del manejo de residuos sólidos en la región.
En una reciente declaración que pone de manifiesto la evolución del conflicto armado en Colombia, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, confirmó que el panorama de la seguridad en el país ha dado un giro drástico debido al uso masivo de tecnología. Tras un devastador ataque del ELN contra una base de entrenamiento en Aguachica, Cesar, que dejó seis soldados asesinados y 31 heridos, el alto mando militar advirtió que las tácticas convencionales están siendo superadas por nuevas modalidades delictivas.Una escalada tecnológica sin precedentesEl general Cardozo reveló cifras contundentes sobre esta nueva amenaza: entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, se han registrado 393 ataques con drones perpetrados por diversos grupos criminales. Lo que inició como una problemática localizada en el municipio de Argelia, Cauca, se ha extendido rápidamente hacia regiones estratégicas como el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Chocó, Guaviare y Putumayo. Según el comandante, estos artefactos son adquiridos con facilidad en el mercado internacional o por internet, para luego ser adaptados con artefactos explosivos de manera artesanal.El desafío de enfrentar a una "guerrilla rica"El Ejército sostiene que se enfrenta a una "guerrilla rica" que cuenta con una capacidad financiera superior a la de épocas anteriores, producto del narcotráfico y la extracción ilícita de oro. Esta solvencia económica les permite no solo comprar equipos tecnológicos, sino también recibir entrenamiento de personal extranjero para la operación de drones y la coordinación de ataques combinados. El general explicó que los criminales suelen activar estos drones desde el patio de casas en zonas civiles para usar a la población como escudo y evitar la respuesta militar.Presupuesto y líneas de defensa: el plan de respuestaPara contrarrestar esta situación, el Ejército ha definido tres líneas de acción principales: el reentrenamiento de las tropas, la adquisición de tecnología de detección e inhibición, y la implementación de radares con armas autónomas. Sin embargo, la implementación es compleja debido a los altos costos; un equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos. Actualmente, se está gestionando una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer las bases militares fijas, ya que hasta ahora se ha priorizado la protección de unidades con aeronaves.Escuche aquí la entrevista:
Tras el cruento atentado perpetrado por el ELN contra la base militar de Aguachica, Cesar, que resultó en el asesinato de seis soldados profesionales y dejó a 31 heridos, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, advirtió sobre la peligrosa transformación del conflicto en Colombia. Según el alto oficial, las fuerzas militares no solo luchan contra insurgentes tradicionales, sino contra estructuras criminales con una capacidad financiera sin precedentes que les permite acceder a tecnología de punta para atacar a la población y a las tropas.Una guerra impulsada por el narcotráfico y el oroEl general Cardozo fue enfático al describir al enemigo actual como una "guerrilla rica", asegurando que en ninguna otra época estos grupos habían tenido tantos recursos económicos como hoy. Esta bonanza financiera proviene principalmente del narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros, especialmente el oro en regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo.Esta solvencia les permite comprar bodegas, casas y drones a través de internet, además de contratar entrenamiento de personal extranjero para operar estos sistemas y coordinar ataques complejos,. "Aquí no hay una guerrilla que esté pensando en cambiar el sistema de gobierno; aquí hay unos carteles que se están enriqueciendo y adquiriendo capacidades de desestabilización", afirmó el comandante.La masificación de los ataques con dronesLa magnitud de la amenaza tecnológica es alarmante. Entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones. Esta modalidad, que inició en Argelia, Cauca, se ha expandido a zonas como el Chocó, Guaviare y Putumayo, convirtiéndose en la herramienta predilecta de grupos como el ELN y las disidencias de alias 'Mordisco' y 'Calarcá'.El desafío para las tropas es mayúsculo, pues los criminales lanzan estos artefactos desde el patio de casas en caseríos civiles, utilizándolos como escudos humanos para evitar la respuesta militar y generar daños colaterales. El general advirtió que la tecnología está evolucionando hacia el uso de "drones kamikaze", los cuales pueden impactar objetivos a velocidades de 100 km/h, aumentando la letalidad de las acciones terroristas.El costo de la defensa y la respuesta institucionalFrente a esta situación, el Ejército busca una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer la protección de sus bases fijas. Actualmente, la adquisición de tecnología de detección e inhibición es limitada debido a sus altos costos; un solo equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos.Escuche aquí la entrevista:
El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, negó cualquier contacto entre altos mandos militares colombianos y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras recientes afirmaciones del mandatario vecino. La declaración la entregó en Mañanas Blu, de Blu Radio, este miércoles.Durante la entrevista, el general Cardozo fue enfático en que las Fuerzas Militares de Colombia actúan bajo el marco constitucional. “Somos un Ejército constitucional que cumple la Constitución de Colombia. Ese es nuestro norte”, aseguró el alto oficial.Frente a las versiones sobre supuestos diálogos con generales colombianos y llamados de apoyo al gobierno venezolano, el comandante fue claro. “No hay nadie del Ejército hablando con ningún presidente”, afirmó, al reiterar que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.Cardozo explicó que cualquier asunto de relacionamiento con otros países corresponde exclusivamente a la Cancillería colombiana. En ese sentido, señaló que el Ejército mantiene su enfoque en los problemas internos y en el cumplimiento de su misión institucional.El general también reafirmó el compromiso de la institución con la democracia y el Estado de derecho. Indicó que los soldados están concentrados en proteger a la población y en garantizar los derechos y libertades de los colombianos.Finalmente, el comandante del Ejército llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en las Fuerzas Militares: “Nuestros soldados lo entregan todo", concluyó.
Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades decidieron ofrecer una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los responsables de asesinar a Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá.La víctima, oriunda del departamento de Córdoba, fue asesinada cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en el barrio El Jazmín de ese municipio vallecaucano, lo que le produjo la muerte al funcionario público.“Hemos evaluado las primeras indagaciones que se han realizado por el vil asesinato del director seccional aquí en el municipio de Tuluá y que no había ninguna denuncia formal por ningún medio de este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o algo parecido y nuestra policía judicial avanza para establecer los autores materiales de este hecho, por eso la recompensa es de hasta $50 millones”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.Sobre este hecho, que conmocionó al país, el presidente Gustavo Petro manifestó que la mafia que hoy lava dinero, principalmente, a través del contrabando ha amenazado a varios funcionarios de la entidad.“El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaina. La mafia de la cocaina hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro, entonces esta mafia ha amenazado a funcionarios de la DIAN en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Gilberto Calao”, expresó Gustavo Petro, presidente de Colombia.Por otro lado, el director de la DIAN, Carlos Galeano, señaló que esas mafias, con procedimientos irregulares de impuestos, podrían estar relacionadas con el asesinato.“Al parecer, mafias asociadas al tema de las importaciones ficticias tendrían que ve con el infortunado caso de asesinato de nuestro director de aduanas esta mañana en Tuluá, entonces eso es un tema de lavado de la DIAN porque además esto genera unas devoluciones importantes“, explicó Galeano.Con un equipo especial de la Policía y mediante diferentes actividades, se busca a los responsables de este hecho, mientras las autoridades, a través de videos de cámaras de seguridad, tratan de establecer la ruta que usaron los sicarios para cometer el crimen.
Luego de tres días de la toma armada perpetrada por disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, en el norte del departamento del Cauca, las autoridades explicaron las razones por las cuales no fue posible brindar apoyo oportuno al personal de la Policía durante los hechos.Las explicaciones se entregaron durante un consejo de seguridad realizado este jueves en Popayán. Allí, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, señaló que las dificultades de acceso terrestre y aéreo fueron determinantes.“Los grupos armados ilegales bloquearon todas las vías de comunicación hacia Buenos Aires con vehículos y artefactos explosivos, lo que impidió el ingreso por tierra. A esto se sumaron las malas condiciones climáticas que limitaron el apoyo aéreo. Inicialmente, salió un avión de la Fuerza Aérea, un C-47, hacia las 7:00 de la mañana, pero no pudo ingresar por mal tiempo", dijo."Posteriormente, los Super Tucano intentaron entrar, pero las condiciones no mejoraron. Las limitaciones del apoyo aéreo están directamente relacionadas con el clima”, explicó el general Cardozo.Durante el mismo consejo de seguridad, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó al Gobierno nacional fortalecer la infraestructura de las estaciones de Policía en municipios críticos como Jambaló, Buenos Aires, Patía y Almaguer.“Ha sido un espacio de diálogo franco en el que reiteramos que el Cauca requiere de manera inmediata fortalecer su capacidad de respuesta y contención frente a las acciones armadas. La seguridad debe ser una política sostenida, eficaz y anticipada”, manifestó el mandatario departamental.Asimismo, las autoridades solicitaron respaldo tecnológico y logístico para la Vía Panamericana, corredor estratégico que ha sido blanco frecuente de atentados y se anunció el refuerzo de la seguridad con 300 hombres de la Fuerza Pública, quienes serán desplegados en municipios priorizados hasta el mes de enero. Además, se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque en Buenos Aires.
Una nueva discusión a través de la red social X protagonizaron el presidente de la República, Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de una extensa publicación que realizó el mandatario nacional, respondiendo a las afirmaciones de la gobernadora en la que señalaba que la iniciativa de paz total había fracasado. "El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora", aseguró el presidente Petro.Al conocer el mensaje del presidente Petro, la gobernadora del Valle arremetió contra el mandatario, asegurando que su acusación es calumniosa y cobarde. Además, le pidió invertir más tiempo visitando los territorios atacados por la violencia, de la misma forma en la que lo usa para pronunciarse a través de las redes sociales."Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral, pese a ello, le sigo insistiendo, venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante", aseguró la mandataria.
Las autoridades en Cali dieron a conocer nuevos detalles del atentado terrorista ocurrido el pasado martes en el barrio Mariano Ramos, al suroriente de la ciudad, hecho que provocó la muerte de los subintendentes de la Policía, Jorge Leonardo Gómez Ochoa, y Robert Stiven Melo Londoño, esta vez, refiriéndose al modus operandi con el que se habría perpetrado este ataque.Tres días después del ataque, las autoridades señalaron que los terroristas del ELN ubicaron, en una vía de este sector popular de la ciudad, un artefacto de gran capacidad destructiva, junto a ese explosivo, los delincuentes instalaron sensores para que se activara el explosivo automáticamente al paso de la patrulla motorizada. Le puede interesar: El atentado tiene elementos de mayor letalidad: sec. seguridad de Cali por ataque en Mariano RamosEstos hombres, además, habrían instalado dos cámaras de video con las que aparentemente iban a grabar o, incluso, a transmitir en tiempo real el momento del atentado."Presuntamente, eran unas cámaras trampa ubicadas ahí estratégicamente. Ya la investigación determinará si estaban ahí con el propósito de activar el explosivo o de generar el video realmente macabro que mostraría el asesinato de nuestros policías, por eso, hemos dirigido nuestras recompensa específicamente para lograr la captura de estos responsables", señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.Actualmente, la recompensa ofrecida por las autoridades es de 400 millones de pesos para esclarecer este ataque terrorista ocurrido a muy pocos días del inicio de la Feria de Cali.
La Alcaldía de Cali negó los permisos para la realización de conciertos en la controvertida Carpa La 66, debido a que el predio donde se pretendía producir, ubicado en el barrio Limonar, al sur de la ciudad, actualmente no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar conciertos de manera segura.Según la Secretaría de Seguridad de Cali, el organizador de estos eventos tampoco contaba plenamente las certificaciones de uso de derechos de autor musicales, además de las constantes solicitudes de la comunidad para evitar estos conciertos en el sitio."Es muy sencillo, no cumple con las condiciones. En Cali se hacen eventos todo el tiempo y aquí hay un tema de uso de suelo. Le preguntamos a Planeación y nos emitió un concepto donde dice que no se puede realizar esa actividad económica. También hay una notificación de Sayco y Acinpro, al final no cumple con esa condición. Esto no es un tema personal, Cali tiene muchísimos retos, concentrémonos en lo importante", dijo el secretario de Seguridad, Jairo García.Le puede interesar: Polémica Carpa la 66, en el sur de Cali, volvería a hacer conciertos durante la FeriaAnte esta negativa de la administración distrital, el empresario organizador, Carlos Paz, confirmó que la Carpa sí será utilizada durante la Feria de Cali, pues, aunque no tendrá presentaciones en vivo, sí realizará rumbas durante los días programados."Los artistas no se van a presentar, pero el evento sí lo vamos a hacer y es gratuito. No me compren boletas, tranquilo, no se arriesgue, vaya gratis. Vamos a hacer una pista de baile de 100 metros, donde la gente pueda bailar. Si nos mandan a la Policía, no hay nada que temer porque no les he cobrado", señaló Paz.Cabe recordar que esta no es la primera vez que la Carpa La 66 ha estado involucrada en controversias por falta de permisos, pues justo el año pasado, varios conciertos se cancelaron por incumplimientos legales, teniendo, incluso, que intervenir el sitio en medio de una presentación,
Un agente de tránsito fue capturado cuando pretendía recibir dinero de un ciudadano a cambio de no imponerle un comparendo. El hecho ocurrió en un puesto de control adelantado por la Secretaría de Movilidad en el oeste de Cali, en inmediaciones al hotel Intercontinental.Sergio Moncayo, secretario encargado de Movilidad, indico que el conductor no tenía los documentos al día y que, a cambio de evitar la sanción, el agente le habría solicitado una suma de 300.000 pesos.“Esta persona no tenía los documentos al día y es por eso que le pide una cantidad de dinero a cambio para perdonar el comparendo y este ciudadano de manera muy activa llama a las autoridades respectivas, llegan al sitio y en el momento que se va hacer la entrega de este dinero las autoridades actúan de manera inmediata y el agente es capturado en ese momento“, dijo Moncayo.Al agente de tránsito sorprendido en este caso ya las autoridades competentes le legalizaron su captura, mientras piden desde la secretaría de movilidad a la comunidad denunciar cualquier hecho similar.“Nosotros estamos rechazando estos hechos desde la secretaría de movilidad y le estamos invitando a la comunidad que cada vez que se presente esta situación que es muy compleja hagan las respectivas denuncias porque buscamos es que nuestros agentes de tránsito trabajen de la mejor manera, que tengan principios y que no cometan este tipo de actos“, expresó el funcionario público.Según datos entregados por la Secretaría de Movilidad de Cali, este año se han denunciado 27 agentes de tránsito por sobornar a ciudadanos. Aseguran que hay otros casos que en este momento están en investigación.
Un nuevo hecho de violencia sacude al sector de la caña de azúcar en el sur occidente del país. Hombres armados asesinaron a un trabajar en zona rural de Padilla en el norte del Cauca en el ingenio La Cabaña.La víctima fue identificada como Jordy Alexis Cárdenas, y hacía parte de un grupo que adelantaba labores de cosecha, a pesar de que fue trasladado a un centro asistencial en Puerto Tejada, falleció por la gravedad de sus heridas.“Queremos expresar un contundente rechazo por el asesinato de nuestro compañero, él estaba haciendo la labor de guarda vía cuando unos tipos llegaron en motocicleta y le propinaron tiros, es por esta razón que nos queremos solidarizarnos con su familia y los demás compañeros“, dijo Jhonson Torres, miembro de la junta nacional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Colombia.Y es que por estos hechos en varias oportunidades desde el sector se ha hecho el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes, para que se refuercen las medidas de seguridad, ya que los trabajadores del campo y las comunidades rurales continúan siendo víctimas de la violencia armada.“Exigimos respeto por la vida y medidas inmediatas por parte del Gobierno y de la Fuerza Pública y de la justicia para detener esta escalada de violencia porque la vida de quienes trabajan en el campo no puede seguir en riesgo“, expresó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.Según el sector agroindustrial de la caña de azúcar, con este caso ya son cinco los trabajadores asesinados en lo corrido del 2025, tres de ellos en el Cauca y dos en el Valle, y siete los heridos en diferentes hechos violentos.
Toda una polémica se ha desatado en la ciudad de Cali, por el procedimiento de reasignación de género al que se sometió 'Laura' una menor de 15 años, en la Fundación Valle del Lili, al parecer sin contar con las autorizaciones requeridas. Según el abogado de la familia de la menor, la clínica entre los años 2017 y 2020 inició el tratamiento de cambio de género, luego de una primera consulta de la joven en la que manifestó inconformidad con su cuerpo, desde ese momento se inició un proceso hormonal, al parecer, de manera experimental."A 'Laura' la empiezan a atender antes de que existiera la unidad de género, antes de que los médicos recibieran capacitación por lo tanto, con ese caso cometen muchos errores. La diagnostican de manera apresurada e irregular, le dan testosterona antes de lo que los protocolos permiten, luego cambian a bloqueadores de pubertad para un uso no recomendo y la inducen a que se hagan una cirugía de masculinización pectoral, la cual terminan haciendo", señaló el abogado Pedro Daniel Contreras, representante legal de la familia de 'Laura'.Según el abogado Contreras, este procedimiento se realizó en primer lugar si contar con las capacidades necesarias, pues en ese entonces la clínica no tenía un área de reasignación de género, además, en ningún momento se firmó consentimiento ni de la menor, ni de sus padres."Nos sorprendimos mucho cuando vimos que toda la intervención que se realizó con 'Laura' no tenía consentimiento informado de ella o sus padres. Se lo pedimos a la clínica tres veces, la primera se solicitó la historia clínica, que debería venir con ese documento. Cuando vimos que no llegó, pedimos la historia clínica con anexos y tampoco llegó, y finalmente lo pedimos explícitamente, y tampoco llegó. Me aseguré con 'Laura y sus papás, varias veces les pregunté si habían firmado el consentimiento informado y me dijeron que no", añadió.Blu Radio se comunicó con la Fundación Valle del Lili para conocer su versión de los hechos la cual respondió de manera escrita, señalando que hasta momento no ha sido notificados de la demanda, ycuando se reciba el requerimiento formal se procederá conforme a los procedimientos legales y éticos establecidos. Además, "las intervenciones que se hacen en la institución cuentan con evidencia científica y respectivos consentimientos".
A más de cinco meses de la liberación de Lyan Hortúa, el niño de 11 años secuestrado en Jamundí, Valle del Cauca, su madre, Angie Vanessa Bonilla, rompió su silencio para relatar los aterradores momentos del ataque, la angustia de los 18 días de cautiverio y el profundo impacto que esta experiencia ha tenido en su familia.Todo comenzó la noche del 3 de mayo de 2025. Angie recuerda que estaba en su casa con sus hijos, su hermano y dos empleadas. La tranquilidad se quebró con el grito de su hermano: “¡Corran, que se nos metieron!”.“Mi instinto maternal me corrió por ayuda”, relató Bonilla en una entrevista para el pódcast ‘Más allá del silencio’. Su primer impulso fue alertar a los vecinos. Sin saber que su hijo Lyan estaba en su habitación y no jugando fuera como ella creía, salió corriendo hacia el patio trasero. En su desesperada huida, trepó un muro y cayó en medio de maleza y alambres, sufriendo múltiples heridas que, asegura, no sintió en ese momento por la adrenalina y el miedo.La cruda realidad llegó horas después: al revisar las cámaras de seguridad, confirmaron que Lyan había sido sacado a la fuerza de la casa por hombres encapuchados. “Fue un momento demasiado duro. Sentí mucho miedo de no volverlo a ver”, confesó.La angustia por la incertidumbre llevó a Angie a requerir hospitalización. “Llevaba muchos días sin dormir, sin comer… es un dolor en el alma, te arde”, describió. El único contacto con su hijo fue una videollamada de 20 segundos. “Yo le decía: ‘Hijo, mírame’. Él solo dijo ‘mamá’ y se cortó”.La liberación llegó el 21 de mayo. “Cuando me dijeron ‘tenemos a Lyan’, creo que ese día volví a nacer”, afirmó. Al reencontrarse con él en la clínica, lo abrazó sin soltarlo. “Empecé a tocarlo, le tocaba sus piernas, sus manitos… literalmente sentí que volvió a nacer”. Encontró a su hijo más delgado, callado y con las manos heladas, pero físicamente sano.Bonilla se refirió a las críticas en su contra, que la acusaban de haberse escondido durante el ataque. “Nunca me escondí, al contrario… a mí no me cabía una herida en el cuerpo. Corrí para buscar ayuda”, aseguró.También abordó los rumores que la vinculaban con el narcotráfico debido a una relación pasada con el padre de Lyan, fallecido hace 12 años. “Mi historia es un libro de aprendizaje”, dijo, reconociendo que, siendo muy joven, mantuvo una relación con un hombre que después supo tenía problemas con la ley. Sobre el pago de un rescate, fue enfática: “No señor (...) Ellos siempre tuvieron la intención de regresar a Lyan”.“Esa relación me quedó, mi hijo, que ha sido maravilloso”. Negó rotundamente haber sido testaferro o tener propiedades de grupos ilegales. “¿Tú crees que a mí no me investigaron? Yo fui la primera investigada”. La familia se vio obligada a dejar Colombia, un cambio muy duro para Lyan, quien no pudo despedirse de sus amigos.