Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' nuevamente pretendían atacar a la Fuerza Pública en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. En el corregimiento de San Vicente, ubicado a 20 minutos del casco urbano del municipio, fueron encontrados dos cilindros acondicionados con explosivos, ubicados en la misma zona donde días atrás fueron instaladas dos banderas alusivas a este grupo armado.Una vez hallados estos artefactos, la zona fue completamente acordonada para evitar que la vida de la población civil estuviera en riesgo. Durante varias horas, expertos antiexplosivos se encargaron de verificar el sector para proceder con la detonación controlada de estos elementos. "Nos encontramos realizando operaciones ofensivas contra la estructura 'Jaime Martínez'. Se ubican, localizan y destruyen dos explosivos improvisados tipo cilindro de 60 libras, igualmente se retira la bandera alusiva a esa organización criminal", aseguró el sargento segundo Reinaldo Loaiza, comandante de Pelotón del Batallón de Infantería Liviana No.8.El despliegue de las tropas del Ejército se mantiene, a pesar de la última asonada registrada días atrás, donde comunidades campesinas expulsaron a los militares que se encontraban adelantando acciones ofensivas en los corregimientos de Ampudia y Timba.
Las autoridades en Cali tratan de esclarecer el más reciente asesinato de un menor, ocurrido en el centro de la capital vallecaucana. El hecho se registró en inmediaciones del barrio Sucre, cuando el joven de 17 años, junto a otras dos personas se movilizaban en una camioneta, fueron interceptados por los sicarios, quienes dispararon en varias ocasiones.Según los reportes preliminares, al parecer, el ataque iba dirigido contra el padre del menor, quien se encontraba en el mismo vehículo, y quien sería uno de los heridos que fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque."Este no es un hecho aislado, es una realidad que se repite y que como sociedad no podemos seguir tolerando. Expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Exigimos respuestas inmediatas, una investigación efectiva y la judicialización de los responsables", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Lo que mayor alerta genera entre las autoridades, es que este es el tercer menor de edad asesinado en el Valle del Cauca en la última semana, el segundo en Cali. Justo el fin de semana, una pequeña de siete años de edad perdió la vida en medio de una balacera, en el municipio de Versalles, en este hecho también fue asesinado un adulto."Hemos anunciado una recompensa de hasta 30 millones de pesos que nos permita ubicar a los delincuentes que asesinaron a esta persona y a esta niña”, indicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.Sigue siendo preocupante estos hechos de violencia en la ciudad de Cali, pues este año ya se registran más de 120 homicidios. Entre las víctimas hay por lo menos 10 menores de edad.
Las tropas de la Tercera Brigada del Ejercito continúan desplegadas en la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, para recuperar el control territorial de este sector, donde hay presencia de la disidencia 'Jaime Martínez', al mando de alias 'Iván Mordisco'.Las acciones se adelantan con patrullajes y ofensivas, para restablecer la tranquilidad en corregimientos como Ampudia, San Antonio, y Timba, esto a pesar de la asonada ocurrida días atrás, donde un grupo de aproximadamente 50 soldados, fue expulsado de este territorio, por un grupo de 400 campesinos."Fueron cercados por un grupo de personas que posteriormente los bajaron a la fuerza. Hacemos un llamado para que haya un respeto por la dignidad, la seguridad y el bienestar de nuestros soldados. Las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento", señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Cabe señalar que estas asonadas contra el Ejército son organizadas por los mismos disidentes, quienes obligan a la comunidad a expulsar a las tropas de sus territorios, quienes no participen deben pagar una multa."Andan los guerrilleros junto con campesinos obligando a la gente de las veredas a salir. El que no vaya, tiene multa de dos millones de pesos", denunció un habitante de la zona rural de este municipio.La comunidad de Jamundí pide un acompañamiento permanente de la fuerza pública, especialmente en las vías que conectan a San Antonio con el corregimiento de Villa Colombia, teniendo en cuenta que es el corredor que conecta esta zona del municipio con la región del Naya.
Cuando trabajadores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector Paso del Comercio, en el norte de Cali, adelantaban labores de limpieza, encontraron en un canal las cabezas de dos personas al interior de bolsas plásticas.Los operarios avisaron a las autoridades que, al llegar al sitio, encontraron otras partes de cuerpos humanos. A esta hora la Fiscalía adelanta la diligencia de levantamiento en este lugar a donde llega el material que arrastran los canales de aguas residuales de la ciudad.Aún no hay identidades de las víctimas de este aterrador crimen que se conoce 5 días después de que apareciera la cabeza de otra persona al interior de una maleta, a pocos metros del CAM, donde están ubicadas las sedes de la Alcaldía y del Concejo de Cali.La semana pasada las autoridades relacionaron ese macabro hallazgo con una aparente disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico.
Este domingo, 15 de febrero, en una ceremonia reservada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó simbólicamente los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al padre jesuita, Javier Giraldo, quien en 2019 presentó la solicitud que impulsó la búsqueda del cuerpo del conocido “cura guerrillero”.El evento empezó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional y continuó en la sede de la Unidad de Búsqueda en el centro de Bogotá.Este domingo, se conmemoraron los 60 años de la muerte de Camilo Torres quien falleció durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de manera clandestina y durante décadas se desconoció su paradero.Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuaba los estudios periciales sobre las muestras remitidas por la UBPD, en medio de limitaciones ocasionadas por el estado y las condiciones de las estructuras óseas.Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, informó que el equipo interdisciplinario forense sigue los protocolos establecidos en la investigación asociada a la identificación del cuerpo, y que solo se iba a pronunciar cuando existiera información concluyente siguiendo el debido proceso.El jueves de la semana pasada, la Unidad de Búsqueda había indicado que estaba a la espera de los últimos análisis forenses, necesarios para emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo de lo ocurrido.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad tras agregar que además de los restos contaban con muestras de familiares exhumadas en 2024, que fueron analizadas en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avances en la investigación.No obstante, este domingo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recibió un cofre marrón oscuro horas después de participar en una eucaristía en honor a Camilo Torres Restrepo.La ceremonia simbólica estuvo encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, con el acompañamiento del excomisionado de Paz Danilo Rueda. La jornada se extendió por casi cuatro horas y concluyó hacia las nueve de la noche.
Luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento salarial del 23,7 %, el presidente Gustavo Petro anunció en su alocución de este domingo que expedirá un nuevo decreto transitorio. El mandatario, además, habló de la implementación del salario mínimo móvil, una figura que busca que la remuneración no sea una cifra estática anual, sino que se ajuste dinámicamente para garantizar el sustento de la canasta familiar vital.¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo operaría?A diferencia del modelo tradicional de ajuste fijo, la movilidad implica que el salario responda con flexibilidad a las realidades económicas del país. “Móvil significa que si varían las condiciones, varía también el salario; debe mantener esa flexibilidad”, explicó el jefe de Estado. El objetivo técnico es que el pueblo trabajador no pierda capacidad de compra frente a la inflación, asegurando que el monto siempre cubra las necesidades básicas determinadas por el DANE.Petro confirmó que el nuevo documento mantendrá inicialmente el valor del "salario vital" fijado para 2026 en dos millones de pesos. No obstante, advirtió que la cifra podría modificarse al alza tras presentar nuevos estudios al Consejo de Estado.“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2. 155.000 pesos mensuales”, publicó el presidente antes de su alocución.Concertación y movilización nacionalPara definir el futuro de la remuneración, el Gobierno convocó a la Comisión de Concertación este lunes, con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sindicatos y gremios económicos. “Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio”, enfatizó el presidente.Finalmente, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que este jueves se movilice en las plazas públicas del país. Según el mandatario, la defensa de esta "conquista histórica" no solo depende de argumentos jurídicos o económicos, sino de la "fuerza del pueblo trabajador" en las calles para respaldar la estabilidad del ingreso familiar.
En un contexto marcado por la reciente reconfiguración política del país, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, emitió un balance contundente sobre la situación de orden público en Venezuela. Durante un acto oficial en el estado Nueva Esparta, el funcionario afirmó que la nación caribeña se posiciona actualmente como la más segura de todo el continente americano.Según las cifras presentadas por el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Venezuela registra actualmente "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes". Esta estadística, de acuerdo con el ministro, coloca al país en una posición de vanguardia respecto a sus vecinos regionales."Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).Vigilancia semanal y el reto de la ciberseguridadEl alto funcionario subrayó que el Ejecutivo mantiene un monitoreo constante sobre la actividad criminal. Según sus declaraciones, las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" para ajustar las estrategias de los cuadrantes de paz. No obstante, reconoció que, si bien los delitos tradicionales han mostrado una tendencia a la baja, se ha detectado un incremento específico en los delitos informáticos, un fenómeno global que también ha impactado la infraestructura digital venezolana.Cabello también destacó el crecimiento en el interés de los jóvenes por profesionalizarse en el área de seguridad. Según el ministro, las solicitudes de ingreso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) han aumentado significativamente. Para el titular de Interior, este fenómeno es una señal de confianza ciudadana, afirmando que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de la inestabilidad política vivida a inicios de año.Un despliegue masivo para el asueto de CarnavalEl anuncio de estas cifras coincide con el inicio de las festividades de Carnaval. Para garantizar la paz durante el asueto, el Gobierno ha ordenado un despliegue sin precedentes. Desde el pasado jueves, un total de 228.028 funcionarios, entre militares, policías y personal de protección civil, se encuentran desplegados en todo el territorio nacional.Este operativo representa un incremento del 19,7% en comparación con el despliegue realizado en 2025, cuando se movilizaron 190.495 efectivos. El refuerzo del pie de fuerza busca cubrir los principales ejes viales, balnearios y centros turísticos del país durante los días de festividad que concluyen el próximo martes.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional expedirá en los próximos días un nuevo decreto sobre el salario mínimo para el año 2026. La medida responde a la orden del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que recientemente suspendió de forma provisional el incremento del 23,7 % decretado a finales del año pasado.A pesar del revés judicial, el mandatario fue enfático al asegurar que la esencia de su política salarial se mantiene firme: "Dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio", afirmó Petro durante una alocución televisada. El objetivo central es preservar lo que el Ejecutivo ha denominado el "salario vital", fijado inicialmente en dos millones de pesos.Según Petro, "el nuevo decreto va a mantener un salario vital", aunque aclaró que, para cumplir con las exigencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, presentará nuevos estudios que justifican la subida del salario mínimo.Petro no dio detalles de cómo podría modificarse el mínimo, pero este domingo circularon en medios locales versiones de que el mandatario puede subir aún más el "salario vital", hasta los 2.155.000 pesos mensuales.El pasado viernes, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo, Petro se hizo eco en X de unos mensajes del economista colombiano Daniel Ossa, profesor asistente en la Universidad de Denver (EE.UU.), según el cual la remuneración básica puede ser incluso mayor para cerrar la brecha social.El jefe de Estado aseguró que los cálculos sobre salario relativo en Colombia y el rezago entre salario y productividad laboral respaldan la decisión adoptada por el Ejecutivo a finales del año pasado.¿Qué es el salario mínimo móvil?La graan novedad de la alocución fue la propuesta de transitar hacia un salario móvil. Según el presidente, este modelo permitiría que la remuneración básica de los trabajadores no sea una cifra estática anual, sino un valor que se ajuste dinámicamente según las variables de la economía nacional."En Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil. Ese criterio no lo pusimos en el decreto. Creo que esta orden de la Constitución debe exponerlo en el nuevo decreto. ¿Móvil que significa? Que si varían las condiciones, se varía también el salario por decreto. Debe mantener esa flexibilidad", planteó Petro, argumentando que esta figura encuentra respaldo en la sentencia 815 de la Corte Constitucional.
Un nuevo hurto en alta mar se registró este fin de semana en aguas del Pacífico vallecaucano, cuando hombres armados interceptaron la embarcación ‘Doña Edith’ muy cerca a la Bahía de Buenaventura. La nave tenía como destino el sector de Yurumanguí, y movilizaba más de 10 toneladas de víveres y combustible.El hecho fue denunciado por la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales de Buenaventura, que ha hecho un llamado de auxilio a las autoridades, exigiendo el refuerzo de los controles en el mar por parte de Guardacostas y las patrullas fluviales, pues los atracos se están volviendo cada semana más reiterativo."Esta motonave fue asaltada frente a La Bocana, por el faro de Punta Soldados, a plena luz del día. Es una embarcación grande tipo metrera, que llevaba dos motores 50, un motor 75, un motor 15, uno 40. Los tripulantes fueron llevados y dejados en una playa cercana y se llevaron la embarcación y toda la carga. Hay una particularidad es que esta nave llevaba más de 80 tambores de ACPM que es enviado a las veredas para sus plantas eléctricas", señaló Javier Torres, presidente de la asociación.Según Torres, este hecho es el tercer asalto en altamar ocurrido en menos de 20 días, pues hace unas semanas, dos embarcaciones fueron hurtadas bajo la misma modalidad de manera simultánea, en inmediaciones del sector de Juanchaco, donde la tripulación fue retenida varios minutos mientras los asaltantes les exigían altas sumas de dinero.
Este hecho se registró en la tribuna ‘Oriental Sur’ del estadio de Palmaseca en medio del partido entre el Deportivo Cali y el América, el cual definía la continuidad de estos equipos en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.La pelea se habría desatado cuando algunos hinchas del equipo azucarero atacaron a otro aficionado, acusándolo de ser un infiltrado del equipo rival, iniciando la agresión en la que el hombre finalmente resultó con múltiples golpes y heridas.A través de videos compartidos en las redes sociales se puede ver cómo la Policía intenta escoltar al hincha agredido fuera de la gradería, mientras los demás aficionados continúan atacándose entre sí.La situación se tornó aún más tensionante teniendo en cuenta que el partido finalizó con el triunfo del América de Cali de 2 - 0, hecho que desató la furia de la hinchada azucarera. Incluso algunas personas le lanzaron monedas al arquero del América, Jorge Soto para agredirlo.Por el momento la Dimayor aún no ha decidió qué sanción se le impondrá al equipo verdiblanco tras el incidente. El Deportivo Cali aún no se ha pronunciado al respecto.
Ya está instalado el Puesto de Mando Unificado en Cali para vigilar la jornada electoral que este domingo se llevará a cabo para elegir al Consejo de Juventudes. Son en total 1.000 policías distribuidos para la ciudad y 1.300 para el resto del Valle del Cauca que velarán por la seguridad de esta jornada y garantizar que se lleve a cabo sin ninguna complicación.Hay que recordar que de los 42 municipios del departamento, únicamente en Palmira se decretó la medida de ley seca, la cual empezó a regir desde las seis de la tarde del sábado."Se ha dispuesto del decreto 0780 que incluye restricción de trasteos, movilizar escombros, pipetas. Debemos recordarle a los caleños que en la ciudad no habrá aplicación de ley seca este fin de semana y queremos invitar a los jóvenes a que participen de manera activa en esta votación", explicó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.Según datos de la Registraduría, en el Valle del Cauca actualmente son más de 960.000 jóvenes los que están habilitados para participar de las elecciones a los Consejos de Juventudes, De esos 472 mil podrán votar en la ciudad de Cali.
Nuevamente, la fuerza pública es atacada con artefactos explosivos en el municipio de El Patía, al sur del departamento del Cauca. Este último atentado ocurrió contra la subestación de Policía del sector de El Bordo, donde fueron lazadas dos granadas a través de un dron.La explosión le provocó lesiones leves a un patrullero que se encontraba en el sitio y fue alcanzado por las esquirlas. También se reportan múltiples daños materiales a la infraestructura de la estación.Aunque no se ha definido qué grupo afamado sería el responsable de este último ataque, se presume que los autores serían integrantes del frente Carlos Patiño, disidencia de las Farc que delinque en esa zona del departamento del Cauca.Cabe recordar que el municipio de El Patía constantemente ha sido blanco de estos ataques, debido a su posición estratégica como ruta para el tráfico de drogas en el sur del país, el último ataque contra esta estación ocurrió hace poco más de un mes, también perpetrado con drones, donde murió el subintendente Yeiner Lucumí y tres civiles resultaron heridos.
Que se refuercen las medidas de seguridad alrededor de los servicios de urgencias en clínicas y hospitales de Cali y se garantice la protección y bienestar de la misión médica de la ciudad es el llamado de atención que está haciendo el secretario de Salud Distrital, Germán Escobar, a la fuerza pública.Esto luego del incidente ocurrido en el servicio de urgencias del hospital San Juan de Dios en el centro de Cali esta semana, donde hombres armados intimidaron y amenazaron a los médicos y enfermeras para que atendieran rápidamente a dos personas que habían llegado al centro asistencial gravemente heridas.La denuncia de los trabajadores del hospital fue respaldada por el secretario Escobar, quien manifestó que la labor de médicos y enfermeras no puede ser regido por actos intimidatorios."Hacemos un llamado para la protección de la misión médica en Cali, los trabajadores de la salud gozan de una especial protección en el Derecho Internacional Humanitario. En ese mismo orden de ideas es importante, que los ciudadanos en general entiendan que la misión médica es fundamental para las sociedades y debe respetarse ante todo su trabajo, su dignidad humana", indicó el secretario.Cabe recordar que este no es el primer caso de agresión contra la misión médica en Cali, pues hace unas semanas una situación similar se registró en el hospital Carlos Holmes Trujillo al oriente de la ciudad.
Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.